1) Perú: Creció la cantidad de emisoras comunitarias de radio y TV autorizadas
2) Uruguay: Manini Ríos ante la Fiscalía: contradicciones, silencios y falta de pruebas /Natalia Uval
3) Sentencia a la Samuel Gelblung: “Uruguay no es un país” /Luis E. Sabini Fernández
4) Uruguay: Seguridad social y motosierras /José Antonio Rocca
5) La muerte del periodismo /Jonathan Cook
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) PERÚ: CRECIÓ LA CANTIDAD DE EMISORAS COMUNITARIAS DE RADIO Y TV AUTORIZADAS
Observacom /Perú, 14 de septiembre de 2020
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú informó que las radios comunitarias tuvieron un crecimiento de 244% entre 2016 y 2020, pasando de 17 a 62 emisoras activas. Por su parte, la cantidad de televisoras comunitarias también creció en ese período al pasar de 2 a 23 emisoras.
De acuerdo al comunicado del Ministerio, esto fue posible gracias al desarrollo de un procedimiento simplificado para la obtención de permisos que brindan facilidades económicas como la exención del pago de la tasa de explotación de servicio de radiodifusión, descuentos en el pago del canon y no cobro de derechos de trámite.
Las emisoras comunitarias vienen desempeñando un importante rol para la educación en el contexto de la pandemia por COVID-19. “La ubicación de este tipo de estaciones, principalmente en comunidades campesinas, nativas e indígenas ha permitido que sean una valiosa plataforma de apoyo en la difusión de la estrategia educativa ‘Aprendo en casa’, pues llega a los niños y jóvenes que viven en las zonas más alejadas del país”, destacó Mariella Carrasco, directora general de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC.
Observacom
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2267 / miércoles 16.09.2020
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2) URUGUAY: MANINI RÍOS ANTE LA FISCALÍA: CONTRADICCIONES, SILENCIOS Y FALTA DE PRUEBAS
Natalia Uval /La Diaria, 12 de setiembre de 2020
Ex funcionarios del Ministerio de Defensa y de Presidencia aseguran que Manini no informó sobre el caso Gomensoro; él dice que lo hizo verbalmente y “mano a mano” con el ministro.
El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, declaró ante la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Rodrigo Morosoli que el ex ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez era un hombre “comprometido con la causa” de los derechos humanos. Sin embargo, en un discurso con contradicciones internas y diferencias sustanciales con los testimonios de otros interrogados, pretendió convencer a la Fiscalía de que Menéndez le ocultó deliberadamente a la Justicia la confesión de José Gavazzo ante los tribunales de honor referente a cómo se deshizo del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro. Para deslindarse de su responsabilidad como funcionario público de denunciar delitos, Manini Ríos sostuvo que él le informó de esta confesión al ex ministro, pero en reuniones sin testigos y en ámbitos informales. “Llama la atención que nombre dos ocasiones públicas como fijando fechas y no nombra ningún testigo que avale esa declaración de una persona que, además, falleció”, le hizo notar el fiscal durante el interrogatorio. Con base en la información surgida de los interrogatorios ante la Fiscalía, a la que accedió la diaria y que en parte fue adelantada el miércoles por El Observador, este artículo contiene una cronología de los hechos sucedidos desde la conformación de los tribunales de honor de Jorge Silveira, José Gavazzo y Luis Maurente en 2017. Incluye los testimonios de los militares, pero también de asesores de los ministerios y de Presidencia, del secretario de la Presidencia Miguel Toma y del ex presidente Tabaré Vázquez. La información es relevante porque el 30 de setiembre el Senado votará el desafuero del líder de CA, y tanto ese sector político como el Partido Nacional y parte del Partido Colorado anunciaron que no darán sus votos para iniciar el proceso judicial contra Manini Ríos.
Año 2018: versiones encontradas y omisiones
El 1º de setiembre de 2017 se conformó un tribunal para evaluar las eventuales faltas al honor militar que cometieron Silveira, Gavazzo y Maurente, a raíz de los fallos judiciales adversos contra ellos en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Estuvo integrado por los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún. En su primera comparecencia ante el tribunal, el 10 de abril de 2018, Gavazzo declaró que en 1973, todavía en democracia, un hombre –en su segunda declaración quedó claro que se refería a Gomensoro– fue detenido y falleció, y que el general Esteban Cristi ordenó deshacerse del cuerpo tirándolo al río Negro, “por temas de desprestigio del Ejército” y porque “no podía darse a conocer que había fallecido un hombre en un cuartel”, “porque iban a decir que lo habíamos matado”. Quien cumplió esa orden fue Gavazzo, según su propio testimonio.
El mismo día en que Gavazzo declaró ante el tribunal, su presidente, Fajardo, solicitó una entrevista con Manini Ríos, que le fue concedida al día siguiente. De esta forma cumplía con el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que dispone: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.
Fajardo concurrió a la reunión junto con los otros dos integrantes del tribunal, Erramún y González. Ninguno de los tres tenía dudas, según sus testimonios, de que ameritaba pasar las declaraciones a la Justicia.
Sobre lo que sucedió en ese encuentro, por un lado están las versiones de los integrantes del tribunal, que son coincidentes respecto de que Manini desestimó las declaraciones de Gavazzo tratándolas de “chicana”. “Nosotros lo que le decíamos era que este era un caso para pasarlo a la Justicia. El comandante lo que nos decía a nosotros es: ‘Este hombre lo que está queriendo es que detengamos las actuaciones’”, declaró Erramún. Fajardo, en tanto, afirmó que Manini les dijo: “Mire: creo que esto es una chicana que está haciendo Gavazzo”, “vamos a parar, dejen que yo me hago cargo de esto, después los llamo y les digo qué hacemos”. En cambio, Manini Ríos no hizo ninguna referencia a las chicanas de Gavazzo cuando relató la reunión.
Por otra parte, Manini afirmó ante la Fiscalía que, en sus conversaciones tanto con los integrantes del tribunal de primera instancia como del tribunal de alzada, él aseguró que había hablado con el ministro Menéndez y que este le encomendó que siguieran con las actuaciones, pero ninguno de los integrantes de los tribunales recuerda que Manini haya mencionado expresamente el aval del ministro. Incluso, en el propio testimonio de Manini, este se contradice. Primero sostiene que llamó a Fajardo y le dijo: “Bueno, mire, lo hablé con el ministro, el ministro coincide –porque yo mismo se lo había dicho que para mí podía ser un acto dilatorio– en que esto es un acto, hay que seguir para adelante hasta fallar en el caso central del tema”. Y después dijo: “Al tribunal yo no le dije mi conversación con el ministro”.
La relación de Menéndez con Manini Ríos
Según testimonios de los asesores del ex ministro Jorge Menéndez, este no le tenía confianza a Manini Ríos, si bien su relación era “formalmente correcta”. “Menéndez no aprobaba muchas de las actitudes de Manini, declaraciones públicas, ni algunos casos muy cerca de violar normas constitucionales por los temas que planteaba”, declaró el ex director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado.
