1) España: Violan los derechos humanos de las temporeras de la fresa en la pandemia
2) Honduras: Bertha Zúniga Cáceres: “Debemos avanzar en la soberanía alimentaria”
3) México: Mujeres indígenas protestan contra la violencia de género en Nayarit
4) Uruguay: Mujeres marcharon para denunciar femicidios y explotación
5) Uruguay: Denuncian red de turismo sexual que opera en Salto
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 644 – Lunes 8 de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ESPAÑA: VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS TEMPORERAS DE LA FRESA EN LA PANDEMIA
Un total de ocho organizaciones han remitido una comunicación urgente a diferentes organismos de Naciones Unidas para alertar sobre la grave vulneración de derechos que sufren las temporeras marroquíes que recogen los frutos rojos de los campos de Huelva.
La denuncia advierte que la pandemia de la covid-19 ha expuesto a estas trabajadoras a nuevas formas de explotación «debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente la violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia». Esta temporada tan sólo unas 4.000 mujeres han llegado a Huelva y más de 10.000 se han quedado en Marruecos debido al cierre de fronteras por la covid-19.
Además, las organizaciones denuncian las condiciones de trabajo que están sufriendo: sin distancia de seguridad ni mascarillas, compartiendo viviendas que en ocasiones son contenedores de obra sin ventilación y con baños alejados y sin agua potable.
Estas nuevas violaciones de derechos vienen a agravar la ya tremenda vulnerabilidad y desprotección en la que se encontraba este colectivo antes de la pandemia y que se ha hecho visible en los medios de comunicación desde hace un par de años y algunos de cuyos casos fueron denunciados a los juzgados, con resultados inciertos.
Debido la diversidad de las violaciones de derechos que sufren estas temporeras, la denuncia se ha presentado ante diez organismos distintos de la organización multilateral. Ente ellos figuran los grupos de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas o el que atiende a la cuestión de trabajo y discriminación contra las mujeres y las niñas. Pero también se ha entregado a los Relatores Especiales de la ONU en materia de derechos humanos de los migrantes; a la de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; al de derecho a la alimentación; a la que supervisa las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas de intolerancia; a la que entiende sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; al que tiene competencias sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; a el que mira por los derechos humanos al agua potable y el saneamiento y al Relator Especial sobre la vivienda adecuada y la no discriminación.
«Lo que pedimos a estos organismos es que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas para que tomen medidas eficaces que aseguren el respeto de los derechos de las temporeras marroquíes y otras personas trabajadoras migrantes en Huelva», explica a Público Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que ha liderado la demanda.
Estas medidas, además, deben tener perspectiva de género, «ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y ser sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por la covid-19», añade Márquez.
«Las medidas y recomendaciones que emitan estos organismos pueden servir de apoyo para futuras denuncias y como una hoja de ruta para los actores involucrados para que la vuelta a la ‘normalidad’ tras la pandemia suponga un cambio hacia un modelo más justo, que ponga los derechos de las personas trabajadoras en el centro» afirma Márquez a Público.
Violación de derechos desde la contratación
Las vulneraciones de derechos que sufren estas trabajadoras no son nuevas, pero rara vez han sido detalladas con tanta precisión en un único documento, aunando los diversos ámbitos en los que se ejercen y las responsabilidades de las empresas y de los Estados que los cometen. La demanda a la ONU está basada en un minucioso trabajo de campo realizado por las organizaciones Andaira, Taraceas Cooperativa a lo largo de 2019.
Según el escrito, las irregularidades comienzan con la contratación en origen de estas temporeras, mujeres en su totalidad por petición de las organizaciones agrarias onubenses y las autoridades marroquíes. Según los criterios de contratación sólo se podrán seleccionar a mujeres casadas o viudas, con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años y con hijos menores a su cargo, para asegurar su regreso a Marruecos una vez terminada la temporada. «Estos criterios discriminatorios pretenden garantizar el retorno de las temporeras al finalizar la campaña, así como contratar a mujeres en una situación de mayor responsabilidad familiar y vulnerabilidad y, por lo tanto, con menor posibilidad de posicionamiento crítico antes futuras situaciones de abuso», explica la denuncia.
