1) Desaparecidos: aportan datos sobre 5 fosas –
2) Democratización de medios es insuficiente –
3) “No hay voluntad política” para que junta anticorrupción pueda investigar –
4) El rol de Uruguay en la lucha contra el Estado Islámico –
5) Futuro incierto para refugiados sirios en Uruguay
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2050 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 11 de Diciembre de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Desaparecidos: aportan datos sobre 5 fosas
Marcelo Falca (La República)
La Justicia analiza un pedido para retomar las excavaciones en el predio del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº1 ubicado en Empalme Olmos, Ruta 34, kilometro 42,5, cerca de Pando, a raíz de nueva información recibida semanas atrás por el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en el marco de la campaña que lanzó en setiembre pasado.
Los datos, que incluyen un croquis anónimo con sitios marcados por un informante anónimo, fueron presentados en el juzgado por el abogado Óscar López Goldaracena quien tuvo acceso a los mismos a través de Familiares, entre otros motivos, por ser el titular de la denuncia presentada en 2008 ante la misma sede.
“Es obvio que el pacto de silencio se está rompiendo y para quienes tienen información les debe ser difícil convivir con su conciencia”, afirmó el abogado a LA REPÚBLICA. En 2008, López Goldaracena presentó ante la Justicia de Pando un croquis anónimo que había sido dejado bajo la puerta de su casa.
En el mapa, hecho a mano y en una hoja de cuaderno, se indicaban lugares de posibles enterramientos en el mismo predio militar en la intersección de Ruta 34 (en el croquis dice Ruta 32) y Ruta 8 , cerca de Pando, en la zona conocida como “La Montañesa”. “En aquel momento efectuamos la denuncia al entonces juez de Pando Dr. Huberto Álvarez quien, con rapidez y profesionalidad, ordenó excavaciones”, relató.
El mapa era concordante, a su vez, con testimonios de vecinos que señalaban que en ese lugar se habían producido enterramientos clandestinos durante la dictadura.
En aquel momento, las excavaciones no dieron el resultado esperado, fundamentalmente por la dificultad en el manejo de un plano dibujado a mano alzada cuyas únicas referencias eran una cañada y alambrados en un sitio de difícil acceso que el tiempo había modificado. No obstante, el expediente judicial se mantuvo a la espera de nuevos avances en la información.
Semanas atrás, un familiar de desaparecido recibió nuevos datos, también de fuente anónima, en el marco de la campaña que está llevando a cabo Madres y Familiares de Desaparecidos. En rigor, fueron “siete u ocho” llamadas telefónicas que apuntaban al mismo sitio dentro del predio militar y una entrevista con un informante anónimo que identificó el área.
En este caso, se trabajó sobre una fotografía aérea de la unidad militar sobre la cual se precisaron con mayor exactitud los lugares de posibles enterramientos los que se indicaron con una cruz.
Esta nueva información fue cotejada con el plano a mano recibido en 2008 y resulta “casi coincidente”, confirmó López Goldaracena. Los sitios de interés se ubicarían a pocos metros de los lugares hasta donde se había llegado en la excavación anterior que se hizo en su momento, señaló por su parte Ignacio Errandonea.
El informante habría dicho que se trataría de un enterramiento de “cuatro hombres y una mujer” que se marcaron con “cuatro rayitas paralelas y una atravesada”).
“La información la puse inmediatamente en conocimiento de la actual jueza de Pando Dra. Isaura Tórtora a quien le solicité que se retomen las excavaciones”, agregó el abogado. “También fue informado el nuevo equipo de antrópologos y el Dr. Ariel Cancela, coordinador del grupo de fiscales en las causas de derechos humanos.
Estamos aguardando la resolución de la Justicia. El expediente se encuentra, al día de hoy, para ser remitido a la fiscalía de Pando a efectos de conocer la opinión del fiscal; luego, la Dra. Isaura Tórtora resolverá”, informó.
Errandonea en tanto señaló que se espera “con expectativa” la decisión de la Justicia en relación a esta denuncia y precisó que la Comisión por la Verdad y la Justicia” que creó el gobierno que preside Tabaré Vázquez “ya fue informada” sobre los pasos que se han ido dando en este sentido.
