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NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 14 – Nº 1952
Viernes 8 de Noviembre de 2013
Producción: Andrés Capelán
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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HOY:
1) PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY
2) DECLARACIÓN DEL PIT-CNT
3) SUPREMA PIDE EXPLICACIONES…
4) LA POLICÍA TIENE DOS CAMINOS
5) ESTALLA SANTA CATALINA
6) POLICÍA PROCESADO POR CASO LEMOS
7) APELAN POR MINERÍA EN TACUAREMBÓ
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa».
Noam Chomsky
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1) PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY
Roger Rodríguez
La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º
turno, Gabriela Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo
Zubía y configuró el procesamiento sin prisión de cuatro militantes
sociales por protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a
un juzgado civil.
En Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge
Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda fueron
inicialmente procesados sin prisión por el delito de asonada. Aníbal
Varela y dos hijos de Jaume, Eduardo y Diego, también quedaron
encausados.
El delito de “Asonada” aparece en el Titulo II del Código Penal
uruguayo, como “Delitos contra el Orden Político Interno del
Estado” y como delito político se penaliza a través del Artículo
145: “Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con
tres a nueve meses de prisión”.
“Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro
personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito
que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar
con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la
celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de
los particulares alguna cosa justa o injusta”, se explica.
Zabalza, Leites y Jaume ya habían permanecido durante años como
presos políticos de la dictadura militar de Uruguay entre 1973 y
1985, cuyos crimenes de lesa humanidad han permanecido impunes durante
los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley de
Caducidad.
IMPUNES
La denuncia de asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por
los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes
al quitar de las causas penales a la principal jueza en temas de
derechos humanos, comenzaban a consolidar su “muralla” de
prescripción.
El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de
la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en
un par de denuncias políticas que le realizaron. “Razones de mejor
servicio”, caratularon la decisión por la que la quitaron de 50
causas de lesa humanidad.
La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a ordenar el
procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio
en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la masonería,
fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de
Tabaré Vázquez.
La investigación que Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos
Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos sobre los lugares donde
fueron enterrados los desaparecidos de la dictadura militar y el sitio
donde aseguraron se encontraba el cuerpo de María Claudia García de
Gelman era falso.
El caso Gelman motivó una sentencia internacional vinculante de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la que se
exige el esclarecimiento de los crimenes de la dictadura. La sentencia
de OEA no ha sido aceptada por los miembros de la Suprema Corte de
Justicia.
IMPUNIBLES
La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del
dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución,
desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos
de muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables
directos de los crímenes.
Cada una de las nuevas causas abiertas por la jueza Mota, junto a la
fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el procesamiento de
varios militares. Así ocurrió con el caso de Ubagesner Chavez Sosa,
desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009. Tres
militares fueron presos.
Cuando Mota se disponía a continuar indagando más de 20 casos de
muertes y desapariciones, comenzaron los ataques personales y
políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente
Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y
administrativas, para sacarla de los casos.
El traslado de Mota se produjo luego de la polémica decisión de la
Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales dos
artículos de la Ley 18.831 con la que el Parlamento había devuelto
al Estado la pretensión punitiva quitada en 1986. Así, la SCJ
mantenía la prescripción de los delitos.
La sentencia judicial no fue admitida por la totalidad de los jueces y
fiscales, varios de los cuales decidieron continuar con las causas de
violaciones a los derechos humanos. El presidente de la SCJ declaró
entonces que tarde o temprano los casos caerían en la “muralla”
de prescripción decretada.
IMPUNIDORES
Fue el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien hizo la
denuncia de “asonada” a su subordinada Merialdo. La acción del
ministerio público recayó en Zubía, hijo del golpista general
Eduardo Zubía quien en dictadura fue carcelero de uno de los
acusados, el tupamaro Jorge Zabalza.
El subjetivo antecedente no implicó que el fiscal se recusara el
caso. Por el contrario. Pasó años en el juzgado de menores y
recientemente había sido devuelto a la órbita penal, un escenario
que había dejado en los años noventa cuando actuó en el impune
homicidio del intendente Villanueva Saravia.
Entonces tampoco se recusó. Aún cuando en una denuncia policial, un
mes antes de su “suicidio”, el intendente de Cerro Largó acusó
al fiscal Zubía, entonces en Melo, a otro integrante del ministerio
público y a dos jueces de una confabulación para encausarlo
judicialmente.
