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20 de Mayo de 2020 – 25ª MARCHA DEL SILENCIO
Madres y familiares de Detenidos Desaparecidos
Hoy:
1) Los legajos inculpan a los responsables del terrorismo de Estado /Francesca Lessa y Fabián Werner
2) Plan Cóndor: las justas razones para la prisión perpetua de 13 uruguayos /Francesca Lessa y Fabián Werner
3) La huelga en la LUC: palabras (de) más, palabras (de) menos /Hugo Barretto Ghione
4) COVID-19 y el clima – Una pandemia no esconde la otra /Sergio Ferrari
5) ¿Quo vadis COVID-19? /Luis E. Sabini Fernández
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) LOS LEGAJOS INCULPAN A LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO
Los elogios a Tróccoli por su destacada labor en la ESMA. Las felicitaciones a Gavazzo, Arab y Ramas por su entrega a la “lucha antisubversiva” dentro del OCOA
Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada
La culpabilidad de los represores uruguayos en los delitos de lesa humanidad imputados en el juicio en Roma también resultó probada según surge de los legajos de los militares, donde constan elogiosos conceptos de los superiores respecto a su responsabilidad, sentido del deber y activismo en la lucha antisubversiva.
Las fechas de las anotaciones en las hojas de servicio de los represores coinciden con operativos masivos contra agrupaciones políticas de izquierda que sufrieron la salvaje represión en Argentina y Uruguay, como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) o el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Es el director del SID, el general Amaury Prantl, quien realiza varias anotaciones sucesivas en el legajo de Gavazzo, destacando su desempeño como represor.
El 26 de marzo de 1976 Prantl anotó que ambos viajaron a Paraguay para participar en la 2a. Conferencia del Sistema Cóndor, como representante del Área de Operaciones. «En la misma formula acertadas sugerencias, es un eficaz colaborador del que anota, domina ampliamente el tema y evidencia actividad, inteligencia, educación y sentido de la responsabilidad».
Asimismo, en su hoja de servicio también consta que Gavazzo participó en la Segunda Conferencia del Sistema Cóndor que tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1976 en Santiago de Chile como representante del área de operaciones de Uruguay en la coordinación de las dictaduras de la región. Exactamente una semana después de esa reunión, el 9 de junio, comenzó en Buenos Aires la oleada represiva contra el PVP, con los secuestros de Gerardo Gatti y María del Pilar Nores.
El 1 de agosto Prantl dio cuenta de que Gavazzo contribuyó a «planificar el traslado de elementos sediciosos detenidos a una nueva sede» y dos días después señala que fue el encargado de presentar «la situación subversiva del país ante el Señor Presidente de la República, Comandantes en Jefe, Ministros de Estado y Autoridades Militares». En ese momento, Juan María Bordaberry ya había sido destituido por la cúpular militar, que había designado como su sucesor a Aparicio Méndez.
El 23 de octubre Prantl resalta que Gavazzo “interviene activamente en la realización de los operativos que permitieron la detención de muchos participantes de la organización rebelde PVP, que había planificado la ejecución de numerosos actos terroristas. Evidencia, este señor jefe, calidad de activismo, previsión, sentido práctico y profundo sentido del deber”.
Como consecuencia de las acciones represivas del Plan Cóndor en Argentina, solo en octubre de 1976 (el mes que mereció los elogios de Prantl a Gavazzo) fueron secuestrados nueve militantes del PVP que todavía permanecen desaparecidos.
Al año siguiente, el 16 de febrero de 1977, el jerarca del SID dice que «Como representante del Área de Operaciones en el Sistema ‘Condor’ (Gavazzo) efectúa permanentes coordinaciones con Servicios de Inteligencia de otros países del Cono Sur, asegurando un permanente intercambio de informaciones, lo que positibilita un mejor accionar en la lucha contra la subversión. Pone en evidencia iniciativa, inteligencia y sentido de la responsabilidad».
En la misma hoja, el jefe del SID menciona el curso de «Guerra Política» que Gavazzo realizó en China durante el mes de mayo, sus contactos con la misión diplomática de «un país amigo» en setiembre a fin de conocer las identidades de quienes piden asilo político, así como su asistencia a la IX Conferencia de Inteligencia de los Ejércitos Americanos que se realizó a finales de octubre en Nicaragua.
También reseña que el 21 de julio de 1977 participó en el operativo que terminó con la detención del periodista brasileño Flavio Tabarez, corresponsal del diario O Estado de San Pablo y del Excelsior de México en Buenos Aires. «El señor Tte. Cnel. Gavazzo realizó una valiosa labor de inteligencia y condujo el operativo con gran acierto», escribió Prantl.
Tavares fue la última persona que vio al maestro Julio Castro con vida, durante su cautiverio en La Casona, el centro clandestino de detención que el OCOA tenía en la Avenida Millán y Loreto Gomensoro, en Montevideo. Después de allí no se supo más de su paradero, hasta que sus restos aparecieron en el Batallón N°14 en Toledo el 21 de octubre de 2011, enterrados a 1,40 metros de profundidad.
Respecto a Ricardo Arab, Prantl tampoco escatimó en elogios sobre su tarea represiva. “En el cumplimiento de las órdenes de los superiores para impedir que la organización clandestina y subversiva atentara contra la seguridad y la tranquilidad imperante en el país, el capitán Ricardo Arab, parte integrante de un grupo operativo coordinado por el suscrito, planifica e interviene adecuadamente en las operaciones que implican el arresto de individuos que se dedican a la actividad subversiva”, detalló el jerarca militar.
La fidelidad de Arab a sus superiores quedó en evidencia cuando fue asignado entre el 21 y el 26 de abril de 1976 a participar de la custodia personal del dictador chileno Augusto Pinochet durante su visita a Uruguay.
Sobre Ernesto Ramas, el tribunal menciona varios documentos que refieren a su actividad represiva desde diciembre de 1974 contra el MLN, y en enero de 1975 contra el PCR, así como su participación en varias operaciones que incluyeron seguimientos, detenciones, interrogatorios y elaboración de informes de inteligencia.
En mayo de 1975, por ejemplo, Ramas participó activamente “de un operativo que es el resultado de meses de análisis de documentos, vigilancia y seguimientos, lo cual determinó la captura de peligrosos integrantes del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional que fueron descubiertos mientras sentaban las bases para reiniciar sus acciones en el país”, dice uno de los documentos aportados como prueba en el juicio.
La actividad aludida por Prantl en el legajo de Ramas es la denominada “Operación Conejo”, realizada el 25 de mayo de 1975, que consistió en la detención de un grupo de militantes tupamaros luego de un enfrentamiento que terminó con el asesinato de Celso Wilson Fernández Hernández, Raúl Melogno Lugo y María Luisa Karaián.
Desde ese día y hasta el 29 de mayo, en total fueron apresados 26 militantes del MLN, entre quienes se encontraban los miembros del comité ejecutivo de la organización que funcionaba en la clandestinidad. Dos de los detenidos ese día murieron en prisión, Pedro Ricardo Lerena (02/09/1975) y Jorge Antonio Davo Revello (08/12/1980).
