COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2033 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes
14 de Agosto de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación:
Carlos Casares
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HOY:
1) Fripur: todo el pescado vendido
2) Caso Berríos: abogado de uruguayos condenados busca que cumplan su pena
en su país
3) Se suicida general (r) condenado por caso Berríos
4) La otra fuga de Punta Carretas
5) Podría abrirse una nueva causa para Amodio
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si
asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para
cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir
para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Fripur: todo el pescado vendido
(La Diaria)
La empresa Frigorífico Pesquero del Uruguay Sociedad Anónima (Fripur)
comunicó ayer oficialmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) “la inviabilidad de continuar operando”. Los socios
propietarios, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, y sus asesores
legales se reunieron con el titular del MTSS, Ernesto Murro, y le
anunciaron la decisión, según informó a la diaria el responsable de la
Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Juan Castillo.
El jerarca dijo que de inmediato se convocó con carácter de “urgente”
a un “ámbito tripartito” que se reunirá hoy a las 16.00 en la
Dinatra. “Que la empresa comunique a los trabajadores lo que sea
necesario y que éstos hagan su demandas”, dijo Castillo.
También ayer, “los mandos medios” de Fripur notificaron a los
trabajadores de la planta de fileteado que “se va a trabajar hasta el
miércoles, ya que ese día ya no habrá materia prima”, explicó el
delegado del comité de base de Fripur del Sindicato Único de Trabajadores
del Mar y Afines, José Umpiérrez.
El conglomerado industrial tiene 960 trabajadores en planilla, de los
cuales 80% son mujeres jefas de hogar, que ganan entre 15.000 y 17.000
pesos mensuales, según la antigüedad. Fripur opera en toda la cadena de
producción de la merluza y el cangrejo rojo, desde la captura en alta mar
hasta el envasado de productos congelados, pasando por todos los procesos
intermedios. Posee más de 20 barcos, una planta de procesamiento y una
fábrica de harina de pescado.
Alberto Fernández, el accionista menor de Fripur, fue noticia en 2009,
cuando le prestó su avión privado al entonces candidato a la presidencia
por el Frente Amplio, José Mujica, para que viajara a Brasil durante la
campaña electoral.
Pocos meses después se supo que la banda presidencial que Tabaré Vázquez
le pasó a Mujica el 1º de marzo de 2010, en la asunción presidencial, la
pagó Fernández. Cuando se conoció eso, el abogado Gustavo Salle
solicitó a la Justicia investigar la vinculación de Fernández con
Mujica; sin embargo, en 2011, la jueza especializada en crimen organizado
Graciela Gatti archivó el caso.
En mayo de 2013, durante la visita de Mujica a China, el entonces
presidente tenía en agenda conseguir un inversor para Fripur. Dos empresas
chinas se interesaron en ese momento por la pesquera.
Aguas profundas
Ayer, luego de reunirse con los empresarios, Murro recibió a una
delegación de los trabajadores. “Nos informó que los propietarios van a
presentar el cierre de la empresa y que se convocó a una tripartita para
oficializar la situación. Se labrará un acta y veremos qué posición
adopta el Poder Ejecutivo”, expresó Umpiérrez. Los trabajadores fueron
convocados a acompañar a la delegación que participará en la reunión
tripartita, por lo que se concentrarán hoy frente a la Dinatra.
Fripur se presentó a concurso hace un año porque no podía hacer frente a
las deudas que tiene con el Banco República (BROU), su principal acreedor,
otras entidades financieras y organismos públicos como el Banco de
Previsión Social y la UTE.
Según Umpiérrez, en el correr del año “no se pudo llegar a realizar
una reunión de acreedores, y la jueza que tomó el concurso decidió que
la empresa era viable e impuso un interventor para controlar el movimiento
financiero donde entendió que estaba la falla”. Uno de los
“detonantes” de la situación habría sido una intimación de la UTE -a
la que la empresa pesquera le debe medio millón de dólares- en la que
comunica a Fripur que, de no recibir el pago, dejará de suministrarle
energía el 20 de agosto. De ocurrir este extremo, la empresa no podría
mantener más productos congelados en las cámaras, que están embargadas
hasta por el propio Estado.
