1) Maquillando a UPM /José Antonio Rocca
2) El nuevo gobierno concede a UPM mayores beneficios y garantías /Víctor L. Bacchetta
3) Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
4) Ecuador: Presidente decide extinguir la empresa de medios públicos: se mantendrían sólo tres medios
5) España: Los 251 esquiladores de oro. 10 empresarios pagan medio millón para traerlos en avión desde Uruguay /Jorge García Badía
6) Para las multinacionales no hay pandemia que valga /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. LongShots – Película uruguaya en Festival online de la BBC
II. Domingo de trueque en CasaMario
III. Lanzamiento del nuevo disco de “Milongas extremas”
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) MAQUILLANDO A UPM
José Antonio Rocca /Junio primera quincena 2020
La pandemia de coronavirus, le dio al gobierno oriental, la oportunidad de revisar el oprobioso contrato con UPM, para la construcción de la segunda planta de fabricación de pasta de celulosa.(i )La coalición multicolor olvidó críticas preelectorales y renunció expresamente a tal posibilidad en el memorando de entendimiento firmado recientemente con la empresa.
Destruido por los hechos su argumento inicial referido al cumplimiento de los contratos, se reflotaron las supuestas bondades de toda inversión extranjera en general y de la inversión de la empresa escandinava en particular.
Uno de los principales argumentos es el empleo a generar.
Las experiencias de la primera planta de UPM y de Montes del Plata desmienten el optimismo. Algunos cientos de fuentes de trabajo permanente a cambio de consolidar un modelo de grandes extensiones de tierra en manos extranjeras, monocultivos de eucaliptus, transferencia de utilidades al exterior, daño ambiental y un saldo de destrucción de fuentes laborales mayor a las creadas.
Pasada la fase fugaz de construcción fabril, el resultado final sobre la ocupación será negativo. Los eucaliptos desplazan usos alternativos del territorio que generan más fuentes de trabajo tanto en la fase primaria como en eslabones derivados. Baste mencionar ganado lechero, trigo, ovinos.
Las consecuencias fiscales serán nefastas. No solamente porque la planta y actividades conexas se ubicarán en zonas francas, sino además por el endeudamiento asumido para generar la logística requerida por la empresa.
Los compromisos del gobierno oriental, incluyen construcción de líneas férreas, para el transporte de la producción hacía el puerto y de insumos hacia la planta. Un viaducto para no entorpecer los traslados entre la terminal ferroviaria y las zonas de embarque, obras portuarios, acondicionamiento de caminos y diversas inversiones asumidas por el sector público.
El costo para el erario público se puede estimar en aproximadamente 4000 millones de dólares. En los inicios de las negociaciones, se publicitó una inversión del Estado de 1000 millones de dólares y de 4000 de la empresa.
Progresivamente los datos se fueron transformando. Los gastos del sector público se fueron multiplicando, a la par que la inversión “prometida” por UPM descendió a 3000 millones de dólares, con el aderezo, que en sus informes a los accionistas indica que se financiará con las utilidades obtenidas.
El nuevo memorando reafirma en esencia las condiciones pactadas durante el gobierno del Encuentro Progresista. Curiosamente el gobierno actual lo presentó como un triunfo por los supuestos ahorros para el país, que varían entre 150 y 250 millones de dólares, según el grado de optimismo del vocero.
El texto expresa que UPM “tiene la intención de” acelerar la financiación prevista de obras viales, por 60 millones de dólares, reforzamiento de redes eléctricas por 68 millones, la creación de un nuevo vivero de eucaliptus en Sarandí del Yi y ampliación de la planta de insumos químicos de Kemira, en Río Negro, para abastecer la segunda planta de pasta de celulosa en Pueblo Centenario.
Todas inversiones al servicio prácticamente exclusivo de la empresa, que además no asume obligaciones. El memorando “no crea acuerdo vinculante”. Y para que no queden dudas, que UPM no piensa poner un euro más de lo acordado previamente, su comunicado del 15 de mayo de 2020, expresa, que su monto de inversión permanece incambiado (ii)
Nada quedó librado al azar. Posibles diferencias serán arbitradas por organismos internacionales.
Gotitas de economía
El número de trabajadores en seguro de desempleo en Uruguay ronda los 200.000 trabajadores. Aproximadamente 12% de su fuerza laboral. Paralelamente continúa creciendo el desempleo abierto, que se ubicaba en 10.5% previo a la pandemia. La fragilidad del esquema económico vigente al desnudo.
El índice de salario real promedio presentado por el INE, registra para los últimos doce meses cerrados en abril un descenso de 2.96%. En los primeros 4 meses del 2020, ya acumula una caída de 1.36%. Los trabajadores pagando la crisis capitalista.
El BID informó que concretó desembolsos por 1050 millones de dólares para Uruguay en 2020 y se agregaron 350 millones más. Continúa creciendo la deuda pública.
En los primeros meses de 2020 disminuyeron los embarques de la cadena cárnica desde Uruguay hacia China, mientras aumentaron las ventas de Argentina, Australia, Brasil. Los datos indican que los problemas locales, parecen ser de oferta y no de demanda.
El primer trimestre de 2020, marcó continuidad de la anemia de la producción de Brasil, en un lapso en el que todavía no pesaban mayormente las consecuencias del corona virus. El PBI según cifras oficiales, descendió 0.3 % en relación al mismo trimestre del año anterior. Claramente desciende más el PBI por habitante debido al crecimiento de la población.
La aerolínea LATAM, primera en América latina, se declaró en quiebra ante tribunales de Estados Unidos. Trasladando sus efectos a filiales en Colombia, Perú, Ecuador.
La frase seleccionada:
“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los lejanos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta (…) la región sigue trabajando de sirvienta” Eduardo Galeano Las venas abiertas de América latina. 2ª Edición 1972 p19
Notas:
(i) Las cláusulas permitían recurrirlo por razones de fuerza mayor. Incluyendo razones sanitarias.
(ii) Por otra parte, en presentación en la TV finlandesa y el que cita al gerente del proyecto UPM, se mencionan 2400 millones de euros de inversión total. Algo menos de 2700 millones de dólares.
José Antonio Rocca /La economía de a pie
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2) EL NUEVO GOBIERNO CONCEDE A UPM MAYORES BENEFICIOS Y GARANTÍAS
La supuesta renegociación del contrato con la multinacional ratificó las concesiones anteriores, sumó beneficios y reforzó garantías de la empresa ante posibles conflictos
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, 03.06.2020
La semana pasada, 10 después de su firma el 15 de mayo último, fue publicado el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou y la multinacional finlandesa UPM sobre la planta de celulosa, ya en construcción en el departamento de Durazno. Desde su anuncio, el acuerdo generó cuestionamientos que ahora, con el documento a la vista, se pueden terminar de aclarar.
