1) Argentina: Denuncian trabas para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
2) Chile: Libertad de expresión. Vulneraciones hacia la prensa
3) México: Fomentar participación de niñas y jóvenes en TIC
4) Nicaragua: Cuotas falsas para las mujeres
5) Paraguay: “La gente está harta” Entrevista con Perla Álvarez, militante feminista y referente de Vía Campesina
6) Uruguay: La CIDH convocó a audiencia por el asesinato de las “muchachas de abril” y la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González
7) Uruguay: “El presupuesto del INAU para la atención de la violencia este año es cero”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 682 – Lunes 26 de abril de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: PROFESIONALES DE LA SALUD DENUNCIAN TRABAS PARA ACCEDER A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
A través de un comunicado, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de San Juan expresó su preocupación “a la hora de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de mujeres y personas con identidades diversas”.
La Red nacional se refirió a las complejidades que atraviesan las personas que necesitan información y acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre del año pasado. También a la imposibilidad de comprar Misoprostol debido a que las farmacias prohíben su venta; a la falta de anticonceptivos; y, de la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).
“El aborto seguro está en riesgo en el ámbito de la salud toda vez que una Interrupción Voluntaria del Embarazo es dilatada, obstaculizada, obstruida o quien lo solicita es víctima de estigmatización, discriminación y maltrato usando como excusa la objeción de consciencia”, continúa el texto.
“El Estado provincial y municipal no se está adaptando a la normativa con celeridad”, aseguró la médica integrante de la Red, Cecilia Godoy, a La Lechuza.
“Vemos que no hay una respuesta y una accionar para garantizar cada punto de la ley”, agregó.
Además criticó a las farmacias que no venden misoprostol “a pesar de que hay una ley nacional con una gran jerarquía normativa que nos da como herramienta un fármaco que es seguro y esencial según la Organización Mundial de la Salud”.
Agencia Farco / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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2) CHILE: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. VULNERACIONES HACIA LA PRENSA
Los últimos sucesos que han involucrado a periodistas y medios de comunicación de diversas áreas, han encendido las alertas en el país. Desde el Colegio de Periodistas hacen un enfático llamado a los diferentes sectores políticos, y a la sociedad civil a unirse, denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión.
Luego de la confirmación que la estación televisiva La Red recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CINDH) de la OEA para entregar antecedentes sobre el llamado telefónico recibido desde La Moneda por la entrevista realizada al ex integrante del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena; se evidenció una molestia generalizada en la sociedad chilena respecto a las prácticas recurrentes que existen entre quienes conducen el gobierno y algunos medios de comunicación. De hecho, semanas posteriores al estallido social en Chile, el pasado 18 de octubre de 2019, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con directores de varios canales de televisión. Esta señal, que aparentemente no tuvo una intención de censura, fue una de las primeras situaciones irregulares que detonaron la frágil posición que vive el periodismo en el país.
Tras la llamada a La Red, su dueño, Ángel González, tomó la decisión de acudir a un organismo internacional para sentar el precedente de que los llamados y peticiones a los medios de comunicación de parte de quienes ejercen el poder deben ser rechazados y denunciados públicamente.
Violencia contra la prensa
El Colegio de Periodistas de Chile ha insistido en las reiteradas vulneraciones de las cuáles han sido víctimas los trabajadores y trabajadoras de la prensa y las comunicaciones desde el estallido social, las que han ido en un preocupante escalda, pasando por agresiones, acciones violentas, tortura sexual, censura y espionaje. Todo esto lleva a asegurar que, la libertad de expresión, como derecho humano fundamental, está en peligro. Ya entre el 18 de octubre de 2019 y enero de 2021, el Equipo de Veedores por el Derecho a la Comunicación del Colegio de Periodistas registró cerca de 100 casos de atropellos a la prensa en el contexto de las movilizaciones sociales, los cuales fueron perpetrados por agentes del Estado y no fueron condenados por las autoridades políticas en ningún espacio mediático. Por otra parte, según las cifras del Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC), entre enero y marzo de 2021 se contabilizaron 60 casos de coerción violenta en contra de la prensa: 22 detenciones y 38 agresiones. En tan solo tres meses, se han superado en 50% lo registros de 2020, lo que refleja una tendencia negativa en contra delas y los profesionales de la prensa y las comunicaciones que tienen la importante misión de dar a conocer lo que pasa en el territorio.
Información en pandemia
Otra situación cuestionable, que se suma a la larga lista de desaciertos del Ejecutivo en materia de derecho a la información, fue la instrucción entregada vía WhatsApp a directores y directoras de servicios de salud públicos, solicitando no entregar datos calificados como sensibles, evitando así que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz. Lo que se agrega a los datos entregados por el Consejo Por la Transparencia al detectar la falta de cumplimiento de la ley por parte del Minsal respecto a la entrega de información pública. El rol de la prensa es clave en un contexto de máxima vulneración social y sanitaria. Por eso, resulta incomprensible que el “Plan Paso a Paso” haya limitado aún más el desplazamiento de periodistas y profesionales de la prensa y las comunicaciones a lo largo del país, exigiendo documentación innecesaria para efectos laborales.
Declaraciones impresentables
Las y los periodistas tienen como imperativo ético y profesional interpelar al poder, buscar respuestas, buscar la verdad y respetar los Derechos Humanos. La formación profesional permite aplicar criterios para jerarquizar las noticias y evaluar su pertinencia, y en ningún caso esas decisiones están cimentadas en un afán personal o antojadizo. Por ello, los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris frente al trabajo de las periodistas Pascale Bonnefoy (The New York Times) y Yasna Mussa (Washington Post), a quienes acusó de “mentir” y “querer perjudicar” las gestiones de la actual administración de Gobierno en relación al manejo de la pandemia, resultan impresentables.
