1) Uruguay. Salud Mental: Una demora de casi un siglo
2) Finlandia: ¿Quién es y qué piensa el mayor accionista de UPM?
3) Uruguay: Felices cazadores de ciervos y jabalíes
4) Argentina: Universidades, sindicatos y medios comunitarios, firmaron el “Compromiso por el pluralismo informativo y la producción nacional”
VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
I. Encuentro Coral Rioplatense
II. Recital “Canciones escondidas”: Gonzalo Gravina y Wilson Negreyra.
III. Ciclo de Cine en Sala Zitarrosa
IV. Proyección del documental: “Y cuando sea grande” (1980)
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“La palabra es una herramienta de lucha” Juan Gelman (1930 – 2014)
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COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1926 – 21.06.2019
1) URUGUAY. SALUD MENTAL: UNA DEMORA DE CASI UN SIGLO
Comunicado a la opinión pública de Radio Vilardevoz y SERPAJ Uruguay /20 de junio de 2019
Ante la reciente declaración elaborada por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Asociación de Psiquiatría del Interior y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, donde a partir de sus asambleas deciden denunciar “un progresivo y severo deterioro en la atención de la salud mental que brinda ASSE en Montevideo y el área metropolitana”, así como “la grave y reiterada situación de falta o muy mala asistencia a los pacientes psiquiátricos”, queremos hacer una serie de aclaraciones y puntualizaciones:
1) En primer lugar, las personas y sobre todo los-as usuarios-as de salud mental no deberían seguir siendo vistos-as como “pacientes psiquiátricos” o personas con “trastorno mental”. No sólo por el estigma que esto genera en las personas sino por la concepción que se sustenta en dicha afirmación donde una sola disciplina y un solo modelo de atención (básicamente consulta individual y administración de psicofármacos) define lo que puede estar aconteciendo a una persona con padecimiento psíquico, prescindiendo de su situación, familiar, social, económica, habitacional y cultural.
2) Durante más de 83 años en este país se mantuvo la ley del psicópata aprobada en 1936. En agosto de 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental Nº 19.529, lo que significó un proceso de muchos años de duras confrontaciones de las organizaciones y colectivos de profesionales y de la sociedad civil con la Sociedad de Psiquiatría, para lograr que la misma sentara las bases para un cambio de modelo, basado en lo comunitario y en la promoción y prevención de salud. Lo mismo implicó generar acuerdos que hicieran posibles cambios sustanciales y una transformación real de los modelos de atención en Salud Mental en el Uruguay basados en el trabajo y atención interdisciplinaria e intersectorial. Sin embargo, este tipo de declaraciones constata acciones, prácticas y discursos que apuntan a la defensa de prácticas y formas de atención basadas en lo biológico, lo sanitarista, la medicalización y la hospitalización. El modelo médico psiquiátrico hegemónico muestra hoy su fracaso a nivel de la atención tanto pública como privada ya que no ha hecho más que silenciar, encerrar, abandonar, excluir y medicalizar las complejas problemáticas que se integran en la llamada Salud Mental.
3) Estas declaraciones nos asombran porque se hacen luego de un silencio de varias décadas y se realizan en el contexto de la puesta en marcha de la ejecución de la Ley de Salud Mental Nº 19.529, que se encuentra en proceso de reglamentación y de elaboración del Plan Nacional de Salud Mental. Donde la Sociedad de la Psiquiatría ha sido parte y con la cual en lo único que hemos estado de acuerdo es el estado de situación en el que se encuentran las personas que “viven” en el Hospital Vilardebó, las Colonias, las Clínicas API, etc, por no contar con otro tipo de atención y otro tipo de abordaje que el del encierro y el abandono.
Queremos además compartir algunas interrogantes:
1- ¿Por qué en este momento estas agremiaciones denuncian “la grave y reiterada situación de falta o muy mala asistencia a los “pacientes psiquiátricos”?
Es bueno recordar en este punto que, desde hace muchos años, el movimiento social viene denunciando el lamentable estado de las instituciones destinadas a la salud mental, las pésimas condiciones de asistencia y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
La propia ley, al fijar un plazo (2025) para el cierre de los manicomios e instituciones monovalentes –tanto públicas como privadas- reconoce esta situación que ha marcado los estilos asistenciales en el Uruguay. Desde nuestra perspectiva, las instituciones manicomiales (hospitales psiquiátricos públicos y privados) deben desaparecer en el entendido que dejan aún más desvalidas a las personas. Los avances científicos y tecnológicos dan cuenta que los asilos y manicomios no solo son anacrónicos por la concepción de sujeto y de salud que sustentan, sino que además son las formas de seguir estigmatizando y castigando a las personas que se encuentran en el entrecruce de la locura y la pobreza.