En la conferencia de prensa inicial, Lacalle Pou presentó el acuerdo como un logro especial de su gobierno. “Cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción por un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que es el mejor camino elegido por el gobierno en momentos de pandemia; esto da certidumbre, genera tranquilidad a los que quieren invertir en Uruguay y dan trabajo”, comentó el mandatario.
Al hacer el anuncio, Lacalle Pou buscaba satisfacer el compromiso electoral de que, si estuviera a su alcance, renegociaría el contrato con UPM en mejores condiciones que su antecesor Tabaré Vázquez. También justificaba de esa manera su negativa a la petición realizada por numerosos ciudadanos de que, en el marco de la inesperada pandemia, aplicara el artículo que permitía suspender el contrato con UPM.
“Además hacemos un ahorro, porque el país no está en condiciones de gastar”, agregó el presidente. La reducción de los costos comprometidos por el gobierno anterior con UPM era el principal argumento para demostrar los logros del acuerdo. Pero justamente aquí, no solo surgió la polémica con sus antecesores, sino que la empresa dio una versión que relativizó las afirmaciones de Lacalle Pou.
Según el presidente, Uruguay ahorraba 268 millones de dólares, contando 60 millones en obras viales (renovación de rutas y refuerzo de puentes para los semirremolques de 48 toneladas y camiones), 68 millones en la infraestructura eléctrica y 140 millones en la compra de energía eléctrica. A lo anterior se agregarían dos nuevas inversiones de UPM en un vivero y la planta química por 55 millones.
Minutos después del anuncio de Lacalle Pou, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, principal responsable de las negociaciones con UPM del gobierno anterior, dijo a la prensa que al menos tres anuncios del presidente ya habían sido previstos en los acuerdos con la empresa. García prefirió no opinar sobre la inversión en la red eléctrica hasta conocer el nuevo acuerdo.
En el comunicado paralelo, la empresa se ocupó de resaltar que ambas partes están “plenamente comprometidas y ejecutando el acuerdo de inversión existente firmado entre UPM y el gobierno de Uruguay en noviembre de 2017”. Y sostuvo que el marco total de su participación “permanece incambiado como se comunicó anteriormente en la decisión final de inversión”, en torno a los 3 mil millones de dólares.
¿Quién estaba diciendo la verdad de lo ocurrido? ¿Hubo o no ahorro de los costos asumidos por el gobierno uruguayo con UPM? Según cálculos con las cifras oficiales, todavía incompletos, esos costos ascienden a unos 4.624 millones de dólares. La confrontación de los documentos permite constatar que, además de no haber ahorro para Uruguay, la empresa avanzó en nuevos beneficios y garantías.
«Vayamos por partes», dijo Jack
Con respecto a las obras viales, el Memorándum firmado el 15 de mayo dice que «UPM tiene la intención de realizar una contribución de 60 millones de dólares (…) a ser utilizada por Uruguay para financiar parcialmente las obras”. Aunque el documento habla de intención, el comunicado emitido ese día por la Presidencia lo dio como un hecho nuevo y Lacalle Pou lo definió como un ahorro logrado por su gobierno.
El comunicado de la empresa, en cambio, dijo que “UPM acelerará el financiamiento anteriormente planificado de 60 millones de dólares”. Si estaba planificado anteriormente, quiere decir que no era algo nuevo. La objeción del ex director de la OPP fue más contundente y mostró un artículo publicado en el portal de la Presidencia, el 7 de noviembre de 2017, donde él mismo anunció ese aporte de la empresa.
En cuanto a la conexión de la planta de celulosa con la red eléctrica, para vender los excedentes de energía a UTE o a otros consumidores, el Memorándum dice que “UPM tiene la intención de realizar una contribución de 68 millones de dólares”. El comunicado de la Presidencia lo informa como una inversión adicional, pero si es una inversión adicional quiere decir que no estaba prevista y entonces no es un ahorro.
Efectivamente, por el contrato de 2017, UPM se hacía cargo de construir la conexión a 150 MW (megavatios) de la planta de celulosa a la red eléctrica nacional a un costo de 10 millones de dólares. Por el nuevo acuerdo, UTE debe cerrar el anillo de alta tensión entre Tacuarembó y Salto pasando por Chamberlain para permitir la conexión de UPM a 220 MW y esto tiene un costo adicional de 68 millones de dólares.
UTE tenía previsto ese anillo, pero ahora es un compromiso con plazos perentorios para construirle la conexión a UPM.
De acuerdo con el ex Director de Energía, Ramón Méndez, esa obra se iba a hacer pero no ahora “ni menos en este momento, porque no era una urgencia”. Para Méndez, la urgencia de UPM puede provenir de que le convenga vender esa energía a Argentina o Brasil, en vez de a UTE.
Presidencia sostuvo que estas inversiones adicionales “implican una reducción de las obligaciones de compra de energía eléctrica a la empresa UPM” y estimó el ahorro en 140 millones de dólares en 20 años de vigencia del contrato.
Pero ninguna frase del Memorándum respalda esta afirmación. Por el contrario, se aclara que “en todos los demás aspectos, los acuerdos de energía permanecerán incambiados”.
El contrato firmado en 2017 mencionaba los viveros entre las inversiones fuera de la Zona Franca de la planta de celulosa y el documento del proyecto presentado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en setiembre de 2018 incluyó la Planta Química donde se producen insumos fundamentales del proceso. No se trata por lo tanto de inversiones nuevas o adicionales como alegó el gobierno.
En resumidas cuentas, Uruguay no obtuvo ninguna reducción de sus compromisos económicos con la firma del nuevo acuerdo y el cambio en la conexión de UPM a la red eléctrica, que aumenta los costos para UPM e impone nuevas obligaciones a la UTE, es un beneficio adicional para la empresa. Pero aquí no termina la historia, el Memorándum incluye mayores compromisos y garantías para la empresa.
Atándose de pies y manos
Como si estuviera temiendo un futuro de conflictos asociados al proyecto, UPM reiteró en el acuerdo con el gobierno de Lacalle Pou las cláusulas sobre los procedimientos para designar peritos y árbitros en posibles controversias. Pero la más novedosa es aquella donde la empresa reafirma que no hará nuevas “contribuciones” a Uruguay y los representantes locales se comprometen a no buscar “cambios adicionales”.