Con los trabajadores, Fripur mantiene una deuda de salarios vacacionales
desde hace dos años. Desde el sindicato se denuncia que los empresarios
solicitaron préstamos al BROU y otros bancos para remodelar la flota
pesquera y modernizar la infraestructura, pero ese dinero “nunca fue
invertido” en Fripur. De hecho, sólo cuatro de los 20 barcos están
funcionando. Los Fernández también tienen negocios ganaderos, forestales
e inversiones en parques eólicos.
En distintas reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, los empresarios
plantearon que necesitaban cinco millones de dólares para evitar el
cierre, pero que carecían de garantías para conseguir el dinero por el
embargo genérico que recae sobre la producción, planta, barcos, insumos,
etcétera. El pasivo de la empresa ascendería a 70 millones de dólares.
Los trabajadores están analizando diversas alternativas para conservar las
fuentes de trabajo. Para Umpiérrez, la posibilidad de convertirse en un
emprendimiento autogestionado es “difícil”, porque se trata de una
empresa “muy grande”. “Es un pulpo. Habría que conseguir un socio
que pueda invertir. Es la única empresa habilitada para la pesca de la
merluza y tiene el monopolio del cangrejo rojo. Para conseguir materia
prima no ha tenido problema. Las dificultades son otras”, manifestó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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2) Caso Berríos: abogado de uruguayos condenados busca que cumplan su pena
en su país
(EFE)
La Corte Suprema chilena dictó sentencia de entre 5 y 15 años de presidio
efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y
asociación ilícita en la muerte de Berríos, ex químico de la DINA.
Amadeo Ottati, abogado en Uruguay de los tres exmilitares de ese país
condenados hoy en Chile por la muerte del exquímico de la policía secreta
chilena Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995, dijo a Efe confiar
en que se aplique un tratado bilateral que permite que puedan cumplir
condena en su país.
«Vamos a tratar de movilizar los mecanismos necesarios para hacer lo único
que a esta altura se puede hacer, que es tratar de que en vez de quedar en
Chile a la espera de que se termine su condena estén acá cerca de su
familia», explicó el abogado. La Corte Suprema dictó ayer sentencia de
entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los
delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de
Berríos, exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Entre ellos, el uruguayo Tomás Casella Santos deberá cumplir 10 años de
cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita,
mientras que Eduardo Radaelli Copolla cumplirá diez años como autor de
secuestro y 800 días por asociación ilícita y Wellington Sarli Pose
cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación
ilícita.
Otteti aseveró que en base a un tratado vigente entre Uruguay y Chile, se
pueden intercambiar las personas que han sido detenidas en un país cuando
son juzgadas con una sentencia definitiva para que el cumplimiento de la
pena se pueda realizar en el país al que pertenecen los condenados.
«Tiene que haber primero la conformidad de los sentenciados, que obviamente
existe, y luego hay que hacer una tramitación por la cual el Estado
uruguayo pide que se les traiga o el Gobierno chileno que sean enviados al
Uruguay», añadió el abogado, para matizar que espera que esto sea
cuestión de días o de «quizá algún mes».
«Trataremos que sea el menor tiempo posible, pero son trámites
administrativos que hay que realizar entre los poderes ejecutivos de los
dos países», confesó. Sin embargo, el letrado afirmó que hasta ahora no
ha habido ningún caso entre los dos países en el que se haya reclamado a
un ciudadano para el cumplimiento de la condena.
«Seguramente trataremos de que sea Uruguay el que tome la conducción del
tema porque lógicamente entiendo que al Estado uruguayo le interesa que
los nacionales estén en su país y no en el extranjero», matizó. En las
todas las sentencias emitidas hoy se especifica que los condenados no
podrán disfrutar de beneficios.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el
juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y
su secretaria Ronnie Moffit en 1976. Se instaló en Montevideo con el
nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando
se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba
secuestrado.
