1) Retoman excavaciones en Batallón Nº13 .
2) Casos de nietos recuperados y desaparecidos llegaron a juicio por el Plan Cóndor en Roma. –
3) Construirán nuevo cuartel militar en el centro del país –
4) ¡Ellos también censuran! –
5) PIT-CNT dará batalla para suba salarial por encima de la pauta –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2029 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 17 de Julio de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Retoman excavaciones en Batallón Nº13
(Caras y Caretas)
Un grupo de antropólogos volvió a ingresar este jueves al predio del Batallón Nº13, para iniciar los trabajos en busca de restos de detenidos desaparecidos. La directora de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor, pidió “paciencia y calma” sobre los posibles resultados.
El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, y representantes de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y de la Comisión de Trabajo por Verdad y Justicia, ambas bajo la órbita de Presidencia de la República, ingresaron este jueves al predio del Batallón Nº 13, de forma de iniciar los trabajos de excavación en búsqueda de detenidos desaparecidos.
Sobre las 10:00 horas comenzaron a llegar los integrantes del equipo de antropólogos que realizaran las tareas de excavación, cuyo inicio está previsto para este viernes. Con el correr de los minutos se hizo presente una delegación de la Comisión por la Verdad y la Justicia, encabezada por Pedro Sclofsky, y la directora de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor. Sobre las 11:00 horas, arribó el juez Salazar, tras lo cual comenzó la recorrida por el predio.
El magistrado inspeccionó el lugar y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares sobre las zonas de interés y habilitó el inicio de las excavaciones, que comenzarán este viernes, con un equipo de 10 antropólogos, según explicó Wschebor, en un breve diálogo con la prensa. Los trabajos se concentrarán en dos predios pertenecientes al Batallón Nº 13 y al Servicio de Material y Armamento (SMA), agregó.
En este sentido, Wschebor explicó que el ingreso a estos predios forma parte de un procedimiento sobre el se venía trabajando “hace meses”, desde la anterior administración, y supone terminar “un plan de trabajo que ya estaba trazado”. “Las excavaciones son una parte del esclarecimiento de la verdad”, señaló Wschebor. Asimismo, pidió tener “paciencia y calma” en torno a los plazos para conocer los resultados.
Por su parte, Sclofsky insistió en que la Comisión estudia “las distintas informaciones” que se reciben, pero “es un proceso que lleva su tiempo”. “No es bueno crear falsas expectativas de que de un día para otro va a dar resultados. Tenemos que tener suficiente tiempo para poder hacer las investigaciones correspondientes”, ya que se trata de un tema en el “que lleva un tiempo largo para sacar sus conclusiones”, dijo Sclofsky.
En 2006, en el predio del Batallón Nº13, fueron hallados los restos del militante comunista Fernando Miranda. Asimismo, en 2013, un grupo de antropólogos volvió al lugar en busca de María Claudia García de Gelman, madre de la diputada Macarena Gelman, pero no lograron dar con el paradero de sus restos. Hace poco más de un mes, el juez Salazar realizó una recorrida por la zona junto a siete testigos de la causa presentada por el abogado Pablo Chargoñia en relación a casos de torturas, muertes y desapariciones en ese predio.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE JULIO DE 2015
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2) Casos de nietos recuperados y desaparecidos llegaron a juicio por el Plan Cóndor en Roma.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
“Yo quisiera, ante este Tribunal, dejar constancia de que el 30 de setiembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, en Automotores Orletti, estaban vivos María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni, Victoria Grisonas de Julien, Mariana Zaffaroni, los hermanos Julien y una ciudadana paraguaya que nunca identificamos. Gracias”. Con esas palabras Beatriz Barbosa terminó, el viernes, su testimonio delante de la III° Corte d’Assise de Roma, en el juicio por el Plan Cóndor. Su emoción se vislumbró cuando pronunciaba esas frases, mientras que a lo largo de su declaración fue muy firme y prolija en detallar los hechos.
Secuestrada el 30 de setiembre de 1976 en Buenos Aires, donde residía desde 1974 en forma legal, fue detenida en la calle por individuos del Ejército uruguayo y la Policía argentina. Fue introducida en un auto de forma violenta, tirada en el suelo en la parte posterior del automóvil. Ante sus preguntas, alguien desde el asiento delantero le levantó la cabeza de los pelos y le mostró su cédula uruguaya: “No te hagas la tonta”, fueron sus palabras. Después, el santo y seña de Orletti, “Ábrete sésamo”, y una cortina metálica que sube crujiendo siniestramente. Barbosa fue introducida en una habitación. Encapuchada y maniatada escuchó la voz de una niña que pregunta “¿Ésa quién es, mamá?”. “Es la tía Beatriz”, contestó una mujer que de inmediato Barbosa reconoció como María Emilia Islas, su compañera de militancia.
