1) Uruguay: Colocan placa en ex sede del Servicio de Información
2) Uruguay: Militar procesado por torturas en dictadura pide cumplir su condena en un cuartel y utiliza como argumento que otro militar «está preso» en el Batallón de Paysandú /Leonel García
3) Uruguay: Cabildo Abierto hace flamear casi en solitario la bandera de la defensa de enjuiciados por derechos humanos en la dictadura /Sergio Israel y Pablo Mosteiro
4) Uruguay: El gobierno le negó la cadena nacional a la Comisión Pro Referéndum
5) Uruguay: Chacra La Anyta, un emprendimiento “natural y saludable” de Maldonado que apuesta a la diversificación de la producción oleícola
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. Mónica Navarro en recital
II. Día Internacional del Reggae
III. Luana Méndez en recital
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2009 – 25.06.2021
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1) URUGUAY: COLOCAN PLACA EN EX SEDE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
La casa ubicada en Br. Artigas 1532 busca conservar en la memoria, los hechos ocurridos en la última dictadura, con muestras de archivos.
Grupo R Multimedio /24 junio, 2021
En la jornada de ayer se colocó una placa en la sede del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDDHH). La iniciativa, fomentada por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), se realizó para recordar a las personas secuestradas en ese lugar. Recordemos que durante la dictadura nacional, ese edificio funcionaba como sede del Servicio de Información, del Ministerio de Defensa.
El evento conmemorativo se llevó a cabo unos días antes del aniversario número 3 del Sitio de la Memoria y 48 del Golpe de Estado Cívico Militar. Según el comunicado de la CNHSM “la declaración de este edificio como Sitio de Memoria es una forma de recuperar, construir y trasmitir memoria de lo ocurrido y rendir homenaje y reparar simbólicamente a las víctimas y a la comunidad”.
“La casa es un símbolo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo durante el terrorismo de Estado”, agregan. Así mismo señalan que “El SID fue un organismo de la máxima jerarquía en la estructura de control social y represión cuyo cometido era la información y contra información y la ejecución de operativos represivos en el país y en el exterior.
Esta Casa de la Memoria ofrece una muestra con documentos y registros audiovisuales de los distintos delitos que ocurrió en esa casa, durante la dictadura. Además, ofrece información de distintos operativos que llevaron a la detención clandestina y desaparición de varios compatriotas.
En el documento de la CNHSM, señalan que se proyecta un audiovisual, disponible en Youtube, llamado Mentiras Armadas.
Grupo R Multimedio
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2) URUGUAY: MILITAR PROCESADO POR TORTURAS EN DICTADURA PIDE CUMPLIR SU CONDENA EN UN CUARTEL Y UTILIZA COMO ARGUMENTO QUE OTRO MILITAR «ESTÁ PRESO» EN EL BATALLÓN DE PAYSANDÚ
Carve 850 /Así nos va / producción de Leonel García
Dos militares y dos historias que se entrecruzan con un objetivo: zafar de las rejas de la cárcel.
Para empezar a desentrañarla debemos ir a su inicio, el 6 de enero de 2020 en el departamento de Paysandú. “Aire, aire, por favor. Me desmayo. Déjenme respirar”. Ese día, poco antes del mediodía, esas fueron las últimas palabras de Fernando Dávila Cabrera, un hombre de 30 años que murió asfixiado en el piso del Mac Center Shopping de esa ciudad.
Este hombre había intentado robar una moto en las afueras del centro comercial. Fue visto infraganti y huyó. Detrás, según consignó el diario El País en la edición del 9 de enero, lo siguió un cabo del Ejército que revistaba en el Batallón Nº 8 de Infantería y que estaba haciendo unas compras en un negocio cercano. Ahí adentro, dos guardias de seguridad del establecimiento se sumaron a la persecución.
Las imágenes de la detención circularon por las redes y el caso llegó a los medios de comunicación. Uno de los guardias y el soldado finalmente lo retienen contra el piso sujetándole manos, brazos, espaldas y piernas. Seis minutos estuvo así. Para cuando llegó la Policía, el hombre estaba muerto. Falleció debido a la asfixia mecánica que ejercieron sobre él mientras a sus costados compradores y transeúntes miraban lo que pasaba, sin intervenir. Por varios días, este episodio escandalizó la modorra veraniega, y hasta terminó con discusión política. Pero, como suele pasar, con el correr de los días la gente se olvidó.
