1) Uruguay: Murió el escritor y militante David Cámpora /Soledad Platero
2) Uruguay: Un consorcio privado propone una nueva fuente de agua para OSE /Víctor L. Bacchetta
3) Uruguay: El coronel retirado Eduardo Ferro espera en la cárcel Domingo Arena el juicio por la muerte de Tassino
4) Uruguay: “Preocupante tendencia” a la baja de reportes de operaciones de lavado de dinero
5) La comida, un derecho humano esencial /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: MURIÓ EL ESCRITOR Y MILITANTE DAVID CÁMPORA
Soledad Platero /La Diaria, 30.03.2021
Preso político entre 1972 y 1980, Cámpora era el protagonista de Las manos en el fuego, la novela de Ernesto González Bermejo publicada en 1985 y que estuvo entre las primeras de su género a la salida de la dictadura.
El domingo, a los 86 años, murió David Alberto Cámpora Schweirzer, Chichí, integrante histórico de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y preso político desde 1972 hasta 1980.
Estuvo detenido en el penal de Punta Carretas, fue uno de los protagonistas de la famosa fuga de 1971 y recapturado el 14 de abril de 1972 en el episodio de la calle Amazonas, en Malvín, en el que fueron asesinados los dueños de casa, Luis Nelson Martirena e Ivette Rina Giménez. Junto con Cámpora fue detenido Eleuterio Fernández Huidobro. Ambos estaban ocultos en un “berretín” disimulado en un doble techo.
Chichí Cámpora murió por su propia mano.
Todos los que lo recordaron cuando circuló en las redes la noticia de su muerte mencionan su carácter metódico y previsor, consecuente con su profesión de contador público.
Dejó una carta de despedida dirigida a sus compañeros en la que explica que durante décadas consideró la posibilidad de poner fin a su existencia si veía peligrar la independencia y la dignidad. Estaba en posesión de ambas cuando decidió que era el momento, a pesar de que se estaba recuperando de una intervención que buscaba devolverle una mejor movilidad y, según decía, la perspectiva de una plena recuperación física era “excelente y no excesivamente molesta”.
No quiso, sin embargo, atravesar el demorado proceso hasta alcanzarla ni complicar en modo alguno la vida de quien “amorosamente” lo cuidaba.
Fue un investigador dedicado y estricto que elaboró un archivo histórico del movimiento al que pertenecía y lo donó luego, completísimo e indexado, a la Universidad de la República.
El “archivo David Cámpora” fue recibido en 2005 por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y depositado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), en donde “es consultado frecuentemente por académicos, periodistas, estudiantes nacionales y extranjeros”, según informa el propio CEIU en un comunicado.
“La responsabilidad, tenacidad y capacidad de trabajo y planificación que caracterizaron la personalidad de David Cámpora están en la base de ese archivo, en gran parte construido sobre su esfuerzo personal incansable, sobre la confianza que despertaba en los demás para que donaran sus documentos valiosos, en los viajes que realizó durante años a distintos países del mundo donde permanecían residiendo compañeros después del exilio o donde radicaban instituciones de solidaridad con testimonios y documentos que repatriar a Uruguay, en la inventiva para buscar financiamientos o mejorar la organización del acervo documental, siempre consultando a quienes podían darle una opinión calificada o siempre buscando colaboradores desinteresados que ayudaran a una tarea que sentía colectiva”, agrega.
En 1992 la editorial Trilce publicaba Los espejos rotos: reflexión conjunta sobre la actual crisis civilizatoria, escrito por Cámpora en coautoría con Gaby Weber.
No disponemos de espacio para dar cuenta de los testimonios aportados por quienes fueron sus compañeros de militancia, y debemos decir que no es habitual informar del fallecimiento de un militante político en las páginas de cultura, pero a la condición de investigador y autor que bastaría para justificar esa rareza se suma otra, y esta sí, peculiarísima: con David Cámpora muere un personaje literario.
Muere el protagonista de un relato, Las manos en el fuego, que inició un camino de escrituras histórico-testimoniales que se desarrollaría especialmente en la segunda mitad de la década del 80 y que tendría un papel crucial en el conocimiento y la sensibilización de la población en torno a los hechos del pasado reciente (expresión que usamos hasta hoy y que nunca tuvo, como entonces, un sentido tan estricto).