En este punto es crucial entender que, no se trata solo de un tema de calidad de asistencia, sino que antes es un tema de DDHH. Recordamos que el propio Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) establece la salud como derecho y al usuario como centro del sistema, apostando al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención dentro de la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS).
En todo este contexto señalamos que nunca hemos visto por parte de estas agremiaciones una sola manifestación ni movilización respecto de las desigualdades sociales y las vulneraciones de los derechos de los-as usuarios-as. No es lo mismo ser locx y pobre, que locx y rico. Y tampoco es lo mismo cerrar una institución cuestionada como el Vilardebó que cerrar las clínicas psiquiátricas privadas. Acá están en juego cuantiosos intereses -justificados “científicamente”- como los exclusivos tratamientos medicamentosos y de internación, diferentes formas que adopta la mercantilización de la salud mental en nuestro país.
2- En cuanto a las condiciones laborales, tanto a nivel de la remuneración, como en las condiciones de estrés en que se trabaja. ¿Es más importante la intervención médico psiquiátrica y la existencia de psiquiatras en todos los servicios y niveles de salud que la presencia de un-a médico-a de familia y comunidad, un-a psicólogoa, un-a trabajador-a social, y otros-as técnicos-as y recursos que puedan utilizarse a nivel comunitario en la atención primaria? ¿Es más importante la intervención de la psiquiatra en policlínicas o sanatorios para el tratamiento medicamentoso que el abordaje familiar y comunitario desde el primer nivel de atención para el mismo problema? ¿Los-as psiquiatras deben ser más reconocidos económicamente y estar al frente de los equipos de Salud Mental?
Creemos que en todo este movimiento generado por las sociedades de psiquiatría parece no haber otra cosa más que una manera de seguir sosteniendo un lugar de poder y de defensa de ciertos privilegios, además de demostrar una autoconsideración de superioridad del colectivo médico psiquiátrico en un campo que está más que demostrado que es multicausal y que debe contar con una asistencia integral, interdisciplinaria, interinstitucional y fundamentalmente socio-comunitaria. También llama la atención que la declaración se haga en pleno año electoral, ya que podría ser visto como una forma de presión sobre las autoridades del campo de la salud en procura de designaciones y cargos.
Sabemos que la Ley, a pesar de llamarse Ley de Salud Mental, contiene una contradicción paradigmática dado que sigue colocando a la salud mental bajo la órbita casi exclusiva de la psiquiatría. En este sentido nos preocupa la falta de apertura contenida en la declaración en cuanto a la ausencia de una verdadera articulación interdisciplinaria que permitiría un abordaje psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención y que sin dudas mejoraría ampliamente las condiciones laborales de todos-as los-as trabajadores-as y funcionarios-as, cualquiera sea su especificidad.
Entendemos que se trata de decir basta a los corporativismos que no hacen más que defender el interés de unos pocos privilegiados, impidiendo el desarrollo de políticas y acciones de los estados que beneficien a la población toda. Y que sobre todo dejen de tomar como rehenes de sus prácticas a la gente y particularmente a los más vulnerados.
3- ¿El tema es ASSE? ¿Es trabajar en lo público? ¿Es trabajar con la pobreza?
En este sentido, es importante recordar que el desmantelamiento de muchos de los dispositivos no ha sido sino porque desde la misma corporación médico psiquiátrica se han realizado acciones para que los mismos dejen de existir. Tal es el caso de ACRI, asistencia en crisis de la emergencia 105. Esta dejo de existir porque los psiquiatras no querían entrar con las ambulancias a las zonas más pobres y carenciadas de Montevideo.
Sin embargo, equipos territoriales integrados por distintas profesiones si entran y trabajan en estas zonas, como son los equipos del MIDES, o los-as médicos-as de familia y comunidad, y otros-as profesionales de las policlínicas barriales, por ejemplo.
