1) Procedimiento judicial contra el semanario El Eco de Colonia
2) Audiencia “in voce” por “asonada”
3) Malestar en la izquierda por grupo de Vázquez sobre desaparecidos
4) ¿Las próximas víctimas del neoliberalismo urbano?
5) Decreto incluyó al río Santa Lucía en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2010 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 20 de Febrero de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Procedimiento judicial contra el semanario El Eco de Colonia:
(Cainfo)
Incautación de equipos dispuesta por la Justicia viola la libertad de expresión
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la Organización de la Prensa del Interior (OPI) denuncian la grave violación a la libertad de expresión provocada por una medida judicial dispuesta este miércoles 18 por una jueza de Carmelo contra el semanario El Eco de Colonia, advierten que la misma significa un severo incumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en la materia e instan a la revisión judicial inmediata de la medida pues pone en serio riesgo la publicación de la próxima edición del medio, lo cual constituye un caso grave de censura indirecta.
Según informaciones que las organizaciones pudieron recabar, en la mañana de este miércoles 18 de febrero la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso la realización de un procedimiento judicial, en el marco de un proceso iniciado en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería, que terminó con la incautación de los equipamientos informáticos utilizados por el semanario El Eco de Colonia
La denuncia persigue el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida. De hecho, está fijada una audiencia para el próximo miércoles 4 de marzo dado que el medio ya expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo de pago, aunque por un monto menor al reclamado por los empresarios.
La incautación de los equipos se realizó luego de dos procedimientos en las oficinas que el medio tiene en las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, de los que participaron funcionarios policiales acompañados por el presidente de la Cámara Antipiratería Fernando Couto y otra persona que no quiso identificarse. En Carmelo no se incautó ninguna computadora porque se comprobó que se utilizaba software libre pero en Nueva Palmira se procedió al retiro de todo el equipamiento, incluyendo una laptop propiedad de uno de los directivos del medio que no estaba comprendida en la medida judicial.
Libertad de expresión afectada
La medida adoptada por la Justicia coloniense resulta especialmente grave ya que desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos(1) así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión(2) del Sistema Interamericano.
En efecto, el artículo 13 de la convención establece en su numeral 2 que el derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a). el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b). la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
A continuación, el numeral 3 añade que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En tanto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su punto 4 que “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
La medida dispuesta por el Poder Judicial –que forma parte del Estado y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los poderes– pone en serio riesgo la publicación de la edición de El Eco del próximo día sábado 21 de febrero, lo cual implica un claro caso de censura indirecta. A este respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Considerando que los equipos incautados a El Eco contienen información periodística sensible, la medida judicial viola también el Principio 8, que establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Arbitraria, innecesaria y desproporcionada
Por otro lado, a la luz de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, también resulta evidente que la disposición de la jueza Facal que afecta al diario El Eco de Colonia resulta arbitraria, innecesaria y desproporcionada. En efecto, según el Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión(3), “las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden”.
Asimismo, establece que “el adjetivo ‘necesarias’ no equivale a ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos”.
El Marco Jurídico Interamericano establece asimismo que “cualquier limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser un instrumento idóneo para cumplir la finalidad que se busca a través de su imposición —esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen—. En otras palabras, las limitaciones deben ser adecuadas para contribuir al logro de finalidades compatibles con la Convención Americana, o estar en capacidad de contribuir a la realización de tales objetivos”.
Asimismo, los estándares interamericanos señalan que estas eventuales restricciones a la libertad de expresión “deben ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal libertad. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen”.
En este sentido, según la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, “se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión”.
En el caso de marras resulta evidente que la intención de reparar el derecho de la cámara empresarial de percibir el dinero reclamado por la no adquisición de programas informáticos no justifica la violación del derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación y sus periodistas. En este caso además, no solo se viola el derecho de El Eco a difundir información sino también el de sus lectores a recibirla, ya que el sistema interamericano considera que el derecho a la libertad de expresión incluye “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
(1) Convención Americana sobre Derechos Humanos http://goo.gl/EZxh2t
(2) Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión http://goo.gl/5cXNW
(3) Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión http://goo.gl/soMF6
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015
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2) Audiencia “in voce” por “asonada”
(Caras y Caretas)
La Suprema Corte de Justicia aceptó realizar una audiencia “in voce”, en el marco del proceso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de activistas sociales contra el delito de “asonada”. En esa instancia, los abogados podrán presentar en forma oral sus argumentos contra esta figura penal.
La Suprema Corte de Justicia aceptó realizar una audiencia “in voce”, en el marco del proceso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de activistas sociales contra el delito de “asonada” (artículo 145 del Código Penal), de forma de escuchar los alegatos de cada una de las defensas contra esa figura delictiva.
