Entradas de septiembre de 2016

AL DÍA:

1) Ejército se desmarca del espía Castiglioni: un hecho “grave” – 

2) La reforma de la Caja Militar no se aplicaría a efectivos que hoy están en actividad – 

3) Zonas de Uruguay con tasas de embarazo adolescente similares a África – 

4) Para el PN “no existe golpe parlamentario” en Brasil – 

5) Vázquez y Temer hablarán sobre el Mercosur en Nueva York –

6) Se excluyeron telecomunicaciones y servicios financieros del TLC con Chile, y no hubo acuerdo en marcas y patentes.

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2091 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Jueves 8 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Ejército se desmarca del espía Castiglioni: un hecho “grave”
(La República)

El Ejército admite que el coronel Elmar Castiglioni pudo haber acumulado “mucha información” por su pasaje por la Dinacie pero si actuó como espía y en democracia es un hecho “grave” aunque sin relación alguna con el Ejército. Altas fuentes militares aseguraron a LA REPUBLICA que Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar información pero dudan que fuera capaz de montar “un servicio de inteligencia paralelo”. Las mismas fuentes señalan que el archivo militar incautado por la ministra Berrutti en el primer gobierno de Tabaré Vázquez es el más completo.

El pasado viernes, en la última edición del semanario Brecha, se informó acerca de una red de espionaje montada en Uruguay y que tenía como finalidad investigar, seguir y controlar las acciones de varios dirigentes políticos de máxima jerarquía, jueces y fiscales, dirigentes sindicales, militares, ministros y legisladores. La información estaba contenida en documentos que fueron incautados en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni el año pasado, a los cuales accedió el semanario.

El llamado “archivo Castiglioni” está en poder de la justicia por orden de la jueza Beatriz Larreiu y del mismo se desprende que la inteligencia militar espió en plena democracia a figuras como Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, el contralmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, el pastor Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle. El artículo de Brecha señaló que “una parte importante del esquema de espionaje se apoyaba en un verdadero ejército de informantes e infiltrados”. Esto se desprende de las carpetas y cuadernos con las listas de los espías y otras donde aparecen escuchas telefónicas en cintas y en DVD.

Brecha también informó que Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID), dos organismos militares involucrados en la represión ilegal durante la dictadura. El coronel Elmar Castiglioni fue el último o uno de los últimos jefes de la OCOA y su trabajo consistía básicamente en el análisis de información hasta 1984. A partir de ese año, Castiglini no estuvo en el ámbito del Ejército salvo un breve período de algo más de un año en el Departamento 2 del Ejército. Luego, pasó a desempeñarse fuera del ámbito del Ejército en la DINACIE, la heredera del SID. Respecto a su personalidad, una de las fuentes consultadas por LA REPUBLCIA lo señaló como un individuo con una “psicología medio especial” como “buscando la conspiración detrás de cada cosa”. “Incluso el hecho que armara un archivo paralelo en su domicilio marca que hay cierta patología mental ahí, porque a quien se le ocurre tener esas cosas en el propio domicilio”.

Otro informante del Ejército dijo estar convencido de que “el Ejército no tenía ya desde hace años la capacidad técnica para hacer algo tan fino, tan bien hecho como para que recién se descubra, 20 y poco años después, que se hacían seguimientos, infiltraciones; no lo creo, por lo menos el Ejército no”.

Por otra parte, dijo que la “prueba” de que el Ejército no está relacionado a estos hechos es que “Castiglioni muere un día en agosto del año pasado, y el allanamiento en su casa se hace como tres semanas después; en todo ese período ni un integrante del Ejército ni de la Dinacie se le ocurrió ir a la casa de Castiglioni a retirar las cajas. A nadie se le ocurrió. Lo que demuestra esto es que o nadie le dio valor a eso que él pudo tener o directamente nadie sabía que él estaba haciendo esa especie de servicio paralelo. Esa es la realidad”. Para esta fuente, esa sería “la prueba del 9 del deslinde entre el Ejército y Castiglioni”.

El informante agregó que en sus últimos años que Castiglioni estuvo en la Dinacie, antes del retiro en 2006, “pudo haber acumulado mucha información, haber fotocopiado fichas, etc. Pero en el Ejército, la verdad es que nunca se le dio pelota. La información que él podía tener era información abierta o si había más delicada con informantes y todo, para el Ejército esa información no podía ser distinta ni superior o de mejor calidad que la que se secuestró de la Escuela de Inteligencia con la ministra Berrutti”. “Ahí secuestró todo el archivo completo y si Castiglioni tenía una copia de eso en su casa bueno será una copia porque la original la tienen”. Por otro lado, indicó que “si hubo una actuación después de su retiro en 2006, yo buscaría para otro lado, no creo que hoy existan ni recursos ni materiales ni humanos para estar atendiendo esa actividad. No creo que en el Ejército ni en las Fuerzas Armadas haya hoy una estructura paralela”.

“Si hubo todas esas escuchas es un tema grave eso no cabe duda”, aseguró la fuente pero advirtió que si “este hombre si actuó, actuó totalmente independiente por su cuenta, independiente, del Ejército seguro y estoy convencido que tampoco actuó en coordinación con la Dinacie. Busquen por otro lado”.

Reacciones

Varias organizaciones políticas y sociales del país han reaccionado ante la confirmación de la red de espionaje militar que imperó en el país, por lo menos, hasta el año 2009. Uno de los sindicatos señalados bajo el espionaje fue en aquellos años la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNTMRA. Esta organización sindical no descarta iniciar una denuncia penal al considerarse víctima de espionaje militar en años de democracia. El secretario general del PITCNT e integrante de la UNTMRA Marcelo Abdala, calificó el hecho de “sumamente grave” y adelantó que reclamará a la Justicia poseer la información que involucra a su sindicato y que el extinto militar Castiglioni consiguió de forma ilegal.

A nivel de los partidos políticos, las reacciones fueron similares. El Diputado del partido Colorado Fernando Amado anunció su adhesión a la causa de las organizaciones investigadas clandestinamente. “Tiene mi voto” dijo Amado en un tweet de su cuenta personal. “No debería haber duda en que haya una reacción del Parlamento” sostuvo el legislador con relación al caso conocido, señalando que este tipo de evidencia “marca una violación de la institucionalidad y de la democracia y de la subordinación militar”.
Desde filas del partido Comunista del Uruguay, el dirigente Gerardo Núñez señaló la necesidad de impulsar una investigadora parlamentaria para “llegar al fondo de la verdad” en el asunto, posición similar a la anunciada por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig. Precisamente, el PVP emitió en las últimas horas un comunicado de su comité central. Allí, el órgano de conducción partidaria expresa su “alarma y preocupación” ante la información referida a la red de espionaje, “claramente ilegal y reñida con un estado democrático”, sostiene.

“Las organizaciones políticas que en el pasado autoritario que vivió nuestro país sufrieron las consecuencias de conductas criminales llevadas a cabo por el terrorismo estatal y la totalidad del sistema político y las instituciones del Estado deben tener en cuenta que esa actuación ilegal viola los derechos a la privacidad y la intimidad de las personas y que son inadmisibles en una sociedad democrática y el estado de derecho”.

Agrega que la utilización de los recursos de los uruguayos para “solventar la actuación ilegal de personal encubierto, de emplear las estructuras estatales para reunir información sobre organizaciones sociales y políticas que actúan en actividades amparadas en la constitución y la ley, es un nuevo elemento que debe ser incorporado cuando se discute la distribución de los recursos del país”.

El Partido por la Victoria del Pueblo resolvió impulsar a nivel parlamentario la instalación de una comisión investigadora sobre la actuación de los servicios de inteligencia, militares y policiales, en democracia; plantear el tema ante los distintos organismos del Frente Amplio; solicitar ante el Juzgado Penal de 7º Turno, copia de toda la información relativa al Partido por la victoria del Pueblo y sus integrantes que existan en dichos archivos y, finalmente, respaldar y acompañar aquellas otras iniciativas que a nivel político o social que contribuyan al levantamiento del secreto u ocultamiento de los archivos o documentos de personal informante infiltrado; y a resolver este tema de acuerdo a aquellos parámetros que profundicen la democracia y terminen con la impunidad.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) La reforma de la Caja Militar no se aplicaría a efectivos que hoy están en actividad
Eric Núñez (SdR)

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, llevó tranquilidad a las Fuerzas Armadas al afirmar, según explico a SdR el general José Alcaín, que la reforma de la Caja Militar no afectará las jubilaciones de los militares en actividad. El gobierno había anunciado que pretende impulsar en 2016 una reforma de la Caja Militar para revertir el déficit que genera cada año por el pago de altas jubilaciones.

Fue el ministro de Economía, Danilo Astori, quien planteó la reforma dentro de las medidas de “consolidación fiscal” presentadas previo a la Rendición de Cuentas, ya que cada año el gobierno debe asistir financieramente con sumas millonarias a la Caja Militar.

Los anunciados cambios en el sistema de jubilaciones provocaron malestar en las Fuerzas Armadas y semanas atrás militares retirados dijeron en la Comisión de Defensa del Senado que alrededor de 100 médicos de Sanidad Militar habían apelado al retiro en 2016 por esta situación.

El director nacional de Sanidad Militar, general José Alcaín, negó esa versión y aclaró que los casos de médicos retirados no serían tantos porque el ministro de Defensa brindo seguridad de que “todo lo que la nueva ley de retiros implique o tenga como consecuencias, no va a ser efectivo sobre aquellos que ya tengan los haberes jubilatorios generados o aquellos que hoy están en actividad”.

De las declaraciones del general Alcaín a SdR se puede inferir que una eventual modificación de los haberes jubilatorios sólo regirían para aquellos militares que ingresen a las Fuerzas Armadas a partir del momento en que la reforma entre en vigencia.

Esa aclaración del ministro Menéndez choca con la intención del equipo económico de gobierno de implementar la reforma de la Caja Militar en 2016 y reducir los beneficios jubilatorios dentro del paquete de medidas contra el déficit fiscal. “Estamos proponiendo, y no solo proponiendo porque tenemos muy avanzado el proyecto, una reforma de la Caja Militar que tiene un impacto fiscal increíblemente alto en el país. Cuanto antes lo pongamos en práctica mejor”, manifestó tiempo atrás Astori.

Alcaín explicó que el compromiso expresado por Menéndez fue comunicado a todos los funcionarios que están a su cargo. “Yo reuní a todo el personal de Sanidad Militar y se le ha aclarado que se está trabajando para que la reforma no afecte a nadie en lo que es lo más doloroso para cualquier trabajador: el bolsillo”, dijo el general.

Sobre las declaraciones de los militares retirados en la Comisión del Senado, Alcaín aclaró que actualmente hay 22 doctores y odontólogos que se encuentran en trámites jubilatorios en el Hospital Militar, mientras que hubo 18 médicos militares que se han retirado este año. Sostuvo que estas cifras son normales aunque de prosperar una reforma “creemos que va a ver un retiro masivo de esta gente” pese al compromiso expresada por el ministro de Defensa.

El director de Sanidad Militar señaló que los médicos quieren que les respeten los derechos jubilatorios prometidos cuando optaron por realizar dicha actividad en el ámbito militar. “Si ingresan con determinadas condiciones no se le puede cambiar las reglas de juego en la marcha. Si cambian es para mejorar, no para empeorar”, opinó Alcaín.

