NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1983
Viernes 1º de Agosto de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
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HOY:
1) Justicia retoma indagatoria por torturas en Laguna del Sauce
2) Otros seis oficiales de la Armada indagados
3) Oposición cuestionó ausencia de Tabaré Vázquez en debate sobre
megaminería.
4) Bordaberry quiere reimplantar forma de detención ya vigente
5) Vecinos de San José afectados por fumigaciones piden que Dinama declare
la zona como “no apta” para la soja.
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa».
Noam Chomsky
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1) Justicia retoma indagatoria por torturas en Laguna del Sauce
(FM Gente)
Unos sesenta testigos están citados para el próximo 6 de agosto ante el
juzgado penal de 4º Turno de Maldonado, en el marco de la indagatoria por
unas quince denuncias de torturas cometidas en el batallón de ingenieros
Nº4 durante la dictadura. Activistas por los Derechos Humanos están
convocando a una vigilia, para ese día, frente a la sede penal fernandina.
Alicia Martínez, vocera de la organización Crysol, recordó en FM Gente
que las denuncias fueron presentadas en octubre de 2011 ante la posibilidad
de que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
prescribieran. Entonces se presentaron unas 15 denuncias que implican a
decenas de víctimas y testigos de las torturas que sufrieron los
prisioneros “políticos o de conciencia” alojados en el batallón de
Ingenieros Nº4 de Laguna del Sauce.
Martínez explicó que hay 60 testigos citados para el miércoles 6 de
agosto y no descartó que la jueza del caso haya citado, de oficio, a otras
personas vinculadas a aquellos actos. “Esto es un tema que tiene que ver
con la memoria histórica colectiva, la investigación es un debe de
nuestra sociedad y por suerte la sede está investigando”, consideró.
Por ese motivo, las organizaciones están convocando a una vigilia que
tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 6 de agosto frente a las
puertas del juzgado. Se pretende que la ciudadanía acompañe a los
testigos que “tuvieron la valentía de romper con los dolores que implica
hacer una denuncia por delitos que transcurrieron hace tanto tiempo pero
que están tan vigentes dentro de cada uno. Hay cosas que no se olvidan de
lo que a uno le pasó”.
Martínez enfatizó que, en la actualidad, decenas de ciudadanos del
departamento deben compartir espacios con quienes les torturaron. “Para
quienes se cruzan a diario con quienes fueron sus torturadores es muy
difícil seguir viviendo y no tener adentro dolores muy gruesos. Hacer que
la justicia actúe, dar nuestro testimonio ante la Justicia, es dar nuestro
granito de arena para una democracia más sólida”, remarcó.
La activista declinó dar nombres sobre los testigos citados o sobre la
investigación en curso. No obstante, dijo que entre los convocados para el
6 de agosto “hay personas que cumplen responsabilidades legislativas y
ejecutivas”. Estimó que la jueza pretende corroborar “una parte de la
investigación” y que no apunta a casos concretos sino a que “todos los
prisioneros políticos o presos de conciencia que pasaron por el cuartel
pasaron por torturas en mayor o menor grado”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE AGOSTO DE 2014
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2) Otros seis oficiales de la Armada indagados
Los excomandantes en jefe de la Armada, Alberto Caramés, Oscar Debali y
Hugo Viglietti declararon ayer ante la justicia de crimen organizado en el
marco de las causas pendientes desde 2010 por hechos de corrupción en la
fuerza de mar. A los dos días de dictar los procesamientos de tres
marinos, entre ellos Viglietti y diez proveedores por compras ficticias por
U$S 1,7 millones, la Justicia retomó otra causa pendiente desde 2012.
El juez Juvenal Javier (subrogando a Néstor Valetti) interrogó a los
indagados, dijeron a El Observador fuentes judiciales. Junto a los
contraalmirantes declararon sus adjuntos, también implicados en las
maniobras que incluyen el cobro de sobresueldos mediante la utilización
irregular de vales de nafta.
El capitán de Navío, Alex Lebel, quien denunció en 2010 ante la entonces
jueza del caso Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero irregularidades
detectadas cuando él se encontraba en actividad, también declaró ayer.
