1) Agua: apareció la voluntad política del gobierno – 2) Sin plan B para el Santa Lucía: la salida es apelar al Río de la Plata – 3) Drones para vigilancia de la Cuenca del Santa Lucía – 4) Carlos Liscano: Nada personal, María Julia Muñoz es una amenaza para la cultura – 5) Nisman tenía propiedades en Punta del Este y la Justicia argentina investiga un posible caso de lavado.
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2019 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de Mayo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Agua: apareció la voluntad política del gobierno
Diego Martino (180.com)
El presente es un análisis, que intentó ser breve, surgido luego de escuchar la conferencia de prensa ministerial sobre el agua y la cuenca del Santa Lucia.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces
Lo primero que dice la ministra de Industria en la conferencia de prensa es “resaltar que las acciones y los trabajos respecto a este tema no empiezan hoy, hay mucho trabajo realizado por los ministerios”. En varias ocasiones los tres jerarcas ponen énfasis en que están ocupándose del tema desde hace mucho tiempo.
Quedan entonces dos opciones. O bien no se lograron los objetivos trazados y estamos en la situación actual debido a un fracaso en la gestión; o bien estos movimientos que se mencionan ahora son de verdad recientes. Los extractos de la propia conferencia de prensa nos dan la respuesta:
“Hemos planteado una hoja de ruta que implica la firma de los acuerdos correspondientes que nos permiten a los ministerios intercambiar la información con un marco legal correcto para socializar la información correspondiente”.
“El acuerdo que estamos haciendo para reposición de datos. Todos los ministerios y los organismos manejan información sobre la cuenca, vamos a tener un repositorio común.”
“El estudio de una red de sensores del más variado tipo. Hay adelantos hechos por OSE en cuanto al estudio de sensores, hay parámetros de requerimientos que nos tiene que dar el MGAP, DINAMA y OSE.”
“Hay un tema de manejo de imágenes… lo que tenemos planteado es estudiar con profundidad pasos a dar para unificar el manejo de imágenes”
Comenzar a definir el intercambio de información, decidir tener un repositorio común, establecer parámetros de requerimientos y plantearse estudiar en profundidad los pasos a dar suena mucho más a inicio de recorrido que a años de trabajo.
Con esto no pretendo restar importancia a lo que se está haciendo, por el contrario, pero es necesario aclararlo ya que la solución a este problema pasa mayormente por voluntad política y la misma parece vislumbrarse recién ahora.
¿Maldito desarrollo?
En declaraciones también de todos los jerarcas se desprende una percepción de que lo sucedido era inevitable porque nos estamos desarrollando. La ministra de Medio Ambiente afirma que “esto se ha agravado por el aumento de la producción en los últimos 10 años. Estamos buscando el equilibrio del cuidado del ambiente y del futuro del país.” El ministro de Ganadería por su parte dijo que “la intensificación que hemos tenido en nuestro país nos lleva a eso.”
No, no y no. El desarrollo no tiene que ir necesariamente de la mano de la degradación ambiental. La intensificación y el desarrollo del país no tenía por qué llevarnos a esto. Esto no era inevitable. El problema de contaminación de agua bruta para OSE es resultado de mala gestión ambiental, falta de planificación y de ordenamiento adecuado, falta de información ambiental pública y una creencia absoluta en las soluciones tecnológicas.
Es de gran importancia aclarar que ese concepto expresado de que el deterioro ambiental es un resultado necesario del desarrollo (curva de Kuznets ambiental) no es correcto. Que algunas sociedades lo hayan experimentado en el pasado no lo convierte en algo inevitable. Ciertamente era previsible y evitable para el caso del agua en Uruguay sin comprometer los niveles de desarrollo alcanzados en los últimos años.
Las consecuencias de determinadas prácticas fueron alertadas años atrás por expertos ambientales. Hace ya 8 años un reporte de estado del ambiente (GEO Uruguay) decía que el Uruguay se encontraba en un cruce de caminos y que podía optar por ignorar los temas ambientales y sufrir las consecuencias o por desarrollarse sin generar un deterioro ambiental. Ese reporte se basaba en información generada años antes del 2008 y con esa información ya los expertos alertaban sobre la situación.