“Las Partes reconocen y acuerdan que (i) la Contribución de UPM en Energía y la Contribución de UPM en Obras Viales serán la exclusiva y total contribución que UPM acuerda realizar en apoyo de ROU a efectos de mitigar los efectos negativos de la Pandemia, y que (ii) ROU no buscará realizar o invocar cambios adicionales a las obligaciones de cualquiera de las Partes bajo el Contrato de Inversión, el Contrato Complementario o cualquier otro acuerdo relacionado, ya sea en relación a la finalización de los acuerdos a los que se hace referencia en el presente MOU o de otro modo en el contexto de la Pandemia”, expresa la cláusula cuarta.
La cláusula quinta explica que este Memorándum de Entendimiento es “un acuerdo de buena fe” y, excepto la cláusula cuarta y las siguientes, no genera obligaciones para ninguna de las partes sino que solo expresa sus intenciones con respecto a las acciones propuestas. Esto quiere significar que las contribuciones anunciadas por UPM están sujetas a que Uruguay cumpla las condiciones establecidas.
De ahí en adelante, la cláusula sexta detalla la ley aplicable y la jurisdicción para la resolución de las posibles controversias entre Uruguay y UPM. Tras declarar que se regirán por las leyes uruguayas, el acuerdo establece que, si el diferendo “no puede resolverse mediante consultas amistosas”, las partes podrán remitir la decisión a un perito designado de común acuerdo o a un procedimiento de arbitraje.
Vuelve a ser mencionado entonces el tratado firmado entre Uruguay y Finlandia el 21 de marzo de 2002. Se enfatiza que cualquier demanda o acción ejercida por UPM en contra de Uruguay o de la UTE “no afectará o limitará los derechos, la legitimación ni las acciones o recursos de UPM bajo el Tratado Bilateral de Inversión”.
Se reitera asimismo que el caso de arbitraje se resolverá bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial o, en su defecto, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Legislación de Comercio Internacional (UNCITRAL), el mismo ámbito donde el gobierno mantiene actualmente la demanda de la minera Aratirí contra el estado uruguayo.
Según el Memorándum, la designación de los peritos para resolver disputas de orden técnico o comercial entre las partes será administrada por el Centro Internacional de Resolución Amigable de Disputas (ADR) de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Se establece que si las partes no pueden llegar a un acuerdo en el perito, el mismo será designado directamente por el Centro Internacional de ADR.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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3) MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS
Conferencia de prensa, 28.05.2020
Citamos esta conferencia de prensa por dos motivos muy importantes.
El primero, felicitar y agradecer a nuestro pueblo, por manifestarse de las mil maneras que lo hizo y poblar esta lucha de sensibilidad y compromiso.
Nos gustaría abrazar personalmente a cada una, a cada uno de ustedes, a cada familia que colocó una margarita, un cartel, una balconera, un simple pañuelo; o fue partícipe de videos de una foto o de una de las mil expresiones diferentes que se expresaron. Abrazar a los que con su sensibilidad, cariño y creatividad hicieron de esta 25ª Marcha del Silencio, la más participativa, visible y extendida de todas, por todo el país, en cada departamento y también fuera de fronteras.
No podemos nombrar a todas las organizaciones y colectivos que participaron por miedo a olvidar alguna. Se manifestaron en todos los departamentos, y en varias ciudades y localidades en cada uno. No hubo grandes o pequeñas acciones, sino una sumatoria amplia, diversa, que rompió barreras y nos hermanó en este reclamo.
Como dijimos: “Nuestra búsqueda, plagada de obstáculos e impunidad, tiene un norte: la empecinada exigencia de generar garantías de no repetición y necesita para ello de la conciencia de un pueblo que la acompañe”.
La multitudinaria participación lograda este 20 de mayo, vivido con inmensa algarabía y con tanto compromiso, ha dejado patente esa conciencia y el ánimo de sumarse al mismo reclamo:
Encontrar a los desaparecidos, y el deseo de Nunca Más Terrorismo de Estado
También resaltar, que el mismo 20 en el Parlamento, representantes de todos los partidos políticos, manifestaron la necesidad de encontrar a los desaparecidos, y que esta búsqueda no esté separada de la Verdad y la Justicia.
Y ese es el segundo motivo.
Tal vez es la primera vez que parece conjugarse el reclamo popular, con el compromiso de todos los partidos en esta búsqueda, lo que permitiría concretar finalmente una política de Estado que la canalice, que fortalezca las garantías para el Nunca más y refuerce nuestra democracia.
Ha pasado mucho tiempo. Muchas madres, muchos familiares se fueron sin conocer la Verdad ni encontrar a sus seres queridos. Muchas de ellas recibieron homenajes y reconocimientos. Pero no la Verdad.
Nuevas generaciones nacieron y crecieron con esta impunidad y silencio.
Este delito, mantenido en el tiempo, debe terminar. ¡Ya es hora!
No conocemos los motivos últimos que hicieron que el cuerpo de algunos detenidos asesinados fuera entregado y otros no. Que nuestros desaparecidos, hayan sido enterrados clandestinamente y cubiertos de cal para tapar su rastro.
¿Por qué? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Dónde están?
A los niños uruguayos apropiados, la inmensa lucha de Abuelas, de Sara, de sus familias los han ido encontrando. Pero todavía nos faltan 3 adolescentes y los posibles hijos de María Emilia Islas y de Blanca Altman, que estaban embarazadas cuando las detienen y desaparecen.
¡Es hora de exigir a los mandos de las Fuerzas Armadas que entreguen la información! Esa información existe.
Reiteramos una vez más, que quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron uruguayas y uruguayos, no actuaban por su cuenta. Que fue la institución armada misma, columna vertebral del Golpe de Estado Cívico Militar, quien violó todos los derechos y, por lo tanto, la información sobre estos hechos no es propiedad exclusiva de los perpetradores directos sino de esa institución que los formó, los mandató, los cobijó y continúa haciéndolo. Es de allí que debe llegar la información.
Somos un pequeño país donde el crimen de la Desaparición Forzada atañe a un par de centenares de personas. Es absolutamente incomprensible que en tantos años no se hayan dado los pasos para su esclarecimiento.
Estamos convencidos, que ese camino, nos llevará a conocer la verdad, toda la verdad.
No somos nosotros quienes tenemos algo que ocultar. Ni los jóvenes, que necesitan saber para formar su opinión.
