1) Jueza Mota criticó fallo de la SCJ por causa Julio Castro –
2) Udelar tomará postura sobre el TISA –
3) Kreimerman: TISA va contra las clases trabajadoras –
4) Denuncian que argentino compró radios y violó la ley de medios –
5) Tribunal impide a Claro entrar en el negocio de la fibra óptica –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2020 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de Mayo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Jueza Mota criticó fallo de la SCJ por causa Julio Castro y dijo que Zabala sabía que cumplía una “orden ilegítima”
Azul Cordo (La Diaria)
La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) interpela: “Tenés derecho a que te chupe un huevo” lo que ocurrió en el pasado. ¿Ocurrió en el pasado? ¿Sigue pasando?
Referentes de la cultura y la academia uruguaya, entre los que se encuentran Alejandro Balbis, Mariana Percovich, Gabriel Calderón, Rafael Cotelo y el ex rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, convocan a la 20ª Marcha del Silencio mediante un spot de la FEUU y reflexionan sobre la importancia de pensar que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado, aunque advierten: “De la verdad no hay retorno”.
Además, exhortan a “no construir la historia desde el olvido” y explican por qué la movilización de los 20 de mayo se sigue haciendo en silencio: “Podríamos juntarnos a gritar, pero no alcanzan las palabras”.
Lo mucho que falta
El video fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), antes del comienzo de un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.
“La tragedia no es sólo morir sin saber la verdad”, dice otro tramo del reclame; también podría ser que el Poder Judicial no haya hecho “el menor esfuerzo para abrir los caminos” hacia la verdad y la justicia, sostuvo Zaffaroni, ante decenas de estudiantes que colmaron el salón 5 de la FIC.
La militante destacó que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nacional, en marzo de 2005, hubo un “cambio sustancial” respecto de la actitud para buscar justicia, pero “lamentablemente se fue a menos”. “Pensamos que iba a haber una resolución profunda y abarcativa del Estado. Se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.
En estos años, “los familiares se fueron haciendo un poco investigadores y abogados”, agregó. Ante esto, Mota sostuvo que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos”, además de la creación de una unidad especializada.
La magistrada, que en 2013 fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la órbita penal a la civil, consideró que desde el Estado “se debe brindar asistencia jurídica a las víctimas” y señaló que los magistrados necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, además de “aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.
Consultados sobre las expectativas que genera la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado por el presidente Tabaré Vázquez días antes de asumir su mandato, desde Familiares, que cuenta con un representante en ese ámbito, aclararon que se trata de un espacio que “está en formación” y que su decreto reglamentario “todavía no está firmado”.
También sostuvieron, por otra parte, que es “una amenaza a la democracia” que las Fuerzas Armadas “no hayan aceptado sus delitos” cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), y criticaron el reciente fallo de la SCJ que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, “dando lugar al argumento de la obediencia debida”.
Al respecto, la jueza Mota afirmó: “No es cierto cuando un militar dice que no sabía” qué pasaba en las unidades militares. En este caso específico “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión”. “No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, continuó.
Emitir una sentencia así, según su punto de vista, “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” judiciales, y concluyó enfatizando que “esto es un tema de todo el Estado”, en referencia a que “se destrabe” la impunidad.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE MAYO DE 2015
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2) Udelar tomará postura sobre el TISA; actores del cogobierno se mostraron “preocupados” sobre formas y contenidos de la discusión.
(La Diaria)
Una comisión de la Universidad de la República (Udelar) integrada por representantes de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados de las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Administración, y también por representantes de los funcionarios no docentes, estudiará las implicancias de que Uruguay firme el Acuerdo de Liberalización de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). En la sesión de anoche el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar consideró el tema a partir de un documento que el rector Roberto Markarian encomendó al docente grado 5 del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Lincoln Bizzozero.
El documento recuerda que el TISA surgió como consecuencia de una negociación fallida en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Ronda de Doha, que tenía como objetivo “liberalizar” el comercio de bienes y servicios. Según Bizzozero, las negociaciones se trancaron porque muchos países desarrollados no estuvieron en condiciones de flexibilizar posiciones en materia agrícola y de servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual. El docente analiza que como consecuencia del desarrollo de economías como la china, varios países y especialmente Estados Unidos insistieron en liberalizar varios mercados, por fuera de lo que se podía acordar en la OMC. “Como China y los emergentes están erosionando la posición de los países desarrollados, las iniciativas de EEUU buscan limitar su expansión definiendo espacios y reglas de comercio como en las negociaciones trans-Pacífico y trans-Atlántico con la Unión Europea”, señala el documento.
