AL DÍA:
1) Testaferro de Figueredo y Grupo K en negocio de lavado casado con directora del MEF –
2) Aprobaron reforma del Clínicas con PPP, con Medicina en contra –
3) Rossi informó en Comisión de Transporte sobre avances en pastera de UPM –
4) La polémica que se fue de las manos –
5) Bayer compró al gigante Monsanto por US$ 66.000 millones
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2095 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 16 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Testaferro de Figueredo y Grupo K en negocio de lavado casado con directora del MEF
Walter Pernas ( Sudestada)
Martín Carlos Darriulat Andrealo compra apartamentos del Hyatt para el ex vice de FIFA y presidió Finsek SA, blanqueadora de capitales argentinos. Irene Güenaga (esposa), dirige el Sistema de Información Financiera.
El 17 de enero de 2013, en Punta del Este, Darriulat, firmó un compromiso de compraventa con Daniel Weiss Callejas, presidente del directorio de Dilony SA, la empresa constructora creada por el estudio WSW para la creación del edificio “Imperiale Rambla”, que se convertiría en el Hyatt Hotel de la bahía de Pocitos.
Darriulat actuaba como “apoderado especial y en nombre y representación de Gilson Overseas SA”, empresa panameña cuyo dueño real es el ex vicepresidente de FIFA y ex presidente de Conmebol, Eugenio Figueredo, a través de su esposa María del Carmen Burgos.
En Montevideo, esta sociedad fantasma –creada como velo del blanqueo de las coimas recibidas por Figueredo, hoy procesado por estafa y lavado de activos– figura con domicilio en la calle Buenos Aires 484, piso 2, escritorio 10. Allí funcionaba el estudio Damiani & Asociados, dirigido hoy por el presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani Sobrero.
“De acuerdo a la escritura que autorizó el 4 de enero de 2013 el escribano José Pedro Damiani Blengio, Gilson Overseas SA confirió poder especial a Martín Carlos Darriulat” para la firma el 17 de enero de ese año de los contratos de compraventa de los apartamentos 807, 808, 1103 y 1203 del edificio que se transformaría en el Hotel Hyatt Centric, según la documentación notarial a la que accedió Sudestada.
Esos lujosos apartamentos adquiridos a través de Darriulat están valuados hoy en más de dos millones de dólares y forman parte de los bienes confiscados por la justicia de Crimen Organizado.
Según el contrato “todas las unidades del edificio tienen como destino obligatorio la explotación hotelera” y, por ejemplo, el apartamento 807 –uno de los comprados por Figueredo a través de Darriulat– se encuentra “en el octavo piso a cota vertical más 22 metros 19 centímetros”, tiene “una superficie de 43 metros 94 decímetros aproximadamente”, y le corresponde “el uso exclusivo de la cochera número 12 ubicada en el garaje Q de la planta baja”.
Darriulat Andrealo es un rematador público –inscripto en el padrón de “supernumerarios avaluadores de inmuebles” de la Agencia Nacional de Vivienda– que gerencia la Inmobiliaria Bilbao y que se ha vinculado con el mundillo de la dirigencia del fútbol, especialmente con el entorno del presidente de Peñarol y de otros empresarios relacionados con la institución deportiva.
En esos ambientes se le ha tildado de “testaferro” del estudio Damiani, puesto que se le convoca desde esas oficinas para firmar como apoderado en negocios con empresas offshore, lo que –según pudo constatar Sudestada– incluye ser el presidente de una sociedad panameña que lavó dinero para la organización delictiva identificada con el gobierno kirchnerista, de acuerdo a la documentación judicial de los Tribunales argentinos que investigan la llamada “Ruta del dinero K” y que mantienen a Juan Pedro Damiani como indagado.