También es importante señalar que el agua nos sirve de ejemplo de que existen tremendos costos económicos (además de sociales y ambientales) al deterioro del ambiente. ¿Cuántos millones de dólares nos podríamos haber ahorrado en potabilización de agua si hubiéramos manejado la cuenca de mejor manera años atrás?
El gran hermano ambiental
En la conferencia de prensa se habló de control, drones, radares, satélites, etc. Si bien es importante mejorar los instrumentos de control y la tecnología puede ofrecernos soluciones interesantes y costo efectivas, es necesario considerar variables de políticas para tratar el tema. El ejemplo favorito del Ministro de Ganadería de los planes de manejo de suelos es excelente, pero existen otros que deben considerarse en el paquete y para ello es buena la postura del gobierno de sentarse con los productores a discutir alternativas. Sería deseable que el comité de cuenca del Santa Lucia cumpliera un rol más activo en toda esta discusión ya que es el ámbito creado para avanzar en esta búsqueda de soluciones. Un simple ejemplo es la fijación de máximos de contaminación por nutrientes por cuenca y la comercialización en el mercado de esos máximos (un cap and trade de nutrientes). La ciencia fija el máximo y el mercado reparte el uso de ese contaminación por nutrientes. Puede resultar controversial, pero ha sido efectivo en otros países y es un ejemplo de la innumerable cantidad de alternativas de políticas a examinar.
¿Información?
Finalmente, el tema de la información sobrevoló la conferencia de prensa constantemente. Quiero relacionarlo con el ejemplo de trabajo positivo que da el ministro Aguerre sobre el plan de manejo de suelos. Aguerre menciona que este plan es fundamental para la mejora de la calidad del agua y seguramente tenga razón. ¿Pero cuál es la red de monitoreo de calidad de agua establecida en el país que le va a dar respuesta científica a esa afirmación? Uruguay sigue sin tener una red nacional efectiva de monitoreo sistemático y coordinado de calidad de los cursos de agua interiores. Es indispensable contar con información confiable y pública sobre el estado de los cursos de agua en todo el país ya que el desarrollo y la intensificación no son fenómenos circunscriptos al Santa Lucia.
Hoy en día la información está fragmentada, es de difícil o imposible acceso y no contribuye a conocer mejor el estado de nuestros cursos de agua. No somos el primer país del mundo en afrontar este problema. Sin ir muy lejos tenemos el ejemplo de Brasil que en pocos años pasó de tener información fragmentada a crear una red de monitoreo nacional manejada por la ANA (Agencia Nacional de Aguas) en base a las mediciones de los estados. Cuenta con unos dos mil puntos de muestreo y en base a los resultados obtenidos ha logrado, por ejemplo, ir priorizando las inversiones en saneamiento y tratamiento de agua.
¿Qué hace falta para que Uruguay, con un territorio muchísimo más accesible que Brasil, pueda tener un instrumento similar? Solo voluntad política. No podemos decir que es un tema de costos por al menos dos razones. La primera es que ya existen en el país diversos esfuerzos económicos y humanos (OSE, intendencias, proyectos, etc) de muestreo y análisis de agua, por lo tanto hay que tomar en cuenta esos gastos actuales en el cálculo. La segunda es el costo de no tener ese sistema, costo relacionado con aspectos de salud, de inversión necesaria para potabilizar, etc. También se puede mencionar la ayuda que brindaría a la hora de definir dónde priorizar inversión, en saneamiento y tratamiento y para determinar si las políticas aplicadas en relación al agua están dando resultado.
En suma, la conferencia de prensa muestra claramente que el gobierno está de lleno intentando apagar este incendio. También muestra que está dando los primeros pasos firmes, que es necesario ampliar el espectro de la discusión por más que apagar el incendio sea la prioridad y que siguen existiendo complejos respecto a abrir la información.