Resulta positiva alegramos la contundente respuesta que recibió el titular de Salud desde la Asociación de Corresponsales de la Prensa, a la que se sumó el Colegio de Periodistas, ya que todo lo que se publica con motivo de la crisis sanitaria, además de representar un deber, se hace en un marco de respeto por la libertad de expresión y de opinión, con responsabilidad, ética y profesionalismo.
Informar no es delito
Es lamentable que los atropellos contra la prensa en Chile continúen la senda heredada de la Dictadura. Lo último en el país, constituye una cadena de errores ocurridos a vista e impunidad de las máximas autoridades. Una muestra de esto es la investigación periodística de CIPER, mediante la cual se conoció el documento que muestra cómo el Ejército de Chile engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel. Posteriormente, y en ese mismo medio, en el marco de la investigación del Ministerio Público por ese caso, se dio a conocer que la Institución Castrense monitoreó a otros cuatro periodistas, quienes coincidentemente investigaban casos del Ejército y de derechos humanos. El silencio de La Moneda ha sido vergonzoso, aun cuándo distintos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los riesgos de este escenario.
Para el Presidente Nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, la reflexión ante las vulneraciones hacia la prensa debe ser una prioridad en la agenda: “Nos preocupa la situación que vive el periodismo en Chile. Estamos convencidos como Orden profesional que debe ser de interés general de toda la ciudadanía la fragilidad que experimenta actualmente nuestra democracia. Por ello, hacemos un enfático llamado a los diferentes sectores y actores políticos, y a los y las representantes de la sociedad civil a unirse, denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión en nuestro país”, concluyó Ahumada.
Pero esta situación no sólo ha ocurrido cuando se investigan grandes casos de interés público, sino que también en contextos más domésticos, ya que muchos dirigentes y dirigentas han sido víctimas de intervenciones en sus teléfonos celulares y redes sociales a lo largo del país.
Mientras la ciudadanía y los periodistas afectados esperaban alguna acción concreta que cuestionara estas prácticas, o en el mejor de los casos, las rechazara, este domingo 18 de abril tres ramas de las Fuerzas Armadas se organizaron y orquestaron un comunicado público –que fue respaldado incluso por el Ministro de Defensa-interpelando al Canal La Red por una rutina de humor político que involucró al Ejército. La institución militar, junto con evadir su responsabilidad ante los cuestionamientos, cometió un segundo error, pues deliberó sobre asuntos públicos que se encuentran muy por sobre ella en la línea jerárquica.
Para visibilizar y condenar con fuerza estos hechos, desde el Colegio de Periodistas de Chile se levantó la campaña #InformarNoEsDelito; además de realizar alianzas con organismos de derechos humanos para frenar estos abusos.
Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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3) MÉXICO: FOMENTAR PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y JÓVENES EN TIC
Científicas e investigadoras llamaron a continuar trabajando para crear un entorno que fomente la participación de las niñas y jóvenes en el uso y creación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el fin de impulsar el talento, abrir nuevas opciones laborales y reducir la brecha digital de género que aún existe en México.
En conferencia virtual, organizada por personal del Museo de la Mujer con motivo al Día Internacional de las niñas en las TIC, el cual se conmemoró el 22 de abril, las panelistas explicaron que es vital eliminar los estereotipos que siguen considerando que el tiempo de niñas y mujeres debe emplearse para el cuidado de los demás y que carreras como ingeniería, física, matemáticas, entre otras, sean considerados como espacios masculinos.
El Día Internacional de las Niñas en las TIC fue establecido en 2010 por los estados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de las políticas de promoción de la igualdad de género con el motivo de alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes.
“Cuando dejaron que las mujeres entraran a las universidades hubo un crecimiento de su presencia. La matrícula de mujeres en carreras aumentó un 184 por ciento mientras que la de los hombres fue de 38 por ciento. Antes, de cada 100 estudiantes 17 eran mujeres. Es importante motivar que las niñas participen en carreras tecnológicas para que no sólo sean consumidoras, sino creadoras de ellas”, detalló la investigadora de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), Gabriela de Valle.
Las panelistas dijeron que los eventos sobre TIC dirigidos a niñas han sido un gran acierto para reducir la brecha de género, ya que éstos han llegado a reunir una audiencia de casi 20 mil niñas, las cuales aprenden que pueden desarrollarse como programadoras, analistas de datos, y un sinfín de profesiones desde la voz y experiencia de otras mujeres.
En ese sentido, agregaron, es indispensable también que exista una infraestructura que garantice a las niñas el acceso a internet en sus viviendas o que éstas dispongan de lugares con computadoras y demás aparatos en sus escuelas o comunidades con el objetivo que ellas tengan la oportunidad de decidir entrar o no al mundo de las tecnologías.
“En las TIC sólo 1.3 billones de mujeres son usuarias de internet contra 1.5 billones de hombres en el mundo. Asimismo, 52 por ciento de las mujeres en el mundo que trabajan en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, abandonan su trabajo porque no pueden compatibilizar las labores domésticas con sus jornadas de trabajo”, declararon.
Recordaron el caso de Katie Bouman, una joven de 19 años que desarrolló el algoritmo para unir los datos recopilados, en el cual astrónomos y científicos se basaron para lograr la fotografía histórica de un hoyo negreo supermasivo. Esta mujer, además, se encargó de realizar las pruebas necesarias para que la imagen no presentara alguna falla.
Este ejemplo, dijeron, es la prueba de que la inclusión de las niñas en las TIC empieza desde los hogares y se motiva en los centros de estudio para que juntos creen una red de apoyo hacia ellas, por lo que es primordial desarrollar una educación con perspectiva de género para que se reconozca que las ciencias exactas y las ingenierías no son “estructuras patriarcales y que se necesita de más recursos humanos en la innovación tecnológica”, finalizaron.
“Quiero ser programadora”
En sus apenas 10 años, Daila Ayelen Domínguez Resillas sabe que le gustaría ser programadora de videojuegos, por ello dedica un largo tiempo a analizar y pensar qué cambiaría sus juegos preferidos luego de tomar clases en línea y hacer un poco de su tarea. “Me gustaría trabajar de eso de grande”, dijo en entrevista con Cimacnoticias.
