1) Uruguay: Cría cuervos… Jorge Zabalza
2) Argentina: Glenn Postolski, “Hay que pensar una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”
3) Argentina: Nuevo crimen de odio contra una persona en situación de calle /Gigi Krein
4) Argentina y Uruguay: Crímenes de odio en las dos orillas; un flagelo silenciado /Ramiro Giganti
5) Pueblos indígenas latinoamericanos /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. “Sancocho Encuentro Editorial”
II. Mariana Lucía acompañada por Martín Buscaglia en vivo en MUTE
III. Concurso Nacional “Contando Derechos”
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: CRÍA CUERVOS…
Jorge Zabalza / semanario Voces, 13.08.2020
Guido Manini Ríos se afilia a la versión más retrógrada de la historia reciente: el golpe de 1973 fue a pedido del parlamento y consentido por la mayoría electoral, la que había votado a Bordaberry (apadrinado por Pacheco Areco) y al general Aguerrondo, cuya logia “tenientes de Artigas” ya había copado el mando superior del ejército. Manini Ríos estima que dicha mayoría se mantuvo con el correr de los años, indiferente a la barbarie del terrorismo de Estado y que, en noviembre de 1980, se expresó en el plebiscito: más del 40% del electorado apoyó la propuesta de la dictadura cívico-militar. Tampoco disminuyó, piensa él, con la restauración de la república liberal: en el plebiscito de 1989 se respaldó por mayoría la impunidad de los criminales uniformados. Por supuesto, ese no es el análisis visto desde la izquierda, pero, es el relato donde se afirma la acción política de Manini Ríos.
Antes de librarse de los límites propios del cargo de comandante del ejército, ya venía creando hechos que, indirectamente, lo iban aproximando al poder político. Su propósito parece ser desarticular el modo pacífico de dominación, para reemplazarlo con una pirámide de ordeno y mando a lo Pacheco Areco o a lo Mourao-Bolsonaro en Brasil, pero, aunque no lo desee, la actual correlación de fuerzas le impone transitar el laberinto electoral y parlamentario. Su problema es cómo avanzar por esos recovecos hacia un régimen autoritario, cómo respetar las reglas del juego liberal mientras va acumulando y centralizando su base electoral entorno a Cabildo Abierto.
Manini Ríos calcula que, dispersa y atomizada, sobrevive la opinión pública favorable a la dictadura, una masa siempre predispuesta a alinearse tras un caudillo militar. Simplemente busca marcar las líneas de acción política para aglutinar lo disperso. No le interesa que se despida al fiscal de corte ni que se derogue la ley de interpretación obligatoria, solo se propone enarbolar banderas ideológicas para despejar confusiones y ganar la confianza del electorado más conservador.
Nacionalismo de cuartel.
Año 1998. El 16 de octubre fue arrestado Augusto Pinochet por la policía de Londres. Acusado por genocidio, torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas, estaba requerido por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Los testimonios de sus crímenes no sólo vinieron de Chile, sino también de España, Suiza y Francia. Dos semanas después Pinochet fue internado en un hospital siquiátrico de lujo. Allí disfrutó de la vida mientras esperaba que se dilucidara su caso y le permitieran regresar a Chile. La única forma de condenar judicialmente sus crímenes era en el plano internacional, lo otro era la impunidad, porque, ¿qué juez chileno se atrevería a meterlo preso? Sorpresivamente Eleuterio Fernández Huidobro dirigió sus dardos contra el juez Garzón. Según el dirigente histórico del MLN-T, la iniciativa del magistrado español entrañaba una intromisión en los asuntos internos y amenazaba la soberanía y la independencia de las patrias latinoamericanas.
Año 2006. En el mes de abril, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella fueron extraditados a Chile, acusados por asociación ilícita y el secuestro de Eugenio Berríos. En defensa de los tres oficiales, Eleuterio Fernández arremetió agresivamente contra el poder judicial uruguayo, lo acusó de cortar el hilo por lo más delgado, sostuvo que los tres oficiales eran “presos políticos”. Para él, se trataba del acto inaugural de una nueva etapa para el Uruguay, pautada por la pérdida de la soberanía nacional, “una especie de Plan Cóndor al revés”, decía Fernández, embanderado con un “nacionalismo” ramplón y de baja estofa, a lo “carapintada” en una palabra.
Fernández replicaba sus antiguos devaneos con el “peruanismo” de los torturadores y asesinos del Batallón Florida, un verso que utilizaron para debilitar las defensas de los interrogados: “si ambos somos enemigos de la oligarquía y del capital extranjero… ¿para qué luchar entre nosotros? ¡Dale, no resistas!”. El artilugio atrapó a un Fernández Huidobro propenso a aceptarlo desde hacía tiempo. Fueron las mismas redes que tendieron los comunicados 4 y 7 y que, en febrero de 1973, enredaron al movimiento sindical y el Partido Comunista.