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2) Sin plan B para el Santa Lucía: la salida es apelar al Río de la Plata
Valeria Gil (El País)
Si colapsa el río Santa Lucía, Montevideo «sería una película de ficción que no quiero ni imaginar», dijo ayer el ministro Eleuterio Fernández Huidobro en la Comisión de Defensa de Diputados, contaron a El País fuentes legislativas.
Con esta expresión, admitió que a corto plazo no hay un plan B para enfrentar la contaminación de la cuenca, y a futuro la única salida es apelar al Río de la Plata. El ministro empezó diciendo que la contaminación en el Santa Lucía era un tema «muy delicado» porque se detectó la existencia de aterramiento —aumento de depósitos de tierra al fondo del río— lo que genera una profundidad menor y una mayor proliferación de algas.
En ese marco, recordó que personalmente viene realizando advertencias sobre el estado del agua desde hace 10 años en cuanto simposio participa. A su vez, recordó que la preocupación por el agua está presente hace medio siglo en la agenda del Ministerio de Defensa. A lo largo de la historia, dijo que se estudiaron diversos planes que suponían desde la construcción de la represa de Casupá, hasta el dragado del río Santa Lucía. Pero ninguna de estas medidas fue ejecutada.
Destacó un estudio elaborado en 1968 por un equipo francés donde se diseñó un plan B para el suministro de agua en Montevideo que suponía la construcción de un canal para obtener agua del Río de la Plata, lo que en la época era muy costoso. Hacer esto tomaría «mucho tiempo» por el grado de salinidad del agua, explicó el ministro. Como medida a tomar, Fernández Huidobro habló de la necesidad de dragar el río Santa Lucía. La medida podría ser adoptada en el marco de la comisión interministerial que convocó el presidente Tabaré Vázquez para trabajar en el tema.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi celebró el hecho de que el Ministerio de Defensa fuera integrado a la comisión en que ya trabajan otras carteras (Medio Ambiente, Industria y Ganadería), por el conocimiento que tiene el ministro Fernández Huidobro sobre el tema. «Era lo que pedíamos y hoy nos enteramos que se integraron al grupo de trabajo», acotó el legislador.
Luego de la visita del ministro, Goñi reafirmó su preocupación por el hecho de que «no existe un plan B para resolver el problema del Santa Lucía. El plan B es traer agua del Río de la Plata, pero es una obra que llevaría un buen tiempo». «Quedamos todos más preocupados que antes, pero también tenemos la tranquilidad de constatar que el ministro tiene un profundo conocimiento del tema y está realmente preocupado y en condiciones de actuar», opinó Goñi. Para el presidente de la Comisión, Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista), la de ayer «fue una muy buena reunión donde se puso sobre la mesa toda la preocupación que hay sobre la contaminación no solo del río Santa Lucía, sino a todos los niveles».
El legislador advirtió la necesidad de tomar medidas para evitar la contaminación de los diversos cursos de agua. «Al paso que vamos va a estar contaminado el Río de la Plata también. Hay necesidad de adoptar medidas de precaución, porque todos sabemos que el ser humano cuando actúa, día a día, está contaminando. Si seguimos al mismo paso que anduvimos desde el 68 para acá, dentro de 50 años la comisión de Defensa del Parlamento va a decir que en el 2015 se trató el tema, pero como no se hizo nada ahora está contaminado también el Río de la Plata. Hay que hacer algo, esa es la conclusión», finalizó.
Vigilancia de la Armada sin militarizar la cuenca.
En su comparecencia en la Comisión de Defensa, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro descartó la militarización de la cuenca del río Santa Lucía. Fuentes legislativas indicaron a El País que Fernández Huidobro manifestó que tanto el Ministerio de Defensa, como las Fuerzas Armadas, cuentan con los elementos necesarios para el control aéreo y físico con instrumental tecnológico. «No es necesario la militarización», concluyó. Pese a ello, el ministro reconoció en la comisión que «hay cursos o espejos de agua» donde la Armada no tiene jurisdicción. Frente a esto, los legisladores pidieron al ministro que elaborara un proyecto de ley para extender la jurisdicción de aguas.