Una modificación que ella haría, dice, es mejorar los gráficos y brindar más oportunidades para que las y los jugadores menores de edad puedan crear sus propios accesorios o tengan más beneficios sin la necesidad de tener una tarjeta de crédito, ya que esto limita mucho que puedan avanzar a otros niveles.
Estas ideas, agregó, surgieron al escuchar las quejas de las demás jugadoras, y es que resaltó que en su experiencia las niñas participan más en los videojuegos. A pesar de ello, ella creía que sólo podía ser una usuaria, pero nunca formar parte de las personas que diseñan los gráficos y demás.
En su escuela, reconoció, no se habla ni existen cursos de tecnología y sólo se enseña lo básico en computación. Nunca un profesor o profesora le sugirió que ella tenía la posibilidad de ser programadora. Su deseo nació cuando encontró videos de mujeres que explicaban cómo hacer videojuegos.
Daila contó que un día se armó de valor y le comentó a su mamá: “quiero ser programadora”. Desde entonces se siente feliz de que su familia la ha apoyado a cumplir su sueño. Ejemplo de ello, es que uno de sus primos le regaló un aro de luz para que pudiera grabar sus videos sobre juegos con mejor calidad.
Ella espera ingresar a cursos de tecnología cuando pase la pandemia e ingresar en una secundaria que tenga talleres sobre ello. “Las niñas somos capaces de muchas cosas, quiero ser un ejemplo para mi hermana de 2 años, que ella vea que triunfe en lo que me gusta”, finalizó.
De acuerdo con mujeres especialistas en este ámbito, América Latina es una región con importantes retrasos de género en el área de ciencias, tecnología e ingeniería. En promedio, sólo una de cada 10 personas que programan son mujeres y apenas 6 por ciento de los puestos de liderazgo de empresas TIC son ocupados por mujeres.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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4) NICARAGUA: CUOTAS FALSAS PARA LAS MUJERES
La reforma electoral del FSLN está destinada a socavar la organización ya existente de los partidos, obligándoles a incorporar mujeres porque sí
Por Gioconda Belli
En las estadísticas mundiales, Nicaragua aparece como un país extraordinario en cuanto a la participación de las mujeres en puestos de decisión. Creo que sale en quinto lugar, apenas por debajo de los países escandinavos. Esos números reflejan una ficción creada por el régimen Ortega Murillo. Son estadísticas manipuladas similares a las del COVID que maneja el MINSA; carecen del respaldo de la realidad. En Nicaragua hay mujeres nombradas a cargos, pero ellas son fichas en un tablero ilusorio. Son tan poco relevantes que la población ni siquiera sabe cómo se llaman las que dirigen ministerios. Ellas son ejecutoras de las “órdenes de arriba,” carecen de autoridad y de autonomía.
La reforma a la Ley Electoral que la Asamblea Nacional propone aprobar en los próximos días, sin consulta y siguiendo órdenes “de arriba,”, impone una cuota obligatoria del 50% femenino en todas las estructuras electorales. Esta es una demanda destinada a socavar la organización ya existente de los partidos, obligándoles a incorporar mujeres porque sí.
Por supuesto que estoy de acuerdo con que deben existir mujeres en las estructuras electorales, pero demandar un 50-50 en términos de representación de género es una medida artificial que supone una realidad distante a la nuestra.
Las mujeres no sólo hemos estado marginadas de muchas esferas de la sociedad por el machismo inherente a nuestro desarrollo, sino porque en la actual organización social y laboral, cargamos la total responsabilidad de las funciones de cuido dentro de nuestras familias y hogares. La mujer es responsable de alimentar, y cuidar de los hijos; es la que se encarga de los mayores, de los enfermos. Es la que hace un trabajo arduo y cotidiano cuyo valor no es reconocido ni remunerado. Las labores del cuido han impedido y truncado en muchos casos, la educación de la población femenina. Hay muchas jóvenes en las universidades, pero pocas de ellas, después que se casan y tienen hijos, pueden acceder a puestos de trabajo que les demandan ausentarse de sus casas de 8 am a 5 pm. Las que lo hacen dependen de otras mujeres, familiares o contratadas, que hacen las labores del hogar y cuidan a sus hijos o ancianos. En consecuencia, en un país donde las labores de cuido son consideradas “oficio de mujeres” y donde los hombres sienten que se rebajan si cocinan, lavan, planchan o se encargan de los hijos, es iluso y es una trampa política exigir que haya paridad en las estructuras electorales. Sin paridad en el cuido y en las tareas domésticas, la verdad es que no se puede exigir este tipo de paridad.
Por otro lado, y esto se ha visto incluso en países como Francia donde se intentó la paridad política, hay una percepción en las mujeres, acertada por desgracia, de que asumir funciones políticas es exponerse a ser descalificada constantemente. La presente organización y cultura de las clases políticas es adversa a la presencia femenina, de manera que las mujeres carecen de incentivos para involucrarse. Muchas prefieren el anonimato de sus vidas cotidianas a colocarse en puestos donde serán mal pagadas o estarán “de adorno”, como es el caso de las que actualmente ocupan puestos o cargos de “dirección” sólo para que la vicepresidente en funciones pueda exhibir a Nicaragua como el país igualitario que dista mucho de ser.
No hay duda de que la mujer nicaragüense se ha destacado por su presencia, arrojo y energía en las luchas de nuestro país, pero este poder es moral, más que real.
Por todas estas razones, la demanda de paridad de esta arbitraria, limitante y amenazante Ley Electoral que quiere imponer el régimen, solamente pretende continuar con el espejismo de que en este país las mujeres gozamos de condiciones que nos permiten una movilidad social y laboral extraordinaria.
