1) Uruguay: Tribunal de Apelaciones confirmó condena al coronel José Puigvert por el homicidio de Aldo “Chiquito” Perrini /La Diaria
2) Uruguay: El Ministerio de Ambiente nace con menores facultades /Víctor L. Bacchetta
3) Uruguay: Vecinos defraudados en las ciudades por donde pasaría el tren de UPM /Víctor L. Bacchetta
4) La OPS, Unicef y la FAO también respaldan etiquetado obligatorio de alimentos /Sudestada
5) Europa: Resurge con energía el combate antirracista /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMÓ CONDENA AL CORONEL JOSÉ PUIGVERT POR EL HOMICIDIO DE ALDO “CHIQUITO” PERRINI
El militar fue condenado a 22 años de prisión; es el único de los imputados que sigue con vida.
La Diaria, 22 de junio de 2020
Aldo Chiquito Perrini tenía una heladería en Carmelo cuando en 1974 fue sacado de su casa, encapuchado y trasladado al Batallón 4, donde fue torturado hasta la muerte. Según la Justicia Militar, al frente de dicho destacamento de Colonia del Sacramento estaban en el lugar el general Pedro Barneix y los oficiales José Bardeau y José Puigvert.
La causa judicial por el caso Perrini comenzó en 2010 por una denuncia de Piero Perrini presentada por intermedio de su abogado, Oscar López Goldaracena. En 2012 falleció Bardeau y en setiembre de 2015 fueron procesados Barneix, quien se suicidó cuando se lo fue a detener, y Puigvert, que está en prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena desde ese entonces.
En febrero de 2019, el juez Tabaré Erramuspe aceptó el pedido del titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, que había pedido una condena de 22 años de prisión para Puigvert como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Perrini.
La defensa apeló aquel fallo pero ahora el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, a cargo de la doctora Graciela Gatti, confirmó la condena para Puigvert, según informaron este lunes desde Crysol y confirmaron a la diaria desde la Suprema Corte de Justicia.
En la sentencia de Gatti se recuerdan detalles del trágico episodio. Por ejemplo, que el operativo militar del 26 de febrero de 1974 que derivó en la detención de Perrini abarcaba a un número mayor de personas, sobre todo jóvenes de entre 18 y 25 años, oriundos de Carmelo y opositores al régimen militar. El mismo día que Perrini fueron detenidos José Antonio Valente, Carlos Alberto Pereyra, Román Alfredo Chipolini, Margarita Noemí Castillo, Daniel Gastián Conde y Jorge Raúl Ferrari.
También se revelan detalles de la autopsia histórica, que llevan “ineludiblemente a concluir” que luego de días de “torturas y tratos inhumanos” y al ser llevado a un nuevo interrogatorio en el que participó Puigvert, Perrini “terminó inconsciente, y falleció poco tiempo después al ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo”.
Mientras estaba preso, sufrió plantones sin agua ni alimento, golpizas, submarinos y picanas eléctricas. Perrini, se decía en la petición fiscal, “fue sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos” pero sobre él “recayó especial consideración” porque en varias ocasiones intentó interceder, utilizando su voz, para que las mujeres detenidas “no fueran objeto de tratos degradantes” y hasta violaciones.
La Diaria
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2) URUGUAY: EL MINISTERIO DE AMBIENTE NACE CON MENORES FACULTADES
Gobierno y oposición coinciden en la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente reducido a una instancia burocrática más, sin atribuciones como para enfrentar los problemas existentes
Víctor L. Bacchetta / Sudestada
El texto aprobado en la Cámara de Senadores, ahora a consideración de la Cámara de Diputados, sobre la creación de un Ministerio de Ambiente, restableció la versión inicial del proyecto de ley de urgencia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Se eliminó el Desarrollo Sostenible de su denominación y se le sacó el ordenamiento territorial, que queda en el nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El organismo queda como Ministerio de Ambiente, a secas, incluyendo las actuales direcciones de medio ambiente (Dinama) y de agua (Dinagua). Sus competencias son “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente, ordenamiento ambiental y conservación y uso de los recursos naturales, así como la instrumentación de la política nacional en la materia”.
