1) Tróccoli y el secuestro de los Gau en 1977
2) ONU pide derogar leyes que endurecieron penas a adolescentes
3) Cuestionan a jueces y defensores de oficio
4) El precio de la Soja
5) Una raya más al tigre
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2009 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 13 de Febrero de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) El pasajero 37
Roger Rodríguez
Documento confirma que Tróccoli y oficiales del Fusna fueron a Buenos Aires en 1977 para secuestrar a los GAU
El prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales de la Armada uruguaya viajaron en el “puente aéreo” a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, veinticuatro horas antes de que, en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, se realizara un secuestro masivos de ciudadanos uruguayos vinculados a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quienes fueron torturados en los pozos de Banfield y Quilmes, para finalmente ser trasladados a Uruguay donde todavía permanecen en condición de desaparecidos.
El documento, que nunca se había hecho público hasta ahora, fue desclasificado por el equipo de trabajo que encabeza el profesor Alvaro Rico ante la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz en la Presidencia de la República, y ya fue enviado a Italia para que se constituya como prueba en el Tribunal de Roma, donde este jueves 12 de febrero comienza las audiencias contra los mandos militares y civiles de las dictaduras del cono sur que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco de la coordinación Cóndor.
El «Processo Cóndor» es una causa dividida en tres segmentos: en uno, Procedimiento 2/05, se acusa al militar boliviano Luis Arce Gómez y otros 19 represores de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay; en un segundo caso, el Procedimiento 3/05, se encausa al general Gregorio Álvarez, otros diez represores que están presos (Ricardo Arab, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Juan Larcebeau, Jorge Sande y Ricardo Medina), al ex canciller Juan Carlos Blanco, también preso, y a los militares Iván Paulós, Ricardo Chávez Dominguez y Pedro Mato, quienes se mantienen en libertad.
En la audiencia preliminar celebrada en diciembre último, el Tribunal de Roma a instancia del fiscal Gianncarlo Capaldo, incorporó un tercer bloque de acusación, centrado en el prófugo capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, quien a mediados de los noventa, luego de ser denunciado por la revista Posdata, tramitó su ciudadanía italiana y fugó a ese país para no ser extraditado a Uruguay. La extradición no se concedió por razones burocráticas, pero ahora se resolvió juzgarlo por la requisitoria uruguaya y por el Plan Cóndor. Ahora en Roma, se indica que un «italiano» está en la lista de criminales de lesa humanidad del terrible Plan Cóndor.
PRUEBA CONTRA TRÓCCOLI
El 21 de diciembre de 1977 en Argentina fueron secuestrados los matrimonios de Alberto Corchs Laviña y Elena Paulina Lerena Costa, y de Eduardo Sabino Dossetti Techera e Iliana Sara García Ramos. También ese día capturan a Alfredo Fernando Bosco Muñoz. Al día siguiente son detenidos Julio César D’Elía Pallares y su esposa embarazada Yolanda Iris Casco Gelphi, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. Y el 23 de diciembre, el operativo son contra Gustavo Alejandro Goicoechea Camacho y su esposa, Graciela Noemí Basualdo Noguera; José Mario Martínez y su mujer, María Antonia Castro Huerga; y sobre Aída Celia Sanz Fernández, embarazada, y su madre, Elsa Haydée Fernández Lanzani.
El desclasificado documento de la Dirección Nacional de Migraciones (Libro Fluvial de Carrasco, fechado en diciembre de 1977), constata que el 20 de diciembre de 1977 en el Vuelo AR 215, Nave LV-JMZ, partieron desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Aeroparque, Argentina, los oficiales de Inteligencia de la Armada uruguaya Jorge Tróccoli (CI. 1.075.555), Ricardo Dupont (CI. 1.133.880) y José Uriarte (CI. 1.110.950). Los tres pertenecían al (FUSNA) y estaban operando contra los GAU, varios de los cuales habían sido detenidos días antes. Tróccoli era el pasajero 37.
A la desaparición de los GAU se sumó la de otros uruguayos que también fueron secuestrados en diciembre de aquel año: «Peludos» del MLN, militantes PCR, del PST y la ROE, que intentaban unirse contra la dictadura en torno a la Unión Artiguista de Liberación (UAL). Cayeron bajo las garras del Cóndor: Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro (esposo de Aída Sanz), Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y su esposa, Carolina Barrientos Sagastibelza (Argentina), Gustavo Raúl Arce Viera y Raúl Gámbaro Núñez, Alfredo Moyano Santander y su esposa también embarazada María Asunción Artigas Nilo; y Célica Elida Gómez Rosano
La mayoría de los uruguayos secuestrados en diciembre fue luego vista en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y COT-1 Martínez. Los testimonios indican que todos fueron torturados e interrogados por oficiales militares uruguayos que participaron de sus capturas. Tróccoli negó su participación y dijo que entonces había realizado cursos en Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Su testimonio judicial (previo a fugarse) ha quedado ya descalificado, al confirmarse que la base de Puerto Belgrano era el comando de la represión naval. Al respecto, nunca fueron interrogados los oficiales Dupont y Uriarte, quienes continúan radicados en Uruguay.