Según cifras divulgadas por el Ministerio de Economía, los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas cobran una jubilación mensual en promedio de $120.000 cuando se retiran por edad y de $80.000 cuando pasan a retiro antes. A su vez, las jubilaciones de los oficiales y jefes ronda los $60.000 cuando se retiran voluntariamente y si lo hacen por edad llega a los $90.000 aproximadamente.

Los funcionarios que trabajan en Sanidad Militar tienen distintas jerarquías militares. Existe un escalafón donde los médicos, químicos y odontólogos pueden llegar hasta al cargo de coronel con edad de retiro de 68 años. También hay una escala de civiles y queda un remanente de oficiales equiparados que al retirarse no se repone.

Según Alcaín “nuestros médicos, así como el personal militar en su conjunto, somos los peores remunerados en toda la administración pública porque no tenemos salario vacacional, nocturnidad ni una cantidad de beneficios que tiene cualquier funcionario público”. Señaló que la hora hombre del soldado vale $50 “y de quien le habla hoy, general, no vale mucho más, somos los peores pagos”.

El general también planteó su visión sobre el déficit que genera cada año la Caja Militar, que en 2015 alcanzó US$ 345 millones. Alcaín dijo que “no es un déficit, sino una inversión”, porque los militares no se jubilan sino que se retiran y pasan a formar parte de la reserva. “Hasta los 70 años nosotros estamos obligados a concurrir e integrar las filas de las fuerzas en caso de conflicto”, agregó.

Finalmente, el director de Sanidad Militar apuntó que en la historia del país mucha gente se ha jubilado sin aportar nada al BPS o a una caja paraestatal porque “conseguían dos o tres testigos, pagaban unos meses y así llegaban a la jubilación”.

“Hoy un coronel del ejército, para retirarse con el mismo sueldo que tiene y otros beneficios que se dan, tiene que tener 36 años de servicios, es decir que por 36 años aportó al sistema previsional. No es justo que una persona que aportó 36 años se retire en igual condición que una persona que nunca aportó. Si siempre aportamos y todo lo que se reguló en torno a esto fue en años de democracia ¿ahora te quieren cambiar, por qué?”, concluyó el general.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Zonas de Uruguay con tasas de embarazo adolescente similares a África
(Subrayado)

La situación se da en departamentos como Río Negro, Rivera y Cerro Largo. Todos casos no deseados que reflejan la desigualdad.

Las cifras de embarazo adolescente representan el 16% del total. La subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que es preocupante su tendencia creciente. “Los prestadores de salud donde se atiende la población de mayores ingresos tienen cifras del 0% de embarazo adolescente mientras que en los prestadores públicos hay cifras de hasta el 26%”.

“También hay departamentos que tienen cifras de embarazo adolescente no intencional casi como los países de menores ingresos del continente africano. Rio Negro, Rivera, Cerro Largo, son algunos de ellos”, apuntó. “Los tenemos identificados por municipio, zona y prestador de salud. Este indicador traduce las inequidades que tenemos”, dijo la jerarca.

En 2014 nacieron 7.951 niños de madres adolescentes y menores de 19 años. De esos, 169 están vinculados a menores de 15 años producto de una explotación sexual o de abuso. “Son temas que el Uruguay en el contexto de América Latina, cuando está bajando la tasa de fecundidad particularmente viene aumentando la tasa en este grupo de adolescentes”, sostuvo.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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4) Para el PN “no existe golpe parlamentario” en Brasil
(180.com)

El directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que expresó que reconocen “la legitimidad democrática” del gobierno en funciones en Brasil, liderado por Michel Temer, y que la decisión del Senado de ese país “se inserta en lo que marcan la Constitución y la Ley”.

El comunicado del directorio del Partido Nacional indica que “la decisión adoptada por el Senado del Brasil se inserta en lo que marcan la Constitución y la Ley de ese país”, y que “por lo tanto, corresponde reconocer la legitimidad democrática de la misma, y por ende, del Gobierno actualmente en funciones en la República Federativa del Brasil”.

Además, añadieron que “la ciudadanía brasileña debe resolver su propio destino sin intromisión externa y, por lo tanto, sólo cabe augurarle a esa nación hermana la consolidación de sus instituciones, en el marco de la mayor libertad y de la plena vigencia de la democracia”.

En conferencia de prensa, el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, dijo que como partido sintieron la “obligación de sacar una declaración que establezca las distancia que tenemos que tener de las resoluciones internas que constitucionalmente ha tomado Brasil”.

“Entendemos que tenemos que respetar su soberanía y sus decisiones cuando estas están ajustadas a la Constitución de la República y no dar opinión, como lamentablemente se ha dado de parte del comunicado del gobierno, en cuanto que es una injusta decisión por parte del Parlamento”, añadió.

Heber agregó que el proceso ocurrido en Brasil “ha perjudicado a ese país, al Mercosur y a América” y que “nadie desea la situación de corrupción, denuncias e inestabilidad” que se dio, sino que “se reencause y reafirme la democracia y la institucionalidad”.

A su vez, Heber aseguró que “no existe golpe parlamentario”, ya que “los parlamentos también son elegidos por la gente” y que es allí donde está la totalidad de la opinión del pueblo brasileño y no en la fórmula presidencial.

Sobre presidencia del Mercosur

Heber también respondió a una pregunta sobre el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela por parte de Uruguay. Dijo que no entendieron la acción del gobierno de actuar “tan decidida y militantemente a favor de darle la presidencia a Venezuela y de la forma en que se dio”.

Esto se debe a que “Venezuela no cumple jurídicamente con muchas disposiciones del Mercosur” por lo que opinó que el gobierno nacional y el resto de los países vecinos debieron de “haber generado la denuncia a Venezuela de que no cumple con las cláusulas democráticas del protocolo de Ushuaia”.

Consultado sobre la diferencia entre interferir en los asuntos internos de Venezuela y no en los de Brasil, Heber dijo que “Brasil no está violando los protocolos de Ushuaia: no hay presos políticos, no hay partidos ilegitimados ni violación a la libertad de prensa. No cuestionamos la democracia brasileña”.

Añadió que aunque se puedan tener opiniones más o menos favorables respecto al proceso al que se sometió a Dilma Rousseff, fue por la independencia del Poder Judicial que se procesaron delitos de corrupción, los cuales fueron denunciados por la prensa, lo que no ocurre en Venezuela.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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5) Vázquez y Temer hablarán sobre el Mercosur en Nueva York
Nin Novoa dijo que el objetivo del gobierno es "salvar al Mercosur"
(El Observador)

Durante el encuentro bilateral que los presidentes Tabaré Vázquez y Michel Temer tendrán en Nueva York en dos semanas, en ocasión de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, habrá un tema predominante: la situación actual del Mercosur, según informó ayer el canciller Rodolfo Nin Novoa en conferencia de prensa. "El Mercosur va a estar en la agenda sin lugar a dudas. Las cancillerías estamos trabajando para superar la inacción que hay. Nuestro objetivo es salvar al Mercosur", señaló Nin Novoa.

El bloque regional está paralizado desde que un desacuerdo hasta ahora irremediable se interpusiera entre los socios fundadores a raíz de la decisión del gobierno uruguayo de transferirle la presidencia pro témpore a Venezuela. Justamente desde que asumió Michel Temer como presidente de Brasil en reemplazo de la destituida Dilma Rousseff es que el vecino del norte comenzó a presionar para que Uruguay no hiciera el pasaje.

El canciller uruguayo señaló que se están haciendo esfuerzos para que el Mercosur siga funcionando, por lo menos en lo que respecta a su agenda externa. En particular detalló el trabajo que se viene realizando a nivel del Grupo del Mercado Común y a través de los coordinadores de cada uno de los países para "determinar cursos de acción y mantener viva la agenda externa" del bloque.

El objetivo es seguir avanzando para poder generar intercambios comerciales con Canadá, la Unión Europea e India, informó el jefe de la diplomacia uruguaya. En octubre está planificada una reunión entre el Mercosur y la Unión Europea en Bruselas. Curiosamente todas estas negociaciones que están en curso hace algún tiempo no están en los planes de Venezuela, que por lo menos para el gobierno uruguayo es quien hoy preside el bloque. "Venezuela está por voluntad propia ajena a estas negociaciones", dijo Nin Novoa.

De hecho, ese país no asistió a ninguna de las varias reuniones que del Grupo del Mercado Común que se vienen desarrollando en Montevideo en las últimas semanas bajo el argumento de que solamente el gobierno de Nicolás Maduro tiene potestad de convocar encuentros. La reunión que Vázquez y Temer mantendrán en Nueva York puede ser fundamental no sólo para empezar a transformar el status quo en la región, sino también para cambiar la pisada en las relaciones entre los dos Estados que no comenzó de la forma más auspiciosa (ver nota abajo).

Tras la destitución de Rousseff, Uruguay emitió un comunicado en el que calificaba de "injusto" el resultado del proceso brasileño. Ese mismo día Nin Novoa señaló de forma expresa que el gobierno uruguayo reconocía la presidencia de Temer al frente de Brasil en una comisión parlamentaria.

Ayer, al ser consultado por este tema en conferencia de prensa, el ministro profundizó en la explicación: "El Uruguay no reconoce gobiernos sino que reconoce Estados. El no reconocimiento de un gobierno se da de manera indirecta a través del retiro del embajador y de alguna declaración que el Uruguay en este caso no hizo, como sí hicieron otros países (en referencia a lo hecho por Bolivia, Venezuela y Ecuador).

El Uruguay reconoce el gobierno de Temer aunque sigue manteniendo su posición con respecto no del proceso, sino del resultado. El proceso fue legal pero el resultado es injusto", dijo el ministro. El canciller de Brasil, José Serra, le restó trascendencia a los desencuentros con Uruguay en los últimos días.

Cancillería dará información al PIT-CNT sobre TLC con Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo que le presentará al PIT-CNT la misma información sobre el Tratado de Libre Comercio de "última generación" con Chile que intercambió con las dos comisiones parlamentarias en las que compareció por éste tema.

Nin dijo que le mostrará a la central sindical los 20 capítulos del acuerdo y explicará de qué tratan, así como los beneficios que éste tratado tiene para el país. El PIT-CNT había acusado a la cancillería de no revelar toda la información sobre el TLC, y sólo brindar información acerca de la normativa laboral.

Uruguay firmará el TLC con Chile el próximo 4 de octubre y, de forma paralela, ya trabaja en la profundización del TLC que está vigente con México. El gobierno apuesta a este tipo de tratados con varios países del Pacífico. En la lista también está Colombia y Perú.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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6) Se excluyeron telecomunicaciones y servicios financieros del TLC con Chile, y no hubo acuerdo en marcas y patentes.
(La Diaria)

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa dio un informe sobre las negociaciones con Chile para la firma de un Tratado de Libre Comercio, el jueves, ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. Dijo que este acuerdo es relevante por la importancia de la inversión chilena en Uruguay y porque se buscará replicar este modelo con otros países. Aclaró que esto se hará en formato bilateral y descartó que Uruguay pretenda integrarse a la Alianza del Pacífico en este momento. “El hecho de que se pretenda negociar acuerdos comerciales con los países miembros de la Alianza del Pacífico en forma bilateral nada tiene que ver con un eventual ingreso de nuestro país a ese bloque, porque si deseamos ingresar a ese bloque, tenemos que suscribir la Declaración de Paranal, Antofagasta, Chile, que es la que crea la Alianza del Pacífico. Esta secretaría de Estado todavía no está en ese horizonte, aunque sí estamos, como ustedes saben, participando en las reuniones en carácter de observadores”, dijo Nin, según consta en la versión taquigráfica.

