1) “Todos somos Familiares”: acto en el Memorial
2) Ex presos políticos uruguayos se solidarizan con refugiados de Guantánamo
3) Sumario a la fiscal Tellechea, polémica instalada en la Fiscalía
4) Informe 2013-2014 de Serpaj – Buenas y malas
5) Lástima que sean ajenas…
6) Proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual.
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 15 / Nº 2003 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 12 de Diciembre de 2014 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – Apoyo técnico: Carlos Dárdano / COMCOSUR – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / 1994 – 19 de junio – 2014
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) “Todos somos Familiares”: acto en el Memorial
(Uypress)
Cientos de personas acompañaron este miércoles a Madres y Familiares de detenidos desaparecidos uruguayos en el acto que se realizó en el Memorial del Cerro montevideano.
En la proclama leída manifestaron su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada en México y expresaron su preocupación por las denuncias de malos tratos en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que tuvieron lugar este año, así como cuestionan la decisión del Poder Ejecutivo de retribuir la jubilación al militar Gilberto Vázquez, procesado por delitos de lesa humanidad.
Compartimos el comunicado completo que fue leído en el Memorial:
MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS
Día Internacional de los Derechos Humanos
Montevideo, 10 de diciembre de 2014
Una vez más nos convocamos aquí, un 10 de diciembre, una fecha que nos incita a la reflexión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en respuesta a las atrocidades vividas durante la 2da guerra mundial, fue una luz de esperanza, que marcó una nueva senda para la humanidad, que intentó preservar la vida, la paz, la libertad y la igualdad entre los pueblos y las personas.
Este año, lo recordamos en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, que hoy es patrimonio histórico del Uruguay, por la iniciativa de la Comisión del patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, a quien mucho agradecemos.
Este memorial honra la memoria de todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos, es un espacio privilegiado para la reflexión, en el que podemos recordar que esta historia nos pertenece a todos.
Durante la dictadura, fueron miles los compañeros torturados, cientos asesinados y detenidos desaparecidos, hoy, a más de treinta años de re-establecida la democracia, es casi imposible encontrar a alguien que justifique aquellas prácticas.
Actualmente, en América Latina, en varios Estados en los que rigen sistemas de gobierno democráticamente electos, se presentan dificultades reales para garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos, en algunos aún, la tortura y la desaparición forzada son prácticas usuales.
La realidad de los países de nuestro continente, nos preocupa.
Madres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, que integran el Movimiento de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, llevaron a cabo la X Caravana de búsqueda de desaparecidos. La Caravana, «Una Década de Lucha y Esperanza», atraviesa 23 ciudades y 10 Estados de México, que año tras año, siguen la ruta migrante.
En este año, la caravana partió el 18 de noviembre y culminó el 7 de diciembre, realizando importantes actividades de denuncia y búsqueda de los desaparecidos migrantes centroamericanos.
En México, las desapariciones forzadas y secuestros suman más de 20,000 desde el año 2007, un número estimado de 24,000 cuerpos sepultados en fosas clandestinas durante este mismo período, además de los 40,000 cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses oficiales. Las maras, pandillas, carteles, bandas locales de México, policías y autoridades corruptas, maquinistas y garroteros de los trenes tienen control sobre la ruta migrante, así como también las zonas de frontera maquileras. En este contexto, masacres, feminicidios, asesinatos y desaparición forzada son la práctica corriente. Tal como es el caso de 43 estudiantes de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa.
Por los desaparecidos, por ellos y por sus familiares reclamamos justicia y exigimos la inmediata aparición con vida.
En México no hay Estado fallido ni ausencia de Estado: hay terrorismo.
En este marco manifestamos nuestra solidaridad con los millones de personas que sufren desplazamiento forzoso, ejecuciones sumarias de campesinos, de indígenas y de población civil que suman miles en todo el continente.
Hacemos especial mención al derecho y al respeto a la vida, a la autodeterminación del pueblo haitiano, a la paz en Colombia, a la tierra y a al legítimo derecho a organizarse y luchar en distintos pueblos del continente, a la no criminalización de la protesta, entre otros.
