1) Argentina: La marea verde volvió a copar las calles contra la violencia de género
2) Argentina: Vivir en una sociedad donde nunca más existan crímenes por razones de género
3) Brasil: Mónica Benicio electa vereadora de Rio de Janeiro
4) Chile: Declaración: vivir sin violencia, comunicar sin ser agredidas
5) México: Recortes, pandemia y ausencia de políticas, agravan situación de niñez en Chiapas
6) Polonia: Peligra la vida de las mujeres por no poder acceder a un aborto seguro
7) Uruguay: Ocho de cada díez mujeres de zona metropolitana denunciaron violencia de género
8) Uruguay: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: los desafíos de Uruguay en el año de pandemia
9) Uruguay: Los calabozos de la locura, violencia sexual contra mujeres en la dictadura
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 669 – Lunes 30 de noviembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: LA MAREA VERDE VOLVIÓ A COPAR LAS CALLES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Las consignas de la jornada fueron desde exigir la sanción del aborto legal, seguro y gratuito y la implementación efectiva de la ley de educación sexual en las escuelas de san juan, entre otros.
La marea verde invadió la capital de San juan en el marco de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocatoria que tuvo una alta adición de diferentes sectores.
“Estamos marchando en contra la violencia hacia la mujer. Esperamos que se aplique la ley de emergencia en violencia. Tiene que haber capacitaciones en los poderes del Estado, tiene que haber presupuesto que es escaso para estos programas”, aseguró Ivana, integrante del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.
“Marchamos en contra de la violencia hacia la mujer en todos sus formas y expresiones y unificamos diferentes sectores para que nuestro grito y voz se escuche. Que la violencia machista se termine”, pidió Perla, dirigente del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.
“Estamos marchando para exigirle al Gobierno que tenga políticas y presupuestos para defender a la mujer, que es tan vapuleada. Día a día ocurren femicidios, la pandemia no los ha frenado para nada”, manifestó otra de las mujeres que participó de la movilización integrante del Movimiento de Desocupados MST.
Las consignas de la jornada fueron desde exigir la sanción del aborto legal, seguro y gratuito y la implementación efectiva de la ley de educación sexual en las escuelas de san juan, entre otros.
“Las violencias patriarcales y machistas sobre nuestros cuerpos se imprimen en nuestra provincia de un modo aun más singular que en otras provincias de nuestro país”, consideró Laura, de Mala Junta. Y agregó: “Entendemos que la exigencia de la plena implementación del protocolo ILE en nuestra provincia. Es una deuda pendiente que criminaliza a quienes han sido víctimas de abuso, sobre las que se practica una ideologización de su decisión”.
Agencia Farco / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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2) ARGENTINA: VIVIR EN UNA SOCIEDAD DONDE NUNCA MÁS EXISTAN CRÍMENES POR RAZONES DE GÉNERO
«Es importante que podamos vivir en una sociedad donde nunca más existan crímenes por razones de género”
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Agencia Paco Urondo entrevistó a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.
Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires conversó con Agencia Paco Urondo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Agencia Paco Urondo: Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿Cree que en este contexto hay violencias que se han recrudecido particularmente?
Estela Díaz: En el contexto de pandemia, claramente se ha recrudecido la violencia doméstica familiar, sobre todo en los dos primeros meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Además, el único modo de atención era el remoto y nosotras tenemos la Línea 144 provincial, que tuvimos que reforzar. Hubo casos críticos y de alto riesgo en los que duplicamos la cantidad de personal que tenía con equipos interdisciplinarios, los dispositivos duales y se le colocan tobilleras a los varones. Todo eso tuvimos que reforzarlo muchísimo porque con la violencia doméstica familiar, obviamente en el contexto de “quedarse en casa”, la casa es el lugar de inseguridad para las mujeres y esto lo vimos muy fuerte. Incluso en la provincia hubo un pico grande entre abril y mayo de crecimiento de los femicidios, que luego se estabilizó. Y cuando miramos los nueve meses completos, estamos en una cifra bastante similar al 2018 o 2019. Particularmente hay situaciones que responden también a aspectos que vemos en los últimos tiempos, que se agravan los niveles de crueldad que podés leer en las historias que se hacen visibles cuando se atiende a la violencia de género. Esto nos preocupa especialmente y el contexto de la pandemia lo hizo bastante visible. Las desigualdades sociales, las violencias de género y la sobrecarga en la tarea de cuidado, porque la casa se volvió como un panóptico en el que nos pudimos mirar como sociedad, y vimos cómo hay desigualdades muy presentes en la sociedad todavía.
APU: ¿Qué políticas e iniciativas se han llevado a cabo, en estos meses, para prevenir y revertir los diferentes tipos de violencia?
E.D.: Nosotras nos encontramos con mucha fragmentación, con pocos recursos para las políticas de las violencias, sobre todo pensando en una provincia de nuestras dimensiones: 135 municipios, 17 millones de habitantes, casi el 40% del país. Por un lado, reforzamos la Línea 144, le agregamos líneas de WhatsApp, fortalecimos los grupos que atienden los casos críticos y de alto riesgo. Se han atendido, hasta septiembre, más de 2200 casos de estas características que el equipo interdisciplinario articula con el Poder Judicial, con ministerio de Seguridad, con las áreas de género del Municipio. En fin, horas de trabajo hasta que se sale de la situación de riesgo, y en este sentido, nosotras decimos que esos son los casos donde se salvan vidas porque son verdaderamente situaciones de enorme riesgo. Además, se ha mejorado toda esta ruta crítica de intervención y se ha fortalecido mucho las mesas locales intersectoriales que tienen a todos los actores institucionales locales, provinciales y las organizaciones sociale.