Bizzozero destaca especialmente que ningún país del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fue incluido hasta el momento en las negociaciones del TISA. Además, advierte que las negociaciones se están realizando en un marco de “confidencialidad y secretismo”, que impiden que el contenido del acuerdo sea público hasta cinco años después de la firma. El docente señala que el hecho de que los países firmantes deban explicitar los rubros que pretender excluir del acuerdo hace que la capacidad del Estado de concebir como bien público áreas como la salud y la educación se vea limitada.
Interés público
Con respecto a la educación, de no ser excluida del acuerdo, Bizzozero plantea que se verían afectadas “la transparencia en la información, la cobertura y el alcance de lo que se negocia y las posteriores limitaciones de las políticas públicas, la autonomía de las universidades, la calidad de la educación, y la participación de los actores involucrados en la educación y la sociedad en su conjunto”. Además, plantea que el hecho de que en las negociaciones no haya definiciones explícitas sobre la educación pública y sí se considere al sector privado hace que la totalidad del rubro quede incluido dentro del marco del acuerdo.
El docente concluye: “Si bien puede considerarse que tener un acuerdo es mejor que no tenerlo, que las negociaciones no se den en un ámbito multilateral y surja a partir de un estancamiento de negociaciones, expone más el interés público internacional y a los estados pequeños”. Al respecto, agrega que “que un Estado quede constreñido en reglamentar la salud o definir lineamientos de educación no solamente limitará la soberanía estatal en el marco de las políticas públicas, sino también que los ciudadanos quedarán expuestos a la falta de esa cobertura pública que ha posibilitado una universalización de algunos servicios considerados básicos”.
Los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, del orden de egresados y algunos decanos plantearon en el CDC su “preocupación” por el tema y la forma en que el acuerdo está siendo negociado. Además, consideraron positivo y necesario que la Udelar tome una postura sobre el TISA.
Otros vínculos
Anoche el CDC también discutió su vínculo con el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), después de que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunciara que el gobierno no retomaría la creación de la Universidad de la Educación y que, por el contrario, apostaría a que la formación en posgrados de profesores y maestros sea cubierta por la Udelar.
Markarian informó sobre una reunión que mantuvo con la directora del consejo, Ana María Lopater, en la que acordaron que ambas instituciones seguirían trabajando en conjunto. La Udelar había diseñado algunos posgrados específicos para profesores de la ANEP, y las autoridades buscarán que haya una flexibilización de la movilidad de los estudiantes universitarios y de formación docente para contribuir -entre otras cosas- a que haya más profesores disponibles. El CDC resolvió nombrar un equipo de trabajo para profundizar en acciones concretas entre ambas instituciones.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE MAYO DE 2015
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3) Kreimerman: TISA va “contra el desarrollo” y “contra las clases trabajadoras”
Natalia Uval (La Diaria)
Al igual que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se negoció en 2006 y nunca llegó a firmarse, el acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) genera posiciones encontradas en el actual gabinete. Mientras ministros como Carolina Cosse (Industria) y Ernesto Murro (Trabajo) lo miran con preocupación, otros como Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) y Danilo Astori (Economía) han salido a defender públicamente la presencia de Uruguay en las negociaciones. Pero el TISA tampoco concitaba unanimidades en el gobierno de José Mujica, como quedó demostrado a raíz de las declaraciones del ex ministro de Industria Roberto Kreimerman el martes, durante un seminario sobre el acuerdo.
“TISA, los riesgos de los falsos atajos: miradas desde el sur” fue el título que escogieron la Federación Friedrich Ebert en Uruguay y la Internacional de Sindicatos Públicos (ISP) para organizar un seminario sobre el acuerdo, que contó con el apoyo del PIT-CNT y Redes-Amigos de la Tierra.
En su exposición, Kreimerman (Partido Socialista) comenzó clasificando los países según su nivel de avance tecnológico: en el escalón más bajo ubicó a los países de África, con muy bajo nivel tecnológico; un poco más arriba a los de América Latina, con un nivel bajo; luego a los denominados “tigres asiáticos”, con tecnología de soporte pero no de punta; y finalmente a los países desarrollados de Europa, con un nivel de tecnología muy alto. Sostuvo que con el TISA, la matriz productiva, “al contrario de diversificarse, como dicen algunos, se inhibe totalmente” al “poner en pie de igualdad sectores no desarrollados en nuestros países con sectores altamente desarrollados en otros países, lo que crea una suerte de tercerización y una desaparición de cualquier posibilidad futura de desarrollo”. “El desarrollo de las capacidades nacionales se ve frustrado cuando en este tipo de acuerdos se permite que sectores que no están maduros, o que sí existen y andan bien en los países subdesarrollados, terminen desapareciendo”, agregó.
