1) Juicio del Cóndor en Roma: Abogado defensor de Tróccoli dijo a la Corte que son «historias de hace 40 años» que «ocurrieron en un país lejano»
2) Los documentos de la Inteligencia policial en la Universidad
3) Gobierno sancionó a contralmirante Menini por dichos sobre Fidel
4) UTE pretende canalizar ahorro minorista para financiar obras
5) A tres años de la regulación del cannabis, el medicinal no avanza
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2110 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 23 de Diciembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Juicio del Cóndor en Roma: Abogado defensor de Tróccoli dijo a la Corte que son «historias de hace 40 años» que «ocurrieron en un país lejano»
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
“Lo que estamos celebrando acá es un juicio que no tenía que empezar, porque excede las normas de la competencia territorial, viola las leyes de nuestro proceso penal y tiene fundamento en una lectura distorsionada de nuestro ordenamiento jurídico. Es un juicio que vuelve a procesar la historia de manera subrepticia e inapropiada”. En la última audiencia de debates del juicio sobre el Plan Cóndor en Roma, el abogado Carlo Zaccagnini, que defiende a los imputados José Nino Gavazzo, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Juan Carlos Larcebeau y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su defensa en torno al concepto de error judicial, y expuso sus motivaciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma.
El jurista argumentó que el lema “la ley es igual para todos”, que está en la base del ordenamiento jurídico italiano, no fue respetado en este juicio, porque hubo un impedimento sustancial de contacto entre el imputado y su defensa a causa de la distancia que separa a Italia de Uruguay. Zaccagnini utilizó una porción importante del tiempo del que disponía para confrontar en torno al tema de la ciudadanía de las víctimas, y analizó la legislación sobre la atribución de la nacionalidad haciendo referencia a las leyes italianas y uruguayas. Disertó largamente acerca de esa cuestión y llegó a decir que en la instrucción del juicio hubo un error fundamental: que las víctimas no eran italianas, porque las leyes vigentes en la época de los hechos dicen que “la inscripción en los listados del consulado italiano no constituye prueba de ciudadanía”. El abogado buscó rebatir también otras cuestiones jurídicas citando el ne bis in idem, es decir, el principio jurídico -al que Italia adhiere- por el cual un juez no puede procesar dos veces al mismo individuo por los mismos hechos.
Francesco Guzzo, abogado de Jorge Néstor Tróccoli, tomó la palabra alrededor del mediodía y habló por un lapso de más de tres horas. Volvió a trazar la historia de emigración y de regreso a Italia de la familia de Tróccoli y la figura de su bisabuelo, que atravesó el océano en una goleta y fue recibido por el entonces rey de Italia. Buscaba subrayar que Tróccoli es “a todos los efectos, un italiano desde su nacimiento”.
Toda la parte más estrictamente defensiva de su alegato final se centró en la sentencia del Tribunal de Revisión italiano que liberó a Tróccoli en 2008, tras 22 días de cárcel: “Ese fallo afirma que todo el material probatorio utilizado para pedir la detención de Tróccoli lo exculpa, porque nunca el imputado es reconocido como responsable de la actividad represiva de la que fue acusado. El tribunal de revisión, al revés de lo que dijo el abogado [Fabio Maria]Galiani [defensor de la República Oriental del Uruguay y de la parte civil Soledad Dossetti], hizo una actividad de investigación importante con una retroalimentación puntual, y puso en libertad a Tróccoli sin medidas restrictivas; él tiene todavía su pasaporte. […] El presente juicio no ha añadido nada a las tesis del Tribunal de Revisión”.
Guzzo habló de una construcción, por parte de la Fiscalía y de las partes civiles, de una estructura que tenía como objetivo crear un monstruo, un verdugo, cuando en realidad el ex marino no era otra cosa que “un modesto funcionario de rango inferior que hoy es un jubilado y vive en una provincia del sur de Italia, lejos de sus hijos y de sus nietos, sin tener la posibilidad de gozar del afecto de sus seres queridos”. “Los medios de comunicación han creado un monstruo, clavándose en su vida privada y personal sin restricción, con el único objetivo de llevarlo a la picota”, continuó.