La declaración señala también la inconveniencia de trabajar en ASSE porque allí no cuentan con compensaciones, entre otros beneficios. Tampoco quieren dejar de contar con los beneficios que brindan las coorporaciones económicas como son los Laboratorios.
No nos olvidemos que las definiciones económicas en torno a la medicina en este caso particularmente son definiciones políticas.
Aquí, si nos basamos en la ley de salud mental se debería reclamar el desarrollo de nuevos modelos de distribución de recursos humanos, financieros y salariales adecuados a un modelo integral de trabajo horizontal en equipo que mejore la calidad de la atención, sin disciplinas por encimas de otras.
Se debe avanzar hacia un modelo basado profundamente en la salud mental como un derecho, centrado en las personas y que sea más equitativo tanto para los-as usuariosas, así como para los-as trabajadores de la Salud Mental.
En todos estos años, hemos insistido en los diferentes espacios de diálogo llevando nuestras voces, saberes y vivencias, encontrando casi siempre la ausencia de voluntades para generar acciones que propicien cambios verdaderos. También vimos cómo se ha desvalorizado el saber de los propios protagonistas, aquellos-as a los que la psiquiatría llama “pacientes psiquiátricos”, así como el de las organizaciones sociales y colectivos de otros profesionales por fuera del campo de la psiquiatría. Por eso, nos preguntamos si esto no es una más de las acciones para sabotear las posibilidades de transformación y cambio con las que históricamente contamos hoy. Parecería que los reclamos que las sociedades firmantes de la declaración realizan, no son más que para propiciar más de lo mismo en la atención de salud mental: más dispositivos sanitarios, más dispositivos que mantengan las lógicas manicomiales intactas y disposiciones institucionales que mantengan ese statu quo al servicio de unos pocos.
Lamentablemente en el tratamiento de la ley de salud mental, el propio Parlamento y Poder Ejecutivo, principalmente el MSP se inclinó y validó primariamente las lógicas de la psiquiatría. Por eso es que hoy reclamamos a las autoridades de la salud y al Poder Ejecutivo una profunda autocrítica que enfrente al poder médico hegemónico y que no permita que intereses coorporativos disciplinares, económicos y políticos nos sigan quitando el derecho de contar una salud mental digna, inclusiva y humanizadora en el Uruguay.
Exigimos que el Plan Nacional de Salud Mental conlleve propuestas claras que garanticen un verdadero cambio de paradigma y de modelo de atención, creando dispositivos sustitutivos e implementando verdaderas políticas intersectoriales e interinstitucionales que permitan desmantelar la lógica manicomial y que dé cuenta además del compromiso por los derechos humanos de las personas doblemente excluidas de nuestra sociedad.
¡Por un Uruguay sin Manicomios! ¡Porque otra Salud Mental es posible! ¡Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs!
Contactos:
Mónica Giordano 099398884
Miguel Scapusio 095577950
Colectivo Radio Vilardevoz – SERPAJ- Uruguay
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2) FINLANDIA: ¿QUIÉN ES Y QUÉ PIENSA EL MAYOR ACCIONISTA DE UPM?
El presidente de UPM, Björn Wahlroos, uno de los hombres más ricos de Finlandia, sostiene que, gracias a las plantaciones forestales, los uruguayos podemos ahora cazar ciervos y jabalíes
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, 16.06.2019
El economista Björn Arne Christer Wahlroos, nacido el 10 de octubre de 1952 en Helsinki, preside desde 2009 el Directorio de UPM-Kymmene Corporation. Wahlroos ha presidido a su vez el Nordea Bank Abp y el Grupo Sampo, respectivamente el mayor banco y la mayor aseguradora del norte de Europa. Y encabeza la Junta de la Hanken School of Economics, con sedes en Finlandia y en Suecia.
A Wahlroos lo llaman familiarmente ‘Nalle’, «oso de peluche» en finés y sueco, deriva de su primer nombre Björn, «oso» en sueco, pero no tiene nada de angelical.
Considerado uno de los finlandeses más ricos de las últimas décadas, ‘Nalle’ Wahlroos ha sido miembro del consejo de administración de Nordea desde 2008 y presidente desde 2011 hasta marzo de este año. Desde 2009, también ha sido presidente de Sampo, un puesto que planea retener. Sampo es, con diferencia, el mayor propietario de Nordea, con una participación accionaria de más del 20 por ciento.