En nuestro país, las políticas de seguridad ciudadana siguen apegadas a la hegemonía conservadora y al consenso punitivo. Se proponen soluciones mágicas a los problemas de inseguridad, se carga a los niños y adolescentes con la responsabilidad del delito, se establecen «zonas rojas», donde la «mano dura» se ha utilizado como principal consigna electoral, cuyo único fundamento parece ser el de eliminar lo que «es molestia».
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal adolescente quedó truncada, gracias a su rechazo en las urnas. Esto no hubiese sido posible sin una campaña que mantuvo viva la esperanza de que en Uruguay se haga realidad un modelo no discriminatorio, inclusivo, que respete los tiempos biológicos de la adolescencia, que los acompañe a superar sus tropiezos y que no deposite en ellos todos los problemas de la convivencia y seguridad ciudadana.
Nos alarma la situación que se esta viviendo en el SIRPA, en particular en aquellos centros de privación de libertad donde los malos tratos, el abuso de autoridad e incluso la tortura por parte de los funcionarios hacia los adolescentes forman parte de la cotidianidad.
Apoyamos las denuncias realizadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, en las visitas que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, a SERPAJ, a IELSUR, al igual que las denuncias realizadas por diferentes organismos de DDHH. Apoyamos a las denuncias de las madres y exigimos que se investiguen y no se tomen represalias.
Una vez más reafirmamos que ninguna situación o condición justifica la tortura, los tratos inhumanos y degradantes.
Nos duele que en nuestro país, después de todo lo vivido y construido, se tome ventaja de las personas más vulnerables y se abuse del poder.
Repudiamos el traslado compulsivo de la Dra. Diana Salvo, del fiscal Ricardo Perciballe, de la jueza Mariana Mota, ejemplos que se reiteran en los últimos años. Que obstaculizan el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y ponen en tela de juicio la integridad de un Estado democrático y la construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de cualquier colectivo social.
Estas actitudes son un mensaje de falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la intención de mantener intacta la impunidad.
Es vergonzoso que un Tribunal de Honor sostenga la «buena conducta» en los últimos años de Gilberto Vázquez, omitiendo su participación en el terrorismo de Estado.
Recordemos que Gilberto Vázquez ya revestía la calidad de condenado por el homicidio de 28 personas al momento de ser juzgado por el Tribunal de Honor.
Si era un derecho del militar solicitarlo para que le restituyeran sus haberes, era claramente un deber del Sr. Ministro Fernández Huidobro la formación de un Tribunal que juzgara su «buena conducta» en el período de la dictadura.
Nosotros no somos ni verdugos, ni fascistas, reiteramos lo que históricamente hemos reclamado: hace más de tres décadas que buscamos la verdad.
Aun la más dura verdad es preferible a la angustia del ocultamiento y la mentira, que eternizan el dolor y la duda. Por ello, para seguir descubriendo la verdad que culpables y cómplices conocen pero ocultan, reiteramos nuestra exigencia de que se entreguen los archivos del Ministerio de Defensa y que se solicite a EEUU la desclasificación de los archivos de esa época que corresponden a nuestro país.
Nuestros familiares fueron arrancados de sus casas, torturados en centros clandestinos, en muchos casos trasladados de un país a otro. Se secuestró a sus hijos, se falsificó su identidad, y algunos fueron entregados a los asesinos de sus padres.
Nuestros familiares fueron víctimas de crímenes cometidos desde el poder del Estado, crímenes de lesa humanidad.
Por nuestros compañeros asesinados y torturados,
por nuestros detenidos desaparecidos,
Hoy más que nunca todos somos Familiares.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más terrorismo de Estado
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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2) Ex presos políticos uruguayos se solidarizan con refugiados de Guantánamo
(Montevideo Portal)
Crysol, asociación de ex presos políticos del Uruguay, se «hermanó» con los refugiados de Guantánamo que llegaron el fin de semana al país a través de una carta abierta.
