ZABALZA, LEITES, JAUME Y BORDA PROCESADOS POR ASONADA EN URUGUAY

COMCOSUR INFORMA

AÑO 13 – No. 1506 / martes 05 de noviembre de 2013

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR

Selección y producción:

Beatriz Alonso y Carlos Casares

Colaboran:

ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos

ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol

BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau

HOLANDA: Ramón Haniotis

SUIZA: Sergio Ferrari

URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)

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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS

«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS

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NOTICIAS

URUGUAY

1) ZABALZA, LEITES, JAUME Y BORDA PROCESADOS POR “ASONADA”

La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º
turno, Gabriela Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo
Zubía y configuró el procesamiento sin prisión de cuatro militantes
sociales por protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a
un Juzgado Civil.

2) ONU PREOCUPADA POR CRÍMENES DE DICTADURA EN URUGUAY

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está preocupado por la
impunidad que hay en Uruguay respecto a los crímenes de la dictadura,
y por la última sentencia que dio la Suprema Corte que “contradice
las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar”,
según el jurista Fabián Salvioli.

3) OTRO DERECHO

Según el Observatorio Luz Ibarburu, sólo dos jueces archivaron
causas después del fallo de la SCJ contra imprescriptibilidad.

4) DE LESA HUMANIDAD

Informe del comisionado parlamentario concluye que durante el motín
en el Comcar se hizo “tiro al blanco” con los reclusos.

5) BALAS DE PLOMO

Policías mataron a dos reclusos en el Complejo Carcelario de Santiago
Vázquez (Comcar) el miércoles pasado, informó el ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, en el gabinete ministerial de ayer.

TEMAS DE COMCOSUR

I. LA HUELGA GENERAL DE JUNIO DE 1973 EN URUGUAY

IMBORRABLE

«Marca de la resistencia» en la sede de la Federación del Vidrio
recuerda el lanzamiento de la huelga general en junio de 1973.

II. LOS FUSILADOS DE SOCA HACEN CAMINO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES DENOMINÓ “CAMINO DE LOS
FUSILADOS” A LA RUTA 70 / Crysol

La decisión se adoptó en homenaje a María de los Angeles Corbo,
Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal
García, víctimas del Terrorismo de Estado cuyos cuerpos,
acribillados a balazos, fueron encontrados, en las primeras horas del
21 de diciembre de 1974, en plena zona rural, a trescientos metros de
la intersección de la misma con la Ruta 9.

LA COLUMNA DE MAU – MAU

PLAN DE VUELO

Soy piloto desde los 17 años así que sé que todo vuelo necesita un
plan. Pienso que el destino de un país es como un vuelo que necesita
un plan. Un plan exige estudio y análisis que determinan decisiones
de sentido común.

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NOTICIAS

URUGUAY

1) ZABALZA, LEITES, JAUME Y BORDA PROCESADOS POR “ASONADA”

Por Roger Rodríguez

En Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge
Zabalza, Irma Leites, Álvaro Jaume y Patricia Borda fueron procesados
sin prisión por el delito de asonada, y Anibal Varela y dos hijos de
Jaume quedaban encausados como cómplices de su acción.

El delito de “Asonada” aparece en el Titulo II del Código Penal
uruguayo, como “Delitos contra el Orden Político Interno del
Estado” y como delito político se penaliza a través del Artículo
145: “Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con
tres a nueve meses de prisión”.

“Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro
personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito
que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar
con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la
celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de
los particulares alguna cosa justa o injusta”, se explica.

Zabalza, Leites y Jaume ya habían permanecido durante años como
presos políticos de la dictadura militar de Uruguay entre 1973 y
1985, cuyos crímenes de lesa humanidad han permanecido impunes
durante los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley
de Caducidad.

Impunes

La denuncia de asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por
los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes
al quitar de las causas penales a la principal jueza en temas de
derechos humanos, comenzaban a consolidar su “muralla” de
prescripción.

El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de
la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en
un par de denuncias políticas que le realizaron. “Razones de mejor
servicio”, caratularon la decisión por la que la quitaron de 50
causas de lesa humanidad.

La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a ordenar el
procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio
en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la masonería,
fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de
Tabaré Vázquez.

La investigación que Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos
Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos sobre los lugares donde
fueron enterrados los desaparecidos de la dictadura militar y el sitio
donde aseguraron se encontraba el cuerpo de María Claudia García de
Gelman era falso.