Fue entregado a unos militares uruguayos y no se supo más de él, hasta
que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado
en una playa de Montevideo atado y con disparos en el cráneo. En 2006 la
Justicia de Uruguay concedió la extradición a Chile de los tres militares
uruguayos acusados en el caso para ser juzgados por asociación ilícita y
secuestro de Berrios.
Ottati fue su abogado hasta el momento de la extradición, con la que se
mostró en desacuerdo, al considerar que «había sobrados motivos» para
haberla negado. Por otra parte, recordó que en Uruguay «se había
archivado la causa al no encontrarse prueba de que hubieran cometido
ningún delito».
Respecto a la sentencia, el abogado aseveró que es «una aberración
jurídica» hablar de «delito de lesa humanidad», ya que consideró que
estos delitos «no estaban vigentes a la época de los hechos» y además
abarcan un «número indiscriminado de personas».
«Y acá en todo caso si se hubiera cometido un delito fue en perjuicio del
señor Berríos, que es una sola persona», espetó. El abogado lamentó que
hayan estado 20 años de su vida esperando que se dictara una sentencia que
desde su punto de vista «tampoco refleja la verdadera responsabilidad que
pudieron tener».
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3) Se suicida general (r) condenado por caso Berríos
(El Mostrador . EFE)
El general (r) del Ejército Hernán Ramírez Rurange, condenado esta
semana por crímenes durante la dictadura, se suicidó de un disparo en la
cabeza, informaron fuentes hospitalarias.
El oficial, de 76 años, murió a las 03.20 horas de hoy en el Hospital
Militar de Santiago, al que había sido trasladado en estado grave tras
dispararse en su domicilio, precisaron las fuentes. Según fuentes
policiales, Ramírez Rurange estaba junto a su esposa en su domicilio de
Santiago cuando, pasadas las 01.00 de la madrugada, salió del departamento
y se dirigió hasta la escalera del edificio, donde se disparó con un
revólver calibre 32.
Ramírez Rurange fue uno de los 14 militares, tres de ellos uruguayos,
condenados el pasado martes por la Corte Suprema por su responsabilidad en
el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, un químico y agente de la
policía secreta de la dictadura, ocurrido en los años 90.
El general Ramírez, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINE), fue sentenciado a diez años y un día de prisión como autor del
delito de secuestro y a otros diez años y un día por asociación
ilícita, en tanto fue absuelto del delito de obstrucción a la Justicia.
Eugenio Berríos, a quien se señala como fabricante de gas sarín, con el
que la dictadura de Pinochet asesinó a varias personas, huyó a Uruguay en
noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto por el
asesinato del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington en
1976. Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue
visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría para
denunciar que estaba secuestrado. Fue entregado a unos militares uruguayos
y no se supo más de él hasta que en abril de 1995 se descubrió su
cadáver, que había sido enterrado en una playa, atado y con disparos en
el cráneo.
Ramírez Rurange no es el primer militar chileno involucrado en crímenes
de la dictadura que atenta contra su vida. El 28 de septiembre de 2013 se
suicidó el general Odlanier Mena, exjefe de la Central Nacional de
Informaciones (CNI), de un disparo en la cabeza. Mena se mató cuando el
gobierno de Sebastián Piñera ordenó el traslado de un grupo de oficiales
condenados por violaciones a los derechos humanos desde la prisión militar
«Cordillera», hasta el penal de «Punta Peuco».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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4) La otra fuga de Punta Carretas
(La Diaria)
Amodio Pérez intentó eludir a los policías que lo esperaron en el
Sheraton.
La llegada del Grupo de Reserva Táctica de la Policía al hotel Sheraton
para detener el viernes a Héctor Amodio Pérez, por orden de la jueza
Paula Staricco, obligó a la editorial Ediciones de la Plaza y al diario El
País, encargados del operativo de retorno al país del “traidor”
tupamaro, a diseñar un plan alternativo al previsto. Esto implicó
suspender las entrevistas fijadas de antemano con varios medios, realizar
varias llamadas a abogados penalistas, reprogramar la estadía del ex
guerrillero en el Sheraton, agendar el posterior traslado a otro hotel
menos oneroso (que finalmente terminó siendo el London) y extender el
contrato con la empresa de seguridad. En estos días, según pudo saber la
diaria, Amodio Pérez y la editorial asociada al diario El País alcanzaron
un acuerdo: mientras dure el proceso judicial en Uruguay, los gastos
generados por el ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
serán deducidos de las regalías del libro Palabra de Amodio.