En cuanto al rol que mantuvo Jorge Tróccoli desde Inteligencia del Fusna, el dictamen del tribunal italiano consigna la existencia de documentación aportada a la causa así como los testimonios de varios testigos que lo identificaron como uno de los torturadores que operaban en los centros clandestinos de detención en Buenos Aires, como miembro del Fusna uruguayo.
Rosa Barreix, quien fue detenida en noviembre de 1977 y mantenida en la sede del Fusna hasta enero de 1978, dijo que allí fue interrogada por Tróccoli, quien le demostró tener conocimiento de las operaciones que se realizaban en Argentina dentro del Plan Cóndor. “Cayeron en Buenos Aires”, le dijo el marino, refiriéndose a Alberto Corch, Elena Lerena, Julio D’Elía, Yolanda Castro y Raúl Borrelli, cinco militantes de los GAU secuestrados entre el 21 y 22 de diciembre de aquel año y que todavía permanecen desaparecidos.
“El propio Tróccoli le preguntó si estaba dispuesta a ir con los agentes de Fusna a Buenos Aires para reconocer a sus compañeros”, dijo Barreix durante su testimonio, el 20 de octubre de 2015. También señaló que el marino alardeaba de ser el “jefe del S2” en el operativo que terminó con la captura y desaparición de los miembros del GAU, el 21 de noviembre de 1977.
Por su parte, la exfiscal Mirtha Guianze declaró que durante su investigación logró acceder a pruebas que confirman el rol que jugó Tróccoli como miembro de Inteligencia (S2) del Fusna e integrante de OCOA entre 1974 y 1978. “Cuando estaba con el S2, el prisionero está en la disponibilidad total del S2, que tenía el poder de decidir su destino, la vida o la muerte”, explicó Guianze en la corte romana.
El testigo Washington Rodríguez, quien estuvo detenido en el Pozo de Quilmes en Buenos Aires en 1978, declaró el 21 de octubre de 2015 en Roma que sufrió graves torturas por parte de marinos uruguayos en ese centro clandestino de detención bonaerense. Contó además que Aída Sanz, una uruguaya que dio a luz durante su cautiverio y todavía permanece desaparecida, le dijo en ese mismo sitio que en el Pozo de Banfield había sido torturada por miembros del OCOA.
Los pozos de Banfield y Quilmes formaban parte del conocido como «Circuito Camps» junto al centro clandestino que funcionaba en el Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT 1), que estaba a cargo del Comando del Primer Cuerpo de Ejército argentino.
Del legajo de Tróccoli surge que el 18 de abril de 1974 fue nombrado jefe de la Brigada No. 1 del Fusna y en los primeros meses de 1975 comenzó a colaborar con el S2 de la Armada. En ese período, y en los primeros meses de 1976, varias anotaciones de sus superiores destacan las cualidades del militar, entre ellas “integridad, determinación y abnegación”, además de “un alto porcentaje de operaciones positivas” en el contexto de la lucha antisubversiva.
Entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 1976 Tróccoli figuró como oficial de enlace entre el S2 y el OCOA, tarea que le significó una elogiosa anotación en su legajo. “Totalmente satisfactorio, lo que ha resaltado su capacidad para interpretar las directivas del Comando, sus propias disposiciones ante cualquier dificultad y su propia discreción. El conocimiento que posee, dirigido a las acciones que debe realizar, lo coloca a la par con los oficiales de las otras armas con las que trabaja, demostrando su inteligencia e interés en elevar el prestigio y la brillantez de su propia unidad”.
Una vez culminada su función dentro del OCOA, que consistía en coordinar misiones y acciones antisubversivas, Tróccoli regresó al S2 del Fusna en junio de 1976, y su lugar fue ocupado por el jefe del S3, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
Jaunsolo también fue generoso en elogios hacia las tareas represivas de Larcebeau, y su rol de enlace con el OCOA, como quedó consignado en su legajo el 20 de julio de 1976: “La Unidad (Fusna) ha recibido del OCOA material secuestrado a la sedición que ha producido mucho beneficio.
El trabajo desarrollado por este oficial (Larcebeau) en su rol de enlace con ese organismo a lo largo de jornadas sin horario, donde la actividad, resistencia, inteligencia, voluntad de trabajo y conciencia profesional ha sido sin duda la razón por la cual esta unidad ha podido tener el mencionado beneficio”.
A inicios de 1977 el comandante del Fusna, capitán Jorge Jaunsolo, mantenía los elogios a Tróccoli por su entrega a la labor represiva junto con los oficiales de las otras armas. “Continúa trabajando como enlace con el OCOA, la Policía y la Prefectura Nacional Naval, a fin de llevar a cabo continuamente las acciones, lo que le significa largas jornadas de trabajo, muchas de las ellas en sus momentos de descanso”, destacó el jerarca.
El 18 de octubre de 1977 Jaunsolo consignó distintas reuniones con miembros de la Armada argentina, con quienes discutió sobre la información relacionada con “la lucha contra la sedición”, en función de las tareas similares que realizaban ambas fuerzas rioplatenses. Estos oficiales dieron cuenta del rol que en ese país desarrolló Tróccoli, de quien destacaron su “capacidad, espíritu militar, carácter y responsabilidad”.
El legajo también consigna la participación de Tróccoli en la detención por parte de la Prefectura Nacional Naval del militante montonero Oscar de Gregorio, el 16 de noviembre de 1977, cuando intentaba ingresar a Uruguay por el puerto de Colonia. Por orden del Comandante en Jefe de la Armada, Hugo León Márquez, el caso fue derivado al S2, y Tróccoli fue el encargado de recomendar al Comando “las operaciones que consideraba necesario realizar” ante la situación.
De Gregorio estuvo detenido en el carcelaje del Fusna, e internado en el Hospital Militar luego de haber sido herido en un intento de fuga. Después de varios días de interrogatorios bajo tortura, fue trasladado ilegalmente el 17 de diciembre de 1977 desde el área naval del Puerto de Montevideo en un helicóptero de la Armada Argentina hasta la ESMA, en cuyo centro clandestino de detención murió en abril de 1978.
Dos años más tarde, el 6 de julio de 1979, el agregado naval Francisco Moliterni le pidió al embajador uruguayo en Argentina que habilitara una prórroga a la permanencia de Tróccoli en el país, atendiendo al servicio que estaba prestando en ese momento en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de disidentes políticos.
Entre el 2 de mayo y el 20 de diciembre de 1979, Troccoli actuó como integrante del grupo de tarea 3.3 de la ESMA en operaciones de inteligencia. En las hojas de su legajo que se refieren a ese período, también abundan los elogios por parte de altos oficiales de la Armada argentina. En las evaluaciones de fines de noviembre de 1979, el capitán Luis D’Imperio, del Servicio de Inteligencia Naval, sucesor del “Tigre” Acosta, y quien piloteó el vuelo que trajo desde Asunción a Buenos Aires en mayo de 1977 a cinco detenidos, entre ellos los uruguayos Gustavo Insaurralde y Rodolfo Santana, escribió que Troccoli poseía “muy buenos conocimientos doctrinarios ideológicos del enemigo” y que había desarrollado “con marcado acierto” tareas y operaciones de inteligencia, concluyendo que era “un hombre altamente positivo”.
