COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 688/ lunes 07.06.2021 – Hoy:
1) Afganistán: La larga marcha de las niñas afganas para seguir estudiando
2) Argentina: A seis años del Ni una menos: “El compromiso para erradicar las prácticas violentas contra las mujeres”
3) Argentina La pandemia agravó todos los padecimientos de las personas trans y travestis
4) México: Elecciones 2021, oportunidad para redistribuir de manera igualitaria el poder
5) Turquía: Las mujeres luchan por la preservación del Convenio de Estambul en Turquía
6) Feminismo en América Latina
7) Sinéad O’Connor denuncia haber sido víctima de abuso infantil y recuerda cuando rompió la foto del papa en televisión
______
COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 688 – Lunes 7 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
_______
1) AFGANISTÁN: LA LARGA MARCHA DE LAS NIÑAS AFGANAS PARA SEGUIR ESTUDIANDO
El reciente atentado contra una escuela en Kabul forma parte de una avanzada de los sectores talibanes contra la educación femenina, en particular de las adolescentes.
La orden de cerrar las escuelas de niñas fue comunicada en la mezquita, durante una reunión con el consejo de ancianos. La noticia se filtró por los docentes y llegó a los hogares de los alumnos. O llegó en forma de carta tajante a las autoridades escolares locales.
Cualquier reclamo, tratativa o intento de razonar con los talibanes era inútil, ya lo sabían. Así que hace tres años, las chicas mayores de 12 años tuvieron que dejar de ir al colegio en dos distritos rurales del sur de Šibarġan, una remota capital provincial del norte de Afganistán. Hasta 6000 chicas se quedaron sin clases de la noche a la mañana. Los docentes varones fueron despedidos abruptamente: lo que habían hecho, dar educación a esas niñas, iba en contra del islam, decían los talibanes.
En todo Afganistán llegaron órdenes similares a esas impartidas a apenas 100 kilómetros al sur de Šibarġan, capital de la provincia de Yauzyán. En los distritos controlados por el movimiento talibán, se acababa la escuela para todas las niñas, excepto las más pequeñas, salvo poquísimas excepciones. El mensaje talibán era claro: las adolescentes debían estar en casa ayudando a sus madres.
“No pude pisar el colegio durante 2 años”, dice Farida, que ahora tiene 16 años. Farida se quedó sin escuela en el distrito de Darzab cuando tenía 12 y llegó aquí, a la capital provincial a los 14, en condición de refugiada. “Fue mi hermana la que me dijo que se acababa la escuela. Ella es maestra”, dice Farida. “Así que me quedaba ayudando a mamá con las cosas de la casa.”
En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.
En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.
“Le dije a mi familia que tenía muchas, pero muchas ganas de estudiar”, dice Nabila, de 16 años, que llegó a Šibarġan junto a su madre hace dos años, procedentes del distrito de Darzab. “Tal vez les tengan miedo a las mujeres.”
La aceptación a regañadientes de los pobladores locales permite entrever en qué se convertiría la vida de todos los afganos si continúa el lento desplome de las fuerzas militares del gobierno. Y no pasa un día sin que lleguen malas noticias sobre el auge de insurgencia talibán: más bases tomadas por asalto, más distritos capturados, puestos de avanzada que se rinden, y funcionarios y periodistas asesinados.
Desde el 1° de mayo, cuando Estados Unidos inició formalmente su retirada de Afganistán, los talibanes han conquistado territorios en prácticamente todas las regiones del país.
El 8 de este mes, el cruento atentado contra una escuela de Kabul, capital de Afganistán, dejó un tendal de niñas muertas. Aunque el talibán negó ser responsable del hecho, el mensaje del responsable era muy claro: la educación de las niñas no será tolerada.
El talibán controla los distritos de Qosh Tepa y Darzab —una región agrícola pobre, de tierra poco productiva y golpeada por la sequía, donde viven 70.000 personas— y las 21 escuelas de esos distritos. Tomaron el control en 2018, después de feroces enfrentamientos con fuerzas del gobierno y con los talibanes renegados locales, que habían proclamado su alianza con Estado Islámico.
Dos gobiernos
Aunque el control lo tienen los talibanes, todos los meses los docentes de esos distritos peregrinan hasta Šibarġan, la capital provincial, para cobrar sus salarios, una de las muchas anomalías de un país que en los hechos ya tiene dos gobiernos. La ciudad, polvorienta y bulliciosa, sigue en manos del gobierno central, pero como otras capitales de provincia, es una isla y está rodeada: los talibanes dominan las rutas de entrada y salida.
El gobierno provincial todavía tiene inspectores escolares para los distritos capturados, pero esos funcionarios de educación locales deben observar con impotencia cómo los insurgentes islamistas introducen grandes dosis de religión en el programa de estudios, recortan las horas de historia, y excluyen de las aulas a las niñas.
Las docentes mujeres han sido despedidas. Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica. También castigan a los profesores que no se presentan a trabajar, recortándoles el sueldo, y sacándoles días libres. Varios docentes de esos distritos han sido acusados por los talibanes de espionaje y de afeitarse la barba.
Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica.
“Si no obedecemos, nos castigan”, recuerda haber escuchado de boca de los maestros el director de educación de Yauzyán, Abdul Rahim Salar.
Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes. Nilofar Amini, de 17 años, dice que extrañaba la escuela a la que le prohibieron ir hace tres años. Llegó a la capital provincial hace apenas unos días.
“Quiero recibir educación”, dice Nilofar.
La política del talibán en relación con la educación de las niñas puede variar ligeramente, porque las decisiones las toman los comandantes locales, fiel reflejo de la descentralización de un movimiento que varios expertos, como Antonio Giustozzi, han descrito como una “red de redes”. En un informe difundido el año pasado, la organización Human Rights Watch señaló que si bien los comandantes talibanes suelen permitir la escolarización de las niñas de hasta 12 años, en general lo prohíben a partir de esa edad. De todos modos, en algunas zonas “la presión de la comunidad convenció a los comandantes de permitir un mayor acceso a la educación para las niñas”, dice el informe. Pero no son muchos. Y menos en esta parte de Afganistán.
Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes.
Un docente del distrito cuyas tres hijas adolescentes ya no pueden ir a la escuela señala: “La situación es mala y me duele mucho por ellas. No tienen nada que hacer”. El hombre agrega que sus hijas se dedican a ayudar a su madre con las tareas de la casa.
Nadie puede desobedecer
Frente a la sede escolar provincial de Šibarġan, donde fue a cobrar su sueldo, el docente prefiere no revelar su nombre por temor a las represalias de los talibanes, y dice que sus hijas le siguen preguntando cuándo podrán volver a la escuela.
“No nos dejaron seguir estudiando”, dice Fatima Qaisari, de 15 años, alojada en un ruinoso campamento de refugiados de la vecina provincia de Faryab, y agrega que cuando cerraron su escuela tenía 12 años.
Los funcionarios de educación de la capital provincial hablan de un clima de represión en el que los residentes, padres y maestros no tienen voz ni voto en las duras y estrictas políticas impuestas por los talibanes.
“Hemos entrado en contacto con los miembros de esas comunidades educativas muchas veces, pero sin ningún resultado”, dice Abdel Majid, director de escuelas en Darzab.
“Nos dicen que su gobierno no quiere que las niñas reciban educación y que nadie puede desobedecer”. La facción talibán que apoyaba a Estado Islámico destruyó algunas de sus escuelas; otras no tienen ventanas.
En la Escuela Mariscal Dostum —que lleva el nombre del militar Abdul Rashid Dostum, exvicepresidente del país y héroe local, cuyo retrato está por todas partes en la ciudad—, un puñado de niñas escapadas de los distritos controlados por el talibán tratan de ponerse al día con los estudios y recuperar el tiempo perdido. Varias dicen querer ser maestras, y una de ellas tiene la esperanza de estudiar ingeniería.
En la oficina del director, algunas de las refugiadas de Darzab y Qosh Tepa siguen sin entender la absurda decisión de los talibanes de prohibirles ir a la escuela.
“Es una decisión sin sentido”, dice Farida, de 16 años, y mueve la cabeza de un lado a otro con incredulidad. “Nunca tuvo la menor lógica”.
Jaime Arrambide (traductor) La nación y the new york times
Kaos en la Red/ COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
____________
2) ARGENTINA: A SEIS AÑOS DEL NI UNA MENOS: “EL COMPROMISO PARA ERRADICAR LAS PRÁCTICAS VIOLENTAS CONTRA LAS MUJERES”
En el marco de la conmemoración del sexto aniversario de la jornada histórica de protesta contra la violencia de género “Ni Una Menos”, la Defensoría General de la Nación elaboró una declaración en la cual profundizó sobre el estado de situación de la problemática. De esta manera, el organismo judicial señaló que “desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, durante las etapas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y el posterior distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) dictados por el Poder Ejecutivo, la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN l(Defensoría General dela Nación) lanzó una campaña bajo la consigna #NoEstásSola para difundir las herramientas que tienen las mujeres para hacer frente a la violencia de género”.
En este mismo sentido, contextualizaron: «Hoy se cumplen seis años de la primera movilización de ‘Ni una menos’, apenas unos días después de que la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a través de su Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina- informara que 251 mujeres fueron asesinadas durante 2020. Del total de víctimas, 244 eran mujeres cis y 6 eran mujeres trans/travesti, mientras que para la víctima restante no se ha podido establecer. Es decir: un femicidio cada 35 horas».
Además, informaron que “el acceso a los servicios de asesoramiento y patrocinio para víctimas de violencia de género -dependientes de la Comisión- durante 2020 recibieron 1654 consultas. De esas consultas, en 700 oportunidades (41%) se otorgó patrocinio jurídico porque configuraban situaciones en las que correspondía la intervención del servicio. Es decir que, en promedio, durante el 2020 se recibieron cada mes 136 consultas y se patrocinaron 56 nuevos casos”.
“En virtud del ASPO y DISPO, el servicio implementó nuevas vías de consulta y comunicación: WhatsApp, correo electrónico, difusión del servicio por redes sociales, y permaneció activo durante todo el año. Aun así, existió una disminución en la cantidad de consultas (37% menos) y de asunción de nuevos patrocinios (42% menos) con respecto al 2019. Ahora bien: la disminución de la formalización de denuncias no significa una disminución de la violencia. Por el contrario, las consecuencias de la pandemia, como el aislamiento y la concentración de las tareas de cuidado, incrementaron el riesgo de violencia. El mes en que hubo menor cantidad de solicitudes de patrocinio (abril), fue el que registró la mayor cantidad de femicidios (27) según datos del informe de la OM de la Corte Suprema”, advirtió la declaración.
Además, añadieron: “Entre las medidas impulsadas por la Comisión para combatir la violencia de género durante el ASPO, se encuentran: la solicitud de prórroga de las medidas de protección vigentes cuando se dictó el aislamiento, cuyo corolario fue que para abril de 2020 casi todas las provincias habían implementado la prórroga automática; estrategias de litigio para pedir medidas innovadoras que garantizaran la protección de las asistidas, entre ellas que gran parte de los juzgados dispusieran la notificación de las medidas de protección y otras intimaciones vía WhatsApp; haber garantizado el acceso a prestaciones y derechos de las asistidas por parte de otros organismos, entre ellas el cobro del IFE (Ingreso Familiar Extraordinario) y de la AUH (Asignación Universal por Hijo); una campaña de difusión destinada a que las mujeres y LGTBI supieran que el aislamiento no las obligaba a convivir con su agresor, además de la mencionada #NoEstásSola.”