La referencia al “ordenamiento ambiental” parece adjudicar al nuevo ministerio algo relacionado con el ordenamiento territorial, pero esa expresión proviene de la Ley de Protección del Ambiente (N° 17.283) del año 2000. Los instrumentos de planificación territorial para la sustentabilidad ambiental fueron establecidos a posteriori, en 2008, por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (N° 18.308).
En la versión inicial, al enumerar las competencias del nuevo ministerio se incluía explícitamente la Ley 18.308, junto a otras leyes, pero ahora esa enumeración fue eliminada y, al quedar explícitamente Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, se configura una separación mayor que la actual entre la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y la gestión ambiental.
La enmienda del artículo 47 de la Constitución, que fue introducida por el plebiscito nacional del año 2004, estableció que la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en “el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza”.
A su vez, para la ley 18.308 el ordenamiento territorial es “el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”.
Conceptual y prácticamente, ordenamiento territorial y gestión ambiental deben ir juntos, pero en la definición del Ministerio de Ambiente están primando intereses sectoriales o corporativos que los separan. Como ocurre también al no incorporar al nuevo organismo las secciones de otros ministerios, como es el caso de áreas de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionadas con la gestión ambiental.
Continuidad con el gobierno anterior
Por un lado, la resolución del Senado volvió a la propuesta inicial de la ley de urgente consideración presentada por el nuevo gobierno de la coalición multicolor pero, por otro lado, incluyó agregados que la emparentan con la administración anterior y explican el apoyo brindado al proyecto por los senadores del Frente Amplio.
En el inciso (I) del artículo 290 del proyecto de ley, sobre las competencias del ministerio, se agregó: “Ejecutar las políticas públicas definidas en el Gabinete Nacional Ambiental, conjuntamente con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental”. Ese Sistema Nacional Ambiental fue creado por el decreto CM/359 del gobierno de Tabaré Vázquez, el 6 de junio de 2018.
Parece paradójico mantener el Sistema Nacional Ambiental (SNA), justificado en su momento para reglamentar la “constitución, objetivo, competencias y funcionamiento” de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SAACC), cuando esta secretaría es eliminada por la misma ley de urgencia en discusión. La creación del SNA estuvo relacionada con la aprobación del Plan Nacional de Aguas.
En 2017 fue presentado el Plan Nacional de Aguas que debía ser consecuencia de la reforma del Artículo 47 en 2004 y de la Política Nacional de Aguas (Ley N° 18.610) de 2009. Sin embargo, el gobierno nunca citó al Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio previsto por la ley que debía elaborar ese plan y desvirtuó la participación social en la gestión del agua establecida en la reforma constitucional.
Al final de una consulta donde el público tuvo minutos para opinar sobre un documento de 250 páginas que insumió siete años de elaboración, el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Aguas el 31 de julio de 2018. La resolución estableció que el plan “se formulará y ejecutará a través de la nueva institucionalidad” constituida por el Sistema Nacional Ambiental, el Gabinete y la Secretaría Ejecutiva, la SAACC.
El SNA está constituido por el presidente de la República, el Gabinete Nacional Ambiental, la OSE, el Instituto de Meteorología, el Sistema de Respuesta al Cambio Climático, la SAACC y el Sistema Nacional de Emergencia. Este gabinete está integrado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Industria, de Defensa, de Salud Pública y de Economía y Finanzas.
La “nueva institucionalidad” establecida por decreto fue a contrapelo de los principios de gestión participativa y democrática contenidos en la reforma del agua de 2004 y de la ley de Política Nacional de Aguas que reglamentó el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, con la creación del nuevo Ministerio de Ambiente se consagraría ahora por ley, con el acuerdo de la coalición de gobierno y el Frente Amplio.
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
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3) URUGUAY: VECINOS DEFRAUDADOS EN LAS CIUDADES POR DONDE PASARÍA EL TREN DE UPM
En Durazno y Florida reaccionaron con indignación ante la negativa del gobierno y de la empresa constructora a evitar el paso del ferrocarril por la trama urbana
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 21/06/2020
Este fin de semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó al público y a los medios de comunicación de Durazno y Florida a lo que denominó “una instancia de información e intercambio sobre las proyecciones y el estado actual de las obras” del Ferrocarril Central en esos departamentos, con la presencia de técnicos y asesores del MTOP, AFE y el Grupo Vía Central.
