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LA JUSTICIA HONDUREÑA CONDENÓ A SIETE PERSONAS POR EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES – comcosur al día 2238 – 18.12.2019

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2238 / miércoles 18.12.2019 – Hoy:

1) La Justicia hondureña condenó a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres /María García Arenales
2) Uruguay: Mirando al 2020 /José Antonio Rocca
3) ¿Terrorismo terrorista y terrorismo democrático? /Luis E. Sabini Fernández
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2238 / miércoles 18.12.2019

1) LA JUSTICIA HONDUREÑA CONDENÓ A SIETE PERSONAS POR EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES

María García Arenales /La Diaria, 14.12.2019

A balazos, en su propia casa. Así fue asesinada en marzo de 2016 la activista hondureña Berta Cáceres, que trataba de proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas y se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) pretendía construir en el noroeste del país. Su legado, sin embargo, no sólo permanece casi cuatro años después de su muerte, sino que la reconocida ambientalista se ha convertido en todo un símbolo de lucha en un país devastado por la violencia, la desigualdad y la impunidad.

Después de que en noviembre de 2018 siete hombres fueran declarados culpables por el asesinato de la líder lenca, ha tenido que transcurrir más de un año para que la Justicia hondureña dictara sentencia.

Así, el lunes 2 de este mes un tribunal condenó a Edilson Duarte, Henry Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a otros 16 años más por intentar matar a Gustavo Castro, el activista mexicano que acompañaba a la ambientalista aquel 3 de marzo en su casa y que logró sobrevivir al fingir que estaba muerto.

Como coautores del crimen también fueron condenados a 30 años de cárcel Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA y ex militar, Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental de esa misma empresa, y Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas.

Por el momento Roberto David Castillo, presidente de DESA, es el único acusado como autor intelectual del crimen de Cáceres y se encuentra detenido a la espera de ser juzgado.

La familia de la dirigente indígena considera que la sentencia es un avance, pero insuficiente, por lo que sigue reclamando que se castigue al resto de los autores intelectuales del crimen.

“Habrá justicia cuando los autores intelectuales que planificaron el asesinato y dieron la orden de matar a mi madre sean castigados y condenados por semejante acto de barbarie. Debe también haber justicia para el pueblo lenca”, dijo a la diaria Olivia Marcela Zúniga, la hija mayor de Berta Cáceres.

Asimismo, la familia sostiene que en el crimen no sólo están involucrados empresarios de la hidroeléctrica DESA, sino también miembros del Ejército, funcionarios del gobierno que preside Juan Orlando Hernández y familias con gran poder económico en el país.

“Se ha comprobado que DESA opera como una asociación ilícita y familias como la Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras, son accionistas de la empresa, por eso exigimos otras líneas de investigación”, dijo Zúniga.

La hija de Cáceres también recordó que a lo largo de los últimos 45 meses ha prevalecido la impunidad, y aseguró que aún “no se han desmontado las estructuras criminales que están asesinando a líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos” en su país. “Mientras esas estructuras permanezcan, no habrá justicia”, advirtió.
Zúniga también aclaró que si bien el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el que luchó su madre está suspendido por el momento, la concesión del río Gualcarque –sobre el que se pretendía construir la represa– no ha sido cancelada. Eliminar esa concesión correspondería al Congreso hondureño, y por el momento no parece que los legisladores estén dispuestos a dar ese paso.

Luchadora en un país peligroso

Cáceres, una comprometida defensora de los derechos humanos, cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (Copinh), grupo dedicado a la defensa del medioambiente y de la cultura lenca en el departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras.

La ambientalista, que siempre fue una figura incómoda para el poder y las grandes empresas transnacionales, llevaba años liderando manifestaciones y rechazando grandes proyectos extractivos en el país, por lo que fue amenazada en numerosas ocasiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso dictó medidas cautelares para protegerla.

“Ahora hay un montón de Bertas, muchachas jóvenes feministas que siguen su ejemplo, gente que se ha vinculado a movimientos sociales y ambientales”. Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres.

Esas amenazas las siguen recibiendo su familia y el Copinh, ya sea en forma de campañas de desprestigio, a través de las redes sociales o incluso con vehículos que los persiguen. Pero aseguran que no conseguirán amedrentarlos.

Honduras es considerado el país más peligroso para el activismo ambiental. Según datos de la ONG Global Witness, que documenta los crímenes contra ecologistas en todo el mundo, desde 2010 han sido asesinados en ese país más de 120 activistas ambientales por protestar, en la mayoría de los casos, contra la destrucción de sus recursos naturales y por intentar proteger su territorio. Estos activistas sufren sobre todo agresiones del sector minero y de industrias extractivas.