El abogado se propuso pintar un Tróccoli víctima más que represor, y demostrar el rol marginal del imputado, que, en sus palabras ante la Corte, se transformó en apenas “un militar al servicio de su país, que sirvió a su patria como cualquier otro militar, porque hizo un juramento sobre la Constitución y la bandera. Que combatió a los subversivos, pero que no secuestró, torturó o mató a nadie”. El rol marginal de Tróccoli, según Guzzo, es confirmado por el hecho de que en los años en cuestión él era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna decisión en forma autónoma, porque tenía siete grados de mandos superiores a él: “La Justicia tendría que castigar a los verdaderos responsables”, dijo.
Todo el juicio de Roma, en las palabras de Guzzo, fue inútil y sólo logró hacer gastar al Estado italiano un cúmulo de dinero en perjuicio de los contribuyentes. La responsabilidad de ese desgaste sería imputable, según él, a la “sed de venganza de las varias asociaciones”, y al gobierno que se estableció en Uruguay en 2005: “Un gobierno de matriz democrática que a lo mejor no tenía aspiraciones democráticas y no quiso respetar la ley de amnistía de 1986 ni el éxito del plebiscito de 1989. […] Tróccoli no quiso aguantar ese abuso de poder y se fue del país. […] no logrando llevarlo a juicio allí, Uruguay pidió a Italia que lo procesara… Pero acá estamos en Italia, y la ley no es aplicada por los gobiernos o los partidos políticos, sino por los tribunales. Si la matriz de ese juicio es claramente política, ¿por qué no fue celebrado en el Parlamento uruguayo? Esta es una represalia que se quiere tomar después de 40 años; Tróccoli es un perseguido político, aunque siguió sirviendo a su país aun luego del regreso de la democracia. ¿Es una búsqueda de justicia o una venganza política póstuma?”, preguntó Guzzo a la Corte.
La disertación del abogado fue interrumpida en varias ocasiones por comentarios de los abogados y del público presente (algo que no está permitido, por lo que la presidenta, Evelina Canale, debió intervenir para censurar esas intervenciones). Luego Guzzo se dirigió frontalmente a los principales acusadores de Tróccoli en el juicio: “Han pasado 40 años de los hechos. ¿Qué hizo Rosa Barreix, que ahora acusa a Tróccoli, durante ese tiempo? ¿Por qué llega hoy a molestar a Italia si antes no habló? […] ¿De dónde sale esa gente que luego de 40 años se acuerda de haber sido torturada y llega acá a apuntar con el dedo?”.
La tesis del defensor de Tróccoli fue siempre una, y la persiguió hasta el final: Tróccoli no es responsable, ya que fue militar y obedeció órdenes de sus superiores; los verdaderos responsables de esos hechos no están siendo juzgados, y se quiere imputar toda la carga a oficiales de rango inferior que no podían hacer otra cosa que obedecer; la voluntad de llegar a hacer justicia no es otra cosa que un espíritu de venganza que construyó ingeniosamente una castillo de acusaciones sin distinguir quién fue el responsable y quién sólo un chivo expiatorio. Sobre todo, Guzzo buscó convencer al jurado popular de que “son historias de hace 40 años y ocurrieron en un país lejano; son historias que no nos interesan”. Este juicio, sostuvo, no debió haberse celebrado en Italia.
Al final de la audiencia, y dado que la Fiscalía renunció a replicar, la Corte dio por concluido el juicio y se retiró para deliberar. La próxima audiencia está fijada para el 17 de enero, día en el que se espera la lectura del fallo.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016
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2) Los documentos de la Inteligencia policial en la Universidad
Álvaro Rico (*)
El jueves 8 de diciembre, previo al Día Internacional de los Derechos Humanos, el ministro Eduardo Bonomi hizo entrega al coordinador del Grupo de Trabajo (GT) sobre Verdad y Justicia de la Presidencia de la República, doctor Felipe Michelini, de la primera parte de la documentación original depositada en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior (MI), y una copia digital al rector de la Universidad de la República (Udelar), doctor Roberto Markarian. De esta manera cumplió con lo establecido en el convenio tripartito firmado en 2013. Si tuviéramos que hacer una simplificación que permita ilustrar el significado de ese acontecimiento y relacionarlo con otros vinculados a nuestro pasado reciente, diríamos que llegó el turno de los archivos.