El caso Gelman motivó una sentencia internacional vinculante de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la que se
exige el esclarecimiento de los crimenes de la dictadura. La sentencia
de OEA no ha sido aceptada por los miembros de la Suprema Corte de
Justicia.

Impunibles

La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del
dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución,
desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos
de muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables
directos de los crímenes.

Cada una de las nuevas causas abiertas por la jueza Mota, junto a la
fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el procesamiento de
varios militares.

Así ocurrió con el caso de Ubagesner Chavez Sosa, desaparecido en
1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009. Tres militares fueron
presos.

Cuando Mota se disponía a continuar indagando más de 20 casos de
muertes y desapariciones, comenzaron los ataques personales y
políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente
Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y
administrativas, para sacarla de los casos.

El traslado de Mota se produjo luego de la polémica decisión de la
Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales dos
artículos de la Ley 18.831 con la que el Parlamento había devuelto
al Estado la pretensión punitiva quitada en 1986. Así, la SCJ
mantenía la prescripción de los delitos.

La sentencia judicial no fue admitida por la totalidad de los jueces y
fiscales, varios de los cuales decidieron continuar con las causas de
violaciones a los derechos humanos. El presidente de la SCJ declaró
entonces que tarde o temprano los casos caerían en la “muralla”
de prescripción decretada.

Impunidores

Fue el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien hizo la
denuncia de “asonada” a su subordinada Merialdo.

La acción del ministerio público recayó en Zubía, hijo del
golpista general Eduardo Zubía quien en dictadura fue carcelero de
uno de los acusados, el tupamaro Jorge Zabalza.

El subjetivo antecedente no implicó que el fiscal se recusara el
caso. Por el contrario. Pasó años en el juzgado de menores y
recientemente había sido devuelto a la órbita penal, un escenario
que había dejado en los años noventa cuando actuó en el impune
homicidio del intendente Villanueva Saravia.

Entonces tampoco se recusó. Aún cuando en una denuncia policial, un
mes antes de su “suicidio”, el intendente de Cerro Largó acusó
al fiscal Zubía, entonces en Melo, a otro integrante del ministerio
público y a dos jueces de una confabulación para encausarlo
judicialmente.

Tampoco es la primera vez que Merialdo cede. Aceptó la presión del
perito calígrafo Washington Curbelo (entonces jefe de policía de
Soriano), para no encausar a la ex policía María Lemos como eventual
autora de la nota en los vinos que en 1978 envenenaron a Cecilia
Fontana de Heber.

Ruibal Pino era el juez que tenía el caso de desaparición del
maestro y periodista Julio Castro, pero en 1986 lo amparó en la Ley
de Caducidad. El cuerpo de Castro apareció en una unidad militar en
2012, pero el dictamen de prescripción de delitos permitió que su
secuestrador quedara en libertad.

Roger Rodríguez / Movimento de Justiça e Direitos Humanos*/ /
/*Utopia e Luta

COMCOSUR INFORMA Nº 1506 – 05/11/2013

2) ONU PREOCUPADA POR CRÍMENES DE DICTADURA EN URUGUAY

Preocuparse y ocuparse

EFE / 31.10.2013

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas consideró este jueves que Bolivia y Uruguay tienen temas
pendientes por resolver en relación a los crímenes perpetrados
durante los períodos de dictadura en cada uno de ellos, en materia de
reparación en el primer caso, y de impunidad, en el segundo.

Ambos países sudamericanos estuvieron entre los cinco que fueron
examinados hasta esta semana por los expertos del comité, encargado
de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios.

El jurista Fabian Salvioli, miembro del comité, dijo en una
conferencia de prensa que una de las principales preocupaciones en el
caso de Bolivia tiene que ver con el «insuficiente tratamiento de la
reparación por violaciones de los derechos humanos cometidos durante
el periodo de la dictadura militar».

«No existe aún suficiente reparación, ni en el plano económico, ni
en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron
víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982»,
sostuvo.

En el caso de Uruguay, Salvioli declaró que en el comité hubo «mucha
preocupación acerca de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
(del pasado febrero), que contradice las obligaciones del Estado de
investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos
humanos cometidos durante el gobierno militar».

Al respecto, el presidente del comité, Nigel Rodley, destacó que en
años recientes se impuso gradualmente, entre los países
latinoamericanos que habían aprobado leyes de amnistía o similares,
la práctica de revisar estas normas y que Uruguay fue uno de los que
decidió seguir esta vía, como lo hicieron antes Argentina y Chile.