En setiembre de 2018, cuando el Poder Ejecutivo dispuso el arresto a rigor por 30 días de Manini Ríos por sus declaraciones contrarias a la reforma de la Caja Militar, Menéndez era en realidad partidario de destituirlo, y así lo manifestó en un Consejo de Ministros. “Menéndez dijo claramente que no le tenía confianza al comandante en jefe y que él pensaba que debía ser destituido”, manifestó Delgado ante la Fiscalía.
Yamandú Rodríguez, asesor de confianza política de Menéndez, relató que desde hacía mucho tiempo Menéndez tenía un “enfrentamiento muy grande con el comandante Manini”. “El ministro entendía que el comandante tenía que tener un perfil más bajo” y “el comandante, por su lado, iba in crescendo en acciones y en aclaraciones que iban molestando”, aseguró Rodríguez ante la Fiscalía.
El entonces comandante en jefe del Ejército les ordenó a los miembros del tribunal detener las actuaciones. Varios días después les pidió que retomaran el trabajo, según los testimonios de los integrantes del tribunal. La versión de Manini es diferente: le dijo a la Fiscalía que al día siguiente de la reunión que mantuvo con los integrantes del tribunal de honor ya le comunicó a Fajardo en un acto de la Escuela Naval que podía proseguir con las sesiones y que además los instó a citar nuevamente a Gavazzo para “profundizar en el punto”. Esto último, en cambio, no fue mencionado por los integrantes del tribunal.
El 8 de mayo de 2018 Jorge Silveira declaró ante los tribunales de honor que Gomensoro “se le muere a Gavazzo”. Además, agregó que “hubo un fallecido en Artillería 1, que Gavazzo lo gaseó”. Dijo que era el militante del MLN Eduardo Pérez Silveira, detenido en mayo de 1974.
Gavazzo fue interrogado nuevamente por el tribunal el 13 de junio de 2018. Allí ratificó lo dicho sobre Gomensoro, y en cuanto a Pérez Silveira aseguró que le arrojó una granada de gas lacrimógeno y que, como era asmático, tuvieron que derivarlo al Hospital Militar y no supo nada más de él.
Los integrantes del tribunal de honor volvieron a solicitar entrevista con Manini Ríos, quien se las concedió para el 15 de junio. En esa segunda reunión, y según las declaraciones coincidentes de los tres integrantes, le entregaron a Manini Ríos una copia de la transcripción de las declaraciones de Gavazzo. “Se lo entregamos al comandante en jefe del Ejército, en el entendido de que eso, en algún punto del proceso, iba a ser puesto en conocimiento de la Justicia”, explicó González, integrante del tribunal. Sin embargo, cuando la Fiscalía le consultó a Manini si recibió esa copia, sus declaraciones fueron confusas: “Sí, la leí o me la contaron, y si me la dieron, me alcanzaba con que me lo contaran, pero yo supe lo que había dicho Gavazzo”. Tampoco recordó que los integrantes del tribunal le habían dicho que las declaraciones de Gavazzo eran inéditas, e incluso pretendió discutir su grado de novedad, hasta que el fiscal le recordó que el propio Gavazzo admitió que jamás le había dicho eso a la Justicia.
Por otra parte, los integrantes del tribunal sostienen que Manini se expresó en la segunda reunión casi en los mismos términos que en la primera: “Esto debe ser una chicana que está haciendo este hombre para que el tribunal no termine de fallar. Nosotros tenemos que terminar en el tribunal. Pero bueno, paren, vamos a parar las rotativas. Déjenme la documentación, detengan el tribunal. Después yo los llamo a ver qué hacemos”, les dijo el comandante en jefe, según el testimonio de Fajardo.
Lo llamativo es que ninguna normativa establece que la actividad del tribunal de honor deba detenerse cuando se envían los antecedentes de un presunto hecho delictivo a la Justicia. Es más: la normativa establece expresamente que los ámbitos de actuación de la Justicia penal y de los tribunales militares son independientes.
El 15 de setiembre, el tribunal de honor determinó el pase a situación de reforma de Gavazzo y Silveira y exoneró de responsabilidad a Maurente. Los dos primeros apelaron, y el 1º de octubre de 2018 Manini Ríos elevó un oficio al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) indicando qué generales estaban en condiciones reglamentarias de integrar el tribunal de alzada. En este documento escrito no menciona nada respecto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
El 3 de octubre de 2018 se conformó un tribunal de alzada integrado por los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry. Según las versiones de los tres militares, Manini les pidió que no prestaran atención a las declaraciones de Gavazzo y Silveira y que se centraran en la argumentación presentada en la recusación. “Nos dio dos precisiones: una, que había declaraciones de Gavazzo y de Silveira, que no nos detuviéramos en ellas, que él ya tenía conocimiento y que estaba actuando al respecto”, declaró Romano. “A nosotros nos dijeron que lo actuado allí estaba en conocimiento. Esas son las palabras del máximo jerarca. Nosotros estamos sometidos a jerarquía”, manifestó Sequeira, y agregó que Manini Ríos no les mencionó que hubiera hablado con Menéndez sobre este tema.
El tribunal de alzada no tomó nuevas declaraciones y ratificó los fallos de primera instancia.
14 de febrero de 2019: reunión entre Menéndez y Manini Ríos
Manini Ríos se reunió con Menéndez el 14 de febrero de 2019 en el ministerio para entregarle el expediente con las actuaciones de los tribunales, al que adjuntó una nota de ocho carillas cuestionando a la Justicia por su actuación en las causas de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. En palabras del propio Manini en su testimonio ante la Fiscalía, en ese escrito quiso expresar “la percepción generalizada en la fuerza a mi mando de que la Justicia muchas veces, en muchos casos, no actuó como justicia, sino que actuó como venganza”. “Ahí [en la carta] le enumero nueve casos en los que a mi entender la Justicia actuó como venganza y no como justicia, y no le dio las garantías necesarias a los imputados para defenderse”, indicó. Agregó que no mencionó en ese escrito las confesiones de Gavazzo porque “me pareció que no le agregaba nada a ese escrito, al espíritu del escrito”.
En su carta, Manini “embestía terriblemente” contra la Justicia, sostuvo Toma en su testimonio, y añadió que esta forma de expresión es “extraordinariamente anormal” en un comandante en jefe del Ejército. “Tan extraordinariamente anormal que el presidente determinó que ese hecho era incompatible con la función que estaba desempeñando”, añadió. Además, Toma señaló las “incongruencias” de Manini Ríos, porque “se despacha libremente contra el Poder Judicial, contra las pruebas que la corte había juzgado como abrumadoras pruebas”, “sin embargo, cita sentencias que revisaron sentencias que afectaron a militares”. “A Manini le sirve el Poder Judicial cuando revoca una sentencia que afecta a un militar, sin embargo el Poder Judicial es la última escoria cuando decide el homicidio agravado de 28 personas”, manifestó Toma en el interrogatorio en Fiscalía.
Según el testimonio del ex director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado, Manini incluso llega a decir en su carta que fue a hablar con los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak y Elena Martínez por el procesamiento del coronel Rodolfo Gregorio Álvarez, sobrino del dictador Gregorio Álvarez. “Incursionó por otros lugares que no le correspondía hacer por la sujeción que tiene”, declaró Delgado.