“Este día, como cada día, desde la DGN reafirmamos la voluntad de hacer visible cada vez más esta problemática y, sobre todo, el compromiso para erradicar de nuestra cotidianidad las prácticas violentas contra las mujeres”, concluyeron desde el organismo.
Para contactarse con el Programa de Asesoramiento y Patrocinio Especializado en Violencia de Género de la DGN se puede llamar al (+54) 115070-3214 o escribir al mail patrociniogenero@mpd.gov.ar. Otros contactos útiles para comunicar situaciones de violencia de género: por teléfono, al 144; por mail a linea144@mingeneros.gob.ar; y por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047. Si la situación es de emergencia, comunicarse con el 911.
APU / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
____________
3) ARGENTINA LA PANDEMIA AGRAVÓ TODOS LOS PADECIMIENTOS DE LAS PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en nuestro país casi todas las personas trans viven en situación de pobreza o indigencia, algo que se acentuó con el avance de la pandemia de COVID-19. La imposibilidad de acceder a un trabajo con derechos garantizados convierte a esta población en la más vulnerable y expuesta a los crímenes de odio y a la violencia institucional.
De acuerdo con el informe publicado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 90% de la población trans recurre al trabajo sexual para subsistir, ya que, debido a su identidad y expresión de género, son sistemáticamente discriminadas, hostigadas y estigmatizadas para poder acceder al sistema de educación formal y a los trabajos registados o informales.
Con respecto a esto, el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, que depende del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó que la exclusión laboral tiene un doble abordaje, por un lado, la falta de educación formal y por otro, la discriminación que sufren por ser trans, ya que, aunque tengan estudios, incluso universitarios, no las quieren emplear.
De esta manera, las personas trans quedan al margen de los derechos humanos más básicos y expuestas a condiciones de violencia que las lleva, incluso, a autoexcluirse, a la baja autoestima y a frustrarse en la concreción de los proyectos de vida, alcanzando tan solo un promedio de vida de entre 35 y 40 años, según reveló el estudio.
Por su parte, la activista, magíster en Estudios y Políticas de Género y primera trabajadora trans del Banco Central, Victoria Antola, expresó al medio Chequeado.com que “las mujeres trans sufren el impacto de quedar en los márgenes: de no acceder a una vida digna, al derecho a la salud, la vivienda y la educación y esto va deteriorando la vida de una persona trans y coartando sus oportunidades”.
Durante el año pasado, debido a la pandemia y a la cuarentena decretada por el Ejecutivo nacional, la situación se agravó, dado que, al no poder ejercer el trabajo sexual, la mayoría vio sus ingresos reducidos y con muy poca ayuda estatal, excepto por la entrega de alimentos. En consecuencia, la situación habitacional empeoró, pues según el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, el 85% de la población trans durante el 2020 no pudo pagar el alquiler y el 52% directamente se quedó sin ingresos económicos, por lo que muchas fueron desalojadas de sus viviendas, a pesar de que un decreto nacional lo prohibía.
Violencia Institucional
Por su parte, la investigación “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina”, elaborada para la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), relató que la comunidad trans se encuentra más vulnerable a la violencia masculina, particularmente la que proviene de la fuerza policial: “Existe una relación directa entre la criminalización de las personas trans y travestis, los delitos motivados por el odio, los abusos de la policía y la estigmatización por identidad e incluso por el carácter de migrante de una parte del colectivo”.
Las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios suelen mostrar mucha saña y odio contra las personas LGBT, particularmente, contra las mujeres trans y esto se manifiesta a través de insultos y burlas, detenciones arbitrarias, la criminalización del trabajo sexual, que muchas veces recae en la exigencia de coimas o de servicios sexuales y en “hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”, de acuerdo con el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB.
En mayo de 2012 se sancionó la ley 26.743 de Identidad de Género que garantiza que toda persona sea tratada y reconocida de acuerdo con su identidad de género, y que permite que toda persona pueda “solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”.
Asimismo, también garantiza el trato digno, al estipular que todas las personas que utilicen un nombre de pila distinto del de su documento deberán igualmente ser respetadas de acuerdo con la identidad de género que adoptaran.
Sin embargo, si bien esta Ley tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas trans, sobre todo, en el acceso a la salud y en lo laboral, lamentablemente, según el Informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina”, esta normativa no se cumple en su totalidad, ya que la mayoría de la población trans continúa siendo discriminada y excluida de las garantías que ofrece el Estado, de las que sí goza el resto de la población, como la atención hospitalaria, los tratamientos médicos, el acceso a la medicación o a la información en temas de salud.
Con respecto a la formación educativa, según cita este informe, una “investigación realizada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y Fundación Huésped en 2014 mostró una deserción alta. Entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación. Solo un 32,6% de las personas trans relevadas mayores de 18 años habían completado la escuela secundaria”. Sin embargo, gracias a la Ley de Identidad de Género muchas personas trans pudieron retomar sus estudios y finalizarlos.
Cabe mencionar que, en 2011, con el fin de promover la inclusión de las personas trans en la educación formal, se fundó la primera escuela trans en el mundo, el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, llamado así en homenaje a Mocha Celis, una travesti tucumana que fue asesinada de tres tiros por la policía y que no sabía leer ni escribir.
Su homicidio, todavía, sigue sin esclarecerse
Este establecimiento que promueve la inserción laboral con el desarrollo de talleres que enseñan oficios y cuenta con estudiantes de entre 16 y 60 años es, además, totalmente “no exclusivo” ya que, también, asisten allí personas no trans, como migrantes o madres solteras.
Aunque parece que se ha avanzado bastante, todavía falta mucho por recorrer, pues al no ver sus derechos respetados, la comunidad trans continúa viviendo en estado de vulnerabilidad. De este modo, según el informe anual de 2020 presentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTB, durante 2020 se produjeron 152 crímenes de odio, cuyas razones fueron la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas.