Pero Martín Carlos Darriulat Andrealo es además el esposo de la contadora Irene Güenaga Laguardia, ex directora general de Servicios Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (2010-2015) y actual encargada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF 2), administrado y gestionado por la Contaduría General de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El SIIF 2 es el sistema que “da soporte a la gestión de las finanzas públicas en el Uruguay” y entre sus principales objetivos se encuentra el de la “eficiencia en la rendición de cuentas, generando información contable oportuna y confiable que le permita dar mayor transparencia a la rendición de las cuentas públicas”, según las actas oficiales.
La contadora Güenaga fue designada por el MEF como “jefa de proyecto” en esta etapa de “modernización” del sistema que cuesta 21,5 millones de dólares, de los cuáles 14,5 otorga en préstamo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y siete invierte el gobierno nacional.
El SIIF 2 (2014-2019) reparte en salarios 1,3 millones de dólares (260 mil dólares por año) entre el equipo del proyecto comandado por la esposa del testaferro de Figueredo y del Grupo K en negocios de lavado de activos.
Amante de las velas, socio del Yacht Club, y miembro oficial de la delegación del Comité Olímpico Uruguayo que viajó a los Décimos Juegos Suramericanos de Santiago (2014), Darriulat fue también uno de los votantes del Frente Amplio “indignados” que firmó una carta que cuestionó al vicepresidente, Raúl Sendic "por haber “ostentado un título que no posee”.
“El cuestionamiento que realizamos es de carácter ético porque, para la izquierda uruguaya, la ética en la política ha sido un rasgo distintivo de su accionar así como una fuente de orgullo para militantes y votantes”, señala la carta a la que adhirió Martín Darriulat.
Damiani, Darriulat y la ruta del dinero K
A mediados de 2011, la contadora Güenaga se encontraba en plena función pública como titular de la Dirección General de Recursos Financieros del MDN, cartera que por entonces estaba en el ojo de la tormenta por corrupción en la Armada y en otras áreas de la institución.
En el ámbito privado, su esposo Darriulat Andrealo participaba en asambleas de accionistas de empresas panameñas vinculas a la financiera suiza “Helvetic Services Group” –manejada en las sombras por el empresario kirchnerista, Lázaro Báez, a través de su testaferro Néstor Marcelo Ramos– que servían de blanqueadoras en la llamada “Ruta del dinero K”: Báez se encuentra en la cárcel por lavado de activos y sobre Ramos pesa un pedido de captura internacional.
El juez argentino Sebastián Casanello interrogó, el 2 de agosto, a Juan Pedro Damiani al entender que sería un “beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos y radicada en Suiza”. En ese momento pudo haber trascendido el papel que jugó Darriulat como testaferro, pero el caso pasó inadvertido.
De un informe entregado a la justicia por la Unidad de Información Financiera argentina “se desprende importante información en torno a la hipótesis criminal que atañe a la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez”, y en la que Damiani tuvo una participación relevante desde su estudio, al que más de una vez debió acudir Darriulat a prestar su nombre para negocios que hoy se saben delictivos.
Una de las actas registrales panameñas obtenidas por Sudestada señala: “En la ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de junio de 2011, en el local de la calle Buenos Aires 484, Piso 2, escritorio 10, siendo las 12 horas, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Finsek SA, en primera convocatoria y con la asistencia de la accionista Helvetic Services Group representada en este acto por el señor Martín Scheiner Fuster”, otro testaferro que aportó el estudio Damiani para las operaciones financieras requeridas desde la organización argentina vinculada al Kirchnerismo.
El propósito de la reunión era que la empresa uruguaya Finsek SA, creada por el estudio Damiani & Asociados “sea continuada como una sociedad para negocios internacionales bajo el nombre de Finsek Services SA en la jurisdicción de la República de Panamá”. Aprobada la iniciativa, el “nombre del agente residente” en el país centroamericano es “la firma de abogados Patton, Moreno & Avast con oficinas en el edificio Capital Plaza, Piso 8, avenida Roberto Motta, Costa del Este, Panamá”.
El acta señala a continuación los nombres de los directores y primeros “dignatarios” de Finsek Services SA. Y allí como “presidente”, con dirección en “Montevideo-Uruguay” figura “Martín Darriulat” junto a los directores Martín Scheiner (secretario) y Berta Acoca de Patton (tesorera).
