1) Amodio tendrá prisión domiciliaria –
2) Gregorio Álvarez lleva 80 días internado y se demora el tribunal de honor –
3) Un dato que no se siguió y un hombre que guardaba todo –
4) Ejército hizo desparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA –
5) Sigue el Juicio del Condor en Roma
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2041 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 9 de Octubre de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Amodio tendrá prisión domiciliaria
(El País)
Después de varias idas y vueltas y de estar 22 días preso en Cárcel Central, el extupamaro Héctor Amodio Pérez accedió a la prisión domiciliaria, la que cumplirá en la casa de su hermana.
Amodio Pérez, que llegó a Uruguay después de más de 40 años para presentar un libro, fue procesado por la jueza penal Julia Staricco por varios delitos de privación de libertad en el marco de una causa que data de 2011 y se inició por la denuncia de 28 mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso durante la dictadura.
El Poder Judicial difundió ayer el informe del médico forense Guillermo López, a quien Staricco le había pedido que evaluara el estado de salud del extupamaro en su fallo. “Si bien no tiene patologías que pongan en riesgo su vida, dichos síntomas dicen que es una persona vulnerable y que debe ser cuidada y controlada. A su vez, se entendió que eran necesarios el tener una urgencia móvil según necesidad, una internación en una mutualista y hospital de salud pública, como también el control periódico de sus parámetros funcionales con los estudios que fueron necesarios”, dice el informe que concluye con la sugerencia de otorgarle la domiciliaria.
El médico dice que la edad de Amodio (78) es “un problema cierto y de cuidado”. “Se está hablando de un ser humano en la etapa final de su vida y esto debe ser protegido”, asegura e insiste: “se encuentra la llegada al final de la existencia, con lo cual se percibe como muy importante que esa protección y cuidado sea a cargo de la familia con la debida y adecuada contención”.
Mientras el extupamaro cumple con la domiciliaria, sigue su curso la apelación que presentó su defensa, que entendió que la sentencia “agravia la situación de nuestro defendido por la forma que se valora la prueba y los hechos”.
La defensa, que pide la clausura de las actuaciones y la libertad definitiva de Amodio, dice que “no es cierto” que las detenciones fueron realizadas “sin ninguna causa” porque todas las personas cuya privación de libertad se le imputa a Amodio “confesaron y reivindican haber sido miembros activos del MLN”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2015
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2) Gregorio Álvarez lleva 80 días internado y se demora el tribunal de honor.
Ricardo Scagliola (La Diaria)
El ex dictador Gregorio Goyo Álvarez, que en junio sufrió un accidente cardiovascular, ya lleva 80 días internado en el Hospital Militar. Fue ingresado el 18 de junio con un cuadro de parálisis, luego de que sus compañeros de cárcel lo encontraran en el piso del patio del Centro de Reclusión Nº 8, más conocido como Domingo Arena, convulsionando. La estadía en el hospital se hizo larga; la razón principal es que el ex dictador -que el 26 de noviembre cumplirá 90 años- no puede regresar a la cárcel para violadores de los derechos humanos, donde no estarían dadas las condiciones mínimas para cuidar su salud, explicaron fuentes militares a la diaria. Sin embargo, en declaraciones que realizó a Montevideo Portal poco después de sufrir el ACV, el propio Álvarez reconoció encontrarse “bastante bien”. “No fue nada grave”, dijo. Sus allegados, sin embargo, aducen problemas de estabilidad y falta de equilibrio.
Todo apunta a que el ex dictador no volverá a Domingo Arena. “Ya no hay nada de él en la cárcel; fueron los familiares y sacaron todo”, comentó una fuente. Su abogado, Pedro Montano, pidió en varias oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y cuestiones de salud.
La internación de Álvarez demora la concreción de la decisión del gobierno pasado de someter al ex dictador a un tribunal de honor. La resolución, adoptada en enero de 2014, lleva la firma del ex presidente José Mujica y del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y se ampara en un decreto que el mismo Gregorio Álvarez aprobó cuatro días antes de abandonar el gobierno, el 8 de febrero de 1985. Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la imprenta del Ejército. “Hay una ley fría como una navaja, que dice que un oficial militar que tenga sentencia firme debe pasar a un tribunal de honor”, explicó en su momento Fernández Huidobro, quien evitó opinar sobre el tema y aseguró que es un procedimiento “mecánico”.
