1) Catalunya: “El racismo es como el agua, toma la forma de allí por donde te mueves”
2) México: Aprueban diputados que violencia familiar se persiga de oficio
3) Uruguay: Seguridad social y género: cómo los supuestos del sistema perpetúan las desigualdades de la vida activa
4) La cúpula de la CIDH estará compuesta íntegramente por mujeres por primera vez en la historia
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 678 – Lunes 22 de marzo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) CATALUNYA: “EL RACISMO ES COMO EL AGUA, TOMA LA FORMA DE ALLÍ POR DONDE TE MUEVES”
Entrevista a Basha Changuerra (CUM) y Jess González (En Comú Podem) / diputadas en el Parlament de Catalunya
Basha Changuerra, hija de migrante ecuatoguineano, y Jess González, migrada colombiana, son las primeras afrodescendientes que entrarán como diputadas en el Parlament de Catalunya. Allí nos encontramos, a pocos días de tomar posesión de sus escaños por la CUP y En Comú Podem, respectivamente. Desde partidos distintos, y en numerosos aspectos distantes, comparten el propósito […]
Basha Changuerra, hija de migrante ecuatoguineano, y Jess González, migrada colombiana, son las primeras afrodescendientes que entrarán como diputadas en el Parlament de Catalunya. Allí nos encontramos, a pocos días de tomar posesión de sus escaños por la CUP y En Comú Podem, respectivamente. Desde partidos distintos, y en numerosos aspectos distantes, comparten el propósito de visibilizar el racismo que afecta a todos los ámbitos: de la atención sanitaria a la educación, pasando por las políticas de seguridad y los servicios sociales. Su elección ha despertado felicitaciones y expectativas entre organizaciones del movimiento antiracista y ambas afirman recogerlas con fuerza y responsabilidad. El salto a la política catalana es un paso más en un camino que tienen claro que va más allá de sí mismas.
Que resulte algo excepcional y novedoso que dos mujeres afrodescendientes entren en el Parlament habla de la grandísima infrarrepresentación de personas migrantes y racializadas en las instituciones. ¿Vuestra presencia, per se, transforma ya algo?
J.G: No, igual que el hecho de que haya mujeres haciendo política no implica que se feminice la política. Las instituciones, que están en este mundo racista, perpetúan el racismo. En los titulares hemos visto estos días “El Parlament con más escaños independentistas”, “El Parlament más escaños de izquierdas” e incluso “El Parlament con más escaños de mujeres”, pero nada sobre la diversidad cultural infrarepresentada. ¡No ha habido ninguna diputada ni diputado gitano tras 600 años aquí! Continuamos sin hacernos la pregunta de quiénes faltan en las instituciones. Nosotras somos hijas de luchas que vienen de hace muchos años. La presencia es un paso. Pero la mera presencia de representantes racializadas no supone una apuesta firme antirracista.
B.C: No, claro que no. La única representación de personas racializadas que ha habido en anteriores legislaturas no ha implicado apostar por el eje antirracista. Hemos visto a Najat [Driouech] de ERC, pero no se ha traducido en una ERC tirando adelante políticas en clave antirracista. Y esta legislatura tenemos a Ignacio Garriga [de Vox], que no es una anomalía.
¿No es una anomalía que una persona afrodescendiente, hijo de migrada, encabece una formación de ultraderecha?
B.C: Se tiene que entender muy bien el contexto colonial. Cuando me dicen: ¡Es que Ignacio Garriga también es de origen guineano! Yo les digo que no conocen nada de Guinea. No conocen los estragos que hizo el franquismo en Guinea Ecuatorial, la inoculación del pensamiento de derechas y españolista que se hizo en toda una generación de guineanos y guineanas. Y, además, España contribuyó a aniquilar a todas aquellas pensadoras e intelectuales que podían romper con esto. Las mataron, directamente. Y ha quedado lo que ha quedado. Ignacio Garriga es parte de una realidad que existe. Ser una persona no blanca no significa ser antirracista, ni hablar en clave comunitaria ni velar por los intereses de nuestra comunidad, del mismo modo que ser una mujer no implica ser feminista.
