1) Argentina: Un femicidio cada 31 horas en el primer semestre de 2021
2) Argentina: Estatizaron la línea 144
3) Honduras: Corte debatirá causales para la despenalización del aborto
4) Paraguay: Las mujeres desaparecen y el Estado no las busca
5) Uruguay: “Juntas por más”. La cooperativa de mujeres rurales que busca transitar hacia la agroecología
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 694 – Lunes 19 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: UN FEMICIDIO CADA 31 HORAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
Según un informe presentado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde enero hasta junio de 2021 se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados (10 niños/hombres, 3 niñas/mujeres y una persona trans), 6 personas trans y 5 suicidios feminicidas.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue creado el 15 de noviembre de 2016 con la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre femicidios ocurridos en Argentina.
Recientemente el OFDPN presentó un informe con datos recabados desde enero hasta junio de 2021, en el que se detalla que se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados (10 niños/hombres, 3 niñas/mujeres y una persona trans), 6 personas Trans y 5 suicidios feminicidas.
Los datos en base a los cuales fue elaborado el trabajo del Ofdpn se obtuvieron de una auditoría de medios diaria, que se nutre de portales de información digitales, diarios impresos, redes sociales, servicios de agencias de noticias, de alcance nacional y provincial, y que a su vez corrobora la información obtenida con fiscalías, comisarías y hospitales.
El informe es el primero en introducir una nueva figura la del «suicidio feminicida» categoría que sirve para nombrar aquellas a las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que vivieron. La cantidad de suicidios feminicidas se ha incrementado desde que se comenzó con su registro, en 2019 se registró 1 caso de suicidio feminicida hasta junio, en 2020 se registraron 2 casos en ese mismo período y en lo que va de 2021 ya se registraron 5 casos de suicidio feminicida.
Como consecuencia de los femicidios, 82 niñas y niños se quedaron sin sus madres víctimas de la violencia machista en la primera mitad de año, algunos de estos menores fueron testigos presenciales. Según revela el informe la mayoría de los ataques (64%) ocurrió en la vivienda de la víctima o el domicilio que compartía con su victimario.
En cuanto al agresor en e 56% de los casos se trata de parejas o exparejas. En un porcentaje mas bajo del 9% el femicidio fue cometido por un familiar, el 25% fue cometido por un conocido, mientras que solo el 7% de las víctimas no conocía a su victimario.
Un dato revelador es que 25 de las mujeres que fueron víctima de femicidio en éste primer semestre habían realizado al menos una denuncia por violencia de género, sin embargo fueron asesinadas. La mayoría de las víctimas tenía entre 19 y 30 años, representando el 40%. Asimismo se detectaron 14 víctimas menores de 18 años, 3 de esas niñas y adolescentes se suicidaron en un contexto de violencia de género, es decir fueron víctimas de suicidios feminicidas.
En relación al modo que emplearon los femicidas para perpetrar las agresiones, el uso de armas de fuego, el apuñalamiento y los golpes fueron los métodos más empleados. De las 137 víctimas, 10 fueron agredidas por medios sexuales.
La distribución geográfica de los casos señala a la provincia de Santiago del Estero encabezando la lista de provincias con más femicidios, seguida por La Rioja, Tucumán y Santa Cruz.
ANRed / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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2) ARGENTINA: ESTATIZARON LA LÍNEA 144
El Gobierno del Provincia de Buenos Aires estatizó la línea 144, que brinda atención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, sumando a la planta estatal a 80 operadoras y 8 coordinadoras.
«Fue una decisión de la ministra (Elizabeth Gómez Alcorta) que anunció apenas asumió, y ahora se pudo concretar ese reclamo tan luchado, sobre todo de las trabajadoras que venían de un periodo de precarización, el proceso de estatizar era una prioridad, las trabajadoras del 144 hoy son plenas trabajadoras del Estado», contó Leticia Locio, Directora Provincial de Abordaje Integral de las violencias por razones de género, del Ministerio de mujeres, políticas de género y diversidad sexual PBA, en Los Mundos Posibles.
Sobre los cambio del área, remarcó que «es central la condición de las trabajadoras, también nos propusimos la posibilidad de repensar la línea, lo que supuso cambios conceptuales, no solo pensar las violencias domésticas, que era la tradicional, sino todas las violencias de genero, ese es uno de los cambios mas fuerte».