La Corte decidió acceder al pedido presentado por las defensas y escucharán los alegatos de las defensas contra la norma, previo al dictado del fallo definitivo. La audiencia se realizará el jueves 26 de febrero, a las 10:00 horas, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
En este caso, la Corte está integrada por cinco ministros de Tribunal de Apelaciones (Rolando Vomero, Graciela Gatti, Luis Charles, Sergio Torres y Doris Morales), en virtud de que los ministros de Corte se abstuvieron de intervenir en el proceso.
El caso se deriva de los sucesos ocurridos por la ocupación de la sede de la SCJ, el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Ese día, unas 500 personas se congregaron en la Corte para manifestar su rechazo a la decisión, lo que implicó que la ceremonia se postergara durante unas horas, mientras se procedía al desalojo del edificio. Ante esto, los ministros de la Corte presentaron una denuncia penal por la ocupación de la Corte, aduciendo que el accionar de los manifestantes impidió el normal desarrollo de la ceremonia y que se cumpliera el acto administrativo.
Tras analizar las pruebas recopiladas durante la indagatoria, la entonces jueza Penal Gabriela Merialdo, dispuso el procesamiento del ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume por un delito de “asonada”.
Las defensas de varios de ellos decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad contra el delito de “asonada”. Argumentaron, entre otras cosas, que el delito de “asonada” es una figura residual, que no establece en forma precisa y expresa los ilícitos a los que refiere y representa una forma de “criminalizar” la protesta social.
Varios de los argumentos fueron aceptados por el fiscal de Corte Jorge Díaz, quien consideró que la norma vulnera los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión y se pronunció por la “incosntitucionalidad” de la misma, en línea con el catedrático argentino Eugenio Zaffaroni.
Díaz dijo ser “filosóficamente contrario a la utilización de la amenaza del reproche penal para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión”, y valoró que en una visión actual de la norma, por la que se impone una influencia predominante de los derechos humanos fundamentales de las personas, cuya “limitación o represión debe ser absolutamente restrictiva”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015
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3) Malestar en la izquierda por grupo de Vázquez sobre desaparecidos
(El Observador)
Crysol y el PIT-CNT reclamaron por su exclusión de la comisión especial
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, comunicó al presidente electo Tabaré Vázquez la inquietud de la organización social de ex presos políticos, Crysol, y de otras que trabajan en causas de derechos humanos por no haber sido tenidas en cuenta. Al igual que el PIT-CNT, ambas fueron excluidas del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, una comisión presentada hace una semana por el futuro mandatario para relanzar la búsqueda de desaparecidos en dictadura (1973-1985).A los reclamos públicos de dirigentes del PIT-CNT, se sumó la muestra de preocupación que expuso Crysol ante la cúpula del Frente Amplio (FA) por la movida de Vázquez.
La presidenta del Frente Amplio dijo a El Observador que recibió del grupo de ex presos la solicitud para ser incorporados a la comisión anunciada por Vázquez.“Crysol fue la organización que hizo el planteo, por lo menos del que yo tengo conocimiento. Nosotros trasladamos el planteo que nos habían realizado. Al momento no hemos tenido respuesta; estos son días especiales”, dijo ayer la presidenta del FA a El Observador.
El reclamo de la organización social fue informado a los sectores del oficialismo en la última sesión de la Mesa Política del FA el viernes 13, día en que se presentó la comisión.El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, también realizó quejas. “No estoy de acuerdo con cómo se está manejando y tampoco con que se les otorgue prevalencia a organizaciones que claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia”, dijo el viernes 13 a la diaria.Sorpresa y molestia
Crysol, una de las organizaciones sociales que trabaja en la búsqueda de desaparecidos en dictadura, rechaza el criterio utilizado por Vázquez para conformar el equipo que trabajará en el tema desaparecidos. La organización entiende que se debería haber priorizado a quienes trabajaron “de forma permanente” en las causas de derechos humanos, dijo a El Observador el presidente de Crysol, Gastón Grisoni.“Nos sentimos totalmente representados (en la comisión) pero no compartimos los criterios utilizados. Pensamos que los actores que han estado trabajando en forma permanente deberían estar, sobre todo la central sindical, por ejemplo, o también Serpaj (Servicio de Paz y Justicia)”, sostuvo.Consultado sobre si el anuncio de Vázquez generó malestar, Grisoni dijo que la palabra es “sorpresa”.
