1) Más uruguayos para las misiones de paz de la ONU –
2) Constitucionalistas discreparon sobre efectos de la ley de medios. –
3) El FMI sugiere apelar a suba del dólar para impulsar exportación –
4) El gobierno habilitó a una empresa argentino-uruguaya y a otra de capitales británicos y locales a producir marihuana –
5) La educación en Uruguay: como bobeando –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2040 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 2 de Octubre de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Más uruguayos para las misiones de paz de la ONU
(Caras y Caretas)
Durante una cumbre con los principales líderes del orbe el presidente Tabaré Vázquez se comprometió en que Uruguay aportará 250 uniformados más a las misiones de paz de la ONU.
El presidente Taberé Vázquez anunció en la Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que se desarrolló en Nueva York, “compromisos adicionales” del país como parte de un acuerdo de aumentar el número de efectivos en las misiones de pacificación de la ONU. En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se expone que dichos compromisos se traducirán en “personal especializado, oficiales, observadores y equipos de diversa naturaleza entre los que se destacan las unidades potabilizadoras de agua”.
Según lo dicho por Vázquez en la reunión de alto nivel, donde se codeó con los líderes de parte de las principales potencias del orbe, serían 250 hombres que se desplegarían en otras misiones, como parte de una compañía reforzada. Esa cifra se sumaría a los mil 463 soldados, incluyendo policías y expertos militares, que mantiene Uruguay en las fuerzas de paz de la ONU.
Ante sus pares de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Pakistán y la India, el mandatario uruguayo “abogó por reconocer que dichas operaciones de mantenimiento de la paz precisan de capacidades superiores a las existentes y que debe concebirse a las mismas como una respuesta multidimensional, comprensiva e integrada; generadora de capacidades en los países afectados por los conflictos”, señala el comunicado de la cancillería.
En la reunión, convocada por Barack Obama, los más de 50 países asistentes se comprometieron a aumentar en 30 mil efectivos las fuerzas de las misiones de paz de la ONU. Uno de los que más aportará será China, con 8 mil uniformados, los cuales, según el presidente de esa nación, Xi Jinping, estarán disponibles para desplegarse en las misiones de paz de la ONU. El gigante asiático, además, entrenaría a 2 mil “cascos azules” de otros países en los próximos cinco años.
Por la región Colombia aseguró, por vez primera, que contribuirá con 5 mil efectivos en un período de tres años. Chile, México, El Salvador y Brasil también ofrecieron fuerzas. Al anunciar el compromiso colectivo, Obama explicó que las operaciones de paz se encuentran actualmente bajo una presión sin precedentes, en entornos cada vez más inhóspitos, volátiles y peligrosos.
“Persisten los antiguos desafíos. Muy pocos países llevan un peso desproporcionado a la hora de contribuir tropas, lo cual es insostenible. Además, estamos viendo nuevos retos, más conflictos armados, más inestabilidad provocada por el terrorismo y el extremismo violento y más refugiados”, dijo, citado por el Centro de Noticias de la ONU.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2015
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2) Constitucionalistas discreparon sobre efectos de la ley de medios.
(La Diaria)
A casi diez meses de la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) aún sigue habiendo controversias. La Ley Nº 19.307, que todavía está sin reglamentación, a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, fue otra vez centro de discusión ayer de tarde, en el marco del ciclo “A 30 años, más democracia”, organizado por la Presidencia de la Cámara de Representantes y la Fundación de la Cultura Universitaria. Todos los juristas disertantes se mostraron de acuerdo en que es necesario fortalecer la democracia y la libertad de expresión, pero discreparon respecto de los alcances que debe tener la regulación sobre los medios de comunicación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, fue quien inauguró la jornada; dijo que es imprescindible gestionar las diferencias de opinión entre el ámbito político, académico y la sociedad civil en torno al derecho a la información, a la libertad de expresión, a la diversidad de voces, para así velar por más y mejor democracia. En ese sentido, afirmó que “hay que perder el miedo a cuestionar lo que hemos construido”, pero también hay que “regular para garantizar los derechos de todos”: “Si el Estado no regula, regula el mercado”, y generalmente sus intereses no están relacionados con los derechos, señaló.
