1) Justicia procesó con prisión a Asencio Lucero por delitos de privación de libertad –
2) Plan Cóndor: Testigo de Nueva Palmira declarará en Roma –
3) Vázquez respondió exhorto judicial en marco de la causa que investiga muerte de Wasem –
4) Centro Militar pide “auditoría seria” de excavaciones –
5) Preocupación por cursos de agua que superan normativa de fósforo –
6) Ejecutivo aprobó proyecto de Buquebus por nueva terminal
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2068 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de Abril de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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EL 14 DE ABRIL
El 14 de abril de 1972, el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) dió muerte al Subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, el subcomisario Oscar Delega, el agente Carlos Leites, y el capitán de navío Ernesto Motto Benvenutto. Los cuatro integraban la plana mayor del Escuadrón de la Muerte, responsable del asesinato y desaparición de varios militantes sociales. A modo de retaliación, horas después, las Fuerzas Conjuntas militares y policiales dieron muerte a ocho militantes tupamaros: Alberto Candan Grajales, Gabriel Schroeder, Armando Blanco, Norma Paggliano, Ivette Giménez, Luis Martirena, Horacio Rovira, y Jorge Groop. Tres días después, las fuerzas policiales y militares cercaron la seccional 20 del Partido Comunista y ejecutaron a ocho militantes obreros. En 1978, la dictadura eligió el 14 de Abril para conmemorar el “Día de los caídos en la lucha contra la subversión”. En 1985, el presidente Julio Sanguinetti cambió ese nombre por el de “Día de los caídos en defensa de las Instituciones” (curioso nombre, ya que ninguno de los asesinados ese día defendían precisamente las instituciones). En 2006, el Poder Ejecutivo derogó la conmemoración oficial de la fecha. Desde entonces, los Terroristas de Estado, sus acólitos y sus cómplices se reúnen “extraoficialmente” para “honrar a sus caídos”: una sarta de torturadores, violadores, ladrones de bienes y de niños, sádicos asesinos y desvergonzados desaparecedores de cadáveres.
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1) Justicia procesó con prisión a Asencio Lucero por delitos de privación de libertad; el militar reconoció haber torturado.
CÁ (La Diaria)
La jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, resolvió ayer el procesamiento con prisión del capitán retirado Asencio Lucero, por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados. El fallo es el primero en la causa que investiga las denuncias que presentaron 28 mujeres por torturas y delitos sexuales y es particular porque por primera vez un acusado confiesa haber torturado.
Lucero fue capitán en el Regimiento de Caballería Nº 9 a partir de 1972 y por cerca de ocho años; allí se desempeñaba como encargado de Inteligencia (S2). “Las mujeres eran más sensibles, las ablandaban el desnudo y el pudor, y entonces entraban a hablar”, fue, por ejemplo, una de las confesiones que hizo Lucero ante la jueza Staricco el 30 de setiembre de 2014 acompañado por su abogada.
El militar, incluso, dio detalles del procedimiento que utilizaba para interrogar. Primero “conversaba”, y si no obtenía la información que quería procedía a otras medidas, que, según describe el fallo de la jueza: “pasaban desde los famosos ‘plantones’, ‘submarinos secos’ o ‘con agua’, torturas sicológicas, impedirles dormir, prohibirles las visitas, el uso de la picana, entre otros; incluso hasta la desnudez en el caso de las mujeres, porque ellas eran más ‘sensibles’, cosa que quizás a los hombres los afectaba de menor manera. Por tanto, sabiendo de la sensibilidad de las mujeres, utilizaban su cuerpo, en este caso dejarlas al desnudo, para obtener información”.