Tampoco es la primera vez que Merialdo cede. Aceptó la presión del
perito calígrafo Washington Curbelo (entonces jefe de policía de
Soriano), para no encausar a la ex policía María Lemos como eventual
autora de la nota en los vinos que en 1978 envenenaron a Cecilia
Fontana de Heber.
Ruibal Pino era el juez que tenía el caso de desaparición del
maestro y periodista Julio Castro, pero en 1986 lo amparó en la Ley
de Caducidad. El cuerpo de Castro apareció en una unidad militar en
2012, pero el dictamen de prescripción de delitos permitió que su
secuestrador quedara en libertad.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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2) DECLARACIÓN DEL PIT-CNT
Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la
movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia, contra el
traslado de la Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil; el
Secretariado Ejecutivo del PIT CNT quiere manifestar:
Que los ciudadanos de éste País tienen derecho a PROTESTAR
pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que
entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo.
Que a nuestro entender, eso fue lo que sucedió cuando se manifestó
en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia
protocolar que, además, es pública.
Que no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos
manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7
manifestantes acusados.
Que nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya,
pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en
este caso nosotros tenemos la convicción de que estos procesamientos
configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las
organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma.
MARCELO ABDALA FERNANDO PEREIRA
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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3) SUPREMA PIDE EXPLICACIONES…
La SCJ pidió explicaciones a Mariana Mota por declaraciones sobre
pedido de procesamiento de Zubía.
Natalia Uval (La Diaria)
La jueza civil Mariana Mota recibió ayer un pedido de informes de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ). El 19 de setiembre, en declaraciones
al diario El País, Mota opinó sobre el pedido de procesamiento del
fiscal Gustavo Zubía por “atentado” contra siete personas que
participaron en la manifestación en el edificio de la SCJ en febrero,
para protestar por su traslado de la órbita penal a la civil. Estas
siete personas fueron procesadas el lunes sin prisión por la jueza
penal Gabriela Merialdo, por el delito de “asonada”.
En sus declaraciones de setiembre, Mota cuestionaba el pedido de
procesamiento de Zubía. “La verdad, lo veo como algo muy lamentable
y muy triste. Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve
todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que
vi, no se configuró porque no hubo impedimento para que se
desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no
generó resultado lesivo para nadie”, opinó Mota en aquella
instancia.
En el escrito que llegó a manos de la jueza ayer, la SCJ reclama
saber si efectivamente hizo esas declaraciones a El País y por qué
se expresó de la manera en que lo hizo. Es el primer paso para el
inicio de una investigación administrativa. La jueza responderá en
los próximos días. La SCJ ya le había pedido informes a Mota por su
asistencia a la marcha del silencio y por las declaraciones al diario
Página 12 de Argentina en las que cuestionó la situación actual de
Uruguay en materia de derechos humanos.
Por otra parte, Mota también discrepó con el procesamiento por
“asonada” de Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia
Borda, Diego, Álvaro y Eduardo Jaume, resuelto por Merialdo. “Para
mí no se configuró el delito de asonada que se planteó. Leí el
auto de procesamiento y no comparto los fundamentos, porque entiendo
que no se perturbó el orden público. A la gente se le permitió
entrar y manifestó su opinión”, declaró Mota a la diaria.
Comparó la situación con las ocasiones en que se desalojan las
barras en el Parlamento. “Cuando la gente concurre al Parlamento y
ocupa las barras, y hasta puede haber insultos,
desalojan la barra.
son funcionarios igual que ellos [que los
parlamentarios]. Me parece que es extralimitar el poder
punitivo, para una situación que si bien fue anómala, no generó
perjuicio ni daño a nadie. La gente tiene todo el derecho de
manifestar y de opinar”, sostuvo la jueza.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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4) LA POLICÍA TIENE DOS CAMINOS
Mujica dijo que actuación policial en Santa Catalina fue como
“pasarse de la raya”
(La Red 21)
El presidente de la República, José Mujica, dijo que la muerte del
joven en Santa Catalina, tras un procedimiento policial, fue “como
pasarse de la raya”. Por su parte, el subsecretario del Interior,
Jorge Vázquez dijo: “Sentimos profundamente el dolor de los padres,
amigos y la familia, pero esto debe solucionarse en un marco de
tranquilidad, paz y convivencia”. Vázquez calificó a la
información proporcionada a la Justicia como “muy buena”.