«Pero de pronto, la Suprema Corte dice que la ley -que permitía
juzgar los crímenes de la dictadura- es inconstitucional en base a un
análisis del derecho internacional que realmente es muy difícil de
reconciliar con el enfoque de cualquier entidad relevante en el
derecho internacional», opinó.

Sin embargo, se mostró comprensivo ante la dificultad que encuentra
ahora el Ejecutivo de Uruguay para superar esta situación.

EFE / Amarelle

COMCOSUR INFORMA Nº 1506 – 05/11/2013

3) OTRO DERECHO

Según el Observatorio Luz Ibarburu, sólo dos jueces archivaron
causas después del fallo de la SCJ contra imprescriptibilidad.

El Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales
por violaciones a los derechos humanos, solicitó hace dos semanas una
reunión con autoridades del Ministerio del Interior (MI) para conocer
la situación de la unidad especial de esa cartera creada para
colaborar con el Poder Judicial en las investigaciones relacionadas
con crímenes cometidos durante la dictadura. También pidió una
reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que apoyó
la creación de la unidad. Raúl Olivera, vocero del Observatorio,
explicó que en diversas instancias con operadores judiciales se pudo
relevar que “los jueces aún no han sido informados de la existencia
de esa unidad auxiliar” por parte de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ). La unidad fue creada en agosto y la resolución ministerial
establece que se trata de una dependencia de la Dirección de Asuntos
Internos del MI, cuya responsable es la abogada María Stella
González.

González ya comenzó a trabajar al frente de la unidad especial y
tras mantener una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, éste
elaboró un oficio por el que informó a los representantes del
Ministerio Público sobre la existencia de la unidad auxiliar y sus
cometidos. Pero si bien los fiscales ya están al tanto de que pueden
pedir la colaboración de este equipo especial en las investigaciones
sobre crímenes del terrorismo de Estado, los jueces no han recibido
ninguna circular que les informe sobre la nueva herramienta.
Consultado sobre esta situación, el vocero de la SCJ Raúl
Oxandabarat explicó que aunque no tiene información de si la SCJ ya
recibió un comunicado del MI sobre el tema, “los interesados pueden
enviar una nota a la Corte solicitando que se les notifique a los
magistrados la resolución del MI. Es un procedimiento habitual”.

A pesar de esta situación, una magistrada ya pidió el auxilio de la
unidad para la investigación de un caso a su cargo. Se trata de la
jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, quien solicitó
apoyo para el caso de la denuncia de torturas contra el oficial de la
Fuerza Aérea Rodolfo Rolando, destituido y preso político de la
dictadura que falleció poco después de ser liberado en 1985. Se
trata de una de las dos causas que fueron recientemente desarchivadas
por iniciativa del Observatorio, y Mainard fue informada de la
existencia de la unidad en una reunión con representantes de la
organización. Olivera dijo que “la preocupación” es que “la
sociedad civil hace toda la gestión para crear la unidad y después
también tiene que estar comunicándole a los jueces que la unidad
existe”.

Los integrantes del Observatorio sostienen que la resolución que la
creó “está muy bien”, pero advierten que “no va a poder
cumplir con su cometido si no le habilitan los recursos materiales y
humanos, y si los que pueden hacer uso del instrumento no saben que
existe”, expresó Olivera. Oxandabarat dijo que aunque no exista un
comunicado de la SCJ los magistrados pueden pedir la intervención de
la unidad porque “la Policía es la auxiliar de la Justicia en
materia de investigaciones”. Según pudo saber la diaria, ni
González ni otras autoridades del MI se han reunido con la SCJ por
este tema.

Los menos

El Observatorio se encuentra procesando información para presentar
una evaluación del progreso de los procesos judiciales durante el
año, y en particular del impacto sobre los jueces del fallo de la SCJ
que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad (18.831). Según datos recabados en el
relevamiento, solamente dos jueces han procedido a archivar causas
luego del fallo de la SCJ. Se trata de la jueza Penal de 6º Turno,
Fanny Canessa, y el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal.

Este fin de semana el Observatorio se reunirá en Tacuarembó, el
departamento del interior con mayor cantidad de denuncias presentadas,
con denunciantes y abogados para continuar el relevamiento de la
situación de las causas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo de la
SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los
delitos de lesa humanidad es contraria a la legislación internacional
sobre derechos humanos. Según informó Efe, el organismo entiende que
la SCJ “no reconoce” que los crímenes de lesa humanidad no pueden
prescribir.