J.G: Visibiliza la heterogeneïdad frente a la homogeneidad con la que se nos ve a las migradas y a las marrones, como si todas tuviéramos la misma clase, la misma orientación sexual y el mismo objetivo en la vida. Ignacio Garriga es un hijo sano del sistema y también forma parte de la foto de nuestras comunidades.
Vox superó los 200.000 votos el 14-F, que son más de los que lograsteis tanto en el caso de la CUP como en el de En Comú Podem. La misma noche electoral lanzaron a redes sociales el mensaje “Ya hemos pasado”, burlándose de la consigna antifascista “No pasarán”. Efectivamente, ya han pasado, en unos días estarán dentro de un parlamento más. ¿Y ahora qué? ¿Qué parte de responsabilidad a la hora de articular una respuesta antifascista tienen las instituciones?
B.C: Mucha. Primero, la responsabilidad de la autocrítica del trabajo no hecho. Ellos han pasado porque no estábamos preparados institucionalmente. Se ha ignorado culturalmente y educacionalmente el franquismo y lo que hemos pasado en tierras catalanas. Y esto ha generado ignorancia durante generaciones, en lugar de mantener la consciencia antifascista arraigada en la población. Esto ha permitido que partidos como Vox, Plataforma per Catalunya o Front Nacional Català puedan ser legales. Este es el primer problema. Han entrado porque no hay un marco legal que suponga un cordón sanitario frente al fascismo. La memoria histórica ha fallado. ¿A partir de aquí? Pues mucho trabajo
J.G: A partir de aquí no hay una única respuesta sobre cómo combatir a la extrema derecha porque no es una cuestión ni de barrios obreros ni de barrios de renta alta, es una cuestión transversal. Hace falta mucho diálogo. Hay casos en los que se les tiene que ignorar pero hay casos en los que hace falta un ataque frontal. No hay una fórmula única pero va en la línea de revisar lo que no hemos hecho, escuchar también a quienes han votado a Vox y hacer un cordón sanitario desde muchos lados.
¿Es el antifascismo la única vía amplia que no dudáis encontrar esta próxima legislatura en Catalunya?
B.C: Espero que sea una vía amplia, pero espero y deseo que no sea la única. Esta es imprescindible pero la anti-represión tiene que ser también un punto de encuentro importante. ¿Qué estamos viendo estos días? Por cómo están respondiendo los cuerpos policiales, una constatación de que hay un sistema que se protege a sí mismo cuando pones en duda que la actuación policial haya sido proporcionada y correcta. Hay que atacarlo, porque no son unos errores. Llega un punto en el que tienes que poner el cuerpo políticamente para traspasar el límite, claramente insuficiente, en la responsabilidad de gestionar los Mossos d’Esquadra. La directriz política tiene que partir del Govern y llevarse adelante hasta las últimas consecuencias. No hay excusa para no haberlo hecho antes.
J.G: Esto tiene que ver con una reforma del modelo policial de arriba a abajo. Hay que asumirlo con mecanismos de control y que los abusos policiales no sean tratados como casos aislados.
Las identificaciones por perfil étnico son una de las formas de racismo institucional más denunciadas públicamente en los últimos años. ¿Os preocupan?
Ser una persona no blanca no significa ser antirracista, ni hablar en clave comunitaria ni velar por los intereses de nuestra comunidad
B.C: Tratar con los cuerpos de policía las identificaciones por perfil étnico para mí es una prioridad. Es muy habitual la criminalización. Yo, que soy madre y tía, tengo ganas de poder dejar de decir a mis niños: cuidado con ponerte la capucha, cuando te pare la poli tienes que actuar así… ¡Ya no si te para la poli, cuando te pare la poli! Porque tienen que ser conscientes de que esto les pasará. Hay programas cómo fue el PIPE [Protocolo de Identificación Policial Eficaz], que fue una prueba piloto y allí se quedó. La persona parada tenía que recibir un papel que justificara esa parada y esto ya te da una tranquilidad, porque no queda en el aire.