Por otro lado, están funcionando alrededor de 120 municipio/mesas, el Fondo Permanente Especial de Emergencia para la Violencia, que ya está en 127 municipios. Creamos el programa “Comunidades sin violencia”, que es una línea de apoyo económico a los municipios para fortalecer la atención de la violencia en tres líneas de trabajo. Una línea es la creación o fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, incluyendo el tema de dispositivos para varones violentos y de los grupos de ayuda mutua para mujeres. La segunda línea es la refuncionalización de hogares o casas abiertas. Y la tercera línea son las salidas de la violencia. Esta línea, que es el acceso al trabajo, nos parece fundamental porque apunta a la construcción de autonomía para las mujeres en el proceso de la salida de la violencia. Junto con estas líneas, también están las redes de hogares. Está, asimismo, la línea de investigación en la cual hemos presentado informes e investigaciones como, por ejemplo, intentos de femicidios, que es muy útil para mirar el recorrido de las violencias, y qué operativos funcionan para que no se llegue a esa violencia más extrema, que es el femicidio. Estas herramientas nos dan pautas para pensar las políticas públicas. Lo mismo que la línea de varones, la línea “Hablemos”, que también es un dispositivo novedoso y está resultando una interesante herramienta de intervención.
APU: Los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia de género y sus causas son múltiples. ¿Qué es lo que podríamos transmitirle a la sociedad sobre esta problemática? ¿Es posible bajar esos números?
E.D.: Nosotras tenemos un enfoque en torno a la violencia de género, que es cambiar el paradigma desde el que se venía trabajando, que estaba muy ligado a la judicialización o a los temas de seguridad. Pensamos que hay que hacer un abordaje integral, que tiene que tener una fuerte vinculación interinstitucional y entre jurisdicciones. Esto es fundamental y hay que construir los mecanismos de respuesta en cada territorio, porque quien sufre la violencia vive en una localidad determinada y allí es donde debe llegar la respuesta integral. Esta respuesta y enfoque integral incluye también a los violentos, algo que antes quedaba fuera de la perspectiva de abordaje y análisis. Así que nosotras ahí hemos desarrollado una serie de dispositivos y mecanismos que vamos a seguir profundizando.
Además, el otro camino que venimos recorriendo desde la Mesa Intersectorial Provincial de Violencia es trabajar planes y programas para todas las modalidades de la violencia. En general, y por más que la ley 26.485 es integral, nos lleva toda energía la atención de la violencia doméstica y familiar, muchas veces mal y poco porque no alcanza lo que se hace o lo que se hacía hasta el año pasado, al menos. Nosotras ahora estamos trabajando para construir planes y programas de todas las modalidades de la violencia, y esto lo estamos trabajando con cada ministerio que es cabecera o responsable del tipo de modalidad. Para poner un ejemplo, comunicación de la violencia mediática, salud de la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva, el Ministerio de Gobierno de la Violencia Política, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Violencia Institucional, el trabajo y la violencia laboral, etc. Todas y todos, mancomunadamente, articulamos para que nuestro plan sea integral en torno a todas las modalidades de las violencias de género.
El día 25 de noviembre presentamos la reactualización del Sistema Integrado de Políticas Públicas para el Abordaje de las Violencias por Razones de Género, que tiene todo este conjunto de políticas y al que también le hemos incorporado un Programa integral de abordaje de los femicidios, que va en el camino de cómo se acompaña a las familias, de políticas de reparación, pero cómo también se construye investigación y dispositivos buscando que efectivamente se reduzca esta cifra, con el horizonte o la utopía puesta en pensar que podamos vivir en una sociedad donde nunca más existan crímenes de odio por razones de género ni de ningún otro tipo.
APU: En este contexto ¿Ha habido un trabajo conjunto con las diferentes áreas o ministerios del Gobierno? ¿Cómo ha resultado?
E.D.: Esta es una fuerte decisión planteada desde el propio Gobernador, pero que son características de la construcción del Ministerio. El decreto 45/2020, que crea nuestra estructura, genera cuatro áreas para la transversalización de género. Por un lado, un Consejo de Políticas Transversales con los municipios. Esto es, cómo llegamos a articular con cada territorio para que se fortalezcan las políticas de género en el lugar, en las distintas localidades. Un segundo consejo es el de Transversalización de Género en la Administración Pública; el tercero que es la Mesa Interpoderes en la cual se sientan las principales autoridades del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Por último, el Consejo de Sociedad Civil que lo organizamos a partir de una articulación muy fuerte con colectivos organizados, como por ejemplo, con el sindicalismo, los movimientos sociales, las redes feministas, las juventudes, etc.
Fue muy intensa toda la política de articulación transversal y, en particular, con el conjunto de las áreas de gobierno. Lo hemos implementado, por un lado, para dar cumplimiento a la Ley Micaela, pero, por el otro lado, además de las reuniones plenarias, con mesas temáticas que vienen trabajando muchas líneas que hacen articulaciones entre distintos organismos. Hay una recepción muy grande, y el compromiso para que la perspectiva de género la impulse el conjunto del Gobierno de la provincia es enorme. Así que tenemos mucha tarea, pero se hace fácil porque tenemos interlocutoras e interlocutores institucionales muy perceptivos, con compromiso. Además, en todas las áreas, hay personas que vienen con trayectoria de la militancia o de la formación en géneros.
APU: ¿Qué desafíos y objetivos se tienen a futuro?
E. D.: Nosotras tenemos muchísimos desafíos. Primero pensamos que en el 2021, con la vacuna de COVID- 19, va a empezar a desarrollarse la gestión en otros aspectos. Algo que este año fue muy difícil. Por lo tanto, aquello que señala el gobernador, Axel Kicillof, siempre con claridad, que “el eje es el trabajo, la producción, poner a la provincia en marcha con inclusión e igualdad”. Esa es la tarea que viene. Hay un ambicioso programa de obras públicas, de suelo, vivienda y hábitat, para seguir mejorando el sistema de salud y educativo en la provincia. Todas estas iniciativas están miradas también desde la perspectiva de género y la reducción de las brechas de desigualdad no solo social, sino también las que afectan a las mujeres y a la diversidad sexual.
