1) Uruguay recicla solo el 5% de sus residuos y entierra toneladas de gran valor
2) Uruguay: UTE reinventa una SA para absorber personal mediante el derecho privado
3) Argentina: Partidos políticos, periodistas, medios e intermediarios de Internet firman un “Compromiso Ético Digital” contra la desinformación
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1) URUGUAY RECICLA SOLO EL 5% DE SUS RESIDUOS Y ENTIERRA TONELADAS DE GRAN VALOR
Día Mundial del Medio Ambiente. Ante baja tasa de reciclaje el gobierno apura la Ley de Gestión Integral de Residuos. Críticas de la industria y los recicladores
Valentina Caredio /Sudestada, 05/06/2019
El oficialismo busca unir esfuerzos nacionales y departamentales para crear una reglamentación integral de residuos que combata el daño ambiental que el ser humano y su basura generan. Ya existe una Ley de Gestión de Envases y otra de Bolsas Plásticas, pero no son suficientes.
En Uruguay se recicla tan solo el 5 por ciento del total de los residuos que se generan, según datos brindados por Alejandro Nario, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Solo en Montevideo, los hogares generan por día 1600 toneladas de basura, y llegan a las cuatro plantas de reciclaje el equivalente al 1 por ciento de las que se pueden recuperar “siendo optimistas” el 30 por ciento, de acuerdo al vicepresidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), Carlos Gea.
El 16 por ciento de la basura que se genera en el país es plástico (450 toneladas por día) y se recicla la décima parte. A su vez, de las 420 mil toneladas de plástico que entran al país por año (se estima que la cifra puede ser mayor porque otros productos entran sin ser declarados como tal, por ejemplo los artefactos electrónicos), 160 mil toneladas terminan en los vertederos, explicó Agustín Tassani, presidente del Centro Tecnológico de Plástico (CTPlas) a Sudestada.
El área de recolección de residuos se debía priorizar, según el director Nacional de Medio Ambiente Alejandro Nario, y, por este motivo, se creó un proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos que se presentó en Cámara de Senadores a mediados de 2018. Hoy en día se está discutiendo en la comisión de medioambiente del Senado y 60 de los 80 artículos ya están aprobados.
El oficialismo lo incluyó dentro de las siete leyes que deberían ser aprobadas antes de que termine la legislatura y por ello lo está analizando de forma bicameral, de acuerdo a Daniel Garín, vicepresidente de la comisión. Esto se debe a que es una ley que requiere mucho trabajo y gran cantidad de recursos para su aplicación, por lo que se pretende que esté aprobada para que el próximo gobierno pueda incluirla en el presupuesto nacional.
La iniciativa proyecta trabajar en la recolección de residuos desde cuatro ejes: ambiental, económico, educativo-cultural y social.
El plan nace como una preocupación ambiental, “para reducir la cantidad de residuos, pensar en el reciclaje y en la valorización de los residuos”, explicó Garín a Sudestada. Pero también tiene un componente de desarrollo económico, que se propone crear una industria del reciclaje y el Fondo Nacional para la Gestión de Residuos (FONAGRES).
En cuanto a las dimensiones educativa y cultural, y la social, Garín dijo que “los vertederos son el soporte de una parte de la población que vive en extrema pobreza, que son los clasificadores. Muchas veces encuentran en los magros ingresos que les da la clasificación una forma de llevar adelante su vida, pero siempre lo hacen en el marco de la pobreza”.
Carlos Gea manifestó que la situación de los clasificadores actualmente “es muy desastrosa”, pero esperan que cambie si se aprueba el proyecto de ley. Si bien en Montevideo se pretende inaugurar una quinta planta, actualmente en las 4 en funcionamiento trabajan 124 personas “de los miles clasificadores que hay” en la capital. De todas formas, el vicepresidente de UCRUS manifestó que hay “dos aspectos positivos en la ley: pone atención a la recuperación de los residuos y en el trabajo de la clasificación”.
Valentina Caredio / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2214 / Miércoles 12.06.2019
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2) URUGUAY: UTE REINVENTA UNA SA PARA ABSORBER PERSONAL MEDIANTE EL DERECHO PRIVADO
Jurídica considera ilegal abrir una empresa privada a fin de contratar empleados para el ente, pero propuso sortear el escollo con una sociedad de prestación de servicios: Solfiral
Walter Pernas / Sudestada / 31/05/2019
El directorio de UTE comenzó a buscar desde principios del año pasado, la forma de contratar personal sin asignarle la categoría formal de funcionario público. En ese camino, procuró crear una empresa privada –100 % propiedad del Estado– que se dedicara a contratar mano de obra para trabajar en el ente, pero que quedara fuera del alcance de las normas que regulan la actividad laboral de la Administración Pública.
Un informe de la Gerencia de Asesoría Legal frenó esa idea por considerarla inconstitucional, pero le propuso al Directorio una forma de eludir las barreras impuestas por la Carta Magna, de acuerdo a la documentación a la que accedió Sudestada.
El artículo 190 de la Constitución de la República establece que “Los Entes Autónomos y los Servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro de que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de su recursos para fines ajenos a sus actividades normales”, recuerda el informe de la Gerencia de Asesoría Técnico Jurídica fechado 21 de noviembre de 2018.