En el momento en que el militar y el guardia de seguridad fueron formalizados por la Justicia, la defensa de ambos imputados pidió que ambos no cumplieran la prisión preventiva en la cárcel departamental de Paysandú porque habían recibido amenazas. Fue en ese momento en que la defensa del militar solicitó, en marzo de 2020, que la prisión preventiva se pudiera realizar en el Batallón General Leandro Gómez de Ingeniería Mecanizada Nº 8 de Paysandú, en el mismo lugar donde revistaba.
Por un tiempo, el militar fue a prisión preventiva a la cárcel de Flores, pero su defensa finalmente consiguió que lo trasladaran al batallón militar. El pedido se hizo ante el INR, que el 1º de abril de 2020 respondió diciendo que podía contemplarse el pedido “siempre que se garantizara que las competencias asignadas legalmente a este instituto pudieran ser cumplidas”.
El 25 de mayo de 2020 se envió un oficio al Batallón Nº 8 para saber si se cumplían las condiciones requeridas y, tres días después, desde la dependencia militar se contestó que podía garantizarse la custodia del militar formalizado, darle asistencia médica en caso de que lo precisara, controlar el régimen de visitas establecido por el INR, proveerle un alojamiento con baño privado apartado del resto del personal de la unidad, así como disponer actividades culturales, recreativas y deportivas según las condiciones establecidas por el INR.
El militar -de iniciales P.S.N.B- que en diciembre de 2020 fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por homicidio a título de dolo eventual, logró zafar de las rejas de la cárcel. “Así nos va” pudo confirmar que efectivamente este hombre está cumpliendo condena como recluso en el Batallón General Leandro Gómez de Ingeniería Mecanizada Nº 8 de Paysandú, en el mismo lugar donde revistaba.
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el comisario general retirado Luis Mendoza, dijo al ser consultado por “Así nos va” que este hombre es el único militar detenido por un delito común que está cumpliendo su condena en una unidad militar, y que el INR está monitoreando que se esté cumpliendo la pena.
“Esto es así, increíblemente, aunque usted no lo crea”, dijo al ser consultado por “Así nos va” el abogado Gustavo Sabariz, quien defiende a la familia del fallecido Fernando Dávila Cabrera. Según Sabariz, la familia Dávila quedó muy indignada por esta situación y reclamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio de Defensa. Por ahora no han tenido respuestas.
A entender de Sabariz, esta situación es violatoria del principio de igualdad ya que primó “un interés particular concreto” sobre el interés público, y resulta una decisión “arbitraria” en tanto deja la custodia de un condenado por un delito común a una dependencia militar.
Desde el Ministerio de Defensa dijeron a “Así nos va” que los organismos que disponen la reclusión de un procesado con prisión son la Justicia y el Ministerio del Interior -o sea, el INR-, y lo que hace la cartera de Defensa es acatar. Consultado el ministro Javier García, declinó de hacer comentarios sobre el caso indicando que no está actualizado sobre el tema.
Aprovechando el antecedente
Ahora vamos a volver a un pasado muy reciente, y también al pasado reciente tal como conceptualmente lo conocemos.
El 15 de diciembre de 2020 la Justicia procesó con prisión al coronel retirado Mario Ramos por la autoría de reiterados delitos de abuso de autoridad en interrogatorios contra detenidos políticos en el Grupo de Artillería Nº 2 de Trinidad, durante la dictadura. Estamos hablando del código procesal viejo, por eso hablamos de procesado con prisión, y por eso la figura es “abuso de autoridad”, un eufemismo que debe traducirse en “torturas”.
El destino de Ramos sería la cárcel de Domingo Arena, centro penitenciario que se creó con el fin de recluir a los condenados por delitos perpetrados en dictadura. Pero en febrero de 2021 Ramos tuvo que ser derivado al Hospital Militar.