El informe, que incluye conclusiones y recomendaciones, insiste en que
Uruguay debe encontrar “una solución que se ajuste plenamente a sus
obligaciones” y recuerda al país que “las amnistías son
generalmente incompatibles con la obligación de los estados de
investigar actos de tortura”. El presidente del comité, Nigel
Rodley, dijo en conferencia de prensa que se ha enviado un mensaje
directo al Poder Judicial uruguayo, que es la parte del Estado “que
se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones”, y
que debe reconsiderar su decisión.

Luis Rómboli / La Diaria

COMCOSUR INFORMA Nº 1506 – 05/11/2013

4) DE LESA HUMANIDAD

Informe del comisionado parlamentario concluye que durante el motín
en el Comcar se hizo “tiro al blanco” con los reclusos.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro
Garcé, presentó ayer ante la comisión de seguimiento del cuerpo
legislativo su informe respecto a lo sucedido la semana pasada en el
motín del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar), en el que
fallecieron dos reclusos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi,
informó el miércoles que ambos murieron por balas policiales y que
se utilizó munición letal prohibida en estos casos. Informó que se
dispararon 65 cartuchos y que la mayoría fueron “al aire”.

El informe del comisionado parlamentario concluye, no obstante, que
eso no fue así. “Por la trayectoria de los disparos, queda claro
que los mismos no fueron hechos con fines intimidatorios o de mera
advertencia”, indica Garcé. Sí hay coincidencia en la cantidad de
cartuchos contabilizados; como cada uno puede contener más de 25
proyectiles, se estima que se dispararon cerca de 1.500 balas de
plomo.

En cuanto al saldo de heridos, Garcé informa que hay un funcionario y
43 personas privadas de libertad que presentan “diversos tipos de
lesiones, en su mayoría por arma de fuego”. El motín se originó
por un conflicto entre reclusos “por cuestiones de distribución de
pasta base, cuya eclosión derivó en un enfrentamiento entre rivales;
al intervenir la Policía se habría producido un ‘efecto
fútbol’, esto es, una reacción similar a las de las hinchadas en
pugna, que rápidamente dejan atrás sus diferencias y, ante una
intervención policial, hacen causa común para enfrentarla”,
señala el comisionado.

Los responsables de las muertes fueron un grupo de funcionarios de la
Brigada de Traslados, quienes, apostados en las azoteas del módulo 2,
comenzaron “una reacción fuera de la cadena de mando”, concluye
Garcé. Un funcionario, que ya está identificado, “sin conocimiento
ni autorización de los mandos”, dio la orden de retirar del armero
del establecimiento un “considerable conjunto de munición letal”
(cartuchos 4 BK y cartuchos 4 BK 00) y “proveer de los mismos a los
escopeteros que estaban en las azoteas del módulo 2”. “A partir
de ese momento comenzaron los disparos con munición letal, en forma
horizontal, hacia quienes estaban en los techos del módulo 1”,
describe Garcé.

En cuanto el comando del Instituto Nacional de Rehabilitación fue
puesto en conocimiento, por parte de los propios reclusos, de que se
estaba usando munición letal, dio la orden de alto el fuego.

Garcé afirma que las muertes constituyeron “ejecuciones
extrajudiciales, ordenadas y cumplidas por fuera de la línea de
mando”, y que “existió riesgo objetivo de causar una masacre”.
“Si ésta finalmente no ocurrió fue por fortuna, o tal vez por la
agilidad de los destinatarios del ejercicio de ‘tiro al blanco’
con plomo. El saldo de los fallecidos y dos heridos graves fue mínimo
en relación a las consecuencias que se podrían haber ocasionado”,
advierte Garcé. Remarca que el funcionario que ordenó la provisión
de munición letal y dio la orden de utilizarla, así como quienes
cumplieron dicha orden, “manifiestamente ilegal”, se encuentran
“moral y técnicamente impedidos de servir como funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley”, independientemente de las
responsabilidades penales que recaigan sobre ellos.