Según las organizaciones estas contrataciones en origen no sólo presentan serios déficits a la hora de garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras, sino que van en contra de los supuestos de no discriminación de la orden ministerial que regula estas contrataciones, que exige que «ésta se desarrolle conforme a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y transparencia, facilitando que todos los candidatos conozcan con precisión las condiciones de la oferta de empleo y el ámbito geográfico y de ocupación de la correspondiente autorización de trabajo». Estos contratos vulnerarían también artículos de la Constitución Española (14 y 35.1).
Las organizaciones denuncian, que las condiciones de los contratos son «someras» o «totalmente inexistentes», en muchos casos transmitidas de forma oral y que posteriromente no coinciden con las condiciones que se encuentran las trabajadoras cuando llegan a su destino. En la mayoría de casos, los precontratos que se firman en Marruecos están escritos en francés (idioma que no hablan ni leen las temporeras) y denuncian que las temporeras no las suelen tener acceso a una copia del mismo una vez rubricado.
Estos contratos en origen, resaltan, dan a las temporeras «un permiso de trabajo y residencia vinculados a una zona geográfica, un sector de actividad y un empleador concreto, hecho que coloca a las trabajadoras en una posición de dependencia de cara a su empleador. Estos contratos ligan su permanencia legal en el territorio español y el acceso a un contrato en próximas temporadas exclusivamente de la voluntad de este último», afirma el escrito de la denuncia. Estas condiciones incrementan la perpetración de otras violaciones de derechos, como son las de carácter sexual.
La violencia sexual, más habitual de lo que se reconoce
Las violencias que sufren estas temporeras, quedaron retratadas en un artículo publicado por una revista alemana a finales de 2018. En él, dos periodistas relataron algunas de las condiciones laborales de estas trabajadoras y los abusos sexuales que sufrían. Desde entonces diversos medios españoles se han hecho eco de esta situación y aceleraron la necesidad de atajar estas violacones de derechos en un sector reacio y negacionista a esta realidad. Desde entonces, se han producido algunos cambios, tanto legales como formales, que según las organizaciones denunciantes no han sido suficientes para atajar la vulneración de derechos.
Los cambios se concretaron en la firma de un protocolo entre empresarios, sindicatos, ONGs y Junta de Andalucía, que contempla la formación en perspectiva de género para manijeros y capataces de las explotaciones, la contratación de mediadores interculturales por parte de las ONG y de la propia patronal para hacer seguimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras, entre otras.
También la firma de un Convenio Provincial del Campo en octubre de 2018 entre Comisiones Obreras y Asaja-Huelva, incluye por primera vez un artículo sobre «Igualdad de trato y oportunidades», que para las organizaciones denunciantes es «contradictorio con el sistema de contratación en origen con Marruecos, en el que se aplican criterios altamente discriminatorios para la selección de las trabajadoras». De la misma manera, las organizaciones critican la puesta en marcha de un protocolo para la prevención de actuaciones en casos de acoso sexual y por razón de género, por ser excesivamente tibio en en sus medidas «y tender más a buscar amortiguar la gravedad de los actos potencialmente delictivos» y que en realidad puede desincentivar la interposición de denuncias.
Tal como afirma la abogada Pastora Filigrana, los protocolos que se incluyeron en el convenio del campo para evitar la discriminación en el trabajo «son claramente insuficientes. Estos documentos les da a las empresas de la fresa un papel principal para poder iniciar un demanda, las mujeres que hayan sufrido una vulneración de sus derechos, primero tienen que iniciar un proceso dentro de la propia empresa. Y por los casos que conocemos, ésta tiene un papel clave en las vulneraciones que sufren las mujeres. Otra cosa que ha hecho la patronal con apoyo de alguna ONG es poner en marcha un servicio de atención y mediación para estas trabajadoras, pero hay que tener en cuenta que el sector parte de la idea de que estas vulneraciones no existen, por lo que la imparcialidad necesaria en cualquier proceso de mediación aquí brilla por su ausencia. Es una cuestión de parte».
Dificultad para acceder a la justicia
No es sencillo que las trabajadoras accedan al sistema de Justicia. Por un lado porque suelen estar confinadas en las fincas en las que trabajan. Pero sobre todo, porque el desconocimiento y la falta de información de las condiciones laborales que las amparan, hace prácticamente imposible que puedan reclamar.
