1) Chile: Nixon y derrocamiento de Salvador Allende
2) Argentina y Uruguay: El Opus Dei enfrenta causas en ambos países y es acusado de quedarse con herencias de adultos mayores /Paula Bistagnino
3) Uruguay: Cambios en el Solís Chico generan tensión entre vecinos y técnicos /Víctor L. Bacchetta
4) Uruguay: Asociación de la Prensa Uruguaya manifestó preocupación por cambios en la nueva ley de medios
5) Uruguay: El SUNCA sostiene que propuesta de Manini Ríos de que militares trabajen en construcción de ruta “va en sentido contrario con la generación de empleo”
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. Encuentro Rastro Bazar del autor uruguayo
II. 4ª Edición de “Noche de las Librerías” 2020
III. ¿Quiénes cuentan las historias? – Presentación MAU
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1986 – 13.11.2020
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1) CHILE: NIXON Y DERROCAMIENTO DE SALVADOR ALLENDE
La iniciativa y participación de los EEUU en el golpe de Pinochet no es ninguna novedad. Aunque el valor añadido de lo que hoy se publica es que son documentos oficiales desclasificados.
Ya hablaban de planes encubiertos contra Allende, antes de que asumiera su gobierno, porque sabían que su socialismo ¡iba en serio!
Y eso no se podía tolerar. Había que evitar «otra Cuba».
Peter Kornbluh, analista sénior encargado de Chile en la organización Archivo de Seguridad Nacional, una ONG con sede en Washington que analiza los documentos desclasificados por Estados Unidos tras la detención en Londres de Pinochet en 1998 afirma: “Es una historia de un país pionero, Chile, y de un poderoso imperio que quería controlar los países, sus instituciones y las vidas de sus ciudadanos, pero no en el nombre de la democracia, sino de una dictadura militar y su represión. En nuestro mundo actual, en plena crisis, debemos estar vigilante a esa historia trágica”, es lo que apunta este experto.
Adjuntamos el artículo que hoy publicó el diario «El País».
NdeR: Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
NIXON Y DERROCAMIENTO DE SALVADOR ALLENDE
El País /11.11.2020
Richard Nixon: “Si hay una forma de desbancar a Allende, mejor hazlo”
50 años después de la llegada del socialista a la presidencia de Chile en 1970, el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense difunde documentos inéditos que desvelan las estrategias de Washington para desestabilizarlo.
Introducción de uno de los documentos desclasificados del Consejo Nacional de Seguridad de EE UU con un perfil del expresidente chileno Salvador Allende. NSA ARCHIVE
ROCÍO MONTES
Santiago De Chile – 11 NOV 2020
Cincuenta años después de la llegada de Salvador Allende al poder, el 3 de noviembre de 1970, han salido a la luz unos documentos del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense que echan por tierra la versión oficial sobre el papel que desempeñó el Gobierno de Richard Nixon (1969-1974) en la Administración del socialista chileno.
Por décadas, Estados Unidos explicó que su intención no fue desestabilizar a la Unidad Popular de Allende, sino que -intervino en el país sudamericano para mantener a los partidos opositores con miras a una elección que se celebraría en 1976. En definitiva, para “preservar” la democracia y sus instituciones. El propio Henry Kissinger, asesor nacional de Seguridad, aseguró que su país no sabía del golpe de Estado de 1973 que terminó con los 1.000 días de la vía chilena al socialismo y la muerte del presidente. También sostuvo Kissinger que Estados Unidos no tenía relación con quienes impulsaron el golpe desde el frente interno. Los últimos papeles sobre ese episodio, difundidos ahora por la ONG que investiga y disemina los documentos desclasificados por Estados Unidos desde 1998, evidencian, sin embargo, una agresiva estrategia de hostilidad y presión.
“Estos documentos registran el propósito deliberado de los funcionarios estadounidenses de socavar la capacidad de gobernar de Allende y derribarlo para que no pudiera establecer un modelo exitoso y atractivo de cambio estructural que otros países podrían emular”, explica Peter Kornbluh, analista senior encargado de Chile en la organización Archivo de Seguridad Nacional, una ONG con sede en Washington que analiza los documentos desclasificados por Estados Unidos tras la detención en Londres de Augusto Pinochet en 1998. “Es una historia de un país pionero, Chile, y de un poderoso imperio que quería controlar los países, sus instituciones y las vidas de sus ciudadanos, pero no en el nombre de la democracia, sino de una dictadura militar y su represión. En nuestro mundo actual, en plena crisis, debemos estar vigilante a esa historia trágica”, dice este experto.
Kornbluh se refiere a uno de los principales temores del Gobierno de Nixon y, en especial, de Kissinger: que el camino del socialismo a la chilena –alcanzado por la vía democrática– expandiera su influencia no solo en América Latina, sino en otras regiones del planeta. “Creo firmemente que esta línea es importante con respecto a su efecto en la gente del mundo”, le dijo Nixon a Kissinger en una conversación telefónica en noviembre de 1970, de acuerdo a los papeles que ha publicado por primera vez el Archivo de Seguridad Nacional. “Si [Allende] puede demostrar que puede establecer una política marxista antiamericana, otros harán lo mismo”, expresó el presidente estadounidense. Kissinger estuvo de acuerdo: “Tendrá efecto incluso en Europa. No solo en América Latina”.
Tras la detención de Pinochet, el Gobierno estadounidense, entonces dirigido por Bill Clinton, empezó a desclasificar documentos hasta entonces desconocidos relativos al golpe militar que acabó con Allende. La organización Archivo de Seguridad Nacional, dedicada a la investigación de textos que en algún momento han sido secretos de Estado, ha divulgado sus hallazgos de manera intermitente desde finales de los noventa. Este último se ha desvelado con motivo del aniversario de la llegada de Allende al poder.
Los documentos muestran que el asesor nacional de Seguridad influyó de manera decisiva en la política que el Gobierno estadounidense desplegó hacia Chile, que incluyó un frustrado intento de Golpe de Estado para impedir que Allende asumiera la presidencia que había ganado democráticamente. El 5 de noviembre de 1970 se llevaría a cabo en la Casa Blanca una reunión formal del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la política hacia Chile. Pero Kissinger se las arregló para retrasar la cita 24 horas y, de esa forma, lograr reunirse a solas con el presidente para que desista de tomar decisiones blandas con respecto a la Administración de Allende, que acababa de arrancar en Sudamérica. “Es esencial que deje muy claro cuál es su posición sobre este tema”, le dijo Kissinger al presidente. Tenía motivos para preocuparse: no todos los funcionarios estadounidenses estaban de acuerdo con una estrategia hostil.
El departamento de Estado temía que hubiese un escándalo internacional si los esfuerzos para derrocar a Allende quedaban en evidencia y abogó, por lo tanto, por una política prudente de coexistencia. Fue la llamada estrategia modus vivendi: apoyar a los partidos de la oposición chilena –los de centro y de derecha– para ayudarlos en las elecciones de 1976. La Oficina de Asuntos Interamericanos, en tanto, sostenía que si Washington violaba su “respeto por el resultado de las elecciones democráticas”, reduciría su credibilidad mundial “aumentando el nacionalismo” contra Estados Unidos. “Será utilizado por el Gobierno de Allende para consolidar su posición con el pueblo chileno y ganar influencia en el resto del hemisferio”, explicó la oficina en un documento.
Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado de Pinochet. SERGE PLANTUREUX / GETTY
Chile y el temor a una “Cuba en 1972”
Kissinger hizo gestiones de alto nivel para lograr reunirse a solas con Nixon antes del Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo a un memorándum donde un funcionario del Gabinete del presidente justificaba el aplazamiento de la reunión, Kissinger había advertido: “Chile podría terminar siendo el peor fracaso de nuestra Administración: ‘nuestra Cuba’ en 1972”.
El encuentro, registrado el 5 de noviembre de 1970, entre Nixon y su asesor nacional de Seguridad se celebró finalmente en la Oficina Oval. Durante una hora, Kissinger presentó un estudio completo para que ganara el enfoque agresivo a largo plazo hacia el Gobierno socialista. “Su resolución sobre qué hacer al respecto puede ser la decisión de asuntos exteriores más histórica y difícil que tendrá que tomar este año”, advirtió a Nixon, dramáticamente. “Lo que suceda en Chile durante los próximos seis a 12 meses tendrá ramificaciones que irán mucho más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Chile”.