El representante informó que la consulta a la Presidencia del FA sobre la integración del grupo fue el jueves de la semana pasada.El semanario Búsqueda informó el jueves 12 de la conformación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. En la tarde de ese día, los asesores del presidente electo anunciaron una conferencia de prensa para presentar en público a la nueva comisión al día siguiente, viernes 13.“Hubo algún SMS preguntando; porque se empiezan a correr las cuestiones y quedás como que estás en babia (sic). Fue una pregunta con inquietud para ver ese rumor que andaba. No hubo queja. Fue una inquietud y una pregunta. Todo esto fue el jueves de tarde”, explicó Grisoni.Cuando presentó el equipo que trabajará en ese tema, el presidente electo manifestó que se formó un grupo reducido para priorizar la ejecutividad y evitar que se transforme en una asamblea.
El dirigente del PIT-CNT que trabaja en causas de derechos humanos, Raúl Olivera, señaló que la central sindical todavía no fue consultada por los asesores de Vázquez.“No es que estemos reclamando integrarla. Lo que reclamamos es que por lo menos se nos hubiera consultado. Los que estamos lidiando con los problemas de las causas y de los juicios somos nosotros; por lo tanto no hay nadie que conozca eso. No se preguntó sobre las prioridades que hay en el tema y en ese sentido molesta», dijo a El Observador.Otros impulsores de las causas de derechos humanos, como el abogado Óscar López Goldaracena, también había criticado el instrumento presentado por Vázquez.
Los integrantes de la comisión
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia estará integrado por los legisladores e hijos de desaparecidos Macarena Gelman y Felipe Michelini, la representante de la organización de familiares Emilia Carlevaro, Mario Cayota como representante de la Iglesia Católica, la mae Susana Andrade por la colectividad afrodescendiente, el pastor Ademar Olivera y el expresidente del Comité Central Israelita, Pedro Sclofsky.“No cabe la menor duda que hay muchas organizaciones que han trabajado denodadamente y han hecho un aporte invalorable en el tema. El criterio que primero tuvimos en cuenta fue el de la ejecutividad (…) Si nombramos a un representante de todos los grupos que han trabajado en el tema seguramente nos transformaríamos en una gran asamblea que haría perder la ejecutividad en el trabajo”, dijo Vázquez el día que presentó el grupo. En su discurso, destacó el trabajo del PIT-CNT y Crysol.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015
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4) ¿Las próximas víctimas del neoliberalismo urbano?
Daniel Caparrós Torres (La Diaria)
Hace apenas un mes, la prensa uruguaya se hacía eco de la designación del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) como ganador del premio Gubbio 2015, Sección América Latina y Caribe, al mejor proyecto de recuperación del patrimonio y regeneración urbana. El nuevo MAM, inaugurado en junio de 2013 por la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, tras una inversión de 16 millones de dólares, desbancó en la competencia a proyectos como la recuperación de la catedral de Pereira en Colombia o la rehabilitación del famoso teatro Martí en La Habana, y fue invitado a participar en el evento “Vivir la ciudad”, que se realizará en Bérgamo, Italia, con motivo de la Expo Milán 2015.
La noticia no me sorprendió en absoluto. Desde que en 1995 el Ayuntamiento de Londres comenzó las obras de rehabilitación del New Borough Market, transformando lo que había sido un mercado mayorista en uno de los polos gastronómicos más chics de la ciudad, territorio de pop-up gourmet y tiendas de delicatessen, los mercados municipales de abasto han ido lentamente posicionándose como piezas fundamentales en cualquier intervención de regeneración urbana. Barcelona, por ejemplo, inició en 1998 las obras de regeneración del Mercado de La Boquería, que se convertiría rápidamente en un referente internacional de las posibilidades que estos espacios comerciales ofrecen como catalizadores de la regeneración socioeconómica. Desde entonces, el mismo esquema se ha repetido hasta la saciedad, con ciudades como Rotterdam, Madrid y la misma Montevideo, anunciando la reforma y puesta en valor de sus espacios comerciales más representativos. No cabe duda, los “nuevos” mercados están de moda.
Pero ¿son éstos realmente los mercados que queremos para nuestras ciudades? El conocido crítico gastronómico español Mikel López Iturriaga, “El Comidista”, manifestaba recientemente en su columna del diario español El País su cansancio ante la “burbuja de mercados pijos” -chetos- que se expanden como hongos por España. Las ciudades, se lamentaba el crítico, están transformando los mercados de barrio en un “bar multioferta para turistas en su propia ciudad, en el que para dar ambiente se han dejado tres o cuatro puestecillos testimoniales con fruta, verdura o pescado a precio de cocaína”. Una afirmación con la que cualquier montevideano que haya pasado por caja en el Mercado del Puerto podría sentirse identificado.