A juicio de Kreimerman, acuerdos como el del TISA “siguen reflejando que a nivel de las grandes corporaciones, situadas en los países desarrollados casi todas, y a nivel de esos países, sigue primando la idea de patear la escalera, de que a medida que uno asciende en el desarrollo social y tecnológico, es conveniente patear la escalera para que otros no suban”.
El ex ministro de Industria opinó que el TISA “refleja cabalmente la mirada de muchas transnacionales, pero refleja más cabalmente la mirada total del modelo de acumulación”. “Como al capitalismo le es insuficiente generar sus ganancias a través de los sectores tradicionales, pretende incorporar sectores que todos pensamos que no son comercializables, como la educación o la salud”, advirtió.
Resaltó que el acuerdo del TISA abre la competencia a extranjeros en los servicios públicos no monopólicos, privando al Estado de la posibilidad de establecer condiciones más ventajosas para el sector público. “Es la pérdida de sectores que fueron trabajosamente mantenidos por el pueblo uruguayo, en los que el rol de las empresas públicas desaparecería completamente, al pretender, por ejemplo, que las ventajas que tienen las empresas públicas sean ofrecidas a las empresas privadas”, sostuvo. Concluyó que el TISA tiene subyacente una estrategia que “va contra el desarrollo de los países y las clases trabajadoras de todos los países”, y que Uruguay tiene “para perder mucho y para ganar muy poco para el futuro desarrollo” del país. “Entrar es entrar no en un riesgo, sino en una certeza total”, sentenció.
El protagonismo de Estados Unidos
Un reporte de la Unión Europea y un informe de la Misión Permanente de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los que accedió la diaria, ambos fechados en febrero de 2015, informan sobre el transcurso de las negociaciones del TISA. En los documentos consta el rol protagónico de Estados Unidos en las rondas; la mayoría de las iniciativas son propuestas por ese país. “El fuerte compromiso de Estados Unidos en este proceso y la prioridad que le asigna se manifiesta a través de continuas iniciativas y propuestas y un importante equipo negociador”, señala el informe de la misión uruguaya. “A juicio de esta delegación existe una fuerte tendencia de EEUU en especial, de proponer en los anexos disciplinas que están más bien en el ámbito de la reglamentación doméstica y que en muchos casos responden a situaciones concretas”, agrega. En el documento se valora que en las negociaciones, la Unión Europea (UE) está teniendo un rol “un tanto secundario” y “parece estar más reaccionando a las iniciativas de Estados Unidos, al menos en esta ronda [la de febrero]”. “Se destaca que Australia secunda y apoya fuertemente las iniciativas de Estados Unidos así como Canadá, aunque con menor intensidad”, añade.
Por el informe de la UE se conoce que Chile propuso liberalizar el transporte pero no tuvo éxito hasta el momento, y que México apoyó la propuesta de Turquía de liberalizar los servicios de salud. Nueva Zelanda hizo una presentación sobre la importancia de la educación privada y la necesidad de liberalizarla. Colombia y Costa Rica apoyaron la propuesta e incluso presentaron sus ofertas en esa área. “De los países latinoamericanos Chile es el más activo, aunque Colombia y Perú han tenido iniciativas al menos en los grupos en que esta delegación participó. También es el caso de Panamá y en menor grado México”, evalúa el informe de la misión uruguaya.
Más adelante, en el mismo texto, se recomienda la posición negociadora que debería adoptar en general Uruguay: “Hay un corte evidente entre aquellos miembros que desean que los textos del TISA se acerquen lo más posible al texto del GATS (acuerdo de servicios de la OMC) como forma de facilitar la multilateralización del TISA en el futuro. La UE y Suiza son los principales defensores de esta tesis y por otro lado está la visión de Estados Unidos, que desea el resultado más ambicioso posible. A juicio de esta misión es conveniente que Uruguay se adhiera a esta postura (la de la UE y Suiza) como una visión estratégica de la multilateralización del TISA”.
