COMCOSUR INFORMA
AÑO 14 – No. 1582 / jueves 18 de setiembre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014 – 20 años
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Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
ALEMANIA
1) UN EXGUARDIA DE AUSCHWITZ ES ACUSADO DE COMPLICIDAD EN 300.000 ASESINATOS
Un hombre de 93 años de edad ha sido acusado de 300.000 cargos de complicidad en asesinato durante los años en los que sirvió como guardia de las SS en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
ARGENTINA
1) TRES CONDENAS POR UNA APROPIACIÓN
Raquel Alí Ahmed y Salvador Giribone, que anotaron a Pablo Gaona Miranda como hijo propio, recibieron seis y ocho años de prisión. Al militar Héctor Giribone, que les entregó el niño, también le dieron ocho años.
Pablo Gaona Miranda es hijo de Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda y recuperó su identidad en agosto de 2012. /Ailín Bullentini
BRASIL
1) BRASIL Y SU AMNESIA
“No colaboro con el enemigo. Arréglense”. Así, de manera tan escueta como determinada, el teniente retirado del ejército brasileño José do Nascimento contestó a la invitación que recibió de la Comisión de la Verdad, instituida por ley y sancionada por la presidenta Dilma Rousseff. /Eric Nepomuceno
CHILE
1) EL GOBIERNO DE BACHELET DEROGA EL DECRETO LEY DE AMNISTÍA APROBADO POR LA DICTADURA EN CHILE
Dicho decreto otorga impunidad a los agentes del régimen
Bachelet impulsará también la Subsecretaría de Derechos Humanos
El anuncio coincide con el 41º aniversario del golpe de Estado de Pinochet
Estas decisiones tienen el fin de adecuar la justicia chilena a la internacional
URUGUAY
1) ANÓNIMOS E ILEGALES: 85 VIOLACIONES A LA LEY AL DECLARAR DONATIVOS INNOMINADOS
Sólo cinco meses después de aprobar la ley en el parlamento los tres principales partidos ignoraron la norma e incurrieron en irregularidades grotescas.
2) NO A LA BAJA «Una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes». Relatora sobre los Derechos de la Niñez renovó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. Marcó luces y sombras de la política oficial en la materia
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TEMAS DE COMCOSUR
I. MEXICO – LIBRO SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
LAS RADIOS COMUNITARIAS COMO MECANISMO EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN
Las radios comunitarias tienen un papel muy importante en la difusión de información contra la discriminación.
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NOTICIAS
ALEMANIA
1) UN EXGUARDIA DE AUSCHWITZ ES ACUSADO DE COMPLICIDAD EN 300.000 ASESINATOS
Un hombre de 93 años de edad ha sido acusado de 300.000 cargos de complicidad en asesinato durante los años en los que sirvió como guardia de las SS en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
REUTERS / 16.09.2014
De acuerdo con la fiscalía alemana, a Oskar Groening se le acusa de ayudar en el funcionamiento del campo de exterminio en la Polonia ocupada entre mayo y junio de 1944, cuando unos 425.000 judíos húngaros fueron llevados a Auschwitz y al menos 300.000 fueron asesinados casi inmediatamente en la cámara de gas.
Según informa la cadena Fox News, el trabajo de Groening consistía en recoger las pertenencias robadas a las víctimas del campamento y el dinero que hallaba en Auschwitz. «Ayudó al régimen nazi a beneficiarse económicamente y apoyó las matanzas sistemáticas», dijeron los fiscales estatales de la ciudad de Hannover, Alemania, en un comunicado.
El acusado, por su parte, ha hablado abiertamente sobre su época como guardia en el campo de concentración nazi, pero asegura que, aunque fue testigo de atrocidades, él personalmente no cometió ningún delito.
Groening es uno de los 30 ex guardias de Auschwitz a los que las autoridades federales alemanas recomendaron investigar y el cuarto caso investigado en Hannover. Dos de ellos fueron cerrados debido a que se consideró que los sospechosos no se encontraban en condiciones para ser juzgados y un tercero se canceló debido a la muerte del acusado.
El abogado de Groening, Hans Holtermann, dijo que su cliente se encuentra en buen estado de salud, pero se negó hacer comentarios sobre los cargos.
REUTERS / Publicado en Amarelle
COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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ARGENTINA
1) TRES CONDENAS POR UNA APROPIACIÓN
Raquel Alí Ahmed y Salvador Giribone, que anotaron a Pablo Gaona Miranda como hijo propio, recibieron seis y ocho años de prisión. Al militar Héctor Giribone, que les entregó el niño, también le dieron ocho años.