Tras la reunión con Manini Ríos, Menéndez les solicitó a sus asesores que leyeran detalladamente el expediente y realizaran un informe. El ministro quería tener este balance antes de la sesión del Consejo de Ministros que se realizaría el 18 de febrero en Pueblo Centenario, para comentarle al entonces presidente Tabaré Vázquez. Menéndez ese día “tenía muy claro que se trataba de un tema de una gravedad política, institucional y también jurídica trascendente”, pero no comentó “ningún aspecto que tuviera que ver con una eventual repercusión penal, que a su vez le hubiera alertado por parte del comandante Manini”, declaró Alfredo Maeso, asistente letrado adjunto en el MDN.
Según consta en prueba documental, Maeso le informó por primera vez al ministro sobre las declaraciones de Gavazzo en un correo que le envió el 15 de febrero. Según el testimonio de Maeso, en la reunión de Menéndez con sus asesores valoraron que “llamaba poderosamente la atención” que al tribunal de honor no le hubiesen merecido también “la misma consideración de gravedad” las declaraciones de Gavazzo. “El ministro tenía muy claro que había que dar noticia criminal del hecho”, aseguró Maeso.
La destitución de Manini Ríos, según Tabaré Vázquez
El 12 marzo de 2019, en la residencia de Suárez y Reyes, el ex presidente Tabaré Vázquez se reunió con el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. El encuentro había sido solicitado por Manini, para explicar los comentarios vertidos en la carta que elevó junto a los fallos del tribunal de honor. “Viendo lo que había escrito sobre la Justicia, para mí era totalmente inaceptable que un integrante del Ejecutivo y nada más ni nada menos que un comandante en jefe del Ejército se despachara como se despachó contra la Justicia, diciendo que la Justicia era parcial, que era una Justicia para el enemigo, que cobraba al grito de las tribunas… para mí era inaceptable”, relató Vázquez.
Contó que, durante el encuentro, Manini estuvo 20 minutos cuestionando a la Justicia. “Yo lo escuché atentamente. Cuando ya terminaba, me dice: ‘Señor presidente, como yo no quiero perjudicarlo voy a dar un paso al costado, voy a renunciar. Lo que sí no sé si voy a renunciar ahora, dentro de una semana o dentro de un mes’. Entonces yo le dije: ‘¿Terminó, señor comandante?’. ‘Sí’. ‘Usted no va a renunciar, porque desde este momento yo lo estoy destituyendo’. Bueno, él había programado para ese mismo día 12 de marzo una reunión a la tarde con todos los generales y me dijo: ‘Bueno, yo tengo programada esta reunión con los generales’. Le digo: ‘Bueno, usted está destituido’. Dice: ‘¿Yo me puedo despedir de ellos?’. Le digo: ‘Sí, ¿cómo no?, despídase, no hay problema’. Y ahí terminó mi conversación con Manini”.
19 y 20 de febrero de 2019: las instrucciones del presidente
En el Consejo de Ministros realizado en Pueblo Centenario el 18 de febrero, según el testimonio de Tabaré Vázquez, este le preguntó a Menéndez cómo estaba, en referencia a su situación de salud. El ex ministro le respondió: “Estoy más o menos, pero estoy muy preocupado porque tengo el fallo del tribunal de honor del caso Gavazzo, Silveira y Maurente, por los cuales pasan a reforma a Gavazzo y a Silveira, no pasan a reforma a Maurente, pero además hay una carta o un escrito del comandante en jefe Manini, que es muy fuerte y muy crítico hacia la Justicia”.
Vázquez se reunió con Menéndez en la residencia de Suárez al día siguiente, y allí el entonces presidente le pidió al ministro que coordinara con el secretario de la Presidencia un encuentro para instrumentar las decisiones que ya tenía tomadas: homologar los fallos de Silveira y Gavazzo, pero discrepando con los motivos; no homologar el fallo de Maurente y enviar a la Justicia penal los hechos confesados por Gavazzo y Silveira.
Menéndez le dijo a Vázquez en la reunión del 19 de febrero, según el ex presidente, “que Manini no había comunicado nada previamente” sobre las confesiones de Gavazzo y Silveira, “y que a él le había llamado la atención que ante las declaraciones de Gavazzo y Silveira no se hubieran detenido las actuaciones del tribunal de honor” ni “se hubieran pasado a la Justicia los antecedentes”.
La reunión entre Toma y Menéndez, a la que se sumaron los asesores del ministro Josefina Nogueira y Alfredo Maeso, se realizó el 20 de febrero en la Torre Ejecutiva. Según los testimonios de Toma, Nogueira y Maeso, había total acuerdo en enviar el expediente a la Justicia, y además había una orden directa del entonces presidente Tabaré Vázquez. Las discrepancias giraban en torno a otros puntos. Por ejemplo, Menéndez era partidario de no homologar los fallos de Silveira y Gavazzo. “El ministro de Defensa Nacional era de la postura de que había que rechazar íntegramente el tribunal. Le comentó al doctor Toma su postura personal, política, en el sentido de que él entendía inconveniente absolutamente, que había que actuar con principismo”, declaró Maeso. Vázquez afirmó que Menéndez le decía que para él no había que homologar los fallos.
Pero explicó su postura favorable a homologar: “Si yo no homologo el fallo que pasa a reforma a Gavazzo y Silveira van a quedar libres, sin problemas, van a seguir perteneciendo al Ejército, y yo lo que creía, y creo, es que había que echarlos”, dijo Vázquez a la Fiscalía.
Además, había una discrepancia entre los asesores jurídicos de Menéndez: Nogueira sostenía que debía declararse la nulidad de los tribunales, porque “no se podía tolerar que [los militares] vinieran a menoscabar la Justicia o a decir que los crímenes no existieron”, según el testimonio de Toma.
20 de febrero – 1º de abril de 2019: el trámite del expediente y una filtración oportuna
El expediente entregado a Toma el 20 de febrero permaneció en la Torre Ejecutiva hasta el 12 de marzo. Toma se lo entregó el 22 de febrero a la asesora de Presidencia Mariana Errazquin, y le encomendó que redactara dos resoluciones: la de homologación de los fallos de Silveira y Gavazzo, y la no homologación del fallo de Maurente; y, por otro lado, que diera “instructivos al Ministerio de Defensa para que diera cuenta a la Fiscalía General de la Nación o a la Justicia”, según relató la propia Errazquin ante Fiscalía. Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, Errazquin y Toma estuvieron haciéndoles ajustes a los borradores de resolución.
El 12 de marzo, el expediente fue devuelto al MDN. Según la asesora jurídica del MDN Josefina Nogueira, nunca hubo dudas respecto de que el ministerio debía presentar la documentación a la Justicia, sólo que se buscó ordenar la información antes de hacerlo. “El expediente eran más de 800 fojas. Hoy –con el diario del lunes, lo hemos discutido– hubiéramos hecho fotocopia de las 800 hojas y las hubiéramos remitido a la Fiscalía y nos despreocupábamos de este tema. Y no. El ministerio comienza a hacer un cruzamiento de datos y comienza a buscar causas [judiciales]”, explicó Nogueira, y también señaló que ese trabajo lo hizo ella sola porque el expediente era reservado.