Explicó que en materia de bienes no hay innovaciones, porque ya está liberalizado el 100% del comercio a partir del Acuerdo de Complementación Económica número 35. Informó que los capítulos que aún falta cerrar son sobre comercio transfronterizo de servicios y comercio electrónico. En cuanto al comercio de servicios, aclaró que quedan fuera del ámbito de aplicación “las subvenciones y los servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales, las telecomunicaciones y los servicios financieros”.

En cuanto al capítulo de propiedad intelectual, recoge la normativa multilateral en la materia y las normativas de ambos países en los aspectos en los que eran similares. “Sin embargo, no hubo acuerdo en el ámbito de aplicación del acuerdo en tres materias, debido a que los marcos jurídicos son muy dispares: derechos de autor, marcas y patentes”, indicó el canciller. En cuanto al capítulo sobre normativa laboral, las autoridades del ministerio aseguraron que no menoscabará la legislación nacional, sino que, por el contrario, la consolidará.

Ayer, al término del Consejo de Ministros, Nin confirmó que el presidente Tabaré Vázquez mantendrá una reunión con su par de Brasil, Michel Temer, durante la Asamblea de las Naciones Unidas que tendrá lugar este mes. Aclaró que Uruguay “reconoce el gobierno de Temer” y considera que el proceso de destitución de Dilma Rousseff fue “legal”, aunque su resultado fue “injusto”. Dijo que el objetivo de Uruguay es “salvar al Mercosur” y que este será uno de los temas de conversación de Vázquez con Temer. Agregó que Uruguay apunta a que se mantengan las reuniones de los coordinadores nacionales del bloque, porque aunque estos no pueden tomar decisiones, sí puede coordinarse en ese ámbito la agenda externa del Mercosur.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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1) Hoy: Día de acción por la salud y libertad de Mumia Abu-Jamal – 

2) España: Ya hay más vigilantes privados que guardias civiles – 

3) El banquete minero de México – 

4) El modelo de malestar de la economía chilena –

5) El éxito de la huelga general indica el rumbo a la India

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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 789 / Miércoles 7 de Septiembre de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Hoy: Día de acción por la salud y libertad de Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia, México

El miércoles 7 de septiembre será un día de acción internacional para exigir un tratamiento inmediato para Mumia Abu-Jamal con las nuevas drogas antivirales que pueden curar la Hepatitis C, una enfermedad que él padece junto con casi 6,000 presos en el estado de Pensilvania y miles más en las prisiones de Estados Unidos.

El 31 de agosto, el juez federal de distrito Robert Mariani se negó a ordenar dicho tratamiento por un tecnicismo, al responder a la demanda presentada hace más de un año por los abogados Robert Boyle y Bret Grote. En su dictamen, el juez Mariani, quien presidió la audiencia sobre el caso en diciembre de 2015, dice que la demanda nombra personas que no tienen la autoridad de implementar un mandamiento judicial, cuando debería nombrar los miembros del Comité de Atención a la Hepatitis C del Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Pensilvania. Según el juez, sólo este comité tiene la autoridad para actuar.

Por otro lado, el dictamen del juez sostiene que el DOC ha violado la Octava Enmienda de la Constitución federal que prohíbe los castigos crueles e inusuales, al negarle tratamiento a Mumia y a otros presos que padecen Hepatitis C activa.

La Campaña para Llevar a Mumia a Casa describe el dictamen como “un ejemplo más de las contorsiones y acrobacias que se han utilizado desde hace muchos años para negarle justicia a Mumia y a miles de otros acusados”.

Noelle Hanrahan de Prison Radio pregunta: “¿Cómo es posible que el DOC no sea responsable? Ellos establecieron el Comité de Atención a la Hepatitis C y aprobaron sus recomendaciones…. ¿Cómo es posible que el juez permita que el DOC evite su obligación constitucional para dar atención médica a los presos, relegando su responsabilidad a un sub-comité?”

El abogado Robert Boyle enfatiza que durante todo el proceso, el Departamento de Correcciones nunca dijo que a las personas demandadas les falta la autoridad para implementar una orden de la Corte. También afirma que la existencia del Comité sólo fue revelada al final de la audiencia de diciembre. El grupo se reúne en secreto y toma sus decisiones en secreto.

Sin embargo, Boyle destaca la importancia de que el Juez Mariani haya encontrado que el Departamento de Correcciones les está negando a personas la adecuada atención a la salud garantizada por la Enmienda Octava de la Constitución de Estados Unidos. En su dictamen, Mariani dice que el DOC se ha mostrado “deliberadamente indiferente” a los riesgos conocidos asociados con la Hepatitis C no tratada.

Según el protocolo del DOC, un preso tiene que estar a punto de morir antes de que pueda recibir el tratamiento con los nuevos antivirales. Hay que tener cirrosis e hipertensión portal, es decir, el hígado tiene que ser tan calcificado que la sangre no puede entrar y las venas en el pecho y la garganta empiezan a romperse. En la audiencia del diciembre de 2015, se estableció que Mumia tiene fibrosis (daño al hígado) y que hay una probabilidad de 63% que tenga cirrosis. Se considera que ha tenido el virus de Hepatitis C desde que recibió una transfusión de sangre la noche de su detención el 9 de diciembre de 1981, cuando fue baleado y golpeado casi hasta morir.

En el momento de la audiencia, sólo 5 presos en el estado de Pensilvania estaban recibiendo el tratamiento, y ahora, son aproximadamente 30. La empresa Gilead cobra $1,000 U.S. dólares cada píldora por la droga Sovaldi. En la India, sin embargo, un país que no vive bajo la tiranía de las leyes de patentes, la misma píldora cuesta desde $3 a $10 dólares. Para la droga Sovaldi, un tratamiento de 12 semanas cuesta $84,500 mientras el tratamiento entero para la antiviral Harvoni, también producida por Gilead, cuesta $94.500.

En una conferencia de prensa, el abogado Bret Grote citó a Mariani con respecto al protocolo del DOC: “[Éste] alarga el sufrimiento de los que han sido diagnosticados con Hepatitis C crónica y permite que la progresión de la enfermedad se acelere para presentar una amenaza más grande de cirrosis, cáncer del hígado y la muerte del reo con la enfermedad” en violación de la Octava Enmienda.

Aunque el equipo legal está decepcionado que la Corte no haya emitido un mandamiento judicial en este momento, opina Grote que el dictamen de Mariani “sienta un poderoso precedente a favor del señor Abu-Jamal”. Explica que el juez ha determinado que “los pacientes encarcelados que padecen Hepatitis C merecen tratamiento con los nuevos medicamentos que curan la enfermedad, y que el protocolo actual del DOC viola la Constitución.”

¿Y qué opina Mumia Abu-Jamal? En un mensaje grabado para Prison Radio el 1 de septiembre, dice: “Es un inicio y es un buen inicio que un juez federal reconozca que lo que ha estado haciendo el estado de Pensilvania durante años, no solamente es injusto, sino malo. Anti-constitucional. Una violación fundamental de una equidad fundamental y del derecho humano a la vida. Entonces, es un inicio y es un buen inicio. Y queremos un buen final”.

En Filadelfia, el Comité Internacional de la Familia y Amigos de Mumia Abu-Jamal (ICFFMAJ), la Campaña para Llevar a Mumia a Casa, la Organización MOVE y la Coalición Mumia Abu-Jamal de NYC se llevarán a cabo una conferencia de prensa y marcha el 7 de septiembre para exigir tratamiento inmediato para Mumia. También habrá acciones en otras ciudades del mundo.

En la Ciudad de México nos sumamos a la demanda. Les invitamos a mostrar su apoyo por su salud y libertad en un acto que será celebrado afuera de la embajada de Estados Unidos el miércoles 7 de septiembre a las 12 del día. También estaremos actuando en solidaridad con las huelgas contra la esclavitud en las prisiones de Estados Unidos, que se llevarán a cabo a partir del 9 de septiembre en conmemoración a la rebelión y represión en el penal de Áttica en 1971. ¡Decimos NO a la importación a México del monstruoso sistema carcelario de ese país!

Para firmar una petición en apoyo al tratamiento para Mumia, consulten: campaigns.organizefor.org/petitions/life-saving-treatment-now-for-mumia-abu-jamal

¡Salud y libertad para Mumia! ¡Trato inmediato para su Hepatitis C! ¡Presas y presos políticos libertad! ¡No a la esclavitud! ¡Muerte a la cárcel!

Amigos de Mumia de México

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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2) España: Ya hay más vigilantes privados que guardias civiles
José María Olmo (El Confidencial)

Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector. También superan al número de Policías Nacionales.

La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.

El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.

La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.

El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.

Sus perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su labor de vigilancia.

Con todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014, elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones, que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en espacios abiertos de las ciudades.

También ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también, más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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3) El banquete minero de México
Daniela Pastrana (IPS)

En México, sostiene la organización internacional Oxfam, 16 millonarios concentran la quinta parte de los ingresos totales del país. “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por la falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”, dice en su estudio Desigualdad Extrema en México.

De esos 16 millonarios, los cuatro que han peleado la punta desde 1996 -cuando la revista Forbes publicó por primera vez su lista de México-, tienen negocios en la boyante industria energética y extractiva: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas.

Son los cuatro millonarios más poderosos de México. En 2015, perdieron 39.000 millones de dólares de su fortuna personal, una cantidad que sextuplica el presupuesto que el gobierno mexicano destinó, para la atención de 53 millones de mexicanos pobres en ese mismo año. Y a pesar de su millonaria pérdida, siguen entre los 10 hombres más ricos de México, según el ranking de Forbes.

Estos multifacéticos empresarios han impulsado un modelo de nación que permite diseñar y aplicar políticas que ponen intereses privados por encima de los pueblos y sus territorios. Este es un resumen de sus historias y las de los pueblos que han destruido.

Slim, el voraz (50.000 millones de dólares)

En un año, Carlos Slim Helú perdió la tercera parte de su fortuna. Pero ni siquiera por eso dejo de ser, por mucho, el hombre más rico del país y el cuarto más rico del mundo. El magnate de las telecomunicaciones, que controla 300 millones de líneas telefónicas móviles y terrestres en 19 países -a través de América Móvil- comenzó a forjar su imperio comercial cuando compró la embotelladora Jarritos del Sur, en 1965.

Durante dos décadas, se dedicó a vender servicio financieros, y a crear y adquirir variados negocios. Su enorme fortuna la consiguió después de comprar la paraestatal que el e presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó en 1990: Teléfonos de México (Telmex). En su defensa Salinas señaló que “Slim no heredó su fortuna de Telmex, sino que aprovechó la falta de regulación neoliberal para consolidarse” en el negocio.