Pablo Gaona Miranda es hijo de Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda y recuperó su identidad en agosto de 2012.
Terminó el Juicio oral por el caso del nieto restituido Pablo Gaona Miranda.
Por Ailín Bullentini / Página 12
Presenció cada una de las audiencias que conformaron el debate oral en torno de su historia. Pablo Gaona Miranda, quien hasta agosto de 2012 pensaba que era Leandro Giribone, hijo adoptivo de Raquel Alí Ahmed y de Salvador Giribone (aunque anotado como propio), ahijado de Héctor Giribone, se consideró “en calma” ayer, luego de que el Tribunal Oral Federal Número 5 encontrara a la mujer y a los hombres culpables de su apropiación y del ocultamiento de su verdadera identidad. “Se hizo justicia”, apuntó el nieto recuperado 106, mientras abandonaba los Tribunales de Comodoro Py. El fallo de los jueces Gabriel Nardiello, Oscar Hergott y Adriana Palliotti siguió la línea de las acusaciones, cuyos alegatos calificaron el robo de Gaona Miranda cuando niño y el ocultamiento de su identidad como delitos de lesa humanidad, pero las penas impuestas, de seis años para la mujer y ocho para los hombres, fueron sensiblemente menores que las solicitadas por la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que exigieron condenas de entre 13 y 15 años de cárcel. Los magistrados darán a conocer los fundamentos de su decisión el próximo martes.
Durante dos meses de debate oral, el testimonio de una decena de testigos y el aporte de varios documentos reveladores proyectaron frente al TOF 5 la historia de Gaona Miranda: en agosto de 1978, cuando tenía sólo un mes de vida, fue secuestrado junto a sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, militantes del ERP, mientras viajaban rumbo a una reunión familiar en Villa Martelli. Un mes después se convirtió en el tercer hijo del matrimonio Giribone-Ahmed quienes, con la ayuda de un certificado de nacimiento falso, lo inscribieron como propio. Durante 34 años se llamó Leandro, hasta que el 1º de agosto de 2012, el resultado positivo del análisis que realizó el Banco Nacional de Datos Genéticos lo devolvió a la verdad.
Para el TOF Número 5, Salvador Giribone y Raquel Ahmed son igualmente responsables del delito de “ocultamiento y retención de un menor de 10 años”, así como de la “alteración” de su estado civil. A él, además, lo culpó de haber cometido “falsedad ideológica de documentos públicos”, por haber firmado el certificado de nacimiento falso. Por eso, la apropiadora deberá cumplir seis años, mientras que él, dos más.
Pero la figura más importante del caso es Héctor Giribone, el hombre que funcionó como amalgama para unir el origen de Pablo Gaona Miranda y su destino compulsivo en la casa del matrimonio condenado. Giribone es, además del primo del apropiador y a quien el matrimonio nombró padrino de Pablo Gaona Miranda, militar. Cumplió tareas en el norte del país, en el marco del Operativo Independencia y, para el año en el que el nieto recuperado 106 fue apropiado, se desempeñaba como jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Además, quedó demostrado a lo largo del debate oral mediante la comparación de sus legajos de fajina que Giribone trabajó durante gran parte de su carrera militar con el médico Ricardo Lederer, quien firmó el certificado de nacimiento falso con el que fue inscripto Pablo como Leandro. El tribunal ponderó de esa manera el rol de Giribone en la historia de Gaona Miranda y lo identificó como “partícipe necesario” en su ocultamiento y retención, así como en la falsificación de su certificado de nacimiento. Lo condenó a ocho años de cárcel.
A Pablo Parenti, que compartió la fiscalía junto a Guillermo Friele, le quedó “el sabor amargo de las penas, que no reflejan la gravedad de los hechos”. A los delitos analizados en el debate oral que culminó ayer les corresponde una escala de entre cinco y 15 años de cárcel. “Gaona Miranda vivió 34 años bajo una mentira, a lo que debemos añadir la alteración de su identidad. Si en este caso no se aplican las penas más graves, ¿en cuáles?”, se preguntó Parenti. En ese sentido, remarcó que las bajas penas en este tipo de casos “no son un hecho aislado” y llamó a “reflexionar sobre el tema”.