En 2012 Lebel declaró en el programa Código País de canal 12, que en la
Armada existe corrupción “desde hace años”. Con respecto a Caramés,
en 2012 había sido procesado por la Justicia Militar por el delito de
“omisiones de servicio”, pero luego el Supremo Tribunal Militar no
encontró pruebas para condenarlo y dispuso su sobreseimiento.
Caramés ocupó el cargo de comandante de la fuerza de mar, entre agosto de
2011 y setiembre de 2012. En diciembre de 2011, siendo jefe de la Armada,
declaró en calidad de indagado en una de las causas de las compras
truchas. La presunta vinculación del excomandante con las maniobras
fraudulentas surge por dos compras irregulares que la Prefectura Nacional
Naval realizó en 2007, mientras era jefe de la Dirección de Material
Naval.
Por esa causa Valetti procesó sin prisión el martes a Viglietti y a su
adjunto Rossi por el delito de abuso de funciones. En tanto, el teniente de
navío, Carlos Barrero, fue procesado con prisión por el delito de fraude,
junto a dos proveedores. Otros ocho empresarios fueron procesados sin
prisión.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE AGOSTO DE 2014
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3) Oposición cuestionó ausencia de Tabaré Vázquez en debate sobre
megaminería.
Santiago Sánchez (La Diaria)
No es usual ver a Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry
(Partido Colorado) aplaudidos en instalaciones de la Universidad de la
República (Udelar). Tampoco es común que estos candidatos presidenciales
compartan una mesa con otros de mucha menor adhesión como Gonzalo Abella
(Unidad Popular), César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente) o
Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores). Y si algo fuera de lo
común le faltaba a la cita de ayer fue que el chivo expiatorio de la
jornada fue el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien
recibió varios abucheos, luego de su discurso y al retirarse del Paraninfo
de la Udelar.
Todo esto fue posible en una charla sobre megaminería en Uruguay, llamada
“Perspectivas de la minería de gran porte en Uruguay”, organizada por
el colectivo Uruguay Libre de Minería. Con pequeños matices entre ellos,
la mayoría de los oradores criticó el proyecto minero de Aratirí. El
único defensor, no del proyecto sino de la megaminería, fue Mieres,
aunque no fue el único abucheado: el candidato por el Frente Amplio,
Tabaré Vázquez, también fue fuertemente cuestionado, especialmente por
Abella y Vega, por ser el único ausente en la cita.
Ajo y agua
Vega fue el más aplaudido de la actividad. Llegó con una ristra de ajos
“uruguayos, y no cultivados en China en condiciones de esclavitud”.
Según argumentó, cultivando 10.000 hectáreas de este vegetal (un área
similar a la que comprenderían las minas de Aratirí) se les podría dar
trabajo a 40.000 personas (casi 35.000 más de las que ocuparía el
proyecto durante su construcción), aunque esa cantidad de ajo “nunca se
plantó en Uruguay”. Vega ironizó con que Zamin Ferrous es una empresa
del Partido Socialista (PS), argumentando que tanto el gerente general del
proyecto, Fernando Puntigliano, como Vázquez, el ministro de Industria,
Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y la ex titular de la Dirección
Nacional de Medio Ambiente Alicia Torres pertenecen a este sector
político. “En realidad, espero que no sea una empresa del PS, porque el
PS ha aportado invalorables políticos a la historia del país”, aclaró.
Vega también criticó el proyecto del puerto de aguas profundas y
advirtió que la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos actualmente
no tiene dónde parar en el océano Atlántico. “Pueden decirnos que
estamos locos, pero vamos a ver”.
Minutos después, Fernández haría referencia a los ajos de Vega: “Yo no
traje la estaca, porque a este proyecto, que es realmente vampiresco,
habría que clavarle una estaca bien profunda”. También sostuvo que la
iniciativa de Aratirí es “corrupta, podrida y escandalosa”. Fernández
impulsa una recolección de firmas para una reforma constitucional que
prohíba la megaminería metalífera a cielo abierto. Sobre el final los
candidatos se expresaron sobre esta posibilidad pero ninguno apoyó
íntegramente la iniciativa.