Así, se cometieron 14 asesinatos en contra de la diversidad sexual, 10 de ellos en contra de mujeres trans, también, 5 suicidios y 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal, estas últimas ligadas, en su mayoría, al deterioro de la salud.
Sin embargo, en el informe se aclara que estos datos no son exactos, ya que se basan en los registros de la Defensoría LGBT y otras organizaciones afines, y que el acceso a los verdaderos datos se dificulta, porque no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra respetándose su identidad de género, y no todos los crímenes por odio cometidos contar lesbianas, gay y bisexuales se muestran como tal, por lo que quedan invisibilizados.
Qué hizo el Estado nacional hasta el momento
Además de la Ley de Identidad de Género, el Gobierno nacional en 2020 creó, a partir del Decreto 721/20, el Cupo Laboral en el Sector Público Nacional por el que establece que los cargos “deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
El Decreto ratifica la “no discriminación” por identidad y expresión de género y avala el trabajo digno en condiciones satisfactorias, así como también, que la no terminalidad educativa y la capacitación no pueden ser un obstáculo para conseguir y permanecer en el empleo.
Por otro lado, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se creó el Programa Acompañar dirigido a mujeres y a la comunidad LGBT en situación de violencia de género. Según se explica en la página web del ministerio, este programa permite, en articulación con la ANSES y las provincias, que la mujeres y LGBT, víctimas de violencia de género, puedan acceder a una ayuda económica equivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses consecutivos y, además, tener un acompañamiento integral de fortalecimiento psicosocial.
No obstante, en el informe se remarca que lo que se está solicitando al Estado es que este intervenga de una manera más activa para que se garanticen los derechos de la comunidad trans y cese la discriminación. En esta línea, piden que se dé lugar al reclamo de la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) para que se apruebe la Ley Integral Trans que no solamente abarca el tema laboral sino también el “acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas”.
Finalmente, exigen con carácter de urgencia que se sancione una nueva ley en contra la discriminación, así, solicitan que el Congreso apruebe el proyecto de Ley Nacional de Actos Discriminatorios, elaborado por la Federación Argentina LGBT y presentado durante 2020 “para garantizar el acceso a la justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual, así como para crear instituciones especializadas”, con el fin de prevenir la violencia y promover una cultura de respeto e igualdad.
Elizabeth Pontoriero / APU / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
____________
4) MÉXICO: ELECCIONES 2021, OPORTUNIDAD PARA REDISTRIBUIR DE MANERA IGUALITARIA EL PODER
Este 6 de junio de 2021 se lleva a cabo una jornada electoral calificada como “histórica” para las mexicanas. Ésta, la votación más grande de la historia en México por el número de cargos públicos a elegir (más de 500 cargos de elección federal y 19 mil 915 de carácter local, entre ellos 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 249 presidencias municipales o alcaldías) sería la primera vez que la población femenina representa la mayoría entre el electorado con 51 por ciento.
Asimismo, gracias a la reforma constitucional de 2019 conocida como “Paridad en todo” (que establece que los poderes de la Unión, organismos autónomos, las 32 entidades federativas y los ayuntamientos, deben integrarse por la mitad de mujeres y hombres), también será la primera ocasión en que las mujeres serán mayoría entre quienes compiten por algún cargo, (con 71 mil 165 postulantes).
Esta jornada electoral, además, es la primera en la que México cuenta con distintas leyes, reglamentos y protocolos previamente reformados para registrar, denunciar y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Con estos cambios en las leyes se espera que estas elecciones de 2021 redistribuyan el poder de manera igualitaria entre mujeres y hombres con un incremento significativo de mujeres en los puestos de poder, explicó la investigadora del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, Lorena Vázquez Correa, al participar en el programa especial “Elecciones 2021. Participación política de las mujeres”, que transmitió hoy Violeta Radio por el 106.1 de FM.
La politóloga explicó que uno de los pasos más importantes en materia de paridad se verán reflejados en gubernaturas, ya que al implementar la paridad en las postulaciones se espera que México pase de 2, como está actualmente, a que sean 4 o 5 las entidades gobernadas por mujeres.
No obstante, reconoció, persisten los obstáculos dentro de los partidos para cumplir con la paridad de género, por ejemplo, a través de la violencia política contra las mujeres, expresiones que tratan de inhibir la participación de las mujeres en la política a través de impedir que se postulen a cargos de elección popular.
Violencia política
Vázquez Correa dijo que si bien este proceso electoral no es reconocido como el más violento de la historia, las cifras muestran un contexto preocupante, toda vez que durante el proceso electoral de este 2021, la autoridad electoral registró 29 asesinatos de aspirantes, precandidatas, candidatos y candidatos, lo que representa 2 asesinatos más con respecto a la jornada electoral de 2018. No obstante, otros datos aseguran que fueron en total 91 las personas asesinadas, entre ellas 14 mujeres, 75 por ciento del total eran personas opositoras.
“Sigue habiendo muchísima resistencia para que las mujeres participen en igualdad de condiciones con los hombres y en ambientes libres de violencia. Estas expresiones de agresividad y violencia lo que quieren es inhibir la participación de las mujeres (…) las reformas por violencia política contra las mujeres fueron importantes porque se visibilizó y se trató de subir el estándar ético de las personas que van a acceder a los cargos y que van a tomar decisiones”, detalló la especialista.
Hasta mayo de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró 108 quejas de mujeres por violencia contra ellas. Al inicio de la jornada de este 6 de junio de 2021, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género tenía un total de 66 personas registradas por cometer violencia política, 58 de ellas sancionadas. De este total, 45 fueron hombres y 13 mujeres; la gran mayoría eran presidentes o presidentas municipales. Oaxaca y Veracruz encabezaron la lista con 19 casos cada uno.
Al respecto, la integrante de la Red Mujeres en Plural, Teresa Hevia Rocha, quien también participó en esta emisión especial de Violeta, recordó que la primera reforma para tipificar la violencia política contra las mujeres se presentó ante el Senado hace 9 años, en noviembre 2012.