J.G: También la protección de menores es urgente. Es impresionante que en debates electorales sobre infancia o juventud no salieran los menores extranjeros no acompañados. ¿Entonces dónde salen? ¿Solo salen si delinquen?
Más allá de las actuaciones policiales, ¿consideráis que la perspectiva antirracista está ausente en otros ámbitos de la acción pública?
J.G: En un momento en el que tenemos que reconstruir a nivel económico y social, se habla de no dejar a nadie atrás, pero a la gente migrada sin papeles siempre se la ha dejado atrás. Pondremos esta perspectiva encima de la mesa. Tocará picar mucha piedra y juntar fuerzas porque esta perspectiva no es central en la agenda política. Algo tan sencillo como garantizar el empadronamiento, como puerta de acceso a derechos básicos, no se ha hecho. Además, a veces vemos que se inmigracionalizan problemas, como el incendio de la nave en Badalona, que lo que fue es un problema de acceso a la vivienda.
B.C: Cuando hubo el incendio de la nave de Badalona, la Generalitat decretó tres días de duelo. De acuerdo. ¿Pero tu contrato de pesca con Senegal cómo va? España es uno de los principales extractores y Catalunya está participando en la negociación de este contrato y de ello se beneficia. Las políticas antirracistas van más allá de la urgencia de cómo acogemos. Cuando hablamos de políticas antirracistas también hablamos de relaciones internacionales con los países del Sur global, de las relaciones de la Generalitat con los países de origen de los flujos migratorios, territorios a los que se desprovee de sus recursos y se propicia que su gente se tenga que ir.
¿Qué otras prioridades os fijáis como diputadas en relación al racismo institucional?
J.G: El antirracismo en la educación. El PRODERAI (Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista) pone al profesorado a hacer de policía. Es un protocolo que no ha contado con las comunidades, que son las primeras interesadas en prevenir la radicalización. La obligación de empadronar: no lo podemos dejar al libre albedrío de los municipios. La contratación de gente no blanca: tiene que aumentar porque si no la gente que está educando, que atiende en la sanidad o en servicios sociales y toma decisiones sobre nuestras vidas no tiene otras perspectivas. También está la Dirección General de Infancia y Adolescencia…
B.C: Esta dirección tiene que ser fiscalizada hasta la última fotocopia. Es una institución criminalizadora de la pobreza y de la migración, gestionada de manera opaca y corrupta. Las madres migradas están perseguidas por esta institución y sus tentáculos en los servicios sociales. En cuanto a la educación, los currículos escolares no incorporan la visión para que las criaturas puedan ver el lugar de sus comunidades en la historia de Catalunya y de España. Cuando en las aulas de primaria ves una diversidad que no ves en aulas universitarias, algo pasa. En algún momento nuestros niños se caen del sistema. Es imprescindible un censo racial porque no puedes legislar si no tienes una base de datos. Necesitamos contarnos para saber las afectaciones en ámbitos como sanidad y educación.
¿En posiciones socialmente valoradas, como la que podéis tener vosotras y de manera más clara aún ahora que seréis diputadas, desaparece el racismo?
J.G: El racismo es como el agua, que va tomando la forma de allí por donde te mueves. De aquí a unos meses podremos explicar cómo funciona el racismo en el hemiciclo o en las comisiones parlamentarias o cosas que nos encontremos en los pasillos. Pero ya lo estamos viviendo.
B.C: Lo que ya nos encontramos son las consecuencias del racismo aplicadas a nuestro ejercicio político. Tú sabes que estás ocupando un espacio que se supone que no te corresponde. Esto te genera inseguridad, sensación del síndrome del impostor, que a las mujeres tanto nos pasa. Pues siendo no blancas ocupando espacios nos pasa aún más. Convertirte en un muermo antirracista genera dinámicas de rechazo, porque saltan fragilidades y privilegios, porque es otro marco mental que te interpela, que te dice que a eso o lo otro le tienes que dar una vuelta. Es una confrontación constante y como dice Jéssica, cuando empecemos a participar en las comisiones todavía lo veremos más.