Mujica se refirió en forma escueta al hecho que ocurrió en la noche
del lunes en Santa Catalina donde luego de un procedimiento policial
tras un robo a un comercio, un policía abatió a un joven.“Creo que
ya lo tienen esclarecido, y lamentablemente no se puede reparar la
vida que se perdió”, dijo Mujica. Mujica fue consultado por
Telemundo 12, luego de un encuentro en la Fundación Líber Seregni,
si la muerte del joven se trató de un “accidente”, ante lo cual
el jefe de Estado respondió que fue como “un pasarse de la raya”,
y agregó que “siempre han pasado cosas así”.
Un llamado a la calma
Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge
Vázquez, brindó este martes una conferencia de prensa en la cual dio
detalles sobre el episodio. El jerarca estuvo acompañado por el
director de Secretaría, Charles Carrera, y por el director de la
Policía Nacional, Julio Guarteche, Vázquez aseguró que mantuvo una
reunión con los familiares y vecinos del barrio Santa Catalina y
varias reuniones con funcionarios policiales, para profundizar la
información luego del fallecimiento del joven en un operativo,
posterior a un robo.
Agregó que las investigaciones “serán enviadas a la Justicia y
servirán para determinar responsabilidades administrativas”.
Calificó a la información proporcionada a la Justicia como “muy
buena”. Remarcó que cuatro policías fueron “detenidos y
conducidos nuevamente al juez, por requerimiento del mismo”.
Asimismo, Vázquez dijo que las víctimas del robo entregaron a la
Justicia la filmación del hecho delictivo, para la identificación de
los delincuentes. El jerarca realizó un llamado al
“restablecimiento de la calma en la zona”.
“Sentimos profundamente el dolor de los padres, amigos y la familia,
pero creemos que esto debe ser solucionado en un marco de
tranquilidad, paz, convivencia y apostando fundamentalmente a lograr
buenos resultados desde el punto de vista judicial”, dijo.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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5) ESTALLA SANTA CATALINA
La muerte del joven Sergio Lemos debido a disparos de policías hizo
estallar tensión acumulada en Santa Catalina.
(La Diaria)
Para muchos uruguayos debe de ser difícil imaginar un barrio sin
policías. La situación de ayer en el barrio Santa Catalina era peor.
No había policías porque, según denunciaban los vecinos, hasta la
noche del lunes habían sido sus peores enemigos, especialmente de los
jóvenes.
La muerte de Sergio Lemos, de 19 años, en manos de efectivos
policiales el lunes de noche derivó en una fuerte y anárquica
protesta que abarcó todo Santa Catalina. La Policía justificó el
accionar contra el joven argumentando que había participado en un
asalto a un almacén del barrio y había disparado a los agentes que
estaban en la zona. Pero esa versión resultó totalmente inverosímil
para los vecinos que conocían a Lemos, quienes destacaron que era un
joven “trabajador”.
Dicen que la noche “estuvo brava”, que “se pudrió todo”, y
algunas huellas de eso se podían ver en las calles del lugar: rastros
de llantas quemadas y pintadas en los muros que decían “fuera la
represión policial” o “policías asesinos”. La furia era tal
que muchos no querían saber nada ni con la Policía ni con la prensa.
A eso de las 19.00, en la entrada este del barrio (Camino Burdeos y
Camino Santa Catalina) se habían colocado ramas de árboles que
impedían la circulación de los vehículos. El otro corte de
tránsito se había hecho en Santa Catalina y Rubén Darío, donde una
muchedumbre de jóvenes habían prendido fuego varias llantas.
En la plaza ubicada entre las calles Las Rosas, Dallas y Rubén
Darío, el recientemente procesado por la asonada en la Suprema Corte
de Justicia Jorge Zabalza tenía estacionado su auto y conversaba con
algunos vecinos. En un principio se iba a hacer allí una marcha en
silencio y con velas, pero luego la concentración se trasladó a la
esquina de la línea del fuego.
Algunos de los manifestantes mantenían una actitud hostil hacia la
prensa. “Rajen de acá o les damos cascotazos”, gritaban algunos
muchachos que se encargaban de que el fuego no se apagara. Otros
querían hablar de la situación y aprovechaban la ocasión para
expresarse. Luego la tensión se apaciguó y se acostumbraron a la
presencia de los periodistas, aunque los camarógrafos no prendían
sus cámaras y los fotógrafos no trabajaban con comodidad.