El Poder Judicial debe asumir su papel. Desde el año 1985, las víctimas directas y sus familiares, hicieron un enorme esfuerzo para llevar sus casos ante la Justicia, para que se conocieran los horrores por los que atravesó el país y se castigara a los culpables.
Mientras vergonzosamente, la Justicia sigue permitiendo dilaciones, chicanas y mentiras; desde que existe la Fiscalía Especializada (año 2016) son más de 60 los pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad que aguardan su pronunciamiento.
Son los 3 poderes del estado que deben hacer los mayores esfuerzos para que cumpliendo a cabalidad con la ley, atiendan el reclamo de un pueblo expectante y recuperemos así una convivencia digna.
Es en el Presidente y sus Ministros, al frente del nuevo Gobierno, sobre quienes recae la responsabilidad de lograr un avance significativo.
Está claro que no estarán solos.
Este debería ser el resultado de una Marcha que pautará todas las futuras.
¡A todos ustedes ¡Gracias!
Por Verdad, Justicia y Memoria.
Por Nunca Más Terrorismo de Estado. ¿Dónde están?
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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4) ECUADOR: PRESIDENTE DECIDE EXTINGUIR LA EMPRESA DE MEDIOS PÚBLICOS: SE MANTENDRÍAN SÓLO TRES MEDIOS
Observacom /Ecuador, 3 de junio de 2020
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió extinguir la Empresa de Medios Públicos (EMP) en el marco de una reorganización general de empresas públicas que incluye también correos, ferrocarriles, línea aérea, entre otras.
El Ejecutivo prevé quedarse con tres medios, así lo aseguró Marco Ávila, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que se encargará de la liquidación.
La Empresa de Medios Públicos, que fue creada en 2016 por el ex Presidente Rafael Correa, incluye más de 20 medios como El Telégrafo, El Tiempo, Ecuador TV, Pública FM, la imprenta Editoragram, así como los siete medios privados incautados que fueron incorporados al sistema público por Moreno en 2017.
Mediante el Decreto 1051, Moreno dispuso que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) será la encargada de dar soporte técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en proceso de liquidación, entre ellas EMP.
El Decreto 1059 de 2020 dispone la liquidación de EMP, para lo cual se estableció un plazo de 60 días para determinar cuáles son los “activos líquidos”. Luego se designará un liquidador y en un plazo máximo de 180 días se llevará a cabo el proceso. Según El Universo, los activos de medios públicos suman US$ 107 millones, de los cuales US$ 21 millones son en corriente y US$ 86 millones no corrientes.
El decreto prevé que si luego del proceso de extinción quedara algún medio, pasaría a manos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información.
“El Ejecutivo puede decidir por los medios de carácter público, que ya no estarán bajo la administración de la empresa de Medios Públicos sino del Ministerio de Telecomunicaciones o la Secretaría de Comunicación. Sobre los medios incautados pesa una orden constitucional que no permite al Estado enajenarlos y, por lo tanto, debemos cumplir con esa disposición. En este escenario, ninguno de estos medios estaría para la venta”, dijo el presidente de EMCO.
También planteó que con la liquidación de EMP se prevé reducción significativa de personal. “En un momento Medios Públicos llegó a tener 1.061 personas. El año pasado logramos que la nómina bajara a 621 personas y en este momento estamos trabajando en una nueva estructura de reducción, quedarían 200 personas”, aseguró.
Observacom
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5) ESPAÑA: LOS 251 ESQUILADORES DE ORO. 10 EMPRESARIOS PAGAN MEDIO MILLÓN PARA TRAERLOS EN AVIÓN DESDE URUGUAY
Ganan hasta 250 euros diarios. Las empresas presionaron al Gobierno para que vinieran pese a la pandemia. Son los mejores: rápidos y experimentados.
Jorge García Badía / El español,16 mayo, 2020
El sector ovino iba camino de la ruina porque la campaña del esquileo empieza en abril y a mitad de mayo las máquinas eléctricas seguían apagadas: no había mano de obra porque el coronavirus impedía a los esquiladores de Uruguay viajar como cada año a España.
El calor de la primavera estaba a punto de causar un problema sanitario en los rebaños de ovejas porque seguían luciendo un abrigo de lana y la sudoración provoca sarna, larvas y una humedad que merma el valor de este tejido en el mercado. Este desastroso horizonte se ha evitado con un vuelo que pasará a la historia del sector: diez empresas han pagado 533.375 euros para fletar un Boeing 787 para 251 esquiladores uruguayos.
Desde hace una década esta selección charrúa de esquiladores llega de forma escalonada a España entre finales de marzo y principios de abril para comenzar a trabajar con las ovejas, pero con la declaración del estado de alarma sus pasajes de vuelo se convirtieron en papel mojado porque se suspendió la actividad en los aeropuertos. Tamaño percance provocó que las empresas españolas que gestionan esas cuadrillas de Uruguay y los ganaderos que dependen de ellas comenzasen a trasladar al Gobierno español su preocupación por el futuro incierto de la campaña.
Una de las empresas perjudicadas -Esquiladores Centro y Sur- era cliente de la oficina que B the travel brand tiene en Manzanares (Ciudad Real). Su directora, Sonia Bellón, le propuso la única alternativa posible: “Se me ocurrió fletar un avión”. Bellón explica a El español que el sector no podía esperar más para esquilar al ganado: “Estaban desesperados”.
Embarcarse en esta empresa se antojaba una tarea titánica por dos motivos. Uno era el económico: el pasaje de cada esquilador uruguayo costaba 2.125 euros. El otro era burocrático: tenían que obtener permisos de los gobiernos de España y Uruguay en pleno cerrojazo del espacio aéreo por la pandemia de coronavirus.
Videoconferencia con el Rey
“El vuelo lo financiaron diez empresas”, detalla Sonia Bellón. Los promotores que se liaron la manta a la cabeza y se sumaron a esta iniciativa han sido mercantiles que gestionan cuadrillas de uruguayos para la campaña española del esquileo desde sus sedes en Huesca, San Pedro del Pinatar (Murcia), Granada, Ciudad Real, Puebla de Alcocer (Badajoz)…
“Es la primera vez que hacemos algo así en la agencia de viajes: el trabajo administrativo ha sido duro porque se tardó un mes y medio en organizar el vuelo y gestionar un permiso para que Air Europa pudiese aterrizar en Barajas”.