JG: Además, que a mí no me hayan pegado en un ataque racista en la RENFE no significa que no me afecte. Es un yo colectivo. Yo no he trabajado como empleada del hogar pero es una lucha de mi comunidad.
B.C: La identidad colectiva es la base de nuestra identidad. Y el individualismo occidental juega muy fuerte en contra.
Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 678 – 22/03/2021
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2) MÉXICO: APRUEBAN DIPUTADOS QUE VIOLENCIA FAMILIAR SE PERSIGA DE OFICIO
Ante el incremento de la violencia familiar, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 343 Bis del Código Penal Federal para establecer que este delito se perseguirá de oficio.
En el dictamen, que aún debe ser avalado en el Senado, se argumentó que la legislación sólo contempla la persecución de esta conducta a través de la querella y no toma en consideración la diversidad de casos donde las víctimas no pueden denunciar.
Las legisladoras consideraron que la violencia física en la familia frecuentemente se acompaña de violencia psicológica, situación que hace que las mujeres vivan amenazas, intimidación, temor, o control, y no puedan recurrir a las autoridades.
Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, dijo que la violencia familiar es un grave problema social que tiene consecuencias trascendentes para las víctimas y se extiende en todo el territorio nacional.
Con estas reformas, las autoridades podrán investigar el delito sin la necesidad de que medie la denuncia de la víctima. La legisladora aseguró que, en esta conducta, de cada 100 víctimas, 91 son mujeres y nueve hombres.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta 2019 se registraron más de 238 mil carpetas de investigación relacionadas con violencia en la familia.
Además, mencionó que en el primer cuatrimestre del año pasado se tuvo un registro de 68 mil casos de violencia familiar, lo cual representó un aumento de 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
A esto se suma que de enero a septiembre de 2019 el Secretariado registró que 4.54 de las llamadas de emergencia al 911 fueron por violencia familiar.
La diputada de Morena, Guadalupe Ramos Sotelo, consideró que esta reforma responde a la realidad generada por la pandemia de COVID-19. La legisladora coincidió en que muchas mexicanas se encuentran expuestas a la violencia familiar y no denuncian debido al miedo a ser violentadas con mayor intensidad, o inclusive a ser asesinadas por sus agresores.
Con este cambio, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho violento en un núcleo familiar podrá denunciarlo ante las autoridades. Actualmente el Código Penal Federal sanciona con seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar.
La Cámara de Diputados también aprobó reformar el artículo 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar la creación, operación o fortalecimiento de al menos un refugio para víctimas de violencia en cada municipio o alcaldía. Las reformas deben ser ratificadas en el Senado.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 678 – 22/03/2021
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3) URUGUAY: SEGURIDAD SOCIAL Y GÉNERO: CÓMO LOS SUPUESTOS DEL SISTEMA PERPETÚAN LAS DESIGUALDADES DE LA VIDA ACTIVA
Últimamente la prensa se ha llenado de columnas, notas y entrevistas sobre seguridad social. Esta es una más, pero con un enfoque diferente, que tiende puentes con otro de los temas que, especialmente en marzo, atrae nuestra atención: el género.
¿Por qué ahora hablamos tanto de seguridad social? Porque la reforma del sistema se avecina, y eso puede cambiar las reglas de juego para los trabajadores en el corto plazo. El viernes 19 de marzo la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada por la ley de urgente consideración para asesorar sobre la reforma de la seguridad social, aprobó su primer producto, el informe de diagnóstico.
En esta nota se abordará un aspecto de la seguridad social: la previsión social, es decir, las jubilaciones y las pensiones. En este contexto, parece relevante detenernos a evaluar cuáles son las diferencias que encontramos entre mujeres y varones en las jubilaciones y pensiones, de dónde provienen y qué se puede hacer para revertirlas. Esta columna ofrece esa mirada, y la oportunidad de cuestionar los supuestos sobre los arreglos familiares en los que se apoya la previsión social.