Luego vendrían los trabajos de investigación académica, la recuperación de archivos, la discusión política y las relecturas de este o aquel acontecimiento, pero en el libro del periodista Ernesto González Bermejo, escrito a partir de (según explica la edición de Banda Oriental) “noventa horas de grabaciones” y “mil doscientas carillas de cartas”, además de respuestas a cuestionarios y otros materiales, se iniciaba un camino de reconocimiento y aceptación de lo ocurrido imprescindible para seguir adelante.
Soledad Platero /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2287 /miércoles 31.03.2021
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2) URUGUAY: UN CONSORCIO PRIVADO PROPONE UNA NUEVA FUENTE DE AGUA PARA OSE
Reaparece la idea de extraer agua del Río de la Plata para asegurar el abastecimiento de Montevideo en un proyecto que replantea la posible gestión privada del servicio de agua potable
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, 28.03.2021
“Se aprobó una iniciativa privada de vital importancia”. En su discurso ante el Parlamento el 2 de marzo pasado, el presidente Luis Lacalle Pou anunció un proyecto de unos 200 millones de dólares para la captación de agua del Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora y una tubería de más de 80 kilómetros de longitud, entre las tres inversiones más importantes estudiadas por el gobierno nacional.
El proyecto denominado “Neptuno- Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo”, fue presentado por las empresas uruguayas Ciemsa, Berkes y Saceem, junto a la brasileña Fast, en el marco de la Ley N°17.555 del año 2002 que habilitó al Estado a recibir iniciativas del sector privado para ser ejecutadas en forma directa o por concesión de acuerdo con las normas en vigencia.
Berkes y Saceem integran el Grupo Vía Central a cargo del Proyecto Ferroviario de la planta de celulosa de UPM en Durazno. Son empresas constructoras con proyección internacional cuyo negocio es asociarse con los Estados en obras de infraestructura y logística. Cuando esa asociación adopta vías espurias ha dado lugar a los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos en los países de la región.
Según el procedimiento previsto por la ley 17.555, una vez aprobada la iniciativa por la Presidencia de la República, el ente involucrado, OSE en este caso, debe analizar si cumple los requisitos legales y es aceptable la propuesta. La aprobación por parte de OSE el pasado 24 de febrero abrió una nueva etapa donde los proponentes deben presentar un estudio de factibilidad para realizar la evaluación final del proyecto.
Al cabo de este proceso, la administración puede aceptar o rechazar el proyecto, sin incurrir en responsabilidades si no lo acepta. A su vez, la aceptación no significa la adjudicación sino que debe llamarse a una licitación pública para elegir la mejor oferta. No obstante, los proponentes iniciales tendrán entre el 5% y el 20% de ventaja en el puntaje frente a los competidores y la posibilidad de mejorar su oferta.
Si los promotores del proyecto no se presentan o no son los ganadores de la licitación, tendrán derecho a recibir del adjudicatario una compensación equivalente al costo de los estudios realizados. Aunque el director de Saceem, Alejandro Ruibal, presenta la propuesta como si fuera una audaz innovación empresarial, la idea tiene medio siglo y ya en el año 2000 OSE analizó un proyecto muy similar.
El proyecto “Transferencia de agua del Río de la Plata a Montevideo y reforzamiento institucional de OSE” era apoyado desde la Gerencia General por el ingeniero Arturo Castagnino. En 2005, al sobrevenir el gobierno del Frente Amplio, este proyecto fue dejado de lado y Castagnino removido de la gerencia. Pero en abril de 2020, bajo el gobierno de la coalición multicolor, Castagnino fue restituido en el cargo.
Aparentemente, las autoridades anteriores a los 15 años de gobierno del Frente Amplio volvieron por sus fueros e hicieron resurgir el proyecto para usar el Río de la Plata como fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Montevideo. Sin embargo, entre aquel proyecto y el actual existen diferencias en el alcance, las condiciones técnicas y, sobre todo, en el modelo de gestión.
Similitudes y diferencias
Ambos proyectos ubicaron la toma de agua frente a la playa de Arazatí. El proyecto de OSE trasladaba el agua por una tubería de 11 kilómetros, un canal a cielo abierto de 41 kilómetros y otra tubería de 47 kilómetros hasta la planta potabilizadora en Melilla. Salvo que el proyecto Neptuno sitúa la planta potabilizadora junto a la toma del agua y no tiene el tramo de canal a cielo abierto, la estructura de las propuestas es coincidente.