Recientemente ha apostado por contratos de producción de petróleo en México, que por primera vez en ocho décadas se abrieron al capital privado y extranjero. Aunque su interés en la industria extractiva fue antes que el negocio de las telecomunicaciones: Slim compró en 1986 Minera Frisco, una compañía que venía en declive después del cierre de la subsidiaria Minera María en Sonora. Así inició el camino para hacer de Frisco una de las tres empresas que más oro producen en México.

Larrea, el sucio (9.200 millones de dólares)

Germán Larrea, describió Forbes, es el “el multimillonario más misterioso de México”. Durante años, la única imagen que circuló de él fue una foto borrosa y vieja. Pero el enigma de su apariencia fue develado por la Presidencia de la República en septiembre de 2014, al publicaruna fotografía del magnate con el presidente Enrique Peña Nieto.

Pocos días antes, un derrame tóxico en su mina de cobre más grande había provocado el “peor desastre ambiental” en la historia del sector minero en México. La familia Larrea ha sido cercana a los presidentes de México desde el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952). El padre de Germán, Jorge Larrea, fue uno de los fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, un clan que aglomera a cuarenta de los empresarios “económicamente más poderosos del país” como les llamó la politóloga Marcela Britz en un libro sobre el surgimiento del grupo.

En 1962, cuando fundó el Consejo, Jorge Larrea era un hombre dedicado a la construcción. Pero tres décadas después la empresa familiar cambió de giro: adquirió sus primeras concesiones mineras y antes de terminar el siglo XX se hizo también de Ferromex y Ferrosur, empresas que forman la red ferroviaria más extensa del país. Hoy, Larrea posee poco más de la mitad de Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo. Tiene las subsidiarias Asarco, en Estados Unidos, y Southern Copper Corporation, con operaciones en México y Perú. También hace perforaciones submarinas para plataformas petroleras.

Baillères, el heredero (6.900 millones de dólares)

En 1967, cuando tenía 30 años de edad, Alberto Baillères González heredó de su padre 15 empresas, entre aseguradoras, bancos, tiendas departamentales, y minas; cinco décadas después, había multiplicado por 10 el valor de su fortuna.

Alberto Baillères es presidente Industrias Peñoles, la mayor exportadora del plata del mundo y la segunda compañía minera más grande de México. Ya figuraba entre los 200 hombres más ricos del mundo desde la década de los ochenta. Las minas han sido el pilar de la bonanza familiar desde principios del siglo XX. Jorge Baillères, el patriarca, fue empresario minero, banquero (de bancos que administran fondos para la minería) y fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, universidad mexicana especializada en negocios y economía que ha sido semillero de poderosos políticos y empresarios mexicanos.

El crecimiento de la fortuna de su heredero va de la mano de las concesiones mineras que le han entregado diez presidentes mexicanos, desde que Adolfo López Mateos (1958-1964) le otorgó las primeras 12,8 hectáreas para explotar minas. Cinco décadas después, Industrias Peñoles tiene concesionadas 2,9 millones de hectáreas para explotación minera en todo el país. Luego de la aprobación de las reformas constitucionales en materia energética, Baillères extendió los negocios a la industria petrolera y, en 2015, Petrobal fue la única empresa mexicana que ganó uno de los campos subastados. Ese mismo año, el empresario recibió la Medalla Belisario Domínguez, el máximo el honor del Senado mexicano a un ciudadano ejemplar.

Salinas Pliego, el titiritero (4.300 millones de dólares)

Ricardo Salinas Pliego es el más joven del grupo. Empezó su carrera empresarial tras heredar una tienda de muebles y llegó a acumular más de 8.000 millones de dólares, aunque en 2015, perdió casi la mitad de su riqueza y cayó del cuarto al noveno lugar de la lista de millonarios mexicanos. En 1993 consiguió el control de una cadena nacional de televisión al adquirir la televisión pública Imevisión (hoy TV Azteca).

Sin embargo, el grueso de su fortuna se basa en las ganancias de una cadena de tiendas minoristas de electrodomésticos (Elektra), que permite a los consumidores de bajos recursos pedir dinero prestado a su división bancaria (Banco Azteca), para comprar artículos en sus tiendas. Banco Azteca tiene operaciones en México, Panamá, Guatemala, Honduras, Brasil, Perú y El Salvador. Organizaciones civiles que luchan contra la puesta en marcha de un proyecto minero en Baja California Sur lo vinculan como accionista en la canadiense Invecture Group, empresa que posee dos de las minas en operación más importantes de ese corporativo, Minera Monterde y Cobre del Mayo.

Lo cierto es que la familia Salinas no es inversionista directa en la industria minera; su relación es a través de Grupo Dragón, empresa que desde 2013, cuando apenas se debatía la reforma energética, tomó la delantera en el desarrollo de parques de energía eólica y geotérmica y en 2015 obtuvo el primer título de concesión otorgado a un privado para la explotación de campos geotérmicos en el país. La presidenta del Grupo Dragón es Ninfa Salinas, quien además de ser hija del magnate es una activa Senadora de la República en el impulso a las reformas energéticas y de hidrocarburos.
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Este artículo fue originalmente publicado en Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . PS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
Revisado por Estrella Gutiérrez

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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4) El modelo de malestar de la economía chilena
Lucía Converti (CELAG)

Desde el derrocamiento golpista del gobierno socialista de Salvador Allende en septiembre de 1973 se instaló en Chile, de la mano del dictador Augusto Pinochet, el modelo económico neoliberal.

Este modelo no solo reconfiguró el mercado local de bienes y servicios y la estructura económico financiera, sino que además transformó la idea de bienestar social. Se pasó de un país que pretendía la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, a un país en que la salud, la educación y el sistema jubilatorio, en distintas medidas, pasó a ser parte del mundo de los negocios y a considerarse una mercancía.

Se instaló la idea de que el sector privado es mejor administrador, más eficiente y con la clara convicción de que hay que recortar los gastos estatales, pasando los servicios sociales a ser servicios individuales y que cada familia sustenta lo mejor posible según sus ingresos.

El modelo neoliberal fijó como clave del éxito la apertura total del mercado, tanto de bienes como de productos financieros, una tasa de inflación baja, un tipo de cambio estable, cuentas, tanto internas como externas, equilibradas para lo cual se requiere de un bajo gasto público y una tasa de interés atrayente para los capitales extranjeros. Todo esto para que la economía crezca a partir de la inversión y que el consumo se contenga para no generar inflación.

Así, desde 1974, la economía Chilena ha crecido al ritmo de los vaivenes de la economía mundial. Los tratados de libre comercio a los que ha adherido este país orientaron sus exportaciones básicamente al cobre y sus derivados, y las importaciones desplazaron productos básicos de producción nacional aumentando la dependencia importadora. Aún así las importaciones de bienes resultan menores que las exportaciones. Sin embargo, la importación de servicios, la fuga de capitales por giro de utilidades y dividendos, el pago de intereses por inversiones financieras y de deuda externa, hacen que la cuenta corriente sea negativa. Como todos los países con economías abiertas, Chile normaliza su balanza de pagos vía inversiones extranjeras, tanto directas como financieras.

Tal como se mencionaba anteriormente, el gasto público en Chile es bajo, representando un 13,4% del PBI en 2015. La inflación ronda el 4% anual y la variación del tipo de cambio un 10,3% anual. Pero, llamativamente y contradiciendo las leyes del modelo, la economía chilena está tirada por el consumo privado. La inversión no se destaca como motor de la economía, más allá de ser la fuente más importante de entrada de divisas, ya que representa el 22% del PBI, porcentaje similar al de otros países de la región. Otra “sorpresa” con la que nos podemos encontrar analizando la economía Chilena, es la alta calificación crediticia la inmensa deuda externa de este país. En 2015 la misma alcanzó el 54,3% del PBI, sin embargo esto no parece hacer mella en la credibilidad del país como si ocurre en otros países de la región que no comparten el modelo económico.

Más allá de estas curiosidades que plantea la economía chilena en el marco del modelo económico, los indicadores sociales de Chile son en su mayor parte alentadores. Cuenta con una desocupación del 6%, pobreza del 7,8% e indigencia de 2,5%. Sin embargo, la concentración del ingreso es una de las más altas de Latinoamérica. Todos estos indicadores como mencionábamos previamente mantienen una alta dependencia del desarrollo del mercado Chileno ya que las necesidades básicas no están a cargo del Estado sino de los ingresos de cada familia.

En este marco, es interesante analizar que pese a la bonanza que reflejan los números de la economía de este país, las protestas más importantes se basan en una fuerte críticas al sistema de bienestar social (más bien ausencia del mismo) impuesto por el modelo económico.

En primer lugar, y por una importante cantidad de años, los estudiantes universitarios ocuparon la calle reclamando que la educación sea considerada como un derecho y no que se lucre con ella. Miles de familias y estudiantes tenían que endeudarse casi para toda la vida para poder acceder a este nivel de educación. No existían espacios donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras ellas estudiaran, tampoco existen comedores estudiantiles y un sinfín de condiciones que restringían el acceso a la universidad. Durante años, estas manifestaciones fueron reprimidas por los gobiernos de turno.

Una vez que se logró instalar el tema en la agenda presidencial de 2014 y que la actual presidenta presentó en su plataforma electoral una reforma educativa, el pueblo chileno vuelve a ocupar las calles masivamente reclamando por un sistema estatal de pensiones.

El sistema de pensiones en Chile es privado para todos menos para los altos funcionarios y los militares. Las jubilaciones son muy bajas, sobre todo si se la compara con los altos funcionarios y los militares y el sistema se encuentra fuertemente deslegitimado en la sociedad por corrupción. La presidenta Michelle Bachelet, ante los reclamos, mencionó la posibilidad de ampliar la tasa de aporte de 10% a 15% sobre el salario y que la diferencia sería aporte patronal.

Es interesante mencionar que, como mencionó el Jefe de de Pensiones y Envejecimiento de la Población de la OCDE en una nota en “La Tercera” en su versión digital “al compararlo internacionalmente, la porción del empleador es muy baja o incluso nula”. Sin embargo, al preguntarle como repercutiría el aumento en la tasa a largo plazo, contestó “si tienes un mercado laboral completamente flexible, el efecto a largo plazo es que los salarios netos caen. Si el mercado laboral no es flexible, los salarios netos no caen completamente, pero pierdes mucho empleo”.

Esta última reflexión no hace más que demostrar el funcionamiento y el pensamiento en una economía en donde el mercado regula hasta el malestar social.
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Lucía Converti, investigadora de la Unidad de Debates Económicos de CELAG. Datos de CEPAL.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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5) El éxito de la huelga general indica el rumbo a la India
Higinio Polo (Rebelión)

Entre doscientos y trescientos millones de trabajadores (según las distintas fuentes) secundaron el viernes 2 de septiembre la huelga general convocada en la India por los sindicatos. En Estados de la importancia de Bengala, Kerala, o Andhra Pradesh (donde la influencia comunista es determinante) la huelga fue completa, y, aunque con menor seguimiento, también en otros Estados indios la movilización fue gigantesca. En la industria, los transportes y las oficinas bancarias la huelga fue total, y las calles de las ciudades vieron la paralización de toda actividad. Entre los bancos públicos y privados, casi dos millones de bancarios siguieron la convocatoria. Aunque en Bengala occidental (donde ahora gobierna Mamata Banerjee, la presidente populista que se enfrenta al Partido Comunista), hubo duros enfrentamientos con la policía, en general, no se produjeron incidentes graves. En las grandes ciudades como Delhi, Bombay, Calcuta, Chennai (Madrás), los obreros paralizaron el transporte urbano, los trenes, puertos y fábricas. El gran cinturón industrial de Delhi estaba completamente paralizado.