Agregó que sin duda la campaña de Familiares “ha movido el tema” y expresó que “nuestra política es que todas las denuncias que sean factibles y serias las vamos a procesar en los juzgados para que la Justicia se encargue”. A través de la campaña pública, Familiares habilitó el teléfono 0800 9942 para quienes deseen aportar información.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015
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2) Democratización de medios es insuficiente
Facundo Franco (La Diaria)
Relator de Libertad de Expresión advierte por sistemas de vigilancia informática y “reacción desmedida” de gobiernos ante la protesta social.
A pesar de los avances registrados, principalmente en la aprobación de nuevas leyes, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Uruguay sigue sin conformar a la sociedad civil. La “democratización pendiente” en cuanto a libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de los trabajadores fue objeto de un seminario organizado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay.
Entre los temas a mejorar se planteó la necesidad de que el gobierno aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que tome medidas de estímulo para los nuevos actores que pueden entrar en el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) y que se avance en una regulación para la asignación equitativa y transparente de la publicidad oficial.
Roberto Caldas, quien desde enero será el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que uno de los temas pendientes de todo el sistema americano de justicia es la posibilidad de que “las fuerzas sociales” acudan en mayor medida a éste para reclamar por el cumplimiento de derechos colectivos. Según dijo, hasta ahora la mayor demanda en la corte, cuyas sentencias no son reconocidas por países como Estados Unidos y Canadá, son pedidos por el cumplimiento de derechos individuales, tanto civiles como políticos. El jurista consideró que es necesario difundir más el sistema para que tanto organizaciones como sindicatos sepan que lo pueden usar.
Caldas se refirió a la sentencia del organismo que presidirá sobre el caso Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, cuando en 2007 el gobierno de Hugo Chávez resolvió no renovarle la frecuencia. Según planteó, fue una sentencia compleja en la que finalmente se reconoció que se estaba vulnerando el derecho de los periodistas y dueños de RCTV, pero a la vez se dio cuenta de que cuando miles de habitantes venezolanos salieron a las calles en 2002 para reclamar la vuelta de Chávez al poder, que había sido apartado de su cargo mediante un golpe de Estado, el canal emitió películas y programas de entretenimiento y no informó sobre los hechos.
En ese sentido, la sentencia critica a los medios venezolanos por haber realizado una especie de “apagón informativo” de esas manifestaciones, y sostiene el derecho de la sociedad a recibir información y contar con medios plurales. Sin embargo, el gobierno venezolano no inició proceso legal alguno contra el canal y lo castigó directamente con la no renovación del permiso para emitir, elemento decisivo a la hora del fallo de la corte. Caldas también recordó el fallo del organismo a favor de cuatro jueces hondureños que fueron retirados de sus cargos por haber defendido el Estado de derecho luego del golpe contra el gobierno de Manuel Zelaya.
Un comentario
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el periodista uruguayo Edison Lanza, recordó que este organismo realiza recomendaciones, y, en caso de que no sean tenidas en cuenta por los estados, puede remitir los casos ante la corte. Entre algunos factores que “erosionan la libertad de expresión” en el continente, Lanza nombró “la llegada de gobiernos con sesgo autoritario” o “la militarización de la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado”, que por ejemplo ha llevado a la muerte de varios periodistas en regiones mexicanas y colombianas.
Otra de las tendencias que criticó fue la “reacción desmedida” de los gobiernos de la región ante la protesta social, con medidas como la agresión y detenciones de manifestantes, o la judicialización de ese tipo de casos, situación que no escapa a la realidad uruguaya, según dijo. Para Lanza, la protesta debería ser “protegida” por el Estado, porque si bien cuando se ocupa un centro o se corta una calle se está vulnerando el derecho de otros individuos a circular, consideró que los derechos colectivos como el de la protesta pesan más que los derechos individuales. El relator defendió el derecho de “hacerse escuchar” de los colectivos que protestan, algo que muchas veces no es canalizado por los medios masivos de comunicación.
El relator reclamó la necesidad de tener una “postura crítica” ante los sistemas de vigilancia como el de Estados Unidos que muchos países compran, tal como hizo Uruguay con El Guardián. Según agregó, para “pescar” esos datos por medio de esos sistemas “tiene que haber pecera”, y lamentó que en el caso uruguayo no se dice con claridad quién controla el sistema ni cómo se guarda la información. Por ejemplo, dijo que después de que en Colombia se pusiera en práctica un sistema similar, salió a la luz que se estaba espiando a activistas y periodistas.
