1) Nuevos procesamientos de dos excomandantes de la Armada
2) Piden procesar a médico militar por torturas a periodista
3) Cementera de Godín y Lugano criticada por gremio de ANCAP
4) La difícil convivencia entre abejas, miel y glifosato5) Para el diputado Gerardo Núñez es un “profundo error” haber firmado el TLC con Chile sin haberlo discutido
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2104 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 11 de Noviembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Nuevos procesamientos de dos excomandantes de la Armada
Esta vez fue por canjear vales de nafta por cheques
(El Observador)
En una semana, dos excomandantes de la Armada, Juan Fernández Maggio y Óscar Debali, fueron procesados dos veces sin prisión por abuso de funciones. En un fallo de la semana pasada, la jueza Beatriz Larrieu los procesó por compras irregulares para la Armada y esta semana por canjear vales de nafta por cheques. "De la documentación obrante en autos no surgen respaldos que permitan determinar cuál fue el destino dado al dinero", expresa el informe pericial de la contadora Élida Pardo, citado por la jueza en el último auto de procesamiento al que accedió El Observador.
Ambas investigaciones se iniciaron en los años 2009 y 2010, respectivamente. "La Armada Nacional recibía una partida mensual de vales de ANCAP, cuyo destino era la carga de combustible para la flota de vehículos de la fuerza", expresa la jueza. Se estima que los vales equivalían a $ 250.000 mensuales. "Sin embargo, solo una parte de dichos vales era destinada a la carga efectiva de combustible, mientras que el 60% aproximadamente se canjeaba por dinero" en una estación de servicio propiedad de un oficial retirado de la Armada. En esa estación, los funcionarios de la Armada entregaban los vales y recibían cheques que cobraban luego en un banco.
"El vale es un cheque al portador, se ha utilizado en la Armada para atender mantenimiento de vehículos, como comprar una batería, cosas que se necesitan urgente", declaró Fernández Maggio, quien fue comandante en jefe de la Armada entre febrero de 2006 y febrero de 2010. Algo similar declaró su sucesor, Debali, que estuvo al frente de la Armada hasta agosto de 2010. El fiscal también pidió el procesamiento de dos ayudantes de los excomandantes, pero la jueza no hizo lugar por considerar que cumplieron "la obediencia al superior". Uno de los ayudantes declaró que también se destinó dinero para "la casa de veraneo que se le asigna al comandante en jefe".
Condena por fraude
Las defensa de Juan Fernández Maggio alegó que los hechos que se le reprochan ya fueron enjuiciados en otra causa, por la que fue procesado con prisión por fraude en agosto de 2010. Fernández Maggio recuperó la libertad "por gracia" de la Suprema Corte de Justicia, en virtud del excesivo plazo de privación de libertad sin condena, en octubre de 2013. Sin embargo, la jueza Beatriz Larrieu considera que los hechos por los que se lo condenó el año pasado son diferentes a estos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE NOVIEMBREDE 2016
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2) Piden procesar a médico militar por torturas a periodista
(La República)
La Fiscal letrado en lo Penal de 5º Turno Ana María Tellechea pidió el procesamiento del coronel ( r ) Jorge Silveira y del médico con grado militar Martín Gutiérrez por la comisión de “reiterados delitos de tortura” en perjuicio del periodista Rodolfo Porley durante la dictadura.
Asimismo, dispuso el cierre de fronteras para ambos y solicitó se citen a declarar en calidad de indagados al Sargento Ibáñez, al Teniente Coronel Washington Scala y al Capitán Nelson Coitinho, todos en situación de retiro. Sobre el coronel Silveira, actualmente recluído en Domingo Arena, pesa una condena por otros delitos de violación a los derechos huamanos.
El dictamen de la fiscal pasó a consideración de la jueza penal Adriana de los Santos. Porley denunció las torturas recibidas en los distintos centros de reclusión donde estuvo detenido entre los años 1973 y 1979. Así, según el escrito, el periodista señala que estuvo 8 días detenido en el Cilindro Municipal, en 1973, luego en 1974 estuvo 79 días recluido en la DNI, en 1975/1977 en el centro clandestino de detención de la OCOA, luego en el Grupo de Artillería Nº 1 (conocido como La Paloma o Cerro), para luego ser recluido durante un año y cinco meses en el Penal de Libertad, y, posteriormente fue trasladado al Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4 donde lo sometieron a trabajos forzados.
De acuerdo con la fiscal, el denunciante “declaró en autos y presentó abundante prueba sobre su pasaje por los mencionados lugares de reclusión, manifestando haber recibido en todos ellos apremios físicos inhumanos, los cuales concluyeron tras ser expulsado del país”. De las declaraciones de los testigos propuestos, agrega la doctora Tellechea, “surgen como responsables de los hechos denunciados señala en primer lugar al Médico Militar, Tte. Coronel Dr. Martín Gutiérrez” y otro grupo de testigos que estuvieron recluídos conjuntamente con el denunciante señalan a otros militares entre los cuales identifican al coronel Jorge Silveira.