Garcé destaca que la reacción del Ministerio del Interior de
instruir una investigación de urgencia constituye “una buena
señal”, y entiende que “previo a los trámites legales,
corresponde la depuración de los cuadros funcionales, a partir de las
responsabilidades que se determinen en vía administrativa”. De
todas formas, en el informe Garcé detalla que hay “algunas
cuestiones” no incluidas en la investigación de urgencia; por
ejemplo, que además de los 12 lesionados que menciona la actuación
administrativa, hay 32 personas heridas, algunas por “el empleo de
armas de fuego, pero otros presentan señales compatibles con golpes
de bastón”. Señala que decenas de internos relataron que se
produjo “un ‘túnel’ tras el descenso de las azoteas,
oportunidad en la que fueron golpeados. Esta vieja práctica de
tortura constituye un desvío, dentro de un procedimiento que fue
correctamente diseñado”.

Finalmente, el comisionado recomienda crear legalmente la figura de
ejecución extrajudicial como “un crimen de lesa humanidad”.

La comisión de la Asamblea General recibió el informe de Garcé y
los legisladores acordaron, a pedido del senador nacionalista Carlos
Moreira, que cuando culmine la investigación judicial citarán a
Bonomi para “conversar sobre los procedimientos con visión
constructiva”, según explicó el presidente de la comisión, el
senador Daniel Martínez (Partido Socialista, Frente Amplio). Moreira
consideró “insólito” el hecho, e informó que en comisión
Garcé transmitió que los guardias involucrados están separados del
cargo.

Martínez consideró que se trata de terminar de imponer “el
criterio de que las cárceles son espacios de rehabilitación, sobre
la vieja concepción represiva”, y consideró que en esa
transición, “es claro que tanto para los presos como para algunos
de los funcionarios existen añoranzas, porque el viejo sistema daba
para muchas cosas ilícitas”. “Hay guardias identificadas como
cultoras del viejo sistema, eso es algo que se sabe y que hay que
trabajar”, opinó. El senador consideró “interesante” la
propuesta de Garcé de convertir en un delito de lesa humanidad la
ejecución extrajudicial.

La Diaria / Amarelle

COMCOSUR INFORMA Nº 1506 – 05/11/2013

5) BALAS DE PLOMO

Bonomi reconoció que Policía mató a dos presos en el Comcar.
Utilizaron munición letal durante la represión del último motín

El Observador / 29.10.2013

Policías mataron a dos reclusos en el Complejo Carcelario de Santiago
Vázquez (Comcar) el miércoles pasado, informó el ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, en el gabinete ministerial de ayer.

Si bien las autoridades informaron en una primera instancia que los
policías utilizaron munición no letal para reprimir la revuelta,
esto no fue así. La investigación determinó que utilizaron balas de
plomo.

La represión policial terminó con dos muertes. Esa había sido la
hipótesis manejada por el comisionado parlamentario para el sistema
carcelario, Álvaro Garcé, el jueves, desde el exterior del país.
“Hay dos posibilidades: fue un enfrentamiento interno, que es la
hipótesis menos probable, o los fallecimientos fueron consecuencia de
la intervención para recuperar el módulo. Hay que esperar el
protocolo de autopsia del forense y a partir de ahí yo podré evaluar
el procedimiento”, dijo Garcé a El Observador. El comisionado
regresó al país este fin de semana y ayer visitó el Comcar.

Por su parte, Bonomi había anunciado dos investigaciones. “Una es
de urgencia y la hace la unidad que intervino en el hecho, y debe
entregar la evaluación en 48 horas”, explicó el ministro. Esta
investigación determinó que los presos fallecieron por la represión
policial. La Guardia Republicana, entre otras unidades, participaron
de la represión, que se extendió por unas seis o siete horas, desde
la medianoche del martes hasta el amanecer del miércoles.

La otra investigación la realizará el Ministerio del Interior,
“para saber cómo sucedieron los hechos, por qué, y cómo se
desató la situación represiva” que derivó en la muerte de los
reclusos, explicó Bonomi.

Además, el juez penal Eduardo Pereyra y el fiscal Enrique Rodríguez
indagan a los policías responsables del operativo. El magistrado
interrogó al director del Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR), Luis Mendoza; al director de la Guardia Republicana, Rovert
Yroa; y al director del Comcar, José Da Rosa. Además, interrogó a
unos 15 reclusos y a unos 15 policías.

Garcé había avisado

El comisionado parlamentario Álvaro Garcé advirtió en entrevista
con El Observador en junio su preocupación por las “prácticas de
aplicación de la fuerza por parte de algunos funcionarios”.

El Observador

COMCOSUR INFORMA Nº 1506 – 05/11/2013

TEMAS DE COMCOSUR

I. LA HUELGA GENERAL DE JUNIO DE 1973 EN URUGUAY

IMBORRABLE

«Marca de la resistencia» en la sede de la Federación del Vidrio
recuerda el lanzamiento de la huelga general en junio de 1973.