Basta ver la alta tasa de femicidios, los horrendos crímenes contra mujeres, la extendida persistencia de abuso sexual, de maltrato doméstico, y la tasa de embarazo en adolescentes (la mayor de Centroamérica) que existe en nuestro país, para darse cuenta de que aquí hablar de paridad en las estructuras electorales es un argumento más para descalificar y dificultar el tendido electoral de la oposición.
Confidencial / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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5) PARAGUAY: “LA GENTE ESTÁ HARTA”
LA PANDEMIA, ESPEJO DE UNA CRISIS PROFUNDA DEL SISTEMA
Entrevista con Perla Álvarez, militante feminista y referente de Vía Campesina
Por Sergio Ferrari (Suiza)
La protesta social en Paraguay tuvo su detonante pandémico durante marzo pasado. Sin respuestas significativas de parte del gobierno, cualquier chispa puede convertirse en un nuevo disparador. Y transformar esta crisis, de por sí dramática, en una realidad caótica.
Si la situación sanitaria fue la causa determinante se le sumaron muchas otras reivindicaciones sectoriales enfatiza en esta entrevista exclusiva Perla Álvarez Brítez, militante feminista y dirigente campesina.
Una historia de lucha sin respiro
A punto de cumplir sus 50 años es, desde hace más de dos décadas, una de las referentes sociales paraguayas de primera línea. En octubre del 1999 junto con otras trescientas activistas fundaron la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri, que forma parte de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), de la Marcha Mundial de Mujeres, de ALBA de los Movimientos Sociales y de Vía Campesina. Este movimiento convoca, como cada año, para el próximo 17 de abril, una jornada de protesta por el Día Internacional de las Luchas Campesinas.
Para asegurar su real comprensión del país profundo, Perla Álvarez entendió que hablar guaraní era una condición esencial. Y se lanzó a estudiarlo ya como joven adulta. En 2014, a pedido de Conamuri y aprovechando su bilingüismo asumió la responsabilidad de dirigir un programa de televisión sobre comidas típicas. Para ella, ese desafío tuvo una motivación política: poder debatir en un medio masivo la importancia de la soberanía alimentaria y valorar el trabajo de las familias campesinas e indígenas.
Rompió los cánones tradicionales de una emisión de esa naturaleza. Rechazó proyectores sofisticados y un estudio de grabación especial. Se consideró como moderadora y no como directora del programa. Adicionalmente, su consigna fue clara: hay que ir a filmar donde viven las campesinas, dialogar con ellas en su propio idioma, aprender de ellas y multiplicar sus conocimientos ancestrales.
En pocas palabras, presentar y dignificar todo ese -no siempre reconocido- rudo trabajo cotidiano de producir en el campo para asegurar los alimentos familiares. La dirigente Perla Álvarez transformada en animadora televisiva se convirtió así en una personalidad mediática y le aseguró a Conamuri una visibilidad imprevisible. “Mucha gente empezó a considerarme como una referencia en temas de soberanía alimentaria y de cultura campesina e indígena”, reflexiona.
Referente de Vía Campesina
Capacidad de comunicación que en 2021 no dudó en poner al servicio de Vía Campesina. El pasado 2 de marzo, por vía digital desde Asunción, llevó la voz del movimiento rural internacional al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra, Suiza.
En los escasos minutos que esa instancia les asigna a las voces de la sociedad civil internacional, la dirigente paraguaya demolió el modelo agroexportador que destruye la producción campesina y el medioambiente; reivindicó la agroecología como opción viable para un planeta equitativamente alimentado; y llamó a rectificar el rumbo de preparación de la Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios. Previsto para el último trimestre de este año, ese cónclave corre el riesgo de ser cooptado por las grandes multinacionales del ramo que tienen la expectativa de aumentar sus negocios multimillonarios a expensas del valor universal del Derecho Humano básico a la alimentación.
Cualquier chispa amenaza el incendio
En un país en el que el 72% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro médico y en el que el Estado destina un magro 2.1 % del Producto Interno Bruto para el sector salud, la situación sanitaria se ha vuelto dramática.
Según la dirigente campesina, la gente observa el colapso del sistema de atención médica, la falta de vacunas anti COVID 19, así como la creciente especulación que engorda de la mano de la crisis. Y se confronta con la corrupción de un Gobierno que se ha endeudado aún más con el pretexto de confrontar la pandemia, pero que en este último año no ha hecho nada. Situación sanitaria compleja a la que se le suma el desempleo creciente, la condicionante informalidad laboral, la debacle del sistema educativo, es decir, la insensibilidad total del Estado.
Sin subestimar, además, el estructural problema agrario lejos de resolverse, en un país de 400 mil kilómetros cuadrados en el cual el 2% de los propietarios posee 85 % de las tierras y donde el agronegocio -grandes terratenientes y multinacionales del agro- controla todo. Ese poder, al que Álvarez denomina “poder fáctico”, se cimenta en la dinámica histórica vigente desde hace siete décadas.
Paraguay es hoy el cuarto exportador de soja y uno de los principales exportadores de carne a nivel mundial. La agricultura familiar provee, según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la mayor parte de los alimentos que se consumen en el país. El 42 % de la población rural se dedica a esa actividad. El 91% de las propiedades representa apenas el 6.3% de la superficie total productiva. En un escenario de polarización extrema: una de cada tres personas en el campo vive en situación de pobreza. Todo el sistema está en cuestión, evalúa la militante feminista. El presidente Mario Abdo introdujo apenas algunos cambios ministeriales sin rectificar, sin embargo, para nada, las políticas de fondo que conllevan a la crisis actual del sistema.
Clase política decadente
La gente está harta de este drama sanitario sin respuesta, del agravamiento brutal de la crisis económica y del comportamiento irresponsable de la clase política, reflexiona. Lo que explica la consigna “que se vayan todos”, enunciada en muchas de las protestas. Compleja realidad que se sostiene, según Perla Álvarez, en dos pilares: un partido, el Colorado, en el poder casi ininterrumpidamente desde hace setenta años, que se siente dueño de la vida política e institucional del país. Y la falta de una organización opositora que pueda canalizar el clima de hastío, el cansancio extremo de la gente, y promover, así, una alternativa diferente.