Ramos, además de ser un importante jerarca militar del Grupo de Artillería Nº 2 durante los años de plomo, fue intendente de Flores en los últimos años de la dictadura, luego de la cual llegó a dar clases de matemáticas en el liceo departamental. En una ciudad chica como Trinidad, era habitual verlo en la calle. Gastón Grisoni de Crysol (asociación que nuclea a los ex presos políticos) calificó a Ramos de “torturador serial» al ser consultado por “Así nos va”. Miguel Longo, otrora militante sindical bancario en el departamento de Flores, relató a “Así nos va” que cuando caían presos al cuartel, los militares le dejaban claro que ahí los derechos humanos no existían.
“Así nos va” accedió a una carta escrita por el coronel retirado Mario Ramos, fechada el pasado 31 de Mayo, y dirigida al director de la cárcel de Domingo Arena, el comisario mayor Miguel Moreira Martínez. En ella, Ramos habla de su precario estado de salud, que duerme mal, que tiene incontinencia urinaria y diarrea como consecuencia de un cáncer de próstata por el cual fue operado y tratado. Detalló que fue operado de la columna, que está perdiendo la memoria, que tiene secuelas de haber padecido Covid-19, que incluso le derivó en la aparición del famoso “hongo negro”. También apeló a las dificultades que su prisión le generan a su familia, que vive en Trinidad, y que a su esposa de 78 años le resulta muy difícil hacer 200 kilómetros ida y vuelta a Montevideo para verlo.
Lo más llamativo de la misiva de Ramos -la cual pidió que sea elevada al director del INR, al comisario general Luis Mendoza- es que declara haber buscado una posible solución a su problema de reclusión tras conversar con las actuales autoridades militares del Grupo de Artillería Nº 2, el cuartel de Trinidad, donde él mismo llegó a ser la mayor autoridad durante la dictadura. Según Ramos, las actuales autoridades castrenses le manifestaron no tener inconveniente en hacer las adecuaciones necesarias en el cuartel para alojarlo y vigilarlo.
“A los efectos meramente ilustrativos al señor director nacional, se pone en su conocimiento que en el Batallón de Infantería Nº 8, en el departamento de Paysandú, cumple pena un soldado que participó en un hecho junto a un guardia de seguridad, donde falleció un ciudadano”, señala textualmente la carta en uno de sus puntos finales. Acá es donde las dos historias que les presentamos, aparentemente paralelas, se cruzan.
“Así nos va” habló con Daniel Iribarren, abogado de Mario Ramos, quien nos aclaró que este planteo fue idea del propio Ramos; que es claro que no es una situación normal pero que está el antecedente de Paysandú y que todos los exmilitares recluidos en Domingo Arena saben del caso. Según Iribarren, desde el inicio se buscó una prisión domiciliaria atendiendo razones de salud. El juez, en momentos del procesamiento, pidió al Instituto Técnico Forense (ITF) una pericia. Según el abogado de Ramos, “no fue una pericia seria» la que se realizó «porque no estuvieron delante del enfermo sino que usaron historias clínicas viejas”. Siempre según su visión, fue “una risa y una falta de respeto”. Por eso entienden que esta petición de traslado, e ir a cumplir el período de reclusión al cuartel, se fundamenta en «derechos humanos».
¿En qué está la situación de Ramos? Según dijo a “Así nos va” el director del INR, Luis Mendoza, el caso está a estudio por parte de la Junta Nacional de Traslado. En Domingo Arena están alojados 25 personas entre exmilitares, expolicías y civiles procesados por delitos de lesa humanidad. Es la única unidad donde se cumplen este tipo de delitos.
Un traslado a un lugar más “favorable” para los intereses de uno de los alojados causaría una ola de indignación, reconoció Mendoza en diálogo con “Así nos va”.
Carve 850 /Así nos va / Leonel García
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3) URUGUAY: CABILDO ABIERTO HACE FLAMEAR CASI EN SOLITARIO LA BANDERA DE LA DEFENSA DE ENJUICIADOS POR DERECHOS HUMANOS EN LA DICTADURA
Defienden a los enjuiciados
En los últimos meses hubo 16 exmilitares y policías procesados vinculados a cinco causas penales; el tema preocupa a parte del oficialismo.