Dijo también que “el tacho” era excepcional, para quienes se negaban a decir la identidad; “el que se cerraba iba al tacho”. También se usaba la picana, que era, según declaró, “un cosquilleo” en las piernas. El fallo de Staricco recoge parte del interrogatorio: “Un submarino era una cosa tan excepcional y tan temida que a un preso usted lo amenazaba con hacer un submarino y lo hacían hablar. El submarino seco consistía en envolverle la cabeza con una bufanda, ‘yo le envuelvo la cabeza con una bufanda y la dejo parada cinco horas atadas contra la pared y después de ese tiempo la persona por lógica entraba a hablar’”. En la sala se describió como “un moderador al cansancio. Yo sabía doblegar a la persona. A mí 24 horas no me molestaban para nada, pero no la dejaba dormir, eso era un sistema… Cuando se necesita información hay que presionar, no era correcto pero era necesario”. El fallo recoge que siete mujeres identificaron a Lucero como uno de los militares que ejercieron tortura sobre ellas y que “si se analizan las declaraciones de las denunciantes, así como de los testigos que depusieron en autos, las pericias siquiátricas realizadas, los hechos denunciados fueron los que L admitió haber participado”.
Los hechos y las leyes
Si bien el pedido de procesamiento elaborado por el fiscal Carlos Negro fue por delitos de privación de libertad y de tortura, y si bien el militar admitió haber cometido torturas y la jueza así lo evidencia, el fallo fue únicamente por delitos de privación de libertad. Staricco entiende que “al momento que se dieron los hechos imputados, el delito que estaba vigente era el previsto en el referido artículo [el de privación de libertad] y no el delito de Torturas, que fue establecido como delito recién con la aprobación de la ley 18.026”, aprobada en 2006. Lucero se encuentra actualmente internado en el Hospital Militar, por lo que la jueza solicita un informe forense sobre su estado de salud y que al momento en que se determine el alta se lo derive a un centro de reclusión.
Un paso
Una de las denunciantes en la causa que derivó en el procesamiento de Lucero, Ivonne Klinger, comentó que entre las 28 mujeres que presentaron la denuncia hay algunas que cayeron presas en 1972 y otras que lo hicieron en 1983, que eran de diversos puntos del país y que estuvieron detenidas en distintos centros de reclusión, algunos de ellos clandestinos. Entre los denunciados se menciona a casi 100 personas, la mayoría militares pero también varios civiles: médicos, enfermeros, psicólogos. “No fue una locura de un grupo de oficiales de un lugar determinado, fue durante 11 años y en todos los establecimientos”, marca Klinger, que cayó presa en 1982, estuvo tres meses desaparecida, recluida en La Tablada, y luego de pasar por la justicia militar estuvo tres años presa en el Penal de Punta de Rieles. Klinger esperaba que el procesamiento fuera por torturas, porque en ese caso sería el primero en Uruguay por ese delito, pero de todas maneras le parece muy importante este primer procesamiento. “Todos los que yo denuncié, salvo uno, están libres”, dijo a la diaria. “Todos estos años nosotras no pudimos hacer las denuncias porque nos rebotaban, era revictimizarse, con el esfuerzo tremendo que implica recordar las cosas que pasaron, y nos quedábamos con la sensación de que era inconducente, porque seguían impunes. Es un paso muy importante”, valora.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016
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2) Plan Cóndor: Testigo de Nueva Palmira declarará en Roma
(El Eco Digital)
Varios testigos uruguayos, entre ellos uno de Nueva Palmira, serán citados para viajar a Roma al juicio que se instruye sobre el Plan Cóndor que posibilitó el traslado entre los países del Cono Sur de detenidos por las dictaduras de los años 70—80. El palmirense Rubí (Ruda) Véliz será uno de los testigos en Italia.
Así lo señaló a EL ECO el investigador y militante de Derechos Humanos Lewis Rostan, como participante del juicio que se sigue en los tribunales de Roma contra el dictador Gregorio Álvarez y el marino Luis Tróccoli, acusados de ser protagonistas del Plan Cóndor. Allí hay un capítulo que está referido al intercambio de detenidos entre Uruguay y Argentina a través del río.