El gran desafío para nosotras es, además, profundizar todo lo que tiene que ver con una perspectiva de integralidad en relación a la atención de la violencia, pero hacerlo en conjunto con las políticas de promoción y de igualdad. Hay que ir hacia iniciativas que entren en los temas que hacen a las desigualdades estructurales de la sociedad, sino nunca vamos a erradicar las violencias, nunca vamos a ir de fondo a aquellas cuestiones que hacen de condiciones de posibilidad para que existan las violencias de género, así que ese es un enorme desafío a futuro.
Agencia Paco Urondo / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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3) BRASIL: MÓNICA BENICIO, QUIEN FUERA LA PAREJA DE MARIELLE FRANCO, FUE ELECTA VEREADORA DE RIO DE JANEIRO
El domingo 15 de noviembre se celebraron las elecciones municipales en Brasil donde se eligieron prefeitos y vereadores, los que en Uruguay serían intendentes y ediles, respectivamente.
Dos años y ocho meses después del asesinato de su pareja Marielle Franco, Mónica Teresa Benicio fue electa vereadora de la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Decidida a continuar el legado de Marielle, la arquitecta y activista por los derechos humanos fue electa con 22.919 votos, según la Justicia Electoral de Brasil. Benicio fue candidata por el mismo partido que Franco, el PSOL y, al igual que Marielle, es oriunda del complejo de favelas da Maré.
«¡Estamos electas! La Cámara Municipal tendrá una vereadora lesbiana. ¡Agradezco inmensamente a las más de 22 mil personas que votaron por un futuro mandato feminista y antifascista para la Cámara Municipal de Río! Vamos a transformar a estas ciudades juntas» publicó Mónica Benicio en su instagram en la noche del domingo.
Pasaron casi 1000 días del asesinato de Marielle Franco y su chófer Anderson Gomes, la investigación continua abierta y aún quedan muchas interrogantes. Los dos supuestos asesinos, los ex policías Élcio de Queiróz y Ronnie Lessa están presos, pero aún no se sabe quién mandó asesinar a Marielle.
Marielle y Anderson fueron ejecutados a tiros dentro de su vehículo el 14 de marzo de 2018, cuando la entonces vereadora regresaba de un evento de mujeres negras en la región central de Río de Janeiro.
257 Noticias / Luciana Biurra/ COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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4) CHILE: DECLARACIÓN: VIVIR SIN VIOLENCIA, COMUNICAR SIN SER AGREDIDAS
Declaración Pública en apoyo a Daniela Salazar
26 de noviembre de 2020
En América Latina las periodistas amenazadas y las periodistas en resistencia son mujeres que comprenden el poder de la palabra y la verdad, de desmantelar al poder, de incomodarlo, de crear fisuras en los discursos y de desmontar imaginarios que sólo han reproducido la violencia y la muerte.
Son mujeres-comunicadoras-activistas que han comprendido su relación con la tierra, con el agua, respetuosas de las formas de vida de los diferentes territorios que hoy deben ser defendidos –con urgencia y altos niveles de organización- del extractivismo capitalista y de las nuevas guerras.
Hoy las comunicadoras sociales se han visto obligadas a comprender que sus cuerpos también son territorios que comunican, desde la palabra, desde la presencia, desde la complicidad del oficio.
Por eso nos preocupa de manera particular que no exista en Chile -un país en conflicto, con militares desplegados por el territorio, con toque de queda por las noches- el derecho a la comunicación, un derecho que no apele solamente a la concentración de los medios o a la paridad, sino a algo que ampare el derecho a comunicar sin miedo y sin amenazas.
Hace un par de meses, durante la cobertura mediática de las manifestaciones ocurridas en la comuna de Tirúa, en apoyo a huelga de hambre sostenida por comuneros mapuche privados de libertad, una de nuestras compañeras fue agredida por su ex pareja.
Agresión, que no siendo la primera, aconteció en un contexto público en momentos en que nuestra compañera, en pleno ejercicio comunicacional, participaba de una transmisión radial en vivo durante una manifestación que tenía como objetivo denunciar la violencia que se vive en territorio mapuche.
En cuanto a las temáticas públicas, vinculadas con la violencia hacia las mujeres, continúan habiendo serias deudas y vacíos históricos, que al menos desde la institucionalidad, generan agravantes en la denuncia por vivir actos de violencia en espacios públicos.
La violencia contra las mujeres, ya sea en contexto de relación o ex relación, con convivencia, sin convivencia, con resultado de femicidio o sin resultado de femicidio se ejercen tanto en espacios públicos como privados, lo que no se recoge por nuestra legislación de acuerdo a los estándares de derechos humanos de las mujeres, ya que no existe una ley de protección integral contra la violencia, evidenciando la reducida intención del Estado chileno de visibilizar la violencia machista.
Hoy denunciamos este grave hecho porque ya no transitamos los caminos del silencio, porque ningún agresor nos seguirá achicando la calle, ni apagando el micrófono.
Hoy solidarizamos y expresamos todo nuestro cariño y apoyo con la comunicadora popular Daniela Salazar, para que nunca más estos actos de violencia queden en la impunidad.
Hoy nos cuidamos entre nosotras. Hoy nos hacemos más fuertes, y ocupamos antenas, parlantes y transmisores para expandir nuestros dolores, para que vibren las palabras, para ponerle rostro a nuestros agresores, para hacer algo de justicia. Para que nunca más.
¡Por el libre derecho a ejercer una comunicación libre de violencia!
Medio a Medio/ COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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5) MÉXICO: RECORTES, PANDEMIA Y AUSENCIA DE POLÍTICAS, AGRAVAN SITUACIÓN DE NIÑEZ EN CHIAPAS
Los recortes presupuestales, la ausencia de políticas de Estado que contribuyan a garantizar el bienestar de la población infantil y las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, agravaron las condiciones pre-existentes de desigualdad y pobreza en la que vive niñez y adolescencia en Chiapas, aseguraron organizaciones civiles.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, integrada por la Alianza por la Salud, Alimentación y nutrición, Aldeas Infantiles SOS Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Melel Xojobal, Vientos Culturales, y World Vision Chiapas, advirtieron que a 31 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, aniversario que se conmemora este 20 de noviembre, se incrementó la desigualdad y las brechas en el acceso a derechos de la niñez y adolescencia en aquel estado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en esa entidad 85.4 por ciento de la población infantil y adolescente es pobre por ingresos, lo que podría incrementar a 92.6 por ciento y hasta 93.3 por ciento. Significa que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el estado, vivirán su infancia y adolescencia en pobreza o extrema pobreza, con un efecto negativo en sus proyectos de vida, explicaron en un comunicado.