Sergio Israel y Pablo Mosteiro /Búsqueda, 24.06.2021
La posibilidad de que tres excomandantes del Ejército y la Armada sean procesados por delitos cometidos durante la última dictadura (1973-85) y el aumento del número de oficiales llevados finalmente ante la Justicia encendió algunas alarmas dentro de la coalición de gobierno y es motivo de preocupación entre militares.
Mientras en tres juzgados penales existen pedidos de procesamiento o investigaciones que involucran a los excomandantes del Ejército Raúl Mermot (1996-98) y Juan Rebollo (1992-93) y al exjefe de la Armada Tabaré Daners (2004-06), en el último año fueron procesados 16 militares o policías en cinco causas, aunque cuatro de ellos ya estaban presos o procesados. La cifra resulta elevada si se tiene en cuenta que entre 2002 y 2017 hubo 42 procesamientos en un total de 22 expedientes.
Mermot, comandante de la fuerza de tierra con el presidente Julio Sanguinetti, era jefe del Regimiento de Caballería N° 10 de Bella Unión cuando se produjo la muerte de los comunistas detenidos Dante Porta y Saúl Facio.
Rebollo, que sirvió con Luis Lacalle Herrera, estaba al mando de un operativo en el que resultaron muertos tres tupamaras, un capitán del Ejército y un policía, en abril de 1974.
Daners, que estuvo al frente de la Armada con Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, actuaba como juez sumariante en Fusileros Navales en noviembre de 1977, en el momento en que fue detenido, torturado y desaparecido el dirigente montonero argentino Oscar de Gregorio y decenas de integrantes de los Grupos de Acción Unificadora, algunos de ellos desaparecidos.
Entre los oficiales procesados en las últimas semanas también está el general Mario Aguerrondo, que fue jefe de Inteligencia Militar durante el gobierno de Lacalle Herrera, aunque en su caso quedó en prisión domiciliaria por razones de salud. También, entre una docena más, existe un pedido de procesamiento para el mayor Armando Méndez, director de Aduanas en el gobierno de Lacalle Herrera.
Aguerrondo fue segundo jefe y luego jefe del Batallón de Infantería 13, donde fueron enterrados varios desaparecidos que habían sido torturados en el vecino galpón del Servicio de Material y Armamento conocido como 300 Carlos, en Gruta de Lourdes, mientras que Méndez está relacionado con las muertes del argentino Gerardo Alter y del tupamaro Walter Arteche, ocurridas mientras era interrogado en agosto de 1973, en el Batallón Florida.
Otro expediente que venía desde hacía años es el del coronel Eduardo Ferro, quien estaba prófugo y habría optado por entregarse en España, para poder seguir cobrando su pensión militar.
Para explicar el aumento de los procesamientos, operadores judiciales como el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, manejan dos tipos de causas: la actuación de la fiscalía especializada que encabeza Ricardo Perciballe y el vencimiento de los plazos de los reiterados recursos presentados por la defensa de los imputados, que se comenzaron a tramitar desde 10 años atrás.
“Complicado y sin eco”
A mediados del año pasado, durante una media hora previa en el Senado, Guido Manini Ríos planteó la necesidad de rediscutir la ley de caducidad y presentó un proyecto en la Comisión de Constitución y Códigos.
“No es que Cabildo haya renunciado a su proyecto” para reinstalar la ley de caducidad, sino que “no hemos tenido ningún eco” en el arco político “para avanzar en esta idea”, declaró a Búsqueda el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.
Los sondeos realizados por Cabildo entre dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado indican que no hay acuerdo. “No conseguimos que nos apoyaran y estamos viendo de encontrarle otra solución al tema. Pero todo eso sigue ahora en conversaciones para arriba y para abajo con los socios de la coalición para encontrarle algún paliativo al tema, que es complicado”, explicó.
El senador cabildante indicó que “hubiera deseado incluso que el Frente Amplio acompañara, siguiendo la iniciativa de Tabaré Vázquez cuando planteó la idea del Nunca Más”. Pero añadió en seguida: “La verdad es que no hemos tenido ningún eco en el sistema político”.