“Es preocupante la violencia en Honduras contra los defensores de los derechos humanos y contra los ambientalistas que se oponen a proyectos extractivos, sobre todo minero-energéticos, porque sufren una terrible persecución, no sólo con campañas de odio mediáticas para deslegitimar sus luchas, sino que enfrentan procesos de criminalización en su contra en los que se los acusa de ser terroristas”, dijo Zúniga a la diaria.

“No estamos solos”

Después del crimen contra Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras y eso generó miedo, pero al mismo tiempo también reforzó la convicción de que es necesaria la lucha. “La sangre derramada fue algo que indignó al pueblo y que movió la conciencia de hondureños y hondureñas. Hoy, por ejemplo, vemos cómo en Tegucigalpa se moviliza gente por la defensa de los recursos hídricos del departamento de Francisco Morazán”, al oeste del país, dijo Zúniga.

El ejemplo que han tratado de dar como familia, como Copinh y como pueblo lenca, asegura, es que ni el miedo ni el dolor pueden paralizar sus luchas. “Tenemos toda la legitimidad, somos la voz de una mujer que fue privada de su vida”, agregó la activista.

Durante estos casi cuatro años, no sólo las tres hijas y el hijo de Berta Cáceres han tomado su relevo, sino que el Copinh y otros activistas también siguen movilizándose por ella y por la defensa del medioambiente en el país.

“El pueblo lenca y el pueblo hondureño han asumido el relevo de mi mamá. No sólo somos sus hijas o su familia, sino que ahora hay un montón de Bertas, muchachas jóvenes feministas que siguen su ejemplo, gente que se ha vinculado a movimientos sociales y ambientales. Berta es el símbolo de rebeldía, de todas las resistencias en Honduras, de los obreros, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las feministas, de los grupos LGBTI, de partidos progresistas, de defensores medioambientales; es un símbolo de lucha que el pueblo hondureño ha tomado, y nos alegra saber que no estamos solos”, concluyó.

María García Arenales /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2238 / miércoles 18.12.2019
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2) URUGUAY: MIRANDO AL 2020

José Antonio Rocca /Diciembre, segunda quincena 2019.

Los sectores productivos de la economía uruguaya se encuentran prácticamente estancados desde 2015. Aumento del desempleo, elevada deuda pública, déficit fiscal, son algunos de los problemas que presenta la economía uruguaya de cara al 2020.

El esquema de apertura prácticamente sin restricciones al comercio, las finanzas y grandes capitales del exterior, demuestra sus límites. Venta de tierras, empresas, oportunidades rentables de extracción bienes naturales o agro negocios para grandes capitales se fueron agotando, dejando una secuela de extranjerización, concentración de riquezas y daño ambiental.

De todas maneras el nuevo gobierno que asumirá en marzo del próximo año, no solamente reafirma los lineamientos vigentes, sino que promete acentuarlos.
El camino ofrece perspectivas negativas para los sectores populares. La historia de las crisis precedentes y los ejemplos de los países vecinos, son claros. Los sectores dominantes pretenderán continuar utilizando salario y empleo como “variables de ajuste” para incrementar la rentabilidad del capital.

Durante 2019 los incrementos de precios de productos de consumo generalizado ya superan las pautas de ajuste salarial. Quedan pocas dudas de que organismos internacionales, gobierno y capital intentan e intentarán profundizar el descenso del poder de compra de los trabajadores. Los ajustes de salarios nominales serán inferiores a la ascendente evolución de precios en plena “dictadura del mercado” con enormes grados de concentración de la oferta.

Durante la transición y los primeros meses del 2020 posiblemente predominen valoraciones políticas en el marco previo a las elecciones municipales. Sin embargo en el transcurrir del año se irán implementando medidas económicas que auguran recortes de gasto público social y de derechos laborales.

El presupuesto para la próxima administración será instancia clave. El ajuste en ciernes implicará afectar negativamente la ocupación generada por el sector público, disminución de salarios reales, deterioro en servicios de salud, educación, vivienda, desarrollo social. En estas condiciones se reducirá además la demanda interna.

La secuencia inmediata que generarán las obras para UPM 2 agregan condimentos que a la larga incrementarán deudas del Estado. Si bien los costos para la red ferroviaria al servicio de UPM se postergan por 36 meses, funcionarán como aumento de las obligaciones del sector público durante 15 años por un monto global superior a los 2000 millones de dólares. Obras conexas sumarán costos al sector público, más allá del relativo impacto positivo sobre el mercado laboral durante un plazo muy corto.