Quienes estaban allí intentaban explicar la situación. La Policía
había sido muy dura con el barrio, decían. “Vienen a experimentar
acá”, sostuvo una señora. Otra enumeró los hechos ocurridos este
año: primero, las detenciones sin motivo de varios jóvenes en la
madrugada del 3 de setiembre; después, la disconformidad con la
instalación de la planta regasificadora; por último, la muerte de
Sergio Lemos. Un hombre explicó que después de las detenciones del 3
de setiembre los vecinos empezaron a comentar entre ellos varios
abusos policiales. Dijeron que son muchos y constantes, y que todo
comenzó este año. También sostuvieron que Santa Catalina es un
barrio tranquilo, en el que no hay muchos ladrones y los que hay no
roban allí. “Cuando roban, es gente de afuera”, explicaron.
Con respecto a Sergio, todos estaban seguros de que no había tenido
nada que ver con el asalto, que era una persona trabajadora y buena,
que simplemente estaba andando en moto por la vuelta cuando ocurrió
el hecho. “Hubo testigos de que los policías dijeron que si
encontraban un arma estaban salvados”, comentaron.
Pasados
El presidente José Mujica también opinó sobre lo ocurrido en Santa
Catalina. Asistió ayer a la conferencia del gobernador de Río Grande
del Sur (ver página 2) y en ese contexto fue consultado por
periodistas. Consideró “obvio” el malestar de los vecinos y si
bien dijo cree que la Policía “ya tiene esclarecido” cómo
sucedieron los hechos, “lamentablemente no se puede reparar la vida
que se perdió”. Ante la pregunta de si se está reprimiendo más,
contestó que “siempre han pasado cosas así”, aunque opinó que
este caso concreto “es un pasarse de la raya”.
Contradictorias
De mañana, el titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo
Bonomi, fue consultado por este caso y manifestó a la prensa que su
cartera lo estaba investigando. No obstante, manejando solamente la
versión policial, sostuvo que el joven muerto le había disparado
primero al efectivo, que estaba recabando información sobre la
rapiña, por lo que éste se defendió.
Pero en la tarde el MI rectificó la información. Mediante un
comunicado informó que “a través de los partes policiales,
declaraciones vertidas por los policías intervinientes y testimonios
de vecinos y personas que estuvieron cercanos a los hechos, se han
recolectado elementos -algunos contradictorios- sustantivos a la
investigación”, y comunicó que los cuatro policías involucrados
en el hecho, que pertenecían a la Guardia Republicana, según indicó
una fuente del MI, “quedaron preventivamente retirados de sus
funciones y detenidos a disposición de la Justicia” en la tarde.
Ayer los efectivos fueron conducidos ante la jueza María Helena
Mainard, que estudia el caso, y hoy volverán a declarar.
La abogada de la familia de Sergio, Mariel Fagián, desmintió
tajantemente que él estuviera involucrado en el asalto y explicó que
cuando el policía le dio la orden de mando Sergio detuvo la moto pero
siguió en movimiento para salir de un charco de agua. “Cuando le
empezaron a disparar arrancó”, dijo. Las versiones señalan que
recibió balazos por la espalda, entre tres y nueve. Fagián informó
además que la dueña del almacén asaltado aportó los videos que
registran lo ocurrido, y que según personas que los habían visto
“queda claro que no está involucrado”.
El comunicado del MI reconocía la “honda tristeza y congoja” que
se vive en “una populosa zona de Montevideo”, pero hacía un
“llamado a la mesura y ponderación de todos para depositar la
confianza en la Justicia y permitir el rápido esclarecimiento de los
hechos”.
Un mensaje similar transmitió el subsecretario Jorge Vázquez a los
vecinos de Santa Catalina con quienes se reunió cerca de las 19.00.
En el encuentro participó también el director nacional de Policía,
Julio Guarteche. Luego de la reunión, en conferencia de prensa,
Vázquez expresó que están “todos enormemente preocupados” por
el caso y “con la intención de obtener la mayor cantidad de
información posible para pasársela a la Justicia”. Hizo nuevamente
un llamado a “restablecer la calma” en el barrio: “Sentimos
profundamente el dolor de los padres y la familia, pero creemos que
esto debe resolverse en un clima de paz”, dijo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH) elevó un pedido de información al MI por este caso. La
presidenta interina de la institución, Mariana González Guyer, dijo
ayer a Montevideo Portal que el barrio Santa Catalina “aparece como
una zona complicada por la cantidad de denuncias de abuso policial”.