El 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, había sido elegido por Vázquez en 2007 como el Día del Nunca Más. La idea, que incluso dio lugar a un decreto, fue perdiendo vigor a través de los años hasta que dejó de aplicarse.
Para Domenech, “hay que reconocer además que es un tema que a algunos sectores les rinde políticamente y entonces lo quieren mantener vivo”.
Otro dirigente cabildante consultado señaló que “hoy es una utopía absoluta pretender una amnistía”, porque en este escenario político resulta “muy difícil” que se pongan de acuerdo los principales actores. “Habrá que buscar otras acciones prácticas dentro del Estado de derecho”, concluyó.
A su vez, el senador herrerista Gustavo Penadés dijo a Búsqueda que están “muy preocupados” porque “en algunos casos, respetando el fallo, existe una fragilidad argumental muy importante”. Sin embargo, advirtió que “por ahora no hay ningún paso dado” y opinó que “no es recomendado desandar la legislación vigente”, porque son temas de “una fragilidad enorme y de alta sensibilidad de ambos lados”.
Tres bibliotecas sobre prescripción
Desde el acuerdo del Club Naval, que habilitó la salida democrática de 1984, la persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura ha estado en la agenda pública. El tema divide no solo a la ciudadanía —que en dos oportunidades (1989 y 2009) se manifestó por no derogar la ley de caducidad votada bajo fuerte presión en 1986—, sino también a los magistrados.
Entre abogados, jueces y fiscales existen al menos tres posiciones: unos consideran que ya están vencidos todos los plazos y que los eventuales delitos cometidos unas cuatro décadas atrás prescribieron, alegando razones de seguridad jurídica; otros se afilian al principio de que al impedido por justa causa no le corren los plazos, por lo que todavía no prescribieron porque no deben contarse los años en que estuvo vigente la ley de caducidad; mientras que una tercera biblioteca sostiene que son delitos de lesa humanidad y no prescriben.
Los cinco ministros que integran hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están divididos al respecto. Tabaré Sosa, Elena Martínez y Luis Tosi opinan que los eventuales delitos cometidos durante la dictadura no se pueden considerar de lesa humanidad porque Uruguay incorporó esa norma recién en 2006. Hasta ahora, la Corte opinó que tanto la dictadura como la propia ley de caducidad impidieron o desalentaron las denuncias y las investigaciones penales, de modo que se corrió la prescripción, pero no van más allá.
Bernadette Minvielle y John Pérez, el último ministro en asumir en la Corte, opinan, con diferentes argumentos jurídicos, igual que unos cuantos jueces de primera y segunda instancia, que los delitos de lesa humanidad rigen desde antes.
La discusión, que en el mundo comenzó con el jurista holandés Hugo Crocio en el siglo XVII, refiere a si son los Estados quienes deben fijar ciertas normas, como los delitos de lesa humanidad o, por el contrario, estos existen porque ofenden a todos y no dependen de una ley particular de un país, porque un Estado que practica la tortura no tendrá interés en perseguir el delito. Es lo que en Derecho se denomina ius cogens (normas de obligado cumplimiento) y que según sus defensores están sustentadas desde 1968 en los artículos 72 y 332 de la Constitución como principios generales.
También los tribunales de apelaciones en materia penal están divididos sobre el tema. Hasta ahora, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno, integrado por los ministros Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, se ha afiliado a la postura de aceptar los delitos de lesa humanidad, mientras que Ángel Cal, Luis Charles y Graciela Merialdo, que integran el Tribunal de 4° turno, fallaron en sentido contrario.
Como Tosi deberá jubilarse a fines de este año, existe la posibilidad de que se modifique la mayoría de la Corte. Esta mayoría resulta importante para el caso de casación que tiene a estudio la Corte en relación con la muerte en el cuartel de Fray Bentos, en 1984, del médico de San Javier Vladimir Roslik. En este expediente, se agrega además de la prescripción, el aditivo de que al haber actuado la justicia militar podría considerarse cosa juzgada.