«Era une línea de atención telefónica, y había adquirido modalidad de call center, y eso se repensó como un centro de atención primaria, por las características de las violencias, es muy variado el universo de consultas que se puede recibir. Ahora es un servicio público de Estado, jerarquizado, donde se ampliaron las vías de atención y también se facilitaron las tareas de las operadoras», explicó.
Sobre las nuevas condiciones laborales, describió que «los salarios quedaron equiparados, ingresaron con categorías más elevadas, lo de la antigüedad todavía no se pudo resolver, porque antes era un sistema precarizado y el cobro variaba en cuanto a las horas trabajadas, los turnos, y ahora son trabajadoras del Estado».
Radio Futura / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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3) HONDURAS: CORTE DEBATIRÁ CAUSALES PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia hondureña admitió el pasado martes 13 de julio un recurso para debatir la despenalización del aborto en 3 causales: “si el embarazo es producto de una violación sexual, si hay pocas posibilidades de que el bebé sobreviva y si el desarrollo del embarazo o parte de él representan un riesgo para la salud o vida de la mujer”.
De acuerdo con medios locales, la propuesta fue impulsada por alrededor de 20 organizaciones civiles que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las cuales interpusieron un recurso legal el pasado 13 de abril del 2021 y que fue aceptado en junio pasado.
Este documento, comentaron las organizaciones, lo trabajaron desde el año pasado, no obstante, la tuvieron que modificar por la reforma al artículo 67 de la Constitución de la República Hondureña que se aprobó en 2020 para blindar la prohibición del aborto en Honduras y que derivó de una moción del secretario de Congreso Nacional de Honduras, Mario Pérez.
Actualmente el artículo 67 de la Constitución de este país estipula que: “Al que está por nacer se les considerará para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Este mismo artículo es uno de los que busca modificar el recurso constitucional que interpusieron las organizaciones y que será debatido en la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Otros de los artículos que se pondrán a debate son el 126, 127 y 128 del Código Penal, que estipulan las penas para quienes interrumpen sus embarazos. “El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado de 3 a 6 años en prisión si la mujer lo hubiese consentido, de 3 a 8 años si el agente obra sin la aprobación de la madre y de 8 a 10 años si el agente emplea violencia”, específica el artículo 126 del Código Penal hondureño.
El artículo 127 Código Penal, por su parte, señala que además de las penas se impondrá una multa de 15 mil lempiras (12 mil 495 pesos mexicanos) a 30 mil lempiras (24 mil 991 pesos mexicanos) al personal médico que “abusando de su profesión coopere en el aborto” y el articulo 128 del Código Penal describe que “la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo causa será sancionado con 3 a 6 años en prisión”.
En opinión de las organizaciones civiles, el Código Penal de Honduras es “inconstitucional” porque violenta la vida de las mujeres y niñas, el principio de dignidad humana, el derecho a la autonomía reproductiva y el principio de progresividad en Derechos Humanos. “Para nosotras sí es una pequeña victoria histórica, es la primera vez que la Sala Constitucional conoce recursos por estos temas”, han declarado a medios de comunicación.
Las organizaciones que impulsaron este “avance para las hondureñas” esperan que la Sala de lo Constitucional de la República de Honduras resuelva su veredicto respecto al recurso en un periodo no mayor a 6 meses y las ciudadanas de su país puedan ejercer en libertad su derecho a decidir sobre su cuerpo.
De acuerdo con datos de Centro de Derechos de la Mujer, organización que apoyó el recurso, tan sólo en 2016 se registraron 900 partos de niñas entre 10 y 14 años y 24 mil partos de adolescentes entre 15 y 19 años en 2016, muchos de ellos, resultado de violencia sexual y falta de acceso a métodos anticonceptivos.
Algunas de las organizaciones que promovieron el recurso son Asociación Arcoíris Litos, Asociación Apoyo Mutuo entre Mujeres, Asociación Calidad de Vida, Asociación GoJoven Honduras, Asociación de Jueces por la Democracia, Centro de Estudios de la Mujer, Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo, Centro de Estudios para la Democracia, entre muchas otras.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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4) PARAGUAY: LAS MUJERES DESAPARECEN Y EL ESTADO NO LAS BUSCA
Los casos denunciados por familiares y personas allegadas tuvieron que ganar publicidad a través de los medios, las redes sociales y las acciones de organizaciones para que tuvieran atención por parte de los organismos encargados de proteger a las mujeres. En este artículo, la feminista Clyde Soto nos acerca un panorama de la situación.