No es la primera huelga general convocada contra el gobierno derechista de Narendra Modi, que llegó al gobierno en 2014, tras su victoria electoral encabezando la Alianza Democrática Nacional, cuyo principal integrante es su partido, el Bharatiya Janata (BJP), una organización conservadora, de matriz hinduista, que ve a los indios musulmanes como enemigos, y peligrosamente nacionalista. Con la convocatoria de la huelga general los sindicatos exigen la retirada de la reforma laboral que impulsa el Bharatiya Janata Party, así como el aumento del salario mínimo en el país, junto a la revalorización de las pensiones, y pretenden que el gobierno acceda a ampliar la seguridad social a los sectores obreros del país, muy numerosos, que siguen sin estar protegidos.

Anteriormente, Modi se había visto obligado a retirar su proyecto de ley sobre la compra de tierras, tras masivas protestas en el país. La protesta tiene antecedentes, y surge como reacción a los proyectos neoliberales de Modi: en enero de 2016, millones de mineros se declararon en huelga contra el propósito del gobierno de dar entrada a empresas privadas en las explotaciones mineras. Gurudas Dasgupta dirigente del sindicato All India Trade Union Congress (AITUC), declaró entonces que la huelga de los mineros era la huelga sectorial más grande de los últimos cuarenta años en la India.

En septiembre de 2015, los sindicatos convocaron la primera huelga general contra el gobierno conservador, y, ahora, los sindicatos y los partidos de izquierda, que se muestran contrarios a la privatización de los sectores públicos que pretende imponer Modi y que desconfían de las condiciones en que el gobierno impulsa la llegada de inversiones extranjeras, creen que las masivas movilizaciones pueden no sólo conseguir mejoras sociales para la clase obrera si no además, contribuir decisivamente a la derrota de la política neoliberal del gobierno: tienen muy presente que la inflación está golpeando duramente a los trabajadores, que cuentan con salarios muy bajos, por lo que los sindicatos reclaman un salario mínimo de dieciocho mil rupias mensuales (unos doscientos cuarenta euros), así como el acceso universal a la seguridad social y las pensiones.

En los días previos a la huelga general, el gobierno indio intentó desactivar la protesta anunciando un aumento del salario mínimo hasta las 350 rupias diarias, unos cuatro euros, medida que fue rechazada por los sindicatos alegando que esa decisión apenas afectaría a unos centenares de miles de trabajadores y dejaría en las mismas condiciones a la mayoría de los cuatrocientos setenta millones de obreros del país. Siguiendo el tradicional guión de los gobiernos conservadores, el gabinete de Modi ha intentado restar importancia a la huelga alegando que la vida del país no se detuvo, aunque su envergadura se puso de manifiesto, inadvertidamente, con la posición adoptada por la patronal india, Confederación de la Industria India (Confederation of Indian Industry, CII), que hizo público su apoyo al gobierno de Modi y defendió su política económica, al tiempo que llamaba la atención sobre los graves daños que, en el extranjero, causaría la huelga general en el prestigio del país. Algunos analistas objetaron que si la huelga general no se hubiese producido, como casi mantenía el gobierno, la patronal no debería haberse preocupado por su efecto en el prestigio de la India.

Los desafíos que enfrenta la India son gigantestcos, y todo indica que el gobierno del Bharatiya Janata Party se revela impotente para enfrentarlos con decisión y atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población del país. Modi ha impulsado la llamada política de Make in India, con el propósito de desarrollar la industria, además de anunciar una decidida lucha contra la corrupción que no ha dado, hasta el momento, resultados tangibles. Otros gestos, destinados a hacer visible su esfuerzo para desarrollar el país en diferentes campos, como los planes bautizados Digital India, Clean India, y Start up India esperan el examen de los resultados.

Junto a los desafíos internos, el gobierno de Modi pretende también ganar protagonismo internacional para la India; para ello, reclama un puesto permanente para su país en el Consejo de Seguridad de la ONU; y ha impulsado iniciativas de colaboración sobre todo en su entorno inmediato: Bangla Desh, Nepal i Sri Lanka. Las difíciles relaciones con Pakistán, que Modi pretendió cambiar a su llegada al gobierno, han vuelto a ser muy tensas, y ambos países protagonizan enfrentamientos fronterizos que han causado numerosos muertos, que se añaden a la tensión permanente y a los atentados terroristas en Cachemira, que definen una de las zonas de tensión más peligrosas del mundo al enfrentar a dos potencias nucleares.

La aproximación de Modi a Washington, sin quebrar por completo la tradicional amistad india con Moscú, ha creado problemas adicionales en su relación con Pekín, pese a que la India está muy interesada en la colaboración económica con China para desarrollar sus deficientes infraestructuras y sus atrasados sistemas de transporte, así como impulsar las energías renovables (donde China se ha convertido en un referente mundial), el uso eficiente del agua disponible, y el tratamiento de los residuos urbanos, que en un país como la India que cuenta con 1.250 millones de habitantes son problemas de una enorme trascendencia. La visita que realizó Obama a la India, en enero de 2015, buscaba la aproximación a Delhi en su política de contención de China, con el pretexto de la firma de un nuevo acuerdo comercial, aunque la India, pese a todo, sigue muy interesada en la colaboración en el seno de los BRICS, junto a Rusia, China, Brasil y Sudáfrica.

El éxito de la huelga general puede suponer el inicio de una nueva acumulación de fuerzas que lleve a los sindicatos a arrancar mejoras sociales, y a la izquierda a preparar la expulsión de la derecha nacionalista del gobierno del país. Pese al enojo de la patronal y la incomodidad del gobierno de Modi, los millones de huelguistas indios estaban trazando el rumbo para el futuro de la India.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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AL DÍA:

1) Diyab internado en el Hospital Maciel en delicado estado de salud –

2) Uruguay: documentación revela espionaje militar en democracia –

3) Azucena Berrutti consideró “inexplicable” vigilancia militar a dirigentes políticos en democracia.-

4) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas –

5) Venezuela entre la impotencia opositora y una “salida” (por ahora) postergada hasta 2018

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2090 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Martes 6 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Diyab internado en el Hospital Maciel en delicado estado de salud
El ex recluso de Guantánamo ha perdido peso, no consume líquidos y tiene baja presión.
(Telenoche on line)

El ex preso de Guantánamo, Jihad Diyab, fue internado en el Hospital Maciel en la tarde de este lunes debido a una recaída de su estado de salud y a un severo cuadro de deshidratación, según confirmó a Telenoche el integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira.

Diyab ha perdido peso a raíz de la huelga de hambre que realiza, tampoco consume líquidos y llegó a la emergencia del centro hospitalario muy débil y con baja presión. Se encuentra en estado reservado.

Diyab llegó a Uruguay en la madrugada del martes pasado y había sido derivado directamente al Maciel donde los exámenes médicos le dieron normales. Según la directora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, su estado físico no revelaba estar en medio de una huelga de hambre.

El interlocutor que el gobierno nombró desde la llegada de los exreclusos al país, Christian Mirza, también aseguró, tras reunirse con él durante 45 minutos, que su estado de salud era bueno.

No obstante, en una conversación telefónica que mantuvo tras su llegada al país con su abogado Jon Eisenberg, que está en California, le había dicho en un imperfecto inglés que estaba “muy enfermo y cansado”, y que a ese momento mantenía una huelga de hambre desde hacía 17 días.

Diyab se fue de Uruguay a principios de julio y el 28 de ese mes se presentó en el consulado uruguayo en Venezuela para pedir ser trasladado a Turquía. Cuando se retiró de la oficina diplomática fue detenido por inteligencia policial del país caribeño. Allí estuvo hasta la madrugada del pasado martes cuando volvió al país en un avión de la petrolera estatal PDVSA.

COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Uruguay: documentación revela espionaje militar en democracia
(Caras y Caretas)

En documentación incautada en el domicilio de Elmar Castiglione, hay datos sobre espionaje a personalidades variopintas, que incluye al presidente Tabaré Vázquez, a exmandatarios y a fiscales.

Cuando Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la dictadura miliar, murió, la Justicia incautó unas 60 cajas de su domicilio. El procedimiento estuvo a cargo de la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro, y se llevó a cabo por una denuncia realizada por el escribano Javier Miranda, entonces secretario de la Dirección de Derechos Humanos de Presidencia.

Este viernes, una nota del periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha informa que la documentación de Castiglioni, no sólo tenía información sobre la dictadura militar, como se había supuesto en un primer momento, sino que pone al descubierto actividades de espionaje militar durante la democracia que se instala en el país a partir de marzo de 1985.

A partir de esa fecha, se dice que fueron investigados por medio de “seguimientos, escuchas clandestinas, interferencias telefónicas, infiltraciones”, distintas personalidades, entre las que se nombran: Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle, los jueces Alberto Reyes y Rolando Vomero y exfiscal Mirtha Guianze, entre otros.

Según se afirma en el artículo, el decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la Udelar, Álvaro Rico, “verifica una continuidad entre la labor de intligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia”. También dice que se confirma “el espionaje a los partidos de izquierda, el Frente Amplio, el PVP, el MLN, el Partido Comunista y, en menor medida, al Partido Colorado y al Partido Nacional; o a los sindicatos (escuchas en los locales de Sutel y Untmra, en 1992) y las movilizaciones de trabajadores, así como a los organismos de derechos humanos, en especial durante los referendos sobre la ley de caducidad”.

COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Azucena Berrutti consideró “inexplicable” vigilancia militar a dirigentes políticos en democracia.
Natalia Uval (La Diaria)

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) reclamaron la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos que revela el archivo del coronel Elmar Castiglioni, incautado por la Justicia en 2015, tras el fallecimiento del militar. El semanario Brecha publicó el viernes extractos de dos informes elevados a la jueza Beatriz Larrieu que analizan la información del archivo y dan cuenta del espionaje militar a dirigentes políticos en democracia, desde 1985 a 2009. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, y la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti coincidieron en que debe ser la jueza quien resuelva sobre el destino del archivo en esta etapa.

El 2 de octubre de 2015, la jueza Larrieu determinó el allanamiento de la casa de Castiglioni. Se incautaron 60 cajas de documentos con “voluminosa información sobre la dictadura”, según informó en su momento la Fiscalía General de la Nación. Castiglioni fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y fue relevado en 2006. El operativo judicial se llevó a cabo en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, y el dato sobre la ubicación de los documentos lo había aportado la semana anterior ante el juzgado Javier Miranda, hijo del escribano cuyos restos fueron encontrados en marzo de 2006.