De acuerdo al Reporte de Operaciones Sospechosas del Banco Columbia SA con sede en Argentina, fechado el 25 de abril de 2013, la cuenta corriente de la financiera SGI Argentina SA –conocida como La Rosadita–, cuyo socio mayoritario es Helvetic Services Group (con el 96% de las acciones), recibió 49 millones de pesos argentinos (7,2 millones de dólares de la época) entre el 23 de junio de 2011 y el 22 de abril de 2013.
La denuncia del banco radica en la “inusualidad” de los movimientos y “refiere a la presencia de indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado no cuente con una explicación”.
Entre la documentación complementaria al Reporte de Operaciones Sospechosas se encuentra “una nota presentada por la firma “SGI Argentina SA” al Banco Columbia SA mediante la cual acompañó, entre otras cosas, detalle de inversiones en el país y en el extranjero de “Helvetic Services Group”, en el que destaca las recibidas en Uruguay por las empresas “Lionat SA, Dysona SA y Finsek SA”, esta última presidida por el uruguayo Martín Darriulat.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Aprobaron reforma del Clínicas con PPP, con Medicina en contra
Médicos del centro expresaron apoyo a ese modelo de financiamiento
(El Observador)
Nueve votos contra 16 marcaron un mojón más en el proceso de reforma del Hospital de Clínicas, que pide a gritos desde hace años ser refaccionado. El martes por la noche, en una votación fragmentada, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República aprobó que el proyecto de refuncionalización del hospital universitario se financie a través de un proyecto de Participación Público Privada (PPP), la única opción que el Poder Ejecutivo considera viable para poner en marcha el salvataje del centro de salud.
Tener este tema como principal en el orden del día del CDC del martes fue un pedido expreso del rector de la Udelar, Roberto Markarian, que el 7 de setiembre envió una carta al consejo solicitando que se "culminara" la "etapa de discusión sobre la financiación de la refuncionalización del hospital universitario". En la carta, el rector reconoce que hubo avances en la "reorganización de la planta edilicia" e incluso en la "recuperación parcial de algunos sectores de internación", pero remarca que "todo eso insuficiente si se quiere dotar al país de un gran hospital público".
Con ese argumento, Markarian solicitó que el CDC considerara como opción válida el financiamiento a través de una PPP. Los nueve votos a favor no incluyeron al decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina. Según informó ayer La Diaria y confirmó Markarian a El Observador, Tomasina argumentó a favor de esa forma de financiamiento, pero debió votar en contra porque así lo había resuelto el consejo de Medicina.
A pesar de que la votación estuvo dividida, financiar la reforma del Clínicas a través de PPP contaba con el apoyo del cuerpo docente de ese hospital, que envió una carta al rector firmada por 250 profesores en la que respaldaba el accionar de la dirección del centro. En esa carta solicitaban al rector y al CDC que avance en "el proceso de inscripción de la obra en el registrop de PPP del MEF". En diálogo con El Observador, Markarian afirmó que sin el apoyo de esos 250 docentes, sumado a una resolución firmada por 35 profesores grado 5 del Clínicas, "hubiera sido una barbaridad promoverlo".
La moción votada fue presentada por la Asociación de Docentes Universitarios (ADUR) y se aprobó días después de que la dirección del Clínicas comunicara a los funcionarios que el hospital contaba con un presupuesto para poder seguir funcionando hasta noviembre. Quienes se manifestaron en contra durante toda la sesión del CDC con pancartas y banderas fueron los estudiantes. "Compañeros, compañeros, hoy venimos a luchar, porque el hospital del pueblo no lo venda Markarian", cantaron, según consignó La Diaria.
Al poco tiempo de haberse levantado la sesión, con varias caras largas por el resultado de la votación, el asesor del Ministerio de Salud Pública en la reforma del centro de salud universitario, Martín Rebella, manifestó su entusiasmo a través de su cuenta de Twitter: "El instrumento que financie la readecuación edilicia y la incorporación equipamiento es secundario, lo central pasa por otro lado", escribió.