Según explicó Rostan “en 1977 la marina uruguaya toma un protagonismo muy importante en la represión. A fines del 77, testigos de Prefectura aportan datos y ellos interceptaron una embarcación que venía de la Argentina con personas encapuchadas. Cuando la detienen se identifican como superiores suyos, y los tienen que dejar seguir”, explica. “Eso se presentó en el juicio de Roma como una prueba de que hubo traslados clandestinos de uruguayos desde Argentina y que la marina uruguaya era la responsable”, señaló. En aquel momento Gregorio Álvarez era Comandante en Jefe del Ejército.
El asunto es que el general Álvarez, a través de una orden interna en el ejército, estableció que él era responsable por todas las posibles violaciones de Derechos Humanos, cuenta Rostan ”En ese momento había descontento y tenían miedo de ser juzgados, así que Álvarez dijo que él era el único responsable. Y entonces dio esa orden clave que permitió procesar acá a Álvarez y se va a procesar seguramente en Italia”.
“Después lo que surge como nuevo es que hay documentos de la marina del año 77 donde consta que sabían que un dirigente del Partido Comunista Revolucionario, Héctor Giordano de Mercedes, estaba en Buenos Aires. Ellos dicen que tendría armas y que estaba en contacto con la imprenta de Vanguardia Comunista, que era uno de los grupos argentinos que operaban allá. Eso fue, prácticamente una sentencia de muerte para Giordano, y era la marina la que estaba encargada”, señaló.
La búsqueda constante
“Nosotros buscamos la verdad”, explicó Rostan “y en esa búsqueda encontramos que la marina participó de todos esos secuestros y que Tróccoli es el responsable de trabajar junto con la Esma en la persecución de todos los uruguayos que estaban allá en esa época”.
“Entre ellos, uno de los que trasladaron a fines del 77 fue a Carlos Cabezudo que era compañero, amigo y profesor de matemáticas del liceo de Mercedes, que fue trasladado al Uruguay y está desaparecido. Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta, fue detenido en el año 1976 junto con Mazuchi, también secuestrado en Argentina. Ahí interviene Gavazzo”.
En el 78 después de Cabezudo, “desaparece en La Tablada Ricardo Blanco, viejo compañero de Mercedes, que su cadáver luego aparece en un predio militar”. Rostan explica que se habla mucho de los vuelos, porque la mayoría de los detenidos que terminan desaparecidos eran traídos por la Fuerza Aérea, “pero también están esos documentos de traídos por lancha a Nueva Palmira y documentos que certifican el traslado de Concordia a través de Salto”, contó.
La entrevista y marcha
La entrevista con Lewis Rostan se hizo el viernes 1 de abril, día en que estaba convocada una marcha en Montevideo, contra el robo de materiales en la sede del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) que trabaja en las excavaciones buscando restos de desaparecidos. Rostan dijo que “la imagen que me da es que esto es un método para sembrar miedo”, señaló categóricamente. “Hay que pensar que esta gente es especializada en el terror. Acá hubo Terrorismo de Estado, y así como las desapariciones fueron para sembrar el terror en toda la población, porque no sabían qué pasaba, esto es para asustar a los investigadores. Se puso un mapa con sus direcciones dando una señal de que los tienen en la mira y asustarlos, pero también para desalentar a los testigos, porque hay testigos que aportaron datos y se supone que esos datos estaban ahí” remarcó. “Entonces al crear una duda sobre quién maneja esos datos, se está tratando de desalentar a los testigos que están aportando datos”.
Hay que tener en cuenta, explicó, que en el entierro de los asesinados por la dictadura participaron muchos soldados, “que les ordenaron cavar una tumba y enterrar eso, pero que no participaron en la tortura ni nada. Y a esa gente en algún momento le remuerde la conciencia y aporta datos”. Como integrante de la prefectura, Rubi Ruda Veliz presenció el traslado clandestino de presos políticos desde la Argentina a nuestro país. Es la prueba de cómo militares uruguayos operaban en la Argentina para secuestrar a personas que consideraban subversivas.