No me vas a creer…
En Uruguay no hay grandes diferencias entre mujeres y varones mayores de 65 años en la cobertura de las jubilaciones y pensiones. O sea, la proporción de mujeres y de varones que tienen una jubilación o una pensión es muy similar. Y además es muy alta, en el entorno de 90%, desde hace muchos años. Esto es una excelente noticia, y no es lo habitual en gran parte de los países de la región.
Pero la cosa se complica cuando empezamos a mirar con más detalle. La gran mayoría de los varones cobra jubilaciones (85%, aproximadamente), pero entre las mujeres la cobertura de las jubilaciones es menor (del orden de 65%). Las mujeres son las principales perceptoras de pensiones, poco más de la mitad de las mujeres mayores de 65 cobra una pensión, mientras que entre los varones no llega a 10%. Y esto afecta directamente el monto de las prestaciones que reciben, porque las pensiones son en promedio menores que las jubilaciones. Así, en 2013, por cada 100 pesos que cobran los varones en jubilaciones y pensiones, las mujeres cobran 79.
Gran parte de estas brechas se originan en la vida activa de las personas. Las mujeres participan menos en el mercado laboral, trabajan menos horas, tienen más interrupciones en su carrera laboral y perciben sueldos menores. Todo esto se traduce en menores aportes a la seguridad social (al BPS y AFAP), tanto en densidad (cantidad de meses durante los que aportó) como en monto. De este modo, las desigualdades entre mujeres y varones en el mercado laboral durante la etapa activa de la vida se perpetúan luego del retiro.
La cuestión es que gran parte de estos desbalances en el trabajo remunerado se explican porque las mujeres destinan muchas más horas que sus parejas varones al trabajo no remunerado. Y esta cantidad de horas está muy relacionada con la familia en la que se encuentran. Con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo del 2013, Marisa Bucheli y coautoras estiman las horas de trabajo no remunerado de mujeres y varones en distintos tipos de hogar. Encuentran que las mujeres realizan menos horas de trabajo no remunerado si viven solas que si viven en pareja y sin hijos. Para los varones es al revés: realizan menos horas de trabajo no remunerado cuando pasan a convivir con una pareja. Además, si tienen hijos, las horas de trabajo no remunerado de las mujeres casi se duplican en comparación con las que realizaban cuando no tenían hijos, alcanzando las 50 horas semanales en promedio. Esto equivale a un trabajo de lunes a viernes de diez horas por día. El trabajo no remunerado de los varones también aumenta cuando tienen hijos, pero sólo alcanza las 21 horas en promedio por semana.
¿Hasta que la muerte nos separe?
Los sistemas de seguridad social resuelven esto asumiendo que la jubilación del varón, del esposo, es suficiente para mantener a los dos miembros de la pareja, así como lo fue el sueldo del varón durante su vida activa. Y por las dudas, y como las mujeres viven más que los varones, existe la pensión por supervivencia o por viudez, que entrega la jubilación del esposo a la mujer si (cuando) este muere.
Los modelos de seguridad social actuales están basados en un modelo de familia que es cada vez menos frecuente. La tasa de separaciones y divorcios aumentó muchísimo en los últimos 30 años. Por ejemplo, en 1985 menos de una de cada diez mujeres de entre 35 y 50 años estaba divorciada o separada; pero en 2018 esta situación se duplicó y abarcaba a una de cada cinco mujeres de esas edades.
Esto es una buena noticia, porque las personas tienen ahora mucha más libertad para estar o no estar en pareja con quien quieren. Pero también implica que los arreglos sobre los que estamos basando la seguridad social están resquebrajándose, y esto tiene consecuencias importantes sobre las prestaciones a las que acceden las mujeres en la vejez. Al limitar la independencia económica de las mujeres, algunas pueden entender que no se pueden separar, dado que no tendrían ninguna fuente de ingresos en la vejez.