El Nordea Bank Abp es el accionista principal de UPM, con 34,26 por ciento del total, seguido por el Skandinaviska Enskilda Banken Ab, con 25,5 por ciento. Los siguientes accionistas tienen una participación mucho menor, desde 2,58 por ciento hacia abajo. Entre los accionistas menores llama la atención la presencia de algunos fondos de pensión estatales e instituciones culturales suecas y finlandesas.
Wahlroos es miembro de Libera, una fundación organizada bajo la Sociedad Mont Pelerin, una entidad liberal clásica internacional formada por economistas, filósofos,
historiadores, intelectuales y empresarios líderes, en pro de la libertad de expresión y el libre mercado. Entre sus presidentes figuran el estadounidense Milton Friedman, período 1970-72; y el uruguayo Ramón Díaz, período 1998-2000.
Defensor natural del liberalismo económico, Wahlroos publicó en 2015 un libro titulado: «De tio sämsta ekonomiska teorierna. Från Keynes till Piketty» (Las diez peores teorías económicas; de Keynes a Piketty). Entre las consideraciones singulares expuestas en este libro, el alto ejecutivo finlandés argumenta que el desarrollo económico estable resulta difícil de implementar en un sistema social democrático.
Björn Wahlroos es invitado a los encuentros del Grupo Bilderberg, el club selecto que congrega aproximadamente a unas 130 personas consideradas los mayores agentes de poder globales: políticos, jefes de inteligencia, militares, banqueros, empresarios y la realeza europea. Se reúnen una vez al año para discutir los problemas del mundo en establecimientos de lujo donde la prensa no tiene ningún acceso.
UPM Kymmene se precia de estar este año en el puesto 23° de las «Global 100», las 100 corporaciones más sostenibles del mundo según la lista creada por la publicación empresarial «Corporate Knights. The Magazine for Clean Capitalism» (Caballeros corporativos. La revista para el capitalismo limpio). Veamos entonces la visión del presidente de UPM sobre su aporte para la sostenibilidad del Uruguay.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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3) URUGUAY: FELICES CAZADORES DE CIERVOS Y JABALÍES
Sudestada
Wahlroos ofreció una entrevista en abril pasado al «Maaseudun Tulevaisuus», segundo mayor periódico de Finlandia, para hablar sobre la situación de la industria de celulosa en aquel país y dedicó unos comentarios a las inversiones en Uruguay. El ejecutivo confirmó que UPM está planeando una nueva planta de celulosa y consideró que la decisión final será tomada en el verano, es decir, julio-agosto próximo.
Según Wahlroos, la forestación ha tenido un impacto climático positivo en Uruguay. «En 1990 había menos de 30.000 hectáreas de bosque en el país, pero ahora los árboles están creciendo en 950.000 hectáreas. La mitad de la industria es propiedad de UPM y sus agricultores contratados», afirmó el ejecutivo finlandés. Y agregó: «La crítica del proyecto de planta de celulosa proviene de una pequeña minoría».
La opinión de Wahlroos ignora la evidencia científica, pero le siguió una afirmación más sorprendente aún: «Además, a los lugareños les encanta por la biodiversidad: no hay muchos animales que viven en los pastos, pero ahora hay ciervos y jabalíes que los lugareños pueden cazar y disfrutar cuando no nos importa» (sic).
El presidente de UPM trasmite a la población finlandesa un paisaje idílico en donde la población uruguaya habría recibido como una bendición el aumento de los jabalíes y ciervos que serían cazados ahora gracias a su empresa. Es una visión totalmente deformada del impacto de la forestación, que ha desplazado del campo a miles de productores familiares, y de la problemática de esas especies en el país.
Las primeras evaluaciones ambientales de la forestación realizadas desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur) anticiparon lo que probarían numerosas investigaciones científicas dentro y fuera del país: acidificación de los suelos, reducción del rendimiento medio anual de las cuencas hídricas forestadas y pérdida significativa de la diversidad biológica.
Desde su llegada al país, las empresas forestales sostienen que las plantaciones de árboles son mejores sumideros de carbono que el pastizal, el ecosistema natural, porque aumentan la absorción de dióxido de carbono, el principal gas causante del calentamiento global. Sin embargo, las investigaciones científicas nacionales e internacionales han demostrado que ocurre exactamente al revés. “Fue posible demostrar la pérdida de carbono del suelo bajo eucalipto en comparación con las praderas”, dijo Carlos Céspedes, investigador de la Facultad de Ciencias, en la Tesis Doctoral ante L’Institut National Polytechnique de Toulouse, Francia, en 2007. Según su estudio, la siembra, podas, corte y replantío forestales tienen un tiempo medio de retención del carbono de escaso valor en el balance global.