En la misma línea crítica, la doctora Sara González, profesora de Geografía Humana en la Universidad de Leeds y autora, entre otros artículos, de “Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier?”, se preguntaba recientemente “qué tipo de mercados queremos, y para quién son”, al tiempo que denunciaba la aplicación a los mercados de la tradicional doctrina privatizadora: desinversión y abandono de las instalaciones, desplazamiento de los consumidores habituales de bajo poder adquisitivo y posterior transformación de los mercados en una “experiencia de consumo” para turistas y clases pudientes. Una transformación que refleja claramente la creciente neoliberalización de nuestras ciudades y la apuesta por centros urbanos mercantilizados y privatizados.
Regenerar un mercado histórico poniendo en valor el patrimonio arquitectónico e insuflando nueva vida a instalaciones muchas veces obsoletas o semiabandonadas puede, efectivamente, contribuir a la generación de riqueza y a la mejora social. La Boquería, sin ir más lejos, figura como un must see en cualquier guía de Barcelona y actúa como potente imán para un turismo gastronómico que deja pingües beneficios a la ciudad. Los mercados de la Ciudad Condal, calcula el Instituto Municipal de Mercados barcelonés, tienen un impacto económico directo de entre 950 y 1.100 millones de euros en la economía local, una cifra para nada despreciable.
Sin embargo, la transformación de los mercados en “experiencias” -en parque de atracciones, dirían algunos- esconde también un lado negativo. El trato personal, el conocimiento de los productos y los precios asequibles para los habitantes del barrio pueden desaparecer en aras de la revitalización, el turismo y la competitividad entre ciudades. La deseada “regeneración” del barrio se convierte, más a menudo de lo que debiera, en una “limpieza” de la población menos favorecida debido al aumento de los alquileres, la reducción o desaparición de los vendedores tradicionales -véase el porteño Abasto, transformado en shopping- y, en definitiva, en la gentrificación del área y el desplazamiento de quienes la habitaban antes del proceso.
En un contexto económico en el que las ciudades se ven abocadas a competir entre ellas para atraer la inversión extranjera directa, potenciar el turismo y posicionarse como referentes en innovación, es fácil dejarse llevar por el copio y pego de las ideas supuestamente infalibles, que los gurúes de la regeneración promocionan en ferias y congresos. Al fin y al cabo, parecen pensar algunos políticos, si funcionaron en ciudades como Barcelona o Londres, ¿por qué no van a funcionar aquí? Empresas como la inglesa Urban Space Management o la española Mercasa -consultora en la renovación del MAM- hacen su agosto con esta tendencia y asesoran proyectos de regeneración de mercados a lo largo y ancho del mundo. De Cabo Verde a Costa Rica y de Brasil a Uruguay, van vendiendo un mismo modelo sin mostrar mayor preocupación por las necesidades reales del entorno. Lo suyo es, al fin y al cabo, un negocio… y cuantos más clientes, mejor.
No quiero decir con esto que desapruebe el proyecto de regeneración del MAM. Me parece una intervención necesaria, respetuosa del patrimonio arquitectónico y -lo que es más importante- integrada dentro de un plan más amplio como lo es el programa Viví Goes. Un plan que no descansa únicamente, como tantos otros, en el atractivo del “edificio icónico”, sino que reconoce el contexto en el que se trabaja y aborda la integración social, el fomento cultural y la rehabilitación integral del conjunto del barrio. Sí es mi intención, sin embargo, llamar la atención sobre lo fácil que es dejarse llevar por los cantos de sirena de las consultoras y caer en la mera réplica descontextualizada de medidas urbanas neoliberales desarrolladas en otros lugares. Unas medidas que -nos dicen orgullosos- ayudaron a hacer de tal o cual otra ciudad los referentes que son hoy en día, y que harán, si las aplicamos a rajatabla, maravillas con la nuestra.
Pero hay cosas que no nos cuentan. No nos hablan en su discurso estetizado de la polarización social que algunas de estas medidas producen, no nos hablan de la gentrificación, de la mercantilización del patrimonio, de la semiprivatización de bienes públicos para facilitar la toma de decisiones… no nos dicen, en definitiva, lo que no les interesa que oigamos. Y eso, señores, ocurre porque la regeneración urbana es demasiado a menudo un provechoso negocio de venta de consultorías, construido en torno a una narrativa tramposa y parcial. Un negocio que atrae cada año a cientos de políticos venidos de todo el mundo en busca de la verdad absoluta a congresos como la 9ª Conferencia Internacional de Mercados Públicos en Barcelona. Un negocio que, en última instancia, sólo contribuye a legitimar aun más estas políticas urbanas, a meter en la rueda del neoliberalismo urbano a quienes no estaban ya en ella, y a convertir las ciudades en parques temáticos del consumo para beneficio de unos pocos afortunados.