Aljibes.
El presidente de la comisión, Víctor Semproni, dijo que en Uruguay se potabiliza el agua para regar el césped o lavar la vereda y «el colmo es que cuando hay un incendio los bomberos lo apagan con agua potable». En la comisión se habló de exigir que el agua de lluvia sea reservada, también se propuso colocar aljibes en los edificios.
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3) Drones para vigilancia de la Cuenca del Santa Lucía
(El País)
Que la prioridad es brindar agua potable de excelente calidad, que no hubo negligencia por parte del gobierno anterior en el control de las industrias y que el Poder Ejecutivo cuenta con tecnología para realizar un monitoreo eficiente. Estos fueron los mensajes centrales que dio el gobierno el pasado miércoles después de una extensa reunión del presidente Tabaré Vázquez con tres de sus ministros e instituciones vinculadas a la problemática.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León; la ministra de Industria, Carolina Cosse; y el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, hicieron foco en conferencia de prensa en defender lo hecho y anunciar que los controles serán «estrictos». La del miércoles fue la segunda reunión desde que se puso en marcha el Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía. Cosse aseguró que se visitarán 24 industrias en la cuenca para lograr mejoras en los procesos de tratamiento de efluentes y que se analiza con la Fuerza Aérea incorporar drones en el control de la cuenca.
De León, en tanto, fue la encargada de transmitir el mensaje del presidente para calmar los ánimos. «Tenemos la confianza de que estamos haciendo todas las acciones para que el agua que se va a recibir sea potable y de la mejor calidad», afirmó. El martes en la Comisión de Defensa de Diputados, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el primero en alertar sobre la problemática del Santa Lucía, aseguró que si colapsa el río «sería un cuento de ficción, medio de terror».
Huidobro volvió a ser tajante y afirmó que todo lo que está diciendo la comisión interministerial ya fue escrito por la OEA y por el BID «hace añares» y que lo que falta es una respuesta. «Hay cosas que no se quieren oír y hay gente que no las quiere decir porque sabe que las consecuencias pueden ser feas, porque a los jefes no les gusta escuchar cuestiones que son problemáticas», dijo. Según el ministro, la inexistencia de un «plan B» continúa siendo el principal problema.
«Es impensable que un conjunto poblacional como el de Montevideo y aledaños se abastezca de un solo lugar; ese sistema es de una fragilidad inimaginable (…) Uruguay ha estudiado cantidad de cosas de forma inmejorable, pero después ha encajonado prolijamente esos estudios», indicó. El ministro dijo que en su opinión habría que colocar sensores a todos los cursos de agua de manera de tener un control «on line» y sistemático de cómo evolucionan los cursos de agua.
Defensa fue incorporada.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, no había sido convocado a la comisión que creó el presidente Tabaré Vázquez para tratar la problemática del agua. Sin embargo, el ministro informó en el Parlamento que fue incorporado. Huidobro aseguró que en esta problemática «se ha condenado al mensajero».
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4) Carlos Liscano: Nada personal, María Julia Muñoz es una amenaza para la cultura
-¿Sabés a qué hora velan a Galeano?
-No.
-Te lo pregunto porque sos escritor y capaz que cualquier día de estos tengo que enterrarte a vos también.
Diálogo en la puerta de la Biblioteca Nacional, 13 de abril de 2015, entre María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, y Carlos Liscano, entonces director de la Biblioteca.
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Voy a contar hechos un poco miserables. Me aburre hacerlo y es muy probable que también aburra al lector. Pido disculpas, no tengo más remedio. Nunca busqué un cargo político ni me preparé para ejercerlo. En el último número de Brecha de diciembre de 2008 escribí una nota criticando al gobierno del Frente Amplio por todo lo que no hacía en Cultura. Poco tiempo después el presidente Tabaré Vázquez me nombró subsecretario de Educación y Cultura: “Vos me criticás, ahora podés trabajar por el país”. Algo así me dijo el presidente. Fueron seis meses. Creo que no tuve tiempo de hacer nada. El 1o de marzo de 2010 el presidente José Mujica me nombró director de la Biblioteca Nacional. En marzo de 2013 el ministro Ricardo Ehrlich me nombró presidente del Consejo de Derecho de Autor (CDA). El 1o de marzo de 2015 el presidente Vázquez me nombró director de la Biblioteca. Desde 1971 ningún director ejercía ese cargo por dos períodos consecutivos.
