1) Fripur: todo el pescado vendido –
2) Caso Berríos: abogado de uruguayos condenados busca que cumplan su pena en su país –
3) Se suicida general (r) condenado por caso Berríos –
4) La otra fuga de Punta Carretas –
5) Podría abrirse una nueva causa para Amodio –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2033 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 14 de Agosto de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Fripur: todo el pescado vendido
(La Diaria)
La empresa Frigorífico Pesquero del Uruguay Sociedad Anónima (Fripur) comunicó ayer oficialmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “la inviabilidad de continuar operando”. Los socios propietarios, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, y sus asesores legales se reunieron con el titular del MTSS, Ernesto Murro, y le anunciaron la decisión, según informó a la diaria el responsable de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Juan Castillo.
El jerarca dijo que de inmediato se convocó con carácter de “urgente” a un “ámbito tripartito” que se reunirá hoy a las 16.00 en la Dinatra. “Que la empresa comunique a los trabajadores lo que sea necesario y que éstos hagan su demandas”, dijo Castillo.
También ayer, “los mandos medios” de Fripur notificaron a los trabajadores de la planta de fileteado que “se va a trabajar hasta el miércoles, ya que ese día ya no habrá materia prima”, explicó el delegado del comité de base de Fripur del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, José Umpiérrez.
El conglomerado industrial tiene 960 trabajadores en planilla, de los cuales 80% son mujeres jefas de hogar, que ganan entre 15.000 y 17.000 pesos mensuales, según la antigüedad. Fripur opera en toda la cadena de producción de la merluza y el cangrejo rojo, desde la captura en alta mar hasta el envasado de productos congelados, pasando por todos los procesos intermedios. Posee más de 20 barcos, una planta de procesamiento y una fábrica de harina de pescado.
Alberto Fernández, el accionista menor de Fripur, fue noticia en 2009, cuando le prestó su avión privado al entonces candidato a la presidencia por el Frente Amplio, José Mujica, para que viajara a Brasil durante la campaña electoral.
Pocos meses después se supo que la banda presidencial que Tabaré Vázquez le pasó a Mujica el 1º de marzo de 2010, en la asunción presidencial, la pagó Fernández. Cuando se conoció eso, el abogado Gustavo Salle solicitó a la Justicia investigar la vinculación de Fernández con Mujica; sin embargo, en 2011, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti archivó el caso.
En mayo de 2013, durante la visita de Mujica a China, el entonces presidente tenía en agenda conseguir un inversor para Fripur. Dos empresas chinas se interesaron en ese momento por la pesquera.
Aguas profundas
Ayer, luego de reunirse con los empresarios, Murro recibió a una delegación de los trabajadores. “Nos informó que los propietarios van a presentar el cierre de la empresa y que se convocó a una tripartita para oficializar la situación. Se labrará un acta y veremos qué posición adopta el Poder Ejecutivo”, expresó Umpiérrez. Los trabajadores fueron convocados a acompañar a la delegación que participará en la reunión tripartita, por lo que se concentrarán hoy frente a la Dinatra.
Fripur se presentó a concurso hace un año porque no podía hacer frente a las deudas que tiene con el Banco República (BROU), su principal acreedor, otras entidades financieras y organismos públicos como el Banco de Previsión Social y la UTE.
Según Umpiérrez, en el correr del año “no se pudo llegar a realizar una reunión de acreedores, y la jueza que tomó el concurso decidió que la empresa era viable e impuso un interventor para controlar el movimiento financiero donde entendió que estaba la falla”. Uno de los “detonantes” de la situación habría sido una intimación de la UTE -a la que la empresa pesquera le debe medio millón de dólares- en la que comunica a Fripur que, de no recibir el pago, dejará de suministrarle energía el 20 de agosto. De ocurrir este extremo, la empresa no podría mantener más productos congelados en las cámaras, que están embargadas hasta por el propio Estado.
Con los trabajadores, Fripur mantiene una deuda de salarios vacacionales desde hace dos años. Desde el sindicato se denuncia que los empresarios solicitaron préstamos al BROU y otros bancos para remodelar la flota pesquera y modernizar la infraestructura, pero ese dinero “nunca fue invertido” en Fripur. De hecho, sólo cuatro de los 20 barcos están funcionando. Los Fernández también tienen negocios ganaderos, forestales e inversiones en parques eólicos.
En distintas reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, los empresarios plantearon que necesitaban cinco millones de dólares para evitar el cierre, pero que carecían de garantías para conseguir el dinero por el embargo genérico que recae sobre la producción, planta, barcos, insumos, etcétera. El pasivo de la empresa ascendería a 70 millones de dólares.