Sobre el telón de fondo del reclamo y la lucha permanente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, diferentes focos de atención se han sucedido desde 2005, manteniendo vigente la memoria de los desaparecidos y demás víctimas del terrorismo de Estado, después de 20 años de impunidad en democracia.
Si las investigaciones en antropología forense en la búsqueda y localización de sitios de enterramiento e identificación de restos de personas signó la atención de la opinión pública entre 2005 y 2010, desde 2011, ante la perspectiva de la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y la avalancha de denuncias individuales o grupales, el foco se desplazó a los juicios penales y la labor de jueces y fiscales. Este año, que está a punto de concluir, la centralidad parece estar ocupada por los archivos y el acceso a la documentación. En ese marco se inscriben la cesión de los archivos de inteligencia y su pasaje de la gestión policial a la égida política de Presidencia (GT-Secretaría) y académica (Udelar-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, FHCE); la puesta a disposición por el Poder Ejecutivo del archivo del Fusna y otros declarados por el Comando General de la Armada; el anuncio de la apertura del archivo del Comando de la Fuerza Aérea; las gestiones del presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, ante el papa Francisco y la decisión de autorizar el acceso a los archivos del Vaticano sobre Uruguay; la incautación e investigación pericial del archivo Castiglioni en la causa radicada en el Juzgado de 7º Turno, a cargo de la doctora Adriana de los Santos; las denuncias periodísticas del semanario Brecha y la iniciativa parlamentaria de constituir una comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado no legales en democracia, y el reciente acceso del equipo de historiadores al archivo del Museo Histórico del Ejército Nacional.
En síntesis, hace 11 años, cuando comenzaron las investigaciones en el marco del convenio entre la Udelar y Presidencia, la pregunta era: ¿habrá archivos de la dictadura? Y la respuesta era pesimista, acentuada por el efecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que clausuró por 20 años las investigaciones de todo tipo y el acceso a los archivos. Hoy, aquella pregunta está respondida: hay archivos y documentación de la dictadura que se conservaron, aunque debamos seguir buscando para encontrar todavía más. Entonces la pregunta pasó a ser: ¿cómo preservar esa documentación sensible y asegurar en forma más fluida y amplia el derecho a la información, por las víctimas y sus familiares, los investigadores y el público en general, sin violentar el derecho a la privacidad?
El archivo de la ex DNII constituye un patrimonio documental único en el país, que conserva una voluminosa documentación de origen policial y militar sobre el autoritarismo y la dictadura (1968-1985) y sobre la propia historia de los partidos de izquierda en la clandestinidad (volantes, prensa, fotos, documentos incautados), así como sobre el accionar de grupos de derecha. Constituido en 1947, es una fuente documental ineludible para estudiar más ampliamente el relacionamiento del Estado y sus organismos de seguridad con la sociedad y sujetos particularizados.
La primera entrega de la documentación refiere al período 1968-1973, y se trata aproximadamente de 28.000 copias digitalizadas depositadas en 60 cajas, sobre las que se han elaborado índices y descriptores temáticos de los contenidos para orientar las búsquedas, entre otros asuntos, sobre grupos políticos, estudiantes, sindicatos, detenciones, seguimientos, movilizaciones, incidentes callejeros, revistas y periódicos gremiales, expulsiones del país, secuestros, heridos, procedimientos y operativos, ocupaciones de liceos, informes policiales, denuncias, quema de coches, vigilancia a extranjeros, discursos políticos, escucha de audiciones.
Para procesar la digitalización, el MI y la Udelar han adquirido los escáneres, a la vez que el MI asegura los equipos técnicos que cubren en doble turno el proceso de ingreso de los documentos al sistema, bajo supervisión de archivólogos universitarios, en la sede de la DGII.