Arde Troya
A eso de las 19.30 era claro que no iba a haber oratoria ni marcha con
velas. La mayoría de los vecinos miraba con indignación a una
minoría de jóvenes que instalaba otra línea de fuego a la altura de
Santa Catalina, entre Mochuelo y Lisa. Poco antes de que fueran a
encenderlo, Zabalza se acercó a los muchachos acompañado de otros
vecinos y, según dijo, los invitó a “reflexionar” sobre lo que
estaban haciendo. Finalmente logró evitar un nuevo fuego, aunque a
esa altura ya ardía una comisaría móvil ubicada un poco más al
norte, en la misma calle Santa Catalina, junto con algunos pastizales.
“Esto ya no lo controla nadie”, dijo una señora.
Por entonces ya se corría la voz de que la Justicia había procesado
a cuatro policías y que había liberado a quienes habían sido
detenidos por desacato el lunes de noche. Uno de ellos llegó en auto
al barrio, pero declinó hacer declaraciones a la prensa.
El ambiente se había tranquilizado. Algunos jóvenes comentaban que
habían personas infiltradas que “no eran del barrio” y que
“venían a dar manija por la regasificadora, mezclando las cosas”.
También sostenían que la mayoría de los que prendían llantas “no
conocían a Sergio”. Pero caía la noche y las ramas que impedían
el ingreso por Santa Catalina y Burdeos ya ardían. De un lado, la
televisión transmitía en vivo; del otro, los vecinos se aglomeraban
en la entrada al barrio. En un momento llegaron Laura Texeira y
Geraldine, dos vecinas que habían estado reunidas con el
subsecretario. Dijeron que les comentó que las cosas “se estaban
encaminando”, que la Justicia estaba tratando de resolver y
“tenía pruebas”, que había cuatro policías detenidos y que, si
bien habían rumores de que le habían “plantado” un arma a Sergio
Lemos, las autoridades lo desmintieron.
Aseguraron que quieren que la Policía no ingrese más al barrio a
golpear a menores, y si bien sostuvieron que Vázquez sostuvo que no
está de acuerdo con los excesos policiales, también les dijo que él
“no está en todos lados”. “Sé que se equivocan los gurises
acá, cometen locuras, pero queremos respuestas de las autoridades y
justicia para Sergio”, afirmó Laura, que confirmó las versiones de
los dichos de los policías sobre la importancia de encontrar un arma
para “salvarse”.
Cuando estas vecinas cruzaron la línea de fuego e ingresaron al
barrio se formó una suerte de asamblea espontánea en la que
discutían las medidas a tomar. El grueso de los vecinos estaba
pendiente de la discusión, pero algunos se cubrieron los rostros e
incluso uno de ellos apareció con una máscara de gas y otro con una
bomba molotov.
En la asamblea la disconformidad con el accionar policial en el barrio
era unánime, pero mientras una mujer llamaba a bajar los decibeles y
decía que se había logrado lo máximo a lo que se podía aspirar (se
habían reunido con el subsecretario, los detenidos en la noche del
lunes habían sido liberados y los policías responsables estaban
detenidos), otros se quejaban de que el actual gobierno no se
diferenciaba de los anteriores. “Acá muchos tienen que hacer una
autocrítica de lo que votaron antes”, señaló un joven. Otro
también cuestionó al gobierno: “Ésta es la forma en que nos
tratan a los trabajadores explotados”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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6) POLICÍA PROCESADO POR CASO LEMOS
(Montevideo Portal)
La jueza María Mainard decidió este jueves el procesamiento con
prisión por “homicidio en calidad de autor” de uno de los cuatro
policías detenidos por el asesinato de Sergio Lemos. Desde la Suprema
Corte de Justicia informaron a Montevideo Portal que la magistrada
pidió la reconstrucción del hecho y citó a cuatro nuevos testigos.
La jueza María Mainard decidió este jueves el procesamiento con
prisión de uno de los cuatro policías que habían sido detenidos
tras el asesinato del joven Sergio Lemos, tras los incidentes en el
barrio Santa Catalina.