Lo que vendrá
A partir de la votación del CDC se abre un plazo de 180 días en el cual se debe demostrar que la propuesta de PPP es factible. Para eso, la Udelar resolvió que sea la Facultad de Ciencias Económicas la encargada del estudio de viabilidad. El equipo se conformará antes del sábado y si se concluye que esa modalidad no es la ideal, se deberá buscar otra inmediatamente, según está establecido en la resolución aprobada. Esta semana también le será notificado formalmente al gobierno, en especial al Ministerio de Economía la decisión final del CDC para comenzar, nuevamente, a pensar en un nuevo hospital universitario.
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3) Rossi informó en Comisión de Transporte sobre avances en pastera de UPM
(La Diaria)
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, acudió ayer a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados para informar acerca de los avances en las obras de infraestructura que demandará la futura planta pastera de UPM, a construirse en un radio de 25 kilómetros entre el cruce de la ruta 5 y el río Negro, aunque todavía se desconoce si se va a instalar en Tacuarembó o en Durazno.
El jerarca sostuvo que se extraería la madera en un área de un radio de 100 kilómetros alrededor de la planta, lo que implicará una inversión en infraestructura de las rutas y caminos de la zona. Una de las rutas que se piensa mejorar es la 43, que une a la ruta 5 con San Gregorio de Polanco, y en la que se piensa hacer un puente sobre el río Negro para unir Durazno con Tacuarembó.
La celulosa sería enviada a Montevideo en ferrocarril, y en eso el gobierno cuenta con cierta ventaja, debido a que, por medio de un préstamo del Fondo de Convergencia del Mercosur, ya estaba en obra la línea que va de Pintado a Rivera. Lo que no está definido aún es en qué parte del puerto se producirá el ingreso de la celulosa, aunque sí existe una propuesta para construir un viaducto sobre un tramo de la rambla portuaria que haga que el tren pueda circular sin dificultades. Se espera que la planta produzca cerca de dos millones de toneladas de celulosa por año. La operativa de la empresa sería muy superior a la de la primera planta de UPM, ubicada en las inmediaciones de Fray Bentos.
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4) La polémica que se fue de las manos
Tomer Urwicz (El País)
Este año el Ministerio de Agricultura recibirá más de 150 denuncias por uso indebido de agroquímicos, cuando en 2011 no llegaban a 40. Parte del aumento se explica por las quejas en Paso Picón, un poblado que llevó el debate al extremo. Y a la Justicia.
Máximo Castilla le pide a uno de sus empleados que le alcance un bidón. Saca una navaja que lleva enganchada en el cinturón, corta el precinto del bidón, se echa el líquido en las manos y después se lo frota por la cara. "¿Ves? Nada. Esto no mata a nadie. Son puros rumores de conventillo", espeta mientras un chorro de líquido blanco le cae por la mejilla y mancha la tierra. El líquido que acaba de pasarse por todo el rostro es glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo y también en Uruguay. Castilla está enojado. Muy enojado.
Porque este médico y productor, propietario de más de 500 hectáreas de plantación de soja y alfalfa, no comprende por qué dentro de una hora y media tiene que presentarse en un juzgado de Canelones. Debe declarar por algo sobre lo que no solo dice no tener responsabilidad, sino que para él tampoco existe: el efecto nocivo que el glifosato y los agroquímicos en general tienen en las personas aledañas a sus terrenos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha podido comprobar que dos de los siete vecinos que lo acusaron sufrieron lesiones por los tóxicos. Son los datos más científicos en una trama que involucra multas impagas por encima del millón de dólares y más de 75 denuncias ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El escenario de esta historia es Paso Picón, un poblado rural a cuatro kilómetros de la capital de Canelones, donde la puja por los agroquímicos llegó al extremo. "El médico loco", como le dicen por lo bajo a Castilla los vecinos denunciantes, viene a ser el antihéroe: un doctor de 66 años, con impronta de patrón, que es acusado de perjudicar a la población por no respetar los límites a la hora de verter plaguicidas. La legislación nacional establece la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 300 metros de un centro poblado o suburbano.
