1) Escocia: Primer país del mundo en ofrecer gratis tampones y compresas
2) Guatemala: Lucia Ixchiu, indígena K´iche y periodista: “No hay una real democracia, no hay un Estado independiente ni un Estado de Derecho”
3) Guatemala: En las calles las mujeres denuncian la violencia de género y la corrupción
4) México: Casi 26 millones de mujeres sin ingresos propios y sólo 4 de cada 20 accede al mercado laboral
5) Perú: Comisionado de la CIDH se reúne con víctimas de esterilizaciones forzadas
6) Uruguay: La directora del Sistema de Cuidados y su programa de “familias articuladas”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 670 – Lunes 7 de diciembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ESCOCIA: PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN OFRECER GRATIS TAMPONES Y COMPRESAS
Escocia será el primer país del mundo en ofrecer de manera gratuita productos para la menstruación. La medida hace que los tampones y las compresas estén disponibles en lugares públicos designados como centros comunitarios, clubes juveniles y farmacias, a un costo anual estimado para los contribuyentes de 24 millones de libras (26,9 millones de euros).
El proyecto de ley de Escocia sobre la gratuidad de los productos de higiene femenina se aprobó por unanimidad, y la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se refirió a él como “una política importante para las mujeres y las niñas”.
El Parlamento ha dado luz verde a la medida por unanimidad
“Orgullosa de votar a favor de esta innovadora legislación, que convierte a Escocia en el primer país del mundo en ofrecer productos para la menstruación gratuitos para todos los que los necesitan”, publicó Sturgeon en Twitter.
Durante el debate, la proponente del proyecto de ley, la parlamentaria laborista escocesa Monica Lennon, dijo: “Nadie debería tener que preocuparse de dónde vendrá su próximo tampón, toalla sanitaria o reutilizable”. “Escocia no será el último país en relegar la pobreza menstrual a la historia, pero tenemos la oportunidad de ser el primero”, dijo.
Escocia ya suministraba productos para la menstruación de forma gratuita en escuelas, colegios y universidades.
En 2018, Escocia se convirtió en el primer país en proporcionar productos sanitarios gratuitos en escuelas, colegios y universidades.
Alrededor del 10% de las niñas en Gran Bretaña no han podido comprar productos sanitarios, según una encuesta realizada por la organización benéfica infantil Plan International en 2017, y los activistas advirtieron que muchas se saltan las clases como consecuencia.
Los productos sanitarios en el Reino Unido están gravados al 5%
Los productos sanitarios en el Reino Unido están gravados al 5%, un gravamen del que los funcionarios han culpado a las reglas de la Unión Europea (UE) que establecen tasas impositivas sobre ciertos productos. Ahora que Gran Bretaña ha abandonado la UE, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha dicho que abolirá el “impuesto a los tampones” en enero de 2021.
La Vanguardia / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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2) GUATEMALA: LUCIA IXCHIU, INDÍGENA K´ICHE Y PERIODISTA: “NO HAY UNA REAL DEMOCRACIA, NO HAY UN ESTADO INDEPENDIENTE NI UN ESTADO DE DERECHO”
Guatemala atraviesa una situación de crisis política y protestas contra el gobierno luego de que el Congreso aprobara el presupuesto para 2021 que no priorizaba la lucha contra la desnutrición y la pobreza. En este contexto, miles de manifestantes se lanzaron a las calles para exigir el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, quien inició su mandato en enero de este año.
Para comprender la importancia de esas protestas, NODAL dialogó con Lucía Ixchiu, indígena K’iche y periodista feminista comunitaria.
¿Por qué la crisis y la magnitud de las protestas contra el gobierno?
Creo que es importante remontarnos a la historia para entender el porqué de lo que está sucediendo. Guatemala es un país colonizado desde hace 500 años, donde los pueblos indígenas estamos en una lucha permanente y constante contra el despojo racista, colonial, patriarcal y estructural. Además, actualmente, es uno de los países más pobres y desiguales a nivel mundial. Más del 80% de la población vive en pobreza extrema, la pandemia acrecentó la violencia y el paso de los huracanes Eta e Iota dejaron poblaciones mayoritariamente indígenas en vulnerabilidad. Todo esto tiene que ver, por un lado, con que hay una concentración de la riqueza en una elite económica oligárquica colonial que se mantiene vigente y, por el otro, con que las relaciones en Guatemala son a partir de un Estado finca, es decir, una élite ordena y manda absolutamente en todo y no hay una real democracia, no hay un Estado independiente ni un estado de derecho que defender sino al contrario. Todavía hay relaciones de esclavitud, violencia sexual y niñas que son madres.
Además, es un país que ha sido bastante violentado. Su democracia es joven porque vivió una guerra de treinta y seis años, donde hubo genocidio, 45 mil desaparecidos y 200 mil personas asesinadas. Tuvo una revolución de 1944 a 1954 pero intervino Estados Unidos. También, en 2015 hubo movilizaciones importantes contra la corrupción, pero el gobierno del expresidente Jimmy Morales sacó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que estaba colaborando en esta lucha. Creo que entender la historia del país es fundamental para comprender el impacto de las protestas y el hartazgo de la mayoría de la población. No hay democracia, ha habido fraudes y ha habido intentos de la población de organizarse. Pero la gente que actualmente se organiza es perseguida y somos los pueblos indígenas quienes nos hemos encargado de hacer una defensa del territorio, de luchar por la defensa de los ríos y cerros y a muchos de estos liderazgos indígenas se les ha criminalizado, desaparecido y asesinado.
Con respecto a los reclamos de los pueblos indígenas ¿Cuáles son sus particularidades?
Se está hablando de una nueva Constitución y de un Estado plurinacional que respete y represente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Guatemala es de los países con más altos índices de desnutrición, de pobreza, y más del 60% de la población somos indígenas. Entonces, las demandas van desde el acceso a salud, educación, trabajo y el derecho a la tierra, porque hay una redistribución de la tierra que no es justa ni equitativa para la población ya que se da a partir del latifundio, que es la concentración de un sector muy pequeño del país. Las grandes mayorías están siendo excluidas, cuando en realidad los primeros habitantes de estos territorios fuimos y somos los pueblos indígenas y es ahora que a nosotros y nosotras nos llaman “invasores”. Esa sería la particularidad que los pueblos indígenas estamos viviendo.
¿Cuál es la posición del gobierno ante la crisis que vive el país?