LA INVESTIGACIÓN CAPALDO
El fiscal Gianncarlo Capaldo investigó durante diez años la coordinación represiva del Plan Cóndor. Su trabajo comenzó en 1999 cuando se pidió a Roma la instrumentación de una causa de justicia internacional ante las leyes de punto final, amnistía y caducidad que regían en sudamérica. Cuando había terminado su indagatoria y formalizó la acusación contra mandos militares y civiles de las dictaduras, se inició un proceso en el que se presentaron más pruebas y querellantes hasta la formalización de las audiencias este jueves.
El gobierno italiano tendrá que aprobar, además, la citación, traslado y alojamiento de 109 personas que han sido presentados como testigos o querellantes por parte de la fiscalía, quien parece haber planificado un juicio con características políticas ya que no parece posible comprobar la participación directa de los acusados (la mayoría de ellos ausentes) en los crímenes, pero sí resultará evidente su responsabilidad política. Eso explica que mandos militares de un país aparezcan inculpados del crimen sobre un ciudadano de un segundo país, ocurrido en un tercer país. Eso demostraría el verdadero nivel de la coordinación represiva.
Entre los acusados, hay once chilenos (entre los que figuran los generales Sergio Arellano Stark, Manuel Contreras y Daniel Aguirre Mora), cuatro peruanos (que incluyen al ex presidente general Francisco Morales Bermúez) y como acusado boliviano está el dictador Luis García Meza Tejada.
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2) ONU pide derogar leyes que endurecieron penas a adolescentes
(180)
Derogar las leyes que endurecieron las penas para adolescentes infractores y evitar que el encierro sea la primera alternativa. Esas son algunas de las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño para el Estado uruguayo.
“El comité le pide al Estado que haga esfuerzos para que la privación de libertad no sea la primer medida utilizada pero, además, que derogue toda la legislación que ha endurecido particularmente el sistema penal para los adolescentes”, explicó a No toquen nada Luis Pedernera, coordinador del Comité de los derechos del niño en Uruguay.
El comité criticó normativas de la última legistaltura que endurecieron las penas (mantenimiento de antecedentes, tentativa de hurto, privación de libertad de mínimo un año para delitos graves). “Desde la que penalizó nuevamente la tentativa de hurto hasta que la estableció el mínimo de detención de un año para determinados tipos de infracciones. Eso constituye una novedad bastante importante”, afirmó.
El Comité recomendó además que se establezcan mecanismos de denuncia accesibles a los adolescentes presos.
“El comité está marcando su preocupación por las denuncias de torturas y malos tratos, fundamentalmente por la falta de procesos rápidos, efectivos e imparciales de investigación y reparación de las víctimas de la tortura”, agregó Pedernera.
Las observaciones de Naciones Unidas, que tienen carácter vinculante pero sin posibilidad de coacción si el Estado no cumple, fueron bien recibidas por la sociedad civil que viene denunciando maltratos y torturas en los centros de reclusión de adolescentes.
Pedernera, que integra el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo que esperan que esas observaciones sean un norte para el próximo gobierno. “Nosotros tomamos este documento, esperamos que sirva para en este proceso de cambio de gobierno como un norte hacia donde dirigir la política pública”, señaló.
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3) Cuestionan a jueces y defensores de oficio
Mauricio Pérez. (Caras y Caretas)
Los ministros de Tribunales de Apelaciones de Familia expresaron ante la Suprema Corte de Justicia su “preocupación” por los “importantes yerros” en la tramitación de procesos judiciales contra adolescentes infractores. Se afirma que en varias Sedes estos procesos se tramitan “como si fueran presumarios penales de adultos” y cuestionan duramente la actuación de los defensores de oficio.
Los ministros de Tribunales de Apelaciones de Familia expresaron, en una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia, su “preocupación” por los “importantes yerros” en la tramitación de procesos judiciales seguidos contra adolescentes infractores, particularmente en los Juzgados del interior del país, y cuestionan la actitud asumida por varios defensores públicos en los procesos.