Para lograr que el avión cubriese la ruta Montevideo-Madrid se tramitaron un aluvión de escritos a los ministerios de Agricultura, Interior, Exteriores y a la Embajada de España en Uruguay, entre otros organismos oficiales.
También se produjeron reuniones por videoconferencia entre pesos pesados del sector agroalimentario y varios ministros. “La Sociedad Cooperativa Teruel Ganadera llegó a hablar con el rey Felipe VI”, resalta la directora de la agencia de viajes B the travel brand. Los ganaderos llamaron a todas las puertas, incluidas las consejerías de Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha. A la cruzada también se sumó Javier Aranda, jefe de la Zona Sur de Halcón Viajes.
Marroquíes no: ellos cortan a tijera
El sector ovino desarrolló un trabajo enorme para que el vuelo obtuviese el plácet del Gobierno, tal y como cuenta uno de los empresarios implicados en las negociaciones: “Ha sido tedioso porque de primeras en el Ministerio de Exteriores no lo autorizaban”.
Los ganaderos advirtieron al Ejecutivo de que al Ministerio de Sanidad se le podría sumar otro frente al margen de la pandemia de coronavirus: “Habría un problema sanitario grave porque si a las ovejas no se les quitaba la lana sufrirían ataques de larvas”, explica este empresario.
La campaña del esquilado de las 9.106 explotaciones de ganado ovino que hay en España dependía exclusivamente de las cuadrillas uruguayas. No había alternativa: los esquiladores españoles emigran a Francia porque allí les pagan mejor, mientras que los marroquíes no gustan en el sector porque trabajan a tijera. A su vez, los polacos y eslovacos están en Italia.
“Necesitábamos profesionales cualificados. Para estas tareas no se podía recurrir a los parados de los ERTEs de sectores como la hostelería, tal y como se ha hecho en el campo para suplir la falta de jornaleros para recoger las cosechas”.
La Moncloa entendió que la situación era límite: la salubridad de 16,5 millones de ovejas dependía de un vuelo chárter internacional. “La embajada de España abrió para darle los visados a los esquiladores uruguayos”, ejemplifica el citado empresario sobre una de las acciones excepcionales que se hicieron para que los trabajadores pudiesen embarcar en el avión, ya que ni Embajada ni Consulado atendían al público desde que en marzo el Gobierno de Uruguay decretó el estado de alarma.
La obtención de los visados suele demorarse semanas, pero esta vez se tramitaron en un tiempo récord. El 7 de mayo los medios de comunicación uruguayos informaron de que el vuelo a Madrid contaba con todos los permisos. La noticia indignó a los más de 200 integrantes del grupo Españoles Varados en Uruguay.
La hermana de Diego Forlán
El Consulado General de España tuvo que emitir un comunicado aclarando que era un chárter privado para tratar de aplacar los ánimos de este grupo de españoles que estaban en suelo uruguayo y llevaban semanas reclamando su repatriación. “Desde la Embajada solo nos decían que no habría vuelos hasta que se retomase la actividad comercial en los aeropuertos y como mínimo tendríamos que esperar hasta septiembre”, resalta Paula Albitre, portavoz de ‘Españoles Varados en Uruguay’.
El avión de los esquiladores uruguayos despegó este martes 12 de mayo a las 20.30 horas desde el aeropuerto de Carrasco (Montevideo) con destino al Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El grupo de varados tuvo claro que era su única oportunidad para regresar a casa y no dudó en plantarse un día antes en la Embajada de España. “El lunes fuimos a protestar con nuestros pasaportes y nos recibió el embajador José Javier Gómez-Llera”, recuerda por teléfono Paula.
Esta joven sorianense trató de buscar hueco en el avión de los esquiladores poniéndose en contacto con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) y con Air Europa.
“Soy aficionada del Atlético de Madrid y casualmente la gerente de Air Europa en Uruguay es Adriana Forlán, la hermana de Diego Forlán que fue delantero del Atleti”. Los correos electrónicos de Paula con la hermana de Forlán y Urcacyl obtuvieron su recompensa: plazas en el pasaje previo pago de 540 dólores (clase turista) y 790 dólares (clase business). “Volamos de regreso a nuestro país gracias a los ganaderos de Castilla y León”, agradece la portavoz de Españoles Varados en Uruguay.
Despedida por todo lo alto en Montevideo
El destino de los españoles atrapados y los esquiladores uruguayos se encontró este martes en el aeropuerto de Carrasco, donde tuvo lugar una despedida institucional para la expedición. Hubo foto de familia de los ministros de Relaciones Exteriores y Ganadería, Ernesto Talvi y Carlos María Uriarte, respectivamente, con los trabajadores. Algunos posaron equipados con mascarillas y una bombilla para beber mate.
“Solo veinte españoles embarcamos porque algunos no tuvieron tiempo de desplazarse desde distintos puntos del país ya que debíamos estar en el aeropuerto cuatro horas antes de despegar”, explica Paula. “A todo el pasaje se nos tomó la temperatura”.
En ese vuelo esta joven terminó de forma precipitada su estancia investigadora en Uruguay. “Llegué en febrero con motivo de mi tesis doctoral sobre la historia de la lengua española y me iba a ir en junio”. Tal percance no evitó que al verse sentada en el Boeing 787 de Air Europa le invadiese una sensación de júbilo que inmortalizó con un selfie luciendo la elástica del Atlético de Madrid.
“Esto ha sido una locura. Por suerte, al final han anunciado un vuelo de repatriación el 20 de mayo para el resto de españoles”. La felicidad de Paula contrastaba con la preocupación que se respiraba en la clase turista, donde viajaban los esquiladores uruguayos porque se marchaban de un país con 724 casos de coronavirus y 19 fallecidos para aterrizar en Madrid, la ‘zona cero’ de la pandemia en España con más de 66.000 positivos y 8.809 fallecidos por COVID-19.
Con la maleta a Extremadura
“Mi mujer y mi hija me dijeron que llevase mucho cuidado y que siguiera todas las medidas de seguridad”, afirma Leonardo González, uno de los 251 esquiladores uruguayos que aterrizó el miércoles en Madrid.
Nada más pisar Barajas los trabajadores se fueron dividiendo en cuadrillas con destino a distintas comunidades autónomas. A Leonardo le tocó ir a Extremadura junto a cincuenta compatriotas. Empezaron a trabajar este jueves en explotaciones del municipio de Campanario.
“En mi país esta profesión está arraigada y existen escuelas donde te enseñan a esquilar: yo me formé en la Escuela de La Tala haciendo cursos teóricos y prácticos para aprender hasta cómo se coloca a la oveja”, indica de forma didáctica Leonardo.