Apenas fallecido Raúl Sendic y derrotado el Voto Verde en 1989, Fernández Huidobro se sintió libre para reemprender, con renovadas energías, sus relaciones carnales con los militares de la logia “tenientes de Artigas”. Hizo sonar nuevamente las campanas del “nacionalismo” de baja estofa e inició el largo recorrido de infidelidades que lo condujeron al ministerio de defensa. Lo designó el presidente Mujica, uno de sus discípulos favoritos. Entre ambos, el 2 de febrero designaron a Guido Manini como comandante en jefe del ejército. Fue el regalo que dejaron a Tabaré Vázquez que, al mes siguiente, cuando asumió la presidencia, mantuvo a Huidobro y Manini en la cumbre verde. Los hechos posteriores al fallecimiento del ministro dejaron en evidencia los vínculos entre sus ideas y las que expone el comandante hoy transformado en líder partidario.
Olvido y perdón
En diciembre del 2003, durante el Congreso “Héctor Rodríguez”, el compañero Hugo Cores propuso que el Frente Amplio impulsara la anulación de las leyes que se contraponían con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Adecuar la legislación uruguaya a la internacional suponía, de hecho, anular la ley de caducidad. En la comisión del congreso donde se discutió la propuesta, se opusieron el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay. En el plenario final, Hugo Cores y Eleuterio Fernández argumentaron a favor y en contra del proyecto.
Fernández sostuvo que el Frente debía respetar la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito de 1989 y dejar congelada la impunidad, como si el resultado del plebiscito fuera eternamente válido. En realidad, era un argumento falaz: la opinión de los electores es cambiante y se deben respetar esos cambios, por eso hay elecciones cada cinco años y los partidos se alternan en el gobierno. Además, sostenía Fernández, la propuesta de Cores comprometía el triunfo del Frente Amplio y, decía él, se podía renunciar a todo menos a obtener a la victoria electoral. Fernández estaba mostrando su hilacha, pero no sólo él, sino también los 746 congresales que acompañaron sus fundamentos, una mayoría que lo acompañó camino al olvido y perdón. Por el contrario, 569 delegados levantaron su mano para continuar la lucha para anular la ley de caducidad. La línea quedó que bien dibujada: Verdad y Justicia, pero, no tanta, sin extralimitarse. Aun así, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se realizaron las primeras excavaciones y, antes de finalizar ese año, ya se habían descubierto los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda. Lástima que el impulso inicial se detuvo. En el 2009, junto a las elecciones presidenciales se plebiscitó nuevamente la anulación de la ley de caducidad. Recién al finalizar la campaña, a regañadientes, el candidato progresista José Mujica adhirió a la lucha por Verdad y Justicia. Tal vez sus reticencias determinaron que no todos los votantes del Frente Amplio apoyaran la papeleta rosada. Tal vez esa fue la razón de que no se alcanzara el 50% necesario, pese a que el Frente Amplio ganó con más de la mitad de los votos emitidos. El sector acaudillado por Fernández Huidobro directamente no ensobró la papeleta que anulaba la ley de impunidad.
Las ambigüedades continuaron luego de saboteado el voto rosado. Una notable lentitud del Estado para resolver los crímenes de lesa humanidad. En el “caso Gelman”, año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por el incumplimiento en “adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El país debía garantizar que la ley de caducidad no volviera a ser un obstáculo para la investigación de las desapariciones forzadas y el procesamiento y condena de los culpables.
Tal vez con cola de paja y en respuesta a la condena internacional (¡vergüenza!), el gobierno de Mujica impulsó la ley que restableció “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometido en aplicación del terrorismo de Estado”. Sin embargo, otros apóstatas la rechazaron acaloradamente. Argumentaban nuevamente que el resultado del plebiscito de 1989, reafirmado en 2009, desvirtuaba para siempre cualquier tentativa de juzgar y castigar a los criminales. En primera instancia el diputado Víctor Semproni, ex tupamaro de sinuosa trayectoria, impidió que se aprobara la ley al retirarse de sala y dejar sin mayoría al Frente Amplio. Luego, Fernández Huidobro, ya senador, al quedar en minoría y por disciplina partidaria, renunció a su banca.