Fuentes del Ministerio del Interior y personal vinculado al hotel Sheraton
relataron a la diaria las horas que siguieron al encuentro entre Amodio
Pérez y los policías que lo esperaron en la puerta de su habitación, la
número 11 del piso 24. Además de aducir no ser quien verdaderamente es
(apelando a su otra identidad, Walter Salvador Correa Barbosa, producto de
un acuerdo con los militares), el ex integrante del MLN intentó evitar la
citación policial escapándose del hotel. Luego de echar mano a una
campera que se encontraba en su habitación, se refugió en uno de los
salones del Sheraton próximo a la planta baja. Antes, durante la
conferencia, advertido por la prensa sobre la eventualidad de comparecer
ante la Justicia, había dicho: “Como la jueza no me cite hoy por la
noche aquí, no me va a encontrar”. Pero Amodio no pudo escapar:
Inteligencia había dispuesto, en los días previos, un importante
operativo de seguridad en torno al hotel.
Esa misma noche, Ediciones de la Plaza contactó a varios abogados
reconocidos para que se encargaran, al día siguiente, de la defensa de
Amodio. Todos declinaron el convite. Entre ellos estaban, por ejemplo,
Jorge Barrera y Juan Fagúndez. La editorial finalmente pudo dar con el ex
edil colorado Andrés Ojeda poco antes de las 2.00 del sábado. Sus
honorarios correrán a cuenta de Ediciones de la Plaza. La editorial,
encargada de la publicación de Palabra de Amodio, también se ocupa de
financiar la seguridad personal del ex integrante del MLN, según
reconoció el propio diario El País en una columna publicada ayer. Según
pudo saber la diaria, el jefe de seguridad del “traidor” tupamaro es
Pablo Santos, gerente operativo de la empresa contratada por el diario y la
editorial. Santos fue jefe de la barrabrava de Nacional entre 1995 y 2003 e
integró la directiva del club entre 2009 y 2011. La empresa en la que
revista Santos trabaja para varias empresas locales (World Trade Center,
Portones Shopping y Nuevocentro) y estuvo a cargo del operativo de
seguridad del recital de Paul McCartney.
Teresa Lezama, que acompañaba a Julio Marenales cuando Amodio lo señaló
desde un jeep militar, sumó ayer su testimonio al de los cuatro ex
tupamaros que ya declararon entre el lunes y el martes. Mañana, Amodio
Pérez debe enfrentar un nuevo careo con tres de sus ex compañeros de
filas. Aún librándose de la causa de las 28 mujeres que denunciaron hace
cuatro años los abusos de la dictadura, al “traidor” tupamaro le
espera un largo periplo para hacerse de nueva documentación. Su pasaporte
español, a nombre de Walter Salvador Correa Barbosa, fue incautado por el
Ministerio del Interior. Para reingresar a España, Amodio deberá hacerlo
con pasaporte uruguayo y luego pedir una visa de trabajo, para no correr el
riesgo de convertirse en ilegal.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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5) Podría abrirse una nueva causa para Amodio
(MontevideoPortal)
La Justicia podría convocar a Héctor Amodio Pérez por una nueva causa,
que investiga su participación en una conspiración militar, según
informaron a Montevideo Portal. Amodio Pérez reconoció su intento de
vincular a Tupamaros con políticos.
“Como va con mi firma no tengo más remedio que sacar lo de la
vinculación entre MLN-FFAA porque si no me cortan la cabeza”. Ese fue
parte del mensaje enviado por Amodio Pérez a Federico Fasano, para pedirle
ayuda para publicar varios escritos que involucraban a políticos con la
guerrilla “a pedido de los militares”. La carta estaba firmada con el
apodo de “El Chino”.