Nogueira alegó que intentó “facilitarle a la Justicia de la manera más adecuada” la información, separándola por causas. A esa altura Menéndez, que sufría un cáncer terminal, estaba muy mal de salud y pasaba la mayor parte del tiempo en Durazno.
El 30 de abril el diario El Observador publicó información de las actas del tribunal de honor. Había dos copias del expediente: una estaba en poder de Nogueira, y la otra, en el Comando General del Ejército.
Cuando se publican las actas en la prensa, Vázquez llama inmediatamente a Toma y le pregunta si habían realizado la denuncia penal. Allí Presidencia se entera de que en realidad el expediente seguía en el MDN desde el 12 de marzo. Toma habla con Josefina Nogueira y, según su testimonio, esta le manifestó que estaba “trabajando en el tema”, que lo estaba haciendo sola y que era necesario “trabajar en disecar el expediente con tanta información”. El lunes 1º de abril, Vázquez ordena que en 45 minutos el expediente esté en Presidencia, que lo traiga Nogueira personalmente, y finalmente, ese día, Presidencia de la República remitió el expediente a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a la Fiscalía de Flagrancia de 13 turno.
“El presidente quedó muy angustiado por el hecho de que no se hubiera dado cuenta [a la Justicia]; en lo que me es personal, creo que ellos estaban trabajando, pero estaban trabajando en hacer todo ordenadamente, esa puesta en conocimiento de la denuncia”, declaró Toma.
Vázquez dijo a la Fiscalía que él dio “por descontado que todo había salido según las decisiones” que había tomado y que comunicó a Menéndez el 19 de febrero, entre ellas, el pasaje a la Justicia del expediente.
El 1º de abril, en el Consejo de Ministros, Tabaré Vázquez solicita la renuncia al ministro y al subsecretario de Defensa, y anuncia que pedirá la venia de destitución de todos los generales que participaron en los tribunales de honor. En ese Consejo, Vázquez, según el entonces subsecretario de Defensa Daniel Montiel, “volvió a insistir en que este documento ya tenía que estar en la Fiscalía”. Montiel, que estuvo presente en ese consejo, contó que Vázquez se mostró “contrariado” y les dijo que prácticamente no había dormido por este tema.
La defensa de Manini Ríos y sus contradicciones
La defensa de Manini Ríos intentó argumentar ante la Fiscalía que “no es lógico” que todos los militares supieran de las confesiones y que en cambio Menéndez no se hubiera enterado.
El hoy líder de CA, en el interrogatorio que le realizaron, afirmó que le informó a Menéndez de las confesiones de Gavazzo sobre el caso Gomensoro en dos oportunidades. Una de ellas fue, según Manini, en un acto en la Escuela Naval que se realizó el 11 de abril de 2018. “En una parte le digo al ministro: ‘Mire que ayer o anteayer Gavazzo, en una declaración, mencionó un muerto, pero no hay más detalles. Yo entiendo que lo mejor es citarlo de vuelta y que dé los detalles’. Y el ministro totalmente de acuerdo. Me dijo: ‘Sí, señor, estoy de acuerdo. Cuando tenga esos detalles me informa’”.
La segunda instancia, según Manini, fue en una reunión a solas que tuvo con Menéndez el 15 de junio en el ministerio. En ese encuentro, según el ex comandante en jefe, Menéndez le habría dicho: “Pero en este caso [en la causa de la muerte de Gomensoro] Gavazzo fue sobreseído”. “Como diciendo: ‘¿será para darle curso a esto?’. Porque implicaba parar las actuaciones del tribunal, que era lo que yo le consultaba a él, ¿qué hacemos, paramos las actuaciones, pasamos a la Justicia todo este tema? Esto implicaba meses y meses, seguramente, capaz que no tanto… […] Y el ministro quería que esto se terminara en su mandato, ¿no?”, relató Manini. Y ahí, supuestamente, Menéndez le dijo que tenía que consultar a Toma. El 21 de junio, en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, y siempre según el relato de Manini, Menéndez lo llama y le dice: “Hablé con el doctor Toma y él coincide en que esto puede ser un acto dilatorio de Gavazzo, porque aparte este caso ya fue sobreseído, entonces vamos a seguir con las actuaciones”.
Manini Ríos no tiene testigos que avalen lo afirmado. En cambio, todos los interrogados civiles aseguraron que ni Menéndez ni sus asesores estaban al tanto o no manifestaron estar al tanto de las declaraciones de Silveira y Gavazzo. Según Toma, ni Menéndez ni Vázquez dijeron que Manini los puso al tanto de la información. Incluso, en un par de ocasiones, el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado le preguntó específicamente a Menéndez por la marcha de los tribunales de honor, y este no le pudo dar detalles porque no los conocía. “Eso lo tratan exclusivamente los integrantes de los tribunales de honor, presumo que también el comandante de cada fuerza, pero no hay adelantos a los jerarcas, al ministro”, afirmó Delgado. “El ministro actuó con total honestidad, con total hidalguía, trabajando hasta que se estaba muriendo y diciendo siempre la verdad”, aseguró por su parte Maeso ante la Fiscalía.
El 4 o 5 de abril, pocos días antes de la muerte de Menéndez, Montiel fue a visitarlo a Durazno. “Le pregunté si en algún momento, por parte del mando, en este caso de Manini, obviamente, si había recibido o le habían dicho en forma verbal o de algún modo que había este tipo de novedad dentro del expediente [en referencia a las declaraciones de Gavazzo sobre el caso Gomensoro]. Y él me dijo que no”, declaró Montiel.
En su declaración ante la Fiscalía, Manini Ríos aseguró que había una “presión permanente” de Menéndez para que el tribunal fallara. “A mí me daba la sensación […] de que él estaba presionado también para que el tribunal de una vez por todas fallara, que a él alguien le estaba dando púa para esto”, deslizó el hoy líder de CA.
Por su parte, la defensa de Manini Ríos afirmó que el Poder Ejecutivo de la época tenía “motivaciones políticas para provocar esta instancia judicial”, que “estaba interesado en esconder las actas” porque no quería “escándalos políticos”. “Menéndez venía ocultando las actas desde 2018”, Menéndez “quería ese logro personal, quería ese logro político para el Partido Socialista”, fueron algunas de las afirmaciones de la defensa del militar devenido político que el próximo 30 de setiembre, según indica la correlación de fuerzas en el Parlamento, será exonerado de someterse a la Justicia.
Cronología de los hechos:
1º de setiembre de 2017. Se conforman los tribunales de honor.
10 de abril de 2018. Primera confesión de José Gavazzo ante el tribunal de honor.
11 de abril de 2018. Primera reunión de los integrantes del tribunal de honor con Guido Manini Ríos.
8 de mayo de 2018. Declaraciones de Jorge Silveira ante el tribunal de honor.
13 de junio de 2018. Segunda comparecencia de Gavazzo ante el tribunal de honor.
15 de junio de 2018. Segunda reunión del tribunal de honor con Manini Ríos.
15 de setiembre de 2018. Se emiten los fallos del tribunal de honor.
3 de octubre de 2018. Se conforma el tribunal de alzada.
1º de febrero de 2019. El tribunal de alzada emite su fallo.
14 de febrero de 2019. Manini Ríos concurre al despacho del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, a informar sobre los fallos.