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El CDA está integrado por cinco consejeros honorarios y depende directamente del titular del MEC. Es el órgano del Estado que entiende en todo lo relativo a derechos de autor, administra las obras de dominio público y las de dominio privado propiedad del Estado. Tiene, entre otras, la tarea de auditar las sociedades de gestión (AGADU, SUDEI, SUGAI, etc.) y de asesorar a la Cancillería en los debates que tienen lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Es opinión generalizada entre quienes se dedican a estos asuntos que la institucionalidad de los derechos de autor en Uruguay es débil. Esa opinión es compartida por los especialistas de la región y por técnicos de OMPI. Es así, entre otros motivos, porque tenemos pocos técnicos especializados en la materia y por la histórica carencia de personal del CDA. Lo que acabo de decir está documentado en el “Informe sobre derechos de autor” emanado de las Jornadas internacionales que el CDA coorganizó junto con OMPI en noviembre de 2014 en los espacios de la Biblioteca.
El 1o de marzo de 2015 el CDA tenía cuatro consejeros honorarios, dos asesores letrados honorarios, una funcionaria administrativa y un contador. Personal apenas suficiente para la envergadura de las responsabilidades del CDA. En nuestro país los derechos de autor generan millones de dólares por año y es tarea del CDA fiscalizar ese movimiento de dinero que, en parte, es del Estado. El SODRE paga por el uso de obras de dominio público entre 100 y 120 mil dólares por año.
A los pocos días de asumir, Muñoz trasladó a la única funcionaria que tenía el CDA a su Secretaría personal; en abril trasladó al contador a la Comisión de Patrimonio. Los asuntos que llegan semanalmente al CDA quedaron paralizados desde marzo. Ni siquiera hay quien conteste el teléfono, abra una carta. A las reiteradas llamadas a mi teléfono privado he contestado que, de momento, no se tramita ningún expediente por falta de personal. Esta situación está en conocimiento de la ministra, de Jorge Papadópulos, director General de Secretaría, de los ciudadanos que hacen seguimiento de sus trámites y también de AGADU, que actúa en muchos casos como intermediario de sus socios.
A principios de abril la ministra resolvió que la oficina del CDA, que funciona en la calle Reconquista, se trasladara al edificio de la Biblioteca. El 9 de abril expuse por escrito los inconvenientes que eso significaría. La Biblioteca no tiene espacio para cumplir con sus obligaciones emanadas de la Ley de depósito legal. La Biblioteca no tiene espacio para alojar otra institución. Un día después Papadópulos me llamó para decirme que la decisión de la ministra seguía firme. Al tanto de la grave falta de espacio en la Biblioteca, Muñoz encontró una solución fácil y rápida a los problemas de espacio que tiene en el edificio de Reconquista.
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El martes 21 de abril el diario El País publicó una nota sin firma en la que se me citaba dando opiniones sobre la situación del CDA. La nota está basada en una entrevista telefónica que me hizo un periodista el día 20 de abril. En la entrevista se habló de tres artículos aparecidos días antes en la versión digital de El Observador sobre las pretensiones de EGEDA, sociedad de gestión autorizada por el Poder Ejecutivo en 2007 a actuar en Uruguay. EGEDA, informa El Observador, pretende cobrar un canon por los aparatos de televisión usados en bares, hoteles, mutualistas. El periodista, notoriamente al tanto de las dificultades del CDA, sobre el final me preguntó acerca del asunto. Mi respuesta fue la misma que he dado a ciudadanos y empresas que se preocupan por sus trámites: de momento el CDA no está evacuando expedientes. Luego de publicada esa nota me han llamado otros medios de prensa. A todos los he remitido a Papadópulos, a quien la ministra encargó solucionar los problemas de personal del CDA. (Ver la diaria, 24.4.15).