A lo largo de los 8 años siguientes, precisó la especialista, hubo más de 44 iniciativas que buscaban legislar la violencia política. Fue hasta abril de 2020 cuando se consiguió reformar 8 leyes, 6 generales y 2 federales, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otras.
Con ello se consiguió que las sanciones contra quienes cometieran violencia política se elevaran a multas o incluso prisión. “Esto lo que nos ofrece es un marco jurídico muy robusto, muy bien diseñado, para que las mujeres puedan denunciar actos de violencia contra ellas en el ejercicio de sus derechos políticos y para que las autoridades cuenten con las atribuciones, los mandatos específicos, para perseguir este tipo de violencia”, detalló Hevia Rocha.
La también autora de la “Guía práctica para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género” dijo que la violencia contra mujeres está muy normalizada también en el ámbito político, donde incluso se tiene la noción que quien quiere entrar en la política tiene que aguantar “el trato rudo” que se experimenta en esta esfera, sin embargo, “la violencia no tiene por qué ser un costo de participar en política.
Las mujeres no tienen por qué sufrir de esta hostilidad sistemática, de estas barreras que buscan sacarlas del juego político”, expresó.
Agresores en el poder
Durante su participación en el programa, la defensora feminista e integrante de “Las Constituyentes feministas CDMX”, Yndira Sandoval, señaló que pese al trabajo constante de las organizaciones civiles de mujeres por visibilizar las candidaturas que no cumplieron con la iniciativa conocida como “#3De3VsViolencia”, es probable que agresores de mujeres lleguen a algunos de los cargos políticos que hoy se disputan.
La iniciativa fue impulsada conjuntamente con diputadas federales y defensoras de los derechos políticos de las mujeres desde 2017, quienes consiguieron que en octubre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara que los aspirantes a una candidatura debían firmar y entregar tres documentos donde declararan no estar sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, por ejercer acoso o violencia sexual ni por ser agresores de mujeres en el ámbito familiar o político, es probable que agresores de mujeres lleguen a algunos de los cargos políticos que hoy se disputan.
Precisó que en esta jornada electoral de acuerdo con los registros de la “Observatoria Ciudadana Todas MX”, 106 agresores lograron colarse a la contienda electoral. Entre los partidos con más casos está Morena con 31, 11 del Partido Acción Nacional (PAN) y 7 del Movimiento Ciudadano, pero en todos los partidos hay. Los principales delitos fueron violencia sexual (proxenetas, pedófilos, violadores, acosadores y hostigadores) y violencia familiar (por lesiones graves o feminicidio en grado de tentativa).
En este último delito, añadió, las integrantes de la “Observatoria” tuvieron acceso a algunas carpetas de investigación y descubrieron que por la magnitud de las lesiones contra las víctimas debían ser clasificadas y en su caso sancionadas como feminicidio en grado de tentativa.
Ejemplo de ello, dijo, es el candidato del partido “Fuerza por México” a la gubernatura de Michoacán, Cristóbal Arias, quien tiene una carpeta de investigación por intento de feminicidio; mientras que el candidato de ese mismo partido pero por la alcaldía de Cuernavaca, Sergio Estrada Cajigal, el cual cuenta con 3 carpetas de investigación por violencia familiar.
“Estamos frente a una amenaza de que no solamente aparezcan frente a la boleta posibles agresores, deudores, acosadores, sino que muy probablemente nos legislen, nos gobiernen y sean parte de la administración y de la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país (…) el llamado es que las mujeres salgamos a votar pero ponderando quién respeta, se compromete, garantiza o se compromete con nuestros Derechos Humanos”, dijo Sandoval.
Explicó que registraron 106 agresores de mujeres como aspirantes a una candidatura y 77 antiboletas, de las cuales algunas fueron promovidas por organizaciones civiles de mujeres, 26 fueron tramitadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de México y 3 por el INE, sin embargo, más tarde éste regresó 2.
“Son 106 los que alcanzamos a detectar. Si pudiéramos multiplicar los 21 mil cargos que se van a elegir, de los cuales alrededor de más de 10 mil pertenecen a las candidaturas de hombres, multiplíquenlo por los 10 partidos federales, más los partidos locales, más las 32 entidades federativas. Estamos hablando de un mundo de quién sabe cuántos (agresores de mujeres) que están en las boletas y que es probable que nos gobiernen”, dijo Yndira Sandoval.
En su opinión, es necesario que se siga trabajando para que la “#3De3VsViolencia” no caduque como un lineamiento electoral, sino que sea parte del marco jurídico local y federal en las legislaciones para cargos de elección, de designación (que son todo el funcionariado público) y de concurso (que son los órganos autónomos como fiscalías, entre otros).
Llamó a que las mexicanas salgan a las urnas a votar por quienes sí les interesa proteger sus Derechos Humanos y no son agresores porque la única fuerza política que puede cambiar el rumbo del país son las mujeres y el feminismo.
Cabe recordar que previo a las elecciones, “Transparencia Mexicana” publicó en un informe que en 5 estados: Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán, se podía consultar qué aspirantes han presentado su declaración “3De3VsViolencia”, pero en 27 estados y a nivel federal no hay plataformas para consultar esta información.
Poco avance en los escaños para candidaturas a personas indígenas
Si bien la paridad de género aumentó la presencia de las mujeres en los espacios de poder a nivel federal, esto no ha repercutido en las comunidades indígenas, donde los partidos políticos utilizan tácticas para no cumplir con la paridad y además y suplantan identidades indígenas, así lo dijo la coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Zenaida Pérez quien también participó en este programa especial de Radio Violeta.
En estas elecciones, los partidos políticos estuvieron obligados a registrar 30 candidaturas indígenas, 21 por mayoría relativa y 9 por el principio de representación proporcional. Recordó que esta medida afirmativa inició en 2018, cuando la autoridad electoral obligó a los partidos a postular fórmulas integradas por indígenas paritariamente en por lo menos 12 de los 28 distritos electorales federales.