Kissinger se refería a la influencia mundial de la vía chilena al socialismo: “El ejemplo de un exitoso Gobierno marxista electo en Chile seguramente tendría un impacto en –e incluso un valor precedente para–, otras partes del mundo, especialmente en Italia. La propagación imitativa de fenómenos similares en otros lugares a su vez afectaría significativamente el equilibrio mundial y nuestra propia posición en él”, analizó.
El asesor buscaba por todos los medios convencer a Nixon para que presionara a la burocracia de la política exterior hacia una postura de cambio de régimen y no prefiriera la estrategia modus vivendi, según un documento que ha desclasificado el Archivo de Seguridad Nacional y que por primera vez fue publicado en el libro de Kornbluh titulado The Pinochet File, al cumplirse los 40 años del golpe de Estado en 2013.
“Podemos derribarlo”
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional se celebró finalmente el 6 de octubre de 1970. No todos los asistentes sabían que Nixon había ordenado a la CIA impulsar de forma encubierta un golpe de Estado preventivo para evitar que Allende asumiera la presidencia de Chile, lo que no había tenido éxito. En el encuentro, había un acuerdo importante: la elección democrática de Allende y su agenda socialista por un cambio sustancial amenazaba los intereses de Estados Unidos. Pero, como temía Kissinger, no había consenso sobre el camino a seguir. El secretario de Estado, William Rogers, se opuso a la hostilidad y agresión abierta: “Podemos derribarlo, tal vez, sin ser contraproducentes”. El secretario de Defensa, Melvin Laird, sostuvo: “Tenemos que hacer todo lo que podamos para dañarlo [a Allende] y derribarlo”.
El director de la CIA, Richard Helms, presentó un documento informativo en el que explicó cómo Allende ganó la presidencia en una elección estrecha, el curso probable de sus políticas económicas y de relaciones exteriores y un análisis de su equipo de ministros: ha seleccionado “un gabinete militante de línea dura” que “refleja la determinación de los socialistas de afirmar su política más radical desde el principio”, señaló Holmes, que también se dedicó a tomar apuntes.
“Si hay una forma de desbancar a Allende, mejor hazlo”, indicó Nixon en el encuentro, según el manuscrito de Helms, que forma parte de los documentos desclasificados por Estados Unidos y publicados ahora por primera vez. El presidente lo había resuelto: se adoptaría un programa de agresión hostil, pero de bajo perfil, para desestabilizar la capacidad de gobernar de Allende. “Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que [Allende] pueda consolidarse y la imagen proyectada al mundo será su éxito”, explicó Nixon al dar las instrucciones a su equipo de seguridad nacional. “Seremos muy fríos y muy correctos, pero haciendo cosas que serán un verdadero mensaje para Allende y otros”.
El 9 de noviembre, Kissinger distribuyó un memorándum secreto con la decisión de seguridad nacional adoptada en el consejo. Política hacia Chile, se titulaba. “El presidente ha decidido que la postura pública de los Estados Unidos será correcta pero fría, para evitar darle al Gobierno de Allende una base sobre la cual reunir apoyo nacional e internacional para la consolidación del régimen”, resumía el asesor nacional de Seguridad. “Pero Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el Gobierno de Allende para evitar su consolidación y limitar su capacidad para implementar políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio”, agregaba.
El documento desclasificado por Estados Unidos detalla los métodos: funcionarios estadounidenses colaborarían con otros gobiernos de la región –en particular Brasil y Argentina–, para coordinar esfuerzos contra Allende; se bloquearían silenciosamente los préstamos de los bancos multilaterales a Chile y se cancelarían los créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos; se reclutarían corporaciones estadounidenses para que abandonen Chile; y se manipularía el valor del mercado internacional de la principal exportación de Chile –el cobre–, para dañar aún más la economía chilena. Se autorizó a la CIA, además, a preparar planes de acción relacionados para la futura implementación de la estrategia.
Por aquellas horas hubo un llamado telefónico entre Nixon y su asesor, donde comentaron el discurso de la toma de posesión de Allende. “Helms [director de la CIA] tiene que llegar a esta gente”, dijo el presidente. Kissinger respondió: “Lo hemos dejado claro”. Fue un diálogo que quedó transcrito que el Archivo de Seguridad Nacional ha difundido por primera vez.
Los nuevos papeles publicados echan por tierra las tergiversaciones que, por décadas, funcionarios de Estados Unidos intentaron construir para eludir su responsabilidad en el quiebre democrático de Chile y los 17 años de dictadura militar, que cobró miles de víctimas. En septiembre de 1974, The New York Times reveló las operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Allende.
El Congreso estadounidense abrió una investigación sobre el asunto, el escándalo internacional derivó en las primeras audiencias públicas sobre las operaciones de la CIA y se publicó el estudio Covert Action in Chile 1963-1973, escrito por un comité especial del Senado, presidido por el senador Frank Church (la comisión Church). Pero el Ejecutivo norteamericano retuvo parte de la documentación y los senadores que investigaron no tuvieron acceso al registro completo sobre las deliberaciones y decisiones de la Casa Blanca en los días previos y posteriores a la toma de posesión de Allende, que el Archivo de Seguridad Nacional desvela hoy, en 2020, al cumplirse los 50 años de los hechos.
La última página del segundo documento desclasificado del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU que describe la relación entre el Gobierno de Allende y la Unión Soviética. NSA ARCHIVE
Las palabras del poder
“Si bien sabíamos bastante acerca de las maquinaciones del Gobierno de Nixon para impedir o desestabilizar al Gobierno de Allende, resulta sumamente importante contar con estos documentos, incluyendo notas manuscritas y transcripciones de conversaciones telefónicas”, opina el historiador chileno-estadounidense Iván Jaksic. “Es sorprendente ver cómo lo que antes parecía ser especulación era más que cierto. La crudeza del lenguaje y las medidas que se proponen para presionar al Gobierno de Allende y mandar señales inequívocas a otros países son francamente escalofriantes”, agrega el Premio Nacional de Historia 2020. “Son las palabras del poder y, con estos documentos, no queda duda que detrás de cada palabra hay medidas concretas que tuvieron un impacto directo en la agonía que vivió nuestro país en esos años”.
Jaksic conoció el informe de la comisión Church apenas llegó a Estados Unidos en 1976: “Era verdaderamente demoledor”, recuerda el autor de títulos como La lucha por la democracia en Chile. “Pero la historia no queda allí, puesto que ni siquiera esa comisión tuvo acceso a todos los documentos. La evidencia que ha surgido desde entonces y que sigue saliendo es fundamental para comunicar cómo se urdió una política respecto de nuestro país y de Hispanoamérica”, reflexiona.
El historiador con residencia en Santiago de Chile desde 2006 considera “notable” que se involucre a Europa en la política respecto de Chile: “Es evidente que para el Gobierno de EE.UU., Chile importaba sobre todo como un ejemplo que no debía trascender, es decir, un marxismo que llega al poder mediante vías democráticas”
De acuerdo a Ascanio Cavallo, periodista y uno de los autores de La historia oculta del régimen militar, “no hay nadie en Chile que dude de la voluntad del Gobierno de Nixon de que Allende no terminara su mandato”. “Pero el propio Nixon y Kissinger –que en sus memorias hace una referencia muy breve a Chile– siempre negaron un papel activo de Estados Unidos una vez que Allende había asumido la presidencia, a diferencia de lo que indican estos papeles, que revelan que la Administración norteamericana discutía cómo lograr su derrocamiento”.
El País /Enviado por SERPAL
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1986 – 13.11.2020
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2) ARGENTINA Y URUGUAY: EL OPUS DEI ENFRENTA CAUSAS EN AMBOS PAÍSES Y ES ACUSADO DE QUEDARSE CON HERENCIAS DE ADULTOS MAYORES
Paula Bistagnino /La Diaria 10 de noviembre de 2020
El Opus Dei enfrenta actualmente dos causas judiciales, una en Uruguay y otra en Argentina: los demandantes acusan presiones indebidas y métodos abusivos de parte de miembros de la orden para quedarse con la herencia de adultos mayores.