El miércoles 16, en una sentencia interlocutoria contestando una demanda del exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas coronel Adí Bique, la jueza Ana de Salterain adhiere a que los delitos de lesa humanidad ya fueron definidos en 1945 por el tribunal de Nuremberg que juzgó a los principales criminales nazis y que fue incorporado al menos en 1968 a las normas uruguayas.
En la misma línea argumental que el fiscal especializado Perciballe, se expresó en un dictamen del viernes 11 la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, que interviene en el caso de los indagados Raúl Urioste y Faustino Álvez.
Esta magistrada, que no frenó sus actuaciones por la pandemia, citó en el dictamen al exministro de la Corte Felipe Hounie para sostener que “los crímenes de lesa humanidad, al ser parte de las normas ius cogens, son inherentes a la personalidad humana” y por ello “no es el precepto expresado en el estatuto, tratado o convenio el que la hace vigente, sino que solo la actualiza mediante una verbalización determinada, ya que, en sí, preexisten a tal actuación”.
En una opinión discorde sobre la opinión mayoritaria de la Corte en un recurso presentado por la defensa del coronel Wellington Sarli, la ministra Minvielle argumentó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay no deja lugar a dudas y sostuvo que la mayoría de la SCJ tiene “una posición sesgada, limitada, hemipléjica, toda vez que toma en consideración solamente el orden interno”.
“Falseando la historia”
Los militares, en general, no aceptan la interpretación amplia que afecta a muchos de sus camaradas que a menudo eran entonces oficiales subalternos. Durante una conferencia que ofreció el martes 15 en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil, que integra la Suprema Corte desde 2009 como miembro integrante militar, sostuvo que a pesar de la afirmación del entonces presidente Sanguinetti, quien en 1989 dijo que cuando se cerraron las urnas terminó la transición en el Uruguay, en realidad “la transición aún no ha terminado porque 32 años después están siendo juzgados hechos ocurridos en la década del 70, hace más de 40 años, en algunos casos hace casi 50 años”.
Además, recordó que “quienes atentaron contra la seguridad del Estado, y cometieron todo tipo de delitos, tales como hurtos, homicidios, secuestros, torturas, fueron amnistiados a los pocos días de restaurada la democracia, quedando muchos crímenes impunes y otros tantos sin investigar”.
Luego de exponer su mirada acerca del proceso legal y político, Aranco Gil dijo que está elaborando una nueva solución jurídica. Esta semana posteó en su página de Facebook que “desde hace varios lustros se está falseando la historia afectando la memoria colectiva nutriéndola de resentimiento y venganza contra policías, militares y civiles, que, habiendo actuado como agentes del Estado, están siendo juzgados por hechos acaecidos hace más de cincuenta años”.
En línea con el reclamo del coronel Aranco se expresó el senador Domenech: “No tengo ninguna duda que los delitos de lesa humanidad no son de tipificación retroactiva.
Eso lo dice claramente el Tratado de Roma. Pero lamentablemente nuestros jueces han hecho caso omiso a esa disposición e incluso el tema ha desbordado de su cauce natural, porque se está procesando a personas por acciones llevadas a cabo durante el período de guerra interna declarado por el Parlamento democrático”, afirmó en una interpretación que supone que los legisladores que votaron el estado de guerra y luego la ley de seguridad del Estado dieron libertad para cometer delitos.
“Hay unos cuantos (militares retirados) que han sido procesados por acciones llevadas a cabo durante el estado de guerra interno declarado por el Parlamento democrático, antes del 27 de junio de 1973, así que es absolutamente ilegal lo que se está haciendo. Pero esas causas seguirán sus cursos y veremos qué resuelven los tribunales de apelación y la Suprema Corte”, añadió.
A nivel político, Domenech sostuvo que cualquier planteo sobre el tema “requeriría un acuerdo con el Frente Amplio, porque es el que representa los sectores políticos que están más comprometidos con quienes están en una actitud de no finalizar el tema”.
Sergio Israel y Pablo Mosteiro /Búsqueda
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4) URUGUAY: EL GOBIERNO LE NEGÓ LA CADENA NACIONAL A LA COMISIÓN PRO REFERÉNDUM
Tal como había ocurrido con las solicitudes de Familiares y el PIT-CNT, el gobierno entendió que el mecanismo no era pertinente.