El acceso online a los documentos digitalizados, así como su respaldo informático, según el convenio, quedará en la FHCE, y está en marcha el acondicionamiento técnico de la información y la definición del protocolo de acceso, bajo asesoramiento del Archivo General de la Nación y del Archivo General de la Udelar. La meta es marzo 2017. Mientras tanto, se continuará con la digitalización hasta completar el archivo.
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(*) Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y supervisor académico del equipo universitario que investiga sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos entre 1968-1985, en convenio con Presidencia de la República.
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3) Gobierno sancionó a contralmirante Menini por dichos sobre Fidel
(La Diaria)
“Hoy es un gran día”, escribió el 26 de noviembre el contralmirante Daniel Menini, en su muro de Facebook. La referencia al fallecimiento de Fidel Castro en medio de un duelo oficial no cayó bien en el gobierno, que decidió sancionarlo con una pena de arresto a rigor. La resolución, según pudo saber la diaria, se la comunicó directamente a Menini el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, luego de hablar sobre el tema con el presidente Tabaré Vázquez, que avaló la sanción.
Hace poco más de dos semanas, Menéndez había sido consultado en el Parlamento por los posteos de Menini; en aquella oportunidad el jerarca admitió que no conocía el caso, pero adelantó que los militares, según la Constitución, “no pueden hacer apreciaciones de carácter político”. Pasaron los días, y la investigación administrativa siguió su curso, hasta que finalmente se decidió aplicar esta sanción. Las fuentes del Poder Ejecutivo consultadas fundamentaron la decisión en que la publicación del funcionario de la fuerza en redes sociales “contraviene” la línea de acción que había marcado el gobierno con respecto a esos días, en referencia al decreto de duelo oficial.
No es la primera pena que la administración de Vázquez le aplica a un funcionario de la Armada en las últimas semanas: vale recordar que a comienzos de diciembre sancionó al comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, por su discurso del 15 de noviembre -cuando criticó al gobierno por los recortes presupuestales- y por la carta intimidatoria que envió a la diaria a raíz de una nota de la sección de humor El Faro del Final del Mundo.
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4) UTE pretende canalizar ahorro minorista para financiar obras
Andrés Oyhenard (El Observador)
UTE intentará replicar el éxito que obtuvo con tres de sus parques eólicos (Pampa, Arias y Valentines) en la captación y desarrollo del ahorro minorista, a otras obras que deberá ejecutar en este período de gobierno para las cuales no cuenta con el «espacio fiscal» suficiente para ejecutarlas con recursos propios. Según informaron fuentes del ente a El Observador, UTE aún tiene pendiente buscar alternativas para obtener unos US$ 300 millones para realizar una serie de obras que están por fuera de las que ya están planificadas con ingresos propios antes que finalice este quinquenio.
En lo que va de este período de gobierno, UTE logró financiar una obra de transmisión por US$ 80 millones con un privado por medio de un leasing al cual le pagará un canon por un período de 20 años. Por un mecanismo similar, obtuvo otros US$ 30 millones para la compra de medidores inteligentes de energía eléctrica, un plan que está previsto se expanda en 2017.
En declaraciones a la prensa luego de presentar el resultado de la emisión de acciones del parque eólico Valentines (ver aparte), el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, puso como ejemplo algunas necesidades urgentes de inversión que debe encarar el ente, como la reposición de postes de las líneas de electrificaicón de en el medio rural. Dijo que lo que pasó este año donde se cayeron 2.500 postes no fue solo por el viento sino también porque hay muchos que «están viejos» y «hay que cambiarlos. Sin no hacemos la renovación, esto de los apagones cuando hay viento, va a ser una constante», advirtió. Otras obras que deben ejecutarse con esos recursos privados incluyen nuevas subestaciones de energía y líneas de transmisión.
Más allá de la voluntad que pueda impulsar el ente a lo largo de 2017 en apostar el diseño de nuevos instrumentos de ahorro que puedan ser atractivos para el ahorro minorista para financiar sus inversiones, primero habrá que sortear los controles y requisitos que pone el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que avale ese tipo de alternativas, precisó uno de los informantes.