La líder de la revuelta en su contra es Adriana Pascual, una maestra de la ciudad que llegó al pueblo para una "mayor calidad de vida" y que se embanderó con la causa ambientalista. Entre medio está la escuela rural de la zona, que aunque no tiene plantación de soja en centenares de metros a la redonda, es usada como escudo para defender a una u otra postura. Y hasta un grupo de ecologistas "inventó" un documental que circula en la web, titulado "Aulas envenenadas", dice una fuente del centro educativo. De los 48 alumnos, los únicos afectados son los hijos de los denunciantes.
El fuego cruzado en Paso Picón comenzó en 2013 y en tres años se convirtió en el pueblo que presentó más denuncias oficiales por el uso indebido de plaguicidas: el 15% de las 532 que recibió el MGAP en el último lustro. Si bien allí viven más de un centenar de personas, menos de 10 son los denunciantes. El resto prefiere callar: por miedo, por desidia, o porque como ocurre con los científicos, no encuentran una verdad absoluta.
El impacto de los agroquímicos está todavía a estudio. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer había declarado al glifosato como "potencial" cancerígeno, y la Asociación Americana de Pediatría dijo que los insecticidas de uso doméstico pueden contribuir a causar leucemia en los niños. Para el oncólogo uruguayo Álvaro Luongo, "estos químicos son cancerígenos, como también el humo que desprende un auto o el cigarro, pero aún no hay en Uruguay estudios que comprueben que los cánceres actuales son por causa de estos productos".
Según Horacio Heinzen, catedrático en la Facultad de Química de la UdelaR, el problema del glifosato "son las consecuencias crónicas, a largo plazo, por la exposición prolongada a pequeñas cantidades del producto". Por eso, según la explicación científica, Castilla pudo soportar el líquido que se frotó en la cara. La importación de este agente químico aumentó 2,5 toneladas en diez años, de ahí que para los críticos sea una explicación del uso "irracional" del mismo.
Un estudio realizado en Europa, el año pasado, determinó que seis de cada 10 europeos tiene restos de glifosato en su orina. Eso llevó a que los eurodiputados se realizaran un examen comprobatorio, confirmando la sospecha. Todo parece indicar que la mayor ingesta del producto se da a través de la alimentación. El último dato disponible en Uruguay, de hace más de un año, revela que el 2% de las frutas y verduras tiene residuos de plaguicidas por encima de lo permitido, y aumenta al 10% si se toman los parámetros europeos. La cifra está dentro de la media mundial, pero aún así el MGAP ha omitido hacer sistemáticamente públicos los resultados.
En el país no hay estudios epidemiológicos y ni siquiera la posibilidad de conocer la presencia en el cuerpo del herbicida en cuestión, según reconoce la propia Facultad de Medicina. El lunes pasado la senadora nacionalista Carol Aviaga manifestó la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública brinde la posibilidad de estudios gratuitos de este tipo. Lo hizo asesorada por tres científicos, todos ellos militantes ambientalistas. La legisladora dijo que en Argentina existen este tipo de estudios, ya que en la Universidad de La Plata se realizan tests experimentales.
"Saber estos datos en Uruguay sería relevante a nivel epidemiológico, pero no sería fácil implementar un sistema así por los costos y la capacitación que requiere", cuenta Heinzen. Por ahora la Intendencia de Montevideo cuenta con un equipo de detección de glifosato en alimentos, pero recién está en la etapa de ajuste técnico.