El contralmirante José Antonio Suppicich, quien se desempeñó como director de la ESMA entre mayo de 1979 y enero de 1980, celebró las “brillantes cualidades personales y profesionales” de Troccoli, “siendo particularmente destacable su entusiasmo, sentido de colaboración… y éxito logrado en las tareas que le asignaron”.
Suppicich cerró su evaluación afirmando que Troccoli había dejado una imagen óptima en el grupo de tarea y que “con toda justeza” lo calificaba “sobre lo normal y excepcional”.
Estas calificaciones por parte de altos oficiales de la ESMA a Tróccoli constituyen pruebas contundentes que confirman la coordinación represiva y la estrecha colaboración que existía entre las Armadas de ambas orillas del Río de la Plata, que hasta incluía la incorporación y actuación de oficiales uruguayos en el infierno de la marina argentina.
Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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2) PLAN CÓNDOR: LAS JUSTAS RAZONES PARA LA PRISIÓN PERPETUA DE 13 URUGUAYOS
Análisis de los motivos del tribunal romano que condenó a los represores del cono sur por su participación en la coordinación represiva. Fallo de Casación demorará varios meses
Francesca Lessa / Fabián Werner / Sudestada 20/05/2020
El 27 de diciembre de 2019 la Corte de Apelaciones de Roma publicó las motivaciones de su sentencia del pasado 8 de julio, que dispuso la condena a cadena perpetua de trece represores uruguayos por su participación en la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
El juicio tuvo una importancia fundamental para la persecución de los crímenes de lesa humanidad en Uruguay, ya que tanto la mayoría de las víctimas (31 de 38) como de los represores acusados (14 de 24) eran uruguayos.
La denuncia fue presentada en 1999 y el trámite judicial llevó 20 años. Como ha sucedido con todos los intentos de búsqueda de verdad y justicia, para las víctimas y sus familiares el proceso implicó la realización de tareas de investigación, búsqueda de testigos, reconstrucción de los hechos represivos y en muchos casos la ubicación de los acusados para que pudieran ser detenidos o notificados.
En enero de 2017 la corte de primera instancia había absuelto a la mayoría de los imputados por considerar que la responsabilidad penal de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del cono sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) era solamente de ocho altos jefes como autores intelectuales del Plan Cóndor. En ese sentido, consideró probada la participación de 18 integrantes de los mandos medios en los secuestros de las víctimas, pero debido al paso del tiempo ese delito había prescripto y no podía ser objeto de sanción penal.
Sin embargo, la sentencia del 8 de julio cambió radicalmente ese criterio. Al revertir el dictamen de primera instancia, el tribunal planteó severas críticas a la forma en que se ponderaron las pruebas presentadas durante el proceso: “Estos tribunales no comparten las conclusiones con respecto a la competencia en el delito de asesinato voluntario, porque el primer juez ha informado ampliamente las declaraciones de los testigos y la documentación oficial a la que se refirieron, pero no consideró el compendio restante, pruebas documentales, transferidas a los hechos por las partes, sobre los perfiles personales de los acusados, las tareas que llevaron a cabo en el período considerado y la articulación de los sistemas represivos establecidos en cada país que se adhieren al Plan Cóndor”.
Para el tribunal, “el análisis que siguió, por lo tanto, se realizó de forma incompleta y las conclusiones alcanzadas no comprendieron completamente el significado de lo que se había recogido, demostrando ser apresurado y contradictorio con las premisas declaradas”.
Las magistradas actuantes de la apelación, ya que la mayoría del tribunal romano estaba compuesto por mujeres, consideraron que la evidencia recogida en primera instancia fue “en gran parte descuidada por el juez en primera instancia”, y que luego durante el proceso de apelación resultó “enriquecida” por documentación probatoria aportada por los querellantes.
La sala estimó que los textos que dieron cuenta de cada caso de desaparición forzada son variados y tienen orígenes diversos. Algunos fueron aportados por familiares de los desaparecidos que se constituyeron como parte civil en el juicio, otros eran compañeros de prisión de los desaparecidos y, por lo tanto, testigos de la presencia de la víctima en el centro clandestino de detención y su posterior desaparición. Otros son historiadores y expertos del período en el que funcionó la coordinación represiva.
El tribunal alude a los informes realizados por la Conadep argentina, la Comipaz uruguaya y la Comisión Rettig chilena, que dieron cuenta de la existencia del Plan Cóndor y recogieron pruebas de su existencia desde el 25 de noviembre de 1975 hasta finales de 1980.
Toda la prueba recabada, tanto en primera instancia como en apelación gracias al esfuerzo del abogado Andrea Speranzoni, permitió lograr las 18 condenas adicionales a cadena perpetua de los mandos intermedios e inferiores, sobre quienes los jueces expresaron lo siguiente:
“Es razonable pensar que los creadores del Plan Cóndor, una vez determinados los objetivos a lograr, recurrieran para su realización a individuos de confianza comprobada, que compartieran sus intenciones y supieran concretar lo que ellos habían planeado y, ya que la actividad represiva había sido pensada a gran escala, su implementación precisaba necesariamente autonomía en la elección de los tiempos, de los lugares y de los blancos (siempre pertenecientes a los grupos de oposición bajo la mira), amplios poderes, espíritu de iniciativa, y capacidad de encarar los imprevistos para asegurar el éxito de la operación.”
El cóndor uruguayo
Respecto a la participación uruguaya en el Plan Cóndor, la sentencia señala que el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), se constituyó en febrero de 1973, cuatro meses antes del golpe de Estado dado por Juan María Bordaberry con el apoyo de la cúpula militar. Este organismo compuesto por el presidente, los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, junto a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, “impartía directivas a los servicios de inteligencia relativas a operaciones militares y paramilitares en Uruguay y Argentina”. Según los jueces romanos, el Cosena “fue un organismo clave en la represión violencia de opositores a la dictadura”.
En el caso de Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, ya fueron condenados por la Justicia uruguaya en 2006, reseñó la sentencia, como responsables por el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurrido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.
Blanco, además, fue condenado por la desaparición de Elena Quinteros, secuestrada en los jardines de la embajada venezolana en Montevideo el 28 de junio de 1976, y cuya desaparición forzada fue resuelta por votación en el Cosena el 3 de julio de ese año.
El personal operativo en la época pertenecía al Servicio de Información de Defensa (SID), que dependía directamente de los comandantes en Jefe de las FFAA, y al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). El OCOA, en tanto, dependía directamente del comandante en Jefe del Ejército, y se dedicada exclusivamente a combatir a los opositores al régimen cívico-militar.
En este contexto, según el tribunal, el Plan Cóndor “constituye el impulso para crear estructuras represivas, pero también para desviar instituciones estatales legítimas”, como el Ejército, la Armada, la Aviación y las fuerzas policiales, entre otras.