Es nula. No tiene ningún interés de escuchar a la población ni de beneficiar a las grandes mayorías. El Congreso se sigue reuniendo para buscar cómo sacar a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y como desaforar la Corte de Constitucionalidad para seguir generando impunidad en todos los sectores. El presidente ha llamado a un diálogo pero es desde sus intereses, no desde una verdadera intención de incluir a la población. La situación que se está viviendo es bastante preocupante y delicada y queremos denunciarla porque realmente Guatemala es un país centroamericano invisibilizado a nivel mundial. Centroamérica existe y es una región empobrecida y esclavizada por distintos intereses hegemónicos, geopolíticos y por la intervención de EEUU.
Luciana Mazzini Puga / NODAL / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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3) GUATEMALA: EN LAS CALLES LAS MUJERES DENUNCIAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CORRUPCIÓN
Las mujeres tomaron las calles este 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. En medio de una crisis política, social y sanitaria denunciaron los femicidios, el bajo presupuesto para erradicar la violencia y la corrupción.
La diversidad de mujeres nombraron todas las formas de violencia en su contra y el poco o nulo avance del Estado en el cumplimiento de instrumentos legales internacionales y nacionales a favor de las mujeres.
“Estamos diciendo que no más violencia contra las mujeres (…), estamos acá para sumarnos al clamor colectivo para decir, ya no más violencia contra las mujeres y también queremos expresar nuestro repudio contra el gobierno” resaltó, Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla.
El reclamo hacia el Estado de Guatemala se incrementa mientras la crisis política se agudiza, las mujeres señalan que la corrupción es uno de los males que evitan erradicar la violencia machista.
“Pedimos que el gobierno, los diputados tengan una actitud responsable, que se preocupen por las mujeres y las obligaciones que tiene como Estado”, enfatizó Amparo Lotan de la Asociación de Trabajadoras para el Hogar a Domicilio y de Maquila (Atrahdom).
El 24 de noviembre en la plaza central de la ciudad de Guatemala se encendieron velas por las 444 mujeres asesinadas de forma violenta de enero a octubre de 2020. El reclamo de justicia para las mujeres se unió a la lucha contra la corrupción en el país.
FGER / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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4) MÉXICO: CASI 26 MILLONES DE MUJERES SIN INGRESOS PROPIOS Y SÓLO 4 DE CADA 20 ACCEDE AL MERCADO LABORAL
La asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, anunció que cerca de 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México y solo 4 de cada 10 mujeres tiene acceso al mercado de trabajo.
Además, señaló que solamente 6 por ciento de las mujeres que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales (unos 596 dólares), mientras que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso laboral.
En un análisis que describe la situación de las mujeres en el mercado laboral, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, la organización señaló que la asignación social del cuidado del hogar y la familia “ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas”.
Entre otras, a cuidar niños, enfermos, personas discapacitadas o adultos mayores, “labores que no son remuneradas ni socialmente reconocidas”.
El documento apuntó que, además de la exclusión del mercado laboral, “las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría, lo hacen en condiciones de precariedad” con bajos salarios (72 por ciento), sin seguridad social (62 por ciento), sin contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical.
Los estados donde hay más mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son Chiapas (79 por ciento), (Puebla 76 por ciento), Guerrero (75 por ciento), Morelos (75 por ciento) y Oaxaca (74 por ciento). “Sin considerar la doble jornada que realizan, en promedio, las mujeres deberían trabajar años de 13.5 meses para ganar igual que los hombres y años de 14 meses para cubrir el costo de la canasta básica para dos personas”, indicó el reporte.
Alarmante Situación Señaló que “la alarmante situación de las mujeres en el mercado laboral, víctimas de la violencia que caracteriza esta época, se ha agravado con la presencia de la pandemia por covid 19″ y denunció mayor mortalidad entre amas de casas”.
Ante este escenario, la organización propuso “un modelo de igualdad sustantiva que posibilite nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, y que contribuya a una economía incluyente”. La propuesta incluye el diseño de un sistema nacional de cuidados que propicie que las mujeres ejerzan sus derechos, dispongan de su tiempo y avancen al logro de conseguir su autonomía económica.
Sobre la exclusión económica y social, el análisis señaló que unos 17 millones de mujeres no pueden trabajar “por asumir un rol de género impuesto histórica y socialmente”.
Señaló que la participación de las mujeres en el mercado laboral es de apenas del 43 por ciento, los hombres tienen una participación del 74 por ciento y el desempleo afecta más a las mujeres (17.5 por ciento) que a los hombres (8.5 por ciento).
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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5) PERÚ: COMISIONADO DE LA CIDH SE REÚNE CON VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS
En el marco de la visita al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, para reunirse con autoridades peruanas y víctimas de las recientes protestas sociales que ha enlutado al país, el comisionado Stuardo Ralón, relator para Perú, se reunió con un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas para escuchar sus casos.
El representante de la CIDH se reunió con María Elena Carbajal y F. L., afectadas por las esterilizaciones forzosas, y con María Esther Mogollón, en representación de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas –AMPAEF; quienes le relataron sobre el impacto en sus vidas, en su salud física y mental, y en el de miles de mujeres más, a consecuencia de la política de esterilizaciones que realizó el gobierno fujimorista entre 1995 y 2000.
Son alrededor de 1 300 casos judicializados que siguen esperando justicia, pero el universo de víctimas es mayor. Se calculan más de 300 mil mujeres esterilizadas.
El Comisionado Ralón señaló que, aunque su visita haya sido por otras circunstancias, el hecho de reunirse con ellas, era asumir un compromiso -en el marco de sus competencias- para que sus voces sean escuchadas y se les dé prioridad a sus casos, en tanto sea Relator para Perú. “Es algo de lamentar que durante 24 años han pasado fiscales, ministros, presidentes, y no haya una voluntad para poder atender esa responsabilidad que el Estado peruano tiene hacia ustedes” señaló.
Durante la reunión, se narró cómo a pesar de las pruebas, estos casos eran rechazados por los fiscales, archivados, para luego ser reabiertos. “Ha habido una permanente negación de estos hechos. Estos años han sido años de archivamientos y reapertura de los casos” señaló María Esther Mogollón.
Ante esta situación de incertidumbre, al no hallar justicia en los tribunales nacionales, informaron que 5 casos de esterilizaciones forzadas, han sido presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de setiembre por AMPAEF y la organización internacional Justicia y Reparación.
Pero no son los únicos casos. Con el patrocinio de AMPAEF han presentado tres nuevos casos ante el Comité de No Discriminación de la ONU de mujeres quechua hablantes, esterilizadas también en contra de su voluntad entre 1996 y 1997.
“Es un largo vía crucis de 24 años. Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos. Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años” señaló María Elena Carbajal.