Este artículo es parte de una investigación publicada en la revista Anfibia en alianza con Connectas y continúa otra investigación de la misma autora sobre el Opus Dei publicada en Lento.
La metodología de recibir donaciones es habitual en organizaciones religiosas, pero el Opus Dei tiene “esa especialidad”. Lo dice Gustavo, un ex numerario que hoy es un reconocido abogado en Buenos Aires. Como casi todos los que dejaron la Obra, usa un seudónimo para hablar y para las publicaciones que hace. Estuvo una década dentro y salió en 1998.
Había un sacerdote que identificaba a personas mayores con plata y sin herederos entre los cooperadores y en especial cooperadoras. Y entonces nos mandaban a visitarlas y tomar el té. Las acompañábamos en su vejez y las convencíamos de que lo mejor era dejarle a la Iglesia sus propiedades.
Gustavo es uno de los autores de un documento -Aspectos Críticos de la praxis del Opus Dei- que firmó una decena de ex numerarios argentinos en 2014 y que entregaron a las más altas autoridades de la Iglesia en Buenos Aires y también al papa Francisco -lo tomó el asistente que estaba al lado- en una audiencia en Roma en 2015.
Hasta hoy no hubo respuesta.
Hay una historia que conocen todos los ex numerarios de Buenos Aires: la del edificio de la Avenida Santa Fe 825. Dentro lo llaman “Esmeralda” -nombre de la calle lateral- son cinco pisos de lujo que pertenecían a dos mujeres, María Rosa de Massaro y su hija Diana, que vivieron allí hasta que se murieron. Empezaron donando uno de los pisos, luego el otro que estaba en alquiler, y el siguiente. Hoy funciona como centro residencial de miembros del Opus y es propiedad de la Asociación para el Fomento de la Cultura, una de las primeras que tuvieron en la Argentina, creada en 1961, y que tiene una veintena de edificios y departamentos en Buenos Aires.
En uno de esos edificios, en la calle Austria al 2300, vive Elina Gianoli Gainza. Tiene 80 años y es una de las numerarias de más alto rango del Opus Dei en Sudamérica, heredera de una de las familias más ricas de Chile y a la vez una de las familias más emblemáticas del Opus Dei en la región: los Gianoli Gainza no sólo fueron uno de los clanes que más ayudó a la entrada y expansión en Santiago de Chile y en Uruguay, sino una de las familias que más millones de dólares les dio en Santiago y Montevideo.
María Luisa Gianoli Gainza es hermana de Elina. Es viuda, tiene 85 años, ningún hijo y un patrimonio declarado en unos 20 millones de dólares, pero estimado por inventario judicial en cinco veces más: unos 100. Tuvo varias internaciones psiquiátricas y lleva al menos una década encerrada en una clínica especializada en Montevideo con deterioro cognitivo, según el diagnóstico. La terapia con electroshock y los antipsicóticos que recibió desde joven para tratar su esquizofrenia precoz hicieron estragos en ella.
Cuando muera, toda su fortuna irá a la Asociación Cultural y Técnica, una de las principales asociaciones civiles ligadas al Opus Dei en Uruguay y a la que en su testamento nombra su “universal heredera”. Además, el documento deja entre 10 y 50 mil dólares a varios familiares y 100 mil dólares más a una congregación de monjas. También cifras similares a algunos empleados y ex empleados: uno de los beneficiados es el psiquiatra uruguayo y numerario Alexander Lyford-Pike, director del Instituto de Psiquiatría y Psicología de Montevideo, clínica en la que recibió atención durante muchos años María Luisa. Ni en la residencia del Opus Dei en la que vive ni en la clínica ni en su Whatsapp, Lyford-Pike responde los requerimientos de entrevista.
El testamento se firmó el 15 de noviembre de 2000 en Montevideo frente al escribano Alberto Vázquez Dendi -fallecido-. Siete años antes, en 1993, se había firmado el primero frente a la escribana Paulina del Castillo, que tenía otra “universal heredera”: la Fundación Chilena de Cultura, también ligada al Opus pero de Santiago de Chile. Los dos escribanos pertenecieron al estudio jurídico y notarial Pérez del Castillo y también a la Obra.
Veinte años después, en un día de casi 40 grados, en el living de un departamento de San Isidro, un barrio de clase alta en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen cuatro de los once hermanos Gatica Gianoli. Son los hijos de Carmen Gianoli Gainza, la hermana mayor de María Luisa, declarada incapaz por la justicia uruguaya en 2010, y la numeraria Elina, quien fue su curadora desde esa declaración y hasta 2017. Tienen entre 48 y 70 años y son los que encabezan el reclamo contra su familia ante la justicia uruguaya.
Los sobrinos Gatica Gianoli denuncian “abuso patrimonial” de su tía Elina sobre su tía María Luisa. Y quieren cobrar su herencia: la parte que tendría que haber recibido su madre de la fortuna familiar que empezó a gestar el abuelo Cirilo Gianoli hace un siglo en Chile, cuando llegó como cónsul uruguayo y se sumó a la empresa de su hermano Antonio. Primero tuvieron una exportadora de ajos y frutas; luego ampliaron los negocios y se consolidaron en la industria minera y metalúrgica con la compañía Carbomet (Carburo Metalúrgica), que se convirtió en Molibdenos y Metales (Molymet), la principal procesadora de molibdeno del mundo hasta hoy. Lo hicieron en sociedad con otros dos grupos familiares poderosos de Chile: el de los Mustakis y el de los aún más poderosos Matte, que está entre los clanes conocidos como los “dueños de Chile” y también pertenece al Opus Dei.
Los cinco hijos del matrimonio entre Cirilo Gianoli y Elina Gainza nacieron y crecieron en Chile. Tras la muerte de Cirilo en 1946, la viuda y el único varón de los hijos, Sergio, manejaron las empresas y se vincularon con el Opus Dei, que recién había desembarcado en el país. Era 1950.
El Opus Dei fue parte de nuestra vida desde que nacimos. Nuestra casa de Santiago, en la que crecimos, fue la primera casa de mujeres de la Obra en Chile, porque nuestra abuela inició la rama femenina del Opus ahí y también después en Montevideo, cuenta Felipe Gatica Gianoli, uno de los más jóvenes de los sobrinos que reclaman su herencia.
Dicen que su madre, la mayor de los cinco herederos, fue marginada de la familia cuando se fue a Francia a parir a su primer hijo. Recién casada con el veterinario chileno Mauricio Gatica Becker, que trabajaba en centros de formación rural de la Obra en Chile, volvió un año después y tuvo once hijos más -uno murió-. Fue la única parte de la familia que quedó ahí mientras todo el resto se instaló en Montevideo. Nunca se recompuso el vínculo de Carmen con sus hermanos ni su madre y ya no participó de las empresas familiares. Los criaron en Chile hasta la llegada de Salvador Allende al gobierno, en 1970, cuando salieron del país y, tras un breve paso por Uruguay, se radicaron en Bella Vista, provincia de Buenos Aires.
Mamá tenía también problemas psiquiátricos de los que nunca se trató. Por orgullo y enojo, nunca reclamó nada de lo que le correspondía de herencia. Y por eso, mientras nuestra familia en Uruguay vivía en la riqueza, nosotros crecimos sobreviviendo, agrega Felipe.
Cuando Felipe dice sobrevivir, entre todos cuentan las carencias: dormían de a dos en una cama, su casa estaba derruida, pasaban frío, la mayoría de las comidas las tenían en el club o algún centro del Opus Dei que los becaba. O en los veranos, porque la abuela los invitaba a pasar la temporada en su casa de Punta del Este, primero a los tres mayores y después a todos. Para ellos, era como ir a Disney, cuentan: el único momento del año en el que tenían las cuatro comidas y tomaban chocolatada todos los días.