Después de 39 años, la tía Beatriz y aquella niña, Mariana Zaffaroni, declaran en el mismo juicio en contra de los represores acerca de la desaparición de los padres de Mariana y de otros militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Sentada en la sala donde se desarrolla la audiencia, Mariana escuchó a Barbosa relatar aquel encuentro en Orletti, del cual no tiene memoria. “Fui apropiada por Miguel Ángel Furci y su esposa Adriana González. Falsificaron mis documentos, registrándome como su hija. Cambiaron mi nombre y fecha de nacimiento. Yo fui Daniela Romina Furci y viví con ellos muchos años creyendo ser su hija. A raíz de la búsqueda que hizo mi familia biológica con la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, me localizaron en 1984. En 1993 me realicé el examen de ADN que me restituyó mi identidad. Furci y su esposa fueron condenados por falsificación de documentos y apropiación”. Zaffaroni se refiere también al plan sistemático, un procedimiento organizado y metódico de apropiación de bebés de detenidas, por el cual el Tribunal Oral Federal Nº 6 de Buenos Aires emitió un veredicto el 5 de julio de 2012.
Carla Artes es otra nieta recuperada que vino a declarar a Roma. Fue secuestrada en Oruro, el 2 de abril de 1976, junto a su madre Graciela Rutila Artes, dirigente estudiantil. Carla tenía nueve meses: su mamá fue transportada al Departamento de Orden Político de Oruro y ella, introducida en un orfanato bajo el nombre de Nora Nentala. Después de cuatro meses las dos fueron reunidas y trasladadas a Argentina, donde terminan en Automotores Orletti. Es allí que la vida de Carla se topó con la de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante de la Secretaría de Informaciones del Estado y de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Él y su esposa, Amanda Beatriz Cordero, se apropiaron de la niña y la inscribieron como hija biológica con el nombre de Gina Amanda Ruffo. Hasta el 25 de agosto de 1985, día en que Carla se reunió con su abuela Matilde Artes Company, la niña vivió maltratos y abusos sexuales por parte de su apropiador Ruffo: “El 24 de agosto hay un operativo en la casa donde estábamos con Ruffo y el resto de la familia. Ellos son detenidos y yo llevada al juzgado 5 en el Palacio de Tribunales. El juez es el que me restituye el nombre y mi historia y paso de llamarme Gina a Carla. Esa noche conozco a mi abuela Matilde y empiezan mis días de libertad”.
Estela de Carlotto concluye las acciones de la mañana con una larga declaración sobre su historia, la de las Abuelas de Plaza de Mayo, el trabajo incansable de casi 40 años, el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Habla también de casos específicos, como el de los hermanos Julien y de Aída Sanz y su hija Carmen Gallo Sanz: “Encontramos 116 nietos, no todos vivos. Falta encontrar todavía 300. En algún lugar de Argentina o del mundo están. Son desaparecidos vivos. El 5 de agosto del año pasado encontré a mi nieto Guido vivo. Pero sigo yendo todos los días a Abuelas a trabajar para encontrar a los que faltan, y tengo la pretensión humilde de encontrar otros y hablar de lo que pasó, porque la violación de los derechos humanos afecta a todos”. Después de su testimonio, De Carlotto habló con la diaria acerca del final feliz que tuvo su historia personal: “Yo nunca perdí la esperanza de encontrar a Guido. He tenido momentos de debilidad, pero sabía que había nacido y en algún lado estaba. Mientras tanto encontrábamos otros. Cuando la jueza me dijo que habían ubicado a mi nieto me vino un baño de luz. Yo lo buscaba parecido a Laura y él se parece mucho a su padre. Es un chico buenísimo, músico, criado en el campo con la naturaleza, sencillo. Él esta bien, tiene muchos proyectos y nosotros lo mimamos mucho”.