Por último, el presidente de UPM ignora que el jabalí es plaga nacional desde 1982, por sus ingentes daños a la ovinocultura y la agricultura, y que el ciervo fue declarado Monumento Natural del Uruguay en 1985 y especie en riesgo. Según la investigación más reciente, la forestación no contribuye a incrementar estas poblaciones, pero si amplía el área de alcance del jabalí y aumenta su carácter depredador.
Sudestada, periodismo y transparencia
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4) ARGENTINA: UNIVERSIDADES, SINDICATOS Y MEDIOS COMUNITARIOS, FIRMARON EL “COMPROMISO POR EL PLURALISMO INFORMATIVO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL”
Observacom, Argentina, 12 de Junio de 2019
Universidades nacionales, sindicatos y medios comunitarios, cooperativos y pymes firmaron el “Compromiso con el pluralismo informativo y la producción nacional”, por el que establecieron 12 puntos para defender y fomentar políticas democráticas de comunicación desde una perspectiva federal y multisectorial.
Los 12 puntos consisten en el fomento del empleo y la producción nacional, generar mecanismos para que la autoridad regulatoria sea federal y multisectorial, fomentar la soberanía en las comunicaciones, alentar la producción nacional de contenidos, protección a las pymes,
fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos así como de pueblos originarios y medios públicos, garantizar la accesibilidad universal a las comunicaciones, promoción de la educación en comunicación, proteger los derechos de las audiencias y los usuarios, y promoción de la equidad de género.
“El pluralismo informativo está en emergencia”, señala el documento como diagnóstico de la comunicación en Argentina. Allí explica que “en los últimos años se han perdido 4000 empleos en los medios de comunicación (…) que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de los trabajadores Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las comunicaciones”.
Se plantea además que “los medios comunitarios y de entidades sociales son discriminados mediante el recorte millonario al fondo de fomento sectorial previsto en la Ley 26.522 (FOMECA), al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras o se criminaliza la legitima protesta… Las Universidades Nacionales están siendo afectadas por trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones a su cobertura… Los medios públicos son, a su vez, víctimas de un vaciamiento sistemático de contenidos, puestos de trabajo y señales, situación que se agrava con el acoso y censura directa a periodistas de la TV Publica…”.
El documento también denuncia el incumplimiento de la obligación de pautas mínimas de producción nacional, independiente y local de contenidos y la discrecionalidad en la operación del regulador de comunicaciones -el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- “que opera como un apéndice del Ejecutivo, al margen de la legalidad constitucional que requiere la tutela del derecho humano a la comunicación”.
En este sentido, las distintas organizaciones se comprometieron a promover el empleo y la producción nacional, exigiendo el “freno inmediato a los despidos y flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector en todas las empresas vinculadas con la comunicación”. A su vez se plantea el “desarrollo de políticas activas para la protección y promoción de los medios de comunicación social en materia de tarifas de servicios públicos, asignación de fondos legales en tiempo y forma, cumplimiento de pautas de producción de contenidos nacionales, regulación de los precios del papel para periódicos y sanción de una Ley de Publicidad oficial que promueva el federalismo y la independencia de los medios de comunicación”.
Respecto de la exigencia de gobernanza federal y multisectorial, el documento expresa que “es fundamental recuperar la independencia, el pluralismo y el federalismo en la gestión de la autoridad de aplicación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y de Servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como lo recomiendan los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Ello exige restablecer el rol de las provincias y actores sectoriales en el directorio de una única autoridad de aplicación que regule los servicios convergentes de comunicación. Recuperar, para ello, la figura de los Consejos Federales de Servicios Audiovisuales y Servicios TIC”.
En materia de soberanía de las comunicaciones, el “Compromiso” señala que “urge recuperar el rol de Argentina Satelital (ARSAT) como herramienta estratégica en la inversión, innovación y producción de insumos tecnológicos fomentando la ocupación plena y la explotación de los puntos orbitales nacionales”. A su vez, indica que “el acceso a Internet debe considerarse como un servicio público indispensable para asegurar el derecho a la información. Asimismo, es necesario restablecer el programa de cobertura nacional inclusiva de la Televisión Digital Abierta, como herramienta para democratizar el acceso a la información y la cultura”.