19 de febrero de 2019. Reunión entre Tabaré Vázquez y Menéndez.
20 de febrero de 2019. Reunión entre el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, Menéndez y sus asesores. El expediente queda en la Torre Ejecutiva.
12 de marzo de 2019. El expediente pasa al Ministerio de Defensa Nacional. Tabaré Vázquez destituye a Manini Ríos.
30 de marzo de 2019. La prensa publica las actas del tribunal de honor.
1º de abril de 2019. Presidencia presenta el expediente a la Justicia. Vázquez pide las renuncias de Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel, y resuelve destituir a los militares que participaron en los tribunales de honor.
Natalia Uval /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2267 / miércoles 16.09.2020
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3) SENTENCIA A LA SAMUEL GELBLUNG: “URUGUAY NO ES UN PAÍS”
Luis E. Sabini Fernández
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Samuel Gelblung, alias Chiche, ha afirmado rotundamente, en ese recinto de la libertad de expresión que es “Polémica en el bar”, que Uruguay no es un país.
Tenemos que suponer que sabe lo que dice este tenaz defensor de las violaciones a los derechos humanos. (1)
Y tomemos su categórica afirmación como prueba de verdad. Establecer entonces claramente que no existen Costa Rica, Surinam, Panamá…
¿Qué tomamos en cuenta para considerar o decretar, à la Gelblung, que algo no es un país? ¿Cantidad de habitantes?
Uruguay se encuentra más cerca de la “cola” que del estado más poblado en número de habitantes; así y todo habría decenas de países graciosamente suprimidos por el criterio Gelblung: Islandia, Irlanda, Panamá, Costa Rica, Gambia, Qatar, Albania, Mongolia, Luxemburgo, Guyana, Namibia, Mauritania, Botswana, Bután, Omán, Gabón, y no tenemos en cuenta a países isleños, como Malta, Jamaica, Puerto Rico (2) y varios más.
Pero si para seguir el criterio Gelblung tomáramos una superficie menor a la uruguaya para negar condición de país a una entidad territorial cualquiera, la lista es aún más larga: Honduras, Costa Rica, Surinam, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guyana, Luxemburgo, Líbano, Irlanda, Holanda, Bélgica, Portugal, Suiza, Haití, Rwanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Sri Lanka, Nepal, Grecia, Serbia, Túnez, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Macedonia, Croacia, Cuba, Bulgaria, Jordania, Unión Emiratos Árabes, Austria, Sierra Leona, Moldavia, Haití, República Dominicana, Hungría, Georgia, Dinamarca, Burundi, Bangla Desh con sus más de cien millones de habitantes… y varios más que me quedan en el tintero…
Dejamos de lado los miniestados, como Andorra, San Marino, Singapur, Lichtenstein, El Vaticano, Mónaco, etcétera, así como refugios financieros que se han multiplicado en islas por los siete mares…
Con la teoría Gelblung deduzco que tenemos, afortunadamente, un mundo simplificado. Compuesto por imperios o aspirantes a. Y punto.
Notas:
(1) No lo va aceptar, a causa de su proverbial modestia.
(2) En este caso, EE.UU. está de acuerdo, completamente, con Gelblung.
Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2267 / miércoles 16.09.2020
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4) URUGUAY: SEGURIDAD SOCIAL Y MOTOSIERRAS
José Antonio Rocca /Primer quincena, setiembre 2020
Están de moda las propuestas de reformas en la seguridad social. Elevar la edad jubilatoria, reducir derechos laborales, quitarle su esencia y transformarlas en seguros individuales, financiados por los trabajadores.
Los acreedores de deuda pública están nerviosos y sus propuestas se orientan a promover motosierras en todas las direcciones incluyendo la seguridad social. Las calificadoras de riesgo presionan en esa dirección en América latina.
Los argumentos van por el lado de la mayor esperanza promedio de vida y futuros costos financieros para el sector público. Generalmente olvidan los objetivos originales de los sistemas y no analizan consecuencias sobre los mercados laborales y funcionamiento económico.
El desarrollo de los sistemas de seguridad social se vincula con las carencias del capitalismo para satisfacer derechos humanos básicos, de toda la población, como lo son el empleo, acceso a servicios de salud, asistencia ante accidentes laborales, invalidez, vejez.
Si bien es cierta la tendencia al incremento del promedio de edad de vida (1), también es notorio el fuerte aumento de la productividad del trabajo que permitiría reducir tiempos de trabajo aumentando la producción. Es decir no hay razones para que la mayor expectativa de vida se transforme en extensión de años de relaciones laborales.
En lo que se refiere a las proyecciones financieras sobre los gastos futuros del sistema y el costo para el sector público sus fundamentos suelen ser de extraordinaria vaguedad. Valga como ejemplo la siguiente frase de un reciente informe que pretende fundamentar las reformas en el caso uruguayo “algunas estimaciones disponibles sugieren un incremento del gasto en lo que resta del siglo de…” (2).
De todas maneras los eventuales costos para el Estado forman parte de la lógica de los sistemas y de las prioridades sociales.
En sus bases se promovió el aporte tripartito, estatal, patronal y de los trabajadores. En Uruguay se han ido reduciendo aportes patronales sustituidos por tributos al consumo. El argumento fue incrementar el empleo lo cual no se ha verificado.
Mejoras en los niveles de ocupación y salarios, unificación de sistemas e igualdad de aportes de empleadores y trabajadores equilibrarían cuentas públicas sin mayores dificultades, sin necesidad de elevar los períodos laborales ni disminuir prestaciones. Por el contrario.
De todas maneras el gobierno de las motosierras multicolores, aparece dispuesto a aceptar las sugerencias de los acreedores. La ley de urgente consideración habilitó el marco formal para la instrumentación de las reformas y la creación de ámbitos que permitan la participación y anuencia de por lo menos una parte del “progresismo”. La eliminación de las AFAPs, no forma parte de las propuestas pese a que una cuota de la recaudación es apropiada por el sistema financiero y hasta la OIT ha valorado negativamente estas experiencias en los países en que se ha aplicado.
Por otra parte no se vislumbran análisis consistentes sobre las consecuencias productivas del aumento de la edad jubilatoria. En particular es llamativo el silencio sobre los efectos de las reformas sobre los mercados de fuerza de trabajo. Parece notorio que las posibilidades de incorporación de jóvenes se reducirían dramáticamente elevando el desempleo juvenil y el rendimiento laboral esperado para personas de edad avanzado tendería a decaer.
El tema es más grave considerando la muy elevada desocupación actual y el esquema de la conducción económico de reponer solamente una de cada tres vacantes en el sector público reduciendo aún más la demanda de fuerza de trabajo en marcos de contracción de la economía y del consumo interno.
Curiosamente el discurso oficial señala que su prioridad es el empleo. Las medidas de política económica no indican lo mismo.
Gotitas de economía
El INE registró un 10.7% de desocupados en junio 2020. Además dentro del 53.6% que la institución considera ocupados un 10.6% son ausentes de sus ámbitos laborales por diversas causas entre las que se destaca el seguro de paro.
