1) Blixen: Seregni “no ocultaba su enemistad con los tupamaros”, pero eso no alteró su política de unidad sin exclusiones
2) El FA cuestiona que UPM use el puerto de Montevideo
3) Moreira pidió libertad de acción para no votar a militar para Meteorología
4) Empresa canadiense formalizó adquisición de Fripur
5) Documentos desclasificados de la CIA señalan que los militares uruguayos planificaban quedarse en el poder hasta 1986
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2109 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 16 de Diciembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Blixen: Seregni “no ocultaba su enemistad con los tupamaros”, pero eso no alteró su política de unidad sin exclusiones
Natalia Uval (La Diaria)
El libro que consignó con mayor profundidad la visión política del general Liber Seregni fue escrito por un ex tupamaro. Seregni. La mañana siguiente, publicado en 1997 por Ediciones de Brecha, fue fruto de reuniones semanales durante todo un año del líder histórico del Frente Amplio (FA) y el periodista Samuel Blixen. Podría parecer paradójico, teniendo en cuenta que Seregni discrepaba con la estrategia de lucha armada que impulsó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), y que se sintió traicionado cuando algún tupamaro reveló, bajo tortura, las reuniones que el movimiento mantuvo con él en su apartamento en 1971, para preparar un plan contra el golpe de Estado.
Pero ya habían pasado más de 20 años de aquellos acontecimientos cuando a mediados de la década de 1990 el semanario Brecha invitó a Liber Seregni a comer un asado, en el marco de una serie de reuniones informales que el medio comenzó a tener con dirigentes políticos. En determinado momento, Seregni les dijo: “Tengo que hacerles una crítica a ustedes, porque ustedes están golpeando al FA, lo están traicionando”. Los periodistas le explicaron que Brecha no era frenteamplista, sino un medio independiente de izquierda. “El tipo quedó asombrado, porque no se esperaba eso. Fue como un clic, porque antes como que nos desmerecía, pero a partir de entonces cambió el tono de la conversación”, recuerda Blixen.
Ese cambio de tono no fue desaprovechado por el periodista. “General, ¿qué le parece hacer un libro con toda su vida?”, le propuso. “Déjeme pensarlo”, fue la respuesta. En otra instancia en la que ambos se encontraron, Blixen insistió, y esta vez Seregni contestó: “Llámeme el lunes”. Aceptó de ese modo que un ex tupamaro, de un medio de izquierda pero independiente, lo entrevistara puntualmente una mañana por semana. No puso condiciones ni censuró lo surgido de aquellos encuentros. Sólo se reservó el derecho a guardar silencio sobre los temas que le resultaba más difícil relatar o concebir.
Seregni tenía una visión negativa de la guerrilla tupamara, pero no en términos ideológicos sino técnicos, sostiene Blixen. “Él en un momento dice: ‘Yo no creo que una guerrilla pueda triunfar sobre un ejército profesional. Hay excepciones, pero son excepciones: Cuba, Nicaragua. Y el resto de [las guerrillas en América Latina] son una serie de derrotas’”, recuerda el periodista. La única forma de que un ejército irregular triunfe, para Seregni, es que a ese ejército irregular se le sume parte del ejército profesional, “porque son los que saben”. “O sea, él no está descartando la lucha guerrillera o la lucha irregular, porque incluso él lo manejaba en los conceptos de defensa que impartía en el Instituto Militar de Estudios Superiores. En las hipótesis de conflicto que se manejaban con Argentina o con Brasil, él planteaba el pasaje a una guerra irregular. Tenía un criterio artiguista, no se hacía problemas con respecto a eso”, asegura Blixen.
A fines de la década de 1960, cuando algunos generales en el Ejército planteaban incorporar cursos de guerra antisubversiva, Seregni opinaba que las Fuerzas Armadas sobredimensionaban el peligro que representaba la guerrilla. En 1966, Seregni contrarrestó un intento de golpe de Estado liderado por el general Mario Aguerrondo, pero en meses, la correlación de fuerzas cambió, y permeó en las Fuerzas Armadas la doctrina de la seguridad nacional. Seregni pidió el pase a retiro en 1968, según Blixen, porque “no soportaba más” a los militares. “Lo llamaban cada dos minutos: vaya a detener a Fulano, vaya a reprimir a la UTE. Él era un general en actividad; no podía decir que no porque en ese caso habría estado desobedeciendo una orden. Tenía que actuar en una ambigüedad… y tenía que buscar formas de actuar sin quedar pegado. Lo trataron de torturador. Estaba en una situación muy precaria, no hubiera podido mantenerse”, considera el periodista.