Al final de la reunión, el Comisionado de la CIDH, reconoció su valor y persistencia por encontrar justicia, reiterando su compromiso para que se dé prioridad a los casos de esterilizaciones forzosas. “Sin duda, sus casos han sido traumáticos. Y hay que reconocer que, frente a la adversidad, ustedes tengan el empuje y una voluntad para buscar justicia en canales nacionales e internacionales”.
Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, calificó como importante la reunión y agradeció la atención del Comisionado Ralón. “Confío en que su preocupación y sensibilidad sea la misma en los distintos organismos internacionales que tengan la competencia para conocer de estas materias, y se pueda lograr reparaciones integrales en tiempo y forma para las víctimas, quienes no pueden seguir esperando” señaló.
Wayka / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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6) URUGUAY: LA DIRECTORA DEL SISTEMA DE CUIDADOS Y SU PROGRAMA DE “FAMILIAS ARTICULADAS”
La actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, la psicóloga Gabriela Bazzano, fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos, que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica.
Durante años la organización implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ni de otro organismo estatal. Al menos seis niños estuvieron involucrados en este programa entre 2012 y 2017, según la causa judicial.
La investigación comenzó en 2015, tras una denuncia que presentaron el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia. Las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario acompañada por otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.
Este episodio irregular desembocó en una causa judicial con más de 700 folios, la actuación de tres fiscales especializados, una investigación de Interpol que duró dos años, escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia y las declaraciones de decenas de personas involucradas. La Diaria accedió a la totalidad del expediente, ya archivado, y con base en esa información reconstruimos las historias de estos padres y sus hijos. Optamos por utilizar nombres ficticios de niños, madres y padres biológicos, así como de los “padres articulados”.
La historia de Lorena
“Posible venta irregular de recién nacido”, establece un documento de Interpol de setiembre de 2015, dirigido a la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos. Allí se explica que la denuncia original ante el Juzgado de Familia de 3º Turno la había presentado tres meses antes la Dirección del Servicio Social del hospital Pereira Rossell.
También se relatan los hechos. Lorena, una mujer con esquizofrenia que vivía en el hogar comunitario de Seamos, se fue del hospital con su bebé, que había nacido siete días antes, sin el alta médica, con una vía puesta y acompañada por otras dos personas. Durante la internación, un pediatra y las trabajadoras sociales del hospital público habían advertido “una situación extraña”, ya que Lorena estuvo siempre acompañada por dos mujeres, que la asistieron en el trabajo de parto y que luego se turnaban para cuidar a la bebé.
De acuerdo al expediente judicial, una trabajadora social incluso discutió en la habitación con una de las acompañantes, que “no la dejaba hablar con la mamá”. Según declaró la funcionaria del hospital, la mujer le daba la mamadera y sostenía a la niña. “Estaba en posesión de la bebé”, resumió.
Lorena atendió su embarazo en una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una partera había derivado su caso a Uruguay Crece Contigo (UCC), el programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) focalizado en primera infancia. La mujer de 30 años vivía en Paso Carrasco con su hermano, también con esquizofrenia. La casa era mantenida por el padre de ambos, que no vivía allí. Entre otras carencias, no tenía agua caliente. Tras varias entrevistas, el futuro abuelo reconoció que no podía hacerse cargo ni de su hija ni de su nieta. Luego de un episodio de violencia doméstica contra Lorena, que involucró al hermano, el equipo de UCC se contactó con distintas organizaciones, públicas y privadas, para encontrar un lugar donde atender a la joven, pero no tuvieron éxito.
Tras un encuentro con la psicóloga Denise Defey, asesora en ese momento de UCC, la especialista sugirió contactarse con Bazzano, directora de Seamos, para conocer el dispositivo de “familias articuladas”. En un informe que aparece en el expediente judicial, dos técnicas de UCC escriben que Bazzano les explicó que el programa “pretende salvaguardar el vínculo entre los niños y sus madres biológicas apoyándolas en el maternaje”, y que “familias colaboradoras con la organización asumen el cuidado de los niños y los llevan de visita semanalmente al hogar para favorecer el contacto con sus madres”. Según este informe, Bazzano planteó desde el inicio “que las experiencias anteriores de articulación de los niños con estas familias han sido debidamente autorizadas por jueces competentes en la materia”.
¿Qué dijo INAU?
Beatriz Scarone era hasta agosto de 2016 directora de Adopciones del INAU, y luego asumió como directora de Familias y Cuidados Parentales de la institución. Por ese rol fue a declarar ante Crimen Organizado. Allí dijo que las familias articuladas “no existen en INAU”, explicó las distintas modalidades que funcionan institucionalmente y, ante la consulta por si alguna ONG puede concretar un caso sin participación del INAU, Scarone aclaró: “No, todas las ONG que tienen convenio con el instituto, la selección y valoración de las familias amigas son llevadas a cabo por los equipos del INAU. Las organizaciones pueden postular a las personas, pero son los equipos de INAU quienes realizan la valoración”.
Además, explicó que se enteró de la existencia de Seamos en 2014, cuando el juez Messere derivó los antecedentes del pedido de homologación de tenencia por Bruno a la Justicia Penal y, a la vez, informó al departamento de Adopciones de INAU. Luego fue informada de que una mujer que estaba anotada en el registro de adopciones informó que ya se estaba haciendo cargo de una niña (era Sonia, la “madre articulada” de Zoe). Por último, fue informada del caso de la hija de Lorena por el departamento de Trabajo Social. Scarone aseguró que “no es habitual ver este tipo de ONG: en toda mi experiencia nunca vi una organización de esta índole”.
Después de algunas entrevistas, Lorena y su padre decidieron ingresar al programa, un mes antes del parto. Una de las técnicas de UCC declaró ante la Justicia que en las reuniones previas nunca se habló de que la articulación se hiciera desde el nacimiento de la bebé.
Sin embargo, las técnicas fueron a visitar a Lorena al Pereira Rossell cuando nació la niña y conocieron a Marta, quien se presentó como “la mamá articulada”. En ese momento le preguntaron si eso “lo iba a resolver un juez”. “Nos dijo que ella se iba a ir con la bebé para su casa, y que lo de la tenencia lo iba a ver más adelante”, relataron.
Las funcionarias de UCC salieron del lugar “preocupadas”, ya que eso “no era lo conversado”. Al día siguiente, Bazzano llamó a las trabajadoras de UCC para pedirles apoyo, porque un pediatra había derivado el caso al área de Servicio Social del Pereira Rossell. Allí se encontraron con Lorena y con Gerardo, el “padre articulado”, cuando ambos se dirigían al Registro Civil a “reconocer a Belén”, algo que no pudieron concretar porque la oficina contigua al hospital estaba cerrada. A raíz de esta situación, las funcionarias de UCC y la encargada del área de Servicio Social del hospital resolvieron que era necesario judicializar el caso. Bazzano planteó su disconformidad con la decisión y argumentó que el padre de Lorena, que estaba en el hospital, se haría cargo de su hija y su nieta.