Si bien reconoció que la querella esperaba penas mayores, Alan Iud, uno de los abogados representantes de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio, evaluó positivamente la sentencia “en un país en donde hubo impunidad durante tanto tiempo”. Sobre todo, destacó la evaluación que los jueces realizaron del rol de Héctor Giribone: “Creyeron en la palabra de Pablo, que fue una prueba decisiva para sostener la acusación en su contra junto a otra serie de elementos consistentes con esa versión”, evaluó. Cabe remarcar que la de ayer es la primera condena que recae sobre este personaje que, hasta hace tres meses, cumplía tareas administrativas en el Ejército Argentino. “La lectura que se hizo de su legajo, su participación en el Operativo Independencia, las tareas que cumplió en Campo de Mayo y las propias declaraciones que realizó en el juicio abren puertas para que la Justicia lo siga investigando por delitos de lesa humanidad”, advirtió el abogado.
Ayer a la mañana, durante la posibilidad que el tribunal les otorgó a los acusados para hablar antes del fallo, Giribone no sólo negó que el robo de Gaona Miranda a sus papás, que continúan desaparecidos, sea un delito de lesa humanidad, sino que además realizó una amplia defensa del accionar de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. “La apropiación de bebés no es un delito de lesa humanidad, no hubo plan sistemático ni hubo prácticas ilegales. Todas son conjeturas sin pruebas”, se despachó el militar.
Ailín Bullentini / Página 12 / publicado en Amarelle
COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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BRASIL
1) BRASIL Y SU AMNESIA
“No colaboro con el enemigo. Arréglense”. Así, de manera tan escueta como determinada, el teniente retirado del ejército brasileño José do Nascimento contestó a la invitación que recibió de la Comisión de la Verdad, instituida por ley y sancionada por la presidenta Dilma Rousseff.
Eric Nepomuceno
José Teixeira, otro militar retirado, pero de rango bastante superior –es general– optó por apuntar, en el mismo papel que determinaba que debería, por imperio de la ley, comparecer, contestó que sólo aceptaba cumplir órdenes del comandante en jefe del ejército. Y como el comandante en cuestión no lo convocaba para nada, se eximía.
En estas últimas semanas, los trabajos de la Comisión de la Verdad traen a la superficie un dato escalofriante: los militares brasileños se niegan, definitivamente, a colaborar para que el país conozca su pasado y rescate su memoria. De hacer justicia, ni hablar: hay una absurda y esdrújula Ley de Amnistía, decretada en los estertores de la dictadura militar que imperó de 1964 a 1985, que asegura absoluta impunidad a los que cometieron actos de lesa humanidad en ese periodo.
Pero aunque esté asegurado que no se haga justicia contra torturadores, violadores, vejadores, secuestradores y asesinos, los militares brasileños quieren asegurarse de que, además, se mantengan secuestradas la verdad y la memoria. Con olímpica desobediencia y formidable prepotencia, los actuales integrantes de las fuerzas armadas se niegan a facilitar hasta el acceso a los archivos secretos que registran las perversidades cometidas.
Ninguno o casi ninguno de los militares en activo participaron del terrorismo de Estado, pero fueron formados en aquel periodo y actúan con una cobarde complicidad con los que fueron sus maestros.
Mientras sus colegas de naciones vecinas se enfrentan al juicio de la justicia y de la memoria, los militares brasileños se abrigan bajo un silencio cobarde. Llegan a afirmar, por escrito y en documento oficial, que no hubo ningún desvío de función en instalaciones castrenses, que, sabemos, se transformaron en centros de tortura. Como si la función primordial de tales instalaciones fuera, precisamente, torturar, violar y asesinar. Lo hacen con la impávida seguridad de los cobardes que se saben inalcanzables por la justicia.
A veces admiten lo obvio. Hace pocos días, al rendir testimonio ante la misma Comisión de la Verdad, Pedro Moézia, coronel retirado, aceptó, con todas las letras, que sí hubo torturas en la unidad a que estaba destinado. “Sólo un idiota imagina que no haya ocurrido”.
Pero –aclaró– “no somos monstruos como dicen por ahí: somos seres humanos”. No le pasará nada a Moézia, de la misma forma que nada ocurrirá a ninguno de los que son seres humanos pero, en determinadas ocasiones, no sólo practicaron, como admitieron, el uso del castigo físico como arma contra los que se rebelaban contra la dictadura.
Moézia trabajó bajo órdenes del entonces coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, y tiene una opinión firme e inmutable sobre su antiguo jefe: “Es el mayor héroe del Ejército sometido a una gran injusticia. Ahora todos les encanta decir que fueron torturados. Es la moda”.