Meli, Isaura, Analía… Cuántas más. Estos nombres representan el desinterés del Estado paraguayo en saber qué pasa con las mujeres que desaparecen. Estas tres mujeres fueron encontradas muertas, pero antes estuvieron desaparecidas. En los tres casos, las desapariciones fueron denunciadas por sus familiares y personas allegadas, pero tuvieron que ganar publicidad a través de los medios, las redes sociales y las acciones de organizaciones para que tuvieran atención. El cuerpo de Meli fue encontrado por casualidad, enterrado en la misma vivienda que había compartido con su pareja, quien tuvo el tiempo suficiente para huir del país tras un año y medio de la desaparición. El de Isaura también fue encontrado por azar, en un baldío que limpiaban en la zona donde se suponía había desaparecido. Los restos de Analía fueron encontrados en su propia casa, al ser buscada siete meses después de la denuncia de desaparición. El celular de Analía estaba enterrado con ella, lo que se supo porque al investigarlo el aparato daba como última señal el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Es decir: tardaron siete meses en indagar la información proveniente del celular.
Las desapariciones de personas son una realidad lacerante en Paraguay, y no se les presta la debida atención. Recientemente la División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional informó que desde el inicio de sus tareas en noviembre de 2020 hasta mayo de 2021* tenían 187 casos de desapariciones denunciadas, de las cuales 66 personas fueron encontradas y 121 no fueron localizadas. Entre los 187 casos reportados, el 61% son mujeres y el 39% hombres; el 42% son personas mayores de edad y el 58% menores. Entre estas últimas, el 82% son mujeres menores. Es decir que, de casos denunciados, casi la mitad corresponde a niñas y adolescentes.
Lo grave, a más de las desapariciones en sí y los asesinatos confirmados detrás de algunos de estos casos, es la desinformación sobre ellos. La ciudadanía debería saber a cuántas personas se busca, quiénes son, las circunstancias de las desapariciones, la información relevante al respecto y qué gestiones han hecho los organismos pertinentes para encontrarlas. En cuanto a números, sería importante saber las cifras de manera periódica, con desagregación de sexo y edad, tanto de denuncias realizadas como de los casos de las personas que fueron encontradas. La desinformación solo anima a quienes cometen crímenes a seguir realizándolos. No podemos olvidar que en nuestro país operan redes de trata de personas y también de explotación sexual infantil, quienes operan con engaños a las víctimas y por medio de la fuerza más brutal.
Tampoco olvidamos el caso de Lichita, hoy de 15 años, hija de dos personas que están en prisión por casos de secuestro protagonizados por el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay (EPP). Esta niña desapareció en el monte, luego de varios enfrentamientos armados entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el EPP, cuando intentaba salir de la zona con su tía. Ella dijo haberla dejado mientras iba a buscar ayuda, pero no la volvió a encontrar y luego fue detenida. Es una niña que, independientemente de las circunstancias de su familia y de su desaparición, debe ser buscada, encontrada, devuelta a sus familiares; merece toda la protección del Estado paraguayo.
Tampoco olvidamos a la niña desaparecida en Emboscada, cuyo nombre se pidió no volver a citar. Su caso está envuelto en un brumoso cúmulo de información contradictoria que solo deja intranquilidad a la ciudadanía preocupada con estas situaciones tan terribles.
Cada desaparición es una herida grave que se hace a la sociedad paraguaya en su conjunto. Nunca debe ser tratada como algo menor o accesorio. No podemos admitir que la desinformación aliente a los criminales. No debemos permitirlo, jamás.
Clyde Soto / Mujeres del Sur / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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5) URUGUAY: “JUNTAS POR MÁS”. LA COOPERATIVA DE MUJERES RURALES QUE BUSCA TRANSITAR HACIA LA AGROECOLOGÍA
En 2016 recibieron apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones, que este año abrió una nueva convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para presentar proyectos para colaborar con el medio ambiente.
Manos bañadas de tierra, coraje, unión. Las hermanas Plácido se llevan 13 meses de diferencia. Viven en Barrio Pascual, San José. La mayor, Mariela, contó a la diaria que siempre soñó con trabajar codo a codo junto a Alba, la menor, pero antes de lograrlo tuvo que ser lavandera y realizar changas. Alba fue trabajadora doméstica; luego de años de esfuerzo, logró arrendar los terrenos donde ahora practica la horticultura. Está buscando transitar hacía un camino más agroecológico y dejar de lado la matriz convencional de producción. Ambas se encuentran en la casa de Rita Portillo, una vecina de la zona que es productora agroecológica. Más tarde se acercaría Silvia Rivero, trabajadora en un tambo. Ellas, junto a otras nueve compañeras, son integrantes de la cooperativa de mujeres rurales Juntas por Más.