Una hora después, las técnicas de UCC recibieron una llamada del hospital informándoles que Lorena había salido hasta el banco de leche y no había regresado. Una de las trabajadoras de UCC declaró ante la Justicia que en ese momento llamó a Marta para saber qué había pasado y la “madre articulada” les respondió que “Lorena se quiso ir”, que ellos la subieron en su auto y que estaban en camino al hogar de Seamos. Marta declaró también ante la jueza que se estaba yendo del hospital cuando vio a Lorena en la parada del ómnibus: “En eso llegó Gerardo, estuvimos tratando de ver qué hacíamos, fuimos al hogar y dije ‘estoy desbordada’”.
Esta fue la denuncia que llegó al Juzgado de Familia de 3º Turno. Por esta fecha, finales de junio de 2015, la bebé recién nacida pasaba las noches en la casa de la “familia articulada” y durante el día estaba en el hogar de Seamos con su madre biológica. La madre “articulada” contó ante la Justicia que luego de salir del Pereira Rossell llevaron a la niña a una clínica de Medicina Personalizada, en consulta particular, para que un médico le quitara la vía.
La jueza María Rosa Aguirre determinó como medida cautelar que la bebé fuera institucionalizada en el INAU y habilitó las visitas diarias de su madre biológica. Semanas más tarde, tras varias pericias, la Justicia determinó que la bebé fuera a vivir con su abuelo. La niña mantuvo el vínculo con Lorena, que siguió viviendo durante un tiempo en el hogar de Seamos.
En 2016, Lorena declaró en el Juzgado de Crimen Organizado. Entre otras cosas, relató que se había enterado de que Marta sería la madre “articulada” de su hija cuando “estaba por entrar a la sala de partos”. “Yo hasta entonces no había asumido que yo también iba a articular a mi hija. Yo pensaba que me iba a quedar con mi hija en Seamos”, declaró ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard. La mujer también contó cómo fue su salida del hospital Pereira Rossell, cuando iba camino al banco de leche. “Fui con Marta. Me habían pedido que llevara a mi hija para enseñarme. Yo estaba de camisón. Marta me preguntó: ‘¿Qué hacemos? Mi marido está afuera en el coche esperando por nosotras’. Me preguntó si yo me iba para el hogar. Y yo le dije: ‘Sí, vamos’. Debo decirle que el banco de leche está frente a la puerta de salida del hospital. Yo estaba como mareada, no sabía qué hacer en el hospital, todos me hablaban, estaban arriba mío, y me fui con Marta y mi hija, que aún tenía la mariposa de la vía en su mano. La niña estaba bien abrigada. Yo no me acuerdo cómo me fui exactamente, pero me fui en camisón. Gerardo estaba con la puerta del auto abierta. Yo no me di cuenta de que mi hija tenía la vía. Fue todo al tuntún. Entré al auto con Marta y salimos rumbo al hogar”.
El modelo de Seamos
Seamos se fundó en 1997 para trabajar en la reinserción de personas con discapacidad intelectual; en 2004 la Intendencia de Montevideo le cedió una casa en Jacinto Vera, en la que empezaron a vivir los usuarios, en su mayoría egresados de Aldeas Infantiles con 18 años recién cumplidos. En ese lugar, según la presentación institucional, se implementan talleres de huerta, yoga, cultura general y música, con el objetivo de promover la autogestión. La investigación de Crimen Organizado constató la concreción de cuatro “articulaciones” y dos intentos que no funcionaron.
Uno de los casos más paradigmáticos fue el primero, el de Valentina; Bazzano explicó en varias ocasiones que allí nació la propuesta de familias articuladas. A propósito de este proceso, la organización elaboró un documental, que está disponible en Youtube. “Hubo un esmerado trabajo por parte del equipo de la institución Seamos para evitar que se repitieran las historias de abuso, abandono y maltrato. En 2008 se debió recurrir fuertemente al aval institucional para que no fuera así. Necesitamos de mucha valentía para sobrellevar los límites castratorios de lo instituido. El equipo se afianzó más que nunca”, escribió Bazzano en su artículo “Las familias articuladas y la atención puesta en la primera infancia”, publicado en la web de la organización.
Finalmente, el abuelo obtuvo la tenencia de la niña; Lorena se fue de la casa de Seamos y empezó a ver a su hija en la casa de Paso Carrasco. Cuando la bebé tenía dos meses, Lorena estuvo internada en el hospital Vilardebó y allí recibió la visita de Marta.
En el expediente judicial hay conversaciones telefónicas entre el abogado Pablo Correa ‒luego conocido por ser el representante del Partido Nacional en la denuncia por ANCAP‒ y otros integrantes de Seamos, en las que Marta plantea la posibilidad de que Lorena vuelva al hogar para reclamar la tenencia de su hija. “La estrategia que tienen pensada para que Lorena no piense que ella la quiere llevar es que el propio abogado la llame por teléfono tratando de convencerla de volver a Seamos, para a posteriori pedir que le regresen a su hija para poder tenerla con ella”, puede leerse en el informe de Interpol, a partir de las escuchas telefónicas entre Marta, Gerardo, Bazzano y Correa. Este regreso al hogar de Seamos no se concretó debido a la negativa de Lorena.
Además, según un oficio de Interpol, después de una primera reunión Correa le dijo a Marta “en forma concreta que para él no existe lo de ‘familia articulada’ y no le parece algo positivo, que si hay algún tema nuevo sobre el expediente no tiene problema en ayudarla, que para la próxima reunión concurra sola, ya que no se quiere reunir con Bazzano, porque la misma se cree abogada o escribana”. Finalmente, Correa no intervino formalmente en la causa en el Juzgado de Familia ni tampoco en la de Crimen Organizado.
La historia de Valentina y Bruno
Este caso empieza mucho antes, en 2008. Ese año nacieron dos niños en Seamos: Valentina, hija de María y Daniel, dos jóvenes floridenses con discapacidades intelectuales que se conocieron y se casaron en el hogar, y Bruno, hijo de Soledad, una madre soltera que también vivía en la casa de Jacinto Vera.