Eran tiempos en los que gobernaban dictaduras militares en ambas márgenes del río. Y fue en una oscura noche del febrero del año 1978 que Veliz fue parte de un comando de la prefectura uruguaya que se topó con una lancha argentina que hacía traslados de presos políticos. “Íbamos llegando al fondo, en la zona de Camacho (lugar que ubica en la desembocadura del Arroyo Víboras) cuando encontramos una embarcación tipo Cacciola, entre los sarandíes. Seguimos caminando y escuché un llanto de mujer y vimos cuatro encapuchados”.
“Ahí salió un oficial del monte y nos dijo que nos retiráramos que estaban haciendo un procedimiento. Yo iba bajo el mando del prefecto Héber Martínez, al que le dijo que se fuera e hiciera el informe correspondiente”, recordó el ex marino. Otro testimonio, también de un ex marinero de Nueva Palmira, pero que prefirió mantener el anonimato, señaló que había visto nueve encapuchados.
Lo visto y oído en esas noches ya fue declarado por Veliz, y gracias a ello varios militares fueron a prisión, entre ellos el mismísimo Gregorio Goyo Álvarez, a quien se le tipificaron “treinta y siete delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real”. En este camino de brindar testimonio para encontrar a los ciudadanos desaparecidos, Rubi Veliz tiene ahora una nueva oportunidad, en el marco de la investigación que se está realizando en Italia sobre el Plan Cóndor. “Para ayudar a toda la gente que está sufriendo con la desaparición de su ser querido, y para sacarme de encima este peso que tengo, de haber visto el sufrimiento de la gente que traían”.
“Es difícil imaginarse que haya gente que esté tan envenenada en su odio. Una cosa que tengas odio a una persona con la que tuviste líos hace cuarenta años, pero ahora, mantener oculta la verdad es un odio hacia los familiares y hacia esa gente. Porque esa gente ya desapareció hace cuarenta años. Continúan un delito por un odio irracional, máxime teniendo en cuenta que acá se les dio garantías, desde el gobierno de Jorge Batlle con la Comisión para la Paz, y sin embargo no aportaron nada y mintieron ex profeso. Y hasta ahora, que hay un montón de grupos sociales, hasta las iglesias y otras congregaciones que se han ofrecido para recibir denuncias. Creo que en la Argentina se sabe, se solucionan los problemas, pero aquí no. Y yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, a mi no me ata nada ni tengo miedo a nadie”, finalizó Veliz.
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3) Vázquez respondió exhorto judicial en marco de la causa que investiga muerte de Wasem.
(La Diaria)
El 29 de febrero, el presidente Tabaré Vázquez respondió por escrito el exhorto enviado por el juez Gustavo Iribarren en el marco de la causa que investiga la muerte de Adolfo Wasem, integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y uno de los nueve rehenes de la dictadura. Wasem fue operado en 1981 de un tumor maligno en el cuello, y “debía seguir diversos tratamientos que sin embargo le fueron proporcionados en forma absolutamente discontinuada y en régimen infrahumano de reclusión”, indica el resumen del Observatorio Luz Ibarburu, en la ficha de seguimiento de la causa. Desde abril de 1984 estuvo internado en el Hospital Militar, en una “sala-calabozo y completamente aislado”, y murió en noviembre, a los 38 años de edad. La denuncia, presentada en 2012 por Sonia Mosquera y el hijo de la pareja, Adolfo Wasem Mosquera, busca determinar el efecto de la falta de atención, la tortura y el no cumplimiento de los tratamientos, así como las responsabilidades en el hecho.
De la historia clínica del Hospital Militar recogida en Investigación histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado (1973-1985) se desprenden los nombres de varios de los médicos que atendieron a Wasem, entre ellos Vázquez. De ahí que la fiscal Raquel González (que luego fue reemplazada por María del Huerto Martínez) le haya formulado, en calidad de testigo, diez preguntas a Vázquez, que respondió por escrito el 29 de febrero.