Bordaberry advirtió que esa reforma podría generar complicaciones con
proyectos que vienen trabajando sin complicaciones, que incluso podrían
enjuiciar al Estado. “Si fuera hacia adelante yo expresaría mi
acuerdo”, aclaró. Vega argumentó que no es correcto “plebiscitar sin
fecha de vencimiento”, ya que no es legítimo elegir el futuro para
quienes habiten el país dentro de 30 años.
Fernández chocaría sobre el final del debate con Vega, cuando sostuvo la
necesidad de llevar adelante la industrialización del país. “El futuro
del país es la producción de ajos y no de estos chirimbolos [por el
celular que tenía en su mano]. La vocación del Uruguay es con la pradera,
el agua y nuestras tierras”, aseguró Vega, ante el aplauso del público.
Minutos antes, Abella había advertido que “el neoliberalismo impera en
los cuatro partidos” con representación parlamentaria y describía cómo
en las escuelas rurales “se cierran las puertas” cuando “viene el
avión” de la fumigación de los monocultivos como la soja transgénica.
Constitución, Estado unitario y descentralización
Otro tema que se debatió en la mesa fue la decisión de la Cámara de
Diputados de dejar sin efecto un decreto aprobado por la Junta
Departamental de Tacuarembó que declaraba al país libre de minería
metalífera. Mieres argumentó que la decisión del Parlamento fue
legítima en la medida que Uruguay es un Estado unitario y los
departamentos no tienen potestad para definir qué tipo de producciones
económicas quieren realizar. Bordaberry, en cambio, dijo que la decisión
del Parlamento es pasible de ser impugnada y legitimó la decisión tomada
por “el pueblo de Tacuarembó”.
Otro tema que enfrentó a Mieres y Bordaberry fue el cumplimiento del
acuerdo multipartidario sobre megaminería. Mieres, que defendió la Ley de
Minería de gran porte, dijo que el proyecto presentado por el Ejecutivo
reflejó lo que se había acordado (incluso sostuvo que de no aprobarse la
ley los cuidados ambientales serían menos, porque regiría el viejo
Código de Minería) y cuestionó a todo el Partido Colorado y parte del
Partido Nacional por bajarse del acuerdo: “Me hace acordar a lo que pasó
con la planta de celulosa. El gobierno de otros partidos lo quería y el FA
se oponía, pero luego llegaron al gobierno y lo vieron como una
oportunidad. Ahora esto es necesariamente al revés”. Bordaberry
respondería que el proyecto de ley no incluyó puntos del acuerdo como el
respeto de leyes de ordenamiento territorial, las disposiciones para evitar
temas secretos, confidencialidades y exoneraciones tributarias.
Había abierto el encuentro Lacalle Pou cuestionando que el gobierno
negocie la “soberanía ambiental” y que haya presionado a la Dinama a
apurar las aprobaciones ambientales. También cuestionó que el puerto de
aguas profundas cambió su lugar cuatro veces en cinco años, y que para
funcionar necesita 62 millones de toneladas que hoy por hoy son imposibles
de asegurar. “Acá no hay un pueblo o una ciudad atrás. Hay un operador
ligado”, sostuvo, asegurando que Aratirí y este proyecto están
“profundamente ligados”.
Mientras ocurría el evento, una bengala explotó en uno de los salones de
la Facultad de Derecho. Además de la bengala se encontraron en el salón
tres botellas de nafta y una garrafa de medio kilo que no llegaron a
encenderse.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE AGOSTO DE 2014
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4) Bordaberry quiere reimplantar forma de detención ya vigente
(180)
La propuesta de Pedro Bordaberry de reactivar el decreto ley 690 de 1980
que permite la detención en averiguaciones es inútil porque ya está
vigente en la ley de procedimiento policial que votó el gobierno del
Frente Amplio en 2008. Así lo dijo a No toquen nada el doctor Martín
Sbrocca, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
La propuesta figura entre las 15 medidas de seguridad ciudadana del
candidato del Partido Colorado.