La jueza solicitó a dos especialistas, la historiadora Isabel Wschebor y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, que realizaran un peritaje de los documentos. En junio de este año, Larrieu pasó al Juzgado del Crimen Organizado y en su lugar quedó Adriana de los Santos, quien está actualmente al frente de la causa. También cambió el fiscal: Jacqueline Castelli sustituyó a Carlos Negro. El viernes Brecha publicó que ambos informes elevados a Larrieu dan cuenta de espionaje de la inteligencia militar a dirigentes de todos los partidos políticos.

Entre otros, fueron vigilados Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Liber Seregni, Germán Araújo, Azucena Berrutti, el senador frenteamplista Rafael Michelini y la actual diputada del Frente Amplio (FA) Macarena Gelman. También el ex presidente Jorge Batlle y su prosecretario, Leonardo Costa; el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereyra y el actual diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés, y jueces penales como Rolando Vomero y Alberto Reyes. El material incautado da cuenta, según los informes de los especialistas citados por Brecha, del espionaje a todos los partidos políticos y a sectores dentro de ellos, como el PVP, el PCU y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También a sindicatos como el de Antel (Sutel) y los metalúrgicos (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines), y a organismos de derechos humanos.

El sábado, el PCU y el PVP reclamaron mediante sendas declaraciones el acceso al archivo, y el PVP solicitó la conformación de una comisión investigadora parlamentaria que trate el tema. Este sector expresó su “alarma y preocupación” por la acción “claramente ilegal y reñida con un estado democrático de los servicios de inteligencia del Estado sobre la sociedad uruguaya”, que utilizaron “los recursos de los uruguayos para solventar la actuación ilegal de personal encubierto”. El PVP solicitará ante el Juzgado Penal de 7º Turno toda la información relativa a ese sector político.

El PCU consideró de “extrema gravedad” los hechos revelados. “Denunciamos y repudiamos estas prácticas de sectores que permanecieron, y permanecen, activos, como una de las consecuencias más perversas de la impunidad. La ausencia de verdad y justicia permitieron, y permiten, que estos operadores del Terrorismo de Estado y chantajistas continúen con sus prácticas”, expresó el sector. Reclamó al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas que investiguen “a fondo” y que castiguen “a los responsables de estas prácticas y se desmonten estos aparatos, financiados con dineros del Estado”.

Manejo de la información

En su declaración, el PCU reclama el acceso a la información que involucra al sector. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, consideró que deben mantenerse “las garantías del proceso penal” y no “pedir al grito la transparencia”, porque el archivo está en secreto de presumario. “Las formas deberíamos respetarlas. Esto no es un tema de opacidad; si hay un proceso penal, que se mantengan las garantías del proceso penal”, consideró. “Cuando la jueza determine que [la información] es pública, debería disponerse una entidad que la custodie y [que] así se pueda consultar. Yo estoy para la máxima transparencia, creo que el marco legal así lo permite, pero no me gustaría que porque se haga público todo un archivo, se pierda prueba para identificar a los perpetradores del homicidio de Miranda. Me parece curioso que se exija que el Poder Judicial avance, y, al mismo tiempo, que se entienda que no puede mantener reservas por la información”, agregó Michelini. Sobre el tema de fondo, consideró que este tipo de “pesquisas secretas” están “expresamente prohibidas por la Constitución de la República” y deberían eventualmente ser objeto de investigaciones administrativas y penales.

Azucena Berrutti, que estuvo tras la pista del archivo Castiglioni hasta que dejó el ministerio, en 2008, dijo a la diaria que el archivo “está en manos de la Justicia” y, por lo tanto, “hay que hacer lo que la Justicia resuelva”.

Berrutti explicó que durante su gestión se hizo “el mayor esfuerzo posible” para hallar el archivo, pero que no se imaginaban que contenía información sobre espionaje en democracia. “Sabíamos que existían los archivos y más bien pensábamos que eran atinentes a la situación del pasado, y que iban a servir para la búsqueda de los desaparecidos”, explicó la ex ministra. Sobre la vigilancia militar en democracia, comentó que le resulta “absolutamente inexplicable” y dijo que desconoce si “esa labor se hacía dentro de la dirección de inteligencia [que comandó Castiglioni hasta 2006] o era una actividad que hacía fundamentalmente el coronel Castiglioni con grupos que trabajaban con él”.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional, el subsecretario Daniel Montiel dijo a la diaria que su cartera no ha hecho “ninguna consideración” sobre este tema.

COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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4) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas
De las 23 intimadas hace tres años, 18 corrigieron su sistema de vertido a la cuenca del río.
Lucía Baldomir (El País)

Hay cinco empresas que operan en la cuenca del río Santa Lucía que hace tres años fueron intimadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a cumplir una serie de cambios para evitar la contaminación del agua, y todavía no han cumplido.

La ministra Eneida De León dijo en la comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado que de las 23 industrias originalmente intimadas "18 habían terminado la adecuación de sus vertidos para el mes de junio y las cinco restantes están en proceso" de resolver sus efluentes.

El dato no es menor si se toma en cuenta que, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de estas 23 industrias. No obstante, De León dijo en la comisión que las agroindustrias, que no están contempladas entre estas 23 empresas, son las que tienen "el mayor problema".

Por resolución ministerial, el 7 de agosto de 2013, luego de constatar la presencia de algas en agua de OSE consideradas "potencialmente tóxicas" y causantes de mal olor y sabor, se intimó a las 23 empresas a presentar antes del 31 de diciembre de ese año una nueva Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), además de un proyecto de planta de tratamiento. Además debían presentar la información complementaria acreditando el cumplimiento o las propuestas de ajustes.

Asimismo se otorgaba plazo hasta el 31 de enero de 2015 para contar con una planta de tratamiento de efluentes construida y en operación. Las obras tienen como objetivo reducir un 60% los vertidos orgánicos en nitrógeno y fósforo en el corto plazo.

La ministra afirmó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en paralelo a las medidas adoptadas por las industrias, "está complementando esto a través de la capacitación de profesionales y técnicos de esas industrias, para que tomen conciencia del problema". En total se trata de 100 personas que fueron capacitadas en sistemas de remoción de nutrientes y se elaboró una guía para acompañar técnicamente el proceso de reconversión. "Así como hubo que hacer un trabajo con los dueños de las industrias, se implementó ese plan de capacitación en remoción de nutrientes para acompañar técnicamente el proceso que están llevando a cabo las industrias", dijo De León.

En su momento también se prohibió los laboreos y agroquímicos en una zona en el Santa Lucía, lo que es controlado por un visualizador ambiental del ministerio que permite ver si se respeta la zona de restricción en el laboreo.

Si bien no desagregó los datos, De León informó en la comisión que entre 2015 y el primer semestre de 2016 se hicieron 87 inspecciones a las industrias y se iniciaron 25 trámites de sanción y 15 finalizaron en multa totalizando unas 4.000 Unidades Reajustables, hoy $ 3,6 millones.

De León dijo que con respecto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, "el plan más importante que se manejó durante el año 2015 fue la acción en el río Santa Lucía y su cuenca y, naturalmente, en la laguna del Sauce, en Maldonado". En 2015 se identificaron los padrones incluidos en la zona adyacente a la cuenca del Santa Lucía y una zona de amortiguación libre de laboreo. "Estamos trabajando muy cerca de las intendencias y respondiendo a las denuncias", dijo De León.

Multa por talar monte nativo.
En junio pasado la Intendencia de Canelones envió a la Junta Departamental una resolución para multar con 20.000 Unidades Reajustables (UR), unos US$ 600 mil, a un establecimiento agropecuario que, en la zona de Las Brujas, taló decenas de hectáreas de un monte nativo para hacer un canal que le permitiera sacar una embarcación directamente al río Santa Lucía.

Plazo para plan de uso de suelos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió hasta el 23 de septiembre el plazo para que los agricultores que posean 100 hectáreas propias o 50 tercerizadas presenten planes de uso y manejo de suelos, informó la titular de la Dirección de Recursos Naturales, Mariana Hill. "Hoy tenemos planes presentados para 1,5 millones de hectáreas que incluyen modificaciones para pasturas y para campos nuevos", sostuvo Hill.

Los planes deben detallar la rotación de cultivos, práctica favorables para cada predio y manejo de fertilizantes y efluentes por parte de los agricultores que posean más de 100 hectáreas propias o más de 50, en casos en que trabajen en forma tercerizada. Hill expresó además que el 28 de abril de 2017 vencerá el plazo para presentar obligatoriamente los planes de uso y manejo del suelo para los productores lecheros ubicados en la cuenca de Aguas Corrientes. Para el resto de los productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía, el plazo vencerá el 29 de septiembre de 2017. El objetivo del llamado es contribuir para preservar la calidad del agua.

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5) Venezuela entre la impotencia opositora y una “salida” (por ahora) postergada hasta 2018
Aram Aharonian (Rebelión)

La manifestación convocada por la oposición tuvo, sin duda, una importante participación, superior a las marchas celebradas en los últimos tres años, aunque tal vez de una dimensión inferior a aquellas realizadas por la oposición en 2002, que desembocaron en el frustrado golpe, con la aquiescencia de algunos mandos militares, que ya no están.

Hasta ahora, las publicitadas quejas y acciones de la oposición venezolana sirvieron para ocultar la verdadera crisis sudamericana: el golpe en Brasil. La destitución de Dilma fue simultánea con una importante movilización de la oposición venezolana y con las maniobras para sacar a Venezuela del Mercosur. ¿Casualidad?

En un clima previo de glorificación del enfrentamiento, cargado de un triunfalismo que tenía como perspectiva lograr que, a partir de “la toma de Caracas”, Nicolás Maduro tendría que convocar al referendo revocatorio, la oposición imaginaba de esa manera poner fin al actual gobierno. Todo terminó con una marcha pacífica. Su continuidad como “cacerolazos” está lejos de las amenazas previas sobre “tomas” de edificios públicos para arrancarle la convocatoria al mencionado “revocatorio”.

Las características de la marcha no calzaron con las expectativas de los principales dirigentes, especialmente la rama violenta e la oposición, de que se trataba de una marcha insurreccional para derrocar al gobierno, alentando una conciencia claramente subversiva, dispuesta a utilizar cualquier método violento. La amenaza y el ultimátum se convirtieron en un bluff y éste en el descalabro para la credibilidad ya deteriorada de sus principales dirigentes. En las llamadas redes sociales circularon imágenes y vídeos donde los marchistas más radicales le espetaban a sus propios dirigentes.

El gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de navegar en un mar de dudas donde –para muchos- los sueños chavistas parecen esfumarse, también movilizó a su militancia. Ésta ocupó sitios estratégicos y da la impresión que con su propia movilización y las tareas de inteligencia, el gobierno, logró diluir las amenazas golpistas de la oposición.

Para estar acosado, desgastado, sometido a una inflación (y desabastecimiento) brutal y a una guerra psicológica agresiva, en realidad es un triunfo o un logro haber logrado los niveles de ocupación de la avenida. No es fácil llenarla y así lo reconocen críticos al gobierno. Explicar esta asistencia numerosamente, importante solo por la capacidad de movilización de los recursos públicos que maneja el gobierno es injusto: la defensa de un ideal, de un sueño, de una esperanza, de una historia generó (incluso días antes) expresiones de autorganización.