«Evidentemente con las limitantes fiscales en materia de inversión tenemos unas cuantas necesidades. Lo difícil es encontrar un negocio en la cual la rentabilidad y el informe de riesgo que hacen terceros sea transparente porque es muy importante par el mercado de valores», explicó Casaravilla. De todas formas, el titular de UTE transmitió que se está trabajando para avanzar en esa línea para cumplir con una «serie de inversiones que quedaron por fuera del espacio fiscal» donde «se le está buscando la vuelta».
«No nos puede volver a pasar que nos quedemos sin energía; que los costos se vayan al diablo porque no hicimos las previsiones adecuadas. Es siempre mejor ir adelante de las inversiones y la demanda que esperar que la demanda nos llegue al cuello, la boca, la nariz y morir ahogado», afirmó. Casravilla indicó que lo «que no puede pasar» es que producto de las restricciones fiscales que tiene UTE para destinar más recursos propios a inversión «las cosas no pasen. Así fue que le buscamos la vuelta para el cambio de la matriz eléctrica», recordó.
En ese sentido, comentó en una década donde se llegó a que UTE invirtiera US$ 3.000 millones, se logró que inversores privados -con una renta de 10% anual en dólares- lograron invertir US$ 2.000 millones en eólica. «Por supuesto que si hubiéramos tenido el espacio fiscal lo habríamos hecho desde UTE», reconoció.
La incorporación de nuevos parques eólicos a futuro dependerá del crecimiento de la demanda. La potencia instalada de esta energía ronda hoy los 1.500 megawatts (mW) y está previsto que los futuros emprendimientos sean desarrollados por el ente energético y no por privados.
Baja de costos tuvo traslado parcial a tarifas
Cuando se lo consultó al presidente de UTE por el traslado de los menores costos de generación a la energía eólica a tarifa, admitió que quizás hubiera preferido un descenso mayor al actual, aunque dijo que debe ponerse todo en la balanza. En ese sentido, aseguró que desde 2010 hasta la fecha la tarifas cayeron 16% en términos reales. «Puedo reconocer que me hubiera gustado que fuera más (la baja); puede ser. Pero que bajaron, bajaron. Y no estamos explicando que el costo de la energía llegó a estar a casi US$ 100 (por megawatts/hora) en 2012 y ahora lo vamos a tener en US$ 50», indicó. Advirtió que si no se cambiaba la matriz, la tarifa estaría hoy 40% por encima de la inflación. Dijo que la baja de costos se destinó a «inversiones muy importante», la reestructura interna que aplicó la empresa, nuevos modelos de negocios, y una mayor contribución a Rentas Generales para disminuir el déficit fiscal.
Valentines se vendió como pan caliente
Por tercer vez, las emisiones de papeles destinadas a captar el ahorro minorista por parte de UTE recibieron un fuerte espaldarazo de los pequeños inversores. Ayer la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y UTE informaron los detalles del segundo tramo de la inversión mayorista que tenía como tope subastar US$ 22 millones en acciones del parque eólico Valentines que ofrecía una rentabilidad anual en dólares de 10%.
En ese tramo, la demanda alcanzó los US$ 61,4 millones, con una tasa de corte de 115,02%, una importante valorización respecto a su precio inicial de 100%. Ello llevó a que UTE obtuviera una ganancia de unos US$ 3,3 millones, destacó el titular de UTE, Gonzalo Casaravilla.
El martes había cerrado el tramo minorista donde la demanda superó en 4,25 veces el monto de US$ 20 millones que las autoridades había puesto a disposición para el pequeño inversor. En total, los inversores presentaron solicitudes por US$ 85,3 millones, de los cuales se terminaron asignando US$ 19.970.780 entre 10.054 particulares, lo que determinó un prorrateo (máximo) de US$ 2.520 por accionista. «Tener 10 mil socios en el cambio de la matriz energética a uno lo tiene que emocionar y erizar», declaró Casaravilla a la prensa. Por tanto, sumando la emisión mayorista y minorista la demanda total para ser accionista en el parque Valentines totalizó US$ 146,7 millones, 3,5 veces por arriba de los US$ 42 millones que se podía asignar.