En el año 2003 OSE se proponía no sólo diversificar las fuentes de agua para Montevideo y la seguridad de abastecimiento frente a una sequía severa, sino también suministrar agua brutaal sector agrícola en el área de influencia del proyecto. Se estimaba poder atender unas 16 mil hectáreas de cultivos mientras el área regada en ese momento era del orden de 4.266 hectáreas, o sea, un 27% del área potencial.
El proyecto Arazatí de OSE del año 2003
El proyecto Neptuno no incluye el riego, aunque sus autores no lo descartan. En una entrevista, Ruibal expresó que su propuesta no anula los proyectos de represas en los arroyos Casupá y El Soldado, aguas arriba en la cuenca del río Santa Lucía, y que el ente puede vender agua bruta si tiene excedente. Aludía a la Ley N°17.277 del año 2000 que modificó la Ley Orgánica de OSE y habilitó esa posibilidad.
Desde su origen esta idea fue muy controvertida. Un informe titulado “Cuenca del Río de la Plata: estudio para su planificación y desarrollo. Cuenca del Río Santa Lucía .Desarrollo de los Recursos Hídricos”, publicado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1971, descartó esa alternativa por considerarla muy costosa y porque en el sitio elegido algunos días del año hay una salinidad incompatible con la potabilización.
La nueva administración del Frente Amplio en OSE descartó el proyecto de extracción de agua del Río de la Plata por razones técnicas, políticas y de gestión. Según Daoiz Uriarte, a cargo de la secretaría general del ente desde 2005, los estudios realizados hasta 2012 mostraban que la intrusión salina llegaba al menos varias veces por año hasta Arazatí, lo cual arriesgaba el abastecimiento y generaba inseguridad.
Para Uriarte, el problema del abastecimiento metropolitano no era de cantidad sino de distribución y, cuando se construyó en dos años la sexta línea de bombeo y el troncal del Cerro, se acabaron los problemas de abastecimiento. La capacidad de reserva se resolvía con la sobreelevación de la represa de Paso Severino, que ya tiene hechas las expropiaciones, pero luego se priorizaron las represas aguas arriba.
Con respecto a la contaminación, Uriarte considera que esas dos represas, al estar en la misma cuenca del río Santa Lucía, no resuelven un problema que se debe detener controlando y multando a los productores rurales, responsables del 80% de la sobrecarga de nutrientes en el agua. En este aspecto, la alternativa del Río de la Plata tampoco es una solución porque tiene el mismo tipo de contaminación.
En cuanto a la inversión, mientras con el proyecto Neptuno se habla de 200 millones de dólares, para el proyecto de OSE se calculaban 27:260.000 dólares en 2003, que actualizados al año 2021 equivalen a unos 40 millones de dólares. En esta cifra se incluía el equipamiento y las redes de distribución extra predial para el riego, junto con un programa de apoyo a los agricultores y otro de apoyo institucional a OSE.
Violentando las normas
Por encima de las consideraciones técnicas, ambientales y económicas requeridas en cualquier proyecto, tratándose del servicio de agua potable se debe decidir quién se hará cargo no solo de la obra sino de la operación posterior. La forma de la gestión futura de este proyecto, que en principio está claramente resuelta por disposiciones constitucionales y legales, está dando pie a un replanteo de estas normas.
De acuerdo con la ley 17.555, la aprobación de la iniciativa por la Presidencia de la República y por el directorio de OSE no significa la aprobación final del proyecto ni de la gestión de la obra y del servicio a prestar. Sin embargo, mientras los proponentes elaboran los estudios de factibilidad requeridos, ya se han expresado públicamente algunas posiciones que permiten anticipar las intenciones en juego.
En diciembre, el nuevo presidente de OSE, Raúl Montero, reveló que a la represa de Casupá, con financiamiento de 80 millones de dólares ya resuelto por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), le habían surgido competidores. Siguieron sólo vagas referencias a una alternativa en el Río de la Plata por el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, hasta el anunció en el mensaje presidencial de marzo.
Montero se ha mostrado partidario de esa opción por la ventaja de no depender de una sola fuente, admitiendo al mismo tiempo que estudian la posibilidad de que la empresa adjudicataria mantenga y opere la nueva infraestructura. A la vez que afirma que no harán nada fuera de la Constitución, lo justifica diciendo que “OSE contrata un montón de cosas. Compra tuberías, no las fabrica, y nadie dice nada”.