Pocas semanas más tarde, sabiendo de su defensa de la impunidad y de sus afinidades con sectores de los mandos militares, el presidente Mujica lo nombró ministro de defensa. Mujica apostaba a Fernández porque entendía la cabeza de los militares, entendimiento que lo llevó a pelearse con los frenteamplistas y los que luchaban por Verdad y Justicia, mientras fortalecía su excelente relación con los militares. (1)
…que te arrancarán los ojos
Manini Ríos, comandante en jefe, prácticamente no salía en los medios de comunicación hasta la muerte del ministro de defensa. No le era necesario hacerlo: Fernández lo interpretaba al dedillo. Una vez desaparecido el ministro, el comandante Manini debió llenar el vacío e interpretarse a sí mismo. Comenzó su carrera pública.
Cabildo Abierto y Guido Manini Ríos surcan el mar de ambigüedades y desigualdades que caracterizan la república liberal. Aprovechan, además, la pérdida de perspectiva transformadora del progresismo, la que conduce al desánimo y la disidencia. La institucionalización del Frente Amplio, su incorporación al capitalismo financiero transnacional, lo llevaron a abandonar la tarea de educar conciencias, de profundizar la comprensión y la organización política de los más desprotegidos. Es en esos espacios vacíos que crece el huevo de la serpiente. Criaron el cuervo y hoy caminan ciegos. Sólo se lamentan. No saben cómo detener la clara ofensiva del monstruo que ayudaron a nacer. El golpe de Estado podrá o no sobrevenir, todo depende de la resistencia que encuentre, de que el movimiento popular uruguayo tome el ejemplo del pueblo chileno y luche para defenderse del autoritarismo que vendrá luego de la pandemia.
Nota:
(1) Emisora M24, 28 de marzo del 2019, vocera oficiosa del MPP.
Jorge Zabalza /Semanario Voces
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1973 – 14.08.2020
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2) ARGENTINA: GLENN POSTOLSKI, “HAY QUE PENSAR UNA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”
La Tribu FM /9 agosto, 2020
Glenn Postolski es investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. Actualmente, es Director General de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público. Consultado por la responsabilidad del periodismo frente al modo en que, sobre todo, en los medios hegemónicos le dan tratamiento y abordaje a problemáticas como la pandemia Postolski afirmó que el análisis tiene varios niveles pero que, desde hace muchos años, “la lógica que tuvo el funcionamiento mediático pasó de ese lugar del supuesto cuarto poder a configurarse en un poder antagónico en sí, a un actor político en sí. Y como el sistema tiene esa lógica, formas y prácticas en la actividad profesional derivan en lógicas que son un tanto complejas y difíciles incluso para lo que es el rol primario que uno esperaría del periodismo que es alimentar el debate democrático”. En este sentido añadió que, por ejemplo con relación a la pandemia, “no creo que ningún periodista, si lo ponemos en el marco de la pandemia actual, sea per se proclive a generar condiciones sociales que masifiquen el contagio. No creo que ninguno sea de por sí anticuarentena. No lo creo. Pero sí estoy seguro que muchos construyen su carrera profesional, su prestigio personal, en términos de ser muy duros y muy críticos frente a esas cosas.”
Recientemente, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, afirmó que “hay que educar a las audiencias para que no consuman discursos de odio”. Sobre esto, Postolski señaló que “me parece que lo que hay que hacer, y también lo dice Miriam muchas veces, que es el patrón con el que nosotros miramos el horizonte, frente ante nuestro propio contexto, frente a nuestra propia realidad, es construir con todos los agentes del sistema, inclusive con aquellos que forman parte de esos medios hegemónicos, una condición cultural que nos proteja y que nos cuide”.
Consultado por la necesidad de poner en debate público la necesidad de La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Director General de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, afirmó que “hay que pensar una nueva ley. Porque hoy un derecho humano y un bien público es internet, y en aquella ley todavía lo audiovisual estaba visto y concebido en los patrones clásicos de los medios de comunicación que eran los medios abiertos que llegaban por el vínculo físico del cable. Era sobre eso. Pero hoy sin dudas hay que poner en discusión el derecho humano que implica tener acceso a internet.”
La Tribu FM / Enviada por Henry Flores
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3) ARGENTINA: NUEVO CRIMEN DE ODIO CONTRA UNA PERSONA EN SITUACIÓN DE CALLE
A través de un comunicado urgente, la Asamblea Popular de Personas en situación de calle anunció el crimen de odio contra alguien sin techo, sin casa, que se exponía a todo tipo de peligros en medio de esta pandemia y crisis social. Sin embargo, el fascismo fue aún más letal que el coronavirus, el hambre y la desidia estatal.