El origen de esta convocatoria fueron las declaraciones del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, durante la reciente interpelación en el Parlamento sobre el contrato firmado entre el gobierno y UPM. En esa ocasión, Heber dijo que le pediría a la empresa a cargo de las obras un informe sobre las consecuencias, en costos y plazos, de construir un bypass que evitara el pasaje de esa vía férrea por la zona urbana de las ciudades de Durazno y Florida.
Con una importante concurrencia de vecinos, unos 200 en Durazno y otro tanto en Florida, la respuesta de las autoridades en ambas reuniones fue similar. Salvo una diferencia de cifras, les dijeron a los vecinos que construir el bypass sería costoso y que insumiría unos tres años, con lo cual sobrepasaría febrero del año 2022, que es la fecha estipulada en el contrato ROU-UPM para tener finalizada la obra.
Las exposiciones estuvieron a cargo del publicista Andrés Capretti, asesor del ministro de Heber, el arquitecto Miguel Vaczy, actual presidente de AFE, y el ingeniero Mario Camacho, gerente general del Consorcio Vía Central. No estuvieron presentes autoridades departamentales, especialmente los intendentes involucrados, y esto motivó el malestar entre los vecinos.
La tensión fue creciendo en el transcurso de ambas reuniones como consecuencia de las respuestas a las preguntas de los presentes. Los vecinos solicitaron informes que justificaran las afirmaciones de que el bypass en Durazno costaría 70 millones y en Florida 20 millones de dólares. Los expositores respondieron que los tenían pero que no podían llevarlos a la reunión, que se los enviarían más tarde por correo.
La respuesta molestó sobremanera a los vecinos de Durazno que presentaron a la Intendencia y al MTOP una evaluación del proyecto por el ingeniero José Zorrilla. En su informe, Zorrilla sostiene que el estudio considerado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no siguió el criterio universalmente aceptado de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y propuso dos trazados alternativos.
“El ingeniero Zorrilla maneja una cifra cuatro veces menor, alguien miente”, afirmó el edil nacionalista Gabriel Díaz en la reunión de Durazno. El final se produjo con el retiro de vecinos indignados, algunos profiriendo gritos e insultos hacia los representantes oficiales. Los residentes justificaron su malestar al constatar que no existen los estudios ni la voluntad política de cambiar el trazado de la vía.
“La audiencia pública del Ministerio de Transporte terminó en payasada”, comentó en Facebook el cronista de Radio Durazno Alternativa que cubrió la reunión. “Cuando los medios de comunicación quisimos hablar con el señor Camacho del Consorcio Vía Central, se negó a hacerlo alegando que son privados. Los datos los había manejado en público, pero no se animó a enfrentar a los medios”, agregó el periodista.
El resultado no fue distinto en la reunión de Florida, realizada el día siguiente. Aquí un vecino reclamó que solo dieran una cifra, los 20 millones de dólares que costaría el bypass en esa ciudad, pero no dijeran cuánto cuesta la obra actual, para determinar cuál sería el costo adicional. “Estamos sumamente indignados, ¿cómo no vamos a estar indignados? No somos ignorantes, no nos subestimen”, dijo una vecina.
Por su parte, el presidente de AFE afirmó que, en materia de seguridad, no hay nivel de exigencia más alto que el que se estaría teniendo en esta obra. Vaczy señaló que los vecinos se han acostumbrado a un sistema ferroviario en decadencia y trajo como ejemplo la frecuencia de los ferrocarriles en la década de 1940. Pero un vecino le respondió que entonces era otra la densidad de población cerca de la vía. Como último recurso ante esta situación, los vecinos están apoyando acciones de amparo que serán presentadas en la Justicia en los próximos días.
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
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4) LA OPS, UNICEF Y LA FAO TAMBIÉN RESPALDAN ETIQUETADO OBLIGATORIO DE ALIMENTOS
El 94% de los uruguayos está de acuerdo con la medida y un 58% afirmó haber modificado su decisión de compra al ver la advertencia sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares y sal.
Sudestada, 17/06/2020
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respaldan “la pronta implementación” del decreto que establece el rotulado frontal de los alimentos envasados con etiquetas que tengan advertencias sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares y sal.