El 22 de abril, sobre las dos de la tarde, me llamó Papadópulos. Me dijo que la ministra le había ordenado que me trasmitiera que yo debía renunciar a la dirección de la Biblioteca por las declaraciones que me atribuía la nota de El País. Dijo Papadópulos que, si bien era cierto todo lo que decía la nota, la ministra opinaba que esos asuntos solo debían ventilarse internamente. Le contesté que yo no había ventilado nada, que la situación del CDA era de conocimiento público. Que me parecía absurdo que por un asunto del CDA me pidiera la renuncia a la Biblioteca. Le dije que trasmitiera a la Ministra mi pedido de que reconsiderara su decisión. Un par de horas después Papadópulos me llamó para decirme que la Ministra no reconsideraba nada.
Resolví que no renunciaría. Yo fui designado por el presidente, no por la ministra. Llamé a Papadópulos y le dije que trasmitiera a Muñoz mi decisión: yo no renunciaba. Mi decisión no era un intento de conservar el trabajo. Sabía que al fin y al cabo el presidente Vázquez iba a sustituirme. Me negué a renunciar porque no iba a abandonar en silencio el proyecto que elaboramos durante cinco años con decenas de funcionarios, asesores, investigadores, muchos de ellos voluntarios. No iba a renunciar en silencio por respeto a ellos, y a los muchos colaboradores honorarios de las publicaciones de la Biblioteca. Parte de mi dignidad se nutre de respetar el trabajo ajeno. Por encima de mi dignidad está la nada.
Un par de días después Muñoz ordenó a una funcionaria que me pidiera la renuncia al CDA por correo electrónico. Estaba en su derecho: a los consejeros los nombra el ministro. Renuncié por correo electrónico ante la funcionaria.
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A Muñoz no le gustó que yo dijera que el CDA no estaba funcionando. Eso ya no es cierto: ahora no existe. No tiene ningún funcionario, no tiene contador, no tiene asesor letrado, no tiene lugar donde reunirse y no puede tomar decisiones porque con solo tres consejeros carece de quórum.
Muñoz entiende que nadie debe hablar de los problemas de su ministerio. Es una forma novedosa de solucionar las cosas y una curiosa norma de transparencia: si nadie se entera de nada, todo va bien. O por lo menos no va tan mal. Yo no la conocía y, sin proponérmelo, transgredí la norma. Si la hubiera conocido tampoco la habría respetado. Sea como sea, por contravenir una norma suya, Muñoz me pidió la renuncia al CDA y forzó mi salida de la Biblioteca. Otra curiosidad: Muñoz ordenó el traslado de la oficina del CDA a la Biblioteca. No me negué a cumplir la orden. Pedí que la mudanza fuera acompañada por un inventario de los bienes y documentos que contiene. El inventario nunca apareció. La oficina del CDA no está en el edificio de la Biblioteca, como quiere Muñoz; sigue, abandonada y sin uso, en el cuarto piso de Reconquista.
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Cuando en 2009 Tabaré Vázquez me nombró subsecretario le dije que solo podía prometerle que soy trabajador y disciplinado. Creo que cumplí con mi palabra. No voy a juzgar lo hecho en estos años. No corresponde. Sí voy a mencionar algo de lo que siempre me sentiré orgulloso. Algo que hicieron otros, no yo. Formé, organicé y conduje un equipo de investigadores que ha creado conocimiento sobre nuestra sociedad, conocimiento que quedará para siempre en el acervo intelectual del Uruguay. Las publicaciones de la Biblioteca dan fe de lo que digo. No puedo dejar de destacar la labor de la profesora Alicia Fernández Labeque, jefa del Departamento de Investigaciones.