La evolución del mercado de divisas será otra variable clave. La relación entre oferta y demanda de dólares tiende a impulsar el aumento de su cotización. La mayor deuda pública, la venta de reservas que han incrementado la oferta de moneda extranjera y frenado su ascenso tienen límites. La demanda para transferir ganancias de capitales extranjeros a sus países de origen continúa su tendencia creciente.

El ingreso de divisas durante la zafra turística puede postergar el ajuste de la cotización del dólar que tenderá a compatibilizar precios locales con la región y el mundo. Después de marzo y durante todo 2020 es de prever una tendencia alcista.

Contexto regional, precios del petróleo, valor de las exportaciones constituyen variables de difícil evaluación que también incidirán, sobre el dólar, los precios, la producción.
De todas maneras el pronóstico más probable es de estancamiento o retroceso de la actividad económica, inflación, menor poder de compra de los salarios, elevado desempleo. Espero equivocarme.

Gotitas de economía

El índice de volumen físico de la industria en Uruguay descendió en los diez primeros meses del año 1.9% en relación al mismo período de 2018. Sin considerar la refinería de petróleo de ANCAP, el descenso es de 0.9%. El índice de horas trabajadas cayó 5%.

El IPC oficial creció 0.42% en noviembre en relación a octubre. Dato curioso que es claramente inferior al sentir de los consumidores que cuando van a comprar carne se encuentran con aumentos superiores al 30%. En el año el registro oficial es de 8.82%.

La tasa de empleo de octubre según el INE fue de 56.5.% un año atrás era de 57.4%. Empresas privadas como Deloitte registran que cerca del 20% de los uruguayos tiene problemas de insuficiencia de empleo. Además de 167000 desempleados, incluye 157000 subempleados y 19000 desalentados que dejaron de buscar trabajo.

Uruguay se ubicó en el lugar 56 en el ranking de 2018 del índice de desarrollo humano que elabora el programa de naciones unidas para el desarrollo. A comienzo de los noventa ocupaba el lugar 38. El gobierno dice que todo está muy bien.

En Argentina asumió el nuevo gobierno de Alberto Fernández sustituyendo a Mauricio Macri. El saldo que dejó el gobierno saliente sumiso al FMI, incluye entre otras perlas, 40% de pobreza y más de 50% en el ámbito infantil, galopante deuda externa, profunda crisis productiva y “ainda mais”.

El conjunto de los 19 países de la zona euro, registró un incremento del PBI de 0.2% en el tercer trimestre de 2019. En particular la economía alemana se encuentra prácticamente estancada.

José Antonio Rocca / La economía de a pie
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2238 / miércoles 18.12.2019
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3) ¿TERRORISMO TERRORISTA Y TERRORISMO DEMOCRÁTICO?

Luis E. Sabini Fernández – revistafuturos.noblogs.org

¿Por qué un estado terrorista puede ocupar los titulares de la prensa “seria” pidiendo encasillar como terrorista a un contendiente suyo?

Suena bizarro.

Sin embargo es lo habitual y la ONU ha preservado ese esquizocomportamiento por décadas.

A las manifestaciones pacíficas, sin armas, que los habitantes de la Franja de Gaza vienen haciendo desde el 30 de marzo de 2018, conmemorando los 70 años de la expulsión en 1948 mediante terror, violaciones y asesinatos (de un territorio milenariamente suyo), el Estado de Israel ha retomado, una vez más, su poder terrorista: mediante francotiradores cómodamente instalados, ha cosechado más de 200 muertos y unos 8000 heridos (las más de las veces con heridas irrecuperables por varias razones, entre ellas porque los francotiradores juegan al blanco con los cuerpos palestinos, generando daños irrecuperables). Dichas manifestaciones han arrojado hasta ahora cero muerto israelí, cero herido, con lo cual “la explicación” de las armas autotituladas ”de Defensa” israelí de que actúan combatiendo al terrorismo deviene una burda mentira digna de los regímenes políticos más execrables.

Tengamos en cuenta que la población de la Franja de Gaza ronda el millón tres cuartos. Si lo ponderamos demográficamente en “uruguayo” tendríamos que hablar, proporcionalmente, de unos 400 muertos y 16 mil heridos. En año y medio. Y en “argentino” estaríamos hablando, como quien oye llover, de más de 5000 muertos y cien mil heridos. En un año y medio de marchas pacíficas. Leyó bien. Ni un policía israelí rasguñado. “Saben” conservar la distancia.

Esto se repite desde 1948 y antes, con diferencias en las reacciones palestinas. En rigor, desde la implantación sionista, que no judía, en Palestina, desde el 1900, aproximadamente. Una implantación violenta, que tuvo su primera víctima entre judíos, no sionistas.

Una comunidad judía había convivido pacíficamente con la mayoría musulmana y otra minoría cristiana, desde tiempo inmemorial en Palestina. Esos judíos fueron designados como el Antiguo Yishuv cuando arriban los sionistas que se definirán como el Nuevo Yishuv.