En la madrugada del miércoles 27 de junio de 1973, el Secretariado de
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), presidido por José
Pepe D’Elia, se reunió en el local de la Federación del Vidrio, en
la esquina de Laureles y Carlos Tellier, en La Teja. La dirección de
la CNT terminó de ejecutar una decisión que ya estaba tomada:
decretar la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo
para manifestar el rechazo al golpe de Estado. Pocas horas después,
la Mesa Representativa de la CNT ratificó la resolución en una
asamblea realizada en la textil La Aurora, en Paso Molino. Todos los
sindicalistas integrantes del comando de la huelga general pasaron
rápidamente a la clandestinidad: el sábado 30 los medios de prensa
publicaron la primera requisitoria y el domingo se divulgaron las
fotos y los nombres de los 51 sindicalistas de la CNT requeridos.

Ayer, en ese local de la Federación del Vidrio, varios dirigentes
sindicales que participaron en la huelga general fueron homenajeados,
en el marco de un proyecto de Asociación Memoria de la Resistencia,
que consiste en colocar “marcas” en 26 lugares que fueron claves
en la oposición a la dictadura militar. Participaron, entre otros, el
ex presidente Tabaré Vázquez -que estuvo un rato y se retiró sin
hacer declaraciones-, los ministros Daniel Olesker y Liliam
Kechichian, y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Vázquez
estuvo un rato y se retiró sin hacer declaraciones.

Olesker había sido designado por la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) en 1973 para integrar el comando de
la huelga general, junto a Jorge Landinelli y Álvaro Jaume. “Fueron
17 días que vivimos con mucha intensidad. Había miles de estudiantes
en las calles en esos días”, recordó Olesker. Según el ministro,
con la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 fue posible
“reconstruir la cultura social y solidaria del movimiento
obrero-estudiantil”.

Edgardo Oyenart, del Secretariado del PIT-CNT, dijo que la memoria es
“un pedazo de presente”. “Si se transforma solamente en una
marca le estamos errando. Esto tiene que servir para saber a dónde
vamos”, dijo.

Agregó que la “organización política” tiene la responsabilidad
de que sus acciones sirvan como herramientas contrahegemónicas. “La
clase trabajadora es el destinatario principal de las acciones de
cualquier gobierno de izquierda, o si no, no es un gobierno de
izquierda. Es imposible transformar si no se es anticapitalista. Es
imposible pensar en una sociedad en la que se pueda repartir el pan y
las rosas si no se elimina la explotación del hombre por el hombre.
Estamos acá porque estas marcas de la resistencia también forman
parte de nuestra concepción ideológica”, señaló Oyenart, que
homenajeó a uno de los impulsores de esta iniciativa, Universindo
Rodríguez, que falleció en setiembre de 2012.

Olivera, en tanto, homenajeó a los dirigentes de la CNT que ya no
están, en especial a D’Elía, y también a un “barrio de
trabajadores” como La Teja, mientras que la ministra de Turismo
planteó la importancia de que “las personas que llegan a Uruguay
puedan conocer qué hizo el pueblo uruguayo contra la dictadura”.
Consultado por la diaria, el dirigente Luis Iguini, uno de los que
participaron en la reunión del 27 de junio, destacó la “gran
conciencia democrática de los trabajadores”, al punto de que
Uruguay fue el único país de la región en el que los procesos
dictatoriales se enfrentaron con una huelga general. “La solidaridad
siempre fue una seña de identidad del sindicalismo uruguayo”,
señaló. En esos años, según Iguini, se forjó una “cultura de la
convivencia” que todavía persiste: “Veníamos de una experiencia
de enfrentamientos. Los dirigentes sindicales muchas veces ni nos
hablábamos, por broncas que habíamos tenido. Sin embargo, empezamos
a convivir, a aprender en los hechos qué cosas nos unían”.

Iguini subrayó definiciones que facilitaron ese proceso unitario y
que se incluyeron en el primer estatuto de la CNT: ningún dirigente
podía ocupar cargos políticos, se prohibió la filiación
internacional y también que al frente de los sindicatos hubiera
funcionarios. “Hubo una convergencia por la necesidad de la unidad:
comunistas, socialistas, anarquistas, demócratacristianos, y también
votantes blancos y colorados”, recordó. Según el ex dirigente de
COFE, el aprendizaje de aquellos años permitió que hoy todavía
exista una central única en Uruguay. “Hay diferencias pero se
resuelven, porque al que quiere romper la unidad, su gremio al final
se la cobra. El sentimiento de unidad es muy profundo, es hasta un
consejo del viejo Vizcacha: unidos sean los hermanos, ésa es la ley
primera; si no se unen los de adentro, los devoran los de afuera”,
concluyó.