“Tengo varios amigos y amigas que fueron torturados. A ninguno le encanta contar lo que sufrieron. A ninguno le interesa estar a la moda. Lo que más me espanta es saber que mi país, presidido por una antigua militante que resistió a la dictadura –y padeció torturas y vejámenes de toda clase– no reaccione”.
De acuerdo con la Constitución brasileña, quien preside la república es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Y a quien ocupa ese puesto corresponde la responsabilidad de hacer que los respectivos comandantes de Ejército, Marina y Aeronáutica cumplan lo que determina la ley.
Hay en mi país una ley que instituye la Comisión de la Verdad, la cual obliga a quienes son convocados a comparecer, a que contesten las preguntas que les sean planteadas.
Asimismo, existe una ordenanza del comandante del ejército –y, por lo tanto, subordinado al comandante en jefe de las tres fuerzas–, determinando que no hay que atender ni proporcionar información alguna a la Comisión de la Verdad.
Alguien está equivocado. Alguien no cumple, a propósito, un orden legal e institucional. O el comandante del ejército desobedece, de manera clara, a su comandante suprema –la presidenta de la república–, o la comandante suprema no comanda nada.
El teólogo brasileño Leonardo Boff, combatiente incansable por la justicia, dice que la memoria es subversiva. En sus tiempos de militante de resistencia a la dictadura, Dilma Rousseff era tratada, tanto por los medios de comunicación como por los militares, como subversiva.
Ella, ahora, y por derecho pleno, conquistado por el voto popular, preside el país y comanda las fuerzas armadas.
¿Aceptará semejante e insolente desobediencia? Está bien que ya no sea subversiva y se haya transformado en institución máxima del país, ¿pero habrá, en ese tránsito, perdido la memoria?
Eric Nepomuceno / Jair Krischke -Movimento de Justiça e Direitos Humanos COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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CHILE
1) EL GOBIERNO DE BACHELET DEROGA EL DECRETO LEY DE AMNISTÍA APROBADO POR LA DICTADURA EN CHILE
Dicho decreto otorga impunidad a los agentes del régimen
Bachelet impulsará también la Subsecretaría de Derechos Humanos
El anuncio coincide con el 41º aniversario del golpe de Estado de Pinochet
Estas decisiones tienen el fin de adecuar la justicia chilena a la internacional
EFE 12.09.2014
El Gobierno de Chile anunciará en las próximas horas la derogación de un decreto ley aprobado en plena dictadura de Augusto Pinochet, el cual otorga impunidad a los agentes del régimen, según han confirmado fuentes oficiales.
Esta decisión, que coincide con el 41º aniversario del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende, será anunciada públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.
La derogación del decreto ley de amnistía, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, fue una de las promesas electorales de la Michelle Bachelet, que asumió en marzo el cargo de presidenta de Chile por segunda vez tras su mandato de 2006-2010.
Reajuste de la justicia chilena
«La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país», ha señalado el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
En un breve encuentro con la prensa, Gómez ha añadido que lo importante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos.
El ministro ha afirmado que la idea es adecuar la legislación chilena a la legislación internacional «lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha», ha asegurado.
Gómez ha indicado que, en tanto, se está preparando un «mensaje en relación a la tipificación del delito de tortura».
La derogación de esta norma se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes que acabe este mes.
Los jueces no aplicaban la ley
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional.
Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: «Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas».
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido.
El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación.
El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.
EFE / Publicado en Amarelle
COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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URUGUAY
1) ANÓNIMOS E ILEGALES: 85 VIOLACIONES A LA LEY AL DECLARAR DONATIVOS INNOMINADOS
Sólo cinco meses después de aprobar la ley en el parlamento los tres principales partidos ignoraron la norma e incurrieron en irregularidades grotescas.
Sudestada, 18/09/2014
Los tres principales partidos que participaron de las elecciones nacionales de octubre de 2009 incurrieron en numerosas violaciones a la ley de partidos políticos N° 18.485 que sus propios legisladores habían aprobado cinco meses antes, según las declaraciones presentadas ante la Corte Electoral.
Sólo en lo que refiere a los límites máximos que pueden recibir de manera anónima (alrededor de 8 mil pesos) la ley fue violentada por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado en 85 ocasiones, entre un total de 824 donaciones innominadas recibidas. A estas se suman los casos de la Asamblea Popular y el Partido Independiente que declararon donativos que también exceden el monto máximo aunque aseguran que responden a recaudaciones por ventas de rifas y bonos de colaboración.