«Somos sensibles y reaccionamos frente a cualquier atropello a la dignidad humana en cualquier parte del mundo. Nosotros vemos en ustedes a seres humanos, hermanos nuestros en el dolor, en las vejaciones, en las humillaciones y sentimos vuestros padecimientos como propios», dice la misiva.
«Cuando nuestro gobierno decidió otorgarles refugio, fuimos los primeros en apoyar esa decisión. Hicimos público ese apoyo en dos comunicados el 26 de marzo y el 8 de octubre del presente año. De inmediato contactamos a autoridades de nuestro gobierno y de la ONU para los refugiados, para ofrecer nuestra colaboración en cualquier aspecto que tendiera a que ustedes se sintieran lo mejor posible luego del arribo a nuestro país. Esos contactos continúan en este momento. Ser solidarios con ustedes es para nosotros una obligación moral», aclara.
«Sería para nosotros muy grato recibirlos en nuestra casa y cuando ustedes se encuentren más adaptados a esta nueva realidad, nos complacerá que participen en las actividades que puedan ser de vuestro interés. No nos interesa de qué país son o [donde] nacieron y tampoco nos interesa qué religión profesan. Simplemente vemos en ustedes a personas como nosotros, con sus proyectos, con sus sueños, que merecen todo nuestro apoyo y solidaridad de acuerdo a las mejores tradiciones de nuestro pueblo. Por el momento entonces, solo nos resta decirles: bienvenidos al Uruguay ustedes y vuestras familias, pueden contar con nosotros», concluye.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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3) Sumario a la fiscal Tellechea, polémica instalada en la Fiscalía
(Caras y Caretas)
La Fiscalía de Corte inició una investigación administrativa contra la fiscal Ana María Tellechea. La misma refiere a una diferencia jurídica que expresó con una jueza, en el marco de la tramitación de un proceso penal. Personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos alertan que se utilice esta situación como un argumento para disponer su traslado a otra Fiscalía.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso el inicio de una investigación administrativa contra la fiscal Ana María Tellechea, tras recibir una “denuncia” por parte de la jueza Fanny Canessa, en relación a discrepancias en al tramitación de un proceso. La magistrada elevó los antecedentes ante el fiscal de Corte, que resolvió iniciar el proceso para confirmar los hechos.
La decisión de la Fiscalía de Corte puso en “alerta” a personas vinculadas con la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en virtud de que este hecho sea utilizado en un futuro como argumento para disponer el traslado de la fiscal Tellechea a otra materia. Tellechea tiene a su cargo gran parte de las investigaciones penales por crímenes cometidos durante la dictadura.
Esto vinculado con el reciente traslado de la fiscal Diana Salvo a una Fiscalía Civil. Salvo estaba a cargo de la indagatoria penal por la denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011, y se aprestaba a emitir su dictamen en torno a la situación procesal del capitán (r) Asencio Lucero, quien reconoció ante la Justicia, la aplicación de torturas (plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica) contra los presos políticos, durante la última dictadura.
El fiscal de Corte justificó, en diálogo con Caras y Caretas Portal, el traslado de Salvo forma parte de un conjunto de movimientos que se realizaron en la órbita de las Fiscalías, que tienen como trasfondo la aplicación del futuro Código del Proceso Penal (CPP), por el cual se consagra un sistema acusatorio oral y público, donde la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los representantes del Ministerio Público. Díaz valoró que “por razones de edad” Salvo trabajaría sólo dos años con el futuro CPP, por lo que se decidió priorizar la “capacitación” de fiscales que estarán varios años en su cargo, como es el caso de Estela Llorente, quien la sustituirá al frente de la Fiscalía.
En diálogo con el programa “Cría Cuervos” de CX 30 Radio Nacional, el periodista Roger Rodríguez valoró que el traslado de Salvo supone un retroceso en la investigación judicial por la denuncia colectiva presentada por las ex presas políticas, y afirmó que su sustituta, por más que sea una “excelentísima” fiscal “no va a sentir de su boca esa primera vez que, después de muchísimos años, se animaron estas mujeres a hablar”.