La misiva, fechada el 10 de diciembre de 2014 y firmada por los seis ministros de TAF (Carlos Baccelli, Eduardo Cavalli, Lilian Bendahan, María del Carmen Díaz, Eduardo Martínez y Loreley Pera), señala que un análisis de los expedientes en trámite permite constatar que en varias Sedes los procesos se tramitan “como si fueran presumarios penales de adultos”, cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia instauró “un proceso de audiencia” para los procesos penales contra adolescentes.
De esta forma, los ministros recuerdan que el CNA establece el desarrollo preceptivo de una “audiencia preliminar”, de la cual deben participar todos los sujetos procesales (el juez, el fiscal, el adolescente y su defensor), so pena de declararse “la nulidad del acto”, así como la obligación de hacer saber al adolescente “en términos accesibles” los motivos de su detención y sus derechos durante el proceso.
Asimismo, el CNA “refiere a la circunstancia a evitar de la comparecencia concomitante del adolescente junto a la víctima o testigos de casos graves, por lo que es aceptado como práctica corriente que el adolescente abandone momentáneamente la sala mientra se recibe la declaración de aquellos”.
Sin embargo, “preocupa a los suscritos que varias Sedes de primera instancia, particularmente en el interior de la República, se instruyen casos como si fueran presumarios penales de adultos, con prácticas que remedan la década de los ochenta del siglo pasado, antes de la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la reforma del artículo 113 del CPP”.
En este sentido, los ministros señalaron varias falencias en la tramitación de los procesos, entre ellas, que “se diligencia la prueba testimonial previo a la designación de defensor, verificándose este acto sólo previo a la declaración del adolescente”, cuando “la práctica demuestra que esa prueba es decisiva a la hora de la sentencia definitiva”.
Además, “no se verifica un único acto ‘audiencia preliminar’ sino que se redactan actas separadas, a veces con distinto tipo de escritura lo que denota que se reciben en lugares y por personas diferentes, siendo incongruente con la unidad del acto y la presencia en más de un lugar de los sujetos procesales”, señalan los ministros.
A esto se suma la utilización de expresiones como “audiencia ratificatoria” o se interroga al adolescente sobre si “ratifica lo declarado ante la Policía”, lo que violenta el artículo 76 del CNA, y que no se deja constancia de haber informado a los adolescentes sobre sus derechos. Por otro lado, afirman que “cuando la Sede tiene competencia Penal y de Adolescentes, se tramitan presumarios que culminan con una resolución única que dispone en sus numerales enjuicimiamientos de adultos y adolescentes, vulnerándose el proceso en audiencia”.
Sin embargo, los cuestionamientos más relevantes apuntaron a la actuación de los defensores públicos en materia de adolescentes, que asumen su rol en “la inmensa mayoría de los casos”. “Es llamativo que en apelaciones automáticas se detecten nulidades o se llegue a pronunciamienots absolutorios por falta de prueba sin que los Sres. Defensores hayan asumido mínima actitud procesal de contestación ante la pretensión de la Fiscalía o de crítica de las sentencias de primera instancia”, concluyen los ministros.
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4) El precio de la Soja
Denuncian efectos perjudiciales en fauna y alteraciones en salud humana a causa de plantaciones de soja
(La República)
Expertos denuncian que en las plantaciones de soja en Uruguay se utilizan “varios herbicidas juntos, ya que muchas malezas se hicieron totalmente resistentes al glifosato e, incluso, se usan algunos que han sido prohibidos desde hace décadas en otros países”. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas cultivables, “pero la expansión acelerada del cultivo de soja y la deforestación amenazan con reducirla a 3 millones”.
La aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes en Uruguay y sus consecuencias “empiezan a visualizarse ante la creciente movilización de diversos sectores que denuncian severos impactos en la salud humana, animal y ambiental”, informó días pasados la agencia de noticias DPA. El tema fue abordado por primera vez en el seno de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La agencia recuerda que Uruguay es un país de 3.2 millones de habitantes, pero que, sin embargo, produce alimentos para 29 millones de personas y que históricamente basó su modelo de desarrollo y crecimiento en sus recursos naturales. En el informe se indica que Uruguay tiene 16 millones de hectáreas cultivables, “pero la expansión acelerada del cultivo de soja y la deforestación amenazan con reducirla a 3 millones”.
La soja
En ese marco, se indica que la soja, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación, “es el sector que más utiliza las fumigaciones aéreas con pesticidas, que no están prohibidas ni reguladas en Uruguay como ocurre en el otros países de Sudamérica o de Europa”. En tal sentido se remarca que son los gobiernos municipales los que tienen la potestad de aplicar leyes, poder que se limita sin embargo a su territorio, y que de los 19 departamentos, Canelones es el único que dispone de esa herramienta legal.