Algo similar ocurre cuando lo que se quiere denunciar son abusos sexuales. La dificultad para interponer denuncias, la dependencia laboral al dueño de la finca y la activación del retorno anticipado en muchos de los casos, hacen de esta una tarea casi heroica.
Para poner soluciones a estas vulneraciones, las organizaciones proponen una serie de medidas. Entre ellas destacan la necesidad de modificar radicalmente las contrataciones en origen, que aseguren la «igualdad de derechos con el resto de trabajadoras y trabajadores». Exigen que se facilite a todas las trabajadoras información clara y en su propio idioma sobre los derechos laborales y de estancia, así como el contacto de las organizaciones independientes e instituciones a las que recurrir en caso de conflictos en el trabajo o situaciones de acoso o maltrato así como reforzar los mecanismos de inspección y control en materia laboral, de acoso sexual y discriminación y de alojamiento.
El problema de las trabajadoras de la fresa en la zona de Huelva no es menor. Desde la temporada 2017-2018 la cifra de temporeras contratadas en origen en Marruecos no ha dejado de crecer. En la temporada pasada este contingente superó las 19.000 mujeres. Esta temporada, debido al cierre de fronteras por el coronavirus, han llagado a Huelva unas 4.000 y otras más de 10.000 se quedaron en territorio marroquí. Una población altamente vulnerable cuyos sueldos están considerados los más bajos del sector de la agricultura intensiva y que permanecen en España durante varios meses que dura la recogida del fruto rojo.
Publico / COMCOSUR MUJER Nº 644 – 08/06/2020
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2) HONDURAS: BERTHA ZÚNIGA CÁCERES: “DEBEMOS AVANZAR EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA”
La zona rural es donde más se miran los efectos nefastos del modelo neoliberal impuesto por las élites nacionales y el gran capital transnacional.
Pueblos indígenas y negros, comunidades campesinas sufren los principales embates de una crisis sanitaria que pone al desnudo la crueldad y falta de humanidad de este sistema.
Pese a dificultades y limitaciones, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh e hija de Berta Cáceres, aseguró a La Rel que es imprescindible redoblar esfuerzos e impulsar formas de autogestión y soberanía alimentaria.
-¿Cómo ha afectado la pandemia a las comunidades indígenas?
-Vino a agudizar aquellas problemáticas que ya son casi crónicas, en particular el desabastecimiento de alimentos.
Afortunadamente la mayoría de comunidades organizadas en el Copinh son productoras de granos básicos. Pero hay otras que sufren escasez de agua y que viven momentos muy difíciles.
Además, la cuarentena imposibilitó la venta de productos comunitarios y otras actividades comerciales informales. También hay un recrudecimiento de la violencia de género y un incremento de los abusos policiales y militares.
Sin cuarentena para los abusos
-¿Ha habido muchos abusos?
-La cuarentena les permitió adueñarse de las calles, atacando de manera selectiva y con saña a quienes identifican como opositores. Y como nadie los controla, hacen lo que les da la gana.
Miembros del Copinh han sufrido golpizas y detenciones arbitrarias. En otras zonas del país se registraron muchos casos de represión y violación de derechos humanos.
-¿También ha habido cuarentena para el extractivismo en Honduras?
-Para nada. Uno de los primeros actos del gobierno, luego de declarar el estado de emergencia, fue lanzar una plataforma digital para presentar solicitudes de licencia ambiental en línea. Las autoridades se comprometían a otorgar la licencia en un plazo de 90 días.
Además, en apego a la Ley de Secretos Oficiales (Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional), todo lo que está relacionado con estudios técnicos ambientales se considera “información reservada”. Tampoco se puede conocer la ubicación de los proyectos.
No sólo el extractivismo no se ha detenido, sino que vemos como siguen burlándose de quienes venimos luchando para que se garantice a las comunidades el derecho a la consulta previa, libre e informada.
-¿Cómo se ha organizado el Copinh para apoyar a las comunidades?
-Hemos potenciado el funcionamiento de nuestras radios comunitarias para posicionar cuatro puntos importantísimos.
El primero fue desarrollar una campaña sobre medidas de prevención y convivencia con personas contagiadas. Tuvimos el apoyo de médicos de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación y fue una campaña muy aterrizada a la realidad y limitaciones de las comunidades.