Este uruguayo de 39 años se crió en el seno de una familia de agricultores de la ciudad de Salto. Es un profesional que vive de la esquila todo el año: “Hago dos campañas”. La primera, en marzo, cuando cruza el charco para trabajar en España y en julio toma un vuelo de regreso porque empieza la esquila en Uruguay. “En este oficio llevo dos décadas: para ser un buen esquilador hace falta constancia y vocación, no vale hacerlo por dinero”.
La terrible expansión del COVID-19 en territorio español no le ha disuadido para subirse al avión, pero sí ha influido a la hora de que otros compatriotas hayan preferido no arriesgar su salud permaneciendo en su país. “En 2019 viajamos 300 y este año somos 251: a todos los que volamos a España nos evaluaron en centros de salud de Uruguay para verificar que no teníamos coronavirus”, dice Leonardo.
Más de 100 animales al día
En las explotaciones ganaderas las cuadrillas, compuestas por entre cinco y diez esquiladores, se disponen en una hilera dejando una distancia de seguridad entre ellos. En una jornada de trabajo Leornardo es capaz de quitarle el mullidito manto de lana a 100 ovejas merinas y a otras 150 si son ovejas lisas.
El tiempo que invierte en cada una depende de por dónde ha pasado el ganado: si ha estado en el monte es más fácil esquilar las cabezas porque están más limpias; si han estado en el campo es más complicado porque están más sucias a causa del polvo.
Por cada ejemplar esquilado Leonardo cobrará entre 80 céntimos y 1 euro. “Es un oficio rentable”. También muy laborioso. Además, este año tendrán que lidiar con otro factor: el estrés. El 20 de julio está programado el vuelo de regreso de los 251 trabajadores a Uruguay y la campaña la han empezado con mes y medio de retraso. “Hay cuadrillas en Teruel, en Zaragoza, en Murcia…”.
Están trabajando a destajo por todo el país. En Extremadura se concentra buena parte de la labor que tienen por delante porque esta autonomía lidera el censo estatal de ovino: 3,5 millones de cabezas.
Los esquiladores charrúas están muy bien valorados entre las empresas ganaderas extremeñas. “Hace diez años se contrataba a trabajadores de Europa del Este, pero los uruguayos son más profesionales porque en su país existe tradición ovina y hay gente muy cualificada”, afirma Marco Antonio Calderón, gerente de la Cooperativa Comercial Ovinos de Villanueva de la Serena.
El nivel de profesionalización y la facilidad para comunicarse en castellano con los ganaderos frente a la barrera idiomática de los empleados de Europa del Este y algunas de sus malas costumbres, como pasar la campaña malviviendo en furgonetas de alquiler, son los factores que propiciaron un cambio de tendencia en la nacionalidad de los esquiladores contratados en España. “El 95% son de Uruguay y un 5% del Este”
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La Cooperativa Comercial Ovinos es la mayor de Extremadura, con 1,2 millones de cabezas. Sólo les faltó descorchar champán cuando vieron aterrizar en Barajas a la mano de obra charrúa. “De cada oveja salen 2,5 kilos de lana”. La previsión es que esquilen 5 millones de kilos.
Sólo traen el equipaje
Todo cuanto los esquiladores traen a España es su equipaje. De proporcionarles las herramientas y la logística se encargan las empresas que los contratan. “Nosotros tenemos una cuadrilla de 19 uruguayos y les gestionamos el alojamiento, el transporte, dietas, máquinas para esquilar, tijeras, peines, cuchillas, aceiteras, grupos electrógenos…”, enumera Mari Carmen Zapata, de Multiservicios Bulz, en San Pedro del Pinatar (Murcia). “La semana que viene empezarán a trabajar en Navarra, antes de incorporarse se someterán a controles médicos y pasarán por prevención de riesgos laborales”, añade.
El coronavirus condicionará el trabajo y la estancia de los esquiladores uruguayos en España porque empresas como Multiservicios Bulz les han provisto de todo lo necesario para evitar contagios. “Ellos bromean diciendo que los infectados somos nosotros”, apostilla Mari Carmen para insistir en las medidas sanitarias: “Les hemos dado gafas protectoras, guantes, botas de seguridad, geles hidrolíticos y mascarillas”.
Una oveja en 50 segundos
Una cuadrilla charrúa ha desembarcado este viernes en Zamora luciendo máscaras, un elemento incómodo para trabajar pero que no les ha impedido demostrar su depurada técnica para pelar ovejas.
“¡Vinimos a salvar la campaña”, clamaba con seguridad Alexis Baldassari, un esquilador de 26 años. “Si la oveja es buena tardo en pelarla cincuenta segundos”. No hablaba en vano porque en una jornada de trabajo se hizo 259 cabezas. Sus compañeros de tajo pelaron 240, 232 y 204. En unas horas dejaron impolutos 935 ejemplares.
Alexis, pese a ser sólo un veinteañero, atesora nueve años de experiencia: “Mi padre fue esquilador y yo seguí sus pasos porque en Uruguay hay escuelas que te enseñan este oficio de forma gratuita”.
La campaña 2020 es la séptima que realiza en España y la más complicada por la pandemia. “Daba un poco de miedo venir, pero sólo hay que respetar las normas de seguridad”, admite.
La llegada de estos profesionales ha sido todo un alivio para la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), tal y como admitía su director, Jerónimo Lozano.
“En Castilla y León tenemos más de 2,5 millones de ovejas y el 80% de la producción de la leche está en cooperativas. Estábamos muy preocupados por el esquileo, ya que de no poderlo hacerlo baja el rendimiento de leche y la oveja se resiente en su salud, con posibles brotes de sarna y tiña”.
Curiosamente, buena parte de la lana que esquilarán los uruguayos durante la campaña en España acabará en China.
El español
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1963 – 05.06.2020
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6) PARA LAS MULTINACIONALES NO HAY PANDEMIA QUE VALGA
Emboscada contra la emergencia social
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Ni siquiera en el escenario de la crisis pandémica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos se vieron perjudicados por medidas de protección social.
El impacto de la pandemia se muestra con toda su crudeza. Y es solo el inicio. Como la señalaba ya en abril pasado la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) la crisis podría reducir la inversión mundial en un 40%. Convocaba entonces a la comunidad internacional a destinar 2,5 billones de USD para paliar el efecto de la misma en los países denominados “en desarrollo”.