La defensora consideró que aunque en estas elecciones se incrementaron los escaños para indígenas, los partidos políticos siguen cometiendo “trampas” y no respetan las reglas electorales, por ejemplo emiten constancias falsas para usurpar las identidades indígenas, por lo que estas comunidades están en una continua lucha por ganar estos espacios de poder que les corresponden y que sus derechos sean reconocidos.
De acuerdo con el INE, de las 6 mil 420 candidaturas que respondieron el cuestionario de identidad, 509 se identificaron como personas indígenas, de las cuales la mayoría pertenecen a Movimiento Ciudadano con 16.99 por ciento; seguido por el Partido Encuentro Solidario con un 15.12 por ciento; Redes Sociales Progresistas con 10.01 por ciento; Partido Verde Ecologista de México con 7.46 por ciento; y Partido de la Revolución Democrática con 6.28 por ciento.
En días previos a la elección, el INE detectó 132 aspirantes a candidaturas que simulaban identidades indígenas, los cuales presentaron constancias falsas, documentos solicitados bajo engaño, o firmados en blanco.
Recordó que el día de ayer todavía se bajó la candidatura de una persona que usurpó la identidad indígena. Esto, dijo, no garantiza a la población que quienes los van a representar sí van a trabajar por sus necesidades y además, demuestra que “todo se ha hecho a destiempo y de manera muy opaca, sin transparencia”.
En su opinión sería deseable que las personas indígenas que aspiran a algún cargo de elección popular puedan validar su identidad a través de sus autoridades tradicionales y comunitarias y no de las autoridades estatales con el fin de disminuir las irregularidades en los procesos electorales y visibilizar que esta problemática afecta al 25 por ciento de las personas que se reconocen como indígenas en el país.
También consideró necesario modificar las estructuras de los partidos a fin de que exista más transparencia en cómo se van designando las candidaturas desde un inicio, se verifique si esa persona cuenta con las características para ser parte de esta cuota y se promueva una normativa que asegure la reparación del daño para las y los indígenas a los que les roben sus espacios de poder.
Para impulsar la paridad, agregó, es indispensable que las autoridades locales recomienden que se incorpore la perspectiva de género en las constitución de los ayuntamientos de las comunidades indígenas, promuevan la presencia de las mujeres todo el año y no sólo en las elecciones, y que el INE desglose sus cifras de candidaturas indígenas por género para hacer un balance de la participación de las indígenas en la política.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
____________
5) TURQUÍA: LAS MUJERES LUCHAN POR LA PRESERVACIÓN DEL CONVENIO DE ESTAMBUL EN TURQUÍA
La retirada de Turquía del Convenio de Estambul, ordenada por el presidente Erdogan, se aplicará oficialmente el 1 de julio. El Convenio no se aplicó suficientemente ni siquiera antes, pero las mujeres siguen luchando por su preservación.
A pesar de las intensas protestas del movimiento feminista y de amplios sectores de la sociedad, la coalición gobernante en Turquía, formada por el AKP y el MHP, se dispone a retirarse del Convenio de Estambul el 1 de julio. La retirada se considerará completa tres meses después de la notificación al Consejo de Europa. Este plazo expirará el 1 de julio. Turquía se convertirá así en el primer país que se retira del Convenio de Protección de la Mujer. Hasta entonces, las mujeres seguirán saliendo a la calle en Turquía.
Nupelda Çelik, de la Iniciativa de Liberación de la Mujer (tr. Kadınların Kurtuluşu), habló con ANF sobre las actividades previstas del movimiento de mujeres. Çelik señaló el lema central utilizado por el movimiento de mujeres para exigir la preservación de la convención: «El Convenio de Estambul deja vivir». Esta frase, señaló, resalta el hecho de que la Convención protege la vida de las mujeres, los niños y los LGBTI+. Está diseñado para ofrecer garantías contra la violencia y para castigar los actos de violencia. Millones de mujeres y LGBTI+ han salido a la calle desde el inicio del proceso de retirada.
El 12 de junio está prevista una manifestación de mujeres en bicicleta en el distrito de Kadiköy de Estambul. El 19 de junio se celebrará una concentración de una amplia alianza de mujeres en Bakirköy. «Hasta el 1 de julio, expresaremos las razones por las que la decisión de retirada debe ser retirada. Las mujeres también saldrán a la calle para protestar el 1 de julio», dijo Nupelda Çelik.
Sin embargo, la activista también señaló que el Convenio de Estambul no se aplicaba en Turquía ni siquiera antes de la declaración de retirada. «No era un convenio que se aplicara realmente. Antes de la decisión de retirada, exigíamos su aplicación. Ahora exigimos la conservación del Convenio de Estambul y su aplicación práctica», añadió Çelik.
ANF / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
__________
6) FEMINISMO EN AMÉRICA LATINA
Frenar la política de muerte del Gobierno de Bolsonaro en Brasil
Sergio Ferrari
En Brasil, el movimiento feminista – como todo el sector popular – transita una compleja etapa política. Tanto la pandemia como la ofensiva neoliberal y conservadora obligan a los movimientos populares a ser creativos y audaces.
Esta coyuntura implica más violencia, precariedad y sobrecarga de trabajo, afirma Renata Tica Moreno, del portal digital Capire (capiremov.org/es/), militante de la Marcha Mundial de Mujeres e integrante de la coordinación nacional brasilera del Colectivo de Comunicadoras.
Capire es una herramienta de comunicación internacionalista que se creó en 2021 en cinco idiomas con el fin de convertirse en un eco de las voces de las mujeres en movimiento y de hacer visibles las luchas y los procesos de organización en los territorios. Su objetivo, reforzar las referencias locales e internacionales del feminismo popular, anticapitalista y antirracista.