El 22% del monto de la emisión minorista, unos US$ 4,5 millones, fue adquirida a través de SURA y Redpagos, que gestionaron las inversiones de entre US$ 100 y US$ 2.000. Estos inversores representaron el 40% de los ahorristas minoristas (4.000 inversores) y pudieron acceder al 100% de su solicitud, ya que la adjudicación fue asignada de los montos menores a los mayores.
El monto promedio en este tramo masivo fue de US$ 1.150. El 50% de los 4.000 colocó menos de US$ 1.000, mientras que un 15% (unos 600 particulares) lo hicieron con el monto mínimo de US$ 100. La edad promedio fue de 47 años, siendo el 18% de ellos menor de 30 años. El 35% de los 4.000 inversores se distribuyeron entre los distintos departamentos del interior. «Si el objetivo secundario era desarrollar el mercado de valores, podemos decir que fue un éxito total», resaltó el titular de UTE.
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5) A tres años de la regulación del cannabis, el medicinal no avanza
Guillermo Garat (La Diaria)
Hace 20 años, Félix Carreras, periodista trotamundos, editor del diario BP Color y católico que ahora recuerda el pasado bajo sus tilos, en Melilla, entendió que su esposa, Ofelia, de 73 años, le ocultaba el dolor que sufría. Los espasmos le impedían incluso levantar el teléfono cuando él lo hacía sonar desde la redacción.
La fibromialgia es un síndrome que en Estados Unidos padecen cinco millones de personas. Ocho de cada diez son mujeres. El cóctel de síntomas se concentra a veces en un rato, a veces en un día; en una parte del cuerpo o en otra. Félix los llama “empujes”; son trastornos neuropáticos. Dolor permanente en la musculatura -a veces en una pierna, un calambre en la pantorrilla, en el estómago, dolor en el antebrazo-, bajo umbral de dolor y rigidez muscular extrema son algunas de las manifestaciones del trastorno. Quienes lo atraviesan no consiguen siquiera un sueño armónico: a veces tienen insomnio, a veces duermen demasiado. Tanto dolor hace que el pensamiento se resienta. “La anomia me asustó”, musita Félix, que hizo todo y más para ayudar/aliviar/contemplar a su mujer y a su hija, que también carga con la fibromialgia y vive en Francia.
Félix se despierta temprano cada mañana para prepararle el desayuno a Ofelia. Se queda dos horas con ella en la cama, conversando, hasta que Ofelia relaja sus músculos rígidos para incorporarse y caminar un poco.
Durante años, Félix se puso al hombro la Asociación Uruguaya de Fibromialgia, y hoy maneja una fanpage: la Red Información Fibromialgia. Habitualmente recibe llamadas y mensajes con preguntas sobre la utilidad del aceite de cannabis para aliviar los síntomas de esta enfermedad que les quitó un pedazo de vida a los suyos, a él mismo y a los que atiende en el teléfono.
Félix ha recorrido todos los consultorios habidos y por haber durante esos 20 años; incluso viajó al exterior. A diario lo llaman por teléfono mujeres con esta dolencia, hombres que preguntan por su madre o por su esposa. Los pacientes y sus familias quedan a la deriva. Van de médico en médico, de mostrador en mostrador, y la cosa no mejora. “Los médicos no se ponen de acuerdo en qué es la fibromialgia”, se resigna. Los pacientes no cuentan con un equipo multidisciplinario que los asista; la orientación plausible es el psiquiatra o la morfina. O las dos cosas.
Ignorancia y burocracia
“Confieso mi total ignorancia con respecto al cannabis, la medicina y todos los argumentos burocráticos que se pueden poner para hacer que un camino, que debe ser fácil, se llene de piedras”, empieza Félix. Está de pie y toma la palabra al finalizar el panel sobre cannabis medicinal de la Expo Cannabis 2016.
Toma el micrófono y “sentía que descargaba el corazón, me ahogaba la angustia”, cuenta Félix. “No sólo tengo que aguantar que los doctores me digan que mi esposa no está enferma, sino que está loca”, descarga en el evento. Aunque se le quiebra la voz, continúa. Sabe lo que va a decir, es conciso. “Ahora tengo la presión, por la página de Facebook, de centenares de enfermos de fibromialgia que me preguntan si el cannabis sirve. Por razones éticas -soy periodista-, no puedo aconsejar, pero sí les doy información”, dice. El perfil de Facebook que maneja Félix tiene buena información, infografías, artículos de buenas fuentes. Es un atinado community manager. Pero no entiende algunas palabras en inglés.