Lanza destacó el papel protagónico que jugó la sociedad civil uruguaya en las regulaciones aprobadas en los últimos años, como la LSCA, la Ley de Radiodifusión Comunitaria o la de Acceso a la Información Pública. Lanza dijo que Uruguay es “un ejemplo de buena práctica” para la elaboración de este tipo de leyes, en particular por el proceso de discusión de la LSCA, y sostuvo que ahora la Suprema Corte de Justicia tiene “una decisión enorme” en sus manos para el país y la región, en referencia a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a la norma. De todas formas, advirtió que en los últimos dos gobiernos no se pusieron en práctica políticas para “fortalecer” a nuevos medios, como los comunitarios, y reclamó medidas “de discriminación positiva” con ese propósito, sumado a la necesidad de regular la asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial.
De la región
Guilherme Canela, consejero de UNESCO en Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y los países andinos, dijo que pese a los avances de los últimos años en el continente, aún siguen faltando organismos reguladores independientes de los gobiernos de turno y persiste la concentración de los medios. Canela sostuvo que es necesario implementar planes de alfabetización mediática para niños y jóvenes, y dijo que “no es suficiente que los niños reciban una computadora para aprender a usar Google”. También consideró necesario involucrar en mayor medida al Poder Judicial en estas discusiones.
En relación a lo que puede pasar en Argentina en materia de políticas de comunicación con el cambio de gobierno, Santiago Marino, docente de la Universidad de Quilmes, evaluó positivamente el anuncio de la creación de un Ministerio de Comunicación, pero lamentó que se haya anunciado que se intentará “controlar” los mecanismos de contralor de la LSCA argentina, lo que contradice la propia ley, según consideró. El docente opinó que el futuro de la región en la materia es “incierto” y está ligado al signo político de los futuros gobiernos, al tiempo que consideró que hasta ahora los cambios regulatorios no se materializaron en el mercado.
En nombre del PIT-CNT, el periodista Gabriel Mazzarovich llamó a “defender a Antel en el terreno de la convergencia” y dijo que “comprometer más al movimiento sindical en defensa de la LSCA” es “una tarea inminente” porque hasta ahora no ha tomado el tema “con la fuerza que debería”. En la misma línea, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Daniel Lema, consideró que su gremio “se siente un poco solo” en la defensa de la norma a la interna del movimiento sindical. Lema lamentó que en lo que va del año haya habido unas 100 pérdidas de puestos de trabajo en los medios de comunicación y que no hay nuevos lugares de trabajo, sumado a que muchos periodistas están “migrando” hacia la comunicación organizacional, en la que encuentran “menos estrés y más salario”.
Se concentra
En nombre de un grupo de investigadores de la FIC, los docentes Gianela Turnes y Nicolás Thevenet presentaron los primeros avances de un proyecto de investigación sobre la concentración mediática en Uruguay. Presentaron los casos de Rocha, donde el grupo Benítez-Fagián controla cuatro de las 15 FM, un canal de televisión abierta y próximamente adquiriría el otro canal del departamento, más 17 de los 19 servicios de televisión por cable, y también el de Durazno, donde el grupo Rielli-San Martín controla las dos FM de la ciudad, el único canal de televisión abierta y una de las tres FM comerciales. A nivel nacional, investigaron sobre el grupo Fontaina-De Feo, que entre otros medios controlaba Canal 10, y el grupo Romay-Salvo, que controla Canal 4 y varias radios. En relación al primer grupo, se encontraron con que ya no controlaría ni las AM Carve y Nuevo Tiempo, ni Canal 7 de Maldonado, ahora en manos del Grupo Clarín, ni Canal 9 de Rocha, en proceso de transferencia al grupo Benítez-Fagián. En relación a Canal 10, el grupo mantendría acciones minoritarias, y únicamente tendría el control del cable TCC. Por su parte, el grupo Romay-Salvo sigue controlando el Canal 4, Radio Cero, Radio Montecarlo y FM del Río, de Colonia, otros cinco canales de televisión abierta (Canal 4 de Dolores, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Punta del Este y 12 de Fray Bentos), y tres empresas de cable (Montecable en Montevideo, Del Faro en Colonia y Fray Bentos Video Cable), mientras que estarían planificando comprar la Red Uruguaya de Televisión, por la que se nutre de programación la mayoría de los canales del interior del país.