Ante este vacío de información, el Ministerio de Salud Pública comprobó la afectación de los dos vecinos de Paso Picón por sus síntomas y no por estudios químicos. A Ariel Gulpio se le diagnosticó una inflamación aguda de vesícula que requería una operación de urgencia, pero no le pudieron dar anestesia por un "cuadro de obstrucción bronquial vinculado a la exposición ambiental a plaguicidas", dice el expediente judicial. El hombre cultivaba plantas orgánicas, pero el glifosato pasó la ruta que separa su predio del de Castilla y dejó el color naranja en el pasto.
A Alberto Demarco el médico tratante le constató episodios reiterados de obstrucción bronquial en los cinco años que vivió en el campo, frente a los cultivos de Castilla, por eso debió vender su casa y regresar a Montevideo. Las plantaciones más cercanas estaban a ocho metros de la ventana, y por el tipo de cultivo, dice, había aplicaciones de glifosato más de tres veces por período. Aunque el Ministerio de Salud Pública no pudo comprobarlo, el denunciante de 70 años aduce tener un "temblequeo" en las manos y que un cordero le nació deformado.
En el campo de Castilla también hay corderos "y están todos sanitos", aclara el médico en lo que considera una persecución. Incluso señala que la Intendencia de Canelones lo viene "hostigando" y que uno de los denunciantes es un secretario del intendente frenteamplista Yamandú Orsi. La comuna, con la autorización de la Junta Departamental, le aplicó a Castilla una multa que supera el millón de dólares. Esta se suma a las sanciones del Ministerio de Salud Pública y y el MGAP.
"La multa a este señor (Castilla) es una de las cinco más importantes que lleva aplicada la Intendencia en este período y hay otras cinco que están a estudio", indica Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la comuna.
Herou explica que Canelones es el departamento del país con más denuncias en el MGAP (213) porque "la zona rural está más poblada". Esta es la razón por la que se prohíbe echar plaguicidas con avión y solo puede hacerse con maquinaria terrestre. Castilla tenía un mosquito (esos tractores con brazos a los costados), aunque desde hace un tiempo usa un compresor. Según él, el veneno va directo al suelo. Para su vecino Jesús (otro denunciante) "el médico no tiene en cuenta la velocidad del viento ni la cantidad que tira" que hace que los tóxicos alcancen a los vecinos.
En su defensa, Castilla aclara que su hijo realizó el curso de manejo seguro de agroquímicos que imparte el MGAP, al igual que otros 2.000 trabajadores por año. Y señala que solo usa productos habilitados. Eso sí: el listado de plaguicidas registrados también viene en crecimiento: pasó de 295 en 2015, a 320 este año. "El tipo de producto no suele ser el problema", explica Federico Montes, director de Servicios Agrícolas. "Está habiendo cada vez más denuncias por uso indebido y este año se superarán las 150".
Paso Picón lidera la lista, pero hay otros puntos sensibles: Laguna del Cisne (Canelones), Nueva Helvecia, el interior de Soriano y Guichón. Pero a diferencia del poblado en donde vive Pascual y tiene sus tierras Castilla, en el resto de las localidades los vecinos no llegaron a las trompadas, ni pasaron por una comisaría, ni terminaron en un juzgado. En Paso Picón el debate se fue de las manos.
Un viaje a Paso Picón, el pueblo de las acusaciones.
Cuando parte de Canelones duerme la siesta, el juez Luis Alberto Sobot llega a su despacho. Sobre la mesa hay más de 200 hojas acordonadas, son una muestra de lo engorroso que es el caso del productor Máximo Castilla y sus vecinos. Entre los folios hay acusaciones de violencia física y verbal, multas impagas y denuncias de hostigamiento. Están las inspecciones del MGAP y de la Intendencia, y los resultados del Ministerio de Salud Pública. También está la constancia de que las fichas médicas de los denunciantes fueron entreveradas, no en el juzgado sino en alguna de las etapas médicas previas. Y de fondo está la disputa entre el derecho del empresario a producir y cuidar su patrimonio, y de los vecinos a vivir sin ser contaminados.