La postura oficial se manifestó más claramente en un informe de la Gerencia Jurídico Notarial de OSE que sostiene que este proyecto no viola la disposición del artículo 47 de la Constitución, votada en el plebiscito de 2004, que establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Ese informe jurídico afirma que existe una “crisis de la noción de servicio público” para alegar después que la norma constitucional solo implica “la obligación legal de llevar a cabo una actividad de prestación (…) sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad” (sic). Según esta interpretación, el Estado podría ser un mero intermediario que compra y vende servicios.
El directorio de OSE aprobó la iniciativa por unanimidad. El director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, fundamentó el voto en la conveniencia de conocer con el estudio de factibilidad los costos reales y aspectos fundamentales de la propuesta para dar una opinión definitiva. Ortuño se quejó de contar con una información limitada y de estar siendo excluido en la consideración de proyectos estratégicos del ente.
Este año, el acto del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, por la Comisión Nacional, otras comisiones locales y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se centró en las implicaciones del proyecto Neptuno. “Se quiere reinterpretar el artículo 47 e incluso modificar la Ley Orgánica de OSE que antepone las razones de orden social a las de orden económico”, denunció el dirigente de FFOSE Nicolás Ferreira.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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3) URUGUAY: EL CORONEL RETIRADO EDUARDO FERRO ESPERA EN LA CÁRCEL DOMINGO ARENA EL JUICIO POR LA MUERTE DE TASSINO
La Justicia lo investiga por el secuestro y asesinato del militante de izquierda ocurrido en 1977. Enfrenta varias causas por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Sudestada, 29.03.2021
A fines de 2016 el coronel retirado Eduardo Ferro, fue citado por la justicia para declarar en el marco de la investigación por la desaparición y muerte del militante comunista Óscar Tassino pero nunca llegó a la sede penal. Se fugó a España. En 2017 Interpol lanzó la orden de captura internacional, lo cual permitió su detención en setiembre de ese año. Sin embargo, cuando estaba en marcha el proceso de extradición, el represor volvió a evadir a la Justicia y no se volvió a saber de él hasta inicios de este año.
A fines de enero, Ferro se entregó ante la policía en Valencia. Según la versión que dio a sus ex camaradas a través de mensajes de audio, había intentado sin éxito por varias vías cobrar su jubilación como militar, pero al no poder lograrlo se quedó sin sustento económico.
El sábado 27 de marzo sobre las nueve de la mañana, Ferro pisó el Aeropuerto de Carrasco y escoltado por funcionarios de Interpol, fue trasladado directo a la sede judicial ubicada en la calle Uruguay. Un dispositivo policial lo esperaba en la puerta de la calle Convención. En los alrededores, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Plenaria Memoria y Justicia, esperaban con carteles la llegada del ex represor.
Un vallado permitió que Ferro ingresara lejos de las cámaras televisivas y los militantes. Ingresó minutos antes de las once de la mañana, y su comparecencia se extendió por unas seis horas.
El militar no tuvo que hacer cuarentena al llegar. La jueza penal de 27º Turno, Silvia Urioste, hizo las consultas correspondientes ante la División de Frontera del Ministerio de Salud Pública, y se le informó que hay una excepción en el caso de personas requeridas por la Justicia, que pueden ser trasladadas a la sede judicial si tienen un PCR negativo.
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, considera que hay pruebas suficientes para formalizar a Ferro, como responsable de la desaparición y asesinato del militante Óscar Tassino en 1977. Pero el militar retirado no declaró, por recomendación de sus abogados Emilio Mikolic y Graciela Figueredo.
Al igual que otros represores sometidos a la Justicia, la defensa de Ferro pretendió dilatar el juicio mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado en el caso de los delitos cometidos durante la dictadura.
Urioste denegó el recurso e indicó que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió ese punto. Por lo tanto, la defensa insistió y presentó una queja que luego fue rechazada.
Iniciada la audiencia, los abogados insistieron en una nueva chicana, esta vez basándose en la supuesta prescripción de los delitos imputados al exmilitar. Esto también fue rechazado, por lo cual se presentó un recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad, por lo que Ferro no declarará hasta que esto no se resuelva, según explicó el fiscal Perciballe a Sudestada.
La jueza accedió al pedido de Fiscalía de que Ferro aguarde en prisión preventiva hasta que se resuelvan estos “incidentes reclamados por su defensa ya que existen antecedentes y riesgo de fuga”, expresó Perciballe. El militar aguardará en la cárcel de Domingo Arena, donde cumplen su condena varios militares acusados de delitos cometidos en dictadura, entre ellos Gilberto Vázquez, quien luego de un largo tiempo en prisión domiciliaria debió volver a cumplir su condena en la cárcel.