El primer objetivo de la represión ilegal en Uruguay fue el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), pero luego continuó contra el Partido Comunista (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y militantes de otras organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Las violaciones de los derechos humanos en Uruguay habían llegado tan lejos que incluso el Departamento de Estado de EE. UU. registró el dramático deterioro de la situación de los derechos humanos en el país: en un memorando del 3 de mayo de 1975 se habló explícitamente sobre la tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, asesinatos, violación del derecho a participar en el gobierno, violación del derecho de opinión y expresión, expulsiones arbitrarias, violación de la libertad de reunión y asociación.
En su argumentación, el tribunal romano detalló cada uno de los casos imputados a los represores uruguayos, peruanos, bolivianos y chilenos que son sujeto de la causa.
Jorge Tróccoli fue detenido en Italia en 2007 luego de haber sido acusado por las desapariciones de uruguayos en Argentina en 1977 y 1978.
En cuanto a la situación del represor Jorge Tróccoli, que había sido absuelto por el fallo de primera instancia, el tribunal señala que fue imputado por el secuestro y la muerte y desaparición de seis ítalo-uruguayos y de 20 uruguayos, la mayoría perteneciente a los GAU, entre el 21 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978. Luego de haber pasado por el “Circuito Camps”, una serie de centros clandestinos de detención en Buenos Aires integrado por los pozos del Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT 1), Banfield y Quilmes.
La existencia de este operativo conjunto en el marco del plan Cóndor contra los miembros de los GAU fue confirmado por un documento de la Armada uruguaya titulado “Operativo Antisubversivo GAU”, en el que aparecen escritos algunos pasajes de los interrogatorios realizados bajo tortura en Buenos Aires a los militantes Julio César D’Elía Pallares y Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, así como los de Alberto Corch Laviña, Guillermo Manuel Sobrino Berardi y Alfredo Moyano Santander, “todos los cuales desaparecieron en Buenos Aires durante una redada contra los GAU de diciembre de 1977”.
Tanto los testimonios de los sobrevivientes del Pozo de Quilmes así como documentos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina coinciden en señalar la presencia de miembros uruguayos de la OCOA en los interrogatorios y las torturas. Asimismo, entre las pruebas analizadas se encontró en el informe entregado en 2005 por la armada uruguaya el archivo personal de una de las sobrevivientes, Graciela Borelli, que muestra que ya estaba controlada por la Armada, a través de los Fusileros Navales (FUSNA) en los años anteriores al secuestro.
La patota del OCOA
José Gavazzo y Jorge Silveira, criminales de lesa humanidad, condenados a cadena perpetua en Italia y con prisión domiciliaria en Uruguay.
En cuanto a la situación de los represores uruguayos José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente y José Sande Lima, el tribunal menciona la condena en Uruguay por 28 asesinatos especialmente agravados en el caso de los militantes del PVP, presuntamente trasladados a Uruguay desde Buenos Aires en lo que se conoce como el “segundo vuelo”, que habría ocurrido el 5 de octubre de 1976. Este accionar represivo ilegal fue confirmado por el informe del Comando de la Fuerza Aérea en su informe al presidente Tabaré Vázquez del 26 de noviembre de 2005.
“Durante el juicio uruguayo, el propio Gavazzo admitió que viajó a Argentina como oficial de enlace, fue a Automotores Orletti y trabajó ‘en uruguayos que residen en Argentina’”, dice la sentencia. Asimismo, el dictamen alude a los argumentos de la Justicia uruguaya en cuanto a que la mayoría de los testimonios coinciden en que era Gavazzo quien comandaba las operaciones represivas en el centro clandestino de detención y que los miembros del SID y la OCOA “actuaban de manera coordinada en el desarrollo de operaciones de inteligencia en el marco de un diseño criminal común, en el territorio argentino, en particular en la base-centro de tortura clandestino de Automotores Orletti”.
“Los militares y policías uruguayos de esta estructura viajaban constantemente a Argentina, intercambiaban información, interrogaban a prisioneros mediante maltratos y atrocidades físicas, efectuaban detenciones y trasladaban clandestinamente”, todo lo cual finalizó “con la eliminación de las víctimas mediante el homicidio”, añadió la corte romana.
Entre la documentación citada por los magistrados para explicar su decisión de condenar a los represores uruguayos, se encuentran comunicaciones firmadas por Gavazzo, Arab y Sande. En el primer documento, firmado por Gavazzo el 16 agosto de 1976, se hace referencia a “Condorop”, acrónimo del área de operaciones del Cóndor, en una carta enviada desde el Departamento 3 al Departamento 1 de Inteligencia.
El segundo documento, fechado el 21 de junio del mismo año, refiere a un pedido de información realizado por Arab en nombre del jefe del Departamento 3 del SID respecto a varias personas requeridas, entre ellas Washington Domingo Queiro Uzal, quien fue detenido cuatro meses después y todavía permanece desaparecido, y a Francisco Edgardo Candia Correa, quien fue asesinado ese mismo día.
El tercer documento está firmado por Sande en nombre del jefe del Departamento 3 del SID, con fecha 23 de marzo de 1977, pidiendo información a la Policía Científica a fin de identificar las huellas de Raúl Néstor Tejera Llovet, quien había sido secuestrado el 26 de setiembre de 1976 y todavía permanece desaparecido.
“Todos culpables”
Para el abogado Giancarlo Maniga, patrocinante de Aurora Meloni, viuda de Daniel Banfi, la sentencia tiene “todas las cualidades para resistir cualquier recurso de casación”, al contrario del fallo de primera instancia de enero de 2017. En aquel momento, el tribunal “adoptó el criterio de identificar como responsables de los crímenes objeto del juicio solo los jefes de estado y las principales figuras de esas fuerzas, condenandolos a la pena máxima”, pero absolvió “a los militares de rango intermedio, acusados como ejecutores, sin haber considerado identificar pruebas adecuadas o, en cualquier caso, suficientes para configurar su responsabilidad en los asesinatos que se les atribuyen”, explicó el jurista.
Este criterio, resaltó Maniga, fue apelado por la fiscalía y los denunciantes y fue “totalmente anulado” en la sentencia del Tribunal de Apelaciones del 8 de julio de 2019. Para el abogado, las motivaciones de la sala recopilan de manera “muy precisa y efectiva” las pruebas orales y documentales, así como los argumentos legales presentados por la fiscalía, a fin de reconocer que existió una “concurrencia de personas en el crimen continuo” de lesa humanidad.
“Todos los acusados deben ser considerados conjuntamente responsables de los asesinatos, cualquiera que sea su papel en la cadena coordinada de acciones que llevaron a ellos”, explicó Maniga. Más allá del grado de participación en los crímenes, cada uno de los acusados “se había adherido ideológicamente a esta conducta a sabiendas,
proporcionando, cada uno de acuerdo con las tareas asignadas y asumidas voluntariamente, su propia contribución funcional, dirigida a las ejecuciones criminales individuales”, señaló el abogado.