El juez Luis Charles procesó con prisión al ex dictador en 2007. Dos años más tarde, fue condenado a 25 años de penitenciaría como autor responsable de 37 delitos de “homicidio muy especialmente agravado”, por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. “Es imposible tomarle la declaración porque tiene una parálisis y ni siquiera responde a lo que se le pregunta”, explicaron las fuentes militares consultadas por la diaria. El ministro de Defensa sostuvo que “es muy difícil” realizar el procedimiento. Según establece el código militar, los tribunales de honor deben ser integrados por oficiales retirados de similar jerarquía. En este caso serán Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, todos ellos ex comandantes en jefe del Ejército durante el mandato de Tabaré Vázquez.
Además de Álvarez, serán sometidos a tribunales de honor el capitán de fragata (R) Juan Carlos Larcebeau, los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente y Jorge Pajarito Silveira. En un oficio, la Suprema Corte de Justicia confirmó que todos ellos tienen “sentencia firme”. Si bien Fernández Huidobro cumplió con el procedimiento por aquello de la “ley fría como una navaja”, el ministro explicó a la diaria que “filosóficamente” está en desacuerdo con los tribunales de honor. “Han servido nada más que para cobrar cuentas entre ellos o para sancionar a alguien por lo que hizo. Se supone que juzgan el honor, pero aplican una de las sanciones más graves, que es el pasaje a reforma”, reflexionó.
En el caso de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, los tribunales de honor juzgarán su “conducta moral” y su “comportamiento ético”. Si concluyen que un militar no representó a las Fuerzas Armadas con “honestidad y ética profesional”, se les puede aplicar la sanción más dura, que implica la pérdida de la condición militar, el derecho de uso del uniforme, la pertenencia a círculos sociales o la atención en el Hospital Militar. La jubilación (nunca la esperanza) es lo último que se pierde para los de verde oliva: aun pasando a “situación de reforma”, los militares la siguen cobrando a través de sus familiares.
Según señala el decreto firmado por Gregorio Álvarez en su artículo 27, “todo militar debe ser un ciudadano ejemplar; por ello incumbe, más que a cualquier otro, respetar las leyes del país, acatar la autoridad civil y dar prueba de urbanidad en el trato social”.
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3) Un dato que no se siguió y un hombre que guardaba todo
(180.com)
La justicia uruguaya deberá definir quién analizará la documentación que se incautó el sábado en la casa del ex jefe de inteligencia de Estado, Elmar Castiglioni. Fuentes judiciales dijeron a 180 que todavía se desconoce el valor de los documentos.
La documentación está en poder del juzgado, precintada y guardada bajo llave, con un oficial a cargo y con la cadena de custodia de oficiales registrada y documentada. El coronel Castiglioni, que falleció hace algunos días, fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. El allanamiento se produjo a solicitud de la familia Miranda en la causa donde se investiga el homicidio de «Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006», informó la Fiscalía en su sitio web.
Miranda integraba el Partido Comunista y fue asesinado en diciembre de 1975 en el centro clandestino de detención «300 Carlos» que funcionaba en el Servicio de Material y Armamento (SMA), en el predio del Batallón 13. Allí fueron encontrados sus restos. En la noche, durante el traslado a un interrogatorio y tras forcejear con sus custodios, recibió un golpe de karate en la nuca, que le ocasionó la pérdida de conciencia en forma inmediata. De ese estado no logró sobreponerse y falleció antes de las 48 horas de su reclusión. En la versión oficial se dijo que había viajado a Buenos Aires en febrero de 1976.
El sitio Sudestada informó que Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la exministra de Defensa, Azucena Berruti.
Esto fue confirmado a 180 por fuentes judiciales. El dato que se consiguió durante el periodo que Berruti estuvo al frente del ministerio no se investigó durante las gestiones posteriores. Ahora, a raíz de este planteo de la familia Miranda se decidió allanar la casa de Castiglioni y se obtuvieron documentos, que todavía se deben analizar.
El allanamiento se hizo el viernes a las nueve de la mañana y duró casi seis horas. La Fiscalía General de la Nación informó sobre el procedimiento y la incautación en su portal web. Esta es la primera vez que se realiza un allanamiento de este tipo. A la casa ingresaron el fiscal penal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu. No es común que estén ambos en un procedimiento, pero en este caso se consideró que fueran porque se trataba de buscar materiales muy específicos. Incluso, fue un perito con conocimientos en documentación de la época, que fue propuesto por la familia.