En el mismo informe se revela que 78000 personas clasificadas como inactivos no buscaron trabajo, la semana previa a la encuesta, debido al riesgo de corona virus y 35000 dejaron de buscar por lo infructuoso del esfuerzo. ¿A cuánto asciende la desocupación efectiva?
La información oficial sobre el futuro presupuesto reafirma que los bolsillos de los trabajadores públicos y privados pagarán el costo de la crisis y la restauración de rentabilidades privadas. Los ajustes de salarios lejos de los aumentos de precios. Servicios de salud, educación (3), vivienda, transporte popular, continuarán postergados o en retroceso.
El gobierno argentino presentó al Congreso un proyecto de ley que impone a las personas con una riqueza declarada superior a los 2.5 millones de dólares un tributo especial con un alícuota base de 2%, que se incrementa según la magnitud del patrimonio. Se estima que se afectarían unas 12000 personas con las mayores riquezas.
Continúan incendios intencionales de floresta en Amazonia y en el norte argentino. Las informaciones vinculan los hechos con la extensión de fronteras agrícolas y ganaderas. Todo vale para la rentabilidad privada.
Datos de la Universidad norteamericana Jhon Hopkins sobre decesos atribuidos al Covid 19 en relación a la población en América latina muestran que Perú se encuentra en primer lugar con 83 cada 100.000 habitantes, luego Chile con 56, Brasil 53. Será que el neoliberalismo es perjudicial para la salud. Según la misma fuente los países con menor cantidad de muertes debidas a la pandemia en la región son Cuba y Venezuela con 0.8 por 100.000 habitantes.
Notas:
(1) Un elemento importante sería disponer datos de esperanza de vida por sector social. El probable que en la clase trabajadora no sea tan relevante como el promedio.
(2) Porque y para que reformar la seguridad social en Uruguay. Informe de CINVE firmado por el economista Gonzalo Zunino.
(3) Del 6% del PBI como mínimo ya ni se habla.
José Antonio Rocca /La economía de a pie
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2267 / miércoles 16.09.2020
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5) LA MUERTE DEL PERIODISMO
Los periodistas han allanado el camino de Assange al Gulag de EE.UU.
Por Jonathan Cook | 09/09/2020 | Conocimiento Libre │Fte.: Counterpunch
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Esta semana han comenzado las audiencias en un tribunal británico para dictaminar sobre la extradición de Julian Assange. Las vicisitudes de más de una década que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos deberían horrorizar a todo aquel preocupado por la creciente fragilidad de nuestras libertades.
Un periodista y editor ha sido privado de libertad durante diez años. Según los expertos de Naciones Unidas, Assange ha sido arbitrariamente detenido y torturado la mayor parte de ese tiempo mediante un estricto confinamiento físico y una presión psicológica continuada. La CIA ha pinchado sus comunicaciones y le ha espiado cuando estaba bajo asilo político, en la embajada de Ecuador en Londres, vulnerando sus derechos legales más fundamentales. La jueza que ha supervisado las vistas tiene un grave conflicto de intereses (su familia está muy relacionada con los servicios de seguridad británicos) que no ha declarado y que debería haberla impedido hacerse cargo del caso.
Todo indica que Assange será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio amañado frente a un gran jurado dispuesto a enviarle a una prisión de máxima seguridad para cumplir una sentencia de hasta 175 años de prisión.
Todo esto no está pasando en una dictadura de pacotilla del Tercer Mundo. Está teniendo lugar bajo nuestras narices, en una gran capital occidental y en un Estado que dice proteger los derechos de la prensa libre. Está ocurriendo no en un abrir y cerrar de ojos, sino a cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
La única justificación para este ataque implacable a la libertad de prensa –dejando de lado la sofisticada campaña de ataque que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación sumisos han llevado a cabo contra la personalidad de Assange– es que un hombre de 49 años publicó documentos que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. Esa es la razón –la única razón– por la que Estados Unidos pretende su extradición y por la que Assange ha estado languideciendo en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante la pandemia del covid-19. La solicitud de libertad bajo fianza promovida por sus abogados fue rechazada.
Una cabeza en una pica
Mientras toda la prensa le abandonaba hace una década, y se hacía eco de los comentarios oficiales que lo ridiculizaban por su higiene personal y el tratamiento a su gato, Assange se encuentra actualmente en la situación que predijo en su día que estaría si los gobiernos occidentales se salían con la suya. Está a la espera de su entrega a Estados Unidos para ser encerrado el resto de sus días.
Dos son los objetivos que Estados Unidos y Reino Unido querían lograr mediante la evidente persecución, reclusión y tortura de Assange.
En primer lugar, la inhabilitación del propio Assange y de Wikileks, la organización de transparencia que fundó con otros colaboradores. El uso de Wikileaks tenía que ser demasiado arriesgado para potenciales denunciantes de conciencia. Esa es la razón por la que Chelsea Manning (la soldado estadounidense que filtró los documentos sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán por los que Assange se enfrenta a la extradición) también fue sometida a una rigurosa reclusión. Posteriormente sufrió repetidos castigos en la prisión para forzarla a testificar contra Assange.
El propósito era desacreditar a Wikileaks y organizaciones similares y evitar que publicaran nuevos documentos reveladores, del tipo de los que muestran que los gobiernos occidentales no son los “chicos buenos” que manejan los asuntos del mundo en beneficio de la humanidad, sino matones globales muy militarizados que promueven las mismas políticas coloniales de guerra, destrucción y pillaje que siempre han aplicado.
Y, en segundo lugar, había que sentar ejemplo. Assange tenía que sufrir horriblemente y a la vista de todos para disuadir a otros periodistas de seguir sus pasos. Sería el equivalente moderno de colocar la cabeza del enemigo en una pica a las puertas de la ciudad.
El hecho evidente –confirmado por la cobertura mediática del caso– es que esa estrategia promovida principalmente por EE.UU. y Reino Unido (con Suecia jugando un papel secundario) ha tenido un enorme éxito. La mayor parte de los periodistas de los grandes medios siguen vilipendiando con entusiasmo a Assange, ahora al ignorar su terrible situación.
Una historia oculta a vista de todos
Cuando Assange se apresuró a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en 2012, los periodistas de todos los medios convencionales ridiculizaron su afirmación (ahora claramente justificada) de que intentaba evadir la iniciativa de EE.UU. para extraditarle y encerrarle de por vida. Los medios continuaron con su burla incluso cuando se acumularon pruebas de que un gran jurado se había reunido en secreto para redactar acusaciones de espionaje contra él, y que dicho jurado actuaba desde el distrito oriental de Virginia, sede central de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense. Cualquier jurado de la zona está dominado por el personal de seguridad y sus familiares. No tenía ninguna esperanza de lograr un juicio justo.
Llevamos ocho años soportando que los grandes medios eludan el fondo del caso y se dediquen complacientes a atacar su personalidad, lo que ha allanado el camino para la actual indiferencia del público ante la extradición de Assange y ha permitido la ignorancia general de sus horrendas implicaciones.
Los periodistas mercenarios han aceptado, al pie de la letra, una serie de razonamientos que justifican el encierro indefinido de Assange en interés de la justicia –antes incluso que su extradición– y que se pisotearan sus derechos legales más básicos. El otro lado de la historia –el de Assange, la historia oculta a vista de todos– ha permanecido invariablemente fuera de la cobertura mediática, ya sea de la CNN, o del New York Times, la BBC o el Guardian.