Juntas por Más nace a partir de cuestionarse qué hacer con los excedentes de las cosechas. Cada una tiene una huerta agroecológica u orgánica en su casa y cada una pone frutas y verduras para realizar canastas que más tarde serán vendidas. Desde diciembre tienen su propia cocina comunitaria; también forman parte de una articulación de 54 artesanos y están buscando la forma de poder implementar el trueque. “Con una vecina ya tenemos la costumbre de no ver plata: yo te doy algo y vos me das otra cosa”, retrató Alba. Por la emergencia sanitaria no han podido realizar actividades sociales, pero en agosto van a dictar talleres para ayudar a los vecinos a realizar sus propias huertas. Alba planteó que buscan “enseñarle a la gente lo que puede plantar, en qué época y cómo hacer para que no le entren plagas”.
Si bien la integración de la organización es reciente, están juntas desde hace décadas. En 2005, formaban parte de un grupo de productores mixtos que convocó Uruguay Rural, un proyecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “En aquel momento tuvo el arranque por una política pública. Nos reunieron a los productores chicos para ofrecernos ayuda, después de manifestar nuestras necesidades”, contó Rita. Sin embargo, las mujeres integrantes querían formar su propio grupo. “Los varones no nos apoyaban, pensaban en problemas, y tenía que haber un consenso que no surgía”, recordó. Diez años después, con la aparición del programa Somos Mujeres Rurales, también del MGAP, pensaron: “Esto es para nosotras”. Con la misma idea de trabajar con los excedentes, presentaron un proyecto y consiguieron el apoyo en la compra de una cocina y un freezer en que guardaban la producción y la elaboraban en invierno.
“Nuestro grupo una de las cosas por las que está luchando es que todas nos valoremos y tomemos el lugar que nos corresponde, al igual que cualquier otro ser humano. No quiero que seamos siempre las postergadas. Yo no quiero que ninguna de mis compañeras me diga que no puede. Todas podemos, a distintos tiempos, pero podemos. Podemos estudiar, podemos trabajar, podemos lograr lo que se nos ocurra, aunque sea lento”, transmitió Rita.
Ir por otro camino
“Yo vivo en el campo con mi marido, me crie en una época machista, pero siempre fui audaz, desde que me casé trabajé por fuera, siempre tuve mi plata. Volvimos a lo natural haciendo talleres y conociendo a otros grupos de mujeres rurales”, dijo Mariela. En una de las reuniones se encontraron con otra cooperativa de mujeres en Florida y vieron cómo deshidrataban los excedentes. “Yo les copié todo”, recordó entre risas, y agregó que extraña ese tipo de instancias de intercambio. Ahora también tienen secadoras solares para tratar los morrones, ajos y hasta algunas frutas. De a pasitos han logrado avanzar. En 2016, recibieron ayuda del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y compraron su primer tractor.
Han buscado aprender sobre cómo producir de una forma cuidadosa con el medioambiente. Las integrantes cuentan que las instancias con el PPD y el MGAP fueron fundamentales. “Ahora en mi casa tengo todo orgánico, los obligué, porque el PDD nos hizo entender que estábamos contaminando y nosotros queríamos que nuestros hijos supieran lo divina que es la tierra, porque después se van a estudiar”, aseguró Mariela.
Una de las técnicas que aplican en sus huertas para no tener que utilizar agrotóxicos es la construcción de cercos vivos agroecológicos. Funcionan como una barrera física a la entrada de polvos y otros contaminantes provenientes de calles o carreteras; también impiden el paso de algunos insectos que podrían dañar la producción. Por ejemplo, el cerco de Alba está compuesto por árboles frutales, menta, orégano y albahaca.
Choque con las exigencias
En la cocina comunitaria –o “la sala”, como prefieren llamarla– es donde manejan una parte de los excedentes y crean mermeladas o productos de conservas. “Nosotras queríamos la sala, pero no sabíamos que tenía un vagón de burocracia”, manifestó Rita.
El dinero con el que contaban “fue poco” y se sumó “un block enorme de preguntas y respuestas” sobre el manejo de los productos al que no estaban acostumbradas. “El lugar también fue complicado, no se podía hacer en la casa de ninguna de nosotras. Teníamos que buscar un lugar que pudiéramos ir todas, que nos quedara cerca”, indicó Mariela. Estaba el precedente de que un par de compañeras de la cooperativa se habían apartado por las distancias largas en el medio rural, además de la dificultad en la movilidad. Contó que para construir el comedor necesitaron un arquitecto y el presupuesto se elevó. También sostuvo que las pautas de la Dirección Nacional de Bromatología son “muy exigentes”.