A pesar de la pelea familiar, su madre fue supernumeraria hasta la muerte. De hecho, murió en 1985 en La Chacra, una de las “iniciativas apostólicas” históricas de la Obra en Bella Vista, y donde se alojó Josemaría Escrivá en su visita a Buenos Aires, en 1974. Todos los Gatica Gianoli estuvieron allí escuchando las palabras del hoy santo de la Iglesia Católica.
Después de la muerte de la abuela, en 1989 -cuatro años después que su hija Carmen-, creyeron que iban a heredar lo que les correspondía: pero entonces solo recibieron 35 mil dólares cada uno a modo de “regalo de la abuela”. Quisieron iniciar la sucesión pero muy pronto se dieron cuenta de que los hermanos de su madre no estaban dispuestos a hacerlo. Empezaron las tensiones familiares con sus tíos y primos a cargo de las empresas, que les dieron 3.5 millones de dólares para los once a cambio de la firma de un contrato.
La tía María Luisa siempre estuvo enferma. Y cuando murió nuestra abuela, que era la que la cuidaba, la tía Elina fue la que se hizo cargo de todo y manejó su patrimonio. Todos sabíamos de su incapacidad, así consta en la historia clínica de ella, de los certificados de los médicos psiquiatras que la trataron y aún la tratan, dice Tomás.
Recién en 2009 Elina y sus otros hermanos solicitaron la incapacidad de María Luisa Gianoli, con diagnóstico de psicosis de tipo esquizofrénica desde su juventud, y su hermana Elina fue nombrada curadora en 2010.
Antes de ir a los tribunales, intentaron por varias vías acordar con su tía Elina y pidieron al Opus Dei que intercediera. En 2016, tras la publicación de la segunda edición del libro El imperio del Opus Dei en Chile, de la periodista chilena María Olivia Monckëberg, supieron que el dinero de la familia no sólo era mucho más, sino que el rompecabezas de empresas y movimientos estaba atravesado por miembros del Opus Dei en Chile y Uruguay y que buena parte del dinero ya había ido a parar a la Obra en distintos actos de beneficencia. Los sobrinos entonces buscaron abogados en Uruguay y decidieron ir a la justicia: la sucesión tenía que iniciarse allí.
Los procesos judiciales iniciados por los sobrinos en Montevideo acumulan decenas de páginas de diagnósticos así como las reiteradas internaciones en clínicas psiquiátricas especializadas, el tratamiento con electroshock, y las cartas de su abuela de puño y letra -la madre de María Luisa- en la que cuenta avances y retrocesos de su hija y la atención que recibió de psiquiatras del Opus Dei. Además, la demanda penal señala que se realizaron “donaciones prohibidas de los bienes de la incapaz”, que Elina como curadora no realizó un inventario completo y estimativo de los bienes de su hermana en forma fidedigna y legal y, entre otros hechos, que jamás realizó rendición de cuentas en debida forma.
A raíz de las irregularidades detectadas, en diciembre de 2017 la justicia uruguaya la removió del cargo y nombró un curador interino que está revisando todas las cuentas de María Luisa para reconstituir su patrimonio real.
El Opus Dei sabe. Claro que sabe, desde el comienzo, dice Tomás, uno de los menores. Es el que más rápido se decepcionó del Opus Dei y no tiene ninguna esperanza de que la institución haga algo si no es obligada por la vía judicial.
Además de revisar el testamento de su tía, los sobrinos de María Luisa Gianoli quieren que la justicia uruguaya revise 14 donaciones hechas en los últimos años por varios millones de dólares: presentaron pruebas de que, además de su incapacidad manifiesta, al menos ocho actos de donación se hicieron mientras estaba en internaciones psiquiátricas: algunas fueron para personas particulares y varias para instituciones del Opus Dei, como dos de 200 y 500 mil dólares a la Universidad Della Santa Croce en Roma, donde Elina Gianoli Gainza presentó su cátedra en la Facultad de Comunicación en 2018. Entre los objetivos, señaló que era darle apoyo al Proyecto Familia & Media, el think tank internacional del Opus Dei que analiza la relación entre familia, medios y sociedad.
Hace unos años Elina era la segunda mayor benefactora en la historia de la Universidad de Los Andes, en Chile. Según una investigación publicada el año pasado por Pauta, su lugar actual es el décimo y su aporte suma más de 9 millones de dólares. En agradecimiento, el Aula Magna de esa universidad, que a la vez es una de las más caras de Chile, lleva el nombre de su madre, la abuela Elina Gainza de Gianoli. Ella, junto al numerario español José Enrique Diez, fueron impulsores de la fundación. A él, la Universidad le agradece con su nombre en la Biblioteca Central. Para los sobrinos, Diez fue el primer “agente” del Opus Dei adentro de las empresas familiares y el socio de su tía Elina y su tío Sergio en el manejo de las sociedades offshore -ambos aparecen en los Panamá Papers- y hasta una ONG en Suiza. También señalan a los numerarios José Domingo Arnaiz y Gonzalo Ibáñez Langlois y piden explicaciones a la institución.
Uno de los hallazgos es que María Luisa le dio un préstamo a una asociación del Opus de 1,8 millones dólares que Elina le iba a devolver como renta en cuotas. Pero nunca pagó esa renta, dice Felipe.
En mayo de 2018 el Juzgado Letrado de Familia N°23 de Montevideo removió a la numeraria Elina Gianoli como curadora y argumentó: “Existe peligro de lesión de los intereses de la incapaz, que prima facie se encuentran en contraposición con los de su curadora Sra. Elina Gianoli”. Entre los argumentos de la querella, nunca debió ser curadora de su hermana incapaz porque era su deudora; tampoco ser su socia en sociedades -entre otras irregularidades para ese rol-: de la documentación analizada surge que se llegaron a dividir sociedades comerciales con María Luisa sin designar curador y que se habrían distribuido millones de dólares sin control judicial.
En 2019, los hermanos Gatica Gianoli consiguieron una audiencia con el Opus Dei. Los recibió el sacerdote Fabricio Melchiori, vicario delegado para Buenos Aires. Fueron con los abogados. Les contaron todas las carencias por las que habían pasado, que nunca se hizo una sucesión y que su madre nunca recibió su parte de la herencia, así como también el abuso que se estaba cometiendo con la tía María Luisa.
“Este es un tema familiar. El Opus Dei no se hace responsable de lo que hacen sus miembros”, les respondió Melchiori. Lo mismo que le dijeron a la familia de Francisco Noreiko.
Yo quiero a la Obra y valoro la formación que nos dio. Mi fortaleza espiritual y lo que soy es gracias a esa educación. Por eso me duele que el Opus no pueda ver que está amparando a quienes desde adentro hacen daño, dice una de las dos únicas mujeres de los once hermanos, y la que mantuvo su pertenencia como supernumeraria. Otros dos hermanos fueron miembros numerarios pero se fueron.
Todavía queda un largo proceso y poco tiempo. Por un lado, el Opus Dei deberá enfrentar una batalla judicial para recibir la herencia de María Luisa, y por otro los Gatica Gianoli deberán enfrentar otra para obtener la parte de la herencia que dicen que les corresponde de su madre. Para eso, están analizando la historia de las empresas familiares, que tienen sede no sólo en Chile -hay al menos una decena de sociedades en Panamá- y que multiplicarían la fortuna Gianoli en cientos de millones de dólares: según el inventario en proceso, los 20 millones que Elina declaró ante la justicia como patrimonio de su hermana María Luisa serían en realidad al menos 100.
Según consta en la denuncia judicial, Elina tiene domicilio formal en Aceña, uno de los centros del Opus Dei en San Isidro, provincia de Buenos Aires, pero vive en la residencia de la calle Austria, en el barrio porteño de la Recoleta, desde hace un tiempo. Antes, pasó muchos años a cargo del Centro Cultural Nabla en Rosario, entre otros. Pero no fue posible hablar con ella por teléfono.
Nuestra madre por lo menos debería tener lo mismo. Pero además estamos viendo que hay varias sociedades en Panamá y hasta una ONG en Ginebra a nombre de la tía Elina y un numerario del Opus Dei, dice Felipe.