Pero indica que “UTE puede constituir una sociedad que se rija con el derecho privado y luego contratar con esta para que la sociedad realice determinadas tareas. Es decir que no contrataría el personal sino que contrataría la prestación de determinada tareas u obra. La administración de esa sociedad será de cargo de la misma y UTE será responsable subsidiaria o solidaria como cualquier otra contratación”.
“De conformidad con los cometidos y las competencias asignadas a esta Administración, no es posible constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la contratación y suministro de personal a UTE o a terceros. Sí es posible constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la prestación de asesoramiento, asistencia técnica o servicios”, señala a su vez el documento elevado al Directorio por la Gerencia Asesoría Legal y Notarial. Y amplía la explicación: “La sociedad constituida a tales fines requerirá autorización del Poder Ejecutivo y podrá contratar personal para sus servicios”.
La Gerencia Asesoría Técnico Jurídica especula entonces con que los empleados no se verán perjudicados: “Es de suponer que, siendo mayoría en la sociedad y esta se administre, no existirán perjuicios a los trabajadores”.
Luego de que esta alternativa quedara sobre la mesa, el Directorio del ente vio el camino allanado hacia su objetivo, y decidió “encomendar a la Asesoría Técnico Jurídica, en coordinación en lo que fuera pertinente con la Gerencia Dirección Operativa y la Gerencia Servicios Corporativos, las gestiones conducentes a la constitución de una sociedad anónima en los términos informados y planificar su comienzo de funcionamiento”, según la resolución firmada el 20 de diciembre de 2018 por Gonzalo Casaravilla (presidente) y Jorge Fachola (secretario general).
Desde aquella resolución adoptada el jueves previo a Navidad pasaron tres meses hasta que el Directorio, nuevamente a influjo de la Asesoría Legal y Notarial, declinó la posibilidad de crear una nueva empresa para su cometido de contratar personal por régimen privado. En cambio, decidió que para tales fines usaría una sociedad anónima que ya era propiedad –100 %– de UTE.
Solfiral SA había sido constituida por el ente para “llevar a cabo proyectos eólicos”, pero nunca operó en ese ni en ningún otro rubro. Los representantes de UTE en el directorio de la empresa son Casaravilla y el gerente general Carlos Pombo.
La Asesoría Legal y Notarial sugirió que se usara Solfiral SA, pero apuntó que era necesario “modificar la cláusula ‘Objeto’ del Estatuto Social original para adecuarlo a las necesidades que se plantean”.
La empresa originalmente concebida para tareas en el campo de la energía eólica pasaría a “brindar Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en el Área de la Industria Eléctrica, gestión empresarial y anexos, tanto en el territorio de la República como para el Extranjero, contratando los Recursos Humanos necesarios para prestar dichos servicios”, según la resolución del Directorio fechada el 28 de marzo de 2019.
Walter Pernas / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2214 / Miércoles 12.06.2019
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3) ARGENTINA: PARTIDOS POLÍTICOS, PERIODISTAS, MEDIOS E INTERMEDIARIOS DE INTERNET FIRMAN UN “COMPROMISO ÉTICO DIGITAL” CONTRA LA DESINFORMACIÓN
Observacom /Argentina, 4 de Junio de 2019
Promovido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, los partidos políticos, asociaciones de periodistas, de medios y los intermediarios de Internet como Google, Facebook (y WhatsApp) y Twitter firmaron el “Compromiso Ético Digital” para enfrentar las campañas de desinformación de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en el país.
Se trata de un compromiso voluntario por el cual los firmantes se comprometen a contribuir a mitigar los efectos de la propagación de informaciones falsas en redes sociales durante el período de campaña electoral.
La iniciativa también cuenta con el apoyo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la agencia de noticias Agence France-Presse, la Asociación de Periodismo Digital (APD) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Con este documento, los partidos asumen “el compromiso de promover, en el campo de nuestras respectivas actividades, la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”.
Por su parte, de acuerdo al documento, las empresas tecnológicas “reconocen la complejidad y la tensión que puede existir durante el proceso electoral con la difusión o proliferación de información inexacta o noticias falsas, y acuerdan, dentro del marco de sus posibilidades y herramientas, colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión”.
Entre las consideraciones del documento, se menciona “el interés eminente en preservar la integridad del proceso electoral”, lo cual “requiere que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad de los electores”.
Asimismo se destaca la preocupación por la creciente utilización de redes sociales para manipular la información en períodos electorales. En este sentido, el documento reafirma la “la conveniencia de promover la educación digital para el buen manejo de la información política electoral en redes sociales y otras plataformas”.
Éste último punto tiene como antecedente la Acordada CNE 66/2018 por la cual se creó un registro de sitios web y redes sociales oficiales de candidatos y agrupaciones políticas con el objetivo de verificar la autenticidad de las fuentes de información en materia electoral y de partidos políticos.
En sudamérica Uruguay ha sido pionero con este tipo de compromisos. A fines de abril, a partir del impulso de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de representantes de la sociedad civil, líderes políticos y organismos internacionales, se firmó el “Pacto Ético contra la Desinformación”, por el cual el sistema político se comprometió a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos durante la campaña electoral de este año.
Observacom
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2214 / Miércoles 12.06.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
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Sergio Ferrari (en colaboración con swissinfo.ch)
Kintto Lucas (Ecuador)
Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza
Con noticias de: Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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