También se plantea la necesidad de realizar acciones tendientes a garantizar el «respeto y cumplimiento de las pautas de producción nacional, independiente, propia y local” y establecer cuotas de contenido nacional del 25% como mínimo en el catálogo de plataformas que ofrecen servicios audiovisuales a través de Internet.
El documento exige la protección a las pymes así como el fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos, de los medios de los pueblos originarios y de los medios públicos. Respecto de los primeros, se plantea la necesidad de un marco regulatorio que contemple “las asimetrías de escala y de volumen”, así como el acceso a frecuencias y créditos especiales.
Respecto de los medios comunitarios y cooperativos se postula que “es indispensable armonizar el plan técnico y concursar las frecuencias radioeléctricas con un criterio inclusivo y amplio. Asimismo se requiere la aplicación plena del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo”. Este último aspecto también ha sido señalado como de gran importancia para los medios de pueblos originarios.
En cuanto a los medios públicos se expresa que “resulta imprescindible la restitución plena de la integración societaria, de los directorios y órganos consultivos de Radio y Televisión Argentina (RTA) conforme la Ley 26.522 y la recuperación de la agencia nacional de noticias TELAM como empresa pública de control de la emisión de la publicidad oficial así como de producción informativa en soportes múltiples con criterio federal”.
El documento destaca que el Estado Nacional debe “garantizar accesibilidad a la información y a las comunicaciones, promoviendo el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Se señala, a su vez, la importancia de promover la educación en comunicación desde una perspectiva de derechos frente al criterio de mercantilización de las comunicaciones.
Respecto de los derechos de las audiencias y los usuarios, se plantea que “el funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios mediante la incorporación de la perspectiva de los usuarios de servicios TIC con plena capacidad para la defensa del público y los usuarios de servicios”.
Por último, se alude a la necesidad de “fomentar la perspectiva de géneros y las identidades de género diversas en la producción de contenidos”.
Este documento de “Compromiso” representa el relanzamiento de la Coalición por una Comunicación Democrática, creado en 2004, y reconocido por la elaboración de los “21 puntos por una radiodifusión democrática”, que se utilizaron como punto de partida para estructurar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (LSCA), sancionada en 2009.
Observacom
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
I. Encuentro Coral Rioplatense
Viernes 21 junio – Facultad de Arquitectura
En esta ocasión participarán del Encuentro Coral Rioplatense agrupaciones de Argentina y Uruguay, con propuestas diversas, estética y musicalmente, articuladas dentro del estilo popular. Organizado por el Coro Yulelé, dependiente del TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular), cantarán canciones de música popular de Latinoamérica.
Actuarán: Coro Yulelé, Panambí, Damos la Nota (Rosario, Argentina) y Grupo Vocal Antaño.
Espectáculo de entrada libre y gratuita.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Bulevar Artigas 1031
www.facebook.com/events/394779054453742/
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II. Recital “Canciones escondidas”: Gonzalo Gravina y Wilson Negreyra.
Miércoles 26 de junio – 20 Horas – Centro Cultural FUCAC
Dos músicos amigos y compañeros de ruta recorren el vasto cancionero de la música popular uruguaya. Proponen al público disfrutar de versiones y de las historias detrás de esas canciones no tan conocidas y difundidas.
«Canciones escondidas» es un show que Gonzalo y Wilson vienen realizando en diferentes escenarios a lo largo de los últimos años volcando su experiencia de más de 30 años en la música.
Wilson Negreyra (Montevideo, 1960). Percusionista, cantante y compositor de más de 30 años de trayectoria. Integró las bandas Vendabá, El Barón rampante, Los Terapeutas, Níquel, Mantras y Tocadiscos, entre otras. Tocó y grabó con Jaime Roos, Roberto Darvin, Jorge “Choncho” Lazaroff, Eduardo Mateo, Gustavo “Príncipe” Pena, Javier Silvera, Jorge Schellemberg, Estela Magnone, Jorge Nasser, Alberto “Mandrake” Wolf y Pablo Faragó.