El objetivo es llevar el reclamo hasta Roma, donde el Opus tiene a sus representantes máximos y a donde reportan los 68 países en los que tiene sedes: allí está ahora como primero en el orden de sucesión de la Prelatura el argentino Mariano Fazio, a quien nombró el papa Francisco y al que algunos de los hermanos Gatica Gianoli conocen. La fe en él está dividida: algunos de los hermanos creen que desde la cúpula podrían hacerle cambiar la actitud a la tía Elina; otros creen que si hasta hoy no hicieron nada, no lo van a hacer sino es porque la justicia llega hasta ellos.
Para esta investigación se pidió entrevista al Opus Dei en varias ocasiones para su testimonio sobre estas causas judiciales, pero no aceptó.
El 16 de octubre de 2008 sonó el teléfono en la casa de María Elena Abazo en la Ciudad de Buenos Aires: su tío Francisco Noreiko, de 81 años, había volcado su camioneta mientras conducía por la ruta 11 desde su casa en la ciudad de Salta a su finca en La Caldera. Cuando recibieron la noticia, ya habían pasado quince días desde el accidente, el hombre estaba parapléjico e inmovilizado por las fracturas en la columna y no podía hablar.
Ni María Elena ni su madre, Yanina Norekaite -hermana del accidentado-, conocían al hombre que les dio la noticia: se presentó como un amigo, dijo llamarse Alfredo Montanaro y contó que había sido testigo del accidente.
Lo que no dijo fue que en esos días Noreiko había firmado un poder amplio para el manejo de todas sus cuentas y bienes a nombre de dos miembros del Opus Dei, Matías Amat Lacroix y Mariano Busaniche Iturraspe, ni que se habían donado sus seis inmuebles y tierras a la Asociación Cultural del Norte (ACN), una asociación civil ligada al Opus Dei. Montanaro tampoco les dijo que como Noreiko no podía mover la mano, había “firmado” los papeles con su huella dactilar. Y no hizo ninguna mención sobre la inscripción de las seis propiedades inmuebles en tiempo récord en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de la ACN: en 48 horas el trámite estuvo finalizado.
Dos días después del llamado, la madre y la abuela -sobrina y hermana de Noreiko-, aterrizaron en Salta. De inmediato empezaron a sospechar: allá las recibió el numerario Amat Lacroix, que las acompañó a la clínica y después las visitó donde se alojaban con dos docenas de facturas y dos hojas que decían que Noreiko había firmado un poder amplio para el manejo de todo su dinero y bienes. Además les contó que antes del accidente estaban trabajando para formar una Asociación en una de las propiedades.
Según denunciaron, les ofreció 20 mil pesos -entre 5 y 6 mil dólares-, dos pasajes para regresar a Buenos Aires y les prometió que él se ocuparía de todo. Todavía en shock después de ver a su tío Francisco en ese estado, María Elena le dijo que le dejara el papel para verlo al día siguiente. Algo desesperada por lo que podía interpretar del documento, la sobrina llamó a una conocida que trabajaba en la Inspección General de Justicia y se lo leyó por teléfono. La mujer le dijo: “Busquen un buen abogado ya porque les van a sacar todo”.
Así empezó la pesadilla de nuestra familia contra el Opus Dei, que ya lleva más de once años, dice Sebastián Rizzo, sobrino nieto de Noreiko, mientras enciende un cigarrillo en un parque porteño.
Ahora tiene 37 años y desde los 26 se ocupó junto a su mamá y su abuela de seguir la batalla judicial en Salta. Viajó varias veces al norte, porque su abuela pasó allá los últimos seis años de su vida, que fueron los primeros seis de la causa. Y murió sola, lejos de su familia, y con la pelea por la herencia de su hermano inconclusa.
Noreiko era un católico ferviente y formaba parte de la comunidad de la Iglesia del Pilar de la ciudad de Salta, jubilado como supervisor de escuelas, y era además muy conocido porque durante décadas había dirigido la peregrinación del Señor de Sumalao, una fiesta muy popular en esta provincia. Había estado exiliado durante la dictadura militar en Bolivia, era soltero y no tenía hijos. Era hijo de un inmigrante lituano que llegó al norte argentino a principios del siglo pasado, y allí creció con sus hermanas, que más tarde se mudaron a Buenos Aires.
Eran muy cercanos y el tío venía siempre a pasar las fiestas con nosotros, nos traía regalos. Tenía un buen pasar económico, viajaba a Europa y había invertido en varias propiedades que siempre nos decía que podíamos disponer y nos invitaba, lo recuerda el sobrino nieto.
Noreiko murió unos días después, tras una operación en la Clínica Santa Clara de Asís. Poco después, su hermana y su sobrina, católicas practicantes y muy creyentes en la Iglesia, escribieron una carta con el detalle de los hechos que entregaron en la sede principal del Opus Dei en la Argentina y que también le hicieron llegar al actual papa Jorge Mario Bergoglio cuando era cardenal de la Ciudad de Buenos Aires. En la carta denunciaban sus sospechas sobre el Opus Dei y anunciaban que irían a la Justicia: “(…) A fin de que en sus estrados se dilucide la verdad real de la voluntad de Francisco que consideramos viciada, máxime teniendo en cuenta que resulta sumamente extraño que no haya sido objeto de su postrera voluntad el beneficiar a su parroquia de toda la vida, a sus seres más queridos y cercanos y/o a cualquier entidad en la que haya participado activamente”.
Una institución opaca con manejos sectarios. Así define al Opus Dei un ex numerario durante tres décadas
El proceso judicial se inició en 2009 con una causa civil y otra penal: los denunciantes piden la “Nulidad” de las actas de donación y piden que se investigue la posible “Administración Fraudulenta”, “Circunvención de incapaz”, “Simulación ilícita y/o fraude a la ley”. Además, piden que también se investigue si hubo “Homicidio Culposo”.
A Noreiko no solo lo trasladaron de clínica cuando estaba con la columna destrozada, cosa que no se recomienda, sino que estaba privado de libertad, porque estaba inmovilizado con un chaleco y tracción cervical de varios kilos, dice al otro lado del teléfono José Fernando Chamorro, abogado de la familia de Noreiko, desde su estudio jurídico en Salta. Lleva 11 de sus 79 años con este expediente.
Además de las personas involucradas en la firma de los documentos, su querella es también contra la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei y el arzobispo salteño Monseñor Mario Cargnello, “que debe responder por el Opus Dei, una de sus organizaciones, lo mismo que por los actos de sus integrantes”.
Esta causa tiene todas las pruebas que se necesitan y todas las trabas que te puedas imaginar: no se presentaron a declarar, después se negaron a declarar y tres veces que debían declarar se cortó la luz, se perdieron partes del expediente una y otra vez, la cambiaron de juzgado tres veces, resistieron medidas de prueba para no avanzar… Es una vergüenza, dice Chamorro.
Desde la Asociación Cultural del Norte no dan explicaciones. El numerario Matías Amat Lacroix contesta el teléfono en la organización pero dice que no quiere hablar de la causa, que todo pasó hace mucho tiempo y que es el abogado Carlos Cornejo el que sabe. El abogado Carlos Cornejo no atiende los llamados ni responde los mensajes. La oficina de comunicación del Opus Dei en la Argentina rechaza una entrevista para la investigación en varias ocasiones e incluso ante especificaciones sobre esta y otras denuncias del escribano Carlos A. Baldi, que confeccionó el poder y las actas de donación, no hay respuesta al pedido reiterado de entrevista, pero está su declaración judicial: “Me llama para preparar unas escrituras y pedir todos los papeles previos el Sr. Matías, a comienzos del mes de Octubre de 2008” (…) “una vez que terminé de prepararlas me trasladé hasta el Hospital San Bernardo para que se lleven a cabo las mismas, con estampado del Sr. Noreiko de su dígito pulgar derecho y la firma de personas que estaban en el Hospital como testigos”.