El consejero regional de Comunicación e Información de la UNESCO, Guilherme Canela, fue el segundo en hablar. Enmarcó el caso de Uruguay en el de América Latina; dijo que “es bastante particular” el tratamiento que se le ha dado al control de los medios -y de otros temas que contribuyen a la libertad de expresión, como el acceso a la información pública- después de los regímenes autoritarios: “Se reformó el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, pero en muchos países aún no se ha reformado la regulación del sistema de medios”. Canela aseguró que eso genera impactos “muchas veces negativos” en la calidad de la democracia; “la idea de que la mejor regulación de los medios es la que no existe no tiene ninguna relación con lo que piden los estándares internacionales”, indicó. Respecto de la ley uruguaya, el consejero aplaudió la iniciativa del gobierno de “incluir a todos los actores relevantes en el debate”. Señaló que el interés de la UNESCO en el proceso de regulación e implementación de la ley “es la importancia de contar con un debate amplio”, porque a pesar de que hay estándares internacionales “claros” en la materia, sostuvo que “al final del día, cómo regular es una decisión soberana”.
Desde la academia, el constitucionalista José Korzeniak aseguró que la ley es “excelente”, y que el “único pecado” es su “excesiva extensión”, en referencia a los 202 artículos que tiene. Korzeniak consideró que en Uruguay se instaló la “costumbre, una euforia” de plantear el recurso de inconstitucionalidad; “en relación a sus habitantes, es el país que más tiene”, aseguró. En ese sentido afirmó que la ley “es muy respetuosa” y no viola de ninguna forma la libertad de expresión. Según dijo, para evitar los recursos mal empleados de inconstitucionalidad, Uruguay necesita una “profundización” académica en “libertad de expresión e inconstitucionalidad, sobre todo para aquellos que quieren seguir la carrera judicial”. Finalizó asegurando que en todos los países “donde se dictó una ley profunda, los grandes medios siempre protestaron”.
Por otro lado, el abogado Carlos Delpiazzo aseguró que es “preocupante” el cambio de paradigma del encare jurídico de los medios. “No sólo se imponen prohibiciones, limitaciones, restricciones y una marcada desigualdad entre el sector público y el privado de quienes operan en materia de SCA, sino que se le adiciona el peso de un diseño institucional que me parece desmedido”, sostuvo. Siguiendo esa línea, dijo que para fortalecer realmente la democracia, la comunicación debe ser “totalmente libre”.
Por último habló el abogado Daniel Ochs, quien valoró que en esta ley “no se crean cosas nuevas” sino que se cristaliza el “desarrollo de principios de rango internacional de los derechos humanos, constitucionales, etcétera”. Sin embargo, aseguró que se soslayaron algunos aspectos clave para mejorar la calidad del debate público, por ejemplo, la regulación de la publicidad oficial.
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3) Como antes
El FMI sugiere apelar a suba del dólar para impulsar exportación
(El Observador)
La depreciación de la moneda podría ser una herramienta para amortiguar la caída de ingresos que sufren los países exportadores de commodities como Uruguay, sugiere una publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), titulada «Hacia dónde se dirigen los países exportadores de materias primas? Crecimiento del producto tras el auge de las materias primas?
Según el estudio, «las débiles perspectivas de los precios de las materias primas podrían restar casi 1 punto porcentual anual a la tasa de crecimiento de los países exportadores de materias primas en el período 2015–17, en comparación con el período 2012–14». En ese contexto, el trabajo de los técnicos del organismos multilateral plantean que la «flexibilidad del tipo de cambio pueda ayudar a atenuar el impacto del descenso de precios de las materias primas».
Asimismo, reconocen que la «disminución de los ingresos fiscales provenientes de las materias primas y el menor crecimiento potencial limitan el margen disponible para contrarrestar la desaceleración con la política fiscal».
Las exportaciones de bienes de Uruguay sumaron US$ 6.238 millones en el acumulado anual hasta agosto, lo que implica una caída interanual del 12,9%, según datos de Uruguay XXI.
En dicho período, las colocaciones de soja –principal bien exportado– mostraron un descenso en dólares corrientes del 34%, al igual que el arroz (-27%), madera (-28%) y malta (-29%). El Índice de Precios de Commodities Relevantes de El Observador (IPCR-EO) –que recoge los valores más relevantes para las materias primas uruguayas– cayó 16,2% en agosto, el mayor descenso mensual en dos años.
La Unión de Exportadores (UEU) ha cuestionado públicamente en las últimas semanas la política del Banco Central (BCU) de realizar fuertes intervenciones en el mercado cambiario para «frenar» la valorización del dólar en la plaza financiera uruguaya. «De alguna manera u otra, los países emergentes están devaluando sus monedas para tratar de equilibrar mejor sus cuentas y tratar de exportar más. El Banco Central sale a vender dólares para que la moneda no haga el recorrido normal que está haciendo el resto del mundo», cuestionó Álvaro Queijo, titular de la UE en declaraciones a El País.