Estas tres agencias de ONU Unidas mantienen reuniones con representantes del gobierno y del Parlamento con el propósito de informar sobre los beneficios del etiquetado frontal para la salud. Y consultaron a expertos académicos, representantes de la industria alimentaria y referentes de la sociedad civil quienes marcaron sus prioridades.
El rotulado nutricional frontal es una de las políticas más apropiadas para la prevención del sobrepeso y obesidad, con resultados positivos en la salud de la población adulta e infantil. En ese sentido, se cuenta con las experiencias de su aplicación en Ecuador, Chile, Perú y México, señala un documento elaborado por la OPS, Unicef y la FAO
Un decreto firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, el 29 de agosto de 2018, fijó un plazo de 18 meses a la industria alimenticia para adaptarse a las nuevas exigencias, que se basaron en el modelo chileno, uno de los más ambiciosos en este sentido a nivel mundial.
“El diseño del decreto estuvo a cargo de un grupo interministerial liderado por el Ministerio de Salud Pública con la participación de Unicef y de la Oficina Panamericana de la Salud. El proceso se inició en el año 2016 y finalizó en agosto de 2018. Las disposiciones están basadas en evidencia científica generada a nivel nacional y tienen en consideración los comentarios recibidos de la industria de alimentos en la consulta pública nacional e internacional realizada entre junio y agosto de 2017”, señala el documento.
Pocos días después de asumir el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou elaboró un nuevo decreto que atendía un pedido del sector empresarial y postergaba por 120 días la obligatoriedad del etiquetado de alimentos con exceso de sodio, grasas o azúcares.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó que “considera un avance significativo en términos de salud pública lo que esta reglamentación implica, para el control de la Enfermedades no Trasmisibles, en particular obesidad y diabetes” y, por esa razón, “ve con profunda preocupación el retraso en la implementación del rotulado frontal de alimentos, en tanto la evidencia científica ha demostrado sus notorios beneficios”.
Por otra parte, casi 30 sociedades médicas y científicas emitieron otro comunicado donde asegura que “esta política, junto con otras tendientes a estimular la alimentación saludable, contribuyen al control de factores de riesgo modificables que están en la base del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles con conocido impacto sobre la morbimortalidad de nuestra población”.
Ahora, el documento elaborado por la OPS, la FAO y Unicef señala que varios estudios desarrollados en Uruguay “durante los primeros días de implementación entre el 1º y el 10 de marzo de 2020, también ponen en evidencia un alto conocimiento de la medida y su aceptación por parte del 94% de la población”.
Los mismos estudios “permitieron comprobar que las personas dedican sólo algunos segundos para discernir y elegir los alimentos, y que la población ya tiene un elevado nivel de conocimiento y aprobación de la medida. El 58% de los participantes afirmó haber modificado su decisión de compra al visualizar el rotulado en un producto que iban a comprar. Son muy pocas las medidas de Salud Pública que logran un cambio del comportamiento tan extendido en tan corto tiempo. La gran mayoría de los participantes afirmó cambiar el producto por uno similar de mejor calidad nutricional. Lo cual sugiere que la medida generará efectos positivos sobre la salud”.
Para la OPS, la FA y Unicef “el hecho que las personas sustituyan un producto por otro más saludable favorece a las empresas cuyos productos tengan perfiles nutricionales más saludables. Esto podría otorgar un estímulo a la industria nacional para mejorar la calidad nutricional de los alimentos que producen y ofrecen al mercado”.
Este jueves 18, el gobierno finalmente anunció a través de los ministros Daniel Salinas (Salud) y Omar Paganini (Industria) que se aplicará la ley aprobada en el período anterior, aunque se instrumentarán algunas modificaciones. Una de ellas, dijo Salinas, es el cambio del texto de las etiquetas frontales: donde antes decía «Exceso» ahora dirá «Alto», para señalar el riesgo en los niveles de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio.
«Hemos llegado a un acuerdo para mantener el rotulado frontal de los alimentos», dijo el responsable de Salud Pública, quien recordó que el rotulado frontal de los alimentos ayuda a mejorar la prevención de las enfermedades no transmisibles, primera causa de morbimortalidad en el país.