Admite que antes del accidente Noreiko no le había manifestado su voluntad de esta donación. De lo que da fe es de papeles médicos que dicen que Noreiko estaba lúcido, aunque no se le hicieron pericias psicológicas. Y que hubo en ese acto de firma cuatro testigos, aunque en la causa no hay testimonios que avalen en ese acto. Sobre la estampa de la huella dactilar, dice que no sabe quién se lo pidió: “No sé si el firmante a ruego o uno de los testigos le levantó la mano y se puso en las hojas de la escritura, no recuerdo puntualmente pero uno de ellos fue”.
Desde la justicia salteña nadie quiere hablar del caso, pero confirman que “es una causa plagada de incidentes”. Los expedientes cuentan esta historia: la justicia en primera instancia procesó a los firmantes del poder y las escrituras, los testigos y el escribano por falsedad ideológica y circunvención de incapaz. La defensa apeló el procesamiento y la Cámara de Apelaciones falló a su favor. El abogado de la familia de Noreiko presentó un recurso de casación que terminó en la Corte Suprema de Salta, que revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones, por lo que la causa volvió a primera instancia. Eso fue en mayo de 2019. Desde entonces no hubo novedades. Chamorro está esperando el fin de la pandemia para poder acceder al expediente. Pero, como ejemplo de lo que no se hizo, dice que ni siquiera se peritó que la huella digital estampada en los papeles fuera la de Noreiko.
Hicimos de todo en este tiempo: llamarlos para que nos digan algo, les pusimos un pasacalle ahí en la sede central en Recoleta, les mandamos tres Carta Documento: al Arzobispo de Salta, Mario Cargnello, a la Asociación Cultural del Norte y al Opus Dei. Cargnello nos respondió que era un tema del Opus, ‘que no es lo mismo que la Iglesia Católica’, dice, haciendo el gesto de entrecomillar lo que dice-. El Opus nos respondió que ellos no se responsabilizan por lo que hacen sus miembros.
Hoy, once años después de iniciada la causa, las seis propiedades de Noreiko -todas en la ciudad de Salta y alrededores- están inmovilizadas pero corren distinta suerte: la familia mantiene la posesión de un departamento en la capital; en la finca de La Caldera -a la que iba cuando se accidentó- están los caseros y la familia denuncia usurpación y que actúan a pedido del Opus Dei; la casa de la calle Alsina en la que vivía Francisco quedó abandonada después de la denuncia de la familia por violación de puerta mientras el hombre estaba internado, y los dos terrenos -uno es el predio Campo Quijano- también están abandonados.
Hay miembros del Opus Dei dentro del Estado y eso es más evidente en Salta: están en la justicia, en la política, en el parlamento. Y si no son ellos, son otros que les tienen miedo a ellos o en los que influyen, dice Chamorro, que además de abogado fue diputado provincial por la Unión Cívica Radical.
Chamorro apunta a la esencia del Opus: la condición laica de sus miembros numerarios y agregados aun cuando tienen compromisos de vida equivalentes a los de los religiosos: castidad, pobreza y obediencia. Esa laicidad jurídica les permite ejercer todo tipo de cargos en la sociedad civil: son jueces, directores de empresa, periodistas, escribanos, políticos, médicos, psiquiatras y profesores en instituciones públicas.
Para el abogado, ese poder es la única razón de la demora: cuando la causa promediaba cinco años, y el expediente no avanzaba hizo un pedido formal al Poder Judicial salteño para que sus magistrados informaran si eran parte del Opus Dei.
Me respondieron que no lo iban a informar, en nombre de la libertad religiosa. Y ahí sigue la causa, dice Chamorro.
La Asociación Cultural del Norte, a la que se transfirieron las seis propiedades de Francisco Noreiko, tiene su sede principal en la ciudad de San Miguel de Tucumán y varias propiedades distribuidas en esa provincia. Pero tiene también una sede en Salta: en la misma manzana que ocupa el Bachillerato Humanista Moderno, en pleno centro de la ciudad, propiedad del Arzobispado a cargo de Mario Cargnello. La entrada de la institución educativa es en el 680 de Mitre y la de la asociación civil es el 660.
Creada en 1981, la ACN fue parte de la segunda etapa de expansión de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en Sudamérica. “La Obra” creada en 1928 en España por el cura Josemaría Escrivá de Balaguer desembarcó en Chile y Argentina casi al mismo tiempo, a mediados del siglo pasado. De allí fue a Uruguay. Y en la década de 1960 fue cuando se crearon muchas de las asociaciones civiles que nuclean las iniciativas apostólicas: emprendimientos educativos, residencias universitarias, clubes y centros culturales.
Tan rápido creció en ese tiempo que el fundador visitó Santiago y Buenos Aires en 1974. Todavía no tenían la figura jurídica de Prelatura Personal, la única de la Iglesia Católica, que les otorgó el papa Juan Pablo II en 1982 y que les permitió manejarse con una autonomía excepcional, distinta de la que tiene una orden o una congregación, y bajo sus propios estatutos.
Hoy en la Argentina, son al menos 17 las asociaciones civiles ligadas al Opus Dei, y de ellas dependen unas cincuenta instituciones en todo el país. Pero en los registros declarados figuran como propietarias de más de cien inmuebles, entre ellos varios son predios y edificios enteros en los barrios más caros de Buenos Aires y cuestan varios millones de dólares. El Opus Dei insiste en que no tiene bienes propios y que todas estas son iniciativas apostólicas de sus miembros a los que ellos sólo prestan asistencia espiritual.
El mismo esquema de funcionamiento se reproduce en Uruguay, en Chile y en los otros 65 países en los que funciona. Es difícil saber hoy cuántos miembros tienen. Aunque oficialmente ellos declaran que son unos 90 mil, de los cuales solo 2 mil son religiosos y el resto “cristianos corrientes en medio del mundo”.
Los laicos son los que mantienen el funcionamiento de la Obra: numerarios y agregados entregan su trabajo en el mantenimiento de los centros residenciales o el fruto de su trabajo -salario- si ejercen su profesión fuera. Pero además, unos y otros al ingresar deben despojarse de todas sus posesiones para cumplir con el compromiso de pobreza. No son obligados a entregarlos a la institución, pero sí son invitados a hacerlo bajo el argumento de que el Opus es su “nueva familia”.
Paula Bistagnino /La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1986 – 13.11.2020
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3) URUGUAY: CAMBIOS EN EL SOLÍS CHICO GENERAN TENSIÓN ENTRE VECINOS Y TÉCNICOS
Nuevas obras en Canelones para modificar la desembocadura del arroyo Solís Chico reavivan un debate sobre el valor ambiental de estas intervenciones y el sentido de la participación social
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, 05/11/2020
“Se recupera un kilómetro y medio de playa en Parque del Plata abriendo una nueva salida para el arroyo Solís. Justo justo frente al lugar donde se filmó la película Un Viaje hacia el Mar!!”, anunció entusiasmado el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en su cuenta de Twitter el 30 de octubre último. Ese día se iniciaron las obras en la desembocadura del arroyo y se produjeron fuertes roces entre vecinos del balneario.
El arroyo Solís Chico es parte de la gran cuenca del Río de la Plata. Originado en la Cuchilla Grande, tiene un recorrido de más de 47 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Hace más de 10 años que la salida al mar del arroyo se desvió radicalmente hacia el oeste, atravesando la playa a lo largo de unos dos kilómetros, entre la costa del Río de la Plata y la rambla de Parque del Plata.
La deriva del arroyo produce erosión en la margen derecha, conformando barrancas de arena, y una fuerte erosión eólica que retira arena de la playa e invade la trama urbana con grandes médanos activos. La Intendencia de Canelones ha intentado, sin éxito, devolver esa arena al sistema costero y también realizó aberturas en la base de la barra de arena de corta duración, hasta que se cierran de nuevo.
Ante lo que consideran un deterioro de la zona costera y un efecto socioeconómico negativo, vecinos y gestores turísticos recogieron el año pasado unas 5.400 firmas reclamando una solución del problema. Técnicos de la Intendencia de Canelones y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) realizaron estudios en conjunto y acordaron la modificación de la zona que se está poniendo en práctica.
El proyecto consiste en abrir un canal de 40 metros de ancho, dos metros de profundidad y unos 100 metros de largo en la base de la barra para que el arroyo adopte esa salida al Río de la Plata. Paralelamente, se extraerán 20 mil metros cúbicos de arena del marque, junto con los médanos situados sobre la rambla, se utilizarán para tapar la actual desembocadura del arroyo y retornar la playa a su estado original.