La suspensión de clases presenciales y la estrategia educativa “Aprende en Casa” implicó que cientos de niñas, niños y adolescentes se hayan quedado sin escuela por falta de acceso a internet, computadora o televisión, con el riesgo grave de deserción, lo que impacta particularmente para las niñas y mujeres adolescentes a quienes tradicionalmente se les asigna obligaciones de cuidado y cumplen dobles o triples jornadas de trabajo. Cabe mencionar que Chiapas es la entidad con mayor rezago educativo a nivel nacional.
En esta pandemia las y los menores de edad que trabajan se han quedado sin trabajo o han dejado de ayudar a su familia a generar dinero, lo que representa importantes restricciones en el acceso a la alimentación o la educación principalmente. Para las infancias trabajadoras, la pobreza, la precariedad laboral y los menores niveles de escolaridad, incrementan sus probabilidades de exponerse a la explotación, la trata de personas, y el trabajo forzado, expusieron las organizaciones.
Por otro lado, alertaron que las diferentes expresiones de violencia contra la niñez no se han detenido, sino más bien han ido a la alza. En este año, Chiapas registró una cifra récord en niñas, niños y adolescentes con reporte de desaparición, misma que representa casi el doble respecto al año anterior. Hasta el mes de noviembre 316 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos y sólo 47 por ciento tiene reporte de localización; 85 por ciento de las desapariciones están concentradas en niñas y mujeres adolescentes.
En sus expresiones más graves, la violencia machista ha cobrado la vida de 8 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. De acuerdo con las agrupaciones, la más pequeña tenía 1 año de edad.
Todo lo anterior ha repercutido gravemente en la salud emocional de la niñez. La red de organizaciones indicó que muestra de ello es el incremento a más del doble de la cifra de suicidios de adolescentes respecto a 2019. Hasta agosto de 2020, 24 adolescentes entre 13 y 17 años fallecieron por esta causa, en 2019 la cifra fue de 14.
También alertaron sobre los conflictos armados no resueltos en la entidad que prevalecen con la complicidad del Estado así como las prácticas de despojo territorial a los pueblos originarios para imponer megaproyectos (supercarreteras, mineras, hidroeléctricas y plantaciones). Estos conflictos han representado el desplazamiento forzado de más de 4 mil niñas, niños y adolescentes de 2006 a la fecha.
La red expuso que ahora más que nunca se requiere que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes asuma un serio compromiso para garantizar y proteger los derechos de la niñez. No obstante, este mecanismo sigue sin contar con una estructura ni presupuesto propio para operar y el Anteproyecto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentado desde el inicio de esta administración sigue sin publicarse.
“Si no actuamos hoy, tendremos una crisis sin precedentes con impactos irreversibles en el presente y futuro de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por este territorio”.
Es por esto que llamaron a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todos los niveles, a priorizar el interés superior de la niñez en sus decisiones y a cumplir a cabalidad y con presupuesto el Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de las Niñas, Niños y Adolescentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Cimac Noticias / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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6) POLONIA: PELIGRA LA VIDA DE LAS MUJERES POR NO PODER ACCEDER A UN ABORTO SEGURO
El Parlamento Europeo ha condenado el retroceso en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia y subraya la obligación legal de la UE de protegerlos.
En una resolución aprobada el 26 de noviembre 2020, con 455 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones, la Eurocámara señala que la sentencia del 22 de octubre del Tribunal Constitucional de Polonia que declara inconstitucional el aborto en caso de defecto grave e irreversible «pone en peligro la salud y la vida de las mujeres», dado que la mayoría de los abortos legales en el país se efectúan bajo ese supuesto.
Prohibir esa opción, que representó el 96 por ciento de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia en 2019 (1074 de 1110), comportará un aumento de los «abortos ilegales, inseguros, clandestinos y potencialmente mortales», advierte el texto.
Los eurodiputados señalan que la sentencia fue adoptada «por jueces elegidos por políticos de la coalición liderada por el PiS (Ley y Justicia), de quienes dependen totalmente».
Los derechos de las mujeres son derechos fundamentales
El Parlamento hace hincapié en que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las leyes restrictivas del aborto violan los derechos humanos de las mujeres. Los eurodiputados también advierten de que el acceso sin obstáculos a los servicios de salud reproductiva y el respeto de la autonomía de las mujeres son esenciales para proteger sus derechos humanos y la igualdad de género.
Los derechos de las mujeres son derechos fundamentales, recalca la Cámara, que recuerda que las instituciones de la UE y los Estados miembros tienen la obligación legal de respetarlos y protegerlos.
La resolución lamenta el creciente recurso a la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios, incluso para evitar prescribir anticonceptivos o dar acceso a los controles prenatales.
Denuncia también que miles de mujeres se ven obligadas cada año a viajar al extranjero para acceder a un servicio sanitario tan esencial como el aborto, lo que supone riesgos adicionales para su salud y bienestar.
Apoyo a las protestas, no a la violencia
Los eurodiputados expresan su apoyo y solidaridad con los ciudadanos polacos, en especial las mujeres y personas LGBTI+ que, a pesar de los riesgos para la salud, salieron a la calle para protestar contra las graves restricciones de sus libertades y derechos fundamentales.
Destacan que la sentencia se anunció en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, con restricciones en vigor «que obstaculizan gravemente cualquier debate democrático adecuado».
La resolución condena la fuerza y la violencia excesivas y desproporcionadas contra los manifestantes, por parte de las fuerzas de seguridad y de los grupos nacionalistas de extrema derecha.
Colapso del Estado de derecho; la UE debe actuar
Según el PE, la sentencia es «un ejemplo más de la apropiación del poder judicial por parte de la política y del colapso sistémico del Estado de derecho» en Polonia.