Desde la Suprema Corte de Justicia confirmaron a Montevideo Portal que
el agente policial de iniciales W.A.P.S. fue procesado con prisión
por «homicidio en calidad de autor». En tanto, los otros tres
efectivos quedaron en «libertad sin perjuicio». Si bien quedan libres,
la Justicia podrá volver a convocarlos en el marco del juicio que
comienza a partir de ahora.
También este jueves, la jueza pidió una reconstrucción del crimen,
aunque aún no está definida la fecha en que se realizará. Además,
solicitó la comparecencia de cuatros nuevos testigos, entre los que
se encuentran dos trabajadores del comercio asaltado inmediatamente
antes del asesinato de Lemos.
En el auto de procesamiento, Mainard consigna la dificultad para
«contar con otras diligencias probatorias» debido a que muchos
testigos «no se hicieron presentes en la sede».
De todas formas, considera que «existen elementos de convicción
suficientes que llevan a imputar primariamente al indagado P. S., la
comisión un delito de Homicidio, sin perjuicio de ulterioridades». En
efecto, la magistrada entiende que «el contenido del enjuiciamiento no
es más que una probabilidad» y que, en esta instancia,»no es
necesaria la certeza de que el imputado es culpable del delito, ya que
el estado de inocencia permanece hasta la sentencia definitiva de
condena y aún más allá, ya que se requiere que ésta quede firme».
«En consecuencia, conforme a la prueba reseñada ut supra, puede
concluirse que se ha acreditado en forma la existencia del ilícito de
homicidio y se han recogido elementos convictivos suficientes acerca
de la participación del indagado W.P. en el mismo».
Los hechos
En el auto de procesamiento, la jueza Mainard consigna – en base a la
investigación – que sobre la noche del lunes 4 de noviembre, el
móvil 263 estaba cumpliendo funciones del programa Bus Seguro en la
Terminal de Santa Catalina, cuando fue alertado sobre el robo ocurrido
en el comercio ubicado en Víctor Hugo y 26 de Octubre. Según la
dueña, momentos antes había sido rapiñada por tres desconocidos que
portaban armas de fuego y que luego del asalto se fugaron a pie. En el
vehículo viajaban cuatro efectivos, siendo uno de ellos W.P., quien
sería finalmente procesado por homicidio.
Según el auto de procesamiento, los dos primeros efectivos en
ingresar al lugar son J.M., y E.C. para mirar el video que había sido
filmado por las cámaras de seguridad. Más tarde ingresan los otros
dos policías. La reconstrucción recoge que W.P. «no mira el video y
permanece en el comercio, mientras sus tres compañeros salen a
recorrer la zona».
Mainard describe lo sucedido luego, en función de lo declarado por
los efectivos policiales: «Minutos después, los funcionarios avistan
en las inmediaciones de las calles Víctor Hugo y Puerto Greco,
subiendo hacia la derecha y de frente a ellos, una moto cuyo conductor
vestía un gorro blanco y campera oscura, vestimenta que coincidía
con la de uno de los rapiñeros, según la descripción de las
personas que se encontraba en el comercio al momento del ilícito».
«Según expresan los policías, M. le da la voz de alto al NN, éste
se da a la fuga por lo que dan la vuelta y comienzan a seguirlo,
percatándose que el sujeto se dirige en dirección al comercio, por
lo que le avisan a P que la moto se dirigía hacia allí. El vehículo
policial pincha una de sus ruedas y comunican que igual seguirían la
persecución «hasta que pudieran»‘.
W.P., en tanto, declaró que estaba «en la puerta del comercio» cuando
los otros efectivos le advirtieron que la moto «se dirigía por
Víctor Hugo hacia arriba, hacia el comercio».
«…a unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto
tripulada con la descripción aportada doy la voz de alto, veo un
fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona
efectué varios disparos, 2 o 3 con mi arma hacia el NN el masculino
en la moto se tira cruzando hacia 26 de abril y se da a la fuga en
moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros en la esquina»,
testificó el policía procesado.
El arma
Si bien la investigación primaria no concluyó que se haya «plantado
un arma», tal como lo aseguró el ministro del Interior Eduardo Bonomi
en base a la indagatoria policial, aporta algunos indicios al
respecto.
En efecto, al ser consultado por la jueza, W.P. afirmó que cuando el
joven cayó abatido, no pudo comprobar si llevaba un arma porque «no
tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodeaban».