En las respuestas Vázquez señala que nunca estuvo vinculado laboralmente como médico con el Hospital Militar, que conoció a Wasem pero que este no fue su paciente y que solamente participó en el tratamiento de radioterapia que recibió en 1981. Añade que Wasem fue derivado del Militar al Instituto Nacional de Oncología para que recibiera el tratamiento de radioterapia, y que lo atendió siendo “funcionario dependiente del Ministerio de Salud Pública”.
Ante la consulta sobre si conoce a algunos de los oncólogos del Hospital Militar, Vázquez responde que afirmativamente. “Mantuve vínculo profesional con el Dr. K cuando trabajaba en el consultorio privado, donde era titular, en el período comprendido entre los años 1970 a 1986”, mientras que el otro médico nombrado, Dr. JG, también trabajaba en el consultorio y en el Servicio de Radioterapia de la Facultad de Medicina.
Las consultas de la fiscal también hacen referencia a las condiciones de reclusión y su posible efecto en la enfermedad de Wasem, a lo que Vázquez responde: “Declaro que desconocía las condiciones de reclusión del paciente. No puedo afirmar qué efecto o incidencia en la evolución de la enfermedad o en las posibilidades señaladas en la pregunta, pudieron derivar de la situación de reclusión. Aunque existen al respecto publicaciones científicas, a nivel internacional que plantean la posible o eventual relación entre la depresión, el estrés y determinadas patologías, entre las cuales se menciona el cáncer; como también otros trabajos científicos niegan tal vinculación”. Luego cita algunos trabajos sobre el tema, desde estudios científicos hasta noticias en internet, con posturas que mencionan la incidencia del estrés en el surgimiento del cáncer y las que lo descartan.
Pablo Chargoñia, el abogado coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, consideró “sorprendente” esta última respuesta de Vázquez. El paso siguiente será concretar la audiencia con los cuatro médicos tratantes de Wasem en el Militar, ellos sí, en calidad de indagados. El juez ya solicitó la citación, y resta coordinar las fechas.
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4) Centro Militar pide “auditoría seria” de excavaciones
(Caras y Caretas)
El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo que se debería realizar una “auditoría seria” para conocer los “considerables gastos” que insumió la búsqueda de detenidos desaparecidos.
El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, se manifestó “asombrado” por el robo de documentos e información en la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf), a cargo de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en predios militares, pero al mismo tiempo reclamó una “auditoría seria” para conocer los gastos en que se incurrió en estos procesos.
Silva fue el orador central en un nuevo Acto por los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas, en la cual el Centro Militar y otros centros de oficiales retirados recuerdan a “los caídos en la guerra contra la subversión”. En este ámbito, Silva insistió con la idea de que las actuales autoridades quieren modificar la historia.
“Al momento que estos ciudadanos fueron abatidos por la subversión organizada, el Uruguay vivía en la plenitud del sistema democrático, regido por la Constitución Nacional, con un gobierno electo libremente en elecciones”, expresó Silva, informó el sitio Montevideo Portal. “La guerrilla no se formó para luchar contra los militares, sino para derrocar los poderes democráticos legítimamente constituidos”, y aseveró que “la escritura de la historia reciente ha solapado” estos hechos, porque “ha disminuido hechos, negado acontecimientos, trastocando responsabilidades y, lo más grave, ha cambiado el orden cronológico”, agregó Silva.
Sin embargo, Silva también se refirió a asuntos de actualidad, entre ellos, el robo al GIAF. De esta forma, criticó “la planificada indiferencia ante hechos que deberían por lo menos invitar a la reflexión y a la autocrítica, el rencor minuciosamente cultivado de ciertos sectores que en lugar de dar vuelta la página a una historia que los compromete severamente, insisten en revivir el pasado, en hacerlo presente en sus discursos, campañas y hasta en decisiones de Estado”.