El articulador
En 1971, Seregni participa en la fundación del FA. En esa instancia se puso a prueba por primera vez su criterio de “unidad sin exclusiones”. Un grupo de 100 oficiales que le eran leales y lo habían acompañado en las acciones para evitar el golpe de Estado en 1966 se negaron a seguirlo en su decisión de conformar una alianza política amplia que incluyera al Partido Comunista del Uruguay (PCU). La formación anticomunista había penetrado en las Fuerzas Armadas, en todos los niveles. “Y él [Seregni] tuvo que optar entre la unidad sin exclusiones y la pérdida de esos compañeros”, señala Blixen.
El ingreso del MLN-T al FA, en 1989, fue la segunda prueba. Seregni se mantuvo coherente en su defensa de la unidad sin exclusiones. Cuando en 1971 a Seregni le llegan noticias sobre la posibilidad de una eventual invasión brasileña en caso de que triunfara el FA en las elecciones de ese año, prepara un plan de resistencia armada. En él incluye a las principales fuerzas políticas del FA y también a la estructura militar del MLN-T. Estaba previsto que el PCU se encargara de la resistencia a las fuerzas que pudieran llegar por la ruta 1, donde ese sector tenía bases en zonas obreras. El MLN-T, en tanto, se encargaría de la defensa de los accesos en la zona este de Montevideo y del control del aeropuerto internacional de Carrasco, junto a un grupo de la Fuerza Aérea. Esto muestra, a juicio de Blixen, la falta de confianza de Seregni en los tupamaros, ya que “los estaba vigilando la Fuerza Aérea”.
En esos meses, Seregni pidió autorización para llevar un arma larga, que le fue concedida, y andaba siempre con ella en el auto. Pese a que justificaba estas acciones de resistencia, Seregni era un general legalista. En 1972, ante la disyuntiva de apoyar a Wilson Ferreira Aldunate en su propuesta de destituir al entonces presidente Juan María Bordaberry y conformar un triunvirato o llamar a elecciones anticipadas, Seregni rechazó este camino.
Los silencios
Hubo temas sobre los que Seregni no declaró para el libro. Uno de ellos fue su duelo con el general Juan Pedro Ribas, quien le “envió sus padrinos” por entender que Seregni había traicionado a la patria al ser candidato a la presidencia por un partido “comunista”. Seregni le contó a Blixen que Ribas rompió las normas del duelo y que, tras dar los pasos de rigor y dar la media vuelta, esperó para tirar, algo que no estaba permitido.
Seregni tampoco habló de su tortura en un establecimiento de Maldonado, que fue presenciada por Gregorio Álvarez. “Me parece que no solamente se sentía mal por el hecho de que un general torturara a otro general, sino que era una cuestión de no querer admitir que fue golpeado por un par, al que además despreciaba. Porque me decía: ‘No sabés lo que era el Goyo Álvarez cuando era alumno mío’. Decía que era medio tronco”, recuerda Blixen.
Otro punto sobre el que Seregni prefirió no declarar para el libro fueron las reuniones que mantuvo en su apartamento con el escritor Mauricio Rosencof, miembro de la dirección del MLN-T, y otros dirigentes tupamaros que estaban en la clandestinidad. Los encuentros fueron para preparar el plan contra el golpe, pero allí Seregni expresó también su preocupación por los efectos perjudiciales que podían tener para la campaña electoral del FA las acciones del MLN-T. Finalmente el MLN-T dio su “apoyo crítico” a la conformación del FA y se acordó “la suspensión de ciertas hostilidades”. Blixen asegura que “había una disposición del MLN-T de no embromar la campaña electoral” de 1971.