No hay un plazo previsto para que la magistrada resuelva sobre el caso. Pero habrá 15 días para resolución cuando se pueda hacer la audiencia indagatoria y eventualmente la fiscalía solicitará el procesamiento, según explicó el fiscal del caso.
Las acusaciones contra Ferro
Óscar Tassino fue secuestrado el 21 de julio de 1977 cuando a las 9 horas tres hombres de particular entran corriendo a la finca de Máximo Tajes 6632, armados y a cara descubierta, gritando pertenecer a las Fuerzas Conjuntas.
“Una hora más tarde llega Óscar Tassino e inmediatamente es dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado. Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, según consta en la ficha elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Entre los hombres que formaron parte de ese grupo de militares que secuestró a Tassino se encontraba Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, alias Oscar o Guillermo, quien fue identificado por Hermes Luis Fulle Fleitas y Ana María Regnier de Fulle ante la Oficina de las Naciones Unidas en Bruselas el 28 de noviembre de 1978. Ambos se encontraban en la casa cuando el grupo de las Fuerzas Conjuntas llegó a la casa donde se escondía Tassino.
“Estuvieron aproximadamente una hora más en mi casa, revisando cosas, y al final, uno de los oficiales intervinientes -que yo calculo sería el segundo que reconozco por un material que he visto aquí, por lo menos creo reconocerlo, un tal Ferro, que sería éste… (El declarante señala una foto entre varias que aparecen en un documento)… la foto es muy mala, pero en éste reconozco al hombre que dio la orden (…). Con este oficial Ferro, que viene junto con una mujer de unos 25 a 30 años, morocha, de pelo negro -no puedo identificar nada más de ella-, se da una conversación medio extraña para la época que vivimos ahora, pero que en aquel momento era común: “Mirá, tenés que darnos gracias a las fuerzas conjuntas y a nuestro comando, porque te vamos a dejar vivo. La condición es que te tenés que ir. Te damos dos horas para irte. Te levantamos el requerimiento en el Aeropuerto de Carrasco para que te puedas ir” (…) si no me iba, luego habría otros servicios que se encargarían de mí. Inmediatamente de eso se produce una conversación en la cual Ferro me dice: “Andá a tu Madre Patria y decile que cuanto más pidan por los presos, más muertos les vamos a hacer, y cuanto menos carne nos compren, más presos van a tener”, narró Fulle.
Fue trasladado a un centro clandestino de detención en La Tablada y dos días después murió tras ser torturado.
En 1985, tras la vuelta a la democracia comenzó a investigarse su caso pero se cerró poco después al ser amparado dentro de la Ley de Caducidad. En 2011, la causa se reabrió.
Ferro es señalado como uno de los responsables de su detención y muerte, junto a los coroneles retirados Jorge Silvera y Ernesto Ramas, en el marco de acciones coordinadas dentro del Plan Cóndor.
Sobre Silvera pesa un pedido de procesamiento. Estaba previsto que declarara a fines de marzo pero la audiencia se postergó para el mes de abril. Mientras que Ramas aún no declaró por problemas de salud y aguarda la realización de una pericia médica para poder confirmar una fecha de audiencia, según informaron fuentes del caso.
Luego que la jueza Urioste resuelva la situación de Ferro en torno al caso Tassino, el militar deberá comparecer ante el juzgado de 10º Turno de Maldonado. Allí es investigado por presuntas torturas en el Batallón de Laguna del Sauce durante la dictadura. La denuncia fue presentada por Raúl Giorgetta en 2018, quien indicó haber sido víctima de las agresiones durante su detención junto al hoy publicista Claudio Invernizzi.
Por otra parte, la Justicia Española deberá informar si habilita a la Justicia uruguaya también a interrogar a Ferro por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y los hijos de ambos en Porto Alegre, Brasil, en el año 1978.
Años atrás, Ferro admitió que participó en el secuestro de la familia en el operativo denominado “Zapatos rotos”, que los tuvo cautivos 18 días y luego, los niños entregados a sus abuelos maternos. Mientras que Rodríguez y Celiberti estuvieron detenidos hasta 1985.
Este caso es investigado por la sede penal de 23º Turno de Montevideo pero aún no puede interrogar a Ferro, ya que la extradición habilita a Uruguay a interrogarlo por los casos de Tassino y del Batallón de Maldonado. Por lo tanto, se debe aguardar ahora que el acuerdo de extradición, habilite a sumar esta causa pendiente.