Por Gigi Krein /ANRed /07.07.2020
El pasado sábado, alrededor de las 23.30 hs, una persona en situación de calle fue prendida fuego en Virrey Ceballos, entre San Juan y Cochabamba. Lamentablemente, estos crímenes de odio son ya conocidos y muchas veces logran pasar desapercibidos, alejados de las agendas de los grandes medios, confirmando la desprotección total de las personas que se encuentran en situación de calle. El año pasado, incluso, un grupo de personas prendió fuego a dos hombres en Mataderos (Alberdi y General Paz) y como si esto fuera poco se filmaron y lo subieron a redes sociales. Llamamos la atención sobre el crecimiento de este tipo de mensajes que sostiene una posición dominante, que representa un crimen de odio, no sólo dirigido a personas en situación de calle, sino ataques y crímenes transodiantes, y un creciente discurso xenófobo.
Contrario a esto, somos también cada vez más las organizaciones que ponemos el cuerpo a intentar resolver todo aquello que el estado no hace, todo esto potenciado por las carencias que evidencia la pandemia y la cuarentena obligatoria. Entendemos que, en primer lugar, muchas personas no cuentan con un techo, siendo esta terrible cifra de 7.251 personas, según el Segundo Censo Popular de Personas en situación de calle (2019). Desde entonces, la crisis económica y social ha ido en franco crecimiento, aumentaron los despidos y la crisis sanitaria fue un duro remate para las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Aquellos que cuentan con un techo, no siempre es lo que pudiese englobarse en el término “vivienda digna”. Se cuentan sólo en CABA, 136 hogares con déficit habitacional, un número irónicamente cercano a las 138.000 viviendas vacías que hay en la ciudad más rica del país. Cerca de medio millar de vecines viven en villas con enormes problemas de acceso a servicios básicos, llegando incluso a encontrarse sin agua en plena pandemia.
En general, se calcula un porcentaje de inqulinización cercano al 40% (tanto en ciudad formal como en barriadas), lo cual afecta directamente al derecho a una vivienda digna. Ya que el mercado formal pone tantos requisitos para poder acceder a un alquiler (paliados en parte por la nueva ley de alquileres, muches inquilines pasan a la precarización habitacional, es decir, no tienen más opción que acceder a piezas en hoteles o barriadas. Allí, la violencia y amenaza es ley, y medidas dictadas por el ejecutivo nacional como el DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos hasta el 30/09/20, se encuentran completamente veladas por la irregularidad y la poca voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar su cumplimiento. A su vez, como ya mencionamos en varias oportunidades, denunciamos el recorte de los programas de asistencia a familias en riesgo de situación de calle justamente en este contexto, como ser el otorgamiento de subsidios habitacionales, prácticamente cerrado. También creemos preocupante el visto bueno del GCBA frente a avanzadas de empresarios inmobiliarios como Leonardo Ratushny, a quien la “justicia” permite, en este contexto, avanzar con el desalojo de la Casa Santa Cruz, habitada por 105 familias.
Tal como menciona la Asamblea Popular de Personas en situación de calle en su comunicado: “Estamos consternadxs, llenxs de bronca y dolor. Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas. El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. El 7 de junio fue Leonardo Macrino, quien sufría un padecimiento mental y fue desalojado enfermo de un hotel del barrio de Monserrat, y amaneció muerto sobre la vereda en la esquina de Luis Sáenz Peña y Chile. A los pocos días fue a Sergio a quien sus compañeros de ranchada encontraron sin vida, tenía 63 años y dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, un señor de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en el Barrio de Parque Patricios; fue trasladado por una ambulancia del SAME que llamaron sus vecinxs y falleció a las pocas horas en el Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, quien había sido desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía, con lo que quedó en situación de calle y perdió su vida.”
Todas estas muertes, están llenas de desidia estatal con un claro signo clasista del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta y sus funcionarios. Responsabilizamos a María Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Habitat), Maximiliano Corach (Subsecretario de Fortalecimiento Familiar del Min. DHYH, a cargo de los subsidios habitacionales), Juan Maquieyra (Presidente del IVC) y al mismo Horacio Rodriguez Larreta de la falta de acceso a la vivienda y tierra dignas.
Es importante, más allá del dolor, continuar la lucha unitaria contra este modelo de ciudad y de humanidad, reforzar los lazos solidarios entre organizaciones y vecines que luchan día a día por el derecho a la vivienda digna. Queda más claro que nunca, que miles de vidas dependen de ello.
Gigi Krein /ANRed
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1973 – 14.08.2020
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4) ARGENTINA y URUGUAY: CRÍMENES DE ODIO EN LAS DOS ORILLAS: UN FLAGELO SILENCIADO
En la madrugada del pasado miércoles 15 de julio una persona en situación de calle fue incendiada en el barrio “Ciudad Vieja” Montevideo, Uruguay. Diez días antes un episodio similar ocurrió en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires. Mientras algunos pocos matutinos uruguayos informaban el triste episodio, en Argentina se difundían noticias sobre el “ejemplo uruguayo”, incluso con declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou diciendo que se niega a tener un “estado policíaco”. Las declaraciones del presidente a medios argentinos se dieron pocos días después de que la policía uruguaya detenga a otra persona en situación de calle y luego la deje en la calle muriendo a la intemperie durante una ola polar.