Para Ielsur la “detención en averiguaciones” es inconstitucional. Pero
Sbrocca destacó que no tiene sentido proponer reinstalar un decreto cuando
su efecto está vigente en una ley.
“Basta con que el funcionario policial tenga elementos que considere
suficientes o fundados sobre que existe un hecho con apariencia delictiva
cometido por determinada persona como para ya detenerlo y conducirlo.
Evidentemente eso viola el Código del Procedimiento Penal y la
Constitución cuando habla de flagrancia o que la detención solo se puede
hacer con una orden del juez y habiendo semiplena prueba de un delito”,
afirmó.
El Artículo 48 de la ley de procedimiento policial lleva por título:
“Conducción de personas eventualmente responsables de un hecho
delictivo” y establece que “La policía deberá conducir a dependencias
policiales a cualquier persona si cuenta con motivos suficientes o fundados
sobre su responsabilidad en un hecho con apariencia delictiva recientemente
acaecido” y agrega que posteriormente “se dará cuenta de inmediato al
Juez competente”.
La ley de procedimiento policial incluye también, en su artículo 43,
normativa que habilita a la policía a exigir documentos a los ciudadanos.
Esto también está vigente y, como quiere Bordaberry, habilita a la
policía a pedir documentos y, en caso de que la policía tenga dudas,
está habilitada a detener a la persona.
Sbrocca dijo que desde IELSUR se cuestiona este artículo de la ley de
procedimiento policial por los mismos motivos por los que se cuestionaba al
decreto 690 cuando estaba vigente.
“Basta con leer el artículo 48 de la ley para comprender que ese
artículo que regula la conducción de personas eventualmente responsables
de un hecho delictivo establece lo mismo que el decreto 690 del 80.
Realmente sorprende que se quiera reinstalar algo que hoy está vigente”,
afirmó. “Llama la atención que el doctor Bordaberry no esté informado
y sus asesores no le hayan hecho saber que lo que pretende reimplantar hoy
ya está previsto y regulado”, agregó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE AGOSTO DE 2014
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5) Vecinos de San José afectados por fumigaciones piden que Dinama declare
la zona como “no apta” para la soja.
Federico Gyurkovits (La Diaria)
Peces que aparecen flotando sobre la superficie de una laguna, durazneros
que se secan repentinamente, colmenas dañadas y mortandad de abejas,
alergias y afecciones respiratorias en las personas, son algunos de los
relatos que hacen los vecinos de Villa Ituzaingó, departamento de San
José, cuando explican por qué se oponen a que se siga plantando soja en
unas 200 hectáreas de campo cuyos límites, en los hechos, son también
los que marcan el inicio del pueblo. El dueño del predio, que fue multado
por no cumplir con la distancia mínima de 300 metros que debe haber con un
área suburbana para poder fumigar por vía terrestre, asegura que esa
normativa no es aplicable y habría que reformularla.
Siguiendo el rastro
Los casos se multiplican. La preocupación brota en localidades pequeñas,
medianas y grandes de todo el país. El avance de la soja y el poder
económico que ha adquirido, especialmente en la última década, no ha
sido acompasado por información confiable sobre el impacto ambiental que
trae aparejado, como tampoco por un plan de siembra específico que tenga
en cuenta el carácter transgénico de esa leguminosa y el cóctel de
plaguicidas que requiere. La comunidad académica alerta por los daños a
la salud y la potencial contaminación de los cursos de agua derivados de
la aplicación de productos tales como glifosato o endosulfán.
Desde Menafra, en Río Negro, a Paso Picón, en Canelones. Desde Guichón,
en Paysandú, hasta Laguna del Cisne, en Maldonado. Desde Villa Ituzaingó,
en San José, hasta Paraje El Tala, en Soriano. Éstos son sólo seis de
las decenas de pueblos en los que al menos parte de la población ya ha
experimentando consecuencias directas en su vida cotidiana por la
aplicación de plaguicidas en campos de soja. Así lo testimonian sus
relatos y lo comprueban las intervenciones gubernamentales que han dejado
documentos que consignan la violación de las normativas para llevar a cabo
las fumigaciones. También hay constancia de los daños en juicios civiles
y penales que han concluido o que aún están en trámite.