Se pretende estabilizar la nueva situación recomponiendo médanos, utilizando cercas captoras y formas de playa, así como el plantío de especies psamófilas. Se afirma por último que las acciones planteadas no afectarán la configuración o estructura natural de la costa, algo que está prohibido por el Código de Aguas (Decreto Ley N° 14.853) y, obviamente, no alterarán la rambla costanera ni las edificaciones existentes.
El comienzo de las obras contó con la presencia del intendente Orsi y de vecinos del lugar que manifestaban su satisfacción por sentirse atendidos en su reclamo. Otros vecinos, en cambio, expresaron su discrepancia con la solución elegida y se produjo un intercambio de calificativos nada amistoso entre las personas. Existen diferentes enfoques entre los vecinos, no sólo de intereses sino también técnicos.
El Solís Chico ha sido centro de controversias en los últimos tiempos a raíz de sendos proyectos de la Intendencia de Canelones para construir un sitio de disposición final de desechos (“megabasurero”). Estos proyectos han movilizado a vecinos de la cuenca que los rechazan, se encuentran detenidos por decisiones del gobierno nacional, pero siguen siendo considerados prioritarios por el gobierno departamental.
La intervención en la barra del arroyo
Al igual que en todos los casos donde está en juego el ambiente, más allá del reclamo y el apoyo o el rechazo de los vecinos a la decisión oficial, la acción debe ser ecológicamente adecuada. En el proyecto para modificar la desembocadura del Solís Chico, a pesar de que esta vez actuaron mancomunados técnicos del plano nacional y departamental, la solución propuesta no está exenta de controversias.
Según el informe de la Dinama, luego de investigar y reunir todos los antecedentes de diagnósticos y estudios sobre el caso, así como nuevos relevamientos de batimetría en la zona, el sitio de apertura fue elegido a partir de “imágenes antiguas por donde alguna vez existió la desembocadura” y de un trabajo al respecto realizado en 2012 por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA).
“Debemos estudiar cómo han variado esos factores al menos desde 1950 para entender las causas que han producido la modificación tan acentuada e inusual de su desembocadura, atendiendo a los antecedentes que lo muestran como un arroyo invariable por más de 300 años”, dijo a Sudestada Graciela Piñeiro, doctora en ciencias biológicas, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias.
Piñeiro ha asesorado técnicamente a los vecinos que se han movilizado por otros proyectos de impacto socio-ambiental en el departamento y, en particular, los vinculados con el Solís Chico, como el de implantar un megabasurero a sus orillas y, tras haber abandonado esta propuesta por sus manifiestos inconvenientes, la opción de trasladarlo a Cerro Mosquitos, al lado de un afluente del mismo arroyo.
“Es asombroso que las autoridades crean que modificar el cauce y la desembocadura de un arroyo como el Solís Chico con el uso de una retroexcavadora para abrir un canal, sin respetar la morfología construida por el arroyo a lo largo de muchos años, y sacar arena del sitio de su interacción con el Río de la Plata es la forma correcta de garantizar el menor impacto al curso de agua”, afirmó la investigadora.
Para Piñeiro, la reacción del Solís Chico modificando la desembocadura hacia el oeste no es un capricho, sino que fue provocada por los cambios de origen antropogénico en su curso no planificados correctamente. Y señala que antes de la colonización urbana de la zona adyacente a su recorrido, entre los años 1700 y 1900, el arroyo realizaba una suave curva en “S” y el trayecto final tendía suavemente hacia el este.
La pérdida de vegetación en la margen oeste del Solís Chico, por la construcción de viviendas y caminería, que redujo el bañado que sustentaba el arroyo, su fauna y flora, la mayor descarga de sedimento hacia el este y el aumento de las mareas hacia la costa provocaron la salida del cauce. Si la intervención en curso no modifica estos factores, la manera cómo reaccionará el arroyo es impredecible.
Siendo así, la solución adoptada puede tener corta vida, pero hay otras consecuencias invisibles. Piñeiro advierte que muchos peces que desovan en el Solís Chico se van al arroyo Pando, pero allí las redes de trasmallo capturan las hembras con huevas. Esto afectará la continuidad de la especie por dos o tres temporadas y perjudicará también a los pescadores que hoy abusan de este aumento de la captura.
El sentido de la participación social
En todas las cuestiones con repercusiones sobre la población, el involucramiento de los habitantes es fundamental, pero la participación social no es un acto natural que no requiera un marco y una preparación adecuada. Para los temas vinculados al medio ambiente y al agua en particular, Uruguay posee unos principios y la institucionalidad incorporada por la reforma del artículo 47 de la Constitución en 2004.
Precisamente, al cumplirse 16 años del plebiscito nacional que consagró esa reforma, representantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico y de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, se reunieron para hacer un balance bajo el título de “La participación social en la gestión pública del agua en Uruguay”.
A partir de la reforma, desde 2012en adelante se crearon tres Consejos Regionales de Recursos Hídricos, del Río Uruguay, la Laguna Merín y el Río de la Plata y su Frente Marítimo, a lo que le siguieron 11 Comisiones de Cuenca y Acuífero. Pero la reducción de las atribuciones y el régimen de funcionamiento de las comisiones de cuenca limitaron sus resultados ante la magnitud de los problemas planteados.
“Las comisiones de cuenca, que es el contacto más directo con la ciudadanía, además de no ser vinculantes con las decisiones del gobierno, tienen muchos problemas”, señaló en el encuentro Carmen Sosa, en nombre de la CNDAV, quien enumeró así las carencias más relevantes, no las únicas, que han tenido las comisiones:
– No existe un criterio unificado para la publicación de las actas de las reuniones y en qué plazo deben estar disponibles al público.
– Faltan recursos humanos y económicos para atender los espacios de participación, no hay un seguimiento del trabajo de las comisiones ni estabilidad en la participación de los grupos sociales.
– La mayoría de las sesiones se centra en exposiciones de actores gubernamentales y el escaso tiempo para el debate va unido a la baja frecuencia de las reuniones.
– Las organizaciones sociales hacen propuestas frente a problemas concretos y no son tenidas en cuenta, muchas veces ni siquiera se les contesta.
– Las reuniones son en días hábiles y en horarios de trabajo, coartando la posibilidad de participación a muchísimos interesados.
Dos disposiciones de la Ley N° 18.610 que reglamentó el artículo 47 definen la educación ambiental, la capacitación y la formación para la participación como instrumentos de la planificación, la gestión y el control de los recursos hídricos. “Si la participación no se da en un marco de información y de aprendizaje de la ciudadanía, esa participación puede resultar inútil y, a veces, hasta contraproducente”, concluyó Sosa.
Si donde fueron constituidas tienen dificultades, cuando las comisiones de cuenca no existen las carencias se agudizan y los conflictos se agravan. Hablando en la reunión en nombre de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el arroyo Solís Chico, Nancy Espasandín señaló que hace tres años que vienen reclamando la comisión de cuenca, pero subsisten resistencias gubernamentales para su creación.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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4) URUGUAY: ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA MANIFESTÓ PREOCUPACIÓN POR CAMBIOS EN LA NUEVA LEY DE MEDIOS
La Diaria /10 de noviembre de 2020
Se cuestiona la eliminación de la objeción de conciencia y la falta de participación ciudadana en los procesos de contralor.
Ante el pedido del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento del proyecto de ley de la nueva ley de medios en la Cámara de Diputados, la Comisión de Industria, Energía y Minería recibió este martes a varias delegaciones. Los integrantes de la comisión acordaron tratar el articulado el 25 de noviembre y recibir para ese entonces a más de 20 organizaciones.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) fue una de las delegaciones que compareció este martes a la comisión; también lo hicieron la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Cineastas. Luis Curbelo, vicepresidente de APU, contó a la diaria que el gremio acompaña lo planteado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) -colectivo de la sociedad civil que también integra- que en junio advirtió a los parlamentarios que el nuevo proyecto de ley de medios afectará la transparencia, los derechos adquiridos y la participación de la ciudadanía.