Los “padres articulados” de Valentina y Bruno viven en La Tahona. Ella comenzó a tener terapia psicológica con Bazzano por sus problemas de infertilidad. El esposo declaró ante Interpol que durante la terapia Bazzano le habló de Seamos y del programa de “familias articuladas”. “Creo que ahí la señora Bazzano vio que la debilidad de mi señora era poder tener un niño, a lo cual nos plantea el programa de familia articulada y la acerca a ONG Seamos”, dijo.
En 2012 la mujer empezó a concurrir al hogar como voluntaria. Ante Interpol contó cómo fue el proceso: “Comencé a hablar con los padres de dichos niños para que me dieran permiso para salir a pasear, y me encariñé con los niños. Después de varias semanas, los niños comenzaron a quedarse una noche en casa. Eso lo hicimos por varios meses, hasta que paulatinamente fue cambiando, los niños empezaron a quedarse más en mi casa que en el hogar. Vimos que Valentina y Bruno nos habían tomado cariño y se acostumbraron a nosotros, por lo que comenzamos junto con Gabriela [Bazzano] y su abogado a tramitar la tenencia”.
El esposo, sin embargo, planteó otra visión sobre el proceso ante la Justicia. Dijo que le planteó dudas a Bazzano sobre “el marco legal”, algo que no lo “convencía mucho”. “Es más, en una ocasión llevé como 15 preguntas para hacer y no pude realizar ni una, ya que la señora Bazzano era muy manipuladora, tenía un egocentrismo muy grande y no se podía cuestionar sus preceptos”. Contó que a los niños los conocieron el primer día que fueron al hogar y que en el proceso “la única cara visible era Bazzano, aunque ella siempre hablaba de un equipo, que yo nunca conocí”.
El esposo no estaba de acuerdo en firmar un convenio por el cuidado de los niños con los padres biológicos; incluso declaró que su abogado le recomendó no hacerlo, algo que generó problemas con Bazzano y el esposo de ella, Joaquín Rodríguez, también psicólogo e integrante de Seamos. “Allí conocí al señor Joaquín Rodríguez, que de manera muy prepotente me presionaba para firmar el acuerdo, tengo cadenas de email con ellos que llegan a amenazarme en sacarme del programa si yo no firmaba, sabiendo que estábamos en una situación vulnerable. Para una pareja con problemas de infertilidad es casi imposible no aceptar lo que sea para obtener un chico; había cosas que decía el acuerdo que no habían pasado cómo las narraba, por ejemplo, decía que mi esposa se había acercado a la ONG, para el tema de la articulación, y en realidad había ido al consultorio de Bazzano para realizar terapia”, declaró en Interpol. Y luego agregó: “Igual ya estaba tan encariñado con los niños que me fue imposible no firmar y accedí, y reconozco que con nosotros quizás salió bien, pero pueden enviar a los niños con cualquier persona, porque es todo muy informal y arbitrario”.
El “padre articulado” informó que nadie fue a su casa “ni antes ni después de que tuviéramos los niños”. Al ser consultado sobre la relación con los padres biológicos de los niños, a quienes ven semanalmente en el shopping Portones o algunas veces en el hogar, dijo: “No me siento cómodo cuando los vemos porque no estoy acostumbrado a la pobreza, pero la relación es buena. No me gusta ir, si es posible no iría nunca”.
En julio de 2013 la Justicia de Familia homologó el acuerdo de tenencia de Valentina, pero el trámite de la tenencia de Bruno demoró más de lo previsto, ya que el juez a cargo del Juzgado de 22º Turno,
Álvaro Messere, dio la tenencia provisoria al matrimonio pero envió los antecedentes del caso a la Justicia penal.
La fiscal Graciela Peraza, que intervino en ese expediente, hizo un informe para Messere en el que plantea que “ante la situación de hecho ya consumada” y “procurando no vulnerar los derechos esenciales” de Bruno, el juez podía otorgar la tenencia provisoria a los “actuales tenedores de hecho”. Pero en el documento advierte que la madre biológica, Soledad, “es portadora de discapacidad intelectual”, por lo que “su manifestación de voluntad debe valorarse en concordancia a ello, evitando vulnerar su derechos fundamentales”, y cita la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por ley en 2008 por Uruguay.
Agrega en segundo lugar que no consta que Soledad “esté representada o asistida conforme a derecho en su manifestación de voluntad”, y directamente cuestiona el concepto de “familias articuladas en la forma que lo emplea la organización social”, porque “vulnera los contenidos de la Convención citada”. “Los tenedores han asumido el rol de padres, tomando decisiones propias de la patria potestad. La madre sólo ha mantenido el contacto con un régimen de visitas que los propios tenedores y la psicóloga del centro han organizado”, argumenta. En ese sentido, solicita a Messere que se envíen todos los antecedentes a sede penal.
Las críticas de dos abogadas
En la investigación de Crimen Organizado fue citada una abogada que participó en la elaboración de los escritos judiciales en pedido de homologación de la tenencia, quien enfatizó, en Interpol y ante la jueza, que nunca trabajó para Seamos ni considera a Bazzano como su clienta. “Me consultaba, me hacía preguntas por teléfono y fuera de mi horario de trabajo, y estando yo en mi domicilio”, declaró.
La abogada era asesora laboral de una empresa de informática en la que el hijo de Bazzano era gerente, y fue este quien le pidió que se reuniera con su madre por una consulta. Tras el encuentro le dio la dirección de su casa y Bazzano empezó a pasar para contarle cosas del hogar y de los niños, entre otras cosas que una pareja los iba a visitar. “Ella es muy avasallante y consigue lo que quiere sin que uno se dé cuenta”, dijo la abogada.
“Cuando Bazzano me dijo que le quería dar un marco más legal a la situación, yo le respondí que quería conocer al matrimonio que paseaba a Valentina y Bruno. Un día fueron a una cita en mi estudio, con su abogada”, relató. En ese momento los niños “pasaban parte de la semana con sus padres biológicos y parte con este matrimonio”. Bazzano le planteó el marco legal que quería y, según la abogada, “yo le respondía que esa figura no existía en ningún código y por ende no había posibilidad de un marco legal”.
Después de ese caso, la abogada dijo que “nunca más” quiso “tener contacto con esta gente”, porque “cuando mandaron el expediente a Penal, Bazzano me llamó para decirme que habían derivado todo a Penal por culpa mía, que yo había hecho todo mal”, dijo, y aseguró que nunca cobró “un peso”.