“Honduras solidaria”
Las radios sirvieron también como espacio de denuncia de abusos, así como de la corrupción gubernamental relacionada con la distribución de alimentos. El programa “Honduras Solidaria” fue una farsa. Fue indignante.
También se trabajó para la promoción de la soberanía alimentaria, dando todos los elementos para multiplicar los huertos familiares y comunitarios, y así diversificar la oferta alimentaria.
Finalmente se desarrollaron campañas dirigidas a la población infantil y juvenil para promover la educación, en vista de la reapertura de las escuelas.
Aparte de eso, tuvimos también que apoyar con alimentos algunas comunidades que sufren escasez crónica de agua y la producción no da abasto, producimos cartillas de salud y hasta proveemos tela para hacer mascarillas.
En fin, fue todo un trabajo de auto organización que envía señales importantes.
-¿Qué tipo de señales?
-Los impactos de la pandemia, sumado al saqueo presupuestario del régimen y el enorme endeudamiento, van a traer consecuencias gravísimas.
Por eso queremos apoyar más el desarrollo de huertos familiares y comunitarios, reivindicando la autonomía de las comunidades, la soberanía alimentaria y un modelo diferente de agricultura.
Rel UITA / COMCOSUR MUJER Nº 644 – 08/06/2020
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3) MÉXICO: MUJERES INDÍGENAS PROTESTAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NAYARIT
Con veladoras y pancartas, mujeres cora y wixárikas protestaron en la plancha de la Plaza Bicentenario de Nayarit para denunciar la violencia de género y exigir justicia para Leonila de la Cruz Pancho, mujer indígena asesinada por su vecino el pasado 24 de mayo en el municipio Del Nayar.
Frente al palacio de gobierno, las mujeres formaron el nombre de Leonila con las veladoras y exigieron justicia para todas las víctimas de feminicidio y violencia machista en la sierra del estado.
La presidenta del Colectivo de Artesanos de los cuatro Pueblos Originarios de Nayarit, Belén Muñoz Barajas, aseguró que “hay muchísimos casos” como el de Leonila que no han salido a la luz por la invisibilización de las mujeres indígenas.
“Qué bueno que ahora el caso de Leonila ha tocado la sensibilidad, pero nosotros seguimos consternados, porque es el primero que se ha dado a la luz y han tratado de resolver precisamente por la presión social”, dijo.
El feminicida que apuñaló 24 veces el cuerpo de Leonila ya fue detenido y se encuentra en el penal estatal Venustiano Carranza de Tepic.
“Este es uno de los pocos casos que se han solucionado; hay muchos crímenes que no se saben, no agarran a las personas que nos atacan, hay más acoso hacia nosotras”, señaló Lucero González, originaria de la comunidad de El Roble.
Las mujeres que participaron en la protesta exigieron a las autoridades estatales que “vean hacia la sierra” y que atiendan a las víctimas de violencia machista y garanticen su seguridad para denunciar a sus agresores, pues muchas no señalan a los que las violentan por miedo a represalias.
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 644 – 08/06/2020
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4) URUGUAY: MUJERES MARCHARON PARA DENUNCIAR FEMICIDIOS Y EXPLOTACIÓN
Cientos de mujeres se hicieron presentes en el Centro de Montevideo para marchar contra los femicidios, la desaparición de mujeres y las redes de explotación sexual en medio de la investigación por la Operación Océano.
Como cada 3 de junio y bajo el lema «Ni una menos» cientos de mujeres marcharon para denunciar la situación de inseguridad en la que viven y marcar su enfático rechazo a los femicidios, el abuso, la explotación sexual y la violencia de género.
Este junio la marcha coincidió con la investigación de la Operación Océano llevada adelante por Interpol y la Fiscalía de Delitos Sexuales y que ya tiene 15 hombres imputados en una causa que investiga la explotación de menores.
De la marcha también participaron madres de tres jóvenes desaparecidas como Sandra Cortazzo, desaparecida en abril de 2008, Milagros Cuello desaparecida en diciembre de 2016 y Florencia Barrales desaparecida en marzo de 2019.