Esos encuentros fueron usados en su contra en un tribunal de honor que los militares le hicieron para degradarlo. Se habían enterado de las reuniones por confesiones de tupamaros bajo tortura. Blixen considera que estas confesiones “facilitaron la argumentación de los militares para degradar” a Seregni, pero valora que de todos modos los militares hubieran hecho lo que hicieron. “En mi opinión, Seregni era la gran preocupación de los militares, porque era un dirigente de un partido político y era un general, y era un tipo con arrastre”, sostiene Blixen.
Agrega que “obviamente” Seregni no era “un entusiasta” de las políticas impulsadas por los tupamaros. “A [Raúl] Sendic [padre] nunca le dio pelota, nunca tomó en cuenta sus propuestas políticas en 1988 y en 1989”, apunta el periodista.
“Ningún peruanista”
Seregni no acompañó el entusiasmo de algunos sectores del FA, entre ellos el PCU, con los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas en 1973. Estos comunicados hicieron creer a muchos dirigentes de izquierda que los militares podían optar por una orientación “peruanista” e imponer políticas sociales y económicas “de izquierda”. “Yo los conozco, yo fui profesor de todos ellos; no hay ningún peruanista”, les advertía Seregni.
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2) El FA cuestiona que UPM use el puerto de Montevideo
La mayoría de la Departamental opta por Puntas de Sayago.
Valeria Gil (El País)
Si se instala la tercera planta de celulosa en el país, pasarán por Montevideo 16 frecuencias de trenes por día por barrios como Capurro, Bella vista, Peñarol o Sayago. La mayoría de la Departamental del Frente Amplio sigue con preocupación el tema y se inclina por evitar el uso del Puerto de Montevideo para los depósitos de la producción de pasta de celulosa. Mientras tanto, la intendencia maneja alternativas para evitar la contaminación ambiental y sonora en estos barrios.
En su comparecencia ante la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, el ministro de Trabajo, Víctor Rossi, dio detalles de la ubicación de los depósitos mencionados en el Puerto de Montevideo. Según dijo, se baraja ganar terreno a la bahía detrás de los muelles C y D cerca del edificio que ocupaba el Montevideo Rowing y de la Estación Central de AFE.
Se calcula que los trenes tienen 800 metros de extensión, lo que dificultaría el tránsito en Montevideo. El tema fue analizado el pasado lunes 12 en la reunión de la Departamental adonde asistieron el jefe de gabinete de la comuna, Ramón Méndez, el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, el director de Planificación, Jorge Rodríguez, y la directora de planificación territorial, Ana Rivera. El presidente de la Departamental de Montevideo y diputado Carlos Varela, dijo a El País que la intendencia «está trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo para buscar una alternativa a los efectos de compatibilizar sacar la producción de UPM y asegurar la integridad del territorio de la capital».
«Lo que se quiere evitar es un trazado de la vía, que en principio sería la que hoy existe, y dado el tipo de trenes que van a circular que se estima en una extensión de 800 metros, que circularían mínimo ocho por día en ida y otros ocho en vuelta. Esto generaría dificultades en el tránsito de la ciudad. Lo que se busca son opciones», afirmó Varela.
Según dijo, en la Departamental hay una inclinación para el uso del puerto de Puntas de Sayago. De todos modos, Varela dijo que lo más seguro es que la producción salga por el Puerto de Montevideo, porque la opción de Puntas de Sayago «es muy costosa».
El edil y exintendente de Montevideo, Mariano Arana, dijo a El País que en la Departamental «hay una manifestación muy mayoritaria en cuanto a la preocupación por la afectación territorial, ambiental en poblaciones importantes como Las Piedras y Montevideo». Lo que, aclaró, no significa estar en contra de la instalación de la planta, sino todo lo contrario.
«No hay ninguna opinión contraria a la instalación de UPM. Lo que preocupa es la vía por la que va a llegar la producción de celulosa que será exportada y ahí sí la enorme mayoría de la Departamental miró con preocupación la afectación ambiental, territorial y poblacionalmente no solo a Las Piedras, sino a Montevideo», explicó Arana. Agregó que se cuestionó el hecho de que la celulosa se embarcara en el muelle C del Puerto de Montevideo.