Desde la academia se advierte que son necesarios más investigación y
análisis para poder establecer si en Uruguay ocurre lo mismo que en los
países vecinos, donde la contaminación ya ha sido comprobada
científicamente y figura en la lista de la multiplicación de casos de
cáncer y tumores en las poblaciones afectadas, así como abortos
espontáneos, enfermedades cutáneas y respiratorias.
Villa Ituzaingó es uno de los sitios que se sumaron recientemente al auge
sojero de los últimos años. Es también uno de los pueblos fumigados que
no quieren que se repita en la próxima temporada lo que les tocó vivir, y
para lograrlo reclamaron a la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(Dinama), en un petitorio avalado por más de la mitad de sus habitantes,
que sea declarado territorio no apto para plantar soja.
De las 312 viviendas que fueron contabilizadas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en el censo de 2011, 259 estaban ocupadas. En la
mayoría de ellas existe espacio suficiente para el desarrollo de huertas y
granjas a escala hogareña, y efectivamente los habitantes tienen arraigado
el autocultivo, aunque los adultos y más veteranos reconocen que con las
nuevas generaciones esta cultura ha ido perdiéndose. Sin embargo, se
mantiene, y pueden verse a simple vista en los frentes o fondos de las
casas desde árboles frutales a hortalizas y verduras.
Su fundación se remonta al 23 de octubre de 1875, cuando mediante un
decreto se lo categorizó como pueblo. Cuando cumplió su 88º aniversario,
el Parlamento lo ascendió a villa, aprobando la Ley 13.167 el 15 de
octubre de 1963, año en el que se contabilizaron 708 habitantes,
alcanzando 12 años después su máximo histórico de 930. El registro
estadístico marcó 734 pobladores en 1985, 769 en 1996 y 740 en 2004. El
censo de 2011 estableció que la comunidad está formada por 771 personas,
417 de ellas mujeres y 354 varones.
Ituzaingó tiene estación de trenes, una escuela y, desde febrero de 2014,
un centro CAIF. El punto de encuentro por excelencia, además de la plaza,
como en todo pueblo, es el espacio de deportes instalado en el corazón del
lugar. Los fines de semana en los que hay partido y les toca ser locales en
la liga de baby fútbol en la que participa, son pocos los que se quedan
sin darse una vuelta mientras dura la jornada. El domingo recibieron la
visita de Aguas Corrientes y el sol fue un aliado a la hora de llenar la
lomada de tierra devenida tribuna principal.
Tarjeta roja
Yimmy Álvarez se afincó en la zona hace varios años. Es árbitro de
Primera División y eso lo convierte en un personaje conocido, en un mundo
en que todos se conocen. Es, a su vez, entrenador de la categoría
2003-2004. El domingo sobre las 11.00, mientras esperaba la llegada del
equipo para compartir una tallarinada en su casa antes de arrancar para la
cancha, relató el proceso que lo llevó a ser uno de los referentes de la
movida ante la Dinama.
Mientras mostraba fotos que sacó con su celular cuando se realizó la
cosecha “y una polvareda tapó el pueblo”, explicó que la
preocupación es por las consecuencias en el corto plazo (afectación por
contacto directo con los plaguicidas), pero especialmente por lo que pueda
ocurrir a mediano y largo plazo en los cursos hídricos. Los campos en
cuestión decantan mediante una cañada hacia una laguna que se conecta con
el Arroyo de la Virgen, que a su vez desemboca en el río Santa Lucía.
“Ahí es donde terminan todos los químicos que se aplican y que, por lo
que se sabe, son altamente contaminantes”.