Rodríguez dijo que el traslado, por más que esté ajustado a derecho, implica sacar del expediente a una persona “que finalmente que captó el tema y está a punto de pronunciarse”, tras obtener la confesión de un militar. “La sacan de un día para el otro por decisión de la Fiscalía de Corte, justificada en el CPP, en la ley del orsai, en los que ustedes quieran, (pero) la realidad verdadera es que la fiscal Diana Salvo que había avanzado en estos temas, que había estado, hoy es sacada como se hizo con Mariana Mota”, valoró Rodríguez.
El periodista informó, además, durante su intervención el inicio de la investigación administrativa a la fiscal Tellechea y estimó que el resultado de la misma puede ser un argumento para disponer su traslado a otra materia, como también lo es su edad. “Si el argumento de Jorge Díaz (para trasladar a Salvo) es la edad para la aplicación del CPP, Ana Tellechea entra dentro de esa categoría y es un buen mecanismo para sacarla”, dijo.
Recordó que Tellechea “sigue teniendo en sus manos los 20 casos (que investigan violaciones a los derechos humanos) por los que sacaron a Mariana Mota”, y que uno de ellos refiere a la muerte por torturas de Aldo Perrini, por el cual se solicitó el procesamiento del general (r) Pedro Barneix. “La única persona que puede acusar a Barneix, que ya lo ha acusasdo y que ha pedido su procesamiento es Tellechea. La persona que (Rubén) Eguiluz (abogado de Barneix) y la Suprema Corte se quieren sacar ‘de encima’ es Tellechea”, valoró Rodríguez.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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4) Informe 2013-2014 de Serpaj – Buenas y malas
(Caras y Caretas)
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) valoró los avances en relación a la regulación del mercado de la marihuana y el triunfo del “No a la Baja”, pero señaló que aún existen falencias en relación a la temática de derechos humanos. Se expresó la necesidad de profundizar la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura, potenciar la participación femenina en la política y se cuestionó el aumento de las políticas represivas en materia de seguridad ciudadana.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó este miércoles su informe 2013-2014 sobre Derechos Humanos en Uruguay, en el cual se destacó los avances existentes en relación a la regulación del mercado de la marihuana y el triunfo del “No a la Baja”, pero se señalaron algunas falencias que aún persisten en materia de las políticas de derechos humanos en relación al pasado reciente y en materia de seguridad.
En este marco, la regulación del mercado de la marihuana por parte del Estado “es un gran avance” en relación a las políticas de drogas, por cuanto representa un intento por “derribar de alguna forma la guerra contra las drogas”, según afirmó la integrante de Serpaj, Mariana Mosteiro, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
Empero, los organismos vinculados al área de “Regulación Responsable” plantean la necesidad de “mantener las garantías (de confiencialidad) del registro” de usuarios y trabajar a nivel institucional para “erradicar los abusos policiales” contra los usuarios y cultivadores de cannabis, dijo Mosteiro.
Asimismo, consideró que el triunfo del “No a la Baja”, por más que se haya concretado por poco margen, también es “un gran avance” porque supone un “freno a una propuesta punitiva”. Empero, “las ideologías que impulsan las políticas de seguridad, sobre todo en los últimos cinco años, tienen un carácter punitivo”, por cuanto refieren a medidas de aumento de penas para los adolescentes, la tipificación de la tentativa de hurto y la modificación de las medidas cautelares, dijo Mosteiro.
mariana mosteiro
En esta línea, la Ley de Procedimiento Policial es “una ley que tiene cuestiones complejas porque vuelve a permitir la detención por averiguaciones”, por la cual la Policía tiene la potestad de detener a una persona “arbitrariamente” por pensar que puede cometer un delito. “Ese es el paraguas institucional para que se den a lugar los abusos”, sobre todo en relación a los jóvenes. “Entendemos que las políticas de seguridad tienen que ser siempre desde una perspectiva de derechos humanos, empezando por modificar el concepto por si mismo de seguridad”, expresó Mosteiro.