Es importante entender que las familias toman decisiones a la interna que determinan la distribución de tareas no remuneradas y de trabajo. En el mejor de los casos, estas decisiones se toman en conjunto y sin presiones. En el peor, están basadas en presiones y restricciones impuestas por las normas culturales, los prejuicios, el machismo y las capacidades de cada miembro de la familia de negociar. Pero en todos los casos no sólo se resuelve el trabajo remunerado, también el no remunerado. Y sin el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres, sería imposible que los varones trabajaran y se reprodujeran.
Como vimos, esto tiene consecuencias en los riesgos que corren las mujeres en la vejez, porque ellas (nosotras) tienen un riesgo mucho mayor de no acceder a una jubilación, o de acceder en condiciones desventajosas.
Los modelos de familia cambiaron, ¿y la seguridad social?
Hay algunas herramientas para atenuar o cambiar estas desigualdades. La más tradicional es la bonificación por hijo, que existe en Uruguay desde 2008. Lo que busca esta herramienta es compensar las interrupciones laborales de las mujeres cuando tienen hijos y reconocer el trabajo no remunerado que han realizado. En Uruguay la forma en que se implementa esta herramienta es otorgar un año de contribución por cada hijo, con un máximo de cinco años. En otras palabras, hace como si las mujeres hubieran trabajado un año más por cada hijo que tuvieron, sin importar si efectivamente dejaron de trabajar remuneradamente o no. Esta solución tiene una perspectiva individual; compensa (parcialmente) por el trabajo no remunerado realizado, pero no resuelve el problema definitivamente.
Hay otras herramientas más recientes que se basan en incorporar en el propio diseño del sistema el hecho de que los modelos de familia cambiaron. De forma muy simple, estas herramientas consideran los aportes a la seguridad social (al BPS o a una AFAP) durante la vida activa como bienes gananciales, que hay que repartir de algún modo en caso de separación o divorcio. Son muy interesantes, porque el diseño se hace cargo de los cambios que hubo en las familias, y reconoce que las decisiones de trabajo y reproducción son de a dos y sus consecuencias también son para los dos. Hasta ahora, en las aplicaciones que existen en el mundo (en Chile o Canadá, por ejemplo), esta distribución no es obligatoria, sino que es una opción que las personas pueden exigir o solicitar (según el caso).
Más allá de esto, lo importante es que al momento de pensar una reforma de la seguridad social se debe tener en cuenta cuáles son los modelos de trabajador y de familia que estamos dando por sentados, y que los efectos del diseño del sistema pueden ser diferentes para mujeres y varones.
Agradezco los comentarios y aportes de Verónica Amarante, Fernando Esponda, Estefanía Galván, Lucía Vázquez y Victoria Tenenbaum. Esta y otras notas del Lado F pueden encontrarse en economialadof.wordpress.com.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 678 – 22/03/2021
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4) LA CÚPULA DE LA CIDH ESTARÁ COMPUESTA ÍNTEGRAMENTE POR MUJERES POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA
La elección de la junta directiva, efectuada por aclamación, se realizó durante la apertura del 179no. período de sesiones que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 26 de este mes.
La abogada chilena Antonia Urrejola asumió como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que por primera vez en la historia tendrá a su junta directiva integrada en su totalidad por mujeres.
Es la primera vez en la historia del organismo que su cúpula estará integrada completamente por mujeres, ya que a la chilena se sumarán la peruana Julissa Mantilla y la brasileña Flávia Piovesan como primera y segunda vicepresidentas, respectivamente.
Urrejola fue elegida como relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Institución el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años, el cual dio comienzo el 1 de enero de 2018 y finaliza el próximo 31 de diciembre de 2021.
Mientras estuvo en Chile, la letrada se desempeñó como integrante de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y en el Ministerio de Bienes Nacionales.
También fue asesora del Ministerio del Interior, relacionándose con el Programa de Derechos Humanos y los temas de Memoria, Verdad y Justicia, entre otros cargos.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 678 – 22/03/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
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