Desde Suecia hasta Clinton
Al principio se dijo que Assange había huido para no responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas en Suecia, a pesar de que fueron las autoridades suecas las que le permitieron salir del país; a pesar de que la fiscal original del caso, Eva Finne, descartara la investigación contra él por “no existir sospecha alguna de cualquier delito”, antes de que otra fiscal tomara el caso por razones políticas apenas ocultas; y a pesar de que Assange posteriormente invitara a la fiscalía sueca a interrogarle en el lugar donde se encontraba (en la embajada), una opción que normalmente no supone ningún problema en otros casos pero fue absolutamente rechazada en este.
No se trata solo de que los grandes medios no proporcionaran a sus lectores el contexto de la versión de Suecia. Ni de que se ignoraran muchos otros factores a favor de Assange, como la prueba falsificada en el caso de una de las dos mujeres que alegaron agresión sexual y la negación por parte de la otra a firmar la acusación de violación que la policía había preparado para ella.
Se mentía burda y repetidamente al decir que se trataba de una “denuncia de violación”, cuando Assange simplemente era requerido para un interrogatorio. Nunca se levantaron cargos de violación contra él porque la segunda fiscal sueca, Marianne Ny –y sus homónimos británicos, entre otros Sir Keir Starmer, entonces fiscal jefe del caso y ahora líder del Partido Laborista– aparentemente intentaban evitar la poca credibilidad de las alegaciones interrogando a Assange. Era mucho mejor para sus propósitos dejar que Julian se pudriera en un pequeño cuarto de la embajada.
Cuando el caso sueco se vino abajo –cuando resultó evidente que la fiscal original tenía razón al concluir que no existía prueba alguna que justificara nuevos interrogatorios, por no decir acusaciones firmes– la clase política y los medios de comunicación cambiaron de táctica.
De repente la reclusión de Assange estaba implícitamente justificada por razones completamente diferentes, razones políticas –porque supuestamente había contribuido a la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump publicando correos electrónicos, presuntamente “hackeados” por Rusia de los servidores del partido Demócrata. El contenido de esos correos, ocultos por los medios en aquel entonces y muy olvidados en la actualidad, desvelaban la corrupción en la campaña de Clinton y las iniciativas llevadas a cabo para sabotear las primarias del partido y debilitar a su rival para la nominación presidencial, Bernie Sanders.
The Guardian fabrica una mentira
A la derecha autoritaria no le ha preocupado mucho el prolongado confinamiento de Assange en la embajada y su posterior encarcelamiento en Belmarsh por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de EE.UU., por tanto la prensa no ha invertido ningún esfuerzo en unirla para la causa. La campaña de demonización contra Assange se ha centrado en temas a los tradicionalmente son más sensibles los liberales y la izquierda, que de otro modo tendrían escrúpulos en tirar por la borda la Primera Enmienda y encerrar a la gente por hacer periodismo.
Al igual que las alegaciones de Suecia, a pesar de que no concluyeran en ninguna investigación, se aprovecharon de lo peor de las impulsivas políticas identitarias de la izquierda, la historia de los correos “hackeados” fue diseñada para distanciar a la base del partido Demócrata. Por extraordinario que parezca, la idea de que Rusia penetró en los ordenadores del partido Demócrata persiste a pesar de que pasados los años –y tras una ardua investigación del “Rusiagate” a cargo de Robert Mueller– todavía no se puede sostener con pruebas reales. De hecho, algunas de las personas más cercanas a la materia, como el antiguo embajador británico Craig Murray, han insistido todo el tiempo en que los correos no fueron hackeados por Rusia, sino filtrados por un miembro desengañado del partido Demócrata desde el interior.
Pero todavía es un argumento de mayor peso el hecho de que una organización de transparencia como Wikileaks no tenía más opción que exponer los abusos del partido Demócrata, una vez que obraron en su poder dichos documentos, fuera cual fuera la fuente.
Una vez más, la razón por la que Assange y Wikileaks acabaron mezclados con el fiasco del Rusiagate –que desgastó la energía de los simpatizantes demócratas en una campaña contra Trump que lejos de debilitarle le fortaleció– es la cobertura crédula que realizaron prácticamente todos los grandes medios del caso. Periódicos liberales como el Guardian fueron aún más lejos y fabricaron descaradamente una historia –en la que falsamente informaban de que el asistente de Trump, Paul Manafort, y unos “rusos” sin nombre visitaron en secreto a Assange en la embajada– sin que ello les trajera repercusiones ni llegaran a retractarse en ningún momento.
Se ignora la tortura de Assange
Todo ha posibilitado lo ocurrido posteriormente. Una vez que el caso de la fiscalía sueca se desvaneció y no existían motivos razonables para impedir que Assange saliera en libertad de la embajada, los medios de comunicación decidieron en comandita que el quebrantamiento técnico de la libertad vigilada era motivo suficiente para su reclusión continuada en la embajada o, mejor aún, para su detención y encarcelamiento. Dicho quebrantamiento se basada, desde luego, en la decisión de Assange de buscar asilo en la embajada motivada por el justificada creencia en que Estados Unidos planeaba pedir su extradición y encarcelamiento.
Ninguno de estos periodistas bien pagados pareció recordar que, según el derecho británico, está permitido no cumplir las condiciones de la fianza si existe una “causa razonable”, y huir de la persecución política entra evidentemente dentro de las causas razonables.
Los medios de comunicación también ignoraron deliberadamente las conclusiones del informe de Nils Melzer, académico suizo de derecho internacional y experto de Naciones Unidas en la tortura, según las cuales Reino Unido, EE.UU. y Suecia no solo habían negado a Assange sus derechos legales básicos sino que se habían confabulado para someterle a años de tortura psicológica –una forma de tortura, según señalaba Melzer, perfeccionada por los nazis por ser más cruel y más efectiva que la tortura física.
Como resultado, Assange ha sufrido un importante deterioro en su salud física y cognitiva y ha perdido mucho peso. Nada de ello ha merecido más allá de una simple mención por parte de los grandes medios –especialmente cuando su mala salud le ha impedido asistir a alguna audiencia. Las repetidas advertencias de Melzer sobre el maltrato a Assange y sus efectos han caído en oídos sordos. Los medios de comunicación simplemente han ignorado las conclusiones de Melzer, como si nunca hubieran sido publicadas, en el sentido de que Assange ha sido, y está siendo, torturado. Solo tenemos que detenernos a pensar la cobertura que habría recibido el informe de Melzer si hubiera sido motivado por el tratamiento a un disidente de un Estado oficialmente enemigo como Rusia o China.
La sumisión de los medios de comunicación ante el poder
El año pasado la policía británica –en coordinación con un Ecuador presidido por Lenin Moreno, ansioso por estrechar sus lazos con Washington– irrumpió en la embajada para sacar a la fuerza a Assange y encerrarle en la prisión de Belmarsh. Los periodistas volvieron a mirar hacia otro lado en la cobertura de este suceso.