Por Ramiro Giganti /ANRed, 17.07.2020
“La grieta se agranda cada vez más” reflexiona Daniel Dorneles, locutor, durante su programa “Días de Radio” en FM Horizonte de Paysandú, ciudad de nuestro vecino país Uruguay. Daniel no estaba hablando de la “guerra de solicitadas” entre periodistas que sucede en Argentina, o las divisiones entre “kirchneristas y antikirchneristas”. Daniel habla de una grita más real y profunda: la grieta de las clases sociales.
Mientras se debate al aire sobre “libertad de prensa” muchas voces siguen calladas. Trabajadores precarizados, personas en situación de calle, o victimas de gatillo fácil. Quienes dicen ejercer la “libertad de prensa” nada parecen tener que ver con estos episodios. Mientras presentan dificultades para informar que el país “ejemplo” en libertad de expresión, Estados Unidos, experimenta movilizaciones masivas contra la represión policial y el racismo, los crímenes de odio se repiten en las orillas del Río de La Plata. El incendio a una persona en situación de calle tuvo mucha menos prensa que las agresiones a periodistas ocurridas tres días después.
De esta otra “grieta”, la de las clases sociales, la de quienes no tiene voz, o al menos algunos casos, se trata esto. Mientras el “ejemplo uruguayo” circula por medios argentinos, en algunos casos con la modalidad de “lobby” para criticar la cuarentena, este tipo de noticias que suceden en ambas orillas son ignoradas.
Dos semanas antes, mientras este medio se difundía sobre un crimen de odio similar, ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, en Uruguay, otra persona en situación de calle llamada Gustavo Castro, era abandonada por el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y moría de frío en la intemperie. Gustavo había querido ingresar en un refugio pero se le negó el ingreso por falta de cupo, incluso se llamó a la policía para expulsarlo cuando insistió queriendo ingresar. La policía lo detuvo y poco tiempo después, durante la noche, lo dejó en la calle durante una ola polar, condenando a Gustavo a morir en la intemperie. Por acción o por omisión, las muertes evitables se repiten.
Ante la imposibilidad de preguntarle a presidente Luis Lacalle Pou sobre estos episodios (oportunidad desperdiciada por otro periodista argentino) resulta pertinente difundir un cuento escrito por el colega uruguayo Daniel Dorneles, quien lo leyó en el cierre su editorial de radio en el día de ayer.
“Yo no pedí nacer pobre.
Se dio loco.
Mirá que a mí me hubiese gustado tener un padre como vos que te llevaba a todos lados.
Yo los domingos hace una troja de tiempo te veía pasar con él.
Iban a la cancha al mediodía.
Y mientras juntaba los cartones me decía.
“Pucha como me hubiese gustado tener un viejo así”.
El mio se borró, yo era chico ¿sabes?
Mi vieja se puso contenta cuando se fue.
Yo me acuerdo.
La mataba a palos ¿viste?
Y mis hermanos y yo éramos chicos.
Una vez le quise hacer frente casi me mato…
Yo te veía cuando ibas a la escuela también. Te llevaba tu vieja.
Puta madre, como te envidiaba.
Mi vieja también nos dejó a nosotros…
Un día nos dejó en la casa de una tía y no volvió más.
A veces la extraño ¿sabes?
No la juzgo. No tenía nada. Y nosotros siempre estábamos con hambre.
El hambre duele ¿sabes botija? Duele en serio.
Yo me fui por la mía a los 12.
A esa edad en los bondis me iba bien.
La gente me daba guita
Después se puso más dura.
No siempre tenía pa la pensión
Y así fui a parar a la yeca…
Una vez tu padre me dijo “por qué no vas a la empresa en la que trabajo”
Le dije “gracias don, voy a ir…”
Me dio vergüenza decirle que no tenía ropa para ir y que no podía ir caminando hasta allá porque hacía dos días que no comía.
Me dolió cuando me dio vuelta la cara y me dijo “vago de mierda”.
Yo lo aprecio a tu viejo se ve que es buena gente, un padrazo
Te dio todo, guacho, se ve de lejos
Yo sé que el alcohol me hace mal.
Pero vos no sabes, que vas a saber.
El frío y el hambre duelen de verdad.
Te duele el estómago y después de un rato deja de doler por un rato se va.
El frío es peor gurí. El frío no se va…
Y si llueve, ahí si se jodió.
El cartón se moja y el frío te empieza a comer como un bicho de los pies hacia arriba.