Fueron fundamentales en el último mes la acciones de desmontaje del aparato militar y terrorista de sectores opositores, en especial de Voluntad Popular. Importantes sumas de dinero, equipos de guerra y de logística, información electrónica y militantes contribuyeron a desmontar parte fundamental de las fuentes de la violencia sangrienta. La detención de algunos jefes de “comandos” (en la frontera, en Caracas) desarticuló una de los puntos de la agenda de la oposición. Lo interesante es que esta desarticulación contó con la colaboración de los sectores “no violentos” que conviven en la MUD.

La campaña de intriga emprendida por la oposición en torno a la Gran Toma de Caracas, devenida luego en simple “toma”, gozó de una importante cobertura mediática (dentro y fuera de fronteras) y logró captar la atención de sectores políticos, económicos, religiosos, educativos… y sobre todo en el imaginario de la comunidad internacional.

Obviamente, la convocatoria opositora tuvo como estímulo el palpable descontento de la ciudadanía por el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, y por lo que algunos analistas señalan como una “progresiva desintegración del gobierno” y las encuestadoras revelan una evaluación negativa de la gestión, “la peor en 18 años” . En verda no “tomaron” Caracas: llegaron hasta su bastión del este rico de la capital.

Detrás de los planes desestabilizadores (y en algunos casos subversivos), la razón explícita y formal fue la de exigir celeridad en el proceso de convocatoria a un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

Pero la MUD desvió el propósito político de su convocatoria y el revocatorio no fue el protagonista, sino las carreras presidenciales de Henry Ramos Allup y Henrique Capriles, convirtiendo la protesta en un acto proselitista, con peleas por el micrófono y un errático, aguado, disperso discurso final de “Chúo” Torrealba en el podio, con la previsible decepción de las bases opositoras.

No era conveniente para la oposición que se produjeran muertos en ese escenario (como en 2014), porque tratan de mostrarse en el mundo como demócratas pacifistas, mientras acusan al chavismo de violento, libreto escrito desde Washington y que repite el secretario general de la OEA, por ejemplo. Las acciones violentas en esa marcha hubieran ido en su contra: en la imagen que quieren vender y en la posibilidad de sumar nuevos presos. Y por eso los focos violentos se focalizaron en Táchira, en la frontera con Colombia, por ejemplo, y no en la capital, una mayor caja de resonancia.

El decepcionante discurso no sólo se dio por el lado de la MUD. En la avenida Bolívar el presidente volvió a imaginarse que era su primer día y empezó a anunciar un programa de gobierno, donde entre otras cosas declaraba la lucha contra la corrupción y el burocratismo… lo que causó risas y burlas en las redes sociales entre la militancia chavista que asistió. Sabe que una de las grandes causas de la debacle, además de la incapacidad en la política económica, es el alto nivel de corrupción apuntalado por redes familiares con influencia en los diferentes niveles de gobierno.

Existe un evidente divorcio entre dos países que no dialogan, quizá ni se reconocen y suelen reencontrarse en coyunturas electorales…o por esas calles… Hay necesidad de tener visiones diferentes de la realidad, pero no llegar a lo ridículo: José Vicente Rangel, vocero comunicacional del oficialismo dijo que a la “Toma de Caracas” asistieron unas 30 mil personas; el vocero de la MUD, Jesús Torrealba, manifestó que se trataba de un millón de militantes de la oposición.

En los últimos dos años, el chavismo había evitado enfrentarse en las calles a la oposición. Los muertos del 2014 fueron causados por la irresponsabilidad política de sectores de la derecha.

Pero este despliegue propagandístico de la Gran Toma opositora, “ha despertado y convocado el musculo chavista que lenta y gradualmente se había adormecido, burocratizado, oficializado. Ante las pretensiones de la oposición, este sector político reacciona y muestra su fuerza y compromiso en importantes concentraciones en el interior del país, suerte de campaña que cierra en Caracas, un día antes del 1 de septiembre, fecha que ya no es coto privado de la oposición”, señala la socióloga Maryclén Stelling.

Algunos analistas hablan –desde la izquierda radical- de un pacto entre gobierno y oposición de derecha, que deja por fuera las necesidades urgentes de la población.

Para la MUD, sostienen, era necesario montar una acción de calle que aceitara las maquinarias partidarias y revitalizara sus escuálidas y fracasadas demostraciones de fuerza, para avanzar hacia el pacto en mejores condiciones. Señalan que era necesario frenar el desgaste político que esos dirigentes están sufriendo con su propia base social y se abstuvieron de reclamar, por ejemplo, la realización de las elecciones regionales a gobernadores, programadas para este mismo año.

El dialogo que hace falta y el que no buscan las cúpulas es un multidiálogo, que contemple al conjunto de actores políticos y sociales coexistentes y que en primer lugar aborde las soluciones urgentes a la crisis de alimentos y medicinas que hoy enfrenta el país, necesidades que no esperan una resolución de la crisis institucional. Y que no se resuelven mágicamente por la realización del Revocatorio, señala Marea Socialista, opositora al gobierno desde la izquierda.

¿Y ahora qué?

De todas formas, el éxito de la movilización desde el punto de vista político y de la asistencia no condujo a que se concretara la salida de Nicolás Maduro de la presidencia y la expectativa creada representa hoy un nuevo elemento de tensión. Un tuit lanzado por opositores se viralizó esa misma noche: #MalditaMUD. ¿Qué va a pasar cuando a final del año no hayan logrado nada, ni revocatorio, ni salida de Maduro, ni elecciones regionales?

“La base social de la derecha amanecerá en enero con un ratón (resaca alcohólica) moral de alto calibre y probablemente más desmoralizada que nunca, víctima de una nueva estafa, de un nuevo fraude”, señala el analista Néstor Francia. Lo cierto es la derecha criolla entró, a lo interno, en un callejón sin salida, añade.

Cabe recordar que desde 1998, cuando la victoria de Hugo Chávez, la derecha siempre ha contado con una base electoral grande y su porcentaje de seguidores ha rondado, con vaivenes, cifras entre 40% y 50%. El crecimiento de la oposición –o más bien el decrecimiento de los votantes del bolivarianismo- no significa que el oficialismo haya perdido completamente respaldo, sino en esta sucesión de flujos y reflujos, lo que se afianza es la polarización.

“La salida” está hoy en las elecciones presidenciales de 2018, como estaba pautado, cuando podrá –o no- decidirse una alternancia en el gobierno, la primera desde 1999. Si no se celebra el referendo revocatorio, los contendientes –hoy polarizados – se medirán en las elecciones pautadas en el cronograma del sistema político: gobernaciones, alcaldías y las presidenciales de 2018,

“Ese es el post primero de septiembre que hay que considerar desde ya a través del diálogo, ya que serán dos años de tensiones y de una dinámica social con sus propias demandas y su propio ritmo”, señala el politólogo Leopoldo Puchi.

Lo cierto es que la derecha muestra logros en el frente externo que, sin dudas, era uno de sus principales objetivos. Se hicieron la foto, la publicaron por todo el mundo como muestra de su fuerza, buscando apoyos para la salida de una intervención foránea. El peligro es que estos sectores más antidemocráticos, manden al diablo a los electoralistas y emprendan abiertamente el camino del terrorismo.

COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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1) Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia –
2) Argentina La Perla: delitos sexuales y crímenes de Lesa Humanidad –
3) Chile: Comunidades mapuche se movilizan en Los Ángeles.-
4) México: Mujeres denuncian a empresas –
5) Uruguay: Alertas –

COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 12 / No. 489/ lunes 5 de setiembre de 2016 / Producción: Beatriz Alonso
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1) “Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia”
Cimac

El movimiento feminista de todo el mundo se alista para reunirse en un encuentro –a realizarse del 8 al 11 de septiembre en Salvador de Bahía, Brasil– donde se darán a la tarea de mirar y repensar las estrategias que están utilizando para forjar lazos más fuertes y construir la autonomía y la libertad de las mujeres.

Convocadas por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en ingles), jóvenes feministas, pioneras de la igualdad, indígenas, mujeres africanas, latinas, artistas, defensoras de Derechos Humanos, todas, se encontrarán para convocar a la reflexión sobre el feminismo.

Cerca de dos mil participantes celebrarán los logros alcanzados por diversos movimientos sociales en los últimos 20 años y analizarán las lecciones que se pueden replicar en el futuro, de ahí que este año el lema del XIII Foro Internacional de AWID sea “Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia”.

En esta ocasión el foro, que se realiza desde 1983 y que ha tenido distinta periodicidad, dio énfasis en el porvenir pero no será el único tema, también se hablará de cuestiones actuales como la tortura sexual en América Latina, la realidad de las mujeres sirias e iraquíes, el derecho al aborto o la incursión de empresas mineras en territorios indígenas, entre muchos otros.

También se perfila la discusión de temas que en los últimos años han generado el análisis desde la perspectiva de género, por ejemplo, promover y consolidar un internet feminista, democratizar las comunicaciones para que los medios de comunicación sean aliados de la igualdad y hablar de las nuevas relaciones de género, de preferencia y orientación sexual.

Este año el encuentro de mujeres se da en un país que se encuentra en vilo democrático, mientras la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, suspendida de sus funciones temporalmente, enfrenta un juicio político para destituirla de manera definitiva, y donde apenas unos días terminaron los Juegos Olímpicos que atrajeron la mirada internacional.

Este foro estaba previsto para realizarse en mayo pero se cambió de fecha ante el riesgo sanitario del virus del zika y por la compleja situación política en Brasil; aunque ahora se realizará cuando el presidente interino Michel Temer, eliminó el Ministerio de Derechos Humanos, Mujeres y Justicia Racial y el Ministerio de Cultura, entre otros, y cuando algunas embajadas están en huelga.

En medio de este contexto, durante 4 días, feministas de todo el mundo ocuparán la ciudad de Bahía, una ciudad turística, rodeada de playas pero también de raíces culturales y movimientos sociales, para avanzar hacia el reconocimiento de los diversos pensamientos feministas.

En el XII Foro de AWID que se realizó en 2012 en Estambul, Turquía, con el lema “Transformando el Poder Económico para Avanzar los Derechos de las Mujeres y la Justicia” participaron dos mil 239 activistas de 141 países, casi 15 por ciento menores de 30 años y 75 por ciento asistieron por primera vez.

Ahora el panorama político brasileño refleja los desafíos contra los que muchas mujeres están luchando.

COMCOSUR MUJER Nº 489 – 05.09.16
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2) Argentina La Perla: delitos sexuales y crímenes de Lesa Humanidad

Seminario Alternativas / Florencia Gordillo

En La Perla se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad. Los actos de violencia sexual, parte del terrorismo de Estado, fueron "tratados como tales" y no subsumidos en la figura penal de "tormentos". Hubo siete condenas por abuso deshonesto según el artículo 127 primer párrafo del Código Penal s/ley 11.179 –a Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Raúl Alejandro Contreras– y una absolución por violación agravada según el artículo 119 inc 3 del Código Penal s/ ley 11.179, a Alberto Luis Choux, quien también fue absuelto por abuso deshonesto junto a Eduardo Grandi, Antonio Filiz. Marcelo Luna, Herminio Jesús Antón y Francisco Melfi.

Golpe. Picana. Golpe. Manoseo. Golpe. Violación. Golpe. Delia Galará –ex presa política entre enero de 1976 y abril de 1983– rememora los días detenida en la UP1. "Para mí, ya que me desnudaran era algo terrible, el manoseo y la violación, imaginate".