En total, fueron 13 los testigos presentados por el denunciante. Al ser interrogado por la justicia sobre su participación en interrogatorios, el coronel Silveira lo negó totalmente. “No, a mí no me dieron nunca curso de interrogación, yo era bueno para hacer operativos y conformé un grupo especial para hacer detención de personas con el mínimo de heridos…” agregando que “todos los testigos están mintiendo y lo hacen por dinero…”, según consta en el dictamen fiscal.
En tanto, el doctor Gutiérrez, señaló la fiscal, “no ha declarado en el Juzgado por que tras ser citado a hacerlo presentó un recurso solicitando que se declarara la prescripción de la causa, a lo que no se le hizo lugar por parte de la Sede competente ni tampoco por el Tribunal de Apelaciones” y finalmente, la Suprema Corte de Justicia reconoce su calidad de indagado, pero tampoco hace lugar a su petición.
Tras la investigación de los hechos, la fiscal entiende que “surgen elementos de convicción suficientes” para inferir que el coronel Silveira y el doctor Gutiérrez “han incurrido en el delito de torturas tipificado en el Art. 22 de la Ley18.026″, promulgada en 2006. La fiscal justifica la aplicación de esta norma, aprobada con posterioridad a los hechos, en el entendido de que” nuestro derecho tiene incorporado el derecho internacional al derecho interno desde que se reconoció al Tribunal Militar Internacional, en el año 1948, creado para para juzgar los crímenes cometidos durante el nazismo en Europa”.
“De manera que no se trata de una construcción jurídica novedosa sino que , hechos delictivos como los acaecidos durante la dictadura militar no habían sucedido en la historia de nuestro país”. Agrega que nuestro Estado “ha ratificado válidamente el sometimiento voluntario a las decisiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por Ley 15.737, dictada por un Parlamento que actuaba democráticamente apegado a las normas jurídicas vigentes” y ha aceptado también “el sometimiento a los fallos dictados en el marco de la interpretación o aplicación de los Arts. 45, párr… 3 y 62, párr. 2 de la Convención, así como también, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido”. Por tanto, afirma la fiscal, “este reconocimiento nos ubica en forma obligatoria a asumir la competencia de la CIDH para todos los casos de interpretación o aplicación de la Convención por tiempo indefinido…” y “asumir que es el marco legal aplicable a un caso como el de autos, referido a los derechos humanos y su compatibilidad con el derecho interno por encima de lo que establezca cualquier otra norma que contravenga un tratado sobre derechos humanos”.
De ahí que se desprende, según la fiscal Tellechea, que “resulta aplicable el Art. 22 de la ley 18.026, aún para los casos sucedidos con anterioridad a su sanción, por el delito estaba comprendido dentro de los comprendidos dentro de nuestro ordenamiento jurídica porque, de lo contrario, no tendría sentido el sometimiento a la Convención, lo que carecería de lógica total”.
“Imprescriptible”
En su fundamentación del pedido de enjuiciamiento, la fiscal acota que “existe una razón de mayor trascendencia” que es que al considerarse delitos de lesa humanidad y que por su naturaleza tienen la característica de “no estar sujetos a prescripción”.
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3) Cementera de Godín y Lugano criticada por gremio de ANCAP
(El Observador)
Negocio. Sindicato argumenta que importación de Turquía daña industria nacional
El gremio de trabajadores de ANCAP cuestiona la importación de cemento por debajo de los costos de producción que está realizando la empresa Cimsa (Cementos Charrúa), que es propiedad del actual capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, y su excompañero de zaga, Diego Lugano, por el impacto negativo que ello ocasiona sobre la industria nacional.
Ambos futbolistas desembarcaron junto a un grupo inversor en 2015 en el negocio industrial del cemento con la compra de la firma Cimsa, que cuenta con una planta elaboradora de clinker, –principal componente del cemento– en Treinta y Tres.
Según informó a El Observador el dirigente de la Federación ANCAP (Fancap) e integrante de la comisión Pórtland del gremio, Artigas González, el cemento que comercializa Cementos Charrúa viene importado y envasado desde Turquía y luego es reenvasado en el país con el sello de la marca uruguaya para su comercialización. “Viene en forma de dumping (por debajo de su costo de producción) y a un precio que es una competencia desleal”, cuestionó el dirigente.