Los trabajadores están analizando diversas alternativas para conservar las fuentes de trabajo. Para Umpiérrez, la posibilidad de convertirse en un emprendimiento autogestionado es “difícil”, porque se trata de una empresa “muy grande”. “Es un pulpo. Habría que conseguir un socio que pueda invertir. Es la única empresa habilitada para la pesca de la merluza y tiene el monopolio del cangrejo rojo. Para conseguir materia prima no ha tenido problema. Las dificultades son otras”, manifestó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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2) Caso Berríos: abogado de uruguayos condenados busca que cumplan su pena en su país
(EFE)
La Corte Suprema chilena dictó sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, ex químico de la DINA.
Amadeo Ottati, abogado en Uruguay de los tres exmilitares de ese país condenados hoy en Chile por la muerte del exquímico de la policía secreta chilena Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995, dijo a Efe confiar en que se aplique un tratado bilateral que permite que puedan cumplir condena en su país.
«Vamos a tratar de movilizar los mecanismos necesarios para hacer lo único que a esta altura se puede hacer, que es tratar de que en vez de quedar en Chile a la espera de que se termine su condena estén acá cerca de su familia», explicó el abogado. La Corte Suprema dictó ayer sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Entre ellos, el uruguayo Tomás Casella Santos deberá cumplir 10 años de cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita, mientras que Eduardo Radaelli Copolla cumplirá diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita y Wellington Sarli Pose cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Otteti aseveró que en base a un tratado vigente entre Uruguay y Chile, se pueden intercambiar las personas que han sido detenidas en un país cuando son juzgadas con una sentencia definitiva para que el cumplimiento de la pena se pueda realizar en el país al que pertenecen los condenados.
«Tiene que haber primero la conformidad de los sentenciados, que obviamente existe, y luego hay que hacer una tramitación por la cual el Estado uruguayo pide que se les traiga o el Gobierno chileno que sean enviados al Uruguay», añadió el abogado, para matizar que espera que esto sea cuestión de días o de «quizá algún mes».
«Trataremos que sea el menor tiempo posible, pero son trámites administrativos que hay que realizar entre los poderes ejecutivos de los dos países», confesó. Sin embargo, el letrado afirmó que hasta ahora no ha habido ningún caso entre los dos países en el que se haya reclamado a un ciudadano para el cumplimiento de la condena.
«Seguramente trataremos de que sea Uruguay el que tome la conducción del tema porque lógicamente entiendo que al Estado uruguayo le interesa que los nacionales estén en su país y no en el extranjero», matizó. En las todas las sentencias emitidas hoy se especifica que los condenados no podrán disfrutar de beneficios.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976. Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado.
Fue entregado a unos militares uruguayos y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de Montevideo atado y con disparos en el cráneo. En 2006 la Justicia de Uruguay concedió la extradición a Chile de los tres militares uruguayos acusados en el caso para ser juzgados por asociación ilícita y secuestro de Berrios.
Ottati fue su abogado hasta el momento de la extradición, con la que se mostró en desacuerdo, al considerar que «había sobrados motivos» para haberla negado. Por otra parte, recordó que en Uruguay «se había archivado la causa al no encontrarse prueba de que hubieran cometido ningún delito».
Respecto a la sentencia, el abogado aseveró que es «una aberración jurídica» hablar de «delito de lesa humanidad», ya que consideró que estos delitos «no estaban vigentes a la época de los hechos» y además abarcan un «número indiscriminado de personas».
«Y acá en todo caso si se hubiera cometido un delito fue en perjuicio del señor Berríos, que es una sola persona», espetó. El abogado lamentó que hayan estado 20 años de su vida esperando que se dictara una sentencia que desde su punto de vista «tampoco refleja la verdadera responsabilidad que pudieron tener».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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3) Se suicida general (r) condenado por caso Berríos
(El Mostrador . EFE)
El general (r) del Ejército Hernán Ramírez Rurange, condenado esta semana por crímenes durante la dictadura, se suicidó de un disparo en la cabeza, informaron fuentes hospitalarias.
El oficial, de 76 años, murió a las 03.20 horas de hoy en el Hospital Militar de Santiago, al que había sido trasladado en estado grave tras dispararse en su domicilio, precisaron las fuentes. Según fuentes policiales, Ramírez Rurange estaba junto a su esposa en su domicilio de Santiago cuando, pasadas las 01.00 de la madrugada, salió del departamento y se dirigió hasta la escalera del edificio, donde se disparó con un revólver calibre 32.
Ramírez Rurange fue uno de los 14 militares, tres de ellos uruguayos, condenados el pasado martes por la Corte Suprema por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, un químico y agente de la policía secreta de la dictadura, ocurrido en los años 90.
El general Ramírez, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue sentenciado a diez años y un día de prisión como autor del delito de secuestro y a otros diez años y un día por asociación ilícita, en tanto fue absuelto del delito de obstrucción a la Justicia.