Gustavo Gómez, ex director de Telecomunicaciones en Uruguay, dijo que este tipo de estudios muestra “complejidad y reconfiguraciones” en el sistema de propiedad de los medios en el país. También habló de la tendencia de actores de telecomunicaciones de querer colocarse en el sistema audiovisual de medios y viceversa; esta situación no sucedió en Uruguay con Claro y Movistar gracias a “barreras legales”, pero en otros países entran al mercado con “precios irrisorios”, ofreciendo múltiples servicios a la vez. En relación a los desafíos en materia de concentración de la propiedad de los medios, Gómez dijo que es necesario no otorgar más licencias a quienes ya tienen varias, ni tampoco otorgarles licencias de datos. También planteó que a partir de las herramientas que da la LSCA con el reconocimiento de grupos económicos, es necesario revertir la concentración ya existente, y que el Estado también debe promover la diversidad y el pluralismo con medidas para favorecer a los nuevos canales de TDT.
Gabriel Kaplún, también docente de la FIC, advirtió que en casos como el del empresario mexicano Ángel González -que adquirió 11 medios en Uruguay hace algunos años- hizo falta “un poquito de voluntad política” para cumplir con la normativa en relación a la limitación de propiedad de medios, que existía anteriormente a la LSCA y establecía que una misma persona no puede tener más de tres medios, ni más de dos dentro del mismo sistema de medios.
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3) “No hay voluntad política” para que junta anticorrupción pueda investigar
(180.com)
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no tiene recursos humanos ni financieros suficientes y es observada por organismos internacionales por no tener capacidad de investigación. El presidente del organismo, José Pedro Montero, dice que “no hay voluntad política” para revertir la situación.
La Jutep denunció en el Parlamento la falta de recursos humanos con los que trabajan. Este año, pasaron a ser un organismo descentralizado por ley, pero no cuentan con las herramientas necesarias para funcionar en forma satisfactoria.
No tienen técnicos informáticos para el programa de declaraciones juradas electrónicas que empezaría a funcionar en enero y tampoco hay un escribano para labrar el acta de declaraciones juradas de papel. “No hemos tenido una respuesta en materia financiera, es el problema que tenemos y tuvimos siempre, nunca en los cinco años, en ninguna Rendición de Cuentas, nos han dado nada”, dijo a No toquen nada José Pedro Montero, presidente de la Jutep.
“Lo que parece elemental para una oficina que va a recibir cerca de 40 mil declaraciones juradas electrónicas; se precisa un técnico en computación, porque son programas muy complicados”, añadió el presidente. Tampoco hay un abogado, por lo que Montero ejerce como tal y se encarga de los informes jurídicos, por ejemplo.
En este contexto, la Jutep no tiene capacidad para investigar y es algo que los organismos internacionales han llamado la atención en reiteradas ocasiones. En 2013, Uruguay se ofreció voluntariamente a que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la OEA, investigue la situación del país.
“Entre las observaciones que nos hacen es la falta de posibilidades de investigar que tiene la Junta e hicieron mucho hincapié sobre cómo es posible que si el Tribunal de Cuentas observa por ilegalidad un gasto, se reitera el gasto y no hay ningún problema”, manifestó Montero.
Se reclama la existencia del “delito de enriquecimiento ilícito” y “soborno trasnacional”, en caso de negocios internacionales. Montero señaló que en Argentina y en Brasil la oficina anticorrupción tiene facultades tanto de investigar como de llevar adelante juicios, pero que en Uruguay “no hay voluntad política” de que suceda.
“No veo ninguna voluntad política de incluir investigación a la Jutep. Tengo anécdotas en las cuales manifestaron desconformidad, por ejemplo, cuando se había solicitado que en la carátula del sobre de las declaraciones juradas estuviera el total del activo y pasivo, sin ningún detalle, y dijeron que de ninguna manera, no hay voluntad no”, insistió el presidente.
Apertura de declaraciones
Dentro de las potestades limitadas que tiene la Junta, dudan sobre la apertura de oficio que pueden hacer de las declaraciones juradas. Según el artículo 15 de la ley 17.060, “la Junta sólo procederá a su apertura: a solicitud del propio interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal; o de oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por mayoría absoluta de votos de sus miembros.
“En qué casos podemos abrirla no es claro, porque una persona hizo una irregularidad o cuando se nota que ha habido un fraude o lavado de dinero grande, creemos que sí porque lo dice la ley, pero el tema es en qué hipótesis podemos abrirla. La respuesta en el Parlamento no fue muy clara”, manifestó Montero.