Despacio…Despacio…Doliendo…
Yo no pedí nacer pobre te juro.
Y te juro gurí que si sabía que te molestaba tanto verme en tu esquina durmiendo me iba para la otra. Pa no joderte.
Si te conozco de chiquito.
Por eso me dolió en el alma aquel día que con tus amigos cuando venias de bailar me agarraste a patadas en el suelo.
Me dolió el alma ese día gurí. Porque había aprendido a quererte de lejos.
Yo no pedí nacer pobre, te lo juro…»
(Cuento de Daniel Dorneles)
Ramiro Giganti /ANRed
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5) PUEBLOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS
“Invisibles”, agredidos, pero siempre resistentes
Festival de Cine de Locarno 2020, los reivindica con un premio
Sergio Ferrari, desde Suiza
Víctimas sin nombre. Sufrientes sin “ciudadanía”. Seres humanos que pagan con dolor propio y sin vergüenza ajena, el tributo a la historia que desde siglos los condena a la segregación. Aunque no puede silenciarlos completamente, gracias a su propia lucha. Y a festivales de cine, como el de Locarno, que en esta edición reducida del 2020 premió un film documental argentino en elaboración sobre la dignidad de los pueblos indígenas.
60 millones de personas, es decir un 10 % de la población total latinoamericana, conforman los pueblos originarios. Entre los más marginados a nivel económico-social y cultural del continente.
La segunda semana de agosto al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas enfatizaban en el impacto destructor de la actual pandemia en muchas comunidades autóctonas. Y que sus territorios albergan el 80 % de la biodiversidad planetaria.
El 9 de agosto, la ONU recordaba en que el 86% de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal. Además, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que sus homólogos no indígenas. Y que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17 % de sus homólogos no indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres.
Premio Locarno 2020
El Festival Internacional de Cine de Locarno -reducido y adaptado en 2020 debido a la pandemia- otorgó el viernes 14 de agosto uno de los dos principales premios de esta edición a un proyecto de film documental, “CHOCOBAR”, que “interroga sobre la colonización y la cultura indígena”. La película, que debió interrumpirse en su elaboración debido al COVID-19, es de la realizadora argentina Lucrecia Martel. Narra el asesinato en el 2009 del activista indígena Javier Chocobar y la expulsión de su comunidad de las tierras ancestrales en el país sudamericano.
Rol protagónico de los pueblos indígenas
Un Estudio publicado en junio pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), subraya que “los más de los 800 pueblos indígenas han de tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones”. Ese rol, enfatizan, no será solo para defender su derecho a la autodeterminación sino también para poder hacer una contribución destacada en los “procesos de reformulación de los modelos en desarrollo”.
De los dichos a los hechos, un mundo de distancia. La otra cara, es la verdad. Tanto la represión directa como su criminalización cuestan caro a sus líderes naturales. En los últimos cuatro años, entre 2015 y 2019, se contabiliza el asesinato de 232 defensores de los territorios indígenas. Es decir, un promedio de cuatro asesinatos mensuales. Con el agravante, que sin en 2015, la cifra era de dos por mes, en el 2018 y el primer semestre del 2019 la misma se triplicó, marcando una vertiginosa tendencia represiva. Las perspectivas futuras no presagian mejoría alguna.
Todo esto en el contexto de la dinámica conflictiva que viven numerosas comunidades indígenas, producto de pugnas por la tierra, por el territorio, de la persecución racial, o por estar en medio de conflictos armados (como sigue sucediendo en Colombia).
Más de mil conflictos indígenas
En el continente existen hoy 1223 conflictos territoriales que las involucran directamente, denuncia el estudio Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial.
(repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf)
La industria minera generó un 40 % de dichos conflictos territoriales, que han generado movilizaciones indígenas y la consiguiente respuesta represiva. También tienen impacto considerable la explotación petrolera y los monocultivos agrícolas y forestales.
A la represión se le suma la segregación económico-social de las poblaciones autóctonas. En materia de pobreza y empleo, en todos los países analizados “se confirma el patrón de mayor incidencia de la pobreza indígena respecto de los no indígenas”. Y los ejemplos abundan. “En Panamá la tasa de pobreza indígena es seis veces más alta que entre no indígenas, en el Brasil la pobreza entre los pueblos indígenas triplica la del resto de la población, en el Ecuador es 2,5 veces más elevada y en el Perú es 2 veces más alta. La población indígena residente en zonas rurales se ve más afectada por la pobreza que sus pares urbanos en todos los países, con cifras muy dispares entre un país y otro. En Brasil y Perú las probabilidades de que los indígenas rurales estén en situación de pobreza triplican las observadas entre los indígenas urbanos.