Grupo R Multimedio /23 de junio de 2021
No hubo que esperar demasiado tiempo para que el gobierno le respondiera al pedido de la Comisión Pro Referéndum. Sobre el mediodía de este miércoles, algunos de sus representantes presentaron en la Torre Ejecutiva la solicitud formal de la cadena nacional. Sin embargo, esta fue negada, según informó Telemundo.
La negativa se apega a la línea que ha decidido recorrer el gobierno en ese sentido. Vale recordar que el resultado había sido el mismo cuando el PIT-CNT la solicitó por el 1 de mayo, situación que se repitió con el pedido de Familiares en vísperas de la Marcha del Silencio.
Por entonces, el presidente Lacalle Pou explicaba que lo consideraba un mecanismo «anticuando», y remarcaba que «no es una decisión contra nadie».
La respuesta oficial del Ejecutivo en aquella oportunidad aseguraba que «la política de comunicación adoptada por este gobierno, en relación a la utilización de dicho recurso, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno». Sin embargo, se ofreció «utilización de un espacio en los medios públicos», lo que se repetirá en esta oportunidad.
Hace algunas horas, Rafael Michelini, quien junto a Fernando Pereira entregó hoy la carta, había dicho al citado medio que «nosotros reclamamos nuestro derecho.
Aspiramos a que haya una apertura de espíritu y de corazón en darlo. No es censurando, haciendo acallar, que se fortalece la democracia, sino con el debate. No se nos dio la suspensión del plazo. Aspiro que al menos la cadena la den». Los deseos del frenteamplista no se cumplieron.
Grupo R Multimedio
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5) URUGUAY: CHACRA LA ANYTA, UN EMPRENDIMIENTO “NATURAL Y SALUDABLE” DE MALDONADO QUE APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OLEÍCOLA
El proyecto agropecuario inició sus actividades en 2013 y opera en las zonas de Nueva Carrara y Pan de Azúcar.
La Diaria /23 de junio de 2021
Chacra La Anyta es la marca de un grupo de emprendedores asociados de cinco chacras: cuatro están en Nueva Carrara y otra a pocos kilómetros de Pan de Azúcar. En total tienen 28 hectáreas y este año produjeron 90.000 kilos de aceituna de mesa.
Ana y Alejandro di Tulio son los encargados del proyecto, una pareja de argentinos que encontró en Uruguay a un público más receptivo a su propuesta: “Nuestro objetivo es hacer productos que tengan más contacto con la tierra, con el medioambiente y con la posibilidad de reciclar y reutilizar. Notamos que en la gente de acá, particularmente entre los jóvenes, hay una predisposición a cambiar la manera de consumir”, contó a la diaria Ana di Tulio.
La primera chacra, que le da nombre al grupo, es de 2013 y está en Nueva Carrara; es allí donde se encuentra la almazara, planta de producción de aceite de oliva, Presta además servicios de façon, o sea manufacturar el aceite de otros productores. También venden su aceite para otras marcas o emprendimientos gastronómicos.
El eje del emprendimiento es el aceite de oliva virgen extra. Para llegar a eso el aceite debe pasar por un proceso de control de acidez y luego por la evaluación sensorial de un panel especializado de catadores. Estos especialistas constatan que no haya defectos, así como la presencia de sabores amargos, picantes y sensaciones ásperas conocidas como frutadas, que son propias de los antioxidantes que tiene el aceite de oliva cuando se elabora con aceitunas frescas.
En La Anyta laboran además una línea de productos cosméticos que incluye jabones, cremas para manos y cuerpo, también shampoo y acondicionador sólido. Son formulados a partir de aceites esenciales y una crema base de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva posee propiedades antioxidantes y antihipertensivas. La oleuropeína es el componente químico responsable de sus beneficios para la salud, explican los responsables del proyecto.
La producción de oleaginosos en general es de alto impacto para el ambiente; el de oliva en particular, enfrenta el desafío del alpechín, un residuo acuoso y el orujo, un material seco que deriva de los carozos.