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4) El rol de Uruguay en la lucha contra el Estado Islámico
Santiago Sánchez (La Diaria)
Vicecanciller dijo que Uruguay trabajará en el Consejo de Seguridad de la ONU para “erradicar el flagelo” de Estado Islámico.
Las misiones de paz han sido un “pasaporte ineludible para que Uruguay pueda cumplir con honor y responsabilidad los desafíos que le esperan para 2016 y 2017”, dijo ayer el presidente de la flamante Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz del Uruguay (AVOPU), el general retirado Hebert Fígoli, refiriéndose al rol que el país tendrá en los próximos dos años como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En momentos en que el Parlamento se apresta a estudiar un proyecto de ley para extender la permanencia de las tropas uruguayas en Haití, la visión de Fígoli fue compartida por dos jerarcas del gobierno: los subsecretarios de Relaciones Internacionales y Defensa Nacional, José Luis Cancela y Jorge Menéndez, respectivamente. Este último estuvo ayer en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para hablar sobre el proyecto que aún no ha terminado de elaborar el Poder Ejecutivo.
El diputado Víctor Semproni (Liga Federal Frenteamplista) explicó que el pedido proviene de la ONU, en razón de los “hechos políticos” que están ocurriendo en Haití. El país elegirá su nuevo presidente el 27 de diciembre, y a partir de enero comenzará a funcionar su nuevo parlamento. Luego, el 7 de febrero, asumirá quien resulte electo mandatario de ese país. “La presencia va a quedar en manos de una misión de la ONU, que va a hacer una evaluación, seis meses después de que asuman las nuevas autoridades, acerca de si están dadas las condiciones internas para retirar la misión”. Menéndez había dicho la semana pasada que la idea es que la misión permanezca hasta octubre de 2016. Pero en la bancada frenteamplista Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo, se opone a votar una nueva extensión de la presencia de las tropas en Haití. “La única argumentación pública que dan es que, como vamos a integrar el Consejo de Seguridad, tendremos que redoblar las fuerzas en materia de misiones de paz”, sostuvo la semana pasada en diálogo con la diaria.
Ése y otros argumentos fueron manejados ayer durante una actividad organizada por AVOPU, que contó con el apoyo de las carteras de Defensa Nacional y Relaciones Internacionales. Durante su exposición, Menéndez dijo que las misiones de paz han pasado a ser una “política pública y una política de Estado”. Respecto de la extensión de la presencia de las tropas en Haití, el jerarca sostuvo que el “compromiso es firme y se mantiene”. Aseguró que la participación de Uruguay en estas misiones es parte del “compromiso del país con la paz, los derechos humanos y la seguridad mundial”. El subsecretario aprovechó la oportunidad para destacar que su cartera pretende darle un “perfil especial” a AVOPU, “por lo que [sus integrantes] han hecho y por lo que deberán colaborar con las misiones de paz”.
Antes de Menéndez había expuesto el vicecanciller, que presentó algunos criterios con los que Uruguay se desempeñará en el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese marco, destacó que la “participación de Uruguay en las misiones de paz sigue siendo la mejor carta de presentación que tiene el país a nivel internacional”. Cancela incluso sostuvo que el país es el principal contribuyente de tropas de Latinoamérica y el Caribe, y uno de los primeros a nivel mundial.
Dedicó un capítulo aparte al terrorismo. “Uruguay ve con extrema preocupación la acción de grupos terroristas, en especial el impacto de las acciones del autodenominado Estado Islámico”. El país “se encuentra comprometido en la erradicación de este flagelo”, con acciones globales que sean compatibles con los principios y propósitos de la carta de la ONU y la defensa de los derechos humanos. Cancela sostuvo que el país además está considerando la definición de una “estrategia nacional contra el terrorismo” para colaborar con los esfuerzos internacionales.
Respecto del rol del país en el Consejo de Seguridad de la ONU, Cancela dijo que en ese ámbito se tratan, cada vez con mayor frecuencia, temas que no forman parte de su agenda regular. Esta tendencia, aseguró, preocupa a Uruguay, en la medida en que “en muchas ocasiones se consideran aspectos que son agravantes de los conflictos o parte de sus consecuencias, pero no constituyen las causas estructurales”. “Reiteramos la importancia de que los cambios vinculados al desarrollo, el cambio climático, los derechos humanos y las migraciones sean abordados en los órganos del sistema que cuentan con una amplia representación”, manifestó.