Además, la misión uruguaya recomienda que Uruguay se oponga a la cláusula de Nación Más Favorecida forward, por la cual “las ventajas del TISA se extenderían automáticamente a todo tercero con quien se negocie un acuerdo”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE MAYO DE 2015
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4) Denuncian que argentino compró radios y violó la ley de medios
(El Observador)
Cainfo solicitó al Poder Ejecutivo que aplique sanciones al empresario Hadad
El empresario argentino Daniel Hadad, dueño de diversos medios de prensa, compró Radio Colonia “sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo”, como exige la ley, según denunció el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). Aseguran que la venta violó la ley de medios
“‘Hay más noticias para este boletín’, diría el fallecido locutor Ariel Delgado, cuya voz todavía resuena en el recuerdo como sinónimo de CW 1 Radio Colonia AM 550, la histórica emisora que desde 1933 enciende su transmisor al oriente del río Uruguay, pero dirigiéndose principalmente a sus oyentes de esta banda. La señal aún llega fuerte y limpia a buena parte del territorio argentino, incluida la Capital Federal, donde su recepción es nítida”. Así comenzaba una nota del diario argentino La Nación, publicada el 13 de febrero que informó sobre la compra de la emisora.
“La radio seguirá siendo un puente entre la Argentina y Uruguay, y un puntal de la libertad informativa”, informó una de las fuentes que confirmaron la operación a La Nación.
La compra generó la denuncia de parte de Cainfo, que además advierte que este mismo empresario adquirió FM Mágica, también de Colonia. “Más allá de que se ha retirado la solicitud de transferencia formal de la emisora CW1 Radio Colonia que transmite en 550 KHz, reiteramos que quienes figuran como sus titulares ya han realizado una transferencia de la titularidad real y el manejo absoluto de esta emisora hacia el Sr. Daniel Hadad (argentino), sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede con la CX228A FM Mágica que transmite en 93,5 MHz”.
“Esta violación a nuestra legislación nacional se sigue cometiendo en este mismo momento, más allá del cese del trámite formal realizado ante el organismo que Ud. preside. De hecho, en la página web de Radio Colonia sigue figurando el teléfono de la agencia Infobae en Buenos Aires -propiedad del Sr. Hadad- como mecanismo de contacto con la emisora”, agrega Cainfo ante la Ursec.
Cainfo agrega como elemento de prueba una grabación de la entrevista que el periodista Gabriel Monteagudo le realizó a Hadad el 20 de febrero del 2015, en la que el empresario confirma que “ha tomado el control absoluto de la emisora sin la previa autorización del Poder Ejecutivo, realizando cambios en la programación y eliminado programas y periodistas de la emisora, en lugar de sus titulares formales”.
Para Cainfo, se trata de “una grave, clara y reiterada violación de la legislación vigente lo cual deberían implicar la revocación de las autorizaciones de Radio Colonia y FM Mágica”. En este sentido, cita el artículo 109 de la ley de medios, promulgada este año: “La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE MAYO DE 2015
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5) Tribunal impide a Claro entrar en el negocio de la fibra óptica
(El Observador)
El gobierno niega licencias a privados y configura monopolio de ANTEL en ese negocio
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) en la polémica legal con la empresa de telecomunicaciones Claro, que pretende ofrecer un servicio de internet alámbrica por fibra óptica a hogares y empresas. El fallo divulgado por el organismo regulador dependiente de Presidencia de la República indica que la empresa de origen mexicano no puede valerse de la licencia en su poder para moverse en ese negocio.Así como Telefónica (Movistar), Claro tiene licencia para competir en el mercado del internet inalámbrico por medio de módem.
Para el tribunal y para los servicios jurídicos de la Ursec, la firma mexicana no puede usar esa habilitación como aval en ese mercado.“La autorización del tendido de ductos y fibra óptica debe atarse con las licencias correspondientes; es decir, esos tendidos se autorizan exclusivamente para la prestación de los servicios de telecomunicaciones autorizados por las licencias correspondientes”, indica el fallo.
En una resolución del 9 de agosto de 2011, el gobierno de José Mujica otorgó permiso a todas las empresas de telecomunicación que operan en el mercado a instalar tendido de fibra óptica, aunque aclara que es “exclusivamente” para la prestación de los servicios autorizados.Una fuente oficial aseguró a El Observador que la resolución del tribunal abona la voluntad política del gobierno, en el sentido de blindar un monopolio de ANTEL en la fibra óptica dado en los hechos
.La empresa Claro llegó a instalar el servicio, sobre todo a empresas y corporaciones, según detectó la Ursec. En ese sentido, el fallo del tribunal intima a la empresa a “cesar la prestación” del servicio de transmisión de datos por medios alámbricos.En su defensa, Claro argumentó también en base a sus derechos consagrados en el Tratado de Libre Comercio de Uruguay con México, pero el fallo del tribunal desestima ese elemento.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE MAYO DE 2015
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