Llevaban cinco años manifestando la necesidad de “creer a las mujeres” en el caso de Assange, aunque eso supusiera ignorar las evidencias, y luego proclamando la santidad de las condiciones de la fianza, aunque se usaran como un simple pretexto para la persecución política. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. De repente, los nueve años de reclusión de Assange basados en la investigación de una agresión sexual inexistente y una infracción menor de la fianza fueron sustituidos por la acusación por un caso de espionaje. Y la prensa volvió a unirse contra él.
Hace unos pocos años la idea de que Assange pudiera ser extraditado a EE.UU. y encerrado de por vida, al considerar “espionaje” su práctica del periodismo, era objeto de mofa por su inverosimilitud. Era algo tan ofensivamente ilegal que ningún periodista “establecido” podía admitir que fuera la verdadera razón para su solicitud de asilo en la embajada. La idea fue ridiculizada como un producto de la imaginación paranoide de Assange y sus seguidores y una excusa fabricada para rehuir la investigación de la fiscalía sueca.
Pero cuando la policía británica invadió la embajada en abril del pasado año y le detuvo para facilitar su extradición a Estados Unidos, precisamente acusándole de espionaje, lo que confirmaba las sospechas de Assange, los periodistas informaron de ello como si desconocieran el trasfondo de la historia. Los medios olvidaron deliberadamente el contexto porque les habría obligado a aceptar que son unos ingenuos ante la propaganda estadounidense, unos apologistas del excepcionalismo de Estados Unidos y de su ilegalidad, y porque habría demostrado que Assange, una vez más, tenía razón. Habría demostrado que él es el verdadero periodista, y no ellos y su periodismo corporativo apaciguado, complaciente y sumiso.
La muerte del periodismo
En estos momentos todos los periodistas del mundo deberían rebelarse y protestar ante los abusos que ha sufrido y está sufriendo Assange, un fatídico destino que se prolongará si se aprueba su extradición. Deberían estar publicando en las primeras páginas y manifestando en los programas informativos de televisión su protesta por los abusos interminables y descarados del proceso contra Assange en los tribunales británicos, entre otros el flagrante conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que supervisa el caso.
Deberían armar un escándalo por la vigilancia ilegal de la CIA a la que fue sometido Assange mientras se hallaba recluido en las instalaciones de la embajada ecuatoriana, e invalidar la falsa acusación contra él por haber violado las relaciones entre abogado y cliente. Deberían mostrarse indignados ante las maniobras de Washington, a las que los tribunales británicos aplicaron una fina capa del barniz del procedimiento reglamentario, diseñado para extraditarle bajo la acusación de espionaje por realizar un trabajo que está en el mismo núcleo de lo que se supone es el periodismo: pedir cuentas al poder.
Los periodistas no tienen por qué preocuparse por Assange ni este tiene por qué caerles bien. Tienen que manifestar su protesta porque la aprobación de su extradición marcará la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista del mundo que desentierre verdades embarazosas sobre Estados Unidos, que descubra sus secretos más oscuros, tendrá que guardar silencio o se arriesgará a pudrirse en una cárcel el resto de su vida.
Esa perspectiva debería horrorizar a cualquier periodista. Pero no ha ocurrido así.
Carreras y estatus, no la verdad
Claro está que la inmensa mayoría de periodistas occidentales no llegan a desvelar un secreto importante de los centros de poder en toda su carrera profesional, ni siquiera aquellos que aparentemente se dedican a monitorizar esos centros de poder. Dichos periodistas reescriben los comunicados de prensa y los informes de los grupos de presión, sonsacan a fuentes internas del gobierno que los utilizan para llegar a las grandes audiencias y transmiten los chismes y maledicencias de los pasillos del poder.
Esa es la realidad del 99 por ciento de lo que llamamos periodismo político.
No obstante, el abandono de Assange por parte de los periodistas –la completa falta de solidaridad ante la persecución flagrante de uno de ellos, similar a la de los disidentes que tiempo atrás eran enviados a un gulag– debería deprimirnos. No significa solo que los periodistas han abandonado la pretensión de hacer auténtico periodismo, sino también que han renunciado a la aspiración de que cualquier otro lo haga.
Significa que los periodistas de los grandes medios, los medios corporativos, están dispuestos a ser considerados por sus audiencias con mayor desdén de lo que ya lo son. Porque, a través de su complicidad y su silencio, se han puesto del lado de los gobiernos para que cualquiera que pida cuentas al poder, como Assange, termine entre rejas. Su propia libertad les encasilla como una élite cautiva; la prueba irrefutable de que sirven al poder es que no lo confrontan.
La única conclusión posible es que a los periodistas de los grandes medios les importa menos la verdad que su carrera profesional, su salario, su estatus y su acceso a los ricos y poderosos. Como Ed Herman y Noam Chomsky explicaron hace tiempo en su libro Los guardianes de la libertad, los periodistas alcanzan la clase media tras un largo proceso diseñado para deshacerse de aquellos que no están claramente en sintonía con los intereses ideológicos de sus editores.
Una ofrenda sacrificial
En resumen, Assange desafió a todos los periodistas al renunciar a su “acceso” (a dios) y a su modus operandi: revelar destellos ocasionales de verdades muy parciales obtenidas de sus fuentes “amigables” (e invariablemente anónimas) que utilizan los medios de comunicación para marcar puntos a sus rivales de los centros de poder.
En vez de eso, a través de denunciantes de conciencia, Assange desenterró la verdad cruda, sin adornos, plena, cuya exposición a la luz pública no ayudaba a ningún poderoso, solo a nosotros, al público, cuando tratábamos de entender lo que se estaba haciendo y se había hecho en nuestro nombre. Por primera vez pudimos ser testigos del comportamiento peligroso y a menudo criminal de nuestros dirigentes.
Assange no solo puso en evidencia a la clase política, también a los medios de comunicación, por su debilidad, su hipocresía, su dependencia de poder, su incapacidad para criticar el sistema corporativo en el que están inmersos.
Pocos de ellos pueden perdonarle ese delito. Y esa es la razón por la que estarán ahí, alentando su extradición, aunque solo sea mediante su silencio. Unos pocos escritores liberales esperarán hasta que sea demasiado tarde para Assange, hasta que haya sido empaquetado para su entrega, y expresarán en columnas dolientes, con poco entusiasmo y de forma evasiva, que por muy desagradable que se supone que sea Assange no se merecía el tratamiento que Estados Unidos le había reservado.
Pero eso será demasiado poco y demasiado tarde. Assange necesitaba hace tiempo la solidaridad de los periodistas y de las asociaciones de prensa, así como la denuncia a pleno pulmón de sus opresores. Él y Wikileaks estaban a la vanguardia de un combate para reformular el periodismo, para reconstruirlo como el verdadero control del poder desbocado de nuestros gobiernos. Los periodistas tenían la oportunidad de unirse a él en esa lucha. En vez de eso huyeron del campo de batalla, dejándole como una oferta sacrificial ante sus amos corporativos.
Más información sobre la persecución a Assange (vídeo en inglés): The War on Journalism: The Case of Julian Assange (38’)
Fuente: www.counterpunch.org/2020/09/04/journalists-have-paved-assanges-path-to-a-us-gulag/
Jonathan Cook /Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo /Enviado por Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2267 / miércoles 16.09.2020
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