Por esta razón, y a la luz de este “principio de derecho dominante”, añadió Maniga, todos los acusados que habían sido absueltos en enero 2017, dos años y medio más tarde, en julio de 2019, fueron condenados a la pena de cadena perpetua, al igual que los ocho sentenciados en primera instancia (entre ellos el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco), cuyas penas resultaron confirmadas.
Todos los acusados uruguayos presentaron recurso ante la Corte de Casación de Roma. En función de los tiempos procesales y también de la parálisis ocasionada por la pandemia de coronavirus, abogados consultados por Sudestada estiman que la Corte tratará dicho recurso entre finales de este año y principios de 2021.
Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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3) LA HUELGA EN LA LUC: PALABRAS (DE) MÁS, PALABRAS (DE) MENOS
Hugo Barretto Ghione * /La Diaria, 18.05.2020
Entre el conglomerado de temas que trata el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) a estudio del Senado, se encuentra una iniciativa de reglamentación de la huelga y los piquetes. En el primer caso, el texto resulta un tanto enigmático y orejano, ya que no tiene una significación precisa, y presenta una terminología absolutamente ajena a la empleada en la Constitución y en las normas internacionales sobre el derecho de huelga. Su lectura genera cierta perplejidad, que no se sabe si atribuir a una deliberada estrategia de escritura o si es un mero esperpento jurídico.
En concreto, el artículo al que nos referimos prescribe: “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, los derechos de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
Si bien parece plausible –aunque sobreabundante– establecer que el Estado garantiza el ejercicio del derecho fundamental de huelga (ya lo había dicho mejor el artículo 57 de la Constitución), rápida y penosamente advertimos que estamos ante el viejo axioma de que las “segundas partes nunca fueron buenas”. En efecto, la calificación de “pacífico” genera legítimas dudas, puesto que no se entiende la razón por la que se regula de esa manera la huelga y no el resto de los derechos. Así, por ejemplo, habría que preguntarse por qué garantizar el ejercicio “pacífico” de la huelga y no el ejercicio “pacífico” del derecho de propiedad, de la libertad de cultos y de la libertad de reunión o expresión del pensamiento. La incomodidad que provoca ese foco puesto y detenido cenitalmente sobre la huelga hace pensar –el legislador no lo permita– que trasluce un prejuicio del Poder Ejecutivo respecto de que la huelga pueda fácilmente derivar en una práctica violenta y, en consecuencia, nos llama a estar prevenidos y a recortar en lo posible su radio de actuación o purificar sus modalidades de ejercicio.
El proyecto resulta por eso ajeno a nuestro marco constitucional, porque esa cierta predisposición a observar las medidas de huelga como potencialmente violentas es meridianamente contraria al mandato del artículo 57 de la Carta Magna, que marca que toda reglamentación (sea por ley, sea por convenio colectivo o sea resolución del Consejo de Salarios) se debe dirigir a dotar de “efectividad” a la huelga, lo que implica confiar en la función igualadora y promotora de los derechos de los trabajadores que dicho instrumento representa.
Lo que en el constituyente es delegación en los trabajadores de una herramienta para el progreso social y económico, para la democratización de las relaciones de trabajo, en la LUC es fuente de prevención y suspicacia. La norma proyectada pretende una imposible equiparación del derecho de huelga con la libertad de trabajo y de la dirección de la empresa a ingresar al establecimiento durante su transcurso.
La continuidad narrativa huelga/libertad de no huelguistas/acceso del empresario es inédita en el derecho internacional, ya que no existe paralelismo entre la huelga y las libertades del empresario y el no huelguista en el Convenio Internacional del Trabajo número 87, que reconoce el derecho a tener “actividad” sindical en defensa del interés de los trabajadores (artículos 7 y 10), y mucho menos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que obliga a los estados a garantizar el derecho de huelga (sin otro aditivo), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo hace en términos similares. Las normas internacionales sobre derechos humanos cuando reconocen el derecho de huelga no dejan un solo rastro de derechos individuales del huelguista o empresario. Y no es un olvido o una desatención: la huelga se despliega inevitablemente contra el empleador, y todo intento de armonizar la libertad de empresa mientras dure el corto lapso de interrupción o alteración del trabajo con motivo de protesta es un intento indisimulado de anular la efectividad del derecho. Cosa que nuestra Constitución no admite.
Por otra parte, resta preguntarse si el concepto de huelga “pacífica” se define y determina únicamente en relación con la permisividad del ingreso al establecimiento de no huelguistas y empresarios o si “pacífica” refiere a otra cosa, por ejemplo, a la calificación de la modalidad o tipo de huelga que en concreto se encuentren implementando los trabajadores.
En este punto el problema se torna irresoluble, puesto que es bien sabido que en nuestro país no existe una definición legal de huelga y, por tanto, no habría parámetro ni contorno con el cual efectuar la comparación entre: a) la medida de acción gremial y b) un concepto de derecho positivo preexistente.
Ante ese vacío –cuyo fondo es insondable– correspondería a un tercero dirimir si la huelga es o no “pacífica”, sin norma alguna de referencia. El texto llama pudorosamente “Estado” a quien toque intervenir en el asunto, dejando en la incertidumbre si es el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio del Interior o quién sabe.
Palabras más, palabras menos, lo que parece querer regular el proyecto no es la huelga, sino las ocupaciones, que son una modalidad de ejercicio de la huelga. Pero, si es así, no se entiende por qué no lo dice con claridad, en lugar de dar rodeos que confunden. La propiedad de “pacífico” y la obligación de salvaguardar la libertad de los no huelguistas y de la dirección de la empresa se vincula a la ocupación y al piquete, no a la huelga, que es un fenómeno de mayor alcance. Esa ha sido históricamente la posición del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.
La huelga hace explícito y visible el conflicto laboral. Y, para ser efectiva, debe hacer sentir su poder disuasivo. Que genera perjuicios, desde luego, y en primer lugar al trabajador huelguista. Pero con Walt Whitman podríamos decir –y sería bueno que el legislador lo tomara–: “Yo no soy un registrador de lamentos (¿Qué tengo que ver con los lamentos?)”.
* Hugo Barreto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.
La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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4) COVID-19 Y EL CLIMA – UNA PANDEMIA NO ESCONDE LA OTRA
Sergio Ferrari, de la ONU, Ginebra, Suiza
El planeta sigue transpirando. Las temperaturas globales se disparan, a pesar del leve respiro que, paradójicamente, le da el COVID-19 con su corolario de contracción económica y reducción del transporte. Los próximos e imprevistos desastres naturales seguirán tocando a la puerta de la Tierra, aunque el coronavirus buscará desplazarlos del primer plano mediático.
Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el C02, responsables principales del deterioro climático, se redujeron drásticamente durante la actual crisis. Por ejemplo, en China, principal emisor del mundo, se estima que las mismas bajaron en torno de un 25 %.
“Suspiro” en sala de emergencia
Sin embargo, descenso momentáneo no implica solución estratégica. Y hacia allí apunta Greenpeace, cuando afirma en su estudio de abril del año en curso que “pese a la reducción de las emisiones en algunos sectores como el transporte y el eléctrico, la concentración de CO2 en la atmósfera no baja, sino que sigue aumentando.