Arana dijo que si este recorrido del ferrocarril se concreta, no solo se vería afectado el tránsito de Montevideo, sino que generaría un problema sonoro. «Apoyamos con toda firmeza el informe de la Administración Nacional de Puertos que dice que lo más oportuno es que el tren pase por el área rural y llegue a Puntas de Sayago», subrayó. Por lo que además favorecería a la población de la zona.
El gobierno reconoce «molestias» por planta.
El ministro de Transporte, Víctor Rossi, reconoció en el Parlamento que la llegada de trenes a Montevideo con pasta de celulosa de la futura planta de UPM generará «molestias» en la capital porque habrá un incremento significativo del tráfico ferroviario y reconoció que para mitigar esta situación se requerirá de inversiones.
En algunos casos, tendremos que poner atención a esas molestias y hacer la inversión necesaria para tratar de corregirlas y superarlas», dijo Rossi la semana pasada ante la comisión de Transporte de Diputados. Para solucionar ese problema, Rossi dijo que se deberá cambiar bastante los hábitos de los conductores, ya que con la campanilla sonando y con la barrera baja, los vehículos igual cruzan los paso a nivel.
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3) Moreira molesta con Topolansky pidió libertad de acción para votar
Leonardo Luzzi (El Observador)
La venia para que el coronel retirado Raúl García Igorra integre el directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) generó diferencias en la bancada de Senadores del Frente Amplio.
Fuentes políticas informaron a El Observador que la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) incluso se retiró de la última reunión de la bancada, luego de que su colega Lucía Topolansky (MPP) «adjetivó» sobre la argumentación de Moreira, quien rechaza que un militar integre el directorio del Inumet.
Participantes de esa reunión coinciden en señalar que Moreira dejó la sala molesta después de señalar que en los términos planteados por Topolansky no continuaría discutiendo. Consultada por El Observador, Moreira prefirió no hacer comentarios sobre ese episodio, aunque adelantó que solicitó tener libertad de acción para no votar la venia de García Igorra.
La legisladora de Casa Grande dijo que es la primera vez que pidió a sus compañeros tener la posibilidad de votar en forma distinta al resto de la bancada. El pedido aún no fue aprobado y la bancada lo tratará el lunes próximo. La votación de esa venia –que deberá tener una mayoría especial del Senado y por tanto contar con votos de la oposición– ya fue debatida en dos oportunidades por el oficialismo sin alcanzarse un acuerdo.
Más allá de las diferencias en el Frente Amplio, la venia para Inumet se votará antes de fin de año, dijo a El Observador el senador Enrique Pintado (Frente Liber Seregni). Sin embargo Moreira entiende que «no quedó claro» tras la última reunión de bancada cuándo se votará. Otros senadores también presentaron reparos para votar al militar, contó Moreira.
La legisladora explicó a El Observador que insistió en el Frente para que se rectifique la venia y se busquen nombres alternativos. La separación de Meteorología del ministerio de Defensa «costó mucho» y «demoró años» y desde 2013 está separado y ahora es un organismo descentralizado.
En la opinión de la senadora incidió la posición del gremio de los trabajadores de Meteorología que enviaron notas a varios legisladores del Frente y de la oposición, y expusieron una serie de repararos a la designación de García Igorra. Ese militar ocupó desde junio de 2014 y hasta octubre pasado la vicepresidencia del Inumet. También había trabajado en meteorología en años de la dictadura.
Ian Schou, secretario general del gremio, dijo ayer a El Observador que el rechazo a García Igorra es por considerarlo «corresponsable de una mala gestión» y además porque «se debe cortar todo vínculo con el corporativismo militar».
Si bien García Igorra no tiene cuestionamientos desde el punto de vista ético ni ninguna denuncia vinculada a violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, Schou opinó que estando en el organismo «defendió concepciones reaccionarias y actuó siempre en contra de propuestas de los trabajadores». En el período de García Igorra como vicepresidente, Inumet estuvo presidido por Gabriel Pisciottano, quien fue cesado este año. Pisciottano tenía un mal relacionamiento con los funcionarios, según el gremio.