Los eurodiputados piden a la Comisión que examine la composición ilegítima del Tribunal Constitucional que, a su juicio, es un motivo para impugnar sus sentencias y, por tanto, su capacidad para hacer cumplir la Constitución polaca.
El Consejo, por su parte, debe tratar esta cuestión y otras presuntas violaciones de los derechos fundamentales en Polonia en el marco del procedimiento bajo el Artículo 7.1 del Tratado.
Periodistas en español / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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7) URUGUAY: OCHO DE CADA DÍEZ MUJERES DE ZONA METROPOLITANA DENUNCIARON VIOLENCIA DE GÉNERO
Bajo el lema “No perdonamos”, el miércoles en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se realizó una concentración a las 18.30 horas en Calle 70 y Giannattasio y de allí se marchó a las 19 horas hacia la Plaza 8 de Marzo en Giannattasio y Becú donde hubo un cierre artístico. Convocaron colectivos feministas de la zona y organizaciones sociales.
Se conoció que las consultas por violencia basada en género se dispararon un 25% entre enero y setiembre de 2020 en comparación con el mismo periodo año anterior, según cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por otro lado, también pasó de 645 a 889 la cantidad de mujeres atendidas del programa de dispositivos electrónicos (tobilleras), un aumento del 37.8%.
De acuerdo con información de Inmujeres, alrededor de 1.1 millones de uruguayas han sido víctimas de violencia basada en género alguna vez en su vida, es decir, el 72.7% de las encuestadas.
En ese sentido, los casos de violencia ejercidos por parejas o exparejas son los más frecuentes y unas 640 mil mujeres han vivido situaciones de este tipo. Además, estas situaciones se dan en mayor medida en mujeres afro (60.5%) que en no afro (44.6%) de acuerdo con Inmujeres.
En zonas
Con respecto a la zona geográfica, ocho de cada diez mujeres (el 84.2%) que viven en el área metropolitana reportaron violencia de género en algún ámbito, mientras que seis de cada diez mujeres que viven en localidades con menos de 5.000 habitantes lo hicieron.
Entre las víctimas de violencia de género, el 27% requirió atención médica y el 23.5% debió ser hospitalizada, mientras que el 55.7 reportó sufrir de depresión o ansiedad y el 39.5% padeció alteraciones del sueño a raíz de los episodios de violencia.
Menores
Con respecto al ámbito familiar, el 28.8% (una de cada cuatro mujeres) indicó que las situaciones de violencia ocurren mientras hay menores de edad en el hogar. Según el Instituto, unos 225.000 niños y adolescentes viven en hogares donde sus madres son violentadas.
Adicionalmente, una de cuatro mujeres que reportan violencia de pareja o expareja declararon que el agresor también ejerció violencia hacia los menores.
No obstante, más del 60% de las mujeres manifestaron haber hablado con alguien sobre lo sucedido, pero el tipo de ayuda menos mencionado por las mujeres encuestadas es la realización de una denuncia administrativa o policial, mientras que el más frecuente fue la búsqueda de orientación.
Entre las mujeres que no buscaron ayuda, el motivo más frecuente fue que no lo consideraron importante y en segundo lugar porque entendieron que no serviría de nada.
Metropolitano.uy / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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8) URUGUAY: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: LOS DESAFÍOS DE URUGUAY EN EL AÑO DE PANDEMIA
El impacto del coronavirus y el reclamo de más recursos para combatir la violencia de género marcan, entre otras cosas, este #25N.
Hoy se cumplen 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana. El 25 de noviembre es difícil de olvidar desde que los feminismos de la región lo definieron como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981. El objetivo era doble: por un lado, recordar a las Mirabal; por el otro, exponer las distintas formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres.
La reivindicación se hizo global en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió la fecha como una jornada para visibilizar la violencia de género y exhortar a los estados a que implementen políticas para su prevención y combate. Desde entonces, el día sirve para que gobiernos e instituciones hagan un balance sobre las acciones que llevan adelante en esta materia y promuevan actividades de sensibilización. Para las organizaciones de mujeres y los colectivos feministas es una oportunidad de poner arriba de la mesa todo lo que –siempre– queda por hacer.
Este año, el mapa de la violencia de género está marcado por el impacto de la pandemia de covid-19, que impuso la necesidad de aislarse para contener la propagación de la enfermedad. La casa se convirtió así en el lugar más seguro para evitar el contagio del coronavirus, pero también en el más inseguro para mujeres en situaciones de violencia por parte de parejas o familiares convivientes. En el encierro, las posibilidades de pedir ayuda, denunciar o escapar de la violencia se vieron reducidas o nulas. Según un informe de la ONU publicado en julio, el número de llamadas a líneas de atención a mujeres llegó a quintuplicarse en varios países durante las cuarentenas.
El fenómeno tuvo sus coletazos también en Uruguay, un país en el que ocho de cada diez mujeres fueron violentadas en algún momento de su vida, según la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones presentada el año pasado.
Las consecuencias de la pandemia se sumaron a otros hechos concretos que este año pusieron a la violencia de género en el centro de la agenda de la sociedad civil, como la elaboración de un Presupuesto Nacional que, [según organizaciones feministas, no tuvo en cuenta la problemática, la mediatización de la Operación Océano, que investiga a una treintena de varones poderosos por explotación sexual de adolescentes, o la irrupción de iniciativas espontáneas en redes sociales para denunciar situaciones de violencia sexual en distintos ámbitos.
En el marco de un nuevo #25N, especialistas en el tema consultadas por la diaria hicieron un repaso de los desafíos que planteó el 2020 en este terreno. Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que la violencia machista no sólo quedó solapada por la pandemia, sino que sigue sin ser prioridad en Uruguay.
“En el imaginario colectivo y entre quienes deciden, la violencia de género sigue siendo un tema de segunda y sigue faltando que sea un tema prioritario”, aseguró Teresa Herrera, socióloga, experta en género y generaciones e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “Lo que necesitamos, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un gran cambio cultural”, dijo Herrera. “La violencia hacia las mujeres no es un problema de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad y, en la medida en que no lo asumamos así, vamos a seguir teniéndolo”, sostuvo.