En esta situación imprevisible muchos gobiernos han tomado medidas para apoyar la producción nacional; a ciertas empresas -en general nacionales-; para contrarrestar el efecto del desempleo total o parcial y, además, para reforzar la salud pública y el sistema social. En algunos casos, ese paquete, incluyó suspensión de pagos a firmas privadas o la recuperación – o puesta en tutela- de otras especializadas en fabricar equipo médico-sanitario de primera necesidad.
Estas decisiones ejercerán en el futuro cercano una presión sin precedentes en los presupuestos públicos, ya de por sí limitados en el Sur Global… “Además, podrían provocar una ola de demandas arbitrales por parte de las multinacionales y sus abogados especializados en inversiones”, alertan en un reciente estudio denominado “Los especuladores de la pandemia” (longreads.tni.org/los-especuladores-de-la-pandemia/) cinco de las expertas del Instituto Transnacional (Transnational Institute, TNI), con sede en Ámsterdam y dedicado a la investigación de grandes temas internacionales (www.tni.org/es).
Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jurídico: el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protección de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario más violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.
Confrontar a los Estados judicialmente está admitido -muchas veces en letra pequeñita y casi ilegible- en todos los convenios internacionales. Con el agravante, como lo señala el TNI, que se establece un “sistema de justicia privado paralelo que solo funciona en una dirección”, ya que los Estados no tienen el derecho de demandar ante los tribunales de arbitraje a aquellas empresas que no respeten las normas nacionales o locales.
Según la UNCTAD, existen actualmente más de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. Número que podría explotar a raíz de la pandemia.
Sectores activos de la sociedad civil mundial impulsan desde hace más de una década, aunque todavía con éxitos relativos, la posibilidad de procesar a las multinacionales. Amparados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas elaborados en 2008 por el profesor de origen austríaco John Ruggie. En Suiza, por ejemplo, uno de los temas importantes del debate político actual es en torno a la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables (initiative-multinationales.ch/ ) que se votará en los próximos meses. La misma exige a las transnacionales helvéticas el respeto de los derechos humanos y ambientales en todo el mundo, sin excepción, de acuerdo a las mismas condiciones que deben acatar en Suiza.
Guillotina para Latinoamérica
El sitio Web ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. (isds-americalatina.org/en-numeros/).
Según el estudio, las demandas inversor-Estado se multiplicaron en las dos últimas décadas, pasando de 6 casos conocidos en 1995 a 983 en la actualidad. De ese total, América Latina y el Caribe, soporta 282 acusaciones, es decir casi el 30% del total mundial. De los casos ya resueltos, en un alto porcentaje, los Estados han sido condenados. 91 demandas fueron promovidas por firmas de Estados Unidos.
Otra parte importante, impulsadas por sus pares europeas, y otras, por canadienses. Los principales sectores en *conflicto* son el agua, la electricidad, la comunicación, petróleo, seguros, así como la manufactura y minería.
Los cuatro países latinoamericanos más castigados son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Argentina, fue condenada a pagar en 40 ocasiones sobre 45 casos arbitrados, lo que representa un monto total de 9.226 millones de dólares. En tanto Venezuela, perdió 22 de 33 demandas, con una incidencia de 18.024 millones de dólares. Bolivia, fue condenada por todos los tribunales arbitrales – 13 sobre 13- lo que le representa un monto de 902 millones de dólares. En tanto Ecuador, que perdió 15 de 19 de las acusaciones de que fuera objeto, fue condenado por 2.224 millones de dólares.
Sumando los montos a pagar a los inversores, se contabiliza más de 31.000 millones de dólares. El estudio recuerda que con un tercio de esa cifra (en torno a 10.000 millones de dólares) las Naciones Unidas estima que se podría superar la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos. El informe confirma que el monto más alto ya pagado a raíz de una demanda son los 5.000 millones de dólares que Argentina debió abonar a la empresa Repsol en un acuerdo de partes. Este instrumento, juntos con las fugas de capitales y la deuda externa, constituyen mecanismos brutales contra las economías nacionales.
Jaque a la España “social”
El lunes 25 de mayo, el periódico español en línea Público difundió un artículo titulado “España expuesta a demandas millonarias por las medidas sociales ante la Covid-19” (blogs.publico.es/dominiopublico/33087/). En el mismo se hace mención a los Decretos-Ley del 14 y 31 de marzo pasado que impuso medidas excepcionales por la pandemia.
“Lo inversores extranjeros podrían demandar al Estado español ante tribunales arbitrales internacionales…” Y menciona, como ejemplo, que los abogados de la oficina española Garrigues han llegado a afirmar que la crisis global que se avecina es “una oportunidad para revolucionar el arbitraje y mejorarlo y reforzarlo ante la jurisdicción estatal”.
Explica, además, que hace apenas unos días la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) alertaba que las medidas de emergencia del gobierno amenazaban con el “riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”. Entre estas decisiones gubernamentales se encuentra la de prohibir a los proveedores de agua, gas y electricidad de suspender el servicio a las familias más vulnerables.
España, siempre según Público, firmó 87 Tratados Bilaterales de Inversión en vigor y 77 Tratados con alguna disposición sobre protección a las inversiones. “Debe abandonar los Tratados de Protección de Inversiones”, afirman desde la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión que ha tomado peso en las últimas semanas. Solo en el caso del Tratado sobre la Carta de Energía, se contabilizan a inicios del año 2020 condenas de pago a los inversores de un monto de 1.080 millones de euros. Lo que representa 4 veces lo que el gobierno va a invertir para reforzar los servicios sociales para apoyar a los ancianos en residencia y dependientes.
Buitres al acecho
El 26 de marzo, uno de los días cruciales para Italia durante la pandemia y momento en que superaba 8000 muertes sin saber cómo frenar su avance, la oficina italiana de abogados ArbLit publicó un artículo titulado ¿Podrían las medidas de emergencia de COVID-19 dar lugar a reclamaciones de inversión? Primeras reflexiones desde Italia».
Como lo recuerda un documento del 18 de mayo pasado difundido por el Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo sobre las Corporaciones)
corporateeurope.org/en/2020/05/cashing-pandemic-how-lawyers-are-preparing-sue-states-over-covid-19-response-measures, la preocupación de ese grupo de abogados no estaba en la Italia real. Más bien, en evaluar aceleradamente, si en las medidas tomadas por el Gobierno italiano debido al coronavirus, se podrían encontrar los argumentos para que inversores extranjeros puedan demandar a Italia, teniendo en cuenta los tratados de inversión firmados con otros Estados. Y llegaban a la conclusión que cuando la emergencia termine, los Estados tendrán que enfrentar las demandas de arbitraje presentadas por inversionistas extranjeros en el marco de cualquier tratado bilateral de inversión aplicable.