Las autoridades del equipo económico han dejado en claro, hasta el momento, que hoy la prioridad es evitar que la inflación supere los dos dígitos. El ministro de Economía, Danilo Astori, reconoció en una reciente entrevista con Claves Políticas de Nuevo Siglo TV que si se confirmaba una desaceleración en la presiones inflaciones, el gobierno podría estar en condiciones de poner «más acento» en la apreciación del dólar. Además, los jerarcas del gobierno han machacado sobre el hecho de que la competitividad no puede medirse únicamente por la evolución del tipo de cambio.
Sin embargo, para los técnicos del FMI «son escasos los indicios de una desvinculación entre los tipos de cambio y el comercio. Los recientes movimientos de los tipos de cambio implican una considerable redistribución de las exportaciones en las distintas economías. Los tipos de cambio aún pueden ayudar a reducir los desequilibrios comerciales», sugiere. Según el FMI, las economías exportadoras de materias primas «se encuentran en una coyuntura difícil». Los precios mundiales de las mismas «han disminuido marcadamente en los últimos tres años, y el crecimiento del producto se ha desacelerado considerablemente entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo exportadoras de materias primas».
Según los expertos del Fondo Monetario «una depreciación efectiva real de 10% en la moneda de una economía eleva las exportaciones reales netas, en promedio, 1,5% del PIB, con importantes variaciones entre los países en torno a este promedio».
Medidas por Brasil
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, comentó ayer a la salida del Consejo de Ministros que el gobierno está analizando la evolución del tipo de cambio en Brasil y los impactos en la relación comercial con Uruguay. El jerarca dijo que «la situación se analiza y se estudian medidas posibles y efectivas», que se divulgarán en los próximos días. Recordó que esta situación afectó las exportaciones en monto y volumen y a los comercios de frontera por la depreciación de 50% del real. «Nuestro tipo de cambio no puede seguir esos pasos porque la realidad de Uruguay no es la misma, no puede seguir un correlato exacto», argumentó.
En tanto, en declaraciones a la prensa, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, aventuró que lo peor del vecino del norte ya quedó atrás. «Lo que venga de Brasil de aquí en más no va a generar tanto ruido como ya se generó con la pérdida del grado inversor», consideró. En este contexto, la Confederación Empresarial del Uruguay –que representa a más de 8.000 micro, pequeñas y medianas empresas del interior del país–, divulgó ayer un comunicado expresando su preocupación por la brecha de precios con los comercios de la frontera con Brasil. «Vemos con preocupación la viabilidad de nuestras empresas ante la difícil situación que se está viviendo en ambas fronteras debido a las diferencias cambiarias. No podemos ser competitivos cuando la diferencia ya supera más del 30% y se profundiza día a día», advirtió la gremial.
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4) El gobierno habilitó a una empresa argentino-uruguaya y a otra de capitales británicos y locales a producir marihuana.
Ricardo Scagliola (La Diaria)
“Denle para adelante”. Así respondió el presidente Tabaré Vázquez, ayer de mañana, cuando se le consultó sobre si se postergaría el anuncio acerca de la adjudicación de las licencias para la producción de marihuana. Fue casi al final de una reunión que mantuvo con el prosecretario, Juan Andrés Roballo, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, y el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Augusto Vitale. La noticia la terminó dando el propio Roballo, que en una conferencia de prensa realizada al caer la tarde habló de “un paso fundamental” en la que -dijo- es “una política de Estado” iniciada por la anterior administración. En sí, la revelación de los adjudicatarios viene a coronar un proceso invisible de articulación entre la JND, el Ircca, la Secretaría Nacional Antilavado y nueve ministerios.
Las empresas seleccionadas para terminar con el paradigma prohibicionista son Simbiosys, conformada por capitales argentinos y uruguayos, e ICCorp, una compañía de capitales uruguayos y británicos. Sus titulares son uruguayos. El de Simbiosys es el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de la consultora Blasina y Asociados, columnista de agro en el diario El Observador y director ejecutivo de Farms Uy, una empresa que asesora a inversores extranjeros en el país. En el caso de ICCorp se trata de Luis Costa, aunque más tranquilidad le trajo al gobierno saber que la empresa adjudicataria está vinculada con Juan Sartori, un empresario educado en Harvard que dirige el grupo uruguayo Union Agriculture Group. Esta corporación adquirió el año pasado el establecimiento El Tejar, hasta entonces en manos de un grupo argentino. La operación tuvo un alcance insólito para un país como Uruguay: 200 millones de dólares en juego para la incorporación, de un saque, de 67.000 hectáreas en las zonas centro y litoral, las más fértiles del país.