El vecino asegura que hasta ahora y transcurridos varios meses, no han
tenido ninguna respuesta por parte de la Dinama, al tiempo que una nueva
temporada de siembra se aproxima, y según lo que anunció el empresario
Lázaro Bacigalupe, propietario del predio, este año volverá a plantar
soja en sus tierras maragatas
Fue el 7 de abril que entregaron una carta con las firmas de unos 400
vecinos dirigida a la ingeniera Laura Bonomi de la Dinama, para denunciar e
informar sobre “irregularidades medioambientales que ocurren en la zona
de influencia a nuestra población”. En la misiva reseñan que el 10 de
enero se llevó a cabo una asamblea vecinal para evaluar las acciones “a
seguir respecto de la plantación de soja existente en el establecimiento
ex Linares, ubicada en ruta 79 kilómetro 82, contigua a la zona urbana,
que utiliza” en su proceso productivo “fumigaciones terrestres con
agroquímicos”. “En octubre del año pasado un vecino que posee una
quinta de durazneros constató que posterior a una fumigación nocturna se
vieron afectadas una 50 plantas, hecho éste que fue denunciado en la Junta
Departamental”, que resolvió darle intervención a la Dirección de
Higiene de la Intendencia de San José y a la Comisión de Higiene, Salud y
Medio Ambiente de la propia Junta.
La solicitud consigna que durante los meses siguientes recogieron
“testimonios de varios vecinos que se habían visto afectados en su salud
con reacciones alérgicas” a consecuencia de las fumigaciones, cuadros
que “pueden derivar en trastornos más graves y severos”, agravados, en
la opinión de los vecinos, por “la contaminación inminente que provoca
sobre el Arroyo de la Virgen, que transcurre por el predio cosechado, al
que derivan todos los arrastres de los agrotóxicos utilizados, y por ende
al río Santa Lucía”.
Se establece también que ante la confirmación por parte de varios vecinos
de una nueva fumigación “en horas de la tarde noche” del 13 de enero,
optaron por impulsar otra denuncia, esta vez por intermedio de un
formulario disponible en la página web del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), “acudiendo 48 horas después autoridades
competentes (inspectores) quienes constataron las irregularidades
detalladas e informaron que se aplicarían las multas correspondientes a la
empresa encargada de la fumigación”.
Finalmente, enfatizan en que el cuadro se completa por el hecho de que
frente al campo, a unos 50 metros de distancia, funciona desde febrero un
centro CAIF al que asisten 34 niños, y que la escuela Nº 59 está
emplazada a menos de 200 metros. “De acuerdo a todo lo expuesto y en
procura de erradicar definitivamente estas producciones contaminantes del
área de influencia urbana y medioambiental de nuestro pueblo, se
recolectaron firmas de vecinos de la zona para llevar la denuncia a todos
los ámbitos competentes. Con esta información aportada queremos [que] se
nos dé por presentada la denuncia” y que “se tomen las medidas
correspondientes a prohibir definitivamente este tipo de producciones en el
área de influencia de Villa Ituzaingó”.
Sin cosecha
Washington Reyes está jubilado desde hace tiempo. Fue policía y, desde
que se retiró, una de sus principales ocupaciones es cuidar su quinta de
54 durazneros, cuya producción anual han sabido saborear muchos de los
habitantes del pueblo. Pero la última cosecha la perdió. Le llevó varios
días y charlas con otros vecinos y conocedores del tema concluir que todo
se desencadenó tras el paso del tractor mosquito que aplicó los productos
fitosanitarios para eliminar plagas y malezas.
“Me dio una lástima… yo salía a mirarlos y estaban todos florecidos.
Ese día vi el tractor que estaba recorriendo el campo y sentía el olor.
Pero nunca pensé que iba a pasar esto”, cuenta Reyes rodeado de sus
durazneros. A diferencia de aquella mañana, el domingo sólo se veían sus
ramas podadas y peladas, aunque algunos brotes le daban la esperanza de que
había logrado salvarlos. “Los lavé con agua de pozo, sin cloro, para
sacarles ese veneno, y, por consejo de un conocido, les corté todas las
ramas hasta donde estuvieran secas. Creo que los recupero”, afirmó.
Antes de convencerse de que la fumigación de la soja fue lo que causó el
fenómeno en su quinta, situada a unos 100 metros del campo, creyó que él
había hecho algo mal, pero tras analizar una y otra vez todos los pasos
que había dado, no le encontraba la vuelta. “Yo los curé con lo mismo
de siempre”, comenta. “Eso que usan tiene que ser un veneno muy
potente”, piensa en voz alta, y se asusta al imaginar que se puede
repetir la misma situación en pocos meses, cuando el ciclo sojero se ponga
en marcha, hacia fines de año.