Para Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la asociación civil El Paso y coordinadora académica del Diplomado Superior sobre Violencia Basada en Género de FLACSO Uruguay, “llegamos a un 25 de noviembre en que el tema de la violencia de género no está siendo uno de los que generen más reflexión”. “Tenemos que volver a colocar el tema en la opinión pública, después de un año en el que parece que hubieran desaparecido todos los problemas, porque todo es coronavirus y el miedo a la pandemia”, reflexionó la investigadora. A su entender, la crisis sanitaria “copó” los espacios en los medios de comunicación y, como contrapartida, la violencia de género quedó “en segundo plano”. Pero esto “no es culpa de la pandemia”, aclaró, sino “del uso que se hace de la pandemia”.
El otro virus
Uruguay declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo y fue uno de los países que, en vez de decretar cuarentena obligatoria, optó por exhortar a la población a cumplir un aislamiento voluntario. Pese a esto, el número de llamadas a la línea 0800 4141, de atención y asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se disparó en los primeros tres meses de pandemia. Según los datos del Inmujeres a los que accedió la diaria, entre enero y setiembre de este año fueron atendidas 11.281 llamadas, un promedio aproximado de 41 por día. El pico máximo se registró en abril, con 2.231 consultas, es decir, una cada 20 minutos. Los siguientes meses con más consultas fueron marzo (1.301) y mayo (1.645).
En paralelo, las denuncias policiales bajaron: hubo 22.830 denuncias por violencia doméstica entre marzo y octubre de 2020 –aproximadamente 95 por día–, frente a las 23.387 recibidas en el mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI). Esta baja de denuncias pone en evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el contexto de pandemia a la hora de denunciar.
Por otra parte, el MI contabilizó 12 femicidios en Uruguay en los primeros ocho meses del año, según informó la cartera al semanario Búsqueda. La Coordinadora de Feminismos, que lleva su propio registro, denunció 22 femicidios desde que empezó el año hasta el 11 de noviembre. A diferencia del MI, la plataforma feminista incluye otros tipos de homicidios de mujeres y no sólo aquellos tipificados como femicidios por la Justicia.
Para Tuana, “los estragos de la violencia durante el confinamiento” se van a empezar a ver recién el año que viene, sobre todo en los casos de mujeres que no pudieron pedir ayuda. “Se trabajó con las personas que pudieron pedir ayuda, pero creo que hay un grueso de situaciones, que son de nivel de riesgo medio o medio para arriba, que son las que quedaron atrapadas. Eso genera un impacto muy complicado en la vida, en la salud mental, a nivel psíquico y físico de las personas, que yo creo que todavía no estamos viendo”, puntualizó.
Unas semanas después de declarada la emergencia sanitaria, y en base a la experiencia de otros países, el Inmujeres implementó medidas para hacerle frente al problema. Entre otras cosas, reforzó el servicio telefónico de atención, aumentó el cupo de los refugios para mujeres en situación de violencia y lanzó una campaña de sensibilización.
Tuana considera que esto no fue suficiente. “Ya teníamos medidas completamente deficitarias antes de la pandemia, y durante la pandemia los servicios se redujeron. El 0800 4141 se amplió unas horas, pero nuestro planteo siempre fue que ese servicio debería ser de 24 horas”, cuestionó la activista. En su opinión, se deberían haber tomado medidas “de más acompañamiento y de generar comunicaciones para que la gente pueda pedir ayuda, pero a eso le tenés que responder con rutas de salida para mujeres víctimas de violencia y no las hay”.
Por su parte, Herrera consideró que el refuerzo del servicio de atención telefónica “estuvo bien” porque fue “el lugar donde más se canalizó” el problema, pero dijo que las medidas “no fueron demasiadas”. “Nosotras habíamos pedido un botón de pánico en las ceibalitas que nunca se concretó porque dijeron que tecnológicamente no era posible hacerlo”, puso como ejemplo. Sin embargo, aclaró que todavía “falta perspectiva” para poder saber exactamente cómo incidieron las medidas adoptadas y cuáles serán los efectos.
Responsabilidad del Estado
La pandemia llegó a Uruguay 12 días después de que asumió el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón, quienes durante la campaña habían anunciado un compromiso para erradicar la violencia de género. Hasta el momento, las señales que ha dado en este sentido han sido interpretadas por el movimiento social como –por lo menos– contradictorias.
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Poder Ejecutivo fue la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que, según distintos colectivos y académicas, lejos de profundizar en las urgencias de las mujeres, hace un abordaje sesgado de la violencia de género, desde una perspectiva de la seguridad, con un énfasis en lo policial y en la aplicación de penas.
Más adelante, el proyecto de Presupuesto que fue presentado al Parlamento generó el rechazo de colectivos feministas, ya que entre otras cosas no contempla recursos específicos para implementar la Ley 19.580, de violencia basada en género.
Además, incluía un artículo que derogaba los juzgados multimateria, una decisión que también fue repudiada y que la bancada bicameral femenina propuso eliminar del proyecto para que pueda ser discutido por separado, con más tiempo.
“La Ley 19.580 prevé una serie de acciones que se deben desarrollar y que son las que venimos reclamando desde hace muchos años. Que en este presupuesto eso no quede reflejado es un problema tremendo y una señal de que este gobierno no tiene un compromiso real con la violencia de género”, dijo Tuana. La referente feminista consideró en particular que la eliminación de los juzgados multimateria es “una afrenta a los derechos de las mujeres”.
Para Herrera, se trata de una ley que “ya viene mal parida” porque cuando se aprobó, a fines de 2017, tampoco se le asignó presupuesto. “El gobierno anterior declaró una emergencia a la cual no le puso plata, y este gobierno tampoco está dando los recursos necesarios como para implementar realmente la ley. Ha aumentado algo los recursos de los servicios y el sistema de respuesta, pero no de la ley. No sabemos qué va a pasar con la ley, lo cual es un franco retroceso”, opinó la socióloga.