Además, Mosteiro consideró que existe “un debe muy grande” en relación a los hechos del pasado reciente y el terrorismo de Estado, particularmente en relación al “avance de la verdad y las investigaciones” y en reconocer el derecho de las víctimas a saber la verdad, que “es una de las políticas que más se debe profundizar en relación al pasado reciente”. “El Estado debe hacerse cargo de esta política”, señaló.
Por otro lado, se refirió a la necesidad de impulsar medidas para profundizar la participación de las mujeres en la actividad política. “Esto implica dejar lugar a las mujeres dentro de los grupos políticos, pero también dentro de las organizaciones, (porque) cuando hablamos de una mayor participación hablamos a nivel político partidario, pero también a nivel ‘político’ que es un concepto mucho más amplio”.
“Hay que intentar generar mecanismos de igualdad de acceso a lugares de toma de decisión”, señaló Mosteiro. En este sentido, la Ley de Cuotas no tuvo el resultado que “se deseaba”, ya que “sigue siendo muy baja la participación de las mujeres tanto en cargos de decisión como en otros espacios”, dijo. “Si bien la ley de cuotas fue avance tiene que ver con un cambio cultural”, agregó.
Denuncias en el Sirpa
Por otro lado, Mosteiro afirmó que Serpaj y otras organizaciones siguen de cerca la situación en el Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente). En este sentido, dijo que los costos del “Cero fugas” representó un “incremento los niveles de seguridad en todos los centros”, que derivó en más horas de encierro para los adolescentes y que algunos centros abiertos pasaron a ser perimetrados”, lo que implica una cuestión de carácter más punitivo en materia de seguridad.
En relación a las situaciones de malos tratos en los centros, Mosteiro señaló que “el Poder Judicial ha investigado”, lo que derivó en el procesamiento de ocho funcionarios, pero señaló la necesidad de que ellos mecanismos de control serán más rápidos, sólidos y eficientes. “Ante la mínima sospecha de que un funcionario está golpeando a un adolescente o ejerciendo un trato cruel se debe abrir una investigación administrativa y, en algunos casos, investigaciones penales”, expresó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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5) Lástima que sean ajenas…
Doble récord marca Uruguay en sus exportaciones de carnes
(El Observador)
Estiman ingreso anual de US$ 1.700 millones y US$ 4.000/ton para la carne vacuna. Otra buena noticia es que están próximos a abrir nuevos mercados
Uruguay alcanzará este año un nuevo récord en la exportación de los diferentes tipos de carnes, tanto en los ingresos –unos US$ 1.700 millones–, como en el precio promedio –unos US$ 4.000 la tonelada de carne bovina–, según las proyecciones manejadas por el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti.
Además, expresó su convicción en cuanto a que en el primer semestre de 2015 Uruguay estará ingresando con carne ovina con hueso a Estados Unidos. Durante una reunión de despedida del año ofrecida por INAC a la prensa, el directivo dijo que los precios de US$ 4.000 por la tonelada “son absolutamente sostenibles”.
Explicó que el mundo sigue demandando carnes y que la carne vacuna sigue siendo la “estrella de todas las carnes. Precisamente, los representantes de INAC que participaron de la reunión de la organización internacional GIRA que se llevó a cabo en Suiza trajeron la noticia que probablemente en un tiempo cercano se concrete el ingreso de Uruguay a Japón y eso valoriza nuestra oferta”.
Fratti afirmó que no se ven muchas posibilidades de aumentar las producciones de carnes, como es el caso de Brasil. Paraguay es el único que puede aumentar su producción, en tanto Chile no tiene muchas posibilidades, mientras Uruguay podría aumentar su oferta exportable, pero “tampoco mueve la aguja en materia de volumen”, sostuvo Fratti.
Agregó que en China hay cada vez más preocupación por la inocuidad alimentaria, lo que le genera una ventaja para Uruguay, por sus acciones en esta materia. Ya está pasando con los productos lácteos y por ese motivo se está promoviendo una demanda importante. Con la carne pasa lo mismo por “el tipo de producción que tenemos y la seguridad que estamos dando. Además, hay estudios para lograr una mejor conversión, todo lo cual nos va posicionando internacionalmente muy bien, lo que contribuye a que los valores se mantengan firmes. Por eso no veo posibilidades de que el precio de la carne baje en 2015”, aseveró el directivo.