En La Anyta desarrollan un prototipo de material para la combustión, un prensado de orujo y aserrín que sirve para sustituir a la leña convencional. “Se compacta y hay que dejarlo secar, lo que lleva su tiempo. Es ideal para la kematutti, por ejemplo, porque puede hacerse de cualquier tamaño y tiene más calorías que la coronilla”, declaró Alejandro di Tulio.
Según cifras de este año de la Asociación Oliovícola Uruguaya (Asolur) hay 1,7 millones de olivos plantados en nuestro país, en un total de 7200 hectáreas en los 19 departamentos, y emplea de manera directa a 1500 trabajadores (y 4500 de manera indirecta). Uruguay es miembro pleno del Consejo Oleícola Internacional desde 2013, único organismo internacional regulador del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.
En La Anyta, además de olivares, hay plantados 100 limoneros con los que elaboran limoncello y mermelada, también almendros y nogales. Hay una plantación de vides Merlot y otra de Pinor Noir, con las que hacen vino. Tienen una propuesta turística con un par de cabañas con habitaciones, una sala de degustaciones y un parrillero con cocina. Se pueden hacer visitas o reservar los espacios para eventos coordinando al teléfono +598 99186 294. 99 186 294.
La Diaria
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. MÓNICA NAVARRO EN RECITAL
Sábado 26 de junio en Formato Streaming
Mónica Navarro se reencuentra con el público en formato Streaming presentando su concierto Corriente Continua, que se transmitirá con acceso libre por Youtube el próximo sábado 26 de junio a las 20 horas.
Corriente Continua es un proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura, del MEC. Desata el nudo del encuentro sumándose al proyecto Politeama 100.0, en el emblemático Complejo Cultural Canario, desde donde la artista podrá llegar a todas las ciudades de Uruguay y del mundo.
Además de recorrer las canciones de Maldigo, quinto disco de Mónica Navarro donde el folclore latinoamericano y el rock se abrazan, este concierto estrenará composiciones de lo que será su próximo disco.
Información:
politeama.imcanelones.gub.uy/?fbclid=IwAR3xh1FN7e1AksEbkOx8otepF1ufnkhkwGk09SeRJdKBxI7pmq3m_AXbKCQ
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II. DÍA INTERNACIONAL DEL REGGAE
Jueves 01 de julio – La Casa del Reggae
Presentación de la F.U.R. (Federación Uruguaya de Reggae) y participación de artistas de todo el mundo haciendo música reggae!
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III. LUANA MÉNDEZ EN RECITAL
Sábado 03 de julio
Este recital virtual que lo titulo Canción Semilla, será para mí una instancia de vuelo de las canciones. Me llena de gratitud percibir como las canciones nacen con su propio destino, con la fuerza de la expansión y la capacidad de verter cientos de semillas, y que éstas, crecen en quién decide recibirlas, dándoles de si su apertura y su tiempo, dándoles un lugar para que ellas también se transformen. Gracias por eso.
La semilla pulsa dentro de la tierra en un proceso fundamental, pulsando en oscuridad, dentro contiene la potencia de todo lo que puede ser, por ejemplo un increíble árbol, una flor silvestre.. Me deslumbro solo de pensarlo, pero, volviendo al hilo, la semilla pulsa en oscuridad, y quizás desde el afuera no se puede percibir todo lo que está aconteciendo dentro, en el movimiento interno que se encuentra, hasta que un día, la semilla se quiebra y la vida comienza más allá. Tallo y raíz. El mundo de afuera será un nuevo misterio, lleno de aventuras y de nuevos movimientos.
Así que dicho todo esto, aquí les invito a Canción Semilla, un encuentro que irá más allá de las fronteras, llegando además de Uruguay, a todito el mundo.
– Les cuento que se transmitirá en vivo a través de la plataforma Tuvvo,
– Para comprar tu entrada accede a : www.tuvvo.com/home (link en la bio)
– Si vas a verlo desde tu celular, podés descargarte fácilmente la app de Tuvvo. @tuvvoapp
– www.instagram.com/luanamendez.z/?hl=es
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 209 – 25.06.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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