También fue citada a Crimen Organizado la abogada que representó a Bazzano en la audiencia judicial por la denuncia que presentó el Pereira Rossell. La profesional contó que conoció a Bazzano en abril de 2015, que le “pareció bien” el trabajo de la ONG y que decidió ayudarla. Unos días después, en junio, la llamó para que la representara en la audiencia de urgencia en el juzgado de familia. “Una vez en la audiencia se comenzaron a ventilar situaciones que no tenía presente, por lo que me resultó muy difícil realizar una defensa adecuada”, contó, y dijo que cuando terminó la audiencia le dijo a Bazzano que convenía que cambiara de patrocinadora, “ya que surgieron cosas que no me gustaron, resultaron sospechosas o fuera de orden que iban en contra de mis principios, por lo cual Bazzano estuvo de acuerdo”. No obstante, en febrero de 2016 desde el juzgado de familia que siguió el caso se la convocó, ante lo que la profesional volvió a decirle que cambiara de abogado y, de todas formas, presentó un escrito en el juzgado “desistiendo del patrocinio”.
La visión de los padres: María, Daniel y Soledad
Valentina fue la primera niña “articulada”. Es la hija de María y Daniel, dos jóvenes de Aldeas Infantiles de Florida, que llegaron a Seamos luego de egresar de sus hogares, a los 18 años.
En 2013, a raíz de una denuncia que les llegó, trabajadores sociales del equipo de Aldeas Infantiles de Florida hicieron una visita sorpresiva al hogar de Seamos para conocer la situación. El responsable de Aldeas Infantiles contó ante Interpol que allí confirmaron que tanto Valentina como Bruno estaban “bajo cuidado de una familia ajena, en una situación para nada clara o regular”. También dijo que María, la madre biológica, “tenía día y horarios de visitas para recibir a su propia hija”. “De su relato se desprende que desconocen los procedimientos y bajo qué forma se actuó en la separación de los niños de sus padres biológicos”, declaró Samuel Diogo, representante de Aldeas Infantiles.
Los técnicos se fueron del lugar con la “sospecha” de una adopción “encubierta completamente”, y de que estaba sucediendo algo “por fuera de todos los procedimientos legales establecidos”. Se trataría de una “separación de los niños de sus madres sin aparente actuación competente de autoridades del INAU o juzgados”.
Regresaron al lugar en agosto, a pesar de que la primera visita sin previo aviso había caído mal a Bazzano. En la declaración ante Interpol, Diogo mencionó que existía preocupación porque para los dos procedimientos “existen normas legales” y está prevista la “actuación de autoridades competentes de INAU y la Justicia, cuestión que no se percibe en las familias articuladas, quedando sujeto a la discrecionalidad de la directora del programa la resolución y la definición de estos temas que son críticos en términos de derecho de infancia”. Diogo también mostró sus dudas respecto del consentimiento de los padres. “No sabían bien de qué se trataba, desconocían el alcance de los documentos que les pedían firmar, en algunos casos se nos dijo que sentían presión y por momentos, cuando hacían referencia a lo positivo de la familia articulada, lo hacían con palabras que no eran suyas”, dijo el trabajador social.
El equipo de Aldeas Infantiles elaboró en 2013 un informe sobre el tema. De allí surge que María trabajaba como empleada doméstica en la casa de Bazzano “los días lunes, miércoles y viernes”. Los martes y jueves, en tanto, María limpiaba la casa de una maestra de Seamos, que luego sería la “madre articulada” de otra niña.
Los vínculos laborales entre los usuarios del hogar también se reiteran, ya que al momento de concretar la articulación de su hija, Daniel trabajaba en Intracom, una empresa de informática en la que un hijo de Bazzano tenía un cargo gerencial.
Daniel declaró ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard en setiembre de 2016. Entre otras cosas, dijo que no estaba con su hija para no “pasar vergüenza”; junto a su esposa, María, decidieron “dar a mi hija a otras personas, y esa idea la compartimos con Gabriela”. “Me hicieron firmar unos papeles adelante de Gabriela y adelante de la abogada. Y tenía abogado, que me consiguió Gabriela”, señaló. La jueza le preguntó a Daniel qué nivel de conocimiento tenía sobre el acuerdo de tenencia, y sus respuestas fueron: “Gabriela me dijo que intervino un juez”. “Gabriela me dijo que era una familia bien”. “Entendí que era una familia bien educada. Mi hija va al Liceo Francés. Nosotros le sacamos el pasaporte y mi hija viaja”.
Daniel no quiere que su hija “pase lo que yo pasé, y mi señora está de acuerdo”; también contó que cuando se empezó a ir los fines de semana “estaba contenta, se le notaba en la cara”. “Yo se la di porque iban a cuidar a mi hija. Nosotros queríamos lo mejor para Valentina, me lo explicó Gabriela y nos pusimos de acuerdo con María”. También contó que la sigue viendo todas las semanas: “Cuando viene su mamá adoptiva se quiere ir con ella, y cuando la veo hablamos de cómo le va en el colegio. Me cuenta que hace ballet y gimnasia”. “¿Usted sabe que también le podría dar todo eso a su hija?”, le preguntaron a Daniel en la sede judicial. “Sí, señor, hoy me lo dijo la jueza, pero yo eso no lo sabía”, respondió.
María también declaró ante la Justicia de Crimen Organizado. Contó que trabajaba haciendo limpiezas “en la casa de Gabriela y Joaquín”, y también que la mitad de la plata del despido de Daniel (unos 160.000 pesos) la tenía Bazzano, porque “si no la gasta toda”.
Soledad, la madre de Bruno, declaró ante la jueza en setiembre de 2016. Contó que Bazzano la acompañó en la sala de partos cuando tuvo a su hijo en 2012 y que cuando él cumplió tres años y medio conoció a la pareja con quien terminaría viviendo Bruno, la misma que “articuló” a Valentina. “Me los presentó Gabriela. Yo no tenía recursos económicos para tener a mi hijo a mi lado, pero de todas maneras no quería darlo. Pero como no tenía recursos terminé dándolo. Gabriela me dijo que la señora no podía tener hijos y me sugirió que les entregara a Bruno para que ellos se hicieran cargo de su crianza. Convení con esta familia de verlo regularmente, pero solamente lo veo los lunes”, contó. Soledad piensa que Bruno está “contento y feliz y muy bien atendido”.
Julia, la hija de Mónica
Mónica es la hermana menor de María. También llegó al hogar de Seamos desde Aldeas Infantiles de Florida, donde había nacido su hija, Julia. El representante de Aldeas Infantiles de Florida explicó ante Crimen Organizado que, a diferencia de María y Daniel, Mónica ya tenía una hija al momento del egreso. “En ningún momento se plantea la separación y, justamente, una de las razones por la que se eligió a Seamos fue porque Mónica podía ir con su hija. Hay muy pocas posibilidades de inserción para jóvenes que egresan de Aldeas con sus hijos”.