Me consta que no aceptó cargos mucho mejor remunerados para poder seguir conduciendo el Departamento. Podría reconocer a los muchos funcionarios de todos los escalafones que prestaron su enorme colaboración a mi gestión. Nombro a Fernández Labeque en representación de todos quienes pusieron sus conocimientos, su trabajo y su talento al servicio de la Biblioteca en estos cinco años. Ello comprende, muy especialmente, al numeroso grupo de voluntarios e investigadores asociados que trabajaron para la institución.
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Lo ocurrido en estos días me recordó lo siguiente. A fines de 2009, en mi carácter de subsecretario de Educación y Cultura, me ocupaba de la Comisión de Bienestar Animal. Un día empezaron a llegar a mi oficina noticias de que jaurías de perros atacaban a los pacientes en la Colonia Etchepare. Llamé a Muñoz, entonces ministra de Salud Pública, para trasmitirle la preocupación. Me dijo más o menos así: “Vos de la Colonia Etchepare no sabés nada. Estás preocupado por los perritos. Yo, en cambio, me ocupo de la gente”. Y colgó. Llamé al subsecretario del Interior, inspector (r) Ricardo Bernal, quien me recibió un viernes a las nueve de la noche. Le trasmití la inquietud. Bernal comprendió la situación y dijo que se haría cargo. Hace pocas semanas una jauría de perros mató a un paciente en la Colonia Etchepare. No pude menos que recordar la sensible respuesta que me dio Muñoz en 2009.
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En los primeros días de enero cuatro directores del área de Cultura fuimos convocados por Muñoz. Nos dijo que no iba a ocuparse de Cultura y que en el futuro no se reuniría con nosotros. Le informé que el CDA depende de ella y yo lo presidía. No tenía idea de qué le estaba hablando. “Una tarea más que no conocía”, me dijo. Me fui intranquilo. Si no iba a ocuparse de Cultura, ¿para qué había aceptado el cargo? Entendí que no le interesaba el CDA ni la Biblioteca. Después pensé que tal vez fuera una dificultad menos: si no se ocupaba, no pondría trabas.
En pocos días nos dimos cuenta de qué es lo que Muñoz entiende por “no ocuparse de Cultura”. Lo dijo: no asumirá sus responsabilidades. No se ocupará, pero no tendrá ningún escrúpulo en desmantelar lo existente si eso le genera alguna dificultad, del orden que sea. Abandonará a su suerte a instituciones emblemáticas, que acabarán desmanteladas, como ya ha ocurrido. En pocas semanas deshizo el CDA. La próxima institución será la Biblioteca, que tiene un problema crónico de espacio, que en cinco años perdió 59 funcionarios y las vacantes no han sido llenadas. Se lo informé. No le interesó. No es su asunto. Todo esto me genera enorme incertidumbre y estoy obligado a decirlo. Me obliga mi compromiso con la Cultura. También mi compromiso de toda la vida con el Frente Amplio y mi compromiso con Tabaré Vázquez. En ese orden.
Termino este relato de asuntos miserables. No escribo para decir que me he sentido agraviado por Muñoz. Si así fuera, sería irrelevante. Lo relevante, lo que debe preocuparnos, es que Muñoz es ministra de Cultura, de lo que no se ocupará. Eso es un agravio a su investidura y a la sociedad. Su prescindencia, la indiferencia hacia los asuntos de la Cultura, el desconocimiento y la falta de interés en informarse, la transforman en una grave amenaza para la sociedad. Eso, lector, y los compromisos que enumeré más arriba, son motivos suficientes para dar a conocer estos hechos, que no tienen relación con mi salida del CDA y de la Biblioteca. No es nada personal: hay que evitar que Muñoz lleve adelante su proyecto de “no ocuparse de la Cultura”. Antes de que sea tarde.
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5) Nisman tenía propiedades en Punta del Este y la Justicia argentina investiga un posible caso de lavado.