En la conclusión de la audiencia, la jueza Evelina Canale comunicó el nuevo calendario de las audiencias, modificando algunas fechas y agregando otras, y decidió reducir la lista de testigos admitidos a declarar, invitando a todas las partes a limitarse a testigos que puedan aportar pruebas directas sobre los casos en examen. La próxima audiencia está fijada para el 24 de setiembre.
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3) Construirán nuevo cuartel militar en el centro del país
Víctor Rodríguez (El País)
El Ministerio de Defensa Nacional evalúa trasladar y construir a nuevo el cuartel y todas las instalaciones del regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N° 2 de Durazno. Esta medida se debe a la antigüedad del emplazamiento, que data de 1829 y, además, debido a que la capacidad actual no resulta apropiada, desde que hace dos años el Batallón 13° se instaló en Durazno, proveniente de Montevideo.
En forma concomitante, al quedar libre el lugar ubicado en la franja urbana al sur, con zona de influencia en el barrio Taddey, las autoridades locales podrían usar ese espacio para la construcción de viviendas u otros emprendimientos. «El proyecto está a estudio, son aspectos que se vienen evaluando», dijo a El País el coronel Walter Berger, comandante de la Brigada de Infantería 5, que nuclea al Regimiento de Caballería Blindado 2 y al Batallón de Infantería Blindado 13 de Durazno, además del Batallón de Infantería Mecanizado 15, con asiento en Florida. El jerarca dijo que la decisión se tomará por parte de las autoridades respectivas y que en caso de concretarse demandará seis años, desde el comienzo de las obras hasta su habilitación definitiva.
Locación
Por el momento no se ha definido el lugar del futuro regimiento, que surgirá de tres sitios posibles que se vienen estudiando, uno de ellos propiedad del Ejército Nacional, en la «Caballada», al oeste por Ruta 14, a orillas al río Yi. El radio de acción en el que están establecidos los regimientos, más otras áreas pertenecientes al Ejército en Durazno, alcanza las 50 hectáreas. La «Caballada» posee unas 150 hectáreas, pero el 60% del terreno es alcanzado por las aguas, cuando se producen inundaciones de gran envergadura.
Aniversario.
«De igual forma habría espacio suficiente para construir», dijo el vocero, quien invitó a la ciudadanía duraznense y de la región centro a la actividad que se desarrollará el próximo jueves, a partir de las 12:00 horas, en el Parque de la Hispanidad de Durazno, en el marco del 36° aniversario de la Brigada 5, ocasión en la que además de proporcionarse información relativa a la brigada, al final de la ceremonia los vehículos podrán ser visitados y disfrutados por el público. El regimiento Galarza tiene 260 efectivos y una cifra similar el batallón 13. El proyecto contemplaría la imposibilidad de destruir áreas como el museo existente en la casa que perteneció al general Pablo Galarza y la infraestructura circundante al edificio (accesos y murallas).
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4) ¡Ellos también censuran!
Gustavo Gómez (La Diaria)
Que la mejor ley es la que no existe. Que regular los medios de comunicación siempre es censura. Que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en Uruguay va a contramano de la libertad y la democracia… y de lo que se hace en el resto del mundo. Falso.
La presentación pública de las experiencias regulatorias de otros países en un reciente Seminario Internacional de la UNESCO y la Cámara de Representantes (http://ladiaria.com.uy/UHt) desnudó la hipocresía de unos pocos que, a sabiendas de que todo el mundo regula estas cuestiones -incluso en los países con mayor tradición democrática-, denominan a la LSCA “ley mordaza”.
Países destacados por la clase política uruguaya como los referentes regionales en materia de liberalismo político, como Estados Unidos y Chile, no sólo regulan hace años a los medios de comunicación, sino que lo hacen de manera más estricta que nosotros.
Estados Unidos tiene una normativa constitucional tan clara como firme en materia de libertad de expresión (la famosa Primera Enmienda), pero allí es aceptable y democrático que se limite la libertad de empresa y de comercio de los medios, tanto para impedir la propiedad cruzada (la misma empresa no puede tener un periódico y un canal de televisión en la misma localidad) como para proteger a la infancia estadounidense de esos propios medios.
Tiene igual horario de protección en los medios que nosotros -de 6.00 a 22.00- para evitar los contenidos audiovisuales que afecten los derechos de los niños. Limita la publicidad en la programación infantil (censura), exige a los medios incluir cierta cantidad de horas de programación educativa (más censura) y prohíbe la programación “indecente” en radio y televisión (nosotros no hemos ido tan lejos).