Bajo la consigna “Violencia de género, responsabilidad de Estado”, la Intersocial Feminista convoca a una concentración que este #25N pondrá el foco justamente en la falta de recursos para atender la violencia hacia las mujeres (ver recuadro). “Hace muchísimos años veníamos reivindicando una ley contra la violencia basada en género, pedimos presupuesto que no lo tuvo en los últimos años, nos enojamos mucho cuando declararon una emergencia nacional sin medidas y claramente a este gobierno le vamos a seguir reclamando”, dijo Tamara García, vocera de la Intersocial Feminista, a la diaria.
El mensaje de lo que se hace público
Otros dos hechos específicos han puesto este año el problema de la violencia de género en el tapete. En primer lugar, la Operación Océano, que investiga a más de 30 hombres vinculados al poder económico, político y jurídico por explotación sexual de adolescentes. La investigación comenzó en noviembre de 2019, tomó estado mediático en marzo y provocó incluso que la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género creara una línea telefónica para denunciar casos de explotación sexual.
La mediatización de la Operación Océano puede contribuir a “romper con la impunidad” de este tipo de casos, según afirmó Tuana, sobre todo porque envió a los explotadores el mensaje de que “el Estado va a empezar a mirar esto”. “Sabemos que no alcanza, que hay que hacer muchas cosas más y que los explotadores sexuales no van a dejar de hacer lo que hacen”, dijo la especialista, pero “ya no es lo mismo”.
En una línea similar, Herrera aseguró que el hecho de que el caso se mediatizara “ha sido bueno porque ha roto muchos mitos y estereotipos”. “Mucha gente pensaba que estas cosas pasaban sólo entre los pobres o tenía totalmente naturalizada la situación de la explotación de las gurisas, entonces yo creo que ha servido para tirios y troyanos”, señaló la académica; “ha servido para los que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando y también para aquellos que creían que gozaban de total impunidad”.
Las iniciativas que surgieron en las redes sociales para denunciar situaciones de violencia sexual en distintos ámbitos de la educación o la cultura representan otro de los momentos del año en el que alguna forma de violencia de género encontró lugar en la opinión pública.
La ola de denuncias de acoso y abuso sexual en el Carnaval fue posiblemente la que generó mayor impacto. La gravedad de algunas denuncias –que incluían delitos de violencia sexual– hizo que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidiera intervenir de oficio y la Fiscalía habilitó una línea telefónica para realizar denuncias en el marco de esta investigación.
Según Tuana, estas movidas marcaron “un antes y un después” porque “generaron un mensaje a la ciudadanía y sobre todo a los varones, de que nosotras no nos vamos a callar y vamos a hacer esto les guste o no les guste”. La experta dijo que incluso si pensara que “los escraches indiscriminados a todo el mundo y de la misma forma no son la mejor herramienta”, cree que “es un mensaje que tiene una fuerza que está marcando un antes y un después, porque es una herramienta que las mujeres se han apropiado y se han empoderado para poder denunciar las injusticias y las situaciones de violencia que en la Justicia no tienen cabida”.
Por otra parte, lamentó que la reacción del gobierno nacional ante las denuncias haya sido “nula”. “No generó un comunicado, una línea telefónica, nada. La Fiscalía fue la única institución que invitó a acercarse para denunciar”, enfatizó. En cambio, celebró la serie de acciones que desplegó la IM para dar respuesta sobre todo a la situación en el Carnaval, incluido un servicio de atención para mujeres que vivieron acoso o abuso sexual en ámbitos culturales, que es gestionado por El Paso.
Herrera, en tanto, dijo que más allá de que no apoya el escrache como herramienta –aunque entiende que “no queda más remedio” cuando no están dadas las garantías para hacer la denuncia–, la estrategia lamentablemente no tuvo “resultados muy concretos”. “Tengo la sensación de que se quedó en mucha cháchara y pocos resultados finales, lo cual es una pena porque no tengo ninguna duda de que lo que está de fondo es real”.
A su entender, esto se debe en parte a que todavía hay “grandes resistencias institucionales” en lugares como, por ejemplo, la Universidad de la República (Udelar). Tuana coincidió: “No hay un involucramiento o una decisión institucional de la Udelar que diga ‘esto está pasando en la Facultad de Medicina y además en la Facultad de Derecho, vamos a hacer una intervención en este tema’. No hay nada. No llega nunca”.
La Diaria / Stephanie Demirdjian / COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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9) URUGUAY: LOS CALABOZOS DE LA LOCURA, VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES EN LA DICTADURA
Unas 28 presas políticas esperan la reactivación de una de las causas más significativas de la dictadura. En marzo de 2021 declararán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Subrayado /25.11.2020
Cuando Ana Amorós cayó presa en 1972, en el preludio de la dictadura uruguaya, lo primero que hicieron fue pasar una fusta sobre su cuerpo desnudo frente a un grupo de militares, antes de violarla.
Igual que Amorós, Brenda Sosa, Luz Menéndez, Ivonne Klingler y Anahít Aharonian eran veinteañeras cuando pasaron por centros clandestinos de tortura.
Todas forman parte del grupo de 28 expresas políticas que en 2011 interpuso una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violación contra más de 100 agresores, la mayoría militares, en el contexto de la dictadura (1973-1985).
Ante la dilación de la justicia de su país, el grupo planeaba presentarse este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear su situación.
Sin embargo, la pandemia retrasó sus planes y ahora deben esperar que la CIDH las escuche en una audiencia pública en marzo de 2021, dijo a la AFP Flor de María Meza, abogada del grupo.
La denuncia permitió sacar a la luz historias enterradas en las mazmorras de la tortura, algunas recuperadas en este trabajo a través de testimonios recogidos por AFP desde 2019.
Los abogados que representan a los militares no respondieron a una solicitud de AFP para dar su postura sobre las acusaciones de estas mujeres.