Ahora, las dos empresas seleccionadas deberán hacer una inversión de entre 600.000 y 800.000 dólares cada una y producir hasta dos toneladas por año. Según el entendimiento alcanzado entre las autoridades del Ircca y del Ministerio de Economía y Finanzas, la marihuana se venderá a poco más de un dólar por gramo, para asegurar el acceso. Una de las otras 20 postulantes, explicaron a la diaria fuentes vinculadas al llamado, fue observada por la Secretaría Antilavado porque la procedencia del dinero era “dudosa”. Otras dos, con sede en el estado de Colorado, Estados Unidos, quedaron por el camino por “cuestiones de forma”, sobre todo relacionadas con la traducción de la documentación requerida.
De acuerdo a los plazos estipulados por el Poder Ejecutivo, en poco más de ocho meses la marihuana podría llegar a las farmacias. “Después de 100 años de prohibicionismo, nos podemos dar unos meses más para que el nuevo sistema sea confiable y tenga las máximas garantías de funcionamiento, aunque el éxito del sistema va en la confianza de los usuarios”, dijo a la diaria Romani, en relación con el cumplimiento del cronograma para la venta de marihuana. Unas 120 farmacias ya manifestaron su voluntad de vender el producto, según confirmaron a la diaria fuentes del Centro de Farmacias del Uruguay y el Ejecutivo.
La puesta en marcha del nuevo sistema engrosará las arcas del gobierno. Si se aprueba sin cambios el proyecto de Presupuesto ahora a consideración del Parlamento, el Ircca recibirá una partida anual de 15 millones de pesos. El uso de las licencias, los análisis químicos obligatorios y las multas superarán la mitad de ese monto, según prevé el gobierno de acuerdo a la proyección más conservadora.
El plazo de ocho meses para la venta en farmacias obedece a cuestiones administrativas y al ciclo biológico de las plantas. El predio donde se cultivará, un terreno de varias hectáreas ubicado en la región oeste de Montevideo, muy cerca del Penal de Libertad, “está pronto” para producir, sostuvo el prosecretario. El lugar -elegido porque cuenta con “una mayor respuesta en términos de seguridad”- ya fue acondicionado y cuenta con acceso a luz eléctrica y agua potable, además de un cerco perimetral y casetas de vigilancia para personal de seguridad. El llamado incluye el control permanente de ingreso y egreso de personas y vehículos. Las empresas adjudicatarias deberán construir allí varios invernáculos para el cultivo, además de otras instalaciones contempladas en el llamado. En sus propuestas, los adjudicatarios contemplan la puesta en marcha de un plan de seguridad interno en el predio, con personas contratadas. Pero el gobierno no sólo tiene pronto el predio cercano a Libertad. En este tiempo de trabajo silencioso, el Ejecutivo se volcó al armado de las campañas educativas y los mecanismos de fiscalización. Se trata, según dijo Roballo a la diaria, de “desatanizar” y “volcar toda la información” sobre el tema.
El primer anuncio sobre la regulación del cannabis tuvo lugar en junio de 2012, cuando en una conferencia de prensa convocada originalmente para anunciar una nueva estrategia de seguridad, Eleuterio Fernández Huidobro presentó la propuesta. “La prohibición de ciertas drogas le está generando al país más problemas que la droga misma”, dijo en aquella oportunidad el ministro de Defensa Nacional. En realidad, había sido el propio Fernández Huidobro quien, en una de las reuniones del Gabinete de Seguridad, lanzó la primera piedra. Varios de los asistentes reaccionaron con asombro ante aquella propuesta, e incluso solicitaron al ministro que la llevara por escrito. A la siguiente reunión Fernández Huidobro acudió con un recorte de prensa. Era un viejo artículo del órgano de prensa del Movimiento de Liberación Nacional, Mate Amargo, donde reflexionaba sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, iniciada por el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971. “Ésta es la propuesta”, dijo. Se concretó tres años y 101 días después. Florece el año que viene.
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5) La educación en Uruguay: como bobeando
Andrés Dean (Razones y Personas)
Una de las cosas que caracterizó al año 2014 fue la presencia de una campaña electoral en donde, a diferencia de lo sucedido en períodos anteriores, la educación y su eventual reforma se constituyó en uno de los temas centrales.