No se ha logrado en la vida política paraguaya superar el caudillismo impuesto por los partidos tradicionales. No ha habido, tampoco, un traspaso generacional de los referentes de la oposición que se siguen perpetuando en sus roles. Adicionalmente y hurgando en la dinámica de la última década, su reflexión es tajante: el movimiento social no ha logrado reponerse todavía del golpe institucional del 2012 contra el Gobierno de Fernando Lugo. Ese golpe, que cerró la mini primavera democrática de agosto del 2008 a junio del 2012, fue dirigido, especialmente, contra el movimiento social. Y se produjo cuando los poderes fácticos asociados – la gran economía y los partidos de derecha – se dieron cuenta que ese gobierno progresista, aunque con muchos límites, promovía la participación popular. Tuvieron pánico y golpearon con todo al movimiento popular, afirma.
Sabiduría indígena
En esta difícil coyuntura, y a pesar de la represión brutal del Gobierno, no deja de impresionar la capacidad de movilización de la gente. En esas protestas sobresale el rostro de las mujeres que están jugando un papel esencial. Al frente de la lucha; gestionando la pandemia; cuidando a los enfermos; asumiendo, en muchos casos, la sobrevivencia económica familiar. Y se multiplica el perfil no menos protagónico de la juventud, enfatiza la dirigente de Conamuri.
Sin embargo, a pesar de la combatividad social no se perciben a corto plazo cambios estructurales. En esta etapa de relativa oscuridad política, la relación y pertenencia a redes como Vía Campesina, a la CLOC y a la Marcha Mundial de Mujeres, significan un faro de esperanza. Permite sentirse parte de la lucha y de la reflexión de cientos de miles de mujeres campesinas de todo el mundo.
Y aunque la resistencia en Paraguay y la lucha en América Latina no son materias fáciles por la envergadura de los poderes que están enfrente, no hay espacio para la desesperanza. Es fundamental seguir aprendiendo de la sabiduría de los pueblos indígenas, que, desde siglos, en silencio, han hecho de la resistencia su forma de vida cotidiana, concluye.
Para un cuadrito
Ante el Consejo de DDHH de Ginebra
A inicios de marzo pasado y en el marco de la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la dirigente campesina paraguaya Perla Álvarez con el apoyo CETIM – ONG suiza progresista acreditada ante la ONU- presentó vía digital la posición de Vía Campesina ante ese organismo.
P: ¿Cuál fue el mensaje principal?
Perla Álvarez (PA): Recordar e insistir ante la Comunidad Internacional la importancia de integrar en forma activa el derecho a la alimentación como un derecho humano esencial. En particular en esta etapa en medio de la crisis de hambre que se avecina producto de la pandemia del COVID-19. Para Vía Campesina, que es el mayor movimiento internacional de nuestro sector -con más de 200 millones de miembros- es clave que los Estados protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes. En mi mensaje al Consejo valoré también la importancia del reciente informe presentado ante ese organismo por Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación ( undocs.org/es/A/HRC/46/33 )
P: ¿Cuál es la posición de Vía Campesinas con respecto a la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios que la ONU convoca para fines del año en curso?
PA: Fue otro punto prioritario de mi alocución. Observamos con enorme preocupación como los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y “capturando” los preparativos de esa Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, haciendo que el proceso sea opaco y excluyente. Compartimos la preocupación del Relator Especial en el sentido que los derechos humanos no están prioritariamente incorporados en el proceso de preparación de ese evento. Parece que los organizadores se centran, únicamente, en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios. Estas ya han demostrado ser incapaces de resolver el problema del hambre, la desigualdad y la crisis climática. Insistimos en que se debe priorizar al ser humano por sobre la rentabilidad económica rural.
P ¿Tiene Vía Campesina propuestas concretas para aportar, desde el campo, a la amenaza de hambruna debido a la pandemia?
PA: Sin duda. Estamos convencida-os de las soluciones basadas en nuestros sistemas alimentarios campesinos sostenibles, como la agroecología. Hay que subrayar que nuestras propuestas fueron consagradas y reconocidas por la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos del 2018 (viacampesina.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Book-of-Illustrations-l-ES-l-Web.pdf)
La forma en que se está concibiendo esta Cumbre pone en peligro los derechos humanos, la soberanía alimentaria de los pueblos, amenaza el futuro del planeta y contraviene la razón de ser de las Naciones Unidas como organización de interés público general y no privado. (Sergio Ferrari)
Sergio Ferrari / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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6) URUGUAY: LA CIDH CONVOCÓ A AUDIENCIA POR EL ASESINATO DE LAS “MUCHACHAS DE ABRIL” Y LA DESAPARICIÓN DE ÓSCAR TASSINO Y LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a audiencias para el 16 y el 17 de junio en la causa que investiga la responsabilidad del Estado y las dificultades en el acceso a la Justicia sobre los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Oscar Tassino, quien fue visto por última vez en el centro de torturas La Tablada en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, desaparecido en el Regimiento de Caballería 6 en diciembre de 1974.
En la resolución, a la que accedió la diaria, la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, explicó que convocó a la audiencia por teleconferencia debido a que la situación sanitaria constituye una razón de fuerza mayor que impide “llevar a cabo una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana” y es “necesario” avanzar en el litigio de las víctimas contra el Estado uruguayo.
En la audiencia, que comenzará a las 11.00, hora uruguaya, se tomará declaración a los testigos propuestos por las partes, y se procederá con los alegatos y las observaciones orales finales de cada uno.
A pedido de la parte denunciante, Elena Zaffaroni declarará sobre las circunstancias de desaparición de su esposo, Luis Eduardo González, la búsqueda de verdad y justicia en estos 44 años, los avances en las actuaciones de investigación judicial del caso y los daños psicológicos, morales y materiales sufridos y eventuales medidas de reparación.