Ante la situación tan compleja en Brasil, la principal tarea es “frenar la política de muerte impulsada por el Gobierno de Jair Bolsonaro”, enfatiza la joven militante. Y recuerda que, para el movimiento feminista de su país, las reivindicaciones esenciales son a favor de la autonomía, por la tierra, contra el racismo y contra todas las formas de violencia. Es decir, promover las resistencias cotidianas de las mujeres en cada territorio, así como las prácticas para organizar la vida común y para transformar la economía. Priorizando la siempre imprescindible movilización social.
Tragedia pandémica
La crisis sanitaria obliga a las organizaciones de mujeres a priorizar la defensa de la vida. Brasil es uno de los países del mundo con más decesos por el virus.
La Marcha Mundial de Mujeres (MMM) de Brasil, participa en la distribución de alimentos y de productos de higiene en diferentes regiones. Y promueve activamente la formación y el intercambio de información, incluso sobre el COVID-19 y temas de salud. La catástrofe social es ya una realidad, constata Moreno. Y los componentes de la misma se multiplican: caída del empleo; aumentos de los precios de los productos de la canasta básica; el hambre que se multiplica y la falta de una adecuada asistencia médica y hospitalaria.
Todo esto ante la mirada cómplice del gobierno, principal promotor de esta política de muerte. “Expresa una irresponsabilidad total hacia el pueblo. Subestima la pandemia (“es solo una gripecita”), reduce la asistencia de emergencia, propagandiza la cloroquina, aunque se sabe que no tiene efectos positivos. Y relativiza la importancia de las vacunas.
Adicionalmente, y esto es un aspecto gravísimo, promueve la desinformación. Lo que pasó en Manaos a inicios del año fue brutal: el gobierno no hizo nada para asegurar el aprovisionamiento de oxígeno en una de las ciudades del mundo más golpeadas por el COVID-19. Miles de muertes por falta de lo esencial, insiste.
Y esta trágica situación define la acción de las organizaciones feministas en la coyuntura actual del país sudamericano. “Garantizar las condiciones de existencia, al mismo tiempo que articulamos y fortalecemos la resistencia”, subraya Tica Moreno.
Y explica que para el feminismo popular, esto no es nada nuevo, “ya que una de las características de nuestro movimiento es partir de las condiciones de vida y proponer transformaciones estructurales en la sociedad”. Lo que representa el lema de la MMM: cambiar la vida de las mujeres y cambiar el mundo en un solo movimiento.
Por eso, el trabajo y la alimentación están en el centro de “nuestras prácticas y nuestra política”. Las mujeres se ven muy afectadas por el desempleo y el aumento de la pobreza, ya que constituyen la mayoría en los trabajos informales y precarios, en el sector de los servicios. Combinado con el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, que alcanzó a 55 millones de personas el año pasado, todo indica que en Brasil se vive una crisis que se prolongará en el tiempo, especialmente si no se cambia la dirección política del país.
Solidaridad de abajo
Los gestos diarios de solidaridad que se multiplican, constituyen el balance positivo, subraya la militante feminista. Incluyendo las prácticas de agroecología y de economía feminista. Muchos de los productos distribuidos y compartidos provienen de agricultoras familiares que deben enfrentar una situación muy difícil en el campo. Ellas se organizan para producir, también, mascarillas y productos de higiene.
Ante la desinformación como política dominante sobresale la creatividad para mantener y ampliar las diversas formas de comunicación popular. Por ejemplo, las radios comunitarias y las “bicicletas de sonido”, dotadas de pequeños altoparlantes a transistores para multiplicar la información y la orientación sanitarias. Todo en defensa de la gente y su sobrevivencia, lo que es nuestra principal tarea en esta dramática etapa pandémica. “En síntesis, como lo definimos en nuestro colectivo de comunicación, buscamos asegurar las voces feministas para cambiar el mundo”, concluye Tica Moreno.
Sergio Ferrari
Nota:
“Lucha local, proyección internacionalista”
Las prioridades de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil; los desafíos en cuanto a formación; la siempre activa perspectiva internacionalista, fluyen en el diálogo con la joven dirigente feminista Renata Tica Moreno.
P: Las mujeres brasileras organizadas ponen una gran importancia en el combate por la alimentación…
Renata Moreno: En efecto. Las luchas en torno a la alimentación no sólo tienen que ver con el acceso a alimentos de calidad, sino también con las condiciones de producción y las tensiones que enfrenta el campesinado, la-os agricultores familiares y las comunidades quilombolas en sus territorios. Las transnacionales del agronegocio y la contaminación por agrotóxicos y minería se han multiplicado en Brasil en los últimos años. En paralelo, también crecen las formas de apropiación de territorios para asegurar la preservación del medio ambiente.
P: ¿Es decir, valorizar los desafíos cotidianos y locales de la gente ante el impacto devastador de la economía globalizada?
RM: En la Marcha Mundial de las Mujeres/ Brasil, trabajamos con agendas locales y nacionales, pero siempre articuladas a dinámicas internacionales. Estamos organizando, por ejemplo, un proceso de formación y movilización contra la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con la perspectiva de visibilizar los impactos negativos que tal acuerdo traería en nuestras vidas, trabajo, naturaleza y políticas públicas. Esta iniciativa forma parte de la crítica feminista al poder de las empresas transnacionales y a los instrumentos que actualizan el colonialismo actual. El internacionalismo guía nuestras prácticas y, también, fortalece nuestras luchas. En mayo pasado se dio otro terrible hecho de violencia racista por parte del Estado: la masacre de Jacarezinho, en Río de Janeiro, que provocó 28 muertes. Ocurrió al mismo tiempo que en Colombia la población se movilizaba y se enfrentaba una grave represión y que Palestina fue atacada por Israel. Como Marcha Mundial de Mujeres de Brasil promovimos un diálogo para tratar de analizar los elementos comunes de esas tres situaciones y evaluar las estrategias de denuncia y solidaridad. Convencidas que hacer circular la información sobre esos hechos es, en sí, una primera estrategia, ya que los grandes medios de comunicación ocultan aspectos esenciales. Todas esas luchas hacen parte del feminismo popular. Necesitan articularse para posibilitar la transformación política y económica de Brasil y en todo el mundo.