Ese jerarca también destrató a una periodista de Búsqueda y la echó de su despacho cuando pretendió entrevistarlo, según denunció el semanario. El hecho fue denunciado también por la Asociación de la Prensa Uruguaya. El Observador intentó sin éxito para este artículo ubicar a la senadora Topolansky.
Senado aprobó a dos jerarcas
La semana pasada el Senado votó dos venias para Inumet. Madeleine Renom Molina será la presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, y Gabriel Aintablián, será director. Inumet es un organismo descentralizado, que funciona en la órbita del derecho Público y se vincula jerárquicamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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4) Empresa canadiense formalizó adquisición de Fripur
(El Observador)
Cooke Aquaculture, la empresa canadiense a la que en diciembre del año pasado la Justicia había adjudicado la venta en bloque de Fripur, es formalmente desde ayer la dueña de la pesquera. La jueza de concurso de primer turno y la compañía norteamericana firmaron la escritura que la convierte en propietaria de la «llave» de la empresa.
Francisco Cobas, abogado de la sindicatura, dijo a El Observador que resta de ahora en adelante efectuar el pago a los acreedores de la extinta Fripur. La sindicatura ya presentó un proyecto de distribución a la jueza que lleva adelante el caso, que ahora tiene que dar su opinión sobre este.
Según lo indicado por el abogado, el 71% del dinero disponible irá para los bancos con los que Fripur mantenía deudas. El 29% restante, en tanto, se repartirá entre los otros acreedores, por ejemplo, los extrabajadores de la empresa. Cobas precisó que este grupo recibirá poco más del 50% de lo que se le adeuda. Febrero es el mes en el que, se estima, se harán estos pagos.
A mediados de noviembre El Observador había informado que la compañía norteamericana había depositado alrededor de US$ 13,5 millones y así había completado los cerca de US$ 17 millones que se había comprometido a pagar por los activos de la pesquera uruguaya.
La canadiense ya empleó a 20 extrabajadores de Fripur. De acuerdo al plan de negocios que presentó, tiene un plazo de un año para que su plantilla ascienda a 100 personas. Como uno de los primeros pasos en suelo nacional, la empresa tiene que reparar los barcos que componen la flota de la ex Fripur (y que están dentro del paquete que compraron), para así estar en condiciones para salir a pescar.
Cómo se llegó a esta venta
Fripur había solicitado concurso de acreedores en julio de 2014, y, poco más de un año después, en agosto de 2015, cerró. Alrededor de 960 personas quedaron sin trabajo y con la incertidumbre de qué iba a pasar con su futuro. Tiempo atrás, la cooperativa que se formó tras el cierre de la empresa por parte de un grupo de exempleados de la firma planteó su interés en que los canadienses le alquilen la planta de producción en el barrio de La Aguada, que Cooke Aquaculture no utilizaría, al menos en una primera etapa. Todavía no se sabe qué decidirá la empresa.
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5) Documentos desclasificados de la CIA señalan que los militares uruguayos planificaban quedarse en el poder hasta 1986
Natalia Uval (La Diaria)
El gobierno argentino recibió el lunes la segunda tanda de documentos desclasificados que le había prometido el presidente estadounidense, Barack Obama. Lo hizo en una ceremonia en el predio donde funcionó la ex ESMA, y fue el propio embajador de Estados Unidos en ese país, Noah Mamet, quien dijo: “Nunca más”, según la crónica del diario La Nación. Los documentos abarcan todo el período dictatorial argentino y los primeros meses del gobierno de Raúl Alfonsín. Y al igual que en la primera tanda de documentos desclasificados a mediados de año, aparecen varias referencias a Uruguay y al Plan Cóndor.
En los documentos elaborados por la CIA se registra la molestia de los gobiernos del Cono Sur con las políticas “de respeto a los derechos humanos” que impulsaba Estados Unidos en 1977. Estos países “tienen la percepción de que las políticas de Estados Unidos en la región” son “inconsistentes, incoherentes y punitivas”, indica uno de los documentos.