"El delito de lesiones es lo que puede llegar a haber y lo que se está investigando", cuenta el juez Sobot previo a que declare Castilla. "Si bien hay otros productores en la zona, el caso tiene a un único denunciado (Castilla, aunque el magistrado no lo nombra) y algunos vecinos que se siente afectados". El Ministerio de Salud corroboró que dos lugareños fueron perjudicados, aunque la Intendencia habla de cinco, explica Sobot.
Curiosamente, la Intendencia de Canelones es denunciante en este caso y denunciada en otro sobre contaminación ambiental. Sobot también deberá fallar sobre la responsabilidad de la comuna en el vertido de basura a la cuenca del Santa Lucía, desde donde se extrae el agua para potabilizar.
Porque si hay algo que distingue a Canelones en general y a Paso Picón en particular es la presencia de cauces de agua dulce que alimentan a la población de Montevideo y parte de la costa. De hecho, uno de los campos de Castilla está justo en la unión de los arroyos Canelón Chico y Grande. "A pocos metros de allí se extrae el agua, pero como es una zona privada casi no hay controles", dice la maestra Adriana Pascual.
Hace pocos meses OSE ingresó por el predio de Castilla para tomar muestras y así saber qué tratamiento debía darle al agua. El médico aclara que él respeta los límites de distancia al arroyo cada vez que echa agroquímicos, aunque los vecinos dicen que las fotos tomadas a sus fumigaciones señalan lo contrario. Mientras, la Justicia espera que declaren los inspectores de la Intendencia y que los científicos le brinde datos confirmatorios o revocatorios del caso.
Ariel Gulpio.
Se especializó en estudio de ecosistemas, se dedicó al cultivo orgánico y terminó siendo contaminado por agrotóxicos. Gulpio sufre de problemas respiratorios y es uno de los denunciantes.
Luis A. Sobot.
El caso de Paso Picón es el más largo sobre agroquímicos en que intervino el juez Sobot. Antes trabajó en tres suicidios con plaguicidas. Autoeliminación representa el 26% de estas intoxicaciones.
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5) Bayer compró al gigante Monsanto por US$ 66.000 millones
(AFP)
Ambas compañías suman una plantilla de 140.000 empleados. El acuerdo entre la firma alemana y la estadounidense se produjo este miércoles.
El grupo farmacéutico alemán Bayer anunció este miércoles que cerró un acuerdo para la compra del líder mundial de herbicidas e ingeniería genética de semillas estadounidense Monsanto por 66.000 millones de dólares, la adquisición más cara hasta la fecha de un grupo alemán.
"Bayer y Monsanto firmaron el miércoles un acuerdo de fusión" de 128 dólares por acción, anunció Bayer en un comunicado. El grupo alemán tuvo que mejorar su oferta en varias oportunidades desde mayo antes de obtener el acuerdo del gigante estadounidense. La transición aúna dos actividades diferentes, pero fuertemente complementarias" en términos de semillas, fertilizantes y pesticidas, señaló.
Juntos, Bayer y Monsanto se convertirán en un gigante mundial de 23.000 millones de euros (25.800 millones de dólares) de cifra de negocios anual y una plantilla de casi 140.000 empleados. Calificado de "matrimonio infernal" por sus detractores, la perspectiva de esta unión entre Monsanto y Bayer ha levantado fuertes críticas en Alemania, un país cuya sociedad se opone mayoritariamente a los transgénicos. Los ecologistas critican en particular los pesticidas de Monsanto como el Roundup, apodado "asesino de abejas".
Las distintas ofertas propuestas por Bayer desde mayo, cada vez más elevadas, habían sido declinadas hasta ahora por el grupo estadounidense, que se mostraba abierto a negociar haciendo saber que tenía otras proposiciones sobre la mesa. Pero los misteriosos rivales nunca se materializaron.
"Realmente, Bayer está pagando demasiado, así que deberá lograr el mayor beneficio" posible de la fusión, consideró el analista de DZ Bank, Peter Spengler. Se espera que este acercamiento, que ambos grupos quieren cerrar antes de 2017, aumente su beneficio bruto de explotación en torno a 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) al cabo de tres años.
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