P: En esta perspectiva, la formación política de los movimientos sociales aparece como esencial…
RM: Sin duda. Esto no es sólo un discurso, sino parte de nuestras prácticas de construcción de movimientos. Un ejemplo es la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres que la Marcha está organizando en alianza con otros movimientos. Somos 132 mujeres, de 39 países y territorios, que participamos en un proceso de formación virtual que comenzó en abril y continuará hasta julio. En ella estamos construyendo un conocimiento común, basado en nuestras luchas, en la defensa de la naturaleza y los territorios, en la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades y en nuestras políticas de democratización del Estado. Estamos fortaleciendo, además, la Economía Feminista como una propuesta para organizar la sociedad poniendo como prioridad la sostenibilidad de la vida. Cada quince días publicamos en Capire (www.capiremov.org ) una síntesis de los avances de la escuela. La solidaridad y la organización internacional se fortalecen con las luchas feministas y populares, en cada lugar donde las mujeres resisten, se transforman y transforman.
Sergio Ferrari (Suiza) / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
_____________
7) SINÉAD O’CONNOR DENUNCIA HABER SIDO VÍCTIMA DE ABUSO INFANTIL Y RECUERDA CUANDO ROMPIÓ LA FOTO DEL PAPA EN TELEVISIÓN
El episodio forma parte de la autobiografía de la cantante irlandesa, que sale a la venta este mes.
En 1990, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor lanzó el disco I Do Not Want What I Haven’t Got, que incluía el cover del tema de Prince “Nothing Compares 2 U” que la catapultó a la fama.
Dos años después, en medio de la gira de promoción de su siguiente disco, Am I Not Your Girl?, fue invitada a tocar en Saturday Night Live, el famoso programa de sketches que sale en vivo desde Nueva York. Allí protagonizó uno de los escándalos televisivos más recordados de la década, al romper la foto del papa Juan Pablo II en plena actuación.
En su autobiografía Rememberings, que sale a la venta este mes, O’Connor recuerda a sus 54 años los acontecimientos que llevaron a esa decisión, que le valió una suspensión “de por vida” de la cadena NBC. Y que una semana más tarde motivó la respuesta de Joe Pesci, el siguiente invitado del programa, quien mostró la misma foto pegada con cinta adhesiva y dijo: “Ella tuvo suerte de que no fuera mi programa, o le hubiera dado una bofetada tan grande…”, generando aplausos y vítores de la audiencia.
“El día que murió mi madre, mis hermanos y yo entramos a su casa por primera vez en muchos años”, escribió O’Connor, según recoge la revista Rolling Stone. En las paredes de su dormitorio encontraron una única fotografía colgada: la de Juan Pablo II, tomada durante su visita a Irlanda en 1979. “Jóvenes irlandeses, los amo”, había dicho en aquel entonces. “Qué montón de estupideces. Nadie nos amaba. Ni siquiera Dios. Nuestras madres y nuestros padres ni siquiera nos soportaban”.
De hecho, la cantante confesó que su madre la golpeaba y pateaba a diario cuando era una niña, así que la fotografía “representaba mentiras y mentirosos y abuso”.
“No sabía cómo ni dónde ni cuándo la destruiría, pero lo haría cuando llegara el momento perfecto. Con eso en mente, desde ese día la llevé con cuidado a todos los sitios en los que viví. Porque nunca a nadie le importaron un carajo los niños irlandeses”.
Poco antes de salir en el programa, un amigo cercano le había confesado que utilizaba a niños como mulas: los hacía llevar drogas y armas en sus mochilas escolares. También había encontrado “artículos breves, perdidos en las últimas páginas de los periódicos de Irlanda, sobre niños que habían sido arruinados por sacerdotes, pero cuyas historias no creían ni la Policía ni los obispos a los que sus padres las reportaban”.
“Así que estaba pensando aún más en romper la foto de Juan Pablo II de mi madre. Y decidí que esa noche sería la noche. Llevé la foto al estudio de NBC y la escondí en el vestuario. Durante el ensayo, cuando terminé de cantar ‘War’, de Bob Marley, sostuve una foto de un niño brasileño al que había matado la Policía. Le pedí al camarógrafo que hiciera zoom en la foto durante el programa. No le dije lo que tenía pensado hacer. Todos estaban felices. Un niño lejano muerto no es problema de nadie”.
En el libro describe paso a paso los sucesos que llevaron a ese momento. “Canté ‘War’ a capela. Nadie sospechaba nada. Pero, al final, no sostuve la foto del niño, sino la de Juan Pablo II, y la rompí en pedazos”. Gritó “¡Luchemos contra el verdadero enemigo!” y sopló una vela que tenía al costado.
La audiencia permaneció en silencio y no encontró a una sola persona en el backstage. “Todas las puertas estaban cerradas y todo el mundo había desaparecido, incluyendo mi mánager, que se encerró en su habitación durante tres días y desconectó su teléfono”.
“Todo el mundo quería a una estrella pop, pero yo soy una cantante de protesta. Tenía cosas de las que desahogarme. No deseaba la fama”, reflexionó. “Entiendo que rompí los sueños de otros a mi alrededor, pero no eran los míos. Nadie me preguntó jamás cuáles eran los míos, sólo se enfurecieron por no ser lo que ellos querían que fuera”.
Y agregó: “Muchas personas creen que romper la foto del papa descarriló mi carrera. Yo no lo siento así. Siento que tener un disco en el número uno descarriló mi carrera, y romper la foto me devolvió al camino correcto. Tuve que volver a ganarme la vida tocando en vivo y para eso nací”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 688 – 07/06/2021
_____________
“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
_____________
COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
—