Brenda Sosa se escondía en una casa de campo en Canelones, cerca de Montevideo, cuando la vivienda fue rodeada por militares una noche de invierno en 1972. Entonces tenía 21 años y era parte de una célula de apoyo logístico al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), los “tupamaros”.
En aquel momento ese grupo guerrillero, al que perteneció el expresidente José Mujica, “estaba en su auge, tenía una buena imagen, tipo Robin Hood, y yo soñaba con entrar”, dice Brenda, ahora una jubilada de 69 años, casada y madre de dos hijos.
En las décadas de 1960 y 1970, en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, se instauran en América Latina una serie de dictaduras apoyadas más o menos abiertamente por Washington, según revelaron posteriormente documentos desclasificados del Departamento de Estado.
Una fue la de Uruguay, en junio de 1973, que precedió en pocos meses a la de Chile y se alargó hasta 1985. El pretexto invocado por los militares y los civiles que la impulsaron fue “el peligro” que representaban para la democracia los movimientos guerrilleros de izquierda, el más famoso de los cuales era el MLN, que ya había sido derrotado y cuyos principales dirigentes estaban presos o muertos.
“Comenzaba el manicomio”
La noche de su arresto, Brenda Sosa fue trasladada al noveno cuartel de caballería, en el noreste de la capital. La sometieron a interrogatorios que incluían ahogamientos y descargas eléctricas en pezones y en genitales con un aparato que los uniformados llamaban “la picana”.
En una de esas interminables sesiones, la pusieron cara a cara con un compañero de su grupo guerrillero. “Lo trajeron para que presenciara cómo me torturaban, para hacerlo hablar a él”.
Un mes antes habían aprehendido a Ana Amorós, integrante de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, agrupación armada anarquista. Fue detenida en un local del grupo que cuidaba con una compañera. Estaban cenando cuando dos camiones repletos de militares se presentaron en su puerta, relata en su casa del barrio montevideano del Prado.
Empezaron “a agarrar toda la ropa interior y a hacer bromas. Ahí me puse nerviosa”, dice. Apenas “comenzaba el manicomio”, recuerda Amorós, una escritora de 72 años que tuvo cuatro hijos -la mayor de ellos, una chica, falleció.
En cuanto llegó al cuartel la desnudaron. “Te pasaban una fusta, lo que usan para pegarle a los caballos, te la pasaban por todo el cuerpo. Yo estaba con los ojos tapados, sabía que había un montón de hombres”.
Unos días después la llevaron frente al entonces coronel Gilberto Vázquez, que le dio un café y un cigarro y al no hallar respuesta “se puso denso”, dice Amorós en un murmullo.
“Fue la primera vez que me violó. Yo pensaba que si eso algún día pasaba lo iba a morder, a arañar, que le iba a pegar en los genitales. Yo pensaba que uno se podía defender. No hice nada”.
Vázquez, actualmente en prisión domiciliaria por delitos durante la dictadura, quedó en el centro de la polémica meses atrás al conocerse viejos documentos oficiales en los que admitió haber torturado y asesinado a detenidos.
“Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad”, dijo Vázquez a un Tribunal Militar de Honor en 2006, según unas actas que salieron a la luz en agosto pasado.
“Las reglas de la casa”
La dictadura uruguaya ilegalizó a todos los partidos políticos y los sindicatos y reprimió a las organizaciones de izquierda. La persecución incluyó a trabajadoras, sindicalistas y estudiantes.
Al escuchar en la radio la noticia del golpe de Estado, Ivonne Klingler, que entonces era estudiante de medicina en la Universidad de la República y militante del Partido Comunista, metió una muda en una mochila y corrió a tomar la facultad con otros compañeros para resistir al poder militar. Pero ese intento duró sólo unas semanas. Igual que muchos, Klingler, hoy en día médica jubilada de 72 años, madre de dos hijos, quedó fichada.
Lo mismo le pasó a Luz Menéndez, detenida en 1978 y recluida en La Tablada, un predio de Montevideo convertido en otro centro de tortura.
Entre sus victimarios estaba Jorge Silveira, a la sazón un temido coronel, ahora preso por otros delitos. Uno de esos días terribles en que Luz recuerda las demenciales torturas en un aparato conocido como caballete, este militar la condujo a su oficina.
“No gorda, quédate tranquila que vos de acá salís viva. Yo te prometo, te garantizo que de acá vas a salir viva. Eso sí, vos que sos comunista vas a rogarle a Dios para morirte porque te vamos a hacer conocer los límites de la locura”, le dijo Silveira, según el relato de Menéndez.
“¿Quién te iba a escuchar?”
Después de pasar por la tortura, las presas políticas eran trasladadas a Punta Rieles, una cárcel a 14 kilómetros de la capital uruguaya. Hasta sus familias por momentos dudaron de ellas, y acabaron callando los abusos sexuales, sintiéndose culpables y traidoras.
“Los militares de mi país no torturan”, le dijo su padre a Brenda Sosa cuando la visitó por primera vez en la cárcel.
Creía “que era una prostituta, pensaba así. Te digo una palabrota: que era una puta. Me sentía que había fallado”, dice Amorós.
“¿Quién te iba a escuchar?, ¿con qué capacidad?”, reflexiona de su lado Anahít Aharonian. Esta exintegrante del MLN -hoy ingeniera agrónoma docente de 71 años, casada y madre de un hijo- recuerda que al término de la dictadura, en 1985, los hombres tomaron el protagonismo y convencieron a algunas mujeres de dejar atrás sus aportaciones.
“Ya está, ya vivimos, ya pasamos, no joroben más, a cerrar el capítulo”, dijeron sus familias, señala Aharonian.
Hay una narrativa muy masculina, lamentó Menéndez, de 66 años, separada y madre de dos hijas, en una entrevista una noche del invierno de 2019 en su departamento de Ciudad Vieja, el casco antiguo de la capital.
Estas mujeres, que por décadas no hablaron de esto ni con sus parejas, también esperan justicia por dos de sus compañeras que se atrevieron a denunciar y murieron en el camino.
Fuente: Leticia Pineda /AFP /Subrayado/ COMCOSUR MUJER Nº 669 – 30/11/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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