Por poco tiempo, porque los sionistas no admiten competencia. Ni externa, por sus rasgos fascistas, ni mucho menos interna, por sus pretensiones absolutistas. Así que cuando dan la orden a los judíos palestinos de cortar todo vínculo con árabes y musulmanes, brota cierta resistencia en el Antiguo Yishuv que había convivido desde mucho tiempo atrás con las otras comunidades religiosas. Cuando un poeta judío, Jakob de Haan, referente de muchos judíos allí instalados, resiste la orden de no tener ya contacto con los árabes, y sigue actuando como lo había hecho siempre, un comando sionista lo asesina a sangre fría, con pretensiones pedagógicas, sin duda. Haganah, año 1924.

Un régimen, el israelí que, empeñado en vaciar, vencer, borrar, eliminar a quienes vivieron por milenios en Palestina ha envilecido el suelo, el mar. Ha fabricado carreteras modernas y ágiles para israelíes y caminos decrépitos para palestinos, lo mismo con la medicina, la alimentación –miles de olivos centenarios arrancados por el ejército israelí−, la edificación ¡y el agua! Cinco o seis veces más por habitante israelí que palestino. Con la diferencia cualitativa entre agua potable y agua pestilente, por añadidura.
Los niños palestinos tienen cada vez más, cada vez más niños, terrores nocturnos, tendencias suicidas. Fruto del trato que reciben. Basta ver la desolación de calles, casas, mercados palestinos, las ruinas que quedan de ello, tan a menudo arrasados, bombardeados.

Esto viene de décadas, pero no existen casi preguntas siquiera al estado miembro Israel en la ONU. Todo tolerado bajo el chantaje de no ser considerado antisemita criticando a Israel. Como si no hubiera, ¡afortunadamente hay! judíos antisionistas.

Pero la impunidad es mucho más que esta penosa complicidad generalizada. Israel plantea la lucha “contra el terrorismo internacional” (¿tal vez eso exceptúe el terrorismo nacional israelí? Pero no, porque a la vez el Estado de Israel ha cooperado y coopera y muy activamente con armas y entrenamiento con diversos regímenes terroristas, como en la década del ’80 con diversas dictaduras centraomericanas, o más recientemente con estados terroristas como Arabia Saudita).

Veamos un ejemplo de esta proceder israeli contra el terror (ajeno): para ir marcándole la cancha al próximo gobierno de los Fernández en Argentina, los alfiles diplomáticos israelíes le reclaman al nuevo gobierno que conserve la tipificación de terrorista que hiciera el gobierno de Macri para Hezbolah, una agrupación política libanesa, perfectamente legal en El Líbano, que cuenta con el problemático antecedente de haber expulsado tropas israelíes que ocupaban El Líbano a principios de este siglo. Pecado inolvidable para la memoria sionista, que me hace pensar que lo de terrorista es el sambenito que mejor escamotea los verdaderos motivos para el resentimiento y la condena.

Pero no incursionemos en la política intervencionista israelí mediante cabildeo o lobby; volvamos a nuestro punto nodal; la pregunta es cómo se puede condenar el terrorismo cuando a la vez se lo ejerce.

Claro que son dos terrorismos distintos, e incluso habría que probar que lo son. El caso israelí, apenas contando víctimas, entiendo que quedan pocas dudas.

La pregunta entonces es qué criterios, qué definiciones de “terrorismo” emplea la ONU. Con cualquier definición de terror y de terrorismo que se emplee, queda en pie la impunidad de un gobierno como el israelí, para matar a centenares y herir a miles de población autóctona desarmada. Una y otra vez. Y que nadie diga, institucionalmente, nada. Porque el dictador filipino sale a la calle a matar personalmente narcotraficantes y/o drogadictos y existe alguna condena, y cuando en Colombia o México se mata decenas, centenares de luchadores civiles o ambientales, se trata de enormes redes de paramilitares o redes que ocultan su origen y procedencia, con lo cual una critica al estado respectivo es más ardua, y cuando en Bolivia es el mismo estado con Evo desalojado de la presidencia el que desencadena una matanza de indígenas al mejor estilo de “La Conquista de América”, surgen voces críticas. Pero en Israel, si bien mucha de la violencia es “particular” (de los colonos, a su vez promovidos y protegidos por el Estado de Israel), son en general los cuerpos represivos institucionales los que diezman, hieren y matan en la mayoría de los casos.

Por eso el silencio internacional es ensordecedor. Y habla de una miseria moral, política muy generalizada. En estado de metástasis.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2238 / miércoles 18.12.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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