Por último, Cancela sostuvo que en el Consejo de Seguridad Uruguay pondrá énfasis en la protección de los derechos de los civiles, en reformar los métodos de trabajo del organismo, en aumentar sus canales de consulta con los demás órganos de la ONU y en mejorar la coordinación en las misiones de paz con los países que aportan los contingentes de tropas.
Para el que venga
El mandato de Ban-Ki moon al frente de la secretaría general de la ONU culmina el 31 de diciembre de 2016. Ayer Cancela explicó los tres criterios que tendrá el país para dar su voto a quien lo sustituya: que exista una “mayor transparencia” en el proceso de elección, que se respete la rotación regional de quienes ocupan ese cargo y que se priorice la cuestión de género. El cargo, existente desde 1945, nunca ha sido ocupado por una mujer.
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5) Futuro incierto para refugiados sirios en Uruguay
(EFE)
No se sabe cuántos refugiados sirios llegarán a Uruguay ni cuándo, admitió Javier Miranda, que explicó que se esperará a que se vote la próxima Rendición de Cuentas.
El proceso de refugio y reasentamiento de personas en Uruguay está bajo «estudio», en miras a un rediseño hacia mediados de 2016 de las políticas que llevará adelante ese país en la materia, dijo a Efe Javier Miranda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Presidencia uruguaya.
Miranda precisó que para este cambio en la política de refugiados la SDH se plantea como horizonte junio de 2016, cuando el Parlamento vote la próxima Rendición de Cuentas. «Una política de refugio requiere recursos, entonces parece razonable ir a ese plazo», matizó el funcionario. Asimismo, Miranda precisó que la llegada de un nuevo contingente de refugiados sirios «está suspendida» y que no se sabe «ni cuántos ni cuándo» llegarán a Uruguay.
El gobierno decidió a finales de noviembre aplazar la llegada de los 72 refugiados sirios que se previó recibir en 2015 al considerar que antes es necesario que culmine la adaptación de las 42 personas que arribaron en octubre de 2014. El titular de la SDH indicó que el proceso de adaptación de los sirios que ya se encuentran en Uruguay se está dando «con complejidades», aunque desde el gobierno se intenta «ir colmando las expectativas de las personas reasentadas».
«(Estamos) buscando sobre todo oportunidades laborales, que creo que es el tema más importante en este momento para la posibilidades de inserción de estas personas», dijo Miranda.
Del mismo modo, consideró que hay que «mirar» globalmente las «políticas de refugio», y en particular la acogida de sirios en Uruguay, que, incidió, «no es la única» medida que Uruguay lleva adelante en el tema y que debe aportar para la reflexión de todas las acciones que toma el gobierno.
En los últimos meses, varios han sido los capítulos que despertaron la polémica en el país en relación con los refugiados de Siria. El gobierno retiró durante noviembre parte de la ayuda que otorga a una de esas familias como sanción por una agresión que denunciaron haber sufrido representantes institucionales por parte del padre.
La sanción obedece a que Merhi Alshebli, que reside junto a su esposa y algunos de sus 14 hijos en la localidad uruguaya de Juan Lacaze, agredió a parte del equipo del Programa de Reasentamiento de Familias Sirias que acudió el mes pasado a visitarlo junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Alshebli quería una visa para trasladarse a otro país junto a su familia y el equipo que lo visitó le explicó que es el país de destino el que concede ese permiso.
No obstante, a principios de setiembre, las familias protestaron durante cuatro días frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de poder dejar el país por ser caro y no poder vivir dignamente, aunque finalmente cesaron su acampada. En octubre de 2014, Uruguay recibió como refugiados a 42 personas, un total de cinco familias, y en ese momento se anunció que en 2015 llegarían otras 72 personas, pero hasta ahora se fue aplazando el arribo sin que llegara a confirmarse una fecha definitiva.
A las cinco familias sirias acogidas en Uruguay en 2014 se les entrega, en función del número de integrantes, dos tipos de ayuda: un fondo fijo que reciben mensualmente durante dos años y una segunda partida rotatoria por un año que cubre aspectos como el transporte, las comunicaciones, vestimenta o consumos del hogar.
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