En total, los cinco partidos políticos uruguayos aceptaron 40.812.274 pesos sin declarar quiénes fueron sus donantes, lo cual equivale a un 7,17 por ciento de los 461.247.360 pesos que recibieron todos sumados. A fines de octubre de 2009, estos montos equivalían a 1.957.423 dólares y 22.122.175 dólares respectivamente.
Además de ignorar el artículo 43 que fija los topes para percibir donaciones de forma anónima, las ilegalidades afectan otros artículos de la norma y abarcan aspectos como la prohibición de recibir donaciones de empresas concesionarias de obra pública y los límites máximos para recibir dinero de personas jurídicas o físicas ajenas a los partidos. Los casos más notorios fueron los de los empresarios argentinos Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Paolo Rocca (Grupo Techint), quienes teniendo contratos de obra pública hicieron cuantiosos donativos los partidos políticos, lo cual fue denunciado ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública por Tansparencia Uruguay.
Si bien ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado superaron el porcentaje máximo permitido de donaciones anónimas en relación al total de su recaudación (la ley establece que deberá ser menor al 15 por ciento), fueron numerosas las irregularidades que cometieron si se analizan los montos de las donaciones anónimas de manera individual.
La colectividad que alcanzó el mayor porcentaje de donativos innominados fue el Partido Colorado (11,85 por ciento) en 77 donaciones diferentes. De ellas, 51 superaron el monto permitido por la ley. El donativo anónimo más cuantioso alcanza los 2,5 millones de pesos y fue declarado por el sector Vamos Uruguay en Maldonado (aseguró que el ingreso se produce por venta de rifas o bonos). El segundo alcanza un total de 1.945.000 pesos y es un préstamo recibido por la fórmula presidencial integrada por Pedro Bordaberry y Hugo de León, la que declaró todos sus ingresos de modo innominado.
En segundo lugar en porcentaje está el Partido Nacional (6,23 por ciento) en 26 donaciones distintas, 24 de las cuales no respetan los límites legales. El donativo más alto llega a los 2.253.896 pesos y fue declarado como un préstamo por el sector Alianza Nacional en Canelones. En segundo lugar aparece un evento de recaudación de fondos que alcanzó los 869.520 pesos del mismo sector encabezado por Jorge Larrañaga en Montevideo.
En tercer lugar en el comparativo de porcentajes está el Frente Amplio (5,84 por ciento), aunque el análisis del total de los donativos innominados ofrece varias particularidades. Por ejemplo, de las 719 donaciones anónimas que recibió el partido de gobierno 706 son pequeños montos que van de 5 a 3.520 pesos provenientes de venta de artículos de propaganda. En este partido la donación anónima de mayor monto es colectiva y alcanza los 6.387.220 en un evento de recaudación organizado por la Corriente de Acción y Pensamiento, el sector que encabeza el actual ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. La segunda es una donación individual recibida por el Movimiento de Participación Popular, encabezado en aquel momento por José Mujica, que llegó a los 3.916.195 pesos.
Equipo de Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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2) NO A LA BAJA
«Una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes». Relatora sobre los Derechos de la Niñez renovó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. Marcó luces y sombras de la política oficial en la materia.
Sudestada, 17/09/2014
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de Rosa María Ortíz, visitó el país entre el 1 y el 5 de setiembre a fin de expresar su posición ante la propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años. Además criticó varios aspectos de la política oficial hacia niños, niñas y adolescentes, aunque destacó avances registrados en los últimos años.
En un pronunciamiento emitido ayer, martes 16, la CIDH valoró los “importantes avances registrados en materia de desarrollo de la institucionalidad estatal dedicada a la protección de los derechos humanos”, entre los que mencionó la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, así como el Mecanismo Nacional contra la Tortura. También destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República y el “importante impulso” que el Gobierno de Uruguay ha dado al cumplimiento con la presentación de informes a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos.
Además, Ortiz expresó su “satisfacción” por los “cambios positivos” que implican la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) “junto con importantes recursos para implementar sus funciones y reconoce los cambios encaminados en materia de infraestructura que ayudan y ayudarán a los propósitos de rehabilitación de adolescentes privados de libertad”. La Relatora mencionó también los esfuerzos por dotar de nuevo personal al SIRPA, brindarles capacitación para sus nuevas funciones, y señaló “las dificultades que aún existen en este objetivo”. También valoró “muy especialmente” los convenios con seis sindicatos para la colocación laboral de los jóvenes en conflicto con la ley y el acompañamiento cercano en el proceso de rehabilitación y sugirió su profundización y difusión “a nivel nacional e internacional.