Sin temor a la competencia
Fratti sostuvo además no temerle a la competencia, por ejemplo la acción comercial agresiva que desarrolla Australia en China que tiene dos oficinas comerciales en ese mercado, no ha sido obstáculo para que Uruguay sea uno de los países que más le vende a ese país y a mejores precios.
Por otra parte, Uruguay está volviendo a incrementar sus ventas a Estados Unidos, porque este país y Australia están con escasez de carne, lo que genera por los volúmenes que ellos maneja que se puedan tonificar los precios “y por eso creemos que en el 2015 no podría haber una caída de precios, los que han llegado a un nivel muy bueno”, explicó.
Además Uruguay, que hasta ahora entraba con carne destinada a picar, “ahora con las autorizaciones que nos han otorgado podremos ingresar en nichos de mercados de mejor valor, mediante carnes certificadas que cumplen un protocolo especial.
Oficina en China, un deber pendiente
Uruguay no ha conseguido todavía la voluntad política para estar instalado con una oficina comercial en Asia, oficina que debería estar en China. “En eso estamos dormidos, pero es un problema de los actores privados de este negocio. Es cierto que hasta ahora no hubo necesidad, pero hay que copiar a los inteligentes de la clase”, advirtió el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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6) Proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual.
Gabriel Kaplún (La Diaria)
“La mejor ley de medios… es la que no existe”, se escuchó varias veces en los últimos años y de bocas muy diversas, desde directivos de medios al presidente de la República, quien finalmente envió al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tal vez porque comprendió, entre otras cosas, el sinsentido de esa frase. Porque si la mejor ley es la que no existe, ¿qué hacemos con las que existen, como la Ley de Radiodifusión de 1977? ¿Habrá que derogarla por su origen poco democrático o porque no contempla muchos de los cambios tecnológicos y sociales posteriores?
En todo el mundo los medios se regulan, por su importancia social y cultural y por su papel clave en la vida democrática. El asunto es cómo. En ese sentido, Uruguay tiene un atraso importante y un déficit democrático. En parte fueron atendidos con medidas previas, como la Ley de Radiodifusión Comunitaria de 2007 o un decreto de 2008, que establecieron procedimientos concursables para la asignación de frecuencias de radio y televisión. Pero falta mucho todavía.
Parte de lo que falta viene a atenderlo este proyecto, cuyas bases fueron discutidas en 2010 por un Comité Consultivo que me tocó presidir y en el que, con la participación de empresarios, productores, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, llegamos a muchos acuerdos y dejamos constancia de algunos desacuerdos. Vale recordarlo, porque algunas declaraciones de los últimos días parecen ignorar ese valioso antecedente y los acuerdos que allí se expresaron.
¿Cuáles son los principales aspectos que aborda el proyecto? En primer lugar, cabe recordar que no es “de medios” sino de “servicios de comunicación audiovisual”. No incluye, por ejemplo, a la prensa escrita, ni tampoco a internet. Sí incluye, además de la radio y la televisión abierta, a la televisión de pago, que llega a 60% de los hogares uruguayos y hasta ahora se regula sólo por decreto. Fue por esa vía que, en los años 90, las principales proveedoras del servicio terminaron siendo las mismas empresas que ya dominaban la televisión abierta, impidiendo la libre competencia y contraviniendo las buenas prácticas internacionales. Varias medidas contenidas en el proyecto buscan corregir esta situación.
En el mismo sentido, aunque de un modo gradual, se busca limitar la concentración de medios en pocas manos, uno de los déficits democráticos del sistema mediático uruguayo. Para ello el proyecto retoma y profundiza la ley de radiodifusión vigente -sí, la de los años 70- que no permite la asignación de más de tres frecuencias a una misma persona. Esta norma se ha incumplido disimulando la concentración con parientes y testaferros, por lo que el proyecto extiende el límite a los grupos económicos.