Por su parte, Paganini dijo que Uruguay impulsará en el ámbito del Mercosur -a través de la presidencia pro-témpore que asumirá en los próximos días- que todos los países lleguen a un acuerdo para la aplicación de criterios comunes.
Sudestada, periodismo y transparencia
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5) EUROPA: RESURGE CON ENERGÍA EL COMBATE ANTIRRACISTA
“El racismo es una construcción histórica y social”
Sergio Ferrari*, desde Suiza
Decenas de movilizaciones antirracistas recorrieron las principales ciudades del mundo en las últimas semanas protestando contra un flagelo tan complejo como *escondido*. Miles de personas, también en Suiza, participan de estas manifestaciones a pesar de las restricciones sanitarias debidas a la pandemia.
“Esas reacciones no me sorprenden para nada ya que el movimiento de denuncia no es nuevo, existe desde hace varios años”, subraya Izabel Barros, una de las fundadoras de la organización helvética Berner Rassismus Stammtisch.
Esta dinámica de protesta tiene un doble significado: la denuncia de una realidad casi cotidiana, que padecen, aquí, muchas personas negras. Y, por otra parte, la solidaridad activa con las protestas que se dan en otras partes del mundo para denunciar brutalidades racistas, explica Izabel Barros, brasilera, *afro descendiente y de raíces indígenas* -según su propia definición-, quien llegó al país hace 15 años como parte de un intercambio universitario.
“Mi objetivo, entonces, era realizar estudios en la Universidad de Friburgo sobre la guerra de las religiones en Suiza, pero mis profesores me señalaron en ese momento que no era adecuado que en tanto extranjera me lanzara a investigar una temática tan específica de la historia nacional”, recuerda con cierta ironía.
Fue así que, para la entonces joven estudiante, la temática del colonialismo y el esclavismo, incluyendo la responsabilidad helvética en este sistema-proceso, se convirtió en tema central de análisis y guía rectora de su dedicación profesional y asociativa.
Paradójicamente, esa vivencia inicial en Suiza, “con condimentos un tanto discriminatorios a nivel académico”, la reorientaron a la problemática del colonialismo-racismo, que constituye hoy, para ella, una prioridad cotidiana.
Concluido su master en Historia y Sociología en la Universidad de Neuchâtel, Barros, junto con sus colegas de la Fundación suiza Cooperaxion lanzaron, en tanto pioneras, las visitas guiadas a través de los “vestigios del colonialismo y la esclavitud”. Las realizan en las ciudades de Berna, Friburgo y Neuchâtel, dotadas de sólidos argumentos históricos y de calidad pedagógica. Centenares de personas – especialmente estudiantes- participaron de las mismas en los últimos 7 años.
Racismo a la “helvética”
“El racismo es la continuidad de la esclavitud. Es una construcción histórica y social, en la cual Suiza, como la gran mayoría de las naciones europeas, participaron activamente, de una u otra manera”, explica Izabel Barros.
Entre el pasado colonial y la realidad actual, un puente repleto de historia, de sacrificios y de sufrimientos humanos, reflexiona. “El racismo golpea hoy a muchas personas en su día a día. Les complica la búsqueda de un empleo; su desarrollo profesional; el contar con una vivienda digna; el ejercicio de las relaciones sociales; sufrir controles de las autoridades policiales por el solo hecho de su identidad, fenómeno conocido como perfil racial”, subraya.
Según la Comisión Federal contra el Racismo, principal entidad oficial dedicada a esta temática, existen unas 100.000 personas negras en Suiza susceptibles de “vivir una situación particular”: ataques físicos y verbales, carentes de instrumentos de apoyo, con el sentimiento de sentirse desvalorizados en la propia sociedad suiza.
En su Estudio de referencia sobre la problemática, publicado a fines del 2017, donde presenta Recomendaciones sobre el tema del racismo anti-Negro en Suiza, afirma que las personas de color pueden confrontarse cotidianamente “a la discriminación sistemática y a las estigmatizaciones”. Y padecen de “numerosos prejuicios… en el sentido de que serían irracionales, emotivas, perezosas, sin pudor, violentas y tendrían comportamientos criminales”
.(www.ekr.admin.ch/pdf/Studie_AntiRassismus_F.pdf).