Consecuentemente la crisis sanitaria no está contribuyendo a paliar la otra gran crisis que enfrenta el mundo: el cambio climático” (es.greenpeace.org/es/noticias/la-concentracion-de-co2-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-crisis-sanitaria-causada-por-el-covid-19/)
La ONG internacional sistematiza algunas estimaciones sobre la reducción transitoria a raíz de la crisis. Y afirma que Alemania podría emitir entre 50 y 120 millones de toneladas menos de CO2 este año por la enorme bajada en la demanda de electricidad. En la ciudad de Nueva York se estima una caída del 5-10% de las emisiones de CO2 y una caída sólida en el metano.
Carbon Brief, referencia en el tema, sostiene que esa reducción podría ser de un 5% con respecto a 2019 (www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions). Y sostiene que dicho descenso va a ser el más importante de la historia, desde que se realizan inventarios. Será más significativo que las caídas de CO2 registradas, en orden descendente, durante la recesión del 1991-1992; la crisis energética del 1980-81; la Gripe Española de 1918-1919; y la crisis financiera del 2008-2009.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que la demanda de petróleo de este año ha caído por primera vez desde 2009. Una reducción de cerca de 90.000 barriles de petróleo/día respecto a 2019, debido a la profunda contracción del consumo en China y a las suspensiones en los viajes y el comercio mundiales. Los datos más recientes indican que la demanda de petróleo se desplomó un 25%. Para visualizarlo con una imagen, esa caída sería como si toda Norteamérica (EEUU, Canadá y México) dejasen de consumir ese combustible de golpe.
Cada vez peor
Los últimos cinco años, según el balance de diferentes organizaciones internacionales especializadas, han sido dramáticos para el clima. A pesar de los gritos crecientes de nuevos actores sociales que ganaron asidua y activamente las calles, las cifras son categóricas.
Desde los años 80 cada década ha sido más cálida que la anterior. La concentración del CO2, en el último quinquenio resultó un 18% mayor que en el anterior. El año pasado se registraron los valores más elevados en cuanto a contenido calorífico en los 700 metros superiores de los océanos, amenazando significativamente la vida marina y los ecosistemas.
Las olas de calor golpearon entre 2015-2019 a todos los continentes sin distinción. Y fueron una de las causas principales de los incendios forestales sin precedentes, no solo en la selva amazónica, sino en Australia, América del Norte y Europa.
En cuanto a la repercusión directa en la especie humana, cerca un tercio de la población mundial vive en zonas con temperaturas potencialmente mortales, al menos 20 días por año, debido a las enfermedades propias de ese clima excesivo. La sequía multiplicó la inseguridad alimentaria en numerosas regiones del globo, en particular en África, en tanto los ciclones tropicales repetidos produjeron pérdidas incalculables.
Las lluvias intensas y desbocadas, facilitan la aparición de brotes epidémicos. Allí donde el cólera es ya endémico, 1300 millones de personas corren el riesgo de contraer la enfermedad
50 años de “poco o nada”
Hace exactamente medio siglo, se “celebró” por primera vez el Día de la Tierra. Entonces, los expertos comenzaron a alertar sobre las consecuencias irreparables para la humanidad producto del calentamiento global.
El diagnóstico de entonces no era errado. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de CO2 es actualmente un 26% mayor que las marcas de 50 años atrás. La temperatura aumentó en igual período un 0,86°C y ya supera holgadamente en 1,1°C la de la era preindustrial. Y la tendencia sigue en ascenso. La misma agencia de la ONU calcula saltos significativos hasta 2024, en particular en las regiones de altas latitudes y zonas terrestres, siendo más lento en los océanos, en particular el Atlántico Norte y el Austral.
Desafíos monumentales
En tanto la pandemia produjo un cimbronazo mundial sin precedentes desde la 2da Guerra Mundial, pero con impacto a corto y mediano plazo, la lucha contra el calentamiento apuesta a la estrategia misma de sobrevivencia de la humanidad.
“Se debe actuar con decisión para proteger el planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial del cambio climático”, declaró recientemente Petteri Talas, director de la Organización Meteorológica Mundial. Agregando que “debemos aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático…Tenemos que actuar juntos en interés de la salud y la prosperidad de la humanidad, no solo durante las próximas semanas y meses, sino pensando en muchas generaciones futuras”.
Si se quiere controlar la pandemia climática, se debería asegurar – lo que parece ya casi imposible- una disminución de las emisiones globales de carbono de 7,6% para fines del año en curso. Y mantener ese porcentaje de reducción anual durante la próxima década para mantener el calentamiento global por debajo del 1,5°C a fines del siglo, según las previsiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Visión compartida, al menos retóricamente, por el Secretario General de las Naciones Unidas. En su mensaje por el Día Internacional de la Madre Tierra, el pasado 22 de abril, Antonio Guterres insistió en que “las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno”. Y definió seis principios para que la recuperación económica y financiera postcrisis se impulse en el marco de una nueva conciencia de protección del medioambiente. “La recuperación debe ir acompañada de la creación de nuevos trabajos y empresas mediante una transición limpia y ecológica …la artillería fiscal debe impulsar el paso de la economía gris a la verde y aumentar la resiliencia de las sociedades y las personas” (www.un.org/es/observances/earth-day/message)
Greenpeace, por su parte, en el estudio de abril, considera que, “aunque las reducciones puntuales en las emisiones no van a paliar la crisis climática, sí deberían servir para iniciar los cambios profundos y necesarios para reducir las emisiones a cero”. Sostiene que este punto de inflexión puede y debe ser un motor de la recuperación económica y ser la base de la prosperidad a largo plazo. Y llama a que los Gobiernos abandonen las subvenciones a los combustibles fósiles al mismo tiempo que el apoyo a las inversiones públicas se destinen a actividades productivas que garanticen la sostenibilidad del planeta.
Recuperar la calle
La pandemia y las restricciones de movilización y concentración humana frenaron en seco, por algunas semanas, la protesta ciudadana a nivel planetario. La misma estaba en ascenso en muchos países cuando se desató el COVID-19.
Esa cuarentena de calle golpeó particularmente a las movilizaciones juveniles en defensa del clima, principales protagonistas sociales durante todo 2019, en todo caso en Europa. Y hoy, una de las *víctimas* indirectas de la pandemia.
Las organizaciones nucleadas en torno la Huelga Climática, que marcaron la dinámica social en Suiza en los últimos dos años, se vieron obligadas a renunciar, por ejemplo, a la gran jornada de acción que había sido originalmente convocada para el pasado viernes 15 de mayo. Que había logrado consensuar las fuerzas juveniles medioambientales y las principales organizaciones sindicales. Y que se proponía crear un hecho político de la dimensión de la Huelga de Mujeres, del 14 de junio del 2019, cuando se movilizaron en todo el país medio millón de participantes.
Cuando la lenta reapertura comienza a transitarse en una buena parte del planeta, la pregunta de fondo es doble.