Eugenio Berríos, a quien se señala como fabricante de gas sarín, con el que la dictadura de Pinochet asesinó a varias personas, huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976. Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado. Fue entregado a unos militares uruguayos y no se supo más de él hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa, atado y con disparos en el cráneo.
Ramírez Rurange no es el primer militar chileno involucrado en crímenes de la dictadura que atenta contra su vida. El 28 de septiembre de 2013 se suicidó el general Odlanier Mena, exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), de un disparo en la cabeza. Mena se mató cuando el gobierno de Sebastián Piñera ordenó el traslado de un grupo de oficiales condenados por violaciones a los derechos humanos desde la prisión militar «Cordillera», hasta el penal de «Punta Peuco».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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4) La otra fuga de Punta Carretas
(La Diaria)
Amodio Pérez intentó eludir a los policías que lo esperaron en el Sheraton.
La llegada del Grupo de Reserva Táctica de la Policía al hotel Sheraton para detener el viernes a Héctor Amodio Pérez, por orden de la jueza Paula Staricco, obligó a la editorial Ediciones de la Plaza y al diario El País, encargados del operativo de retorno al país del “traidor” tupamaro, a diseñar un plan alternativo al previsto. Esto implicó suspender las entrevistas fijadas de antemano con varios medios, realizar varias llamadas a abogados penalistas, reprogramar la estadía del ex guerrillero en el Sheraton, agendar el posterior traslado a otro hotel menos oneroso (que finalmente terminó siendo el London) y extender el contrato con la empresa de seguridad. En estos días, según pudo saber la diaria, Amodio Pérez y la editorial asociada al diario El País alcanzaron un acuerdo: mientras dure el proceso judicial en Uruguay, los gastos generados por el ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) serán deducidos de las regalías del libro Palabra de Amodio.
Fuentes del Ministerio del Interior y personal vinculado al hotel Sheraton relataron a la diaria las horas que siguieron al encuentro entre Amodio Pérez y los policías que lo esperaron en la puerta de su habitación, la número 11 del piso 24. Además de aducir no ser quien verdaderamente es (apelando a su otra identidad, Walter Salvador Correa Barbosa, producto de un acuerdo con los militares), el ex integrante del MLN intentó evitar la citación policial escapándose del hotel. Luego de echar mano a una campera que se encontraba en su habitación, se refugió en uno de los salones del Sheraton próximo a la planta baja. Antes, durante la conferencia, advertido por la prensa sobre la eventualidad de comparecer ante la Justicia, había dicho: “Como la jueza no me cite hoy por la noche aquí, no me va a encontrar”. Pero Amodio no pudo escapar: Inteligencia había dispuesto, en los días previos, un importante operativo de seguridad en torno al hotel.
Esa misma noche, Ediciones de la Plaza contactó a varios abogados reconocidos para que se encargaran, al día siguiente, de la defensa de Amodio. Todos declinaron el convite. Entre ellos estaban, por ejemplo, Jorge Barrera y Juan Fagúndez. La editorial finalmente pudo dar con el ex edil colorado Andrés Ojeda poco antes de las 2.00 del sábado. Sus honorarios correrán a cuenta de Ediciones de la Plaza. La editorial, encargada de la publicación de Palabra de Amodio, también se ocupa de financiar la seguridad personal del ex integrante del MLN, según reconoció el propio diario El País en una columna publicada ayer. Según pudo saber la diaria, el jefe de seguridad del “traidor” tupamaro es Pablo Santos, gerente operativo de la empresa contratada por el diario y la editorial. Santos fue jefe de la barrabrava de Nacional entre 1995 y 2003 e integró la directiva del club entre 2009 y 2011. La empresa en la que revista Santos trabaja para varias empresas locales (World Trade Center, Portones Shopping y Nuevocentro) y estuvo a cargo del operativo de seguridad del recital de Paul McCartney.
Teresa Lezama, que acompañaba a Julio Marenales cuando Amodio lo señaló desde un jeep militar, sumó ayer su testimonio al de los cuatro ex tupamaros que ya declararon entre el lunes y el martes. Mañana, Amodio Pérez debe enfrentar un nuevo careo con tres de sus ex compañeros de filas. Aún librándose de la causa de las 28 mujeres que denunciaron hace cuatro años los abusos de la dictadura, al “traidor” tupamaro le espera un largo periplo para hacerse de nueva documentación. Su pasaporte español, a nombre de Walter Salvador Correa Barbosa, fue incautado por el Ministerio del Interior. Para reingresar a España, Amodio deberá hacerlo con pasaporte uruguayo y luego pedir una visa de trabajo, para no correr el riesgo de convertirse en ilegal.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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5) Podría abrirse una nueva causa para Amodio
(MontevideoPortal)
La Justicia podría convocar a Héctor Amodio Pérez por una nueva causa, que investiga su participación en una conspiración militar, según informaron a Montevideo Portal. Amodio Pérez reconoció su intento de vincular a Tupamaros con políticos.