DPA informó que en un encuentro reciente para tratar el tema, pobladores rurales, trabajadores, cooperativistas, pequeños productores, educadores y científicos “denunciaron la despoblación de zonas del país por esa causa, tanto de seres humanos como de animales”. En ese marco se alertó que en forma periódica “se denuncia la muerte de animales, ya sean vacas, corderos, cerdos, peces y empiezan a preocupar las estadísticas sobre los casos de cáncer en seres humanos”.
Según la toxicóloga Mabel Burger, en la actualidad “se están utilizando varios herbicidas juntos, ya que muchas malezas se hicieron totalmente resistentes al glifosato”. Por lo cual “al glifosato se le agregó el 2.4-D, que tiene una toxicidad mucho mayor y con efectos crónicos, documentados internacionalmente”. Denunció que “Dicamba es otro herbicida que se está utilizando, siendo que fue prohibido desde hace décadas en otros países, pero autorizado en Uruguay”.
Por su parte, DPA citó declaraciones del director de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Inocencio Bertoni, quien admitió que “las normas no se cumplen un cien por ciento, por lo que se estima que habrá que recorrer todavía un largo trecho para coordinar acciones y mejorar la situación”.
En el informe se expresa que “en Uruguay tampoco existe un seguimiento sobre la salud de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o controles sobre la pureza del agua en reservorios como cañadas, ríos o lagunas, principalmente en las regiones de los plantíos transgénicos”. En tal sentido las organizaciones sociales reclaman un “mapa epidemiológico pautado por este problema y una Ley nacional ambiental”.
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5) Una raya más al tigre
(La Diaria)
Gobierno planea compensar al grupo Clarín con siete millones de dólares por asignación de canales con riesgo de interferencias.
En setiembre de 2014, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) declaró nulo un decreto emitido en 2012 por el Poder Ejecutivo, por el cual el gobierno había limitado la cantidad de frecuencias autorizadas a Bersabel SA (Cablevisión) y Visión Satelital. Ambas empresas son propiedad del grupo Clarín; la primera opera en Montevideo y la segunda en Canelones. El decreto de 2012 limitó a diez la cantidad de canales de cada una de las empresas, que poseían 15 y 12, respectivamente, y además cambió algunas de ellas de lugar en la banda para liberar frecuencias que serían utilizadas por los servicios de telecomunicaciones.
Las razones del fallo del TCA fueron de forma: el Ejecutivo incumplió en dar vista de la decisión a los interesados para que formularan sus descargos. El tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo.
Si bien la objeción no fue al fondo del asunto, en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) dirigido a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), su director, Sergio De Cola, recomendó atenerse lo más posible a los planteos de las empresas reclamantes, ya que de otra forma el Estado se exponía a un nuevo juicio ante el TCA, en un proceso que habitualmente lleva entre dos y tres años. Una situación así generaría incertidumbre para la concreción de licitaciones y la realización de inversiones, por lo que el Poder Ejecutivo optó por contemplar los reclamos del grupo Clarín.
En un borrador de decreto que ya circula entre los interesados -que disponen de un plazo de diez días hábiles para formular sus descargos-, el MIEM modifica la distribución de las bandas destinadas a servicios de telecomunicaciones, televisión digital y televisión para abonados, para otorgar 16 canales a las empresas del grupo Clarín, que en última instancia reclamaron ese número, si bien al principio sostenían que les correspondía 20 canales.
Con base en el informe de Dinatel y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), el MIEM argumenta que no es “técnicamente factible acceder a lo solicitado por las empresas en su primera solicitud de 20 canales”, pero que “sí es posible acceder a los 16 canales solicitados en segunda instancia”. Se otorgan entonces al grupo Clarín los canales 35, 36, 38, 39 y 40 al 51. No obstante, en el borrador de decreto se advierte que dos de los 16 canales reservados para Bersabel y Visión Satelital (el 35 y el 41) “estarían expuestos y/o producirían interferencias con servicios de televisión digital abierta”, por lo tanto se los asigna en carácter secundario (lo que significa que no tienen posibilidades de reclamar ante interferencias sobre un servicio primario). Esto obliga a las empresas a realizar inversiones para implementar medidas técnicas que eviten las interferencias, y por este motivo, en el mismo decreto se prevé una compensación de siete millones de dólares -por única vez- para las dos empresas, que se financiará con los recursos que se obtengan “en el futuro por la licitación de las frecuencias liberadas”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2015
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