Además de la muerte de Tassino, y los secuestros de Rodríguez y Celiberti, Ferro es señalado como responsable del asesinato del escribano Fernando Miranda -padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda-; de haber participado en el homicidio de María Claudia García de Gelman; y de haber torturado a decenas de uruguayos en centros clandestinos de detención, en la ciudad de Buenos Aires como parte del Plan Cóndor.
Sudestada, periodismo y transparencia
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4) URUGUAY: “PREOCUPANTE TENDENCIA” A LA BAJA DE REPORTES DE OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
Se registra “una gran disminución” en reportes presentados por el sector no financiero. La aprobación de la LUC es una de las causas, según último informe oficial del BCU
Sudestada, 31.03.2021
Durante el año 2020 la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero presentados por el sector financiero “fue exactamente igual a los presentados en el año 2019 (626 reportes), registrándose una gran disminución en los reportes presentados por el sector no financiero de aproximadamente 54% (se recibieron 68 reportes en el año 2020 y 149 en 2019)”, según el último informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU).
En 2020 los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos disminuyeron frente al año 2019 y marcaron el menor nivel desde 2017. En 2020 fueron 694 reportes frente a 775 en 2019 y 782 en 2018. La cantidad de reportes de operaciones sospechosas marca una baja que comenzó en el año 2019 cuando se quebró la tendencia creciente en la cantidad de reportes registrados entre 2011 y 2018, señala el informe de la UAIF.
En el documento se cuestiona que “históricamente, los intermediarios de valores han representado un escaso porcentaje del total de reportes de operaciones sospechosas presentados por el sector financiero, lo cual no condice con el perfil de riesgo en materia de lavado de activos que representan en promedio estas entidades en función de sus clientes y operaciones”.
Entre las posibles causas de esta “reducción significativa” en la cantidad de reportes sospechosos de lavado de activos presentados por los sujetos obligados «pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo, como consecuencia de las disposiciones que introdujo la Ley de Urgente Consideración, aprobada en 2020, la reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI (Uruguay lo pasó entre 2019 y 2020), así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia”, explica el documento del Banco Central.
Varios especialistas habían advertido a Sudestada sobre los peligros que podría originar la derogación de varios artículos de la Ley de Inclusión Financiera que cayeron con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Entre ellas que si se liberaban las operaciones para el uso generalizado de dinero efectivo, podía implicar asumir mayores riesgos en la lucha contra el lavado de dinero.
El informe 2020 del BCU asegura que “para revertir esta preocupante tendencia” de caída de los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero, “será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”.
Entre los 626 operaciones denunciadas por el sector financiero en 2020, solamente los bancos los incrementaron (de 435 a 481) y otras instituciones de intermediación financiera (que pasaron de 1 reporte a 2). Como contrapartida, descendió la cantidad de denuncias en las empresas de servicios financieros y casas de cambio de 19 a 13, los intermediarios de valores a la mitad (de 18 a 9), los asesores de inversión a menos de la mitad (de 16 a 7), las compañías de seguros de 14 a 2 y las empresas de transferencias de fondos de 100 a 95.
“Si bien las actividades de supervisión de la UIAF y la Superintendencia de Servicios Financieros (ambas del BCU) han hecho foco en esa debilidad, el escaso número de reportes presentados por ese tipo de entidad en el año 2020 es un indicador que deberá reforzar la estrategia de supervisión en los próximos años (…) En el caso de las empresas de seguros, la caída puede deberse a la modificación introducida por la Ley 19.889 (LUC), que limita el sistema de prevención a la operativa de seguros de vida”, según el documento.
En el desglose más fino, en el documento se precisa que los 68 reportes que corresponden del sector no financiero, solamente aumentaron los reportes los abogados (de 1 a 2), asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos (de 1 a 2), mientras que explotadores de zonas francas los mantuvieron en 6. Sin embargo, señala que se redujeron notoriamente los reportes provenientes de casinos (de 53 a 27), escribanos (de 33 a 14), contadores (de 9 a 1), inmobiliarias (de 11 a 9), rematadores (de 11 a 2), constructoras (de 1 a 0) y proveedores de servicios societarios (de 23 a 5).