También declarará como testigo, pedido por el Estado, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien responderá sobre el inicio de las tres causas judiciales investigadas en el juicio, las actuaciones realizadas en estos años, los obstáculos legales, principalmente los efectos de la ley de caducidad, y su eventual subsanación, y además hará una puesta a punto de la actual situación judicial de cada causa.
A propuesta de la CIDH, el abogado Pablo Chargoñia actuará como perito en la causa y declarará sobre los deberes de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, la compatibilidad con el derecho internacional de las leyes excluyentes de responsabilidad respecto de esas violaciones en la legislación uruguaya y la prescripción de la pretensión punitiva, y los comparará con otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
Por razones de “economía procesal”, se dispuso la presentación de las declaraciones ante escribano público de cinco personas que declararán sobre padecimientos y daños psicológicos, morales y materiales de los familiares de las víctimas, a partir de la conducta del Estado posterior a las desapariciones y las muertes. El Estado tiene hasta el 15 de mayo para enviar preguntas a estos testigos propuestos por la parte denunciante, que deberán remitir las respuestas antes del 1º de junio, para que sean incorporadas en la audiencia del 16 y el 17.
Después de las declaraciones, las partes podrán presentar ante el tribunal sus alegatos y observaciones finales orales y eventuales reparaciones, y tienen plazo hasta el 19 de julio de 2021 para presentar sus alegatos y observaciones finales escritas.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de diez años y en mayo del año pasado fue remitido a la CIDH. Los casos se presentaron juntos porque todos son patrocinados por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay desde 1985.
Las causas en la Justicia uruguaya
A 47 años de los homicidios de Maidanik, Raggio y Reyes, la causa aún está pendiente de resolución en la Justicia uruguaya. En febrero el fiscal Ricardo Perciballe pidió el procesamiento con prisión del militar en situación de reforma José Nino Gavazzo y los militares retirados Eduardo Klastornick y Juan Rebollo. La causa está siendo investigada por la jueza penal de 26º turno Ana de Salterain.
Las jóvenes fueron acribilladas el 21 de abril de 1974 en un operativo comandado por Gavazzo y Rebolllo en el que buscaban al militante tupamaro Washington Barrios. Las pericias realizadas en el lugar contaron más de 200 impactos de bala. En el operativo también fue asesinado un policía que pasaba por el lugar en bicicleta después de trabajar como sereno y fue confundido con Barrios. Diana Maidanik tenía 22 años, había sido detenida en el Batallón 13 en 1972. Laura Raggio tenía 19 años y militaba en el Movimiento de Liberación Nacional, también fue torturada en el Batallón 13 en 1972. Silvia Reyes tenía 19 años, era esposa de Washington Barrios y estaba embarazada de tres meses. Había militado en el 26 de Marzo y en el Fer 68.
En la causa que investiga la desaparición del militante comunista y dirigente de la Agrupación de Funcionarios de la UTE Oscar Tassino, la fiscalía pidió el procesamiento con prisión del militar en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira. Por esta causa fue extraditado el coronel retirado Eduardo Ferro, quien fue recientemente liberado por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno. La causa está en manos de la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste. Tassino fue detenido en julio de 1977 por integrantes del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas y trasladado a La Tablada, donde murió bajo tortura.
Luis Eduardo Chiqui González era militante del Partido Comunista Revolucionario y fue detenido en su domicilio junto a su esposa, Elena Zaffaroni, que estaba embarazada de cuatro meses. Ambos fueron trasladados al Regimiento de Caballería 6. Cuando fue desaparecido, en diciembre de 1974, tenía 22 años. La madre de Luis Eduardo González murió el 25 de marzo sin conocer el paradero de los restos de su hijo. La causa es llevada por la jueza de 26º turno, Ana de Salterain, y aún se encuentra en etapa de presumario, sin pedidos de procesamiento por parte de la fiscalía.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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7) URUGUAY: “EL PRESUPUESTO DEL INAU PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESTE AÑO ES CERO”
La directora del INAU por la oposición plantea que el organismo tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes; sugiere que la retirada del Estado de los territorios “impacta fuertemente” en esta población.
Natalia Argenzio es licenciada en Enfermería, especialista en gestión y políticas de salud. Es directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el Frente Amplio. En diálogo con la diaria, habló sobre la realidad del sistema de protección de 24 horas, el impacto de la pandemia y la pobreza, el reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) acerca de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro, y la violencia.
Internación, patologización y medicalización
“La primera opción del sistema de protección sigue siendo la internación”, explicó Argenzio. En Uruguay, el promedio de internación de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del INAU es de 52 meses. Dos de cada tres niñas, niños y adolescentes que están en amparo viven en hogares de este organismo. El resto vive en un contexto familiar, bajo la modalidad de acogimiento familiar. Para Argenzio, “invertir estos números significaría un salto cualitativo en la forma que tenemos de proteger a las niñas, niños y adolescentes”.
El Poder Judicial forma parte de la decisión sobre estas trayectorias: 75% de la población atendida en el sistema de protección es resultado de una decisión judicial. “Los motivos de ingreso y derivación al sistema son producto de la multicausalidad asociada a la pobreza estructural: situaciones de violencias y abuso, situaciones de calle, falta de vivienda, dificultades económicas de la familia, enfermedades, problemas de salud mental, uso problemático de drogas de la referencia adulta, etcétera”, explicó.
La mayoría (86%) de las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección mantiene contacto con su familia. “Por eso se requiere mayor abordaje del trabajo con la familia de origen, para poder restituir la capacidad de cuidado”. Sólo 9% de las niñas, niños y adolescentes tienen condición de adoptabilidad.