En ese sentido, Curbelo explicó que las organizaciones que integran la CCD solicitaron audiencias por separado, a los efectos de que cada una manifieste sus preocupaciones específicas sobre la iniciativa. En el caso de APU, el vicepresidente explicó que uno de los temas que preocupan es la eliminación de la objeción de conciencia, que está en la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). En el artículo 42 de la actual ley se establece que los periodistas tendrán derecho a “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.
Otra de los temas que plantearon fue su discrepancia con la cantidad de licencias que puede poseer un operador. “El aumento de autorizaciones de tres a ocho nos parece un disparate, porque incluso durante la dictadura se establecía un límite menor de frecuencias. Esto ya es inconcebible”, advirtió Curbelo.
Por otra parte, APU manifestó su preocupación por la eliminación de la participación ciudadana de la actual ley de medios y planteó a los legisladores que se mantenga la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Una de las primeras propuestas del nuevo presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, fue crear una Comisión de Notables, pero desde APU entienden que no sería recomendable porque ese colegiado sería designado por el propio Secan.
Otro de los puntos que se cuestiona es la eliminación del Fondo de Promoción de Comunicación Audiovisual, que había creado la ley SCA con el objetivo de promover el desarrollo de la industria audiovisual. Para Curbelo, el problema es que “las empresas no quieren pagar por usar señales que no les pertenecen, porque son bienes de la humanidad, que cada Estado administra”.
La Diaria
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5) URUGUAY: EL SUNCA SOSTIENE QUE PROPUESTA DE MANINI RÍOS DE QUE MILITARES TRABAJEN EN CONSTRUCCIÓN DE RUTA “VA EN SENTIDO CONTRARIO CON LA GENERACIÓN DE EMPLEO”
La Diaria /11 de noviembre de 2020
El sindicato advirtió que la propuesta intenta suplantar a trabajadores genuinos de la construcción y “al mismo tiempo dinamita el desarrollo de la industria”
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) calificó de “inadecuada, improvisada”, y que “va en sentido contrario con la generación de empleo” en Uruguay la propuesta del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos de “realizar obras de vialidad con personal del Ejército”, según un comunicado emitido este miércoles por el sindicato.
Manini Ríos propuso en concreto que efectivos militares trabajen en la construcción de la ruta 6, para ahorrar dinero y así poder subir los salarios del personal subalterno del Ejército. Para el SUNCA, las brigadas solidarias Agustín Pedroza de ese sindicato “se han hecho presentes en varias situaciones de emergencia (Dolores, Tres Islas, inundaciones, etcétera)”, y “en estas intervenciones también ha participado el Ejército”, actitud que comparten y saludan, pero esto es diferente a la propuesta del senador de CA, “que lo que intenta en definitiva es suplantar” a trabajadores genuinos “de la construcción y al mismo tiempo dinamita el desarrollo de la industria”.
El SUNCA informa que las obras de vialidad ocupan hoy entre 10% y 15 % de la mano de obra activa, algo así como 5.000 trabajadores directos, y que la industria de la construcción por intermedio del Fondo de Capacitación Laboral “ha invertido en capacitación profesional” de cientos de trabajadores “en cursos de manejo de maquinaria vial, para poder acceder a puestos de trabajo en dichas obras”. “Las inversiones de obras de vialidad se desarrollan en todo el país, esto genera que cientos de trabajadoras y trabajadores de localidades del interior profundo logren, a través de estas, poder insertarse en la industria, generando así la condición de mejora en la calidad de vida de las familias”, agrega el comunicado.
El texto expresa que el sindicato mantiene la opinión de que “la inversión pública es un elemento central para el desarrollo del país”, el fortalecimiento de la economía y la generación de fuentes de empleo, por lo que manifiesta “su postura contraria a este tipo de propuestas”, al mismo tiempo que rechaza “los recortes planteados en el presupuesto nacional”.
La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1986 – 13.11.2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. ENCUENTRO RASTRO BAZAR DEL AUTOR URUGUAYO
13 al 15 de noviembre – MNAV Parque Rodó
Rastro es un mercado itinerante de industrias creativas nacionales para la promoción de arte y cultura en sus distintas expresiones y formatos. Una oportunidad para entablar contacto con emprendimientos independientes en una feria al aire libre donde el centro sea el autor uruguayo. Una instancia para relacionarse de manera distinta con los creadores nacionales, en trato directo con quienes lo hacen posible: los actores, productores, editores y publicistas de nuestro país, visibilizando a los invisibles por sobre las tendencias del mercado. Dar a conocer a productoras de arte uruguayo (sellos discográficos, editoriales, piezas de diseño y de arte), muchos de ellos no distribuidos en la plaza comercial y destacando la diversidad existente.
Cada tarde habrá música ambiente de artistas nacionales y sobre el atardecer un espectáculo musical previamente programado.
Rastro es un evento corporativo apoyado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y por el Museo Nacional de Artes Visuales, en cuyo jardín se realizará este evento.
La entrada será libre y gratuita.
Auspician: CUD, CUL, DNC-MNAV, AGADU, CCE
Patrocinan: Plan Nacional de Lectura, Red de Clubes de Lectura
www.facebook.com/events/363283504743202
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II. 4ª EDICIÓN DE “NOCHE DE LAS LIBRERÍAS” 2020
Viernes 13 de noviembre
Llega la 4ª Edición de “Noche de las Librerías 2020”en Uruguay, un proyecto que nace como iniciativa del Centro Cultural de España en Montevideo (CCE) en el año 2017 con el objetivo de visibilizar las librerías uruguayas como patrimonio e identidad del país y la figura del librero/a como mediador/a de sus propias colecciones, así como reforzar progresivamente la industria del libro a nivel nacional.
Este 2020 se hace más necesaria la realización del evento cooperando con la industria creativa del libro ya que esta emergencia sanitaria ha provocado también, entre otras, una emergencia literaria. Por esta razón, cabe destacar la adhesión este año de más de 60 librerías en todo el país logrando la participación de establecimientos en siete departamentos del interior, además de Montevideo que permanecerán abiertas en horario extendido hasta la 1:00 AM alojando una variada grilla de actividades.
Las librerías en Montevideo y del interior constituyen un relevante patrimonio cultural que no deja de sorprender a visitantes y turistas. Por esa razón, la “Noche de las Librerías” se presenta como un evento imprescindible para Uruguay ya que, desde la primera edición, miles de personas han recorrido diferentes barrios de la capital y otras localidades, con una gran repercusión en medios y gran adhesión por parte de la ciudadanía a un proyecto que, año tras año, ve aumentada la participación por parte de los establecimientos.
Medidas sanitarias:
Exhortamos a extremar cuidados, por ello es importante utilizar tapaboca, mantener distanciamiento social y el uso de alcohol en gel.
Apoyan: IMPO – MEC URUGUAY- Intendencia de Montevideo IM – Municipio B – PCCV / Paseo Cultural de Ciudad Vieja
cce.org.uy/evento/iv-noche-de-las-librerias/?fbclid=IwAR2-8C_1e-XO66ANmSeO2NwADvpuyDTgfQJSZGWFh0pjYvQiMVbj0asW9vg
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III. ¿QUIÉNES CUENTAN LAS HISTORIAS? – PRESENTACIÓN MAU
Miércoles 18 de noviembre
¿Quiénes cuentan las historias? El miércoles 18 de noviembre a las 19hs nos encontramos para presentar la publicación “¿Quienes cuentan las historias?”, primera investigación que analiza el sector cinematográfico uruguayo desde una perspectiva de género.
«Las desigualdades estructurales están presentes también en nuestro cine, y si bien es algo de lo que hace un año y medio solo había sensaciones, hoy se puede constatar a través de este diagnóstico».
Miércoles 18 de noviembre – 19 horas
Espacio Feminista Las Pioneras – Avenida Agraciada y Aguilar
Para cuidarnos entre todes, respetemos las medidas de seguridad sanitaria recomendadas. No olvides traer tu mascarilla.
www.facebook.com/events/1270365336672882
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1986 – 13.11.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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