En el período 2016-2020, el 54,5% de las operaciones sospechosas fue denunciada por los bancos, seguido de las empresas de transferencias de fondos con 9,3%, los casinos con 7,2%, las empresas de servicios financieros y casas de cambio con 4,7% y los escribanos con 4,6%.
“Sin dudas el año 2020 ha sido muy particular y se ha visto dominado por las consecuencias de la pandemia en todas las actividades que se ha expandido mundialmente. Esta situación excepcional, que en algún tipo de sujeto obligado del sector no financiero como los casinos implicó el cese o la realización de actividades en forma muy limitada en buena parte del año, explica en ese caso particular el descenso en la cantidad de reportes. Sin embargo, no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída registrada” en la cantidad de reportes presentados entre todos los sujetos obligados del sector no financiero, señala el informe del BCU.
“Dentro de las posibles causas de esa reducción significativa en la cantidad de ROS presentados por ese sector de sujetos obligados pueden identificarse una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones que introdujo la LUC aprobada en 2020, la reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI , así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia”, explicó la UIAF.
“Para revertir esta preocupante tendencia” de caída de reportes sospechosos del sector no financiero, “será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y los sujetos obligados”, señala el informe.
De todos los reportes de sospecha de lavados “se puso en conocimiento de la justicia penal competente la información relacionada con 12 casos a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito al haberse detectado la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas”, sostiene el BCU. Esos 12 casos contenían “la información proporcionada en 43 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y en 2 investigaciones de oficio iniciadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero”.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2287 /miércoles 31.03.2021
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5) LA COMIDA, UN DERECHO HUMANO ESENCIAL
Vía Campesina exige respeto pleno al derecho a la alimentación
Próxima Cumbre sobre Alimentación debatida en el Consejo de DDHH de la ONU
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
A escaso medio año de la fecha prevista para la realización de la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, el rol esencial de los campesinos y la agroecología fueron tematizados durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos que culminó el 24 de marzo en Ginebra, Suiza.
Vía Campesina y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), ONG progresista observadora ante la ONU, presentaron la posición de trabajadores rurales, pequeños productores y centenas de ONG y actores solidarios. Es esencial que los Estados protejan las zonas rurales, así como la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis ( www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_derecho-alimentacion-1.pdf ), enfatizaron.
Advirtieron que los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a “desmantelar los espacios multilaterales”, para privilegiar al sector privado de la alimentación en lugar del interés general de los pueblos. En relación a la Cumbre alimentaria de las Naciones Unidas prevista para el último trimestre del 2021 denunciaron que “los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos”.
Los Estados y la ONU, insiste Vía Campesina, deben garantizar que las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén en el centro mismo de atención de ese evento internacional. (viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf ). Y recuerda que la Declaración sobre los Derechos Campesinos, aprobada en la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2018, debe ser la “hoja de ruta común” a favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado. (undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ).
Destapar oídos sordos
Vía Campesina y el CETIM, siguen de cerca los preparativos de la Cumbre considerándola “un evento tan crucial como controvertido”, afirmó Melik Özden, director del Centre Europa-Tercer Mundo en entrevista con este corresponsal la última semana de marzo.
“Constatamos la injerencia y la influencia indebida ejercida por las empresas transnacionales del agronegocio, con el fin de utilizarla la Cumbre en su propio beneficio”. Lo que no es una sorpresa, según Özden. Esas multinacionales están presentes en las instancias de negociación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como en otros espacios multilaterales, que se ven cada vez más afectados por esta presión transnacional. A través de estos métodos, los monopolios pretenden asegurar su control sobre los organismos internacionales donde se toman las decisiones importantes, enfatiza.
Vía Campesina y CETIM decidieron intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención de los participantes (Estados, instituciones multilaterales, ONG) sobre el riesgo de interferencia e injerencia que sufre la preparación de la Cumbre. Y advertir sobre la repercusión negativa que dichas presiones pueden tener sobre la alimentación y el campesinado familiar. Melik Özden reivindicó como trascendente el reciente informe de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación durante la sesión del Consejo de DDHH ( undocs.org/es/A/HRC/46/33)
El Relator de la ONU habla claro
Fakhri, profesor de Derecho de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, presentó en esta 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación actual del Derecho a la Alimentación. El mismo analiza el impacto de la pandemia en la actual crisis inminente del hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.