Equipo de Sudestada, periodismo y transparencia COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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TEMAS DE COMCOSUR
I. MEXICO – LIBRO SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
LAS RADIOS COMUNITARIAS COMO MECANISMO EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN
Las radios comunitarias tienen un papel muy importante en la difusión de información contra la discriminación.
Etcétera, para entender a los medios / 08 de septiembre, 2014
El presente trabajo consta de cinco capítulos. En el primero se expone el marco teórico que orienta la investigación, se realizan algunas consideraciones sobre la discriminación en general y se identifica la relevancia del derecho a la voz en una democracia, el cual tiene una importancia evidente para analizar el tema de las radios comunitarias. Las radios comunitarias tienen un papel muy importante en la difusión de información contra la discriminación. El derecho a la voz permite presentar y recrear la identidad, los agravios y las demandas de los más diversos grupos sociales, cuestiones clave para que los grupos indígenas, históricamente marginados, sean incorporados al goce pleno de los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, y que, con ello, la democracia mexicana se consolide, amplíe y profundice.
A continuación se presentan algunas ideas provenientes de la sociología de la acción colectiva que nos parecen útiles para el estudio de radios comunitarias. Particularmente, se destacan los conceptos de repertorio de la acción colectiva y el acceso a los medios de comunicación. Luego, con el objetivo de arribar a una definición de discriminación, se alude a la dinámica inclusión-exclusión dada que la discriminación es un acto cognitivo y valorativa de orden social y que por lo tanto debe ser pensado en el marco de dicha dinámica. La dinámica de la inclusión-exclusión es inherente a toda dinámica social. Los grupos excluidos y vulnerados son los que padecen situaciones de discriminación, la cual se relaciona con la estigmatización de ciertos grupos sociales como, por ejemplo, las personas indígenas.
En este mismo capítulo atendemos también a conceptos clave para entender la contracara de la discriminación como son los de empoderamiento y agencia. Para que las radios comunitarias se vuelvan un mecanismo en contra de la discriminación es fundamental que el grupo social en cuestión y sus integrantes logren un nivel mínimo de empoderamiento que los posicione como sujetos activos y reflexivos frente a la situación adversa que les toca vivir.
En el segundo capítulo, con la intención de arribar a una definición de radios comunitarias, se establecen similitudes y diferencias con otras radios sociales no comunitarias (como las radios universitarias, radios indigenistas y radios piratas). Específicamente, se analizan las diferencias organizativas, de concepción y en valores de las radios comunitarias respecto de las comerciales. A continuación se aborda la historia de las radios comunitarias en México y se presenta una breve referencia histórica a la situación de las radios en América Latina, y los avances recientes en
materia de radiodifusión comunitaria en algunos países.
En el tercer capítulo se realiza el análisis de la radio comunitaria Ñomndaá que transmite en municipio de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Con base en datos recabados en la investigación de campo sobre los integrantes de la radio y sus radioescuchas, se observa por qué y en qué sentido la radio como parte de un proyecto comunitario y político tiene una gran potencialidad para revertir la situación de discriminación que agravia a numerosos grupos indígenas.
El capítulo cuarto esta dedicado a presentar una serie de propuestas de política pública para promover el desarrollo de la radiodifusión comunitaria en México. En primer lugar se exponen algunos conceptos teóricos derivados de la literatura en políticas públicas que permiten identificar los fundamentos de las recomendaciones. A continuación se presenta el marco legal vigente en el que se funda el ejercicio del derecho a la libre expresión y los vacios normativos que impiden que dicho ejercicio sea plenamente garantizado. Como derivación directa de dicho punto se establece un diagnóstico general de la situación de las radios comunitarias en México, con el objeto de destacar las facetas más importantes del problema del que una política integral para el sector debe dar cuenta. A continuación se presentan una serie de recomendaciones, fijando los objetivos generales y específicos, las prioridades de dicha política, una serie de metas a ser evaluadas, la definición de diversas estrategias para su concreción y un conjunto de mecanismos de evaluación. En el último capítulo se presentan una serie de conclusiones.
Etcétera, para entender a los medios / AMARC ALC
TEMAS DE COMCOSUR INFORMA Nº 1582 – 18/09/2014
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Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido.
Armando Tejada Gòmez