Silva se manifestó “asombrado” por el robo de documentos e información del GIAF. “Existen declaraciones públicas arrojando insinuaciones sobre la responsabilidad de presuntos interesados en amenazar y despojar a los arqueólogos de sus decisivas informaciones, las que hasta ahora han servido de poco”.
“Lo primero que queremos manifestar aquí y ahora es que no logramos entender la falta de cuidado y de responsabilidad para con el manejo de la información que ellos estiman tan importante. ¿Sus archivos estaban respaldados o existió negligencia en este sentido? Nos preguntamos también: ¿quiénes tenían acceso al lugar? Dado que todo fue hecho sin violencia, con mucho tiempo y tranquilidad”, aseguró Silva.
“Por lo que tenemos entendido, desde hace mucho tiempo se conocen los problemas internos de esta Comisión, que llevó incluso a la renuncia de algunos de sus más importantes integrantes. Es extraño lo que ocurrió, por decir lo menos. Somos de los que creemos que cuando se supere la actual situación de rencores y enfrentamientos, se deberá realizar una auditoría seria para conocer los considerables gastos realizados y los resultados obtenidos. No existió trasparencia en la información aportada sobre el tema, pese a los muchos pedidos realizados, incluso por nuestros propios Centros, en función de nuestro derecho de información”, dijo Silva.
En esta línea, el presidente del Centro Militar reclamó que se publicaran los resultados de los laboratorios que realizaron los estudios para la identificación de los restos hallados en predios militares, y “los procedimientos que fueron utilizados para llegar a esas posibles conclusiones”. “Todo este hecho ha sido muy confuso y genera dudas importantes sobre quienes se beneficiaron de la difusión del robo”, concluyó Silva.
Consultado por Radio Uruguay, Silva insistió con la necesidad de seguir “todos los procedimientos” judiciales y policiales para averiguar lo que pasó, y dejó entrever que el robo fue funcional a los intereses del gobierno. “Hay una cosa que está pasando siempre, cuando hay un problema, por ejemplo, como el despilfarro de Ancap o situaciones como la del vicepresidente de la República, siempre se llama la atención con algo, se saca un tema para distraer la atención”. ¿Este tema le sirve al gobierno?, le preguntó la periodista. “Creo que si, absolutamente”, aseguró Silva.
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5) Preocupación por cursos de agua que superan normativa de fósforo
Evalúan cambios en la norma para actualizar los valores permitidos
Lucía Núñez (El Observador)
De 60 ambientes acuáticos monitoreados, 34 superan «significativamente» el nivel de fósforo total que es aceptado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para prevenir la contaminación ambiental y controlar la calidad del agua. De los 26 ambientes restantes, solo nueve permanecen en niveles por debajo del límite aceptable, mientras que otros permanecen variables y en ocasiones superan la normativa.
Los datos surgen de una reciente investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que todavía no fue publicada. El proyecto fue coordinado por la doctora en Ciencias Biológicas Silvia Bonilla y los datos proporcionados tanto por la facultad como por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
De los resultados del estudio se concluye que la situación es «muy preocupante», ya que implica que más de la mitad de los ambientes acuáticos monitoreados están por encima de la normativa, dijo a El Observador el doctor en Ciencias Biológicas Luis Aubriot del departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias de la Udelar.
El arroyo Las Piedras, el arroyo Canelón Chico y arroyo Cagancha, afluentes del río Santa Lucía, son de los primeros tres cursos de agua que presentan niveles por encima de normativa. Los primeros dos, por ejemplo, presentan valores cercanos a 4 miligramos de fósforo total por litro, cuando la normativa es 0,025 miligramos, de acuerdo con el decreto 253/070 aprobado por el Mvotma.