Tema esencial del informe, también, la preparación de la Cumbre de la Alimentación de la ONU. “Dicho con pocas palabras: inicialmente los derechos humanos fueron excluidos de los preparativos de la misma; aunque ya han sido incluidos, aún permanecen en los márgenes”, subraya Michael Fakhri. Quien recuerda que más de 500 movimientos sociales de agricultores, sindicatos de trabajadores de la alimentación y activistas de derechos humanos plantearon su preocupación a la ONU que los intereses empresariales acaparen la política alimentaria mundial. “Los primeros materiales de preparación de la Cumbre reflejaban los términos y el marco del proyecto del Foro Económico Mundial (ndr: de Davos) para transformar el sistema alimentario”. De hecho, en el primer año de los preparativos de la Cumbre no se mencionaron los derechos humanos, lo cual no era coherente con la misma convocatoria a la misma, afirma.
Fakhri también señala en su documento que “debido a la marginación constante de los derechos humanos durante la preparación de la Cumbre”, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas -que representa a 300 millones de afiliados- decidió impugnarla. Y agrega: “la Cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios, a saber, las soluciones basadas en el mercado”. En contraposición, el enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, prioriza los seres humanos a los beneficios económicos.
Y su crítica directa revela argumentos conceptuales esenciales: aunque el título de la Cumbre parece indicar que deberían coexistir los múltiples sistemas alimentarios, “en la actualidad los preparativos están dando prioridad a un tipo de conocimiento, a saber, la ciencia experimental, y a un tipo de política, a saber, la agricultura intensiva sostenible, también conocida como la nueva revolución verde”.
Agroecología, apuesta esencial
Y reivindica –escuchando a los movimientos sociales como Vía Campesina- la agroecología, que “supone un enfoque diferente y actualmente está ausente de los preparativos de la Cumbre”. El Relator sostiene: “la agroecología es una disciplina científica que incluye conocimientos experimentales centrados en la ecología de los entornos agrícolas. Su objetivo principal es imitar en la medida de lo posible los procesos ecológicos y las interacciones biológicas para concebir métodos de producción basados en reunir cultivos, animales, árboles, suelos y otros factores en sistemas espaciales/temporales diversificados” que permitan a las explotaciones agrícolas generar una fertilidad del suelo, una protección de los cultivos y una productividad propias”.
Con la claridad extrema del rigor científico y ético, el Relator Especial evalúa que “la Cumbre no solo no da ninguna cabida a la agroecología, sino que también deja de lado los conocimientos experienciales o tradicionales, lo que tiene el efecto grave de excluir a los pueblos indígenas y sus conocimientos”. Y recuerda que el mismo Secretario General de la ONU recientemente subrayó que “los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la población mundial pero, sin embargo, son los guardianes del 80 % de la biodiversidad mundial en tierra”.
El Informe de Michael Fakhri, relevante en cuanto a sus fundamentos científicos y sensibilidad social, concluye con una serie de constataciones y recomendaciones. En cuanto a la Cumbre se ha propuesto transformar los sistemas alimentarios del mundo… Sin embargo, nada puede transformarse adecuadamente con toda una población enferma, cansada, pobre y hambrienta; la mayoría de los Estados ya no son capaces de gobernar adecuadamente durante la crisis. Los Estados deben velar por que la máxima prioridad de la agenda internacional permita confrontar la crisis de hambre inminente y las consecuencias de la pandemia de COVID-19”.
Enfatiza, además, que la Cumbre debe estar intrínsecamente definida por los derechos humanos y el multilateralismo, lo que significa, en la práctica, frenar el intento de las transnacionales de apropiarse de ese evento para sus intereses. Y subraya la necesidad que los resultados se expresen en procesos multilaterales, por ejemplo, vía el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que en la misma “predominen las discusiones en torno a la agroecología”.
Concluye la sesión de Ginebra de marzo, se baja el telón, y el debate alimentario transita otro nivel. La voz de los movimientos sociales, coincidente con el Relator especial de la misma ONU para el tema de la alimentación, entró en el espacio simbólico de la catedral de los derechos humanos. Los graves problemas políticos que encierra la convocatoria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios están sobre la mesa. Muchos Estados hacen oído sordo y miran para otro lado. Sin embargo, la sociedad civil internacional pone la cara, critica, denuncia y exige rectificaciones. Nada es banal. Lo que está en juego es la alimentación en un mundo que vio duplicarse la cantidad de hambrientos en el último año a causa de la pandemia. Hambre en aumento, comida chatarra transnacional o alimentación agroecológica, éste es el debate.
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2287 /miércoles 31.03.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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