(Caras y Caretas)
A la altura de Punta Piedras llegando por la ruta 104, a tan solo cuatro minutos de Manantiales, se encuentra Pueblomío Chacras de Manantiales, un exclusivo emprendimiento inmobiliario de 180 chacras de unos 4.000 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta con 86 hectáreas de áreas comunes cuyo principal atractivo son nueve lagunas que suman unas 30 hectáreas. En el área deportiva cuenta con canchas de tenis, fútbol, gimnasio, sala de yoga y área ecuestre. Cuenta además con seguridad privada, vigilancia las 24 horas y equipos de mantenimiento para edificios y jardinería. Un edén.
La apertura de los archivos del computadora del fiscal argentino Alberto Nisman reveló que el fallecido funcionario, cuya muerte sigue en debate, contaba con importantes inversiones en Uruguay, Argentina y Estados Unidos, puestas a nombre de su madre. “En Punta del Este, tres terrenos en el complejo Pueblomío, por los que aparecen pagos de expensas de 4.249 dólares en un trimestre”, indica el diario Página/ 12 en un artículo referido a los datos conocidos acerca de las actividades del funcionario.
Señala el matutino porteño que “el día que la fiscal Viviana Fein le preguntó por propiedades familiares en Uruguay, la madre de Alberto Nisman, Sara Garfunkel, dijo que si bien recordaba que había ido a firmar unos papeles a Montevideo, no sabía ni de qué se trataba, ni en carácter de qué figuraba, ni a qué escribanía fue. Hasta agregó algo poco creíble: que ni siquiera recordaba en qué medio de transporte viajó. Todo se hizo –contó la mujer– a pedido y por orden de su hijo el fiscal y ella sólo tuvo que firmar”.
Agrega Página/12 que hay resúmenes de tarjeta, a los que accedió ese medio, “de una cifra sideral, 131.000 pesos en un solo mes; pero el promedio no baja de 70.000. Los datos muestran su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual hay cuotas de hasta 67.100 pesos. Un cálculo casi elemental hace pensar, teniendo en cuenta sus viajes de placer, en que Nisman gastaba no menos de 300.000 pesos por mes, monto que no concuerda con su declaración jurada. Todo esto es investigado por la Justicia federal en una causa por posible lavado de dinero que involucra a Garfunkel, a la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y al informático Diego Lagomarsino, cotitulares de la famosa cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York”.
Agrega más adelante el artículo que además los indicios de las propiedades en Uruguay se conocieron al constatarse que había hecho al menos dos transferencias de 2.500 dólares para pagar expensas de terrenos ubicados allí. “Entre los papeles que analizan los investigadores, hay giros desde el Merrill Lynch Bank of America a cuentas uruguayas”, señala.
El complejo Pueblomío, donde hay tres terrenos a nombre de Sara Garfunkel, está en Manantiales, Punta del Este, y publicita en su página web 180 chacras de 4.000 mil metros cuadrados, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. Una nota de la administración del lugar, fechada en octubre de 2014, dice que Garfunkel pagó 4.249 dólares en concepto de expensas por el trimestre octubre/diciembre.
Por el hallazgo de los datos sobre las propiedades en Uruguay, más un fideicomiso de la calle Dorrego al 1700, los elevados gastos con tarjeta y también las operaciones a través de dos cuentas en el país vecino (una en el Banco Francés y otra en el Itaú), el fiscal Juan Pedro Zoni pidió nuevas medidas de prueba en la causa por posible lavado, que se extiende sobre quienes conformaban el entorno de Nisman. La sospecha principal es que las inversiones se hayan hecho con fondos de origen dudoso ligados al fiscal que dirigía la Unidad AMIA, agrega el matutino.
La última declaración jurada del fiscal Nisman “sólo mencionaba como propia, a medias con su ex esposa Sandra Arroyo Salgado, una casa en un country, pero nada más. No incluía dinero, autos, inversiones ni la cuenta en el banco Merrill Lynch. Según documentación de su computadora, además de ser apoderado de esa cuenta, aparecen informes sobre acciones, bonos, fondos de inversión e incluso participación en operaciones de compra de petróleo y granos. Todo quedaría claro con un informe sobre los movimientos de esa cuenta y las inversiones, pero habrá que ver si el Merrill Lynch se presta a entregar los datos. Por de pronto, son fondos no declarados”.
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