Enviado por Amarelle

TEMAS DE COMCOSUR Nº 1506 – 05/11/2013

II. LOS FUSILADOS DE SOCA HACEN CAMINO

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES DENOMINÓ CAMINO DE LOS FUSILADOS A
LA RUTA 70

Crysol

El viernes 25 de octubre la Junta Departamental de Canelones, en
emotiva sesión, con la presencia del Intendente Dr. Marcos Carámbula
y altas autoridades departamentales, con la asistencia del Dr. Juan
Raúl Ferreira, presidente de la INDDHH y numeroso público, con los
votos del Frente Amplio y del Partido Nacional, aprobó que la actual
Ruta 70 pase a denominarse Camino de los Fusilados.

Al designar a la actual Ruta 70 Camino de los Fusilados, la Junta
Departamental de Canelones rindió homenaje a un grupo ciudadanos que
fueron salvajemente asesinados, con premeditación y alevosía, por
resistir y enfrentar a la dictadura militar. Al hacerlo, a casi 39
años de los sucesos, puso de manifiesto su repudio al golpismo y su
compromiso con la democracia, la libertad, los principios
democráticos y las normas de DDHH como pilar esencial de una
convivencia social pacífica y humanista.

María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández,
Héctor Brum, Floreal García y Julio Abreu, sobreviviente del
operativo represivo junto con Amaral García, un niño en la época,
residían en Buenos Aires, habiendo escapado de la furia represiva
instalada en Uruguay a partir del 15 de abril de 1972 en que se
estableció el Estado de Guerra Interno y se otorgaron amplísimas
potestades represivas a las fuerzas armadas.

Un operativo de las Fuerzas Armadas en el Plan Cóndor

En el marco del Plan Cóndor que empezaba a funcionar en la región,
fueron secuestrados por las Fuerzas Conjuntas (FFCC) uruguayas y los
servicios represivos argentinos en los primeros días del mes de
noviembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires y mantenidos en centros
clandestinos en dicho país mientras se los torturaba.

Posteriormente fueron trasladados a Uruguay en forma secreta,
mantenidos desaparecidos en la casa de Punta Gorda conocida como
“infierno chico”, lugar de torturas de los servicios represivos de
la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) en la
época, para ser ejecutados el 21 de diciembre como supuesta
represalia por la muerte en Francia del Cnel. Ramón Trabal.

La muerte en París del Cnel. Ramón Trabal nunca fue esclarecido
totalmente. Sobran los testimonios que señalan que su designación
como Agregado Militar en Francia tuvo el propósito de impedir su
ascenso al generalato y él mismo, conocedor de la interna militar,
llegó a declarar que no regresaría vivo al país.

Su ejecución ser evaluada a la luz de los enfrentamientos internos de
los grupos y camarillas que pugnaban por el poder interno dentro de
las FFAA que ya eran el centro dominante de la dictadura cívico –
militar que encabezaba Juan María Bordaberry, electo por el Partido
Colorado en las elecciones de 1971.

Una ejecución institucional

De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes y de familiares de
las víctimas, la decisión de ejecutar a María de los Angeles Corbo,
Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García
fue adoptada formalmente por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)
de la época que presidía el fallecido dictador Juan María
Bordaberry, lo integraban los Comandantes de las tres fuerzas, y del
cual era Secretario el actual convicto, por otros crímenes, Tte. Gral
® Gregorio “Goyo” Alvarez.

El crimen fue perpetrado con premeditación y alevosía, luego de una
decisión adoptada a los más altos niveles del Estado, sin ninguna
justificación, al margen de todas las normas legales, en supuesta
represalia por la muerte del Cnel. Trabal y con el claro propósito de
amedrentar a todos aquellos que levantaban las banderas de la
resistencia y de la lucha dentro y fuera del país.