Para estas asignaciones se incorporan mecanismos de concurso, con criterios transparentes y participación social por medio de comisiones asesoras y audiencias públicas. Esto ya viene sucediendo desde 2008, por ley para el sector comunitario y por decreto para el sector comercial, y ahora se unifican criterios para ambos sectores, terminando definitivamente con la discrecionalidad con la que en el pasado se asignaban las frecuencias en el país. Como es habitual en el mundo, se establecen también plazos para las autorizaciones: diez años para radio y 15 para televisión, renovables tras evaluar si se cumplen los planes comunicacionales presentados. Éste fue uno de los puntos en que los empresarios del sector comercial plantearon discrepancias en 2010, buscando mantener la peculiar situación uruguaya de asignaciones “precarias y revocables” que en la práctica se volvieron eternas.
El proyecto contiene normas para estimular la producción nacional musical y audiovisual y su difusión en radio y televisión, estableciendo espacios mínimos que deben destinarse a ellas y un fondo de fomento conformado con el aporte del sector comercial por licencias y uso del espectro. Esto busca revertir la tendencia a priorizar la compra de “enlatados” fuera del país frente a la inversión en producción nacional, que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años pero con escaso apoyo de la radio y la televisión, motor clave del sector. Se prevé también la obligatoriedad de transmitir en televisión abierta algunos espectáculos de interés general, como los principales partidos de la selección de fútbol, lo que ha despertado resistencias esperables por los intereses a los que afecta.
Contra lo que se ha dicho, no es una ley que regule contenidos, salvo en unos pocos aspectos que se regulan en todas partes, como los que apuntan a la protección de niños y adolescentes, e incorporando una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad. Lejos de ser una “ley mordaza”, busca garantizar los derechos a la información y la libertad de expresión, no sólo de los dueños de los medios sino también de los periodistas y del resto de los ciudadanos, incorporando por ejemplo cláusulas de conciencia para los primeros y una Defensoría del Público para los segundos. No impone normas éticas pero sí impulsa la autorregulación de los medios, exigiéndoles que expliciten y publiquen los códigos o normas por los que se rigen. Contiene también normas sobre publicidad electoral que, con los ajustes que se están realizando en estos días, parecen ofrecer suficientes garantías democráticas.
Se crea el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional como un servicio descentralizado que agrupa a las radios del SODRE, TNU e ICAU, con un directorio colegiado y una comisión honoraria asesora con participación de diversos actores sociales. Aunque desde 2005 se ha avanzado en el fortalecimiento de los medios públicos, queda todavía mucho por hacer en este plano, clave para un equilibrio del sistema mediático uruguayo en una dirección más democrática. La creación de este sistema constituye un nuevo avance, aunque habrá que afinar las formas de financiación que le permitan cumplir cabalmente su papel.
El proyecto es, entonces, un aporte sustancial para la modernización y democratización del sistema mediático uruguayo, como lo han señalado los organismos internacionales especializados. ¿Es entonces la mejor ley “de medios” posible? Seguramente no, y habrá mucho más para hacer en el futuro. Entre los “debes” quedará la articulación con internet y las telecomunicaciones, que den cuenta de la creciente convergencia entre “antiguos” y “nuevos” medios y tecnologías. También aspectos sensibles y cruciales que no se incluyeron, como los criterios para asignación de publicidad oficial.
Una cuestión fundamental, finalmente, es la de las instituciones que estarán a cargo de la aplicación de la ley. El proyecto reordena competencias de la Ursec y Dinatel, y unifica las comisiones asesoras existentes. Crea, además de la Defensoría del Público, un organismo central para la aplicación de toda la normativa: el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), con mecanismos de designación que buscan darle independencia de presiones políticas y económicas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se reserva, como hasta ahora, competencias como la autorización para el uso de frecuencias, aunque con el asesoramiento del CCA. Como recomiendan los estándares internacionales y aconsejó el Comité Consultivo de 2010, sería preferible que el Ejecutivo centre su esfuerzo en el diseño de políticas para el sector y deje este tipo de decisiones en manos de un organismo como el CCA. Hay tiempo todavía de corregir este aspecto en los pocos días que faltan para que la ley se apruebe finalmente.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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