Gonzalo Gravina (Montevideo, 1964). Pianista, arreglador y compositor. Actualmente integra la banda Los Terapeutas y Gotan Uy. Integró Níquel, la banda de José Carbajal “el Sabalero”, Los Olimareños, Jorginho Gularte, Jaime Roos, la agrupación carnavalera Los Gabys, Pollo Píriz y Berta Pereira e innumerables solistas a lo largo de su extensa carrera. Acaba de editar el disco “Jaime Roos para piano”.
Centro Cultural FUCAC – 18 de julio 2017 y Pablo de María – 20 Horas
Entrada Libre y gratuita
www.facebook.com/events/681723502283047/
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III. Ciclo de Cine en Sala Zitarrosa
Jueves 27 de junio – 21 horas – Sala Zitarrosa
Presentamos seis títulos en colaboración con la “Red de salas digitales del Mercosur”, el “Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos Tenemos que ver” y “La Semana del Documental de DocMontevideo”
Todas las funciones son con entrada libre
Las cruces / Teresa Arredondo, Carlos Vásquez Méndez / Chile / 2018 / 80’
Trailer del Documental
www.youtube.com/watch?v=pDdN2VqAxXY
En septiembre de 1973, 19 trabajadores de una papelera fueron detenidos y llevados a la tenencia de la Laja (Chile). Seis años después, sus cuerpos fueron encontrados en el cementerio de Yumbel. Luego de casi 40 años, uno de los policías involucrados rompe el pacto de silencio hecho la noche de la matanza, dando a conocer la participación de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en el asesinato. Hoy, el caso sigue abierto.
Estrenada en el último FIDMarseille, donde obtuvo la mención especial del jurado, este valioso y multipremiado documental de Teresa Arredondo y Carlos Vásquez Méndez aborda el caso de la conocida como masacre de Laja. Los cineastas recurren al distanciamiento —fórmula que también se puede interpretar como seña de respeto, como emotivo homenaje— para reconstruir los hechos con objetividad: varias voces en off leen las declaraciones y otros documentos oficiales del caso superponiéndose a largos planos secuencia rodados en 16 mm de espacios vinculados con el suceso, poniendo así en comunión pasado y presente.
Como un poético y austero alegato de denuncia de los horrores cometidos en nombre del Estado, Las cruces pone el foco en el cine como herramienta de construcción de la memoria histórica.
www.facebook.com/events/997024220494094/?event_time_id=997024230494093
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IV. Proyección del documental: “Y cuando sea grande” (1980)
Viernes 28 de junio a las 19 horas – INDDHH – Bulevar Artigas 1532
Memorias Magnéticas y la INDDHH Uruguay, organizan una función del documental «Y cuando sea grande» en el marco de los 46 años del golpe de Estado.
Además se reconocerá la labor de Belela Herrera -profesora, política y defensora de los Derechos Humanos- por su apoyo y ayuda a quienes debían exiliarse del país.
Al final de la proyección habrá un espacio de intercambio con la presencia del director de la película, César Charlone y Virginia Martínez, realizadora audiovisual, historiadora y coordinadora del Sitio de Memoria de la INDDHH
La película:
“Y cuando sea grande» entrelaza las historias de niñas y niños secuestrados y expropiados durante la última dictadura uruguaya, reflejando las acciones coordinadas entre los gobiernos dictatoriales del cono sur.
Fue realizada entre 1978 y 1980, durante la última dictadura cívico-militar uruguaya. Se filmó en nuestro país y en el exilio. No pudo ser exhibida en la época, pero fue entregada a Amnistía Internacional y a otras organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, denunciando lo que ocurría en Uruguay y el cono Sur.
La película está firmada por el Grupo Anónimo de Cine Independiente debido a la necesidad de mantener el anonimato por el peligro que implicaba. Con el correr de los años se conoció quiénes formaron parte del equipo realizador: César Charlone, Silvana García, Hugo Gama, Mariela Salaberry, Sergio Toledo, Roberto Gervitz, Adrián Cooper y Peter Overbeck, entre otras/os. Fue distribuida en Europa por Yvonne Ruocco.
Organizan: Memorias Magnéticas e Institución Nacional de Derechos Humanos
Apoyan: Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República y FIC – Udelar.
Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo – Bulevar Artigas 1532
www.facebook.com/events/1071146309749726/
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO /COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1926 – 21.06.2019
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2018 – 24 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Pablo Alfano, Jorge Marrero, José Rocca, Luis Sabini, Jorge Zabalza.
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
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