Un informe sobre Uruguay indica que “el gobierno uruguayo considera que la legislación estadounidense que penaliza a los países que violan los derechos humanos es injusta y no tiene razón”, y que los gobiernos de la región consideran que Estados Unidos ha sido “superado por los soviéticos y está perdiendo su habilidad para liderar en Occidente”. “Los líderes militares de la región creen que la seguridad contra los terroristas de izquierda y el comunismo internacional es prioritaria frente al bienestar personal y la libertad individual”, sostiene otro documento de la CIA.
Los informes de 1978 señalan que Uruguay “ha dado algunos pasos” para “mejorar la situación” en materia de derechos humanos, aunque esta “sigue siendo compleja”. “Aunque el sistema judicial está estrangulado por los controles del Ejecutivo y está lejos de ser independiente, los tribunales militares han reducido los casos políticos y de subversivos y están ordenando liberar a cada vez más detenidos. La prensa local está empezando a reclamar con mayor libertad -aunque con cautela- un pronto retorno del gobierno civil”, detalla un informe de ese año.
En un documento se sostiene que Uruguay en un momento fue “la mayor democracia liberal de América del Sur, y ahora es la sociedad más controlada de la región”. “Para explicar esto, los líderes uruguayos sostienen que Washington no puede entender la intensidad de la lucha contra la guerrilla tupamara. Los militares uruguayos conciben esta batalla como una defensa de los valores morales nacionales, del patriotismo y del honor”, agrega el texto.
La CIA define a Gregorio Álvarez en 1978 como “el comandante en jefe del Ejército que aspira a ser presidente un día” -finalmente fue dictador en 1981-, y sostiene que hacía “esfuerzos para moverse hacia un mayor respeto” de los derechos humanos, pero un informe acota que no se sabe si los militares calificados por la CIA como “de derecha” lo dejarán. “Además, incluso si el general Álvarez es exitoso en su campaña, los militares uruguayos no tienen intención de dejar el gobierno hasta 1986. […]. Los uruguayos esperan que una actitud nueva y positiva respecto de los derechos humanos dé como resultado mejores relaciones con Estados Unidos, pero insisten en que Washington no debería ilusionarse con proyectos de un pronto retorno a un gobierno civil”, señala el mismo documento.
Los textos también consignan la opinión -a juicio de la CIA- de la población y de los medios uruguayos sobre la dictadura. “La mayoría de la población parece apoyar a los gobiernos militares”, considera el autor del informe. “A juzgar por los comentarios en los periódicos y las conversaciones personales, la política de Estados Unidos en materia de derechos humanos ha tenido poco impacto en la población [de Uruguay] en general”, agrega. Y se lamenta de que algunos grupos políticos y organizaciones de derechos humanos hayan utilizado las nuevas políticas de Estados Unidos en esta materia para hacer “sus propias quejas”.
Los textos abundan en detalles sobre el Plan Cóndor, al que la CIA define como un “consorcio internacional de servicios de inteligencia” de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Un documento señala que en Chile está el centro de la operación, y que la inteligencia chilena tiene oficiales en todas las embajadas de ese país en la región. “Los oficiales de inteligencia de Argentina y Chile han llegado a un acuerdo por el cual, si cualquier chileno se involucra en actividades terroristas en Argentina, las autoridades argentinas deben matarlo al capturarlo”, consigna un informe.
La denominada “fase tres” del Plan Cóndor, “altamente secreta”, incluye el viaje de oficiales a cualquier país del mundo para “sancionar” a los “enemigos del Cóndor” o a “terroristas de izquierda”, lo que incluye asesinatos. Se planificó en 1974.
Esta operación no se llevó adelante en su totalidad por la oposición de Brasil, en determinado momento, a actuar en Europa, consignan los informes. Pese a ello, se cometieron varios asesinatos en Europa. Un informe de 1976 indica que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron “liquidar a los terroristas latinoamericanos que viven en Francia”. “Las operaciones del Cóndor en Francia serían simplemente una extensión de la cooperación, que se ha intensificado recientemente, entre gobiernos del Cono Sur para erradicar el terrorismo”, se apunta a continuación. Se aclara que “Brasil ha estado de acuerdo en participar en los aspectos de coordinación de inteligencia del Cóndor en América del Sur, pero no ha acordado participar en acciones conjuntas en Europa”.
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