En el marco de esa discusión volvió a insistirse sobre la idea de aumentar el financiamiento público de la educación privada. La idea sería pasar a un sistema de vouchers. La misma fue defendida por algunos de los candidatos de la oposición y también por el propio Tabaré Vázquez (aunque nuestro acutual presidente se desdijo posteriormente en el marco de la campaña electoral).
Bajo este sistema, en vez de destinar más recursos a la educación pública, a los hogares uruguayos con niños en edad escolar o liceal, el estado les entregaría un vaucher con el que podrían pagar toda o parte de la cuota de un colegio privado.
Esta propuesta, que ha partido de sectores conservadores en Uruguay y otros países, parte de la idea que el sistema educativo público ha fracasado. Los malos resultados no se originarían en un presupuesto insuficiente ni el contexto socioeconómico de los estudiantes. El problema radicaría en que la estabilidad laboral y el poder de los sindicatos docentes favorecerían la permanencia en el cargo de malos docentes. A la vez que no generaría incentivos a esforzarse a los docentes que son potencialmente buenos. En este contexto la única solución para la sociedad, particularmente para aquellos menos favorecidos, sería irse de las escuelas públicas hacia escuelas de gestión privada con financiamiento público.
Sin embargo, una versión modificada del sistema de vouchers, también ha sido defendida desde puntos de vista de izquierda, como un instrumento que permitiría seguir objetivos igualitaristas (Bowles y Gintis 1998).
En la variante de Bowles y Gintis, las escuelas (tanto públicas como privadas) se financiarían exclusivamente mediante los vouchers. En este caso las escuelas no podrían cobrarles a los padres una sobrecuota por encima del voucher. El efecto práctico sería que las escuelas recibirían un presupuesto proporcional a la cantidad de estudiantes inscriptos. Al igual que en todos los sistemas de vouchers, una de las características del mismo es que los padres podrían elegir a que escuela o liceo van sus hijos.
El efecto buscado a través de esta libertad de elección, es que quienes dirigen los centros educativos tendrían un mayor incentivo a incorporar las preferencias de los padres sobre la educación de sus hijos. Ya que de este modo atraerían más estudiantes y tendrían un presupuesto mayor. Este sistema se podría combinar con la implementación de incentivos para que las escuelas tengan una composición estudiantil diversa. El estado podrían hacer valer más los vouchers si entre los estudiantes del centro educativo se mezclan personas de diferentes razas, poder adquisitivo, etc. Evitando de este modo la generación de problemas de segregación.
Más allá de en que versión de sistemas de vouchers se esté pensando, no es para nada claro que con los mismos se consiga mejores resultados educativos que con el sistema de educación pública o que la libre elección de escuela lleve a que se den mejores resultados.
Cualquier iniciativa de reforma del sistema educativo es muy probable que se enfrente con importantes dificultades. Sin embargo, los últimos acontecimientos en el marco de la discusión presupuestal en Uruguay y su creciente conflictividad, llevan a especular con un escenario futuro bloqueado. Donde no se llegue a algún tipo de acuerdo entre gobierno y sindicatos y donde tampoco ninguna de las partes logre hacer prevalecer sus puntos de vista. En este escenario el resultado sería que la educación pública uruguaya siga más o menos como hasta ahora.
En este contexto, no sería de extrañar que vuelva a cobrar fuerza la tentación de jopearse al sistema de educación pública. Si bien, la educación de gestión privada con financiamiento público no formó parte del programa electoral del Frente Amplio, hay que recordar que su gobierno si promovió su expansión. Durante el anterior gobierno del FA se incrementó al doble el tope de exoneraciones fiscales a las empresas que hagan donaciones a instituciones educativas de gestión privada. Se trata de un mecanismo introducido en el primer gobierno del FA mediante el que las empresas reducen su carga fiscal mediante donaciones.
Evaluando los diferentes sistemas de financiamiento público de escuelas de gestión privada, la opción que ha implementado el gobierno del Frente Amplio, es probablemente la peor. Al menos en los sistemas de vouchers, todos los hogares con niños puede decidir a qué instituciones van los fondos públicos. Y esa decisión es además democrática, en el sentido de que todos estos hogares tienen el mismo poder de decisión (todos tienen un solo voucher por niño). En cambio mediante la exoneración de impuestos a las empresas que hacen donaciones, ese poder de decisión está concentrado en los hogares de mayores ingresos. Aquellos hogares que poseen las empresas que están en condiciones de utilizar estos mecanismos de exoneración impositiva. Solo ellos pueden decidir a dónde van los recursos públicos del estado uruguayo.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2015
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