Cambio de la normativa
El mes pasado, el subsecretario de esta cartera, Jorge Rucks, informó a El País que el ministerio se encuentra estudiando junto a la academia la posibilidad de modificar la norma para «adecuarla a la realidad» local. Sobre esto, Aubriot dijo que, aún con la modificación de la norma, gran parte de los ambientes acuáticos quedarán por fuera de ese estándar. «La mayoría de los ambientes que se monitorean están por encima de la normativa actual. Pero por más que se suban un poco esos niveles van a quedar por fuera de la normativa», dijo.
Consultado sobre este punto, el director de la Dinama, Alejandro Nario, dijo a El Observador que la norma data de 1979, una época en la que no habían datos sobre el nivel de los cursos y se definieron valores tomando como modelo la normativa de otros países. Es por eso que en la actualidad el organismo está consultando a los actores intervinientes y la academia para determinar cuál es el nivel real del fósforo en los cursos de agua y en función de eso actualizar la norma. «Estamos evaluando la normativa de calidad de agua y que los valores que debemos poner a los cursos sean los que realmente tienen (…) No hay ninguna valoración de querer subir (la norma) para cumplir o no cumplir. Simplemente queremos saber cuál es el valor que correspondería poner. Es muy técnico», sostuvo.
El impacto de las industrias
Si bien el vertido de las industrias no es el único factor que determina la contaminación de los ambientes acuáticos, sí tienen una gran responsabilidad ya que con sus vertidos pueden generar una sobrecarga de nutrientes en el agua que hace propicio el surgimiento de cianobacterias.
Mientras que el nivel de fósforo total aceptable para los ambientes debe ser de 0,025 miligramos por litro, la norma autoriza a las industrias a tirar hasta 5 miligramos de fósforo por litro de vertido. Para Aubriot, esto presenta una «discordancia» ya que si bien algunos cursos como el río Uruguay y el Río de la Plata tienen el caudal suficiente como para diluir dichos contenidos, otros no. Entonces, llegar al mínimo permitido se convierte en un desafío.
La ministra de Vivienda, Eneida de León, adelantó la conformación de un gabinete ministerial de ambiente, conformado por su cartera junto con el Ministerio de Ganadería y Ministerio de Industria. La importancia que el gobierno busca dar a la temática también quedó en evidencia con la decisión de crear una Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, dentro de la esfera de Presidencia.
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6) Ejecutivo aprobó proyecto de Buquebus por nueva terminal en rambla sur; en 120 días debe presentar la propuesta definitiva.
AM (La Diaria)
El gobierno declaró de interés el proyecto de Buquebus para construir la nueva terminal de pasajeros en Montevideo: la localización propuesta por el empresario Juan Carlos López Mena está en pleno centro, en el predio de la ex Compañía del Gas de Montevideo, en la intersección de la rambla y Andes. La noticia se conoció ayer y fue publicada por El Observador y El País.
Víctor Rossi, titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), explicó a la diaria que el lunes el Poder Ejecutivo consideró de interés la iniciativa privada y que ahora Buquebus “tiene 120 días para presentar la propuesta definitiva, con eso se llama a licitación y una vez que se adjudique, comienza la construcción”. La iniciativa fue presentada en el marco de la Ley 17.555, de Reactivación Económica-Industria de la Construcción, que prevé convocar a procesos competitivos para la realización de iniciativas promovidas por privados; en ese momento, de acuerdo con la ley, el promotor de la oferta, Buquebus, tendrá un beneficio de 5% a 20% en el puntaje de la licitación.
Rossi aclaró que el dique Mauá -que está bajo la órbita de la Armada Nacional- está fuera del área de la terminal proyectada. Detalló que el edificio de las carboneras de la vieja compañía se reciclará y se creará el Museo del Tiempo -una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) durante la pasada administración-, y que el resto del espacio “es el área de la terminal propiamente dicha, que incluye un hotel, varios pisos de estacionamiento y una serie de servicios”, entre ellos locales comerciales. Se construirá también una escollera, con un relleno de 70 metros sobre la costa. En cuanto al monto de la inversión, comentó que serían “unos cuantos millones de dólares”; “no me animaría a decir 200, creo que son más”, estimó.