La Fancap hizo un planteo formal ante las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería para que se revea el arancel que hoy está vigente para la importación de cemento porque es “muy bajo” y está prácticamente a la par del que está vigente para los países del Mercosur. González explicó que “no hay forma” de que el cemento que llega desde Turquía a Uruguay sea rentable para la empresa que lo adquiere porque solo con “consultar con un broker” los costos de transporte marítimo y la cotización de ese material de construcción “se pierde plata”.
El sindicalista dijo que esta conducta de Cementos Charrúa no solo afecta a la producción de Pórltand de ANCAP sino también de su competidor privado Cementos Artigas. El sindicato del ente petrolero está en conocimiento de que la compañía donde invirtieron Godín y Lugano tiene avanzada el montaje de su propia planta industrial en Treinta y Tres. “Ese emprendimiento no lo cuestionamos porque si logran producir más barato habrá mayor competencia con el Estado”, precisó. La planta de Cimsa está ubicada en las cercanías del arroyo El Convoy, en el camino a la Quebrada de los Cuervos. Estaba diseñada originalmente para una producción anual de unas 500 mil toneladas de clinker –principal componente del cemento–, pudiendo ser ampliada a unas 850 mil toneladas.
Definición local
La Fancap está aguardando que la nueva gestión de ANCAP tome una determinación sobre el futuro del negocio Pórtland. La subsidiaria que se encarga de ese negocio, Cementos del Plata, perdió US$ 27 millones el año pasado. El Directorio actual del ente petrolero ya tomó algunas definiciones como la remoción del anterior gerente de esa unidad, que ahora ocupa el exdirector del ente, Fernando Acuña. González indicó que la producción de cemento se está reactivando “lentamente” pero todavía hay que tomar definiciones sobre las inversiones que estaban proyectadas para poder bajar costos. En la planta de Paysandú hay un horno nuevo que está listo para instalarse pero demanda una inversión de US$ 128 millones. “Hoy reconocemos que el Estado no tiene ese monto”, admitió el dirigente de la Fancap.
Está previsto que la nueva gerencia de la división Pórtland tenga listo un nuevo esquema de funcionamiento para esta unidad de negocio para antes de fin de año. “Tenemos expectativas y se abre una carta de crédito, pero también hay incertidumbre por los anuncios de cierres (de subsidiarias de ANCAP)”, reconoció.
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4) La difícil convivencia entre abejas, miel y glifosato
(180.com)
Europa era el principal cliente de la miel uruguaya. Sin embargo, la presencia de glifosato dejó a Uruguay sin ese mercado y el único que le queda es Estados Unidos que paga 30 o 40% menos.
En setiembre un embarque de miel uruguaya fue trancado en Alemania porque superaba las 50 partes de glifosato por millón. Un límite muy bajo pero que es la exigencia que está imponiendo Europa, hasta ahora principal mercado para Uruguay que hoy no puede ingresar a Alemnania ni a España.
Marcos Uriarte, de la Asociación de Exportadores de Miel, explicó a No toquen nada que esto se da porque ahora se hacen controles que no se hacían. “En base a la movilización de los Verdes empezaron a hacerlo”, señaló. El mercado grande que quedó es Estados Unidos que “es el rey del glifosato”, definió. Entonces “paga 30 a 40% menos que Europa”.
“Estamos en una incertidumbre total. La alternativa en Europa es que ellos mezclen la nuestra con una que no tenga glifosato para poder exportar”, explicó Uriarte. El poblema surge porque los apiarios quedan en medios de predios productivos de otros cultivos como la soja que usan herbicidas, entre ellos el glifosato. Entonces, se contaminan las abejas al realizar la polinización.
Nestor Causa, vocal de la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU), afirmó que “desde el Ministerio de Ganadería no se le atribuye a la apicultura la importancia que tiene, en el sentido del beneficio de la polinización”. Esa polinización es importante para la reproducción de los cultivos y la biodiversidad de los campos. A los 40 millones de dólares que Uruguay exporta en miel cada año se debe sumar tres o cuatro veces más por el beneficio que genera la polinización en otros cultivos, explicó. Sin embargo esto no se tiene en cuenta, agregó.
“En Facultad de Agronomía no se los capacita en este aspecto”, afirmó. A esto se suma que abejas y otros insectos están desapareciendo y habría que trabajar en su conservación, incluso para desarrollar otras producciones, no solo la de miel. “Los polinizadores que tenemos en el ambiente están desapareciendo de manera muy acelerada por la aplicación de los agroquímicos”, afirmó.
José Luis Maya, también vocal de la SAU, dijo que la exigencia de libre de glifosato que hoy se tiene con la miel luego puede trasladarse a otros productos mucho más significativos para Uruguay. “Si tenemos problemas con la miel después va a pasar con la carne y la leche”, alertó. “Europa ahora quiere volver a tener su población más sana”.