Para apostar a un modelo de desinternación y restituir el derecho a vivir en familia, Argenzio plantea que “se debe apostar fuertemente a modelos de base familiar y comunitaria”. Para eso, “es necesario evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidar; fortalecer las capacidades de cuidado de la familia de origen, con énfasis en el proceso de reintegración familiar; buscar otros referentes familiares si la madre o el padre no pueden cuidar; promover el proceso de adopción para aquellos que no tienen posibilidades de volver con sus familias”.
De los casi 25.000 oficios que recibió el instituto desde el Poder Judicial en 2020, 1.108 terminaron en ingresos al sistema de protección de 24 horas. 940 de estas solicitudes contaban con intervenciones previas “que, sin dudas, fueron insuficientes”.
El impacto del encierro y el alejamiento familiar
“Hace una década, los estados consolidaron la idea de que la internación en sistemas de protección no son una solución favorable para atender a esta población, que pierde o ve interrumpido el cuidado familiar. Hay evidencias que nos demuestran que hay grandes perjuicios en su desarrollo neurológico, psicoemocional, afectivo y social”, recordó Argenzio.
Los primeros años de vida son determinantes. “La internación produce daños en todas las áreas. La primera infancia es una etapa crucial y por tanto dejará marcas indelebles y profundas; por tal razón, es necesario desalentar la internación en esta etapa hasta llegar a erradicarla”. “Hoy sabemos que las herramientas para desarrollar políticas de desinternación existen y podemos utilizarlas. Es un desafío complejo, que implica un cambio en el paradigma de protección”. Para empezar, cambiar la idea de los hogares por la de centros de atención al fortalecimiento y el apoyo de las familias.
“El INAU tiene cupos para atender solamente 10% de las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.
Para Argenzio, el modelo de encierro alude “a una lógica preventiva”, a “alejar a niñas, niños y adolescentes del delito”. “Esta es una perspectiva de exclusión y discriminación que etiqueta como ‘potencial delincuente’ y refuerza la idea de abandono”. Sugiere que las acciones “deberían responder a políticas socioeducativas que promuevan la inclusión y acompañen su autonomía progresiva para la inserción social”.
El encierro en hogares residenciales aleja a niñas, niños y adolescentes del medio familiar, de su medio social habitual, y pasan “de un momento a otro al encierro y todo lo que esto implica: incertidumbre, miedo”. “El proceso de adaptación es complejo, y si el ambiente social no acompaña, sus necesidades afectivas tendrán consecuencias graves en la niñez y la adolescencia”, señaló Argenzio.
“Defendemos y trabajamos para garantizar el derecho a vivir en familia, y lo que más anhelamos es vivir en un país donde las familias no pierdan la capacidad de cuidar a sus hijos”. A su juicio, esto debe ser “prioritario” y debe ser “el norte de las políticas de infancia”, además de apostar a que “otras familias se involucren con el cuidado por la vía del acogimiento familiar y la adopción”.
Clínicas psiquiátricas privadas ante falta de equipos
Según Argenzio, hay una “falta de abordaje psicoemocional oportuno”. La medicalización de quienes están en el sistema de protección es muy alta: un tercio de las niñas, niños y adolescentes recibe psicofármacos. “Nos preocupan las derivaciones a las clínicas psiquiátricas que muestran una inadecuada interpretación de las conductas llamadas ‘disruptivas’, que permitan reconocer las diferencias entre una crisis circunstancial y una descompensación de problemas crónicos de salud mental”, explicó la directora del INAU por la oposición. Según dijo, 45% de las derivaciones a clínicas psiquiátricas por descompensaciones de la salud mental están asociadas a un antecedente de uso problemático de drogas y 41% tienen antecedentes de haber sido víctimas de violencia, abuso y explotación sexual.
“La falta de un sistema de protección de 24 horas con suficientes equipos multidisciplinarios y propuestas alternativas para dar respuestas oportunas a estas situaciones hace que haya casos en que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las clínicas psiquiátricas hasta cuatro meses luego de haber recibido el alta médica”, afirmó Argenzio. “El costo diario de internación ronda en los 6.000 pesos”. El Estado invierte en la prolongación de estas internaciones unos 720.000 pesos. La funcionaria considera que al mismo tiempo “se vulneran derechos y se hace un mal uso de los dineros públicos”. Actualmente, hay 16 adolescentes ingresados en clínicas psiquiátricas que llevan más de cuatro meses de internación, “lo que representa un gasto de casi tres millones de pesos por mes invertidos en vulnerar derechos”.
Planteó que la investigación La infancia que no queremos ver. Encierro y salud mental de niñas, niños y adolescente, realizada por la INDDHH con apoyo de Unicef, “arroja datos que refuerzan la urgente necesidad de adecuar el sistema de protección hacia bases familiares y comunitarias”.
De acuerdo con el informe, 10% de las niñas, niños y adolescentes estaban internados en centros de salud mental de 24 horas del INAU. Son 316 casos. “Si bien la normativa indica que no deberían permanecer más de 18 meses en centros de salud mental, uno de cada diez menores de 12 años y uno de cada cinco adolescentes han permanecido más de tres años”, señaló Argenzio.
Niñas, niños y adolescentes pasan hasta cuatro meses luego del alta médica en clínicas psiquiátricas privadas por falta de equipos en el INAU.
“El descuido emocional, el trato humillante y amenazante y los malos tratos físicos identifican a la mitad de estos centros”, consideró. Y agregó: “La mayoría del personal carece de formación en trabajo socioeducativo y plantea debilidades en el conocimiento de los derechos humanos”.
Infancias y adolescencias pobres
De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza en 2020, 35.000 son niñas, niños y adolescentes. Para Argenzio, a las “debilidades socioeconómicas” se suma una “interinstitucionalidad realmente debilitada”: “El Estado se ha retirado de los territorios, cerraron las escuelas, disminuyeron los espacios de abordaje de políticas sociales en territorio”, consideró.