También sostuvo que fue golpeado y «le sacaron el cargador». Sin
embargo, una hora después de ese momento, los demás policías llegan
al lugar e informan «que después de un rastrillaje se encontró un
arma, la que puede estar involucrada en el procedimiento».
Al ser consultados sobre el arma, los efectivos aseguraron que se
trataba de «un 38 con proyectiles, el que aparentemente está
cargado». El informe de balística realizado posteriormente determinó
que el revólver, de marca «Llama», «tenía la numeración limada».
Además, se consigna que «no se pudo determinar indicios residuales de
disparos debido a las condiciones en que se encontraba».
La autopsia
La autopsia practicada al cuerpo de Sergio Lemos arrojó que el joven
falleció por «exsanguinación», con una «lesión vena cava inferior y
aorta abdominal por proyectil de arma de fuego». Además, se le
constataron tres orificios de proyecto de arma de fuego. Según el
forense, el disparo que determinó su muerte entró «en región para
vertebral derecha a nivel L2 – L3 lesionando grandes vasos abdominales
(vena cava inferior y arteria aporta)».
Tras la autopsia, se le extrajo «un proyectil encamisado compatible
con grueso calibre». En tanto, las vainas que se analizaron «fueron
percutidas por el arma correspondiente a W.P.». También se consigna
que «el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fue disparado
con un arma tipo pistola de cañón poligonal, calibre 9 mm» y que
«las prendas de vestir del fallecido no presentaban elementos
residuales de disparos, por lo que los mismos fueron realizados a una
distancia mayor a los 50 centímetros».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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7) APELAN POR MINERÍA EN TACUAREMBÓ
(Montevideo Portal)
Vecinos de Tacuarembó apelaron ante la Corte Electoral el rechazo a
las firmas recolectadas para prohibir la megaminería en el
departamento. Sebastián Ríos, vocero del grupo, dijo a Montevideo
Portal que la Corte se expidió “fuera de sus competencias” y que
apuntan a que la Junta Departamental recoja su postura.
El grupo «Tacuarembó por la Vida y el Agua», integrado por activistas
del departamento en contra de la minería a cielo abierto, apeló este
jueves la decisión de la Corte Electoral de rechazar las 13 mil
firmas recolectadas para impedir ese tipo de emprendimientos en el
departamento de Tacuarembó.
Por ese motivo, varias organizaciones que comparten la negativa a la
megaminería se concentraron frente a la sede del organismo para
acompañar al grupo de vecinos tacuaremboense.
Sebastián Ríos, vocero del grupo, dijo a Montevideo Portal que la
apelación se basa en que los vecinos «no comparten» que una
resolución que prohíba la minería en el departamento contradiga una
norma superior, como el Código de Minería.
Pero ese no es el único aspecto cuestionado, ya que los
tacuaremboenses consideran que la Corte Electoral «se pronunció fuera
de sus competencias». Según Ríos, el organismo debía limitarse a
«contar las firmas» pero no podía expedirse sobre «el tema de fondo».
En ese sentido, sostuvo que «los organismos previstos para que se
resuelva esa cuestión sería el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (TCA) o la Suprema Corte de Justicia».
Ríos explicó que, sin embargo, los vecinos mantienen pocas
expectativas de que haya un cambio de decisión, dado que la
apelación debe ser resuelta por la misma Corte Electoral. «Es muy
difícil que los ministros revean su propia decisión, más cuando la
postura fue mucho más política que jurídica», indicó el activista,
señalando que «los únicos que votaron en contra de nuestro recurso
fueron los representantes del oficialismo».
Por esa razón, la esperanza de los activistas está puesta en la
Junta Departamental de Tacuarembó, ámbito en el que el edil
nacionalista Fabricio Herrera presentó un proyecto que, recogiendo la
campaña de la organización, plantea prohibir la megaminería en el
departamento. Ríos destacó que, de aprobarse, la iniciativa iría en
el mismo sentido de lo que ya hizo la Junta Departamental de
Lavalleja.
Además, Ríos anunció que la organización definirá la semana que
viene si se adhiere a la campaña de recolección de firmas para
reformar la Constitución con el objetivo de impedir la minería a
cielo abierto.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que
niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo
hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese
monopolio es central.” Emir Sader
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los temas en cuestión.
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