“Como va con mi firma no tengo más remedio que sacar lo de la vinculación entre MLN-FFAA porque si no me cortan la cabeza”. Ese fue parte del mensaje enviado por Amodio Pérez a Federico Fasano, para pedirle ayuda para publicar varios escritos que involucraban a políticos con la guerrilla “a pedido de los militares”. La carta estaba firmada con el apodo de “El Chino”.
La maniobra de Amodio Pérez fue descubierta durante una reunión en el Instituto Militar de Estudios Superiores en mayo de 1973, cuando los legisladores de la Comisión parlamentaria que estudiaba el desafuero de Enrique Erro fueron a entrevistarse con el tupamaro, en manos del Ejército.
En la reunión participaron Adolfo Singer, Héctor Grauert, Paz Aguirre, Dardo Ortiz, Washington Beltrán y Zelmar Michelini, que finalmente desistió de participar al ver que la consulta a Pérez sería en presencia del Coronel Trabal y otros dos representantes de la Armada y la Fuerza Aérea.
Cuando los legisladores consultaron a Amodio sobre los vínculos con Erro, manifestó que él mismo iba con frecuencia a visitar al legislador en su casa en La Paz y que Erro colaboraba. El senador nacionalista Dardo Ortiz sacó un papel y una lapicera y le pidió a Amodio que escribiera cualquier cosa. Amodio dudó pero finalmente accedió al pedido, pese a la protesta de Trabal por entender que se estaban violando las pautas del acuerdo para el encuentro.
Amodio Pérez escribió con minúscula “estamos en una unidad militar”, Ortiz le pidió que lo hiciera con mayúscula y lo hizo. Cuando el senador recibió el papel, sacó otro, escrito supuestamente por Amodio Pérez y le pidió a los otros legisladores que participaban de la reunión que compararan la letra; todos coincidieron en que se trataban de la misma caligrafía.
El otro papel que tenía Ortiz era la carta a Fasano, que comprobaba la participación de Amodio Pérez en una maniobra para vincular tupamaros con políticos. Uno de los participantes de esa reunión fue Juan Raúl Ferreira quien fue a acompañar al senador Dardo Ortiz. Ferreria, que podría ser llamado a declarar, conversó sobre el hecho con Montevideo Portal.
“Yo no era secretario de Dardo Ortíz, pero cuando se designa la delegación para ir interrogar a Amodio Pérez, mi padre le pide a Ortíz que me deje ir como su secretario, en esa costumbre que tenía mi padre de meterme en cuanta reunión complicada había”, comentó Ferreira quien dijo que no había hablado antes de esta reunión porque no tenía pruebas de su asistencia.
“No había hecho declaraciones porque no había encontrado ningún elemento probatorio de mi presencia, pero en estos últimos días surgieron varios”, señaló Ferreira mencionando la existencia de una foto del encuentro y el testimonio de Alberto Grille, quien recuerda que Wilson se reunió con él y le contó sobre la decisión de que su hijo asistiera al encuentro .
Ferreira dijo que Amodio Pérez era “una figura central en el plan que se estaba orquestando para adelantar el golpe de Estado y la puja interna de sectores más reaccionarios aún de los que dieron el golpe”.
“Tres semanas antes de la reunión, el Dr. Federico Fasano había recibido un pedido de estos sectores golpistas para publicar un trabajo realizado por Amodio Pérez que no era cierto, que era una especie de crónica de contactos deformados y transformados en un relato conspirativo en el que se pretende involucrar a militares democráticos y muchos políticos para que estos sectores que habían solicitado ese trabajo, de ultra derecha dieran el Golpe de Estado con el pretexto de que se levantaban en armas para evitar un golpe».
“Fasano simuló seguir los pasos que se le habían solicitado para contribuir con la edición del libro y la desestabilización democrática y lo que hizo fue ver a Michelini y mi padre y entregarle el manuscrito. Ese documento fue conservado como un secreto porque era muy importante que quienes estaban junto a Amodio Perez para dar un golpe, no supieran que había gente trabajando para hacer abortar este plan. La información fue compartida al Gral. Líber Seregni y Dardo Ortiz”, afirmó.
Ferreira recordó que los minutos finales del último discurso de su padre antes del golpe “están dirigidos al papel nefasto que jugó Amodio Pérez en la caída de las instituciones. Cuando el sistema político tomó conocimiento de los atentados contra las instituciones democráticas de Amodio Pérez no lo consideró un hecho menor”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015
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