¿Logrará imponerse una nueva racionalidad productiva que sea ecológicamente sustentable? Y, adicionalmente, ¿conseguirán las organizaciones sociales -especialmente juveniles- a favor del clima recuperar la energía de un año antes o sufrirán el impacto del lockdown impuesto por los gobiernos para evitar la propagación de la pandemia?
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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5) ¿Quo vadis COVID-19?
Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/
La pandemia ha generado con su sola irrupción, una nueva interrogante sobre el mundo, la realidad, la verdad.
Su peso es tal y tan perceptible que de inmediato advertimos que estábamos en un parteaguas; antes de y después de.
Como cuando el 11 de setiembre de 2001.
La primera interrogante, claramente, es sobre su advenimiento. Si natural, dado por la “fuerza de las cosas” o promovido, es decir como expresión de una política.
Optar por considerarlo estrictamente político nos pone de inmediato bajo la acusación de lo conspiranoico, en el mismo sentido que cualquier crítica a la crueldad y el desprecio racista del establishment israelí contra lo palestino nos pone bajo la acusación, radicalmente falsa, de antisemitismo.
Esto significa que nuestra cultura o mejor dicho que los titulares de nuestra cultura tienen una línea precisa de lo políticamente correcto, que no pasa por algunos territorios, vedados.
Sobre el neologismo conspiranoico y su relación con “la pandemia”, remito al lector al análisis que Antonio Martínez Belchi ha desplegado en “El COVID19 y el problema de la verdad” (28 04 20), quien, postulando ser escéptico metódico ante toda conspiración por suscribir “el principio de simplicidad” (Navaja de Ockham), desarrolla, como la más convincente de las posiciones, “la tesis de la propagación intencionada”.
Por mi parte, he leído una larga exposición de Bill Gates, “The First Modern Pandemic” (23 04 20) que constituye un despliegue de identificación con los desamparados, los ancianos, los niños, los enfermos, que despertaría la envidia de la Madre Teresa de Calcuta.
Bill Gates es el mismo que patrocina a la OMS con aportes incomparablemente mayores a los de cualquier estado (con lo que eso significa de condicionamiento), es el mismo que organizara un simulacro de pandemia que tuvo lugar precisamente antes de la encarnación, de la puesta en acto que ahora nos condiciona en todo el mundo.
OBJETIVO DECLARADO Y APARENTE; OBJETIVOS REALES
Así como el alegato de Gates destilando bondad a raudales resulta incongruente, así la cobertura mediática parece también incongruente; so pretexto de informar, tiene un único resultado (¿u objetivo?): atemorizar, por no decir aterrorizar a la población humana.
Todo el registro de lo que se suponen los estragos de la pandemia se hacen con estadísticas que parecen partir de la amortalidad humana: no que los humanos sean inmortales, porque sería una ñoñez, que ni un filósofo partidario de la construcción de humanos como Yuval Harari pretende, pero sí que los humanos no mueren… salvo por coronavirus.
Tuvo que salir un infectólogo archirreconocido, jefe de Protección Civil italiano, Angello Borrelli, estimando que estamos ante “fallecidos con coronavirus y no por coronavirus” (1)
Si los voceros e intermediarios de “la info” de nuestro presente maltratan así a la verdad, tenemos que suponer tontería sin límites o calculadas estrategias de engaño, disfraz o confusión. Aunque sepamos el alcance casi ilimitado de lo tonto, nos parece que hay otros elementos que nos llevan a pensar que no se trata de tontería o torpeza alguna.
Hagamos somera recorrida cronológica: cuando la epidemia de COVID-19 parecía instalada en China, concretamente en Wuhan, ciudad clave por sus laboratorios vinculados a la investigación y producción de quimeras, y poco más en estados vecinos o circundantes, como Corea del Sur (nada se sabe de la del Norte), Singapur, Taiwan, cuando todavía no se había establecido la corriente de contagio con países de Europa Occidental, el segundo brote de lo que se iba a configurar como pandémico, aparece en Irán; un estado, una sociedad con mucho más bajo intercambio turístico y humano que todo el asiento del tercer empuje; Europa Occidental, y relativamente aislada de las zonas tanto del primer brote como del tercero.
En Irán, el efecto fue conmocionante, con una tasa sorprendentemente alta de mortalidad, y los pocos datos que se conocen dan a entender que se trata de una avalancha de muertos en la dirección política del estado persa, donde los gerontes tienen o tenían asaz significación.
¿Cómo explicar el brote iraní? Conociendo el empeño de Israel en conseguir que EE.UU. le haga la tarea sucia de borrar a Irán o al menos a toda su dirección militar y política de la faz de la tierra, mi hipótesis es que el COVID-19 fue plantado en Irán, como poco antes en Wuhan y extensivamente en toda China, usando con aparente (porque no podemos decir evidente) sincronización el momento de mayores traslados dentro de China por el año nuevo nacional. Para evitar el recurso de “las casualidades permanentes”.
El gobierno de EE.UU. ha acusado a China de la difusión del virus maldecido y temido.
El gobierno chino ha acusado a EE.UU. de su implantación en Wuhan: sabemos sí que esa ciudad recibió una delegación de 300 militares estadounidenses muy poco antes del estallido pandémico, para celebrar juegos olímpicos militares. Aunque no constituya prueba en sí, no se puede desdeñar la cronología de lo acontecido: los militares se retiran “fraternalmente” de Wuhan a fines de octubre de 2019. Pocas semanas después, se inicia la cadena de contagios…
Se supo, lo informó un equipo periodístico de la RAI italiana, que en 2015 laboratorios estadounidenses y chinos trabajaban viendo cómo forjar quimeras; seres vivos de origen sintético. Con la técnica que ha permitido forjar seres vivos transgénicos. Según los periodistas italianos, el laboratorio estadounidense embarcado en el proyecto se habría bajado. No así el colega chino. Pero nada hay certero, cuando sabemos que los comportamientos pueden ser o parecer. Que las negativas pueden ser de renuncia o de elusión,
manteniendo oculto lo que se desecha públicamente.
Martínez Belchi ha incursionado en una serie de signos o claves que podrían reflejar el carácter premeditado y secreto de acciones como el origen de esta pandemia. Lo hace bordeando toda teoría conspirativa, no por vocación paranoica sino por necesidad interpretativa. Porque no encuentra otra forma de explicar datos “inexplicables”. Se refiere, por ejemplo, al valor esotérico del 666; “el 26 de marzo de 2020 Microsoft, la megacorporación de Bill Gates, ha registrado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas, una nueva patente para obtener criptomonedas usando datos de actividad corporal humana: es decir, un dispositivo digital que coincide, punto por punto, con lo que la cultura popular ya conoce como el “microchip [subcutáneo] 666”. ¿Y adivina el lector cuál es el número oficial de la patente? Pues nada menos que “2020/060606”.
Martínez Belchi también se pregunta si es una pista, una clave…
De éstos, enlaces, coincidencias, rastros, hay muchos que en general no hacen sino inflamar las teorías conspirativas. Pero algunos de estos elementos, como la aparición en la tapa de la revista The Economist de diciembre de 2018 de un pangolín, que trae a colación también Martínez Belchi parece ser como un juego de señas; el mismo armadillo que un año después –con razón o sin ella– iba a ser considerado clave en la difuminación del COVID-19.