¿Y Chile? El Consejo Nacional de Televisión es el organismo regulador autónomo responsable de “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión”, lo que incluye acciones como (cuidado que viene la mordaza): establecer un horario de protección a la niñez de 6.00 a 22.00, impedir que “los niños se vean expuestos a emisiones que puedan dañar su salud, desarrollo físico y mental”, prohibir la participación de niños y niñas “en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres”, y prohibir las imágenes con “violencia excesiva, truculencia [o] pornografía” en cualquier horario del día.
¿Para qué sirven estas experiencias? Para copiarlas no, pero sí para que se sepa que lo de Uruguay no es un invento ni una animalada fascista. Puede ser útil para que los lectores de esta columna, por ejemplo empresarios, abogados, jueces, periodistas o trabajadores de los medios que han estado honestamente preocupados por cómo la LSCA podría afectar la libertad y los derechos humanos, comparen nuestra regulación con la de otros países que no pueden ser sospechosos de tener gobiernos autoritarios hacia su población ni de violentar la libertad de expresión.
Nuestra ley es menos exigente y restrictiva, incluso, porque cuenta con expresiones más claras y precisas para regular los medios. Por ejemplo, no habla de cuidar “la moral y las buenas costumbres”, y no usamos la terminología harto polémica de contenidos “decentes o indecentes”.
Existen suficientes experiencias a nivel internacional para asegurar que una regulación democrática de medios no sólo es posible, sino también necesaria. Y de esa comparación surge con claridad que la aprobada en Uruguay es más que razonable y garantista. “En algunos aspectos es tibia en el control -expresó el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay, Frente Amplio)-, cuando uno lo compara con leyes que están en vigencia en países notoriamente democráticos”.
Por si fuera poco, para ser una ley “mordaza” se ha quedado bastante pobre: sólo cinco artículos en 202 de la LSCA regulan contenidos, y están allí con el único fin de proteger a niños, niñas y adolescentes, o evitar la apología o la incitación a la discriminación contra cualquier persona.
El seminario también permitió responder a una crítica que se repite en discursos y recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Justicia: la de que la LSCA viola la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los estándares internacionales de libertad de expresión.
Frank La Rue, ex relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y una de las personas a las que les ha tocado interpretar esos tratados internacionales, así como defender la libertad de expresión para respaldar a Charlie Hebdo contra los ataques terroristas o para criticar a algunos gobiernos latinoamericanos, expresó enfáticamente que “hoy Uruguay es un modelo, y deberían sentirse orgullosos por la ley que este Parlamento aprobó”.
Deberíamos estar orgullosos porque, como afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, “no hay ni puede existir democracia sin pluralidad y diversidad, ni puede haberla sin establecer derechos, obligaciones y garantías. Por tanto, estamos obligados a hablar y a discutir sobre regulaciones que, precisamente, permitan el ejercicio de nuestra libertad, sin vulnerar el derecho de otro en nuestra sociedad”.
De eso se trata. En realidad, lo que está realmente en juego en Uruguay es si la libertad de empresa es un derecho absoluto que está por encima de la libertad de expresión y de información de toda la población.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE JULIO DE 2015
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5) PIT-CNT dará batalla para suba salarial por encima de la pauta
(El Observador)
El Poder Ejecutivo advirtió que ajustes superiores no podrán ser traslados a precios y tarifas
El Poder Ejecutivo prácticamente no se movió un ápice de la pauta salarial que sugirió para iniciar la sexta ronda de negociación de los Consejos de Salarios. Con este panorama, y lejos de que sus duros cuestionamientos hubieran sido contemplados, el PIT-CNT se prepara ahora para dar «batalla» en la negociación con los empresarios que iniciarán 47 grupos en los próximos días e imponer algunas de sus reivindicaciones, como instrumentar correctivos por inflación pasada a un año. Así lo anunció ayer a la prensa el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tras la última reunión del Consejo Superior Tripartito que cerró la discusión por los lineamientos generales para la negociación colectiva con gusto a poco para los sindicalistas y también para los delegados de las gremiales empresariales.
«Está cerrada la fase del Poder Ejecutivo para negociar los criterios para la negociación colectiva. Hay un movimiento del Ejecutivo que es insuficiente con respecto a los planteos de la central sindical. Ahora se abre una fase por rama de actividad donde los trabajadores busquen las mejores opciones para sus convenios colectivos», anunció Abdala.