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5) Para el diputado Gerardo Núñez es un “profundo error” haber firmado el TLC con Chile sin haberlo discutido
MA (La Diaria)
Uruguay firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile en octubre de este año. Tal como informó la diaria en su momento, los cambios más novedosos se dan en términos de propiedad intelectual, tema en el que Chile propuso utilizar el modelo del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, por su sigla en inglés), ya que en materia de intercambio comercial no hay grandes novedades con respecto a los acuerdos ya firmados entre ambos países.
En la tarde de ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, y organizado por el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (Inesur) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), se realizó un panel de debate sobre este tratado. La mayoría de los panelistas coincidieron en que esta firma puede significar una “puerta de entrada” al TPP, situación ante la que se mostraron preocupados. “Aparentemente, hoy si no hay un TLC mediante, el comercio en el mundo no puede existir”, dijo Fernando Ferreira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Agregó que estos tratados “son antidemocráticos, porque no tienen la participación de la gente y los legisladores no pueden modificarlos”. Y expresó: “Todo lo que venga ya está discutido, y uno ahí ya no entiende muy bien cómo es que funciona esto de la democracia participativa”.
Implicancias
El diputado frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista) dijo que es un “profundo error” haber firmado sin haber “discutido en profundidad en la fuerza política”. Para Núñez, Uruguay “no tiene una estrategia clara de inserción internacional”. Dijo que cada vez que se plantea una crítica a los TLC se dice que “no quieren abrirse al mundo”, cuando en realidad “el problema es que no podemos insertarnos bajo cualquier condición, porque eso implica, como lo hacen estos tratados, boicotear los procesos de construcción de soberanía de los países, sobre todo de aquellos países que estamos en vías de desarrollo”.
El economista Antonio Elías, director de Inesur, se mostró de acuerdo pero planteó matices: “No somos países en vías de desarrollo ni emergentes; somos países periféricos, marginales, productores de materias primas, lo que nos convierte en la contracara del desarrollo de los demás”. Continuó diciendo que es “muy necesario enfrentar el TLC con Chile”, teniendo en cuenta que “desde un punto de vista no es relevante, ya que tenemos cuatro tratados vinculados a la inversión y el comercio con Chile”, pero “nos dobla la mano en el sentido de que incorporamos y generamos el terrible precedente de que tenemos tratados de nueva generación, algo muy grave”.
El fiscal Enrique Viana, otro de los panelistas, cree que firmar este tipo de acuerdos supone “engancharse casi irremediablemente con la firma de los siguientes”. Dijo que Uruguay tiene firmados más de 30 tratados bilaterales de inversión, por lo que analizar el TLC con Chile aislado de los otros es “ver el árbol y no el bosque”. “Yo estoy a favor del libre comercio, pero no del libre comercio selectivo, que protege a determinados sujetos y perjudica a otros, como en este caso”, agregó.
Patentados
La cuestión de las patentes fue una de las mayores preocupaciones que compartieron los participantes. El TLC con Chile establece que los países firmantes “deberán hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir” al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCMP), que facilita el patentamiento.
Patricia Díaz, abogada, docente universitaria y representante de Creative Commons, dijo que adherir a este tratado “va a aumentar exponencialmente la cantidad de patentes extranjeras”, que van a venir a “limitar nuestra posibilidad de generar nuestras invenciones”. Agregó que “es un sector ínfimo de la sociedad uruguaya el que se vería beneficiado, y no se puede comparar con las pérdidas que podríamos llegar a tener”. Para Núñez, “la forma en que está planteada la propiedad intelectual y las patentes es una forma de mantener la desigualdad entre los países pobres y ricos, y, por ende, una forma de mantener la dependencia de nuestro país”.
Sostuvo que uno de los “objetivos centrales de las potencias” es “la regulación de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes multinacionales y en detrimento de las mayorías sociales”, y que lo que estas buscan es “utilizar el conocimiento para reproducir de forma más acelerada los niveles de ganancia”. Dijo también que la firma de este tratado es la “antesala” para la firma de otros, y que es necesario “exigir un estudio de impacto que establezca de manera clara cómo impactaría esto en Uruguay”.
Elías cree que es necesario pensar en este tipo de tratados en el marco del contexto regional y del Mercosur, al que dijo que entiende como “uno de los peores”, tras citar a Michel Temer, Mauricio Macri y Horacio Cartes. Considera que “Uruguay está en un punto muy grave de su inserción internacional” y que “todo esto venía armado desde la discusión del TISA, ya que el equipo de la cancillería y el equipo económico tienen una muy buena relación con Chile, país que es para ellos un ejemplo”. “Para nosotros Chile no puede ser un ejemplo”, señaló Núñez.
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