Martínez Belchi presenta varios de estos ligamentos o referencias, que parecen más bien claves entre conjurados, dueños de un secreto que intercomunican con indisimulable regocijo u orgullo.
¿Qué papel nos queda a nosotros los ajenos a tales mostraciones, o más bien objetos de ellas?
Hannah Arendt tiene algo para decirnos: recuerda que el nazismo iniciò medidas cada vez más “gruesas” basándose en la “necesidad de sensatez”, “imperio del sentido común” que suele albergar la población. De modo tal que, cuestiones muy aberrantes suelen generar incredulidad y descrédito. La gente se resiste a pensar en lo abominable. En lo que suena “demasiado”. Y eso le otorga impunidad a quienes sí ejercen tales acciones culturalmente excedidas.
Todos los estados mayores, no sólo los nazis, se defienden.
El ejército israelí que masacra palestinos desarmados, mujeres, niños, se denomina “Ejército de Defensa”. Cuando tales ejércitos cometen atrocidades (es decir, “normalmente”) tienen buen amparo en “su” población que no imagina ciertamente que se puedan cometer horrores (la prensa adicta “ayuda”, mostrando siempre los horrores del contrario).
Si tenemos una pandemia generada políticamente, tendríamos que inteligir: 1) las razones; 2) los alcances.
1) Estamos ante un calentamiento global cada vez menos escamoteable; ante una crisis energética cada vez más compleja, ante una contaminación cada vez más palpable, ante una crisis alimentaria que pasa por la calidad de nuestros alimentos pero que, explosión demográfica mediante, puede afectar también la cantidad.
Para muchos, la bomba demográfica es la primera a desmontar. Que la población humana está recargando insensatamente al planeta es una observación correcta, pero como el enfoque limitacionista proviene de los privilegiados del planeta, la idea es disminuir fuertemente no la población de rubios y ricos sino la de morochos y pobres. Éste es el cariz racista de la cuestión.
Pero hay otro, desfachatadamente desnudado hace pocos años por un ministro japonés: los viejos viven demasiado. Una cosa es jubilarse e “irse” al poco tiempo y otra es ir generando una cuarta edad cada vez más longeva.
Así que, medidas correctivas, “soluciones de achique poblacional” podrían enfocar a los grandes suburbios planetarios (sobre todo, los radicados en la periferia) pero también a los adultos muy mayores; una “guerra del cerdo” innombrable.
Y antes de encarar los alcances –los fines estratégicos, siguiendo en la senda de que esta situación planetaria es política– tenemos que señalar el fundamental papel de lo mediático, los grandes socializadores del miedo, el pensamiento dominante, los auspicios.
El conteo permanente y cotidiano de muertos, algo de por sí comprensible y necesario, ha sido hecho con la misma desprolijidad y parcialidad con que los medios de incomunicación de masas tratan todas las cuestiones: cegando zonas, mezclando otras, omitiendo, ignorando lo que no se adapta a los fines de la info que se “produce”.
No podemos saber cuáles son los verdaderos muertos del COVID 19, ni siquiera los contagiados Porque el establishment sanitario ha hecho una escotomización para ver la realidad y solo atiende a “la pandemia”.
¿Dónde están los miles de muertos de gripe o neumonía cada año en Italia, Reino Unido o España? ¿Dónde las decenas de miles de muertos por la misma razón, año a año, en EE.UU.
En 2018 y solo de gripe, murieron en EE.UU. 14 mil. Sobre 26 millones de contagiados.
2) El virus de esta pandemia parece muy direccionado hacia los mayores entre los mayores (aunque esa patogenicidad parece, con toda lógica, ingobernable; hay secuelas problemáticas entre infantes, por ejemplo, y entre el personal sanitario hay una mortalidad incomparablemente mayor que en toda la población y eso significa que no ataca solo a los mayores entre los mayores).
A su vez, la organización que ha provocado el miedo al COVID-19 (pese a su baja o muy baja letalidad), nos ha introducido en un universo de controles y desconfianzas totalmente generalizado: el miedo y los barbijos, por ejemplo, nos convierten, sin pensarlo, a todos en sospechosos.
Sospechas (siempre) hacia los otros: una mujer hace cola; se le acerca (a preguntar) otra persona sin barbijo y la mujer retrocede como si se tratara de la Muerte Roja: se trataba de dos vecinos sin fiebre, más o menos sanos. Pero el miedo se canaliza aferrándose al barbijo, como clave de seguridad.
La regimentación que se está aplicando es funcionalísima a todo proyecto de control social (de aun mayor control social del que ya tenemos implantado, obviamente): La represión bajo razones científicas suele ser de las más admisibles y que permiten mayores avances (y atrocidades); ya, en los ’60, el experimento de Stanley Milgram (2) nos lo recuerda.
Queda por entender qué ha pasado en Bérgamo y Lombardía con su tan alta mortalidad; qué ha pasado, está pasando en Nueva York, ante cuyo drama tiemblan y cede todo conspiracionismo sencillo dictado desde los titulares más proverbiales del poder mundializado.
Estamos convencidos que con todos “los adelantos tecnológicos y comunicacionales” dedicados a combatir la pandemia se procurará reconfigurar nuestra cotidianidad bajo nuevos controles y planificaciones, siempre ajenos. Porque provienen de centros de poder, por más que muchos de tales “adelantos” nos conquisten por su comodidad y ciertas aplicaciones faciliten nuestra vida cotidiana.
Por eso, tendremos que ser muy vigorosos si queremos evitar una oleada de regimentación, control y miedo introyectado, que irá “autorizando” medidas de intromisión en nuestras vidas, cada vez mayores.
Un mero ejemplo; nos venden las ventajas, alcances y comodidades del 5G, y la capacidad que otorga a los centros de conocimiento sobre cada vez más rasgos de nuestras vidas. Pero los que impulsan la implantación del 5G no atienden a lo que significa para nuestro hábitat, es decir para todo el planeta, semejante despliegue y recarga de ondas electromagnéticas.
Sería tonto que estemos dentro de unos 15 años doliéndonos del daño producido y por entonces irreversible. Como se ha probado que existe ya con los plásticos en el mar océano de nuestro planeta, de nuestra única nave espacial.
Notas:
(1) Hoenir Sarthou: “La información sobre muertes “por” o “con” coronavirus, incluso en Italia, España y EE.UU., así como los pronósticos sobre letalidad, velocidad de contagio, efectos físicos de la enfermedad y tratamiento, parecen haber sido erróneos o deliberadamente exagerados”, “Coronagates: La revolución del sentido común”, Voces, Mtdeo., 6/5/2020.
(2) Estudio del comportamiento de la obediencia, 1964: en el Occidente moderno y civilizado, solo una escuálida minoría resiste por sí misma a producir daño en nombre de la ciencia.
Luis E. Sabini Fernández
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