La cocina comunitaria es una cálida piecita construida de isopanel donde está la cocina, estantes para guardar los productos y recordatorios de recetas en las paredes. “La mandamos hacer y estuvo meses en la casa del hombre que la hizo. Teníamos que respetar la higiene, que tenga una entrada y salida correcta, que exista una cortina. También tenemos carné de manipulación de alimentos”, relató Alba. Ahora está ubicada en un predio de la Comisión de Fomento de Barrio Pascual, donde ella es la presidenta. “La salita es divina, pero nos cansó”, sumó su hermana.
Mariela insistió que “cuando le decís el precio a la gente se te ríen en la cara, no tienen idea del trabajo y que lo agroecológico es mucho más caro”. Mientras hablaba señaló la cosecha y agregó: “Demora más; lo convencional vos lo sacás y ponés un producto atrás del otro, pero con el glifosato. Nosotras no lo utilizamos”. Más adelante Alba contaría que a veces se “ataca de la cintura” y tiene un “problema grandísimo en los pies” que la obliga a usar plantales. Si bien bromea con que se va a comprar una silla eléctrica porque no la van a parar, el esfuerzo se nota.
Algo tan simple como un té
El miércoles es el día de armar canastas. Después de que se terminó el trabajo está la hora del té, con la mesa desbordada de comida casera que funciona como excusa. “A mí me daba vergüenza ser mujer rural, pero ahora estoy súper orgullosa. Vos te crias con aquello de que estás en el campo y parecés ignorante a todo, sufrimos marginación de todos los colores: no tenemos un sueldo, como yo me crie así pensé que no tenía derecho. Ahora mis hijos no, ellos empezaron a estudiar”, rompió el hielo Mariela.
Todas tienen experiencias por contar, a ninguna le faltan las palabras. Alba expresó que “hay algunos maridos que no aceptan muchas cosas, porque antiguamente el hombre era el dueño del campo, opinaba, compraba, y la mujer trabajaba toda la vida”. Rita interviene: “La mujer rural que trabaja en casa todavía está sin sueldo y limitada, además, por las exigencias que le pone la propia familia, la compromete a hacerse cargo de las tareas domésticas y de la familia y del cuidado”. “Hasta hoy, aunque parece cuento, sigue pasando”, sumó.
Silvia narró que cuando no hay apoyo familiar “es difícil”, y que muchas veces la propia familia está “en contra”. “Son barreras que tenemos que ir desarmando nosotras mismas. No esperemos que los demás vengan, tenemos que fortalecernos para nosotras seguir adelante. Hay que organizarse y apoyarse, si no puede una, puede la otra, hay que darse fuerza”, respondió Rita. En el grupo varias veces alguien insinuó “dejar el proyecto” y enseguida alguna de sus compañeras aparecía y remarcaba que ya habían “avanzado mucho”.
Mariela contó que la violencia en el trabajo “te va borroneando de a poquito” y “dan ganas de dejar todo por lo que luchaste muchos años”. Pero finalizó: “Menos mal que tenemos esta terapia, porque esta parte del té es terapia, apoyo”.
Nuevas posibilidades
El PPD abrió una nueva convocatoria, hasta el 19 de julio, dirigida a organizaciones de la sociedad civil para presentar ideas de proyectos vinculados a la restauración de ecosistemas, la producción sostenible, el ecoturismo, el turismo rural comunitario y la reconversión hacia prácticas agroecológicas. Las ideas deben estar ubicadas en Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, Flores, el este de Río Negro y el este de Soriano. En Canelones está habilitada la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne y la porción de la cuenca del arroyo Solís Grande. Los proyectos seleccionados recibirán entre 10.000 y 20.000 dólares.
La coordinadora del PPD, Sandra Bazzani, trabajó con Juntas por Más mientras recibían el financiamiento. “El laburo, la creatividad y el compromiso de la gente son una riqueza”, aseguró. Señaló que el objetivo de los programas es “fortalecer a la sociedad civil” y “promover y apoyar la innovación a nivel comunitario, fortalecer las organizaciones, las capacidades del territorio y que las personas puedan tener un modo de vida más sostenible e inclusivo” atravesado por una perspectiva ambiental.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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