La maniobra de Amodio Pérez fue descubierta durante una reunión en el
Instituto Militar de Estudios Superiores en mayo de 1973, cuando los
legisladores de la Comisión parlamentaria que estudiaba el desafuero de
Enrique Erro fueron a entrevistarse con el tupamaro, en manos del
Ejército.
En la reunión participaron Adolfo Singer, Héctor Grauert, Paz Aguirre,
Dardo Ortiz, Washington Beltrán y Zelmar Michelini, que finalmente
desistió de participar al ver que la consulta a Pérez sería en presencia
del Coronel Trabal y otros dos representantes de la Armada y la Fuerza
Aérea.
Cuando los legisladores consultaron a Amodio sobre los vínculos con Erro,
manifestó que él mismo iba con frecuencia a visitar al legislador en su
casa en La Paz y que Erro colaboraba. El senador nacionalista Dardo Ortiz
sacó un papel y una lapicera y le pidió a Amodio que escribiera cualquier
cosa. Amodio dudó pero finalmente accedió al pedido, pese a la protesta
de Trabal por entender que se estaban violando las pautas del acuerdo para
el encuentro.
Amodio Pérez escribió con minúscula “estamos en una unidad militar”,
Ortiz le pidió que lo hiciera con mayúscula y lo hizo. Cuando el senador
recibió el papel, sacó otro, escrito supuestamente por Amodio Pérez y le
pidió a los otros legisladores que participaban de la reunión que
compararan la letra; todos coincidieron en que se trataban de la misma
caligrafía.
El otro papel que tenía Ortiz era la carta a Fasano, que comprobaba la
participación de Amodio Pérez en una maniobra para vincular tupamaros con
políticos. Uno de los participantes de esa reunión fue Juan Raúl
Ferreira quien fue a acompañar al senador Dardo Ortiz. Ferreria, que
podría ser llamado a declarar, conversó sobre el hecho con Montevideo
Portal.
“Yo no era secretario de Dardo Ortíz, pero cuando se designa la
delegación para ir interrogar a Amodio Pérez, mi padre le pide a Ortíz
que me deje ir como su secretario, en esa costumbre que tenía mi padre de
meterme en cuanta reunión complicada había”, comentó Ferreira quien
dijo que no había hablado antes de esta reunión porque no tenía pruebas
de su asistencia.
“No había hecho declaraciones porque no había encontrado ningún
elemento probatorio de mi presencia, pero en estos últimos días surgieron
varios”, señaló Ferreira mencionando la existencia de una foto del
encuentro y el testimonio de Alberto Grille, quien recuerda que Wilson se
reunió con él y le contó sobre la decisión de que su hijo asistiera al
encuentro .
Ferreira dijo que Amodio Pérez era “una figura central en el plan que se
estaba orquestando para adelantar el golpe de Estado y la puja interna de
sectores más reaccionarios aún de los que dieron el golpe”.
“Tres semanas antes de la reunión, el Dr. Federico Fasano había
recibido un pedido de estos sectores golpistas para publicar un trabajo
realizado por Amodio Pérez que no era cierto, que era una especie de
crónica de contactos deformados y transformados en un relato conspirativo
en el que se pretende involucrar a militares democráticos y muchos
políticos para que estos sectores que habían solicitado ese trabajo, de
ultra derecha dieran el Golpe de Estado con el pretexto de que se
levantaban en armas para evitar un golpe».
“Fasano simuló seguir los pasos que se le habían solicitado para
contribuir con la edición del libro y la desestabilización democrática y
lo que hizo fue ver a Michelini y mi padre y entregarle el manuscrito. Ese
documento fue conservado como un secreto porque era muy importante que
quienes estaban junto a Amodio Perez para dar un golpe, no supieran que
había gente trabajando para hacer abortar este plan. La información fue
compartida al Gral. Líber Seregni y Dardo Ortiz”, afirmó.
Ferreira recordó que los minutos finales del último discurso de su padre
antes del golpe “están dirigidos al papel nefasto que jugó Amodio
Pérez en la caída de las instituciones. Cuando el sistema político tomó
conocimiento de los atentados contra las instituciones democráticas de
Amodio Pérez no lo consideró un hecho menor”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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