Quienes realizaron el allanamiento se sorprendieron porque los documentos estaban a la vista, dijeron fuentes judiciales a 180. El lugar estaba lleno de cajas. En total, se llevaron 60. Castiglioni era un hombre que registraba todo, había papeles personales hasta documentos de época y estaba todo mezclado: VHS, micro films, papeles. En el momento del allanamiento se hizo un corte grueso para definir qué se incautaba. Los documentos van desde la época anterior a la dictadura hasta hace poco tiempo, aunque todavía no se sabe el valor que tiene.
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4) Ejército hizo desparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA
La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar
Gabriel Pereyra (El Observador)
Es «muy poco probable» que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia.
Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.
Recolector de información
Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido. «De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo», dijo uno excamaradas de Castiglioni. Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.
Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante). En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.
Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente. Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.
El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes. Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el «manipulador», nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.
Lo que la ministra dejó
La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.
Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante. Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?
Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. «Revisaron hasta los armarios de los coroneles», dijo un militar.
Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada. Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). «Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado», dijo Berruti a la Diaria.
Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. «El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado», dijo un informante, quien reiteró: «Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora».
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5) Sigue el Juicio del Condor en Roma
Abogado uruguayo en juicio en Italia por Plan Cóndor reclamó adaptación del orden jurídico interno al Estatuto de Roma.
(La Diaria)
Fabio María Galiani es el abogado que representa a Uruguay en la causa en Roma por el Plan Cóndor. También representa al Colegio de Abogados de la capital italiana ante la Corte Penal Internacional. En el marco de una actividad organizada por la organización Parlamentarios para la Acción Global y la presidencia de la Cámara de Representantes por los 30 años de democracia en Uruguay, ayer Galiani ofreció una “Cátedra magisterial sobre el seguimiento del Plan Cóndor” en el Parlamento uruguayo. Resumió que el juicio en Roma busca demostrar la coordinación de la represión, y recordó que comenzó en los años 80, principalmente ligado a la nacionalidad italiana de muchas de las víctimas del terrorismo de Estado de las dictaduras sudamericanas de esos años. En un principio los indagados fueron 140, y actualmente el juicio está pendiente contra 16 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y dos bolivianos.
Galiani señaló que los casos de Argentina, Brasil y Paraguay fueron separados de la causa principal por “defectos” en la cooperación de autoridades judiciales de esos países. Por ejemplo, el viernes de la semana que viene se realizará la audiencia específica sobre el caso brasileño.
El abogado también se refirió al caso del militar retirado Jorge Tróccoli, del que dijo que “se escapó” a Italia mientras era juzgado en Uruguay. Ante esa situación, Uruguay solicitó su extradición, pero Italia la negó, basándose en un acuerdo entre ambos países, que data de fines del siglo XIX y que prohíbe la extradición de personas entre ambos países. El acuerdo también obliga a que ante una solicitud de extradición, el país en el que se encuentra la persona en cuestión debe iniciar un proceso judicial contra ella. El abogado remarcó que “juzgar” no implica abrir un proceso penal y dejarlo abierto “por décadas”, ni desarrollarlo en forma “superficial”.
Explicó que Uruguay pidió la extradición de Tróccoli por crímenes contra la humanidad y desaparición de personas, pero fue tomado por la Justicia italiana como homicidio y secuestro, porque en ese país la tortura y los crímenes contra la humanidad no son considerados delitos. El abogado dijo en forma irónica que Tróccoli declaró: “No hice nada malo, sólo torturé”. Además, destacó la actitud del Estado uruguayo, que intervino en la causa como parte civil, gesto que interpretó como un intento de acercamiento a las familias de las víctimas y, a la vez, como una forma de deslindarse de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Galiani destacó que también se constituyeron como parte el Frente Amplio y la presidencia del Consejo de Ministros.
Agregó que hay más de 20.000 páginas de documentos presentados por organismos del Estado, principalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero también por organizaciones de familiares de víctimas y particulares.
El abogado también llamó a priorizar “la adaptación” del orden jurídico interno uruguayo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, también conocido como Estatuto de Roma. “Las tragedias y los actos deshumanos deben ser llamados por su nombre y no impresos falsamente en la historia y en las actas de los procesos como hechos distintos y de menor gravedad”, reclamó.
Uruguay incorporó en 2002 el Estatuto de Roma a su legislación interna y aprobó enmiendas y acuerdos adicionales posteriores, referidos al mismo estatuto, pero esa incorporación no siempre se toma en consideración en los fallos judiciales.
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