“En tres provincias de Argentina aprobaron el Charlotte’s Web. No sé qué mierda es el Charlotte’s Web”, confiesa ante el público. “Es un aceite -de cannabis- para aliviar”, le responden desde el público y también susurra una doctora que integra el panel.
La esposa de Félix nunca usó aceite de cannabis. Pero hace unas semanas vieron una tapa del diario argentino Clarín que les dio algo de dónde agarrarse. Una mujer con fibromialgia había encontrado el alivio que ellos buscan desde hace años. Averiguó y encontró algo más por lo que preguntar/pedir/creer, y se mandó a la Expo Cannabis a contar lo suyo y ver si alguien le daba una mano.
“Yo duermo desde hace 20 años con la fibromialgia a mi lado. Son problemas psicosomáticos”: dolores en los intestinos, 16 calambres por noche. El infierno. Habla con el mayor de los dolores, el que hormiguea en la piel y se aloja en la caja torácica. Félix ya no puede con la voz ni con la situación. Necesita descargar. La voz lo arrastra: “¿Tengo que ir al mercado negro para atender a los míos?”. Se le anuda la garganta. Se le corta la voz. Hace una pausa. “La omisión es grave”, sostiene.
“Los reumatólogos le mandan morfina a mi mujer y les digo ‘no’. Ah, ¿morfina sí y cannabis no? ¿Por qué? Porque la morfina tiene precio, tiene patente, tiene un laboratorio detrás. ¡Carajo! Yo me voy a morir, pero voy a seguir defendiendo a los pacientes”, afirma. Las palabras se licuan de rabia. “Me importa un pito […]. Los derechos humanos de los pacientes están por sobre la demagogia del gobierno. Eso es lo que yo quiero decir”, lanza. El auditorio aplaude. Hernán Delgado, el moderador, lagrimea, como la mitad del centro de conferencias del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Sólo atina a murmurar: “¡Fah! Qué difícil”.
“Carreras, antes de que se vaya… Quiero pedirle disculpas por mis colegas, porque la fibromialgia es una enfermedad difícil de sobrellevar como paciente y más como familiar. Y sí, funciona con el cannabis”, respondió la doctora Julia Galzerano, que integraba el panel y además había montado, junto con su colega Raquel Peyraube, un consultorio para atender pacientes durante los tres días que duró la exposición. Son dos de las pocas médicas en Uruguay que recomiendan cannabis para aplacar una serie de dolencias, plenamente comprobadas por la comunidad científica pero todavía no reconocidas por la autoridad sanitaria del país.
El Ministerio de Salud (MS) fue el gran ausente en la exposición, y lo es en general en los eventos públicos que involucran a la regulación del cannabis. El MS todavía cataloga al cannabis en la Lista I de Estupefacientes; eso quiere decir que para el Estado el cannabis sigue siendo una sustancia psicotrópica sin uso médico. El puñado de médicos que se animan a recomendarla tiene que expedir una receta naranja. Pero además, en Uruguay no hay disponibilidad de ningún fármaco con los principios activos del cannabis. Un paciente podría importar el Charlotte’s Web (un aceite estandarizado y seguro) desde Estados Unidos y gastar 200 dólares (más envío) por 100 mililitros del extracto, que será útil por unas semanas.
A pesar de la ley, a pesar de la evidencia científica. “No se ha respetado el derecho que la gente tiene. Estamos exactamente igual que con la Ley 14.294, creada en la dictadura”, disparó Peyraube. En la consulta, “llegado el momento, cuando sabemos qué tenemos que hacer, no tenemos qué prescribir”, acusó la médica que hizo de las drogas un tema de salud en Uruguay. “Entre los médicos que dicen ‘yo no creo en esto’ y una tiene que aclararles que ‘esto’ no es religión ni dios, es ciencia; y los otros que no tienen idea de qué tienen que hacer, porque no saben ni dónde están parados, estamos en una situación de mucha angustia”, describió.