“Si bien el INAU mantiene los centros de tiempo parcial con guardias para cubrir alimentación y situaciones de urgencia”, cada día tienen que “cerrar más servicios” ante la detección de casos de covid-19. “Tenemos equipos exigidos al límite para lograr las coberturas. Se ha contratado trabajadores para cubrir los centros de 24 horas, pero esta emergencia sanitaria no nos está permitiendo atender la emergencia social donde niñas, niños y adolescentes son los más perjudicados”.
Argenzio sugiere que para paliar esta situación se debe pensar en transferencias económicas a las familias de origen –“acompañadas de políticas de fortalecimiento”–, adaptar las propuestas del INAU a las necesidades actuales, “salir al territorio” para atender la demanda y “ofrecer un sistema de protección oportuno que no abuse de la internación”.
Faltan cupos para atender situaciones de violencia
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia reportó 4.911 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en 2020. Sin embargo, Argenzio dijo que habrá cupos “para atender 10% de los casos”. “El presupuesto del INAU para la atención de la violencia este año es cero”, sentenció.
La Línea Azul es un número telefónico del INAU que recibe denuncias de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes y denuncias asociadas a la vulneración de sus derechos. En 2020, según Argenzio, las llamadas recibidas por “reiteración de denuncias” tuvieron un aumento de 88%. Las nuevas denuncias aumentaron 16%. Hubo 2.630 denuncias reiteradas y 3.561 denuncias nuevas.
Impacto pandémico y retirada del Estado
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de la demanda en el ingreso al sistema de protección de 24 horas, que según Argenzio “hoy presenta grandes debilidades en su capacidad de respuesta”. En marzo de este año, “se llegó a 162 casos sin respuesta en Montevideo”.
Esto genera “un gran impacto en los sectores más vulnerables y pobres”. Esta vulneración se ve agravada por el cierre de distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social. “El cierre del Programa de Cercanías dejó a 660 familias sin abordaje en territorio”, puntualizó.
“La falta de técnicos (profesionales indispensables para llevar adelante los proyectos socioeducativos y de restitución de derechos) en el sistema de 24 horas es preocupante”, explicó. Argenzio planteó que la situación es más compleja en el interior, “donde cada profesional tiene mayor cantidad de población atendida”.
En los últimos años, el alto índice de certificaciones médicas “genera una gran dificultad para la cobertura”, y estas “se agudizaron en este período de emergencia sanitaria, siendo una alerta”.
Dijo que se suma además un “franco retroceso en los derechos en cuanto a la mirada del abordaje de los centros, priorizándose una visión tradicional, que no contempla la diversidad y que entiende el encierro como la principal medida de protección”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en niñas, niños y adolescentes”, apuntó. “La pandemia y la insuficiente y abatida respuesta del Estado han pegado duramente en la pobreza infantil y adolescente. Esto significa más niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad”, afirmó. En este sentido, dijo que “es urgente el fortalecimiento de las políticas y de los proyectos de proximidad en territorio que realicen trabajos de cercanía, para que las familias no pierdan la capacidad de cuidar”.
“La retirada del Estado de los territorios impacta fuertemente en niñas, niños y adolescentes”.
Para mitigar los efectos de la pandemia, “los hogares más vulnerables necesitan robustas y urgentes políticas sociales de impacto”. La implementación de políticas públicas “debería redundar en la ruptura de la reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Garantías para la infancia
Actualmente, hay un proyecto de ley en discusión en el Parlamento que promueve garantías en el desarrollo, la atención y la protección para la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Esta propuesta fortalece la rectoría del INAU.
Para Argenzio, “hay que hacer algo superador, y es la idea de la creación de garantías para la infancia, por medio de un presupuesto que se articule, que trabaje sobre los problemas y las prioridades para un país garantista de derechos, en el que se jerarquicen los asuntos de infancia”.
Presupuesto “abatido” y sin cabida a las propuestas
“La falta de acciones concretas en lo que va de 2021 deriva de un problema presupuestal”, dijo Argenzio. Sobre el presupuesto del INAU, aseguró que “tiene un abatimiento de 6%”. “Si se considera la inflación, hay una pérdida monetaria real de 1.140 millones de pesos anuales”.
“Tenemos una planificación que plantea un abordaje integral, con todas las actividades que nos permitirían cambiar realidades y generar oportunidades reales, pero a cuatro meses del segundo año de gestión estas propuestas aún no cuentan con el aval de todo el directorio del INAU”, explicó.
La directora agrega que “ni siquiera se puso en discusión oficialmente en las sesiones”. “No aprobar esta planificación deja al descubierto la falta de inversión en políticas de infancia”.
“El INAU no tiene un reflejo presupuestal para implementar acciones para el abordaje de las situaciones de violencia, y no contempla nuevas aperturas y ampliaciones en las distintas modalidades de atención en la comunidad. Tampoco hay propuestas presupuestales para el abordaje de proyectos dirigidos al embarazo adolescente, ni estrategias que apunten a la ampliación necesaria de los programas de egreso adolescente que fortalezcan la autonomía progresiva y la inclusión social”, dijo.
Respecto de la ampliación de coberturas para la atención de la primera infancia con nuevas infraestructuras, “sólo se presentan los planes de obras de los CAIF de 2020 a 2022, proyecciones heredadas de la planificación de ampliaciones realizadas por la administración anterior”. Señaló que “hay presupuesto para esas construcciones, pero no para su puesta en funcionamiento”. Por esto es que “en 2020 se finalizaron obras en 24 CAIF, pero hasta el momento sólo 11 están en funcionamiento”.
Para Argenzio, muchas de las propuestas que se hacen “se irán llevando adelante, aisladas y sin una mirada integral”, lo que redunda en un menor impacto. “Se continúa postergando a las infancias y las adolescencias”.
La directora del INAU por la oposición concluyó que la inversión en infancia y adolescencia debe ser un “mandato ético del Estado” y “una prioridad en tiempos de crisis”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 682 – 26/04/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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