La sociedad civil organizada: un rol decisivo en la Memoria

La solicitud a la Junta Departamental de Canelones de denominar Camino
de los Fusilados a la Ruta 70 fue formulada por la Comisión de
Homenaje a los Fusilados de Soca integrada por vecinos de la zona
donde aparecieron los cuerpos y también por Crysol, entre otras
organizaciones sociales y de DDHH que luchan por Verdad, Justicia,
Reparación y Memoria para asegurar que Nunca Más haya terrorismo de
Estado.

A 300 metros de la intersección de la ex Ruta 70 con la Ruta 9, lugar
en que fueron encontrados los cuerpos de María de los Angeles Corbo,
Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García
en las primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en el año 2007 la
Comisión de Homenaje a los Fusilados de Soca, erigió un Memorial
Recordatorio donde todos los años se los recuerda y homenajea en un
acto militante, a pesar de la lejanía del lugar.

Una causa judicial abierta: la muralla caerá.

El esclarecimiento judicial de este cruel episodio represivo del año
1974, ejecutado en el marco del “Plan Cóndor”, era tramitado por
la Dra. Mariana Mota quien fue apartada al área civil por una
decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en febrero de este
año, que ha merecido la más amplia repulsa a nivel nacional e
internacional, para impedir que el mismo avanzara.

La Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del
Estado. El tiempo en que estuvo vigente la Ley de Impunidad no puede
ni debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los
delitos. La justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer
todos los crímenes de Lesa Humanidad, identificar a los responsables
intelectuales y materiales y sancionarlos para evitar que ellos
vuelvan a repetirse. Ahora, además, cuenta con una Unidad
Especializada en el Ministerio del Interior como apoyo para sus
obligaciones, también, imprescriptibles.

CRYSOL

TEMAS DE COMCOSUR Nº 1506 – 05/11/2013

LA COLUMNA DE MAU – MAU

PLAN DE VUELO

Me levanté con la sangre dulce. Hasta les sirvo el argumento en
bandeja a los contras pa’ que me desacrediten: pueden decir que es
deformación profesional.

Desde hace 60 años creo que en Uruguay es necesaria una revolución.
Conclusión lógica que aconsejan indicadores cada vez más
preocupantes y siempre negativos que estoy podrido de repetir y son de
conocimiento público.

La propaganda y los medios de comunicación de masas hacen maravillas:
te hacen comer mierda y encima te hacen sentir que es rica.

Dos por tres tengo que andar discutiendo con extranjeros que me
insisten que el Uruguay está bárbaro y que el Pepe es un presidente
extraordinario.

Hoy – poco interesado – asistí a una entrevista a la Constanza, y
como transcurrida más de la mitad ni siquiera se había referido a
como pensaba superar el poder que tiene la «Celeste» (la perrita de la
Julissa) cliqué otro tema del Fasevuq porque entendí que es más de
lo mismo. Votó la ley de minería, lleva 4 años de senadora;
entonces es cómplice.

Una cosa es hacer el plan, otra cosa es hacer el vuelo

Lo único que puede impedir que un país se siga sumergiendo es el
pueblo; y el pueblo uruguayo no se plantea impedir que el país se
siga sumergiendo, que siga siendo contaminado, saqueado, vendido,
colonizado e invadido.

No encontré en ningún lado una bola de cristal para entrever el
futuro que le espera a esta nación en liquidación. Tampoco hay
ningún plan de vuelo. De nadie.

El único síntoma alentador que percibo es la 5a. marcha de la ANP
(Asamblea Nacional Permanente) el 18 por 18, que servirá apenas como
instrumento de medición del grado de conciencia popular. Por ahora se
trata de un fenómeno en la etapa de crecimiento y es difícil
predecir su desarrollo y el grado de maduración y profundización que
alcanzará. Por las dudas, le aposté todas las fichas que me
quedaban.

El sainete parlamentario para entretener y engrupir la gilada va a
servir un tiempo más para sustentar el gatopardismo pero se agota,
porque en las antípodas sigue en cartelera el drama de los 415
asentamientos, los 600 gurises que andan metiendo el caño, las
escuelas derruídas, los hospitales inoperantes, la inflación rozando
los dos dígitos que hace chiflar la barriga.

Somos un país de viejos conservadores. El malón fascista libró a
los dueños del país del molesto salpullido que los incomodaba pero
despobló, pauperizó y envileció al resto que son los nutrientes que
sustentan el patético sainete actual.

No tenemos ningún plan de vuelo porque no estamos interesados en
volar. Vocación de babosas, nos encanta arrastrarnos.

ZABALZA, LEITES, JAUME Y BORDA PROCESADOS POR ASONADA EN URUGUAY

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