El responsable de la organización dijo además que después de que se enteraron de la situación de Valentina, le preguntaron a Bazzano si el programa de familias articuladas “estaba respaldado a nivel estatal”. “Dijo que estaba habilitado, que se lo había presentado a autoridades gubernamentales. Se le pregunta si había sido visto por INAU y nos dijo que sí”, contó.
Cuando Julia tenía un año, Mónica conoció a través de Bazzano a Sonia, con quien vive su hija actualmente. En el juzgado Mónica contó: “Me dijo que a ella le gustaría hacer lo de la familia articulada. Yo al principio le dije que no, pero Gabriela estuvo hablando conmigo y me dijo que probara, que Julia iba a estar bien con Sonia, y la dejé ir”.
Cuando empezó el proceso, la niña pasaba los fines de semana con su “madre articulada” y entre semana volvía junto a su madre al hogar de Seamos. Pero cuando Julia cumplió tres años, empezó a estar todos los días con Sonia, a Mónica la veía una vez por semana. Luego firmaron el acuerdo de tenencia, en la casa de Bazzano. “Estábamos mi abogada, que la eligió Gabriela y no sé cómo se llama, la abogada de Sonia y nadie más”, contó Mónica, que sobre los papeles dijo: “No sé lo que decía. Al otro día me dieron una copia de lo que firmé”.
También le preguntaron cómo se sintió en ese momento: “Al principio mal, yo no quería firmar los papeles, pero tenía a Gabriela al lado diciéndome que mi hija iba a estar mejor con Sonia, que yo no la podía tener donde estaba. Gabriela me decía que Julia no podía estar conmigo porque yo tenía problemas, y a mi hermana le hizo lo mismo, le decía que era una loca que siempre tenía un problema. Gabriela dice que fue con Sonia a una jueza, pero yo nunca fui al juzgado”.
A Mónica le consultaron si le gustaría recuperar a su hija y respondió que sí, “porque la extraño”. Dijo que se lo planteó a Bazzano, “pero me dijo que no, porque cuando hacés la tenencia compartida no vuelve para atrás, y me amenaza que si me voy a Florida con mi hija me pone cinco abogados para sacármela y me amenaza que nos va a sacar del hogar”.
Sonia, la “madre articulada” de Julia, declaró ante Interpol en noviembre de 2015. En su caso conoció el hogar a través de internet, en 2013. En 2014 se encargó de buscarle un jardín de infantes a la niña y se quedaba con ella los fines de semana, luego una semana, y contó que luego Mónica le pidió que cuidara a la niña porque ella tenía que hacerse cargo de sus hermanos que estaban internados.
Bazzano, según su relato, sólo le realizó una entrevista. “Nadie de Seamos, ni un trabajador social visitó mi casa”, admitió. Agregó que en varias oportunidades compartió con Bazzano sus dudas sobre la legalidad del programa: “Le manifesté que me parecía que estaba mal esto de que me encontraba viviendo con Julia, incluso le mencioné los artículos del Código de la Niñez, de que tenía que llamar a un juez 48 horas después de yo estar con la niña en mi casa, que habría que enterar al INAU y eso”. De acuerdo a su declaración ante la Justicia, Bazzano le decía que se “quedara tranquila”. “Me decía que ellos tenían en cuenta eso que yo le decía, que ya estaban trabajando con INAU de Maldonado y con el Mides, nombrándome constantemente abogados, que ella estaba bien asesorada y que estaba haciendo el proceso para que fuera reconocido. Dentro de mis dudas me quedé más tranquila por las palabras de Bazzano”, contó Sonia ante los funcionarios de Interpol.
El archivo de Pacheco
Cuando comenzó la causa, en 2015, la jueza de Crimen Organizado de 2º Turno era Adriana de los Santos, mientras que el fiscal del caso era Juan Gómez. En junio de 2016 asumió la fiscalía María de los Ángeles Camiño, quien junto a la jueza María Helena Mainard tomó prácticamente todas las declaraciones en la sede durante 2016. En febrero de 2017 asumió el fiscal Luis Pacheco, y en abril de ese año entendió que la investigación estaba “suficientemente instruida” y solicitó archivarla tras no encontrar “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”.
En la vista fiscal Pacheco señala que “más allá de la conveniencia o no de un régimen de tales características”, la resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia”. Este artículo establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño, pero aclara que si la finalidad última es “la inserción adoptiva del niño, niña o adolescente, los interesados deberán haber dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132” del mismo código. El artículo 132, por su parte, establece que cualquier situación en que un niño se encuentre privado de su medio familiar “deberá ser comunicada de inmediato al juez con competencia de urgencia en materia de Familia” o “al INAU”. Ese deber de comunicación abarca al progenitor o a quien esté a cargo del niño y decida “no continuar con su cuidado en forma permanente”, y a quienes “tuvieran noticia de ello en el ejercicio de su cargo, empleo, profesión, vínculo familiar o en razón de la institución en la que participan”.
El artículo 36 establece que un juez de Familia debe encargarse de “evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado”; según Pacheco, en los casos en los que intervino Seamos “se promovía la correspondiente homologación judicial del acuerdo de tenencia”. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró.
Pacheco puntualizó que “podría discutirse jurídicamente la validez del consentimiento de personas con discapacidades psiquiátricas para acordar un régimen de tenencia articulada como el que se instrumenta, pero ello es claramente resorte de las autoridades judiciales intervinientes en sede de Familia”. Agregó que en la investigación, que analizó los movimientos bancarios de Bazzano, no hay indicios de “la existencia de pagos o exigencia de dinero por parte de Seamos a las familias que se hacían cargo de la tenencia articulada”. Por último, entendió que el retiro de la madre y la bebé sin la correspondiente alta médica del Pereira Rossell fueron hechos que “carecen de relevancia penal”.
En función del dictamen del fiscal, el 7 de abril la jueza suplente Gabriela Araujo decretó el archivo del caso.
Zoe, la hija de Claudia
La cuarta “articulación” concretada que investigó la Justicia de Crimen Organizado fue la de Zoe, hija de Claudia, que ingresó a Seamos ya embarazada. Los “padres articulados” de Zoe son una maestra que tenía a su cargo un taller de “cultura general” en Seamos y su pareja, un hombre que actualmente se desempeña como adjunto de Bazzano en Pronadis.
Claudia declaró ante la jueza que dos meses después del parto la internaron por una descompensación de su enfermedad, esquizofrenia. “A mí me internaron y me sacaron a la nena. Cuando vuelvo, Zoe estaba con una que decía que era maestra”, contó.