Luego de desarrollar en detalle diez “Escenarios” o pistas analíticas sobre el tema, el Observatorio, argumenta que nunca ha sido mayor la importancia de evitar las demandas ISDS como ahora, en un momento en que la situación sanitaria mundial se ve agravada por la explosiva crisis económica. Y llama a una “moratoria inmediata de las demandas ISDS en general”, anticipando que existe ya una propuesta de suspender las demandas de esos mecanismos relacionados con el COVID-19.
El Observatorio Europeo no descarta que ciertos países, unilateralmente, se retiren de acuerdos existentes, como lo han hecho Sudáfrica, Indonesia e India. Otros han denunciado unilateralmente algunos de sus acuerdos bilaterales de inversión.
Recientemente, 23 Estados miembros de la Unión Europea firmaron un tratado que pondrá fin a unos 130 tratados bilaterales de inversión intraeuropea. Italia se ha apartado del Tratado de la Carta de la Energía que es básicamente un gran acuerdo de ISDS para el sector energético.
En un reciente blog sobre COVID-19 y el derecho de la inversión internacional, informa el Observatorio, juristas progresistas plantearon dos preguntas clave: «¿Cuál es la justificación para mantener un enclave jurídico en el que los agentes económicos más ricos tengan derecho a un trato más favorable que los demás segmentos de la sociedad que sufren de manera desproporcionada como consecuencia de la pandemia y las respuestas a la misma? ¿Por qué los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protección más sólida que la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a la población en general?».
Estas preguntas llegan a la médula del problema. ¡No hay lugar para un sistema de justicia paralelo para las corporaciones! ¡ISDS tiene que terminarse!, concluye el Observatorio Europeo.
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1963 – 05.06.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. LONGSHOTS – PELÍCULA URUGUAYA EN FESTIVAL ONLINE DE LA BBC
A partir del 01 de junio hasta el 24 de junio “El campeón del mundo”, dirigida por Federico Borgia Stagnaro y Guillermo Madeiro se puede ver gratis en todo el mundo en Longshots, Festival online de la BBC.
Si no pudiste verla, es el momento. Además compite junto a las otras seis películas seleccionadas por el premio del público, así que voten…
Queremos agradecer el apoyo de Montelona Cine, Dirección del Cine y Audiovisual Nacional – ICAU, Dirección Nacional de Cultura Intendencia de Montevideo, Montevideo Cultura, ASOPROD y BBC Reel.
II. DOMINGO DE TRUEQUE EN CASAMARIO
Domingo 07 de junio
CasaMario es un proyecto de gestión autónoma para el desarrollo de la producción colectiva artística y en colaboración; elaboración de curadurías colectivas y procesos críticos en los modos de hacer. Está enmarcado en el proyecto de investigación titulado “Modos de hacer colectivo en el arte uruguayo”, financiado por la CSIC-UDELAR. 2013-2015.
La cesión en préstamo de las casas forma parte del Programa de apoyo a la cultura de Casona Mauá buscando así potenciar el sector artístico dentro del ámbito privado.
Proyecto CasaMario y merendero cooperativo Las Bóvedas te invitan a un domingo de trueque: 7 de junio de 12 a 16 hs.
Trae un alimento, ropa de abrigo o un libro y te lo trocamos por unos ricos churros acompañados de la selección musical y performance de Dinamita Sound System.
El equipo organizador tomará todos los recaudos higiénicos y de prevención del coronavirus para la actividad.
Nos propusimos utilizar el espacio físico de CasaMario como lugar de acopio de materiales para actividades sociales, culturales, artísticas. Tendrá dos objetivos principales:
1 Comenzar a dar un paso más en el relacionamiento entre vecinos, cooperativas y colectivos.
2 Las actividades a llevarse a cabo tendrán también un fin solidario para el merendero y la olla; llevar alimentos, juguetes, ropa, etc. a modo de colaboración. Se distribuirá lo reunido a la red de merenderos, ollas y comedores del barrio.
www.facebook.com/events/275028906875292/
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III. LANZAMIENTO DEL NUEVO DISCO DE MILONGAS EXTREMAS
12 de junio
“Milongas extremas” es un cuarteto de guitarras que surge con la idea de versionar canciones de Extremoduro en este formato, llevando las canciones de esta banda a un sonido más folclórico, desnudando las canciones y sonando solo a 4 guitarras. En el transcurso de ese proceso, se da la vinculación con los integrantes de Extremoduro y a partir de allí es que se genera una relación muy fuerte con Iñaki Antón » el Uoho». En su segundo disco es que se animan a componer sus propias canciones a cuatro guitarras e invitan a participar a Iñaki haciendo un solo en el tema » Como quieras».
El vínculo entre Milongas Extremas e Iñaki sigue en las respectivas giras que tuvo el grupo en España y en las que hizo Extremoduro en Latinoamérica.
Es en una de estas giras que sale la idea de que Iñaki produzca el tercer disco de la banda el cual sale al mercado en formato digital el “12 de junio del 2020”.
El material a lanzarse a todas las plataformas digitales, y con posterior edición física, se va a titular «El mismo cielo», fue compuesto en Montevideo y grabado en Bilbao en agosto del 2019.
Es en este material que Milongas Extremas se aventura en utilizar otros instrumentos, otros colores pero siempre dejando en claro que siguen siendo un cuarteto de guitarras, más allá de en esta ocasión animarse a explorar otra sonoridad en sus canciones. Allí aparecen percusiones, baterías, guitarras de nylon, eléctricas, bajos, charangos, saxo y alguna cosita más, Gino Pavone toca las baterías y percusiones, María Cebolleta hace coros e Iñaki se encargó de la producción, de arreglos, de guitarras eléctricas y de la globalidad del proyecto.
“El mismo cielo” sale con el apoyo de FCC (Fondos concursables para la cultura) del MEC y es editado por Montevideo Music Group.
Escuchar primer corte del disco:
Escuchar «Cuídame» en Youtube
Escuchar «Cuídame» en Spotify
Más información del grupo en www.milongasextremas.com
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1963 – 05.06.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2019 – 25 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Pablo Alfano, Jorge Marrero, José Rocca, Luis Sabini, Jorge Zabalza.
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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