Estos índices de desigualdades interétnicas son aún más amplios si se considera a quienes viven en situación de extrema pobreza. En Panamá, por ejemplo, la probabilidad de que una persona indígena se encuentre en esta situación es diez veces más alta que la de una persona no indígena, y en el Brasil y el Ecuador es seis veces más elevada.
Colombia sufre, también sus indígenas
El Estudio indica que la situación es “particularmente crítica en Colombia, donde se conjugan factores de desprotección territorial con procesos aún incipientes de restitución de tierras tras las décadas de conflicto armado y la disputa del control territorial por grupos paramilitares y del narcotráfico”.
En el Informe 2019 la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, publicada a fines de febrero del 2020, denunciaba la difícil situación de los pueblos indígenas. Solo en el Cauca, indica, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi 52% en los homicidios de ese tipo con respecto al 2018. Entre enero y noviembre del 2019, la Oficina registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte caucano, incluyendo 13 autoridades indígenas.
(news.un.org/es/story/2020/02/1470201).
“Pareciera que no hay paz que valga ni emergencia sanitaria que detenga el derramamiento de sangre en Colombia”, subraya telefónicamente a este corresponsal, Irma Perilla, desde Bogotá. Perilla es la directora de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), con presencia en diversas regiones del país y cuya tarea consiste en apoyo a movimientos sociales y comunidades que bregan, desde décadas, por la construcción de la paz; el derecho a la tierra y el territorio; los derechos humanos y la protección de los defensores. (www.pas.org.co/).
Perilla no esconde su preocupación al informar que en lo que va del año su organismo contabiliza la muerte de 115 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. Los indígenas, con 36 víctimas, constituyen el primer grupo más golpeado, siendo el segundo el de los campesinos comunales, con 26. Las otras víctimas son defensores del medio ambiente, afrodescendientes, activistas en zonas mineras etc.
El 13 de agosto la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Cauca publicó un comunicado de denuncia “ante la emergencia humanitaria y los violentos ataques de la fuerza pública contra comunidades liberadoras de la madre tierra en el norte del Cauca”. Hacía referencia, en particular, a los hechos ocurridos ese mismo día en el municipio de Corinto. El ataque violento de la fuerza pública contra comunidades y el asesinato de los comuneros indígenas Joel Rivera del resguardo de Jámbalo y Abelardo Lis, comunicador de la emisora Nasa Estéreo.
“La pandemia de la violencia contra los pueblos indígenas, no da tregua”, titulaba un comunicado publicado a inicios de junio de este año por comunidades de los territorios ancestrales de Jambaló y Pioyá – Sa’t Tama Kiwe. Daba cuenta de varias acciones represivas en el Municipio de Caldono, en el Cauca. La toma de posición fue difundida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que junto con otras organizaciones pares informan regularmente sobe la dramática situación represiva ( www.cric-colombia.org/portal/).
El sitio Mongabay Latam, iniciativa que se define como de un “periodismo ambiental independiente”, puntualizaba en un amplio balance de las víctimas sociales durante la cuarentena hasta junio que Chocó y Cauca son dos de los departamentos más violentos para los indígenas y en general para todo tipo de liderazgo (es.mongabay.com/2020/04/indigenas-asesinatos-y-covid-19-en-cuarentena-colombia/).
“Mientras siga la indiferencia de la sociedad colombiana, la impunidad y la indolencia de un Estado, la defensa de los derechos humanos será una sentencia de muerte en mi país”, concluye Irma Perilla.
Sueños de futuro
El Estudio de la CEPAL y la FILAC subraya que uno de los retos esenciales del continente es construir “sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias». Con el supuesto clave que las mismas deben reconocer, y garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
Según esta lógica, la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible podría asegurar el futuro indígena. Siempre y cuando «si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas».
Dicha Agenda “constituye una oportunidad para la plena inclusión de los pueblos indígenas, que conlleva el desafío de comprender el paradigma del buen vivir, tanto para repensar el modelo de desarrollo vigente como también por sus implicaciones en la garantía de los derechos de estos pueblos”, insiste el Estudio.
Como reflexión final, las dos instituciones continentales, recuerdan los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la 1era Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se realizó en septiembre del 2014 en Nueva York. E instan a crear «condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente». Y hagan efectivo el compromiso «de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Epílogo, un “fracaso” anunciado
Las últimas frases -de las 266 páginas del Estudio-, se embeben, sin embargo, del sentido lapidario de la realidad latinoamericana actual.
Han pasado 30 años desde la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, (núm. 169), de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar de que los Estados del continente reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, “éste continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito”, señala.
El reto de la construcción de sociedades pluriculturales, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, sigue pendiente. Los dalit de América Latina, los intocables-invisibles del continente no esperan dádivas. Y por ello, el precio de su protesta es tan alto como cara es la factura de pobreza y marginación que la pasa el modelo hegemónico actual latinoamericano.