El sindicalista recordó que los criterios del Poder Ejecutivo son una «parte de la dinámica» que orienta los Consejos de Salariales. «Los trabajadores nos vamos a mover para arribar a convenios colectivos en un rango superior a los criterios establecidos por el Poder Ejecutivo, con todo derecho, como lo marca la ley de Negociación Colectiva. Dependiendo de cómo se desarrolle el diálogo, las situaciones concretas y obviamente la fuerza de cada sector», aseguró. En diálogo con El Observador, el dirigente sindical comentó que seguramente la mayoría de los grupos que comenzarán a negociar en los próximos días opten por llevar a la mesa de negociación ajustes de salarios anuales con correctivos por inflación a un año y no a dos como sugirió el Poder Ejecutivo en su pauta.
Los pequeños ajustes que el Poder Ejecutivo introdujo a la pauta salarial fueron acordados en una reunión que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, mantuvo en la noche del pasado martes con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
Murro informó ayer que el Consejo Superior Tripartito resolvió el inicio en forma «unánime» de los grupos que deben funcionar para la sexta ronda. La próxima semana se recibirán los nombres de los delegados de las 47 mesas.
Respecto a las «adecuaciones» a los lineamientos, señaló que en primer lugar se estableció que el salario mínimo nacional se ubicará en $ 15 mil a partir del 1° de enero de 2019. El segundo punto tiene que ver con los acuerdos que empresarios y trabajadores realicen por encima de los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo.
«Podrán realizarse en la medida en que los ‘traslados a precios, tarifas, o contratos de obra pública’ correspondan a los lineamientos. Por ejemplo, si en determinado momento las partes acordaran un 11% y la pauta era de 9%, se podrá trasladar a precios y tarifas el 9%. Los otros dos puntos serán parte de lo que tendrán que pagar las empresas pero no podrán trasladar», advirtió el ministro de Trabajo.
Fuentes gremiales que participaron del cónclave informaron que este fue un «claro mensaje» que el gobierno trasladó para los ajustes de sectores, como la salud privada, el transporte, la bebida y la construcción, que reciben beneficios por parte del Estado, que «no estaba dispuesto a convalidar convenios con alzas por encima de los lineamientos».
En la construcción y la bebida en las rondas durante el gobierno de José Mujica, los convenios estuvieron bastante por encima de los lineamientos oficiales.
«El gobierno tendrá en cuenta que no puede exigirse una exoneración o subsidio del Estado para determinados sectores, y al mismo tiempo estar negociando aumentos por encima de los lineamientos correspondientes», enfatizó Murro. Por otro lado, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que las pautas del gobierno apuntan a preservar la masa salarial de los trabajadores respecto al PIB. Además, recordó que para los salarios inferiores a $ 15 mil el Ejecutivo fijó aumentos anuales diferenciales de 3,5% (menores de $ 12 mil mensuales) y 2,5% (entre $ 12 mil y $ 14 mil mensuales). «Esto demuestra una clara preocupación por la mejora de los salarios más sumergidos», desatacó. Añadió que en esa franja hay unos 426 mil puestos cotizantes, que corresponde al 25% de los trabajadores del Uruguay.
Cautela empresarial
Al igual que la cúpula del movimiento sindical, el sector empresarial tampoco se fue del todo conforme tras la última reunión del Consejo Superior de Salarios previo al comienzo de las mesas de negociación. «Para nosotros (empresarios) no hubo innovaciones; solamente se complementaron algunos concepto», dijo una fuente empresarial. Si bien el sector comparte los objetivos generales de mejorar la competitividad, mantener los niveles de empleo y salario, considera que las pautas fijadas «no están acordes a esos objetivos. De los escenarios surge que el resultado final es que hay crecimiento de salarios. Ese resultado nos preocupa porque se va a pagar con pérdida de puestos de trabajo», alertó el informante.
Al ser consultada por las aspiraciones del PIT-CNT de obtener aumentos por encima de las pautas oficiales, la fuente dijo que aspira a la «responsabilidad» para pensar a futuro. «Se van a poner sobre las mesas muchas cosas. Habrá que ver hasta dónde se puede conceder para alcanzar un equilibro que sea satisfactorio para ambas partes», indicó. Otro de los informantes indicó que hay que aspirar a «asumir actitudes fundadas y evitar los caprichos. Somos todos conscientes de que están cerrando empresas y se están perdiendo puestos de trabajo», concluyó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE JULIO DE 2015
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