Puede que éste no sea el caso, pero no está de más mantener los ojos bien abiertos, ser escépticos ante las panaceas y remedios importados y, sobre todo, vigilar atentamente a los políticos locales que son, en última instancia, los que ejercen de correa transmisora del neoliberalismo urbano en nuestras ciudades. Al fin y al cabo, ¿qué político haría oídos sordos a la “fórmula mágica” de la competitividad?
Aún quedan muchos mercados por reformar en Montevideo, empezando por el Mercado Modelo, que previsiblemente se trasladará en 2016 desde su actual sede de inspiración art déco a la Unidad Alimentaria de La Tablada, también bajo asesoría de Mercasa. Cada una de estas reformas debería ser una oportunidad para ejercer la democracia. Una oportunidad de participación social para evitar la domesticación del espacio público, fomentar espacios integradores y limitar la mercantilización del patrimonio arquitectónico. Una oportunidad, en definitiva, para trabajar por una ciudad menos homogénea y más integradora, una ciudad más de todos los montevideanos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015
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5) Decreto incluyó al río Santa Lucía en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
(La Diaria)
Luego de más de siete años, pudo concretarse la propuesta de los entonces intendentes Ricardo Ehrlich (Montevideo, Frente Amplio), Marcos Carámbula (Canelones, Frente Amplio) y Juan Chiruchi (San José, Partido Nacional) para incluir a los humedales del río Santa Lucía en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conocido como SNAP).
En 1998 una resolución de la Intendencia de San José ya había declarado como ecológica la playa Penino, ubicada en la desembocadura del río Santa Lucía, mientras que ese mismo año, el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo incorporó los humedales del río entre las áreas ecológicas significativas. En 2004, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) incluyó a los humedales en un listado de zonas que podrían integrar el sistema. Luego, sucesivos pronunciamientos de las juntas departamentales de los tres departamentos ratificaron la decisión.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, dijo que la incorporación del río Santa Lucía al SNAP estaba “dentro de los planes a desarrollar en el quinquenio” por la cartera. Según dijo, la demora en los trámites se debió a la necesidad de hacer “ajustes necesarios”. “Es necesario coordinar y consultar con distintos sectores”, describió el jerarca. La subsecretaria de la cartera, Raquel Lejtreger, profundizó en este aspecto y describió que este proceso se dio de forma conjunta con el ordenamiento de Ciudad del Plata. “Hubo muchos procesos en conjunto en una sola área, que involucraron a muchos actores, personas y actividades. En general, preferimos que estos procesos sean largos y sostenidos. No tendría sentido apurar un trámite y que todos los involucrados no estén lo suficientemente informados de lo que implica”. Además, según pudo saber la diaria, el Ministerio de Defensa Nacional buscó estar “informadísimo” de todo el proceso, debido a que hay terrenos en el área que son de su propiedad. El subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dijo que su cartera apoyó la decisión que implementó el MVOTMA.
Lejtreger explicó que la inclusión de esta zona en el SNAP implica la “restricción de algunas actividades”, así como un cuidado “más concreto” del área y su protección. Según dijo, los cuidados a tomar “no implican que no se realice ninguna actividad, pero sí que sólo se lleven adelante aquellas que son compatibles con los humedales”. La jerarca agregó que esto no significa que necesariamente estén prohibidas las actividades productivas, y ejemplificó que la producción de arroz es compatible con el cuidado de los humedales, aunque en este caso no se trata de una zona arrocera. En la zona quedan totalmente prohibidas la caza y la creación de nuevas urbanizaciones, salvo las que ya fueron previstas en los actuales instrumentos de ordenamiento territorial.
El decreto, del 9 de febrero, asegura que los humedales “presentan un equilibrio natural esencialmente variable”, por lo que la Dinama sugiere que la zona sea catalogada como “área protegida con recursos manejados”, lo que implica que si bien se busca garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica de la zona, también se acepta “un flujo sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad”.
El área que abarca el decreto incluye no sólo al río Santa Lucía y sus islas, sino también a “una faja de cinco millas náuticas dentro del Río de la Plata”, asociadas a la desembocadura del Santa Lucía.
Otros territorios del país que se encuentran bajo el cuidado del SNAP son el Parque Nacional San Miguel, el Parque Nacional Cabo Polonio, el Valle del Lunarejo y la Quebrada de los Cuervos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015
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