“El color de la piel pesa”, reflexiona Izabel Barros, subrayando, por ejemplo, los controles sistemáticos y especiales de documentación en la vía pública que sufren las personas negras y no sufren las personas blancas, subraya.
El pasado 11 de junio, en el marco de las movilizaciones de solidaridad contra el asesinato en Estados Unidos de George Floyd, una quincena de asociaciones, hizo público un comunicado que enfatiza “que la violencia policial racista también es una realidad mortífera en Suiza”. En el mismo dan los nombres de 23 personas muertas en el país, en los últimos 20 años, en hechos ligados a la intervención de fuerzas policiales o de seguridad. Todos casos debidamente registrados.
Sin llegar a la muerte han sido conocidos en los últimos años procesos jurídicos resultantes de la identificación pública exigida por policías a gente de color. Entre ellos, el de Mohamed Wa Baile, negro de nacionalidad suiza, hecho que fuera ampliamente mediatizado en el año 2018.
Brutalidad global
La salida de tanta gente a las calles para protestar, reflexiona Barros, “es el resultado de la comprensión del racismo como un sistema global y estructural, que excede las fronteras nacionales de un país en concreto”.
Muchas de estas protestas, aquí, analiza, no fueron convocadas por las organizaciones que desde años trabajan en esta temática. “Tuvieron y tienen un condimento altamente espontáneo, integrando a nuevos participantes, muchos de ellos jóvenes, analiza. Todo esto, muestra la amplitud del problema, “que está subyacente y comprueba lo fructífero del esfuerzo de concientización que sobre el tema se viene haciendo desde hace mucho tiempo”. Y que a nivel internacional implica la participación de millones de personas en Europa, Estados Unidos, América Latina y en tantas otras regiones, puntualiza.
¿El racismo es igual en todas partes?, preguntamos a la también militante feminista. “Hay particularidades específicas, por ejemplo, en América Latina”, responde. En Brasil, por ejemplo, se trató de “vender” el mito de una democracia racial, argumentando que todos somos iguales ante la ley. “En realidad se trata de un modelo impuesto por una élite blanca a la mayoría de la población que es afro descendiente, con casi cinco siglos de esclavismo por detrás. En América Latina, completa, “nuestra identidad es de asimilación, pero al mismo tiempo de mucha revuelta y violencia explosiva”.
A nivel más académico, completa, también existe una diferencia significativa entre la mirada latinoamericana, vivencial, que parte de ser “víctimas directas del racismo y la segregación” y la percepción de ciertos intelectuales -incluyendo algunos de la autodenominada izquierda europea-, que “priorizan el análisis de clases por sobre los de raza y de género. Y posponen así la solución de estos temas, “que para nosotros son esenciales y prioritarios, al cambio de sistema, estructural, futuro, a largo plazo”, afirma.
El Estado, solo asume a medias
La preocupación de la Suiza oficial ante el racismo constituye una realidad concreta en los últimos años. El Estudio que mandató la Oficina Federal contra el Racismo -dependiente del Ministerio Federal del Interior- y que realizaron investigadores de la Universidad de Zúrich enumera múltiples recomendaciones.
Entre ellas, la necesidad de una mayor apertura de la Administración Pública a las minorías; evitar estigmatizaciones y excesos verbales de parte de los responsables políticos; promover que los medios de comunicación traten de forma correcta este delicado tema. Además, urgen “a la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales y a la Conferencia de Directoras y Directores de los Departamentos Cantonales de Justicia y Policía, a asumirse garantes, incluso públicamente, del respeto a las minorías y reforzar las medidas necesarias”. Instan también a crear instancias de apoyo y sugieren al mundo académico promover la investigación necesaria en cuanto a protección contra la discriminación y el racismo”.
Buenas propuestas -aunque el Estudio tiene lagunas- pero insuficientes, reflexiona la joven activista antirracista. “Todo será limitado e incompleto en tanto el Estado no reconozca y corrija el racismo estructural existente”. Lo que explica que, a pesar de una relativa buena voluntad oficial, “muchas de estas recomendaciones hayan quedado como simples deseos, pero no sean aplicadas debidamente”, concluye.
* Sergio Ferrari en colaboración con swissinfo.ch
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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