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1973 – 14.08.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. “SANCOCHO ENCUENTRO EDITORIAL”
Sábado 15 de agosto -14 a 19 horas
“Sancocho” está conformado por varios proyectos autogestionados vinculados a la literatura, el arte impreso y la música.
Colectivo de editoriales independientes con base en Uruguay, pero que le abre sus brazos a todos aquellos que alrededor del mundo estén dispuestos a trabajar sin cadenas y adorar a este santo de las letras. Nos gustaría aclarar que no somos una secta, solo hacemos libros y afines.
El sábado otro Sancochazo y en un Bar amigo, va a estar divino.
Estaremos compartiendo unas lecturas de nuestro nuevo libro, el 4° de la colección de poesía: “Turbulencias” de Analía Cola.
Te esperamos para compartirnos entre libros, música y alguna cosita rica de El Hormiguero Bar
www.facebook.com/Sancocho-Colectivo-Editorial-173591039956916/?epa=SEARCH_BOX
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II. MARIANA LUCÍA ACOMPAÑADA POR MARTÍN BUSCAGLIA EN VIVO EN MUTE
Domingo 16 de agosto
Mariana Lucia es cantante y compositora uruguaya/brasileña que hace parte de la escena musical montevideana siendo nominada a los premios Graffiti (2013) como Mejor álbum solista femenino de música popular y canción urbana.
Es reconocida en el medio como una de las cantautoras representantes del momento actual Montevideano, y por ello ha sido incluida en dos libros en 2013: “Ellas – músicas uruguayas” libro que entrevista a doce mujeres que irrumpieron y transformaron la historia del cancionero uruguayo y «Ey canción» libro de entrevistas y fotografías de la nueva generación de cantautores uruguayos.
Viene presentando su trabajo en diversos formatos participado en diversos proyectos musicales desde hace años con músicos reconocidos del medio local. Ha integrado la banda de Martín Buscaglia, grabando en todos sus discos, y también ha acompañado a Hugo Fattoruso, en “Rey Tambor” y en su último disco editado.
También integró el grupo vocal femenino “Lavanda”, “Coolpables” junto a Nicolás Mora y Gustavo Echenique, y “Caos Polonio” con Nicolás Ibarburu, Gustavo Montemurro y otros.
Como compositora, en 2010 presentó su primer disco: “Proyecto Ser/afín”, y en 2012 su segundo disco: “Flúo” con la participación especial de Popo Romano en bajo.
En 2013 edita el disco: «Fados propios», acompañada de Popo Romano, Ney Peraza y Matías Romero, y la participación especial de Malena Muyala, con un repertorio homenajeando a la lengua portuguesa de sus orígenes.
Mariana Lucía en vivo en MUTE lleva sus canciones a un formato híper íntimo y se presenta para este ciclo acompañada de Martín Buscaglia.
Entradas y transmisión en vivo a través de www.recitalesapp.com para Uruguay y todo el mundo.
Adquirís el acceso en: recitalesapp.com/event/16 y podés ver en familia o con amigos, todos juntos, en el dispositivo que elijas (Pc, Tv, tablet, o celular)
www.facebook.com/events/320160299358743/
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III. CONCURSO NACIONAL “CONTANDO DERECHOS”
Instituto Nacional de Derechos Humanos – Vence: 28 de agosto
La Institución Nacional De Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo convoca a un Concurso Abierto de Cuentos, bajo la denominación “Contando Derechos”.
El concurso está dirigido a personas que habiten en la República Oriental del Uruguay, con categorías para todas las edades.
La consigna del concurso propone la elaboración de un cuento cuya temática sean los derechos humanos, tomando como base los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales y nacionales de reconocimiento y protección de los Derechos Humanos.
Dentro del elenco de derechos, se reconoce, entre otros, el derecho a una vida digna; el derecho a la libertad, libertad de opinión, de expresión, de reunión y asociación pacíficas; derecho a la igualdad y no discriminación entre géneros y hacia minorías no hegemónicas; derecho a la diversidad cultural; derecho al acceso a la justicia, derecho a tener una nacionalidad y elegir donde residir , derecho a migrar, a recibir refugio en caso de persecución; derecho a formar una familia; derecho a la intimidad; derecho a un trabajo digno; derecho al descanso; derecho a la salud; alimentación; vivienda; educación; a participar y gozar de las artes y la cultura; derecho a la vida libre de violencia; derecho a la paz.
El plazo vence el 28 de agosto de 2020.
Bases e información: www.gub.uy/…/comunicacion/noticias/contando-derechos
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1973 – 14.08.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
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