Las avionetas pasan, las farmacias no
Uruguay estuvo a la vanguardia con la ley de regulación. Pero la durmieron. Por ejemplo, los colombianos, que a fines del año pasado regularon el cannabis medicinal, ya tienen tres empresas produciendo aceite de cannabis, muy requerido en todo el mundo, que representa pingües ganancias para un puñado de grandes laboratorios. En Chile ya van dos cosechas de cannabis medicinal. Uruguay bosteza ante el negocio. Lo peor es que bosteza ante las personas con fibromialgia y las que padecen la veintena de enfermedades cuyos síntomas se atenúan con este aceite, pese a que la evidencia científica es abundante. En Uruguay producen el aceite un puñado de cultivadores, sin controles de calidad ni ensayos clínicos que avalen el contenido del frasco.
El País de Madrid publicaba, hace una semanas, una nota bajo el título: “La legalización del cannabis en Uruguay se atasca”. Tiene algo de verdadero. Lo dio a entender el propio presidente Tabaré Vázquez cuando volvió a aplazar la puesta en marcha del cannabis “recreativo” en las farmacias. Lo dan a entender los anónimos de las oficinas públicas (no todas, es cierto). Lo da a entender el Banco Central del Uruguay, que por la vía de los hechos impide a las empresas que plantan cannabis depositar sus ingresos en el sistema bancario uruguayo. Una de estas empresas, la International Cannabis Corporation, ya está cotizando en la bolsa de valores de Toronto, pero Uruguay le da la espalda a este nuevo commodity. Las empresas que ya han cosechado la marihuana que, en algún momento, venderán 50 farmacias, deberán camuflar el negocio, abrir una empresa offshore o una cuenta bancaria en cualquier otro país, como hacen los narcos. “Porque si van de frente los matan”, sostuvo un operador jurídico que pidió confidencialidad.
Los usuarios deberán seguir comprando cannabis del novel mercado gris callejero si las farmacias no venden rápido lo que hace tres años (y más) que se promete. 25 gramos de flores en el mercado gris estaban a unos 100 dólares en la cosecha de abril en Montevideo. Gracias a la lentitud en la implementación y al afán de lucro, se creó un nuevo mercado gris con flores de cannabis.
Hay cultivadores/estafadores uruguayos que venden semillas de pésima calidad, muchas veces disfrazadas de semillas importadas. Y también genéticas importadas que se comercializan en todos lados. Pero no hay un decreto que reglamente la importación de esas semillas, de las que nadie evalúa su estado fitosanitario. Nadie les cobra impuestos (excepto Aduanas).
A pesar de las vanas recomendaciones del presidente de no fumar marihuana, no hay campaña de difusión masiva sobre que fumar-porro-está-mal, algo que la ley obligaba a instrumentar en 120 días; pasaron tres años, y nada. La publicidad quedó encajonada. Tampoco la Administración Nacional de la Educación Pública incorporó el asunto de las drogas a su currícula; lo pidió el diputado Darío Pérez, que se encaprichó con ese artículo (¿inconstitucional?) durante el debate de 2013. Lo del cannabis es un secreto de Estado.
El único autorizado para hablar públicamente de marihuana es el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. El hermetismo que rodea la puesta en marcha de la comercialización del cannabis en las farmacias sólo acrecienta la desconfianza y alimenta los mitos, sobre todo entre aquellos a quienes nos gustaría comprar porro en las farmacias -que, lamentablemente, no somos pocos-.
El gobierno quiere tener todo aceitado para dejar entrar a los periodistas a las plantaciones. Es decir, para que la ciudadanía conozca de qué va este asunto de plantar marihuana, esa cosa que no hay que fumar pero, bueno, hay una ley y Uruguay cumple los compromisos. Desde abril se está sembrando cannabis en San José, pero sólo hay 100 kilos de cannabis prontos para la venta. Es decir, la quinta parte de una avioneta paraguaya promedio. El tiempo pasa, las avionetas también.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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