Además de la movilización en la capital, se realizaron manifestaciones en todos los departamentos del país en donde grupos de mujeres organizadas y con los cuidados pertinentes por la pandemia hicieron escuchar su voz.
Eco / COMCOSUR MUJER Nº 644 – 08/06/2020
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5) URUGUAY: ASAMBLEA PERMANENTE 8M DENUNCIA RED DE TURISMO SEXUAL QUE OPERA EN SALTO
Cada 3 de junio Ni Una Menos convoca a miles de ciudadanas a poner en manifiesto los asesinatos de mujeres en manos de la violencia de género. La lucha interpela a la sociedad en su conjunto, en Salto una generación de jóvenes lleva adelante la Asamblea Permanente de Mujeres 8M que en la mañana de ayer bajó la arteria principal de la ciudad colocando cartelería y a viva voz de cánticos. Al arribo a Plaza de los Treinta y Tres Orientales realizaron una intervención frente a la mirada atenta de personal policial que controlaba la manifestación a través de drones. La intervención consistió en una escena de hallazgo de cuerpos de mujeres abandonados en bolsas de residuos, rodeadas por cinta de pare y con carteles reclamando justicia.
Proclama
La proclama denunció seis muertes de mujeres bajo formato de femicidio, una red de turismo sexual regional y reclamó justicia por los casos sin resolución solicitando al Estado compromiso en políticas públicas que protejan a la mujer. “En lo que va del año hubo 6 feminicidios en Uruguay y han habido 3 intentos de femicidio, uno en nuestra ciudad, donde aún se desconoce la pena del femicida. Y dos infanticidios en Rocha”. “Nos volvemos a autoconvocar frente a la injusticia, la impunidad del Estado, el silencio de la sociedad frente a tanta violencia patriarcal. Las denuncias de diversa índole siguen aumentando, las temáticas son variadas pero siempre referidas a situaciones de violencia basada en género hacia mujeres, niñas y niños, predominando entre estas el abuso sexual, acoso sexual, violencia física, psicológica, etc. La mayor parte de las denuncias ya habían pasado por la vía institucional y legal, no siendo atendidas como creemos que deberían haber sido. Las medidas tomadas con respecto a estas denuncias nunca son lo suficientemente efectivas para proteger y velar por la integridad de las víctimas. En gran parte también estas medidas son ineficaces porque hay una reincidencia de los delitos por parte del agresor”.
Abuso sexual
Con respecto a las denuncias por abuso sexual y pedofilia al no contar con un registro oficial de abusadores sexuales “nos encontramos con que varones que están denunciados y procesados por este delito, se encuentran hoy conviviendo en pareja con menores de edad, o trabajando en instituciones teniendo contacto directo con niños, niñas y adolescentes, sabiendo el riesgo que esto representa ya que en este tipo de delitos existe un alto porcentaje de reincidencia”.
Turismo Sexual
Puntualmente en la ciudad de Salto, “a través de la investigación que venimos realizando junto a Leticia Da Costa Leites por el feminicidio aún sin justicia de Nazarena Porto, a dos año de este femicidio, hemos detectado el funcionamiento de redes de trata a nivel regional cuyas víctimas son niñas y adolescentes, de entre 13 a 16 años, destinadas a ser explotadas sexualmente en la ruta de turismo sexual que integra Termas del Dayman, Termas de Arapey, la ciudad de Salto, Villa Constitución, Pueblo Belén, Bella Unión y Colonia 18 de Julio. Esto es una realidad y nos preocupa la inexistencia de investigaciones por parte de la Justicia, la falta de intervención por parte de equipos técnicos institucionales, la connivencia policial con estos delitos, y sobre todo por parte de la sociedad una naturalización de la desaparición de niñas y adolescentes ya que ha cambiado la modalidad, desapareciendo las mismas durante 3 o 4 días, regresando luego a sus hogares y así sucesivamente. Existen características comunes a estas chicas que son captadas por las redes de trata, por lo general provienen de barrios periféricos de nuestra ciudad o de pequeños pueblos, son vulneradas en muchos de sus derechos, tienen consumo problemático de drogas causado por quienes las captan, como forma de enganche, sin necesidad del secuestro”, señalaron.
Diario Cambio / COMCOSUR MUJER Nº 644 – 08/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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