Humberto Alexander también es productor, tiene vacas y diferentes cultivos
a escala pequeña en su predio, ubicado a un costado del predio de
Bacigalupe, separados por una cañada. El año pasado, por las mismas
fechas en las que los duraznos de Reyes se echaban a perder, él fue una
vez más hasta la laguna que se encuentra a unos 500 metros de su vivienda,
y donde muchos lugareños iban con frecuencia a pescar. “Cuando llegué,
ese día el agua estaba tapada de peces muertos, de todo tipo y tamaño.
Nunca había pasado algo así, y no me dio para sacarle fotos, pero era una
imagen que impactaba”, asegura, mientras describe el recorrido que hace
el agua de lluvia desde el campo vecino, arrastrando los restos de los
plaguicidas hacia la cañada, que decanta en la laguna y en el Arroyo de la
Virgen, afluente del río Santa Lucía, poniendo en eventual riesgo su
condición de abastecedor de agua potabilizable.
Cree que no existe una dimensión real del perjuicio que causan los
llamados agrotóxicos, ni en la población ni en las autoridades. Expresó
que tiene la misma incertidumbre que los demás habitantes sobre el futuro
del lugar, y las consecuencias en la salud que les dejaría el uso
sostenido de estos productos. Lo mismo piensa Olga Martínez, referente de
la asociación civil que gestiona el CAIF Rincón de Luz, ubicado sobre la
ruta 79, enfrente al campo. Si bien abrió sus puertas en febrero,
Martínez asegura que ya sufrieron las consecuencias de la actividad
productiva, mencionando, por ejemplo, problemas de respiración en algunos
de los niños.
Casi lo mismo repite Dante Carlini, otro de los que están movilizados para
lograr que la zona sea declarada libre de soja. Él fue quien radicó la
denuncia online ante el MGAP en enero, activando una inspección el 16 de
ese mes por parte de técnicos de la Dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA). A los 14 días de esa instancia, Carlini fue notificado
de que se comprobaron “aplicaciones en cultivo de soja en zona suburbana,
no respetando la normativa vigente”.
En informes posteriores que le fueron enviados, se le hizo saber que
Tonigral SA, la empresa que opera la plantación, había sido multada.
Se nos viene el agua
Entre las gestiones y contactos que concretaron los vecinos de Villa
Ituzaingó figuran reuniones con ediles y autoridades de la Intendencia de
San José, entre ellos José Carlos Bisensang, director de Higiene de la
comuna. Consultado por la diaria, el funcionario dijo: “Lo que pasó en
Ituzaingó fue que hay un plantío que está muy cercano de la zona
poblada… y ahí se da una contradicción, porque está prohibido fumigar
pero no está prohibido plantar”, en alusión a la distancia de 300
metros. “Creo que hay que ir a un ajuste de la normativa”, opinó.
Desde su óptica, esta reformulación debería contemplar la cercanía
existente con los acuíferos. Contó que a fines de junio se entrevistó
una vez más con los vecinos para darles el respaldo del gobierno local al
planteo que hicieron en la Dinama. Sostuvo que si bien en este caso “no
hubo afectaciones a la salud de las personas, sí se arruinaron vides y
durazneros; sabemos por la literatura internacional y nacional cuáles son
las consecuencias por el uso de plaguicidas”.
Por su parte, el edil del Frente Amplio Juan Carlos Alfaro, uno de los que
encendieron la alarma en la Junta por los efectos de la soja, consideró
que en tiempos electorales este tema quedará en segundo plano, pero lo
definió como “prioritario”. Anunció que una vez terminada la
campaña, lo presentará como tema político en su colectividad, con miras
a fortalecer las regulaciones y los controles para brindar garantías a los
habitantes de los pueblos cercanos y preservar “un recurso tan vital como
el del agua”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 1º DE AGOSTO DE 2014
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