Consultado sobre el tiempo de la concesión, Rossi dijo que “depende de la zona”. “Va a haber zonas de la propia empresa y otras que serán propiedad del Estado, como el área de escolleras y demás. Otras van a ser de propiedad municipal, porque va a haber una ampliación de zonas enjardinadas”, explicó. En cuanto a los cambios que la nueva localización provocaría en la rambla sur, sobre todo respecto del tránsito, comentó que “es posible” que vaya a haber mayor tráfico, “pero tendrá los estacionamientos y las canalizaciones debidas”. “No creo que tenga incidencia. Puede haber mayor actividad, mayor concentración en la zona y durante todas las horas del día, porque ahora es una zona que tiene actividad sólo algunas horas. Creo que todo eso va a estar previsto en el proyecto”, dijo.
El conjunto edilicio de la ex Compañía del Gas de Montevideo está catalogado como Monumento Histórico Nacional. Consultado al respecto, Rossi expresó que no creía que tuviera ninguna limitación y que “lo que habrá seguramente es una evaluación de la Comisión de Patrimonio: una vez que se presente el proyecto, dará su opinión”.
Repercusiones
El proyecto fue presentado a Presidencia de la República y a Rossi. En diálogo con la diaria, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, dijo estar al tanto, pero comentó que no había sido presentado en su oficina. La ANP está a cargo de la terminal de pasajeros ubicada en el Puerto de Montevideo y cuya concesión tuvo Buquebus desde agosto de 1995 hasta agosto de 2015. Díaz comentó que “lo que se nos había encomendado era hacer un pliego para llamar a licitación” para un nuevo concesionario, pero que “ahora, obviamente, por las noticias, el pliego será para el nuevo lugar y no para este”. Respecto de la terminal actual, comentó que la intención era trabajar con los cruceros, y que verán si pueden adaptarla para eso. La ANP ya había planteado la conveniencia de que la terminal de pasajeros se trasladara del corazón del puerto. Respecto del lugar propuesto, Díaz opinó: “Para mí es un buen lugar, mejor que Capurro [el anterior proyecto de Buquebus], porque la gente que va a embarcar o a de- sembarcar no tiene que atravesar la ciudad”, y señaló que la rambla sur también está dentro de la zona de influencia de la ANP. Comentó que el dragado “no será muy grande porque la profundidad ahí debe ser la adecuada”.
El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, dijo a la diaria que ayer le solicitó una reunión al titular del MTOP para interiorizarse “del proyecto y de los impactos en el entorno”, porque si bien tenían conocimiento de la propuesta, no formaron parte del proceso de aprobación. Comentó que “es un proyecto que puede tener un impacto muy interesante para la zona”, pero que quería conocer “cómo se han evaluado los impactos del aumento de movilidad que va a generar en el entorno, a los efectos de informar al Concejo Municipal y a los vecinos que nos comienzan a preguntar”. Mencionó, además, que tenía interés en saber “cómo se conjuga con esto el espacio público que tenemos allí construido y cómo se inscribe la propuesta del Museo del Tiempo en este proyecto”.
Gabriel Aintablian, director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del MEC y presidente de la Fundación Museo del Tiempo, tampoco estaba interiorizado en la propuesta. Después de que el MEC definiera que no había fondos para construir el Museo del Tiempo -cuyo costo rondaría los 14 millones de dólares, incluyendo al Museo Nacional de Historia Natural-, la fundación estaba trabajando para recurrir a un financiamiento por medio de un proyecto de participación público privada (PPP). “Teníamos una licitación en marcha para hacer los estudios de factibilidad de la PPP”, declaró Aintablian a la diaria. Con ese estudio verían si era viable hacer el proyecto mediante una PPP, y dijo que ahora se considerará si es necesario hacer el estudio. De todos modos, comentó que están dispuestos “a adecuar el proyecto a lo que se precise”.
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