Según puede verse en el expediente, unos días después del parto los hermanos de Claudia manifestaron su voluntad de cuidar a la niña, aunque luego cambiaron de opinión. Bazzano, sin embargo, declaró que los hermanos de Claudia “nos dijeron que no podían ni querían hacerse cargo de la niña”. “Pero no querían que Zoe fuera al INAU. La solución fue que Zoe fuera cuidada por [la maestra] y otras colaboradoras mientras se encontraba una solución familiar con los parientes de Claudia. Sus hermanos nos dicen finalmente que quieren participar como tíos pero que quieren la articulación”.
El “padre articulado” explicó ante Interpol que su pareja era “maestra y colaboradora de Seamos desde hace varios años”, y recordó que cuando Zoe tenía un año y tres meses comenzaron los problemas con su madre biológica, “en lo que se refiere a higiene, alimentación y cuidados típicos que se debe tener con una bebe de esa edad”, por lo que Bazzano resolvió “llevársela para su casa”. Dijo también que la niña estuvo dos meses en la casa de la directora de Seamos, y ellos los fines de semana la llevaban a su casa. “Hasta llegado el momento que nos encariñamos con la misma, quedando permanente la bebé con nosotros viviendo en casa, por lo que al tiempo de esa situación presentamos un escrito en el Juzgado de Familia 15º Turno para poder tener la tenencia de la niña”, detalló.
El hombre dijo que en ese entonces Bazzano “no puso ninguna” condición para la tenencia: “Sí nos dijo verbalmente que le interesaba que la bebé siguiera visitando a su madre en el hogar, cosa que hacemos unas dos veces por semana. La mayoría de las veces en el hogar y algunas veces en el shopping”. De acuerdo a este relato, la “articulación” la decidió Bazzano y la madre de Zoe “también estaba de acuerdo”.
En el juzgado, Claudia manifestó que Bazzano “vino con una escribana que me dio para firmar unos papeles”, con la garantía de “que la nena iba a estar mejor”. También negó que ella quisiera entregar a la niña:
‒“Yo quería vivir con mi hija. Ellas me decían que tenía que hacer yoga”.
–“¿Usted quería que su hija se fuera de su lado?”, le preguntaron en la sede judicial.
‒“No, señor, yo no quería”, contestó Claudia. Sobre la madre articulada, que trabajaba en el hogar, dijo que es “maestra y te hace bajar la cabeza”. “Y no sé si es así. Porque si dicen ‘es maestra’, vos tenés que decir, ‘bueno ta, la va a educar bien’”. Varias de las compañeras del hogar Seamos, en particular Mónica, María y Soledad, declararon que Claudia nunca quiso que la separaran de su hija.
Durante la investigación fue citada a declarar la psiquiatra que atendía a Claudia y a Mónica en el hospital Filtro. La especialista confirmó que después del parto Claudia fue internada por 15 días en el hospital Vilardebó por una “descompensación puerperal”, pero aclaró que regresó al hogar “totalmente compensada”. La psiquiatra dijo que conocía el funcionamiento del hogar porque una colega suya atendía a Soledad, la madre de Bruno.
Relató que Claudia iba a la consulta “con su bebé en brazos”, pero a los pocos meses empezó a contar que la maestra del hogar se llevaba a la niña los fines de semana o varios días a la semana. “De repente todo un fin de semana, uno, por ejemplo, a Punta del Este sin pedirle permiso, y ella se entera por fotos de Facebook”, relató. Además, contó que Claudia “estaba enojada, que ella tenía el derecho de ser informada dónde iba su hija, si le ponían caravanas o no, cosas que le habían ofendido y dolido, de qué le diría la niña; luego la inscribieron en una mutualista, un jardín de infantes, y en la práctica ella no iba a presentarse como la mamá”.
Cuando la niña pasó a vivir con la pareja, Claudia “empezó a manifestar el miedo de cómo sería el vínculo madre-hija si Zoe estaba viviendo en otro lugar. También manifestaba ideas de muerte si no podía seguir viviendo con su hija”. En ese momento, junto a una asistente social concurrieron al hogar y la psiquiatra cuestionó que los jóvenes estaban solos: “Lo más terrible era que Daniel era el encargado de darle la medicación a Mónica y Claudia, Daniel, quien además tiene patología psiquiátrica”. En ese sentido cuestionó a las autoridades de Seamos: “Siempre vimos la irresponsabilidad de que no las acompañaban en la consulta […]. Veíamos que no tomaban la medicación, no venían a control”.
La especialista aseguró que Claudia “no estaba preparada” afectivamente para el desprendimiento de su hija. “Hubiéramos creado un proyecto terapéutico, intentando mantener madre e hija juntas; acá lo que sabemos es que no se intentó, se hizo todo expresamente para que Claudia estuviera descompensada y no se pudiera hacer cargo. El equipo fue totalmente boicoteado por la psicóloga Bazzano”, denunció la psiquiatra ante la Justicia.
Según su visión, con Mónica “tuve la sensación de que la iban dirigiendo a que entregara a su bebé. En el caso de Claudia siempre lo vi mucho más cruel, era la omisión de asistencia. No se la ayudó para una operación de la vista [tenía cataratas], se terminó operando tres o cuatro años después. La dejaban sola, tenía problemas de anemia”.
La psiquiatra dijo que con Bazzano tuvo sólo un encuentro y luego habló por teléfono. La definió como una persona “absolutamente autoritaria, dominante, tratando de vendernos el proyecto del hogar Seamos y los logros actuales del hogar, que hablaba con muchísima autoridad de sus conocimientos, de sus contactos políticos dentro del país. Habló con mucha autoridad y nos explicó al detalle el caso de las familias articuladas y explicó que los casos de los niños que salían en Facebook habían generado jurisprudencia, por lo tanto todo el proyecto que tenía respecto de Zoe y Julia eran absolutamente legal. No quería en absoluto que el Filtro como equipo de salud mental creara un proyecto psicoterapéutico en el caso de Claudia. O sea, dar pautas de cómo generar un desprendimiento menos nocivo entre Claudia y la niña”.
Además, contó que después de que Interpol fuera al hogar, en 2015, tanto Claudia como Mónica “dejaron de concurrir al Filtro” por indicación de las autoridades de Seamos. La ONG denunció a la psiquiatra ante la dirección del hospital.
Antes de la publicación de esta nota, la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Bazzano para consultarla por detalles del proceso judicial y para saber si estos antecedentes se tuvieron en cuenta al momento de su designación en la Secretaría Nacional de Cuidados, que se concretó a finales de junio, tras la renuncia de Daniel Radío.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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