Era la tarde. O la siesta. Delia prefiere no recordar el día que llegó una patota del Comando Libertadores de América a su casa. Había sol y la claridad resistió largas horas porque era verano. Tenía 19 años. Vivía con la suegra y el esposo –llevaban veinte días de casados–, él no estaba porque hacía el servicio militar obligatorio. Conversaba con las vecinas en la vereda cuando vio varios autos en la esquina: supo que iban por ella. Vendada y atada, viajó en el suelo de la parte trasera del auto, con los pies de un hombre sobre su espalda. Ahí comenzaron los golpes.

Estuvo diez días detenida en la D2 y después la llevaron a la Unidad Penitenciaria 1. En noviembre del 76 la trasladaron a Campo de la Ribera donde pasó otros 20 días. Era un lugar de derivación donde decidían si trasladaban a los detenidos a La Perla, los incorporaban al circuito legal de cárceles o los liberaban. Calculan que 4500 personas pasaron por Campo de la Ribera, que fue inaugurado en diciembre de 1975 como un campo de exterminio y desde marzo de 1976 –cuando apareció La Perla, el centro clandestino más grande de la provincia– funcionó como centro de detención. Todavía conserva unos piletones donde torturaban gente y los ganchos sobre la pared donde colgaban a los detenidos; en los alrededores hay marcas de balazos. En la sentencia quedó acreditado para el Tribunal que el terrorismo de Estado empezó antes del Golpe.

Después de pasar por La Ribera, Delia volvió a la penitenciaría. Siguió la cárcel de Devoto y después Ezeiza. Ya no recuerda cuándo ocurrieron los traslados. Salió con libertad vigilada en abril de 1983 pero no pudo moverse de la ciudad hasta las elecciones de fin de año, aunque el Estado de Sitio había terminado en octubre.

Estar en una celda era como encerrar a cuatro personas en un baño. Siempre había rotación para que entre las mujeres no pudieran vincularse demasiado. "No tenés intimidad porque hacés todo ahí. A veces te cortaban el agua por 4 o 5 días entonces la higiene era terrible. Y hacías las necesidades en un tarro que estaba ahí adentro todo el tiempo. Era la denigración total. Y se complicaba por la menstruación, necesitás protección y no tenés nada". Delia cuenta a Cosecha Roja cómo era sobrevivir en la cárcel de Devoto mientras maneja su Ford Falcon celeste camino a Tribunales. Cuando baja del auto, abre la puerta de atrás y saca dos banners con las fotos de las víctimas del juicio: todavía hay 39 rostros que no se conocen.

"Todo el proceso hormonal de las mujeres era dramático, la mayoría habíamos sufrido mucho en la primera etapa de la detención, tortura, violación. Los milicos te desnudaban y te toqueteaban", recuerda Delia. Camina agitada por el cigarrillo y ya antes de llegar a Tribunales se abraza con la gente que conoce. Vestida de negro, contrasta con la blancura de su rostro arrugado.

No podían entrar nada a la cárcel. Fabricaban agujas con los huesos que sobraban de la comida, usaban la tela de alguna remera o de las sábanas y así cosían batitas para los bebés que estaban por nacer. Una vez, un mujer tuvo que mostrarle las tetas a un gendarme para que le crea y le avise a su familia que estaba embarazada. Días después recibió ropa pero ya había perdido el bebé de cinco meses en el mismo tacho donde hacía las necesidades.

En la cárcel de Devoto Delia conoció a Cristina Molas, hoy jubilada y militante en Ex Presos Políticos por la Patria Grande. Para ella, las mujeres se callaron por tantos años porque creían que culpa de ellas: "si vos sufriste una violación, vos tenes una responsabilidad". Los delitos sexuales cometidos durante la dictadura fueron parte parte del terrorismo de Estado pero también responden a prácticas arraigadas en esa sociedad. "La mujer era un objeto de deseo aun cuando estuviera golpeada, vendada, aislada o sucia".

Cristina vuelve siempre al mismo recuerdo: en Devoto estaba detenida con una chica de Santa Fe que estuvo en una celda de aislamiento: la torturaron durante días, no podía bañarse ni salir a hacer sus necesidades, vivía en la misma habitación estaban sus heces. "Y apareció Leopoldo Galtieri, que en ese momento era comandante del segundo cuerpo, abrió la puerta y le dijo 'Yo soy Dios y tengo en mis manos tu vida y tu muerte', después se desabrochó el pantalón y violó a la chica delante de la soldadesca que lo acompañaba". Cuando Cristina habla de abusos sostiene la mirada fija y con la mano izquierda se pellizca los cachetes de la cara. La piel es blanca y después del pellizco se forma con lentitud una mancha roja. El cuerpo es espacio de revelaciones.

Cristina llegó a Devoto en 1977, cuando había mil presas políticas. Antes estuvo detenida en la UP1 de Córdoba. La celda era chica y dormía sola en un camastro que sobresalía de la pared gris. Había una ventana pequeña con barrotes raquíticos, aunque hiciera esfuerzo no podía ver afuera porque estaba a la altura del techo. La puerta con abertura al medio de 20 x 20 daba al pasillo. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, fue detenida a los 23 y recuperó la libertad cuando tenía casi 30. Pasó por Río Cuarto, la cárcel de Córdoba y después Devoto.

"Recién cuando salí tuve conciencia de lo que no podíamos hacer: yo me paraba frente a la puerta y esperaba que alguien abriera, que alguien prendiera la luz, no podía decidir qué cosas comprar porque no sabía el valor de la plata", recuerda.

Cuando la liberaron, era un día hermoso y ningún familiar la pudo ir a buscar. "Entonces me quedé mirando el cielo y me di cuenta que era inmenso, que no era el pedacito que a veces veíamos por la ventana. Me hacía daño tanto color y tanta luz", cuenta a Cosecha Roja sentada en la librería de su amigo donde el blanco encandila y puede hablar del horror delante de la gente que entra y sale.

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Hasta 1999 la violencia sexual representaba un delito contra la honestidad, después contra la integridad sexual contemplada en el artículo 119 del Código Penal y la ley 26.485, sancionada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. "A mí me costó mucho entender a los delitos sexuales como hecho individualizado, siempre consideré que eran parte de esa maquinaria de violencia que estaba implícita en nuestra época, cuando el Estado no te protegía como ahora. Después entendí cómo para la sociedad es importante. Es para que se entienda que la violencia sexual no es algo más sino toda una sociedad que impone determinadas normas que uno las tiene que ir sacando de la naturalización", cuenta Delia en la sala de prensa de Tribunales. El sol hace que su pelo se vuelva más rubio. Escucha la sentencia desde un costado y cuando el juez lee la condena número 15 para Luciano Benjamín Menéndez sostiene la mirada en el televisor y sonríe con delicadeza hacia el costado.

Tardó años en formar pareja otra vez. Tuvo una hija a la que la crió sola, y cuando dice sola remarca la palabra y se escucha valentía aunque nunca la pronuncie. A los 59 años es investigadora en el Campo de la Ribera, hoy convertido en espacio de la memoria. "Entré al área de investigación en el 2011 pero ya venía trabajando desde antes, aportando lo que podía porque estos juicios se arman entre todos. Es armar un rompecabezas en equipo, cada uno aporta una pieza", dice Delia.

En la sentencia de la Megacausa La Perla se juzgó el abuso a Graciela Di Rienzo que en el juicio señaló con el dedo a la mayoría de los imputados de la policía: Contreras, Filiz, Choux, Antón Rocha. Algunos fueron absueltos. Además, hay otra causa en primera instancia a cargo de la Fiscal Graciela López de Filoñuk que reúne los delitos sexuales de las víctimas que decidieron denunciar. Individualizar cada hecho permitirá conocer cómo operaron las relaciones de poder desde la perspectiva de género entre los genocidas. Todavía muchas mujeres no pudieron denunciar.

COMCOSUR MUJER Nº 489 – 05.09.16
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3) Chile: Comunidades mapuche se movilizan en Los Ángeles.
Medio a Medio

Más de 400 personas se sumaron a una marcha convocada por Futxa Txawun del Bio Bio -Coordinadora de Comunidades y Asociaciones Mapuche del Bio Bio- a través de la Mesa Territorial Mapuche por la defensa del territorio ancestral y sus recursos naturales, los derechos colectivos y autodeterminación.

La actividad se realizó en Los Ángeles y congregó a integrantes de comunidades y organizaciones del pueblo mapuche varias comunas de la provincia del Bio Bio, junto a algunas organizaciones sociales defensoras del medio ambiente, con el fin de exigir el término de la invasión de proyectos de inversión industriales, principalmente relacionados a la industria forestal y de energía, como también, la exigencia de respeto e implementación de los derechos colectivos.

Cecilia Collio Llanquileo, desde Los Ángeles, contó algunos detalles de esta manifestación: “La marcha tuvo como ejes principales el derecho a la autonomía, territorio, recursos naturales y cultura. Se realizó con éxito y con una alta convocatoria. Se hizo un llamado al gobierno para cuidar y recuperar nuestros recursos naturales y territorio ancestral, y se exigió no más forestales, no más hidroeléctricas, no más parques eólicos, y libertad a los presos políticos mapuche”.

Participaron representaciones de asociaciones mapuche de diversas comunas, entre ellas Los Ángeles, Yumbel, Negrete, Mulchén, Santa Bárbara, Salto del Laja, Llano Blanco y Cabrero, como también el Comité de Defensa del Agua del río Caliboro, Comité contra la contaminación del medio ambiente del Salto del Laja, Villa Pauloneo camino al Cerro Colorado.

Asimismo, se ingresó una carta, a través de la Gobernación y que también va dirigida a la presidenta Michelle Bachelet.

COMCOSUR MUJER Nº 489 – 05.09.16
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4) México: Mujeres denuncian a empresas

Invasión de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios ínfimos, uso de químicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en daños a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparición de hierbas medicinales y de especies animales endémicas…

Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acción de empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, agroindustriales, de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el país, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastación del entorno, la agudización de su pobreza y los daños en su salud y la de sus familias.

Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.

Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.

María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.

Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.

Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.

Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país.

Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.

“CONSULTAS” Y CONTRATOS

Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12 en Juchitán.

El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.

La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.

MINERA Y ENGAÑO

Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.

En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.

Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.

Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.

Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.

Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.

Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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5) Uruguay: Alertas
La Diaria

En lo que va del año murió una mujer por violencia de género cada 15 días; el viernes marcharon en su memoria.

Cada vez que muere una mujer por violencia machista, la Coordinadora de Feminismos del Uruguay convoca, en el correr de las horas siguientes, a una "alerta feminista": una manifestación en el lugar donde ocurrió el hecho y, si eso fuera en el interior, otra, simultáneamente, en Montevideo. El viernes la convocatoria fue en la plaza Libertad, a las 18.30, por Camila Rodríguez, una adolescente de 14 años asesinada en Barros Blancos, Canelones, localidad donde también se llevó a cabo una concentración en la que participaron, fundamentalmente, sus vecinos.

En lo que va del año fueron asesinadas 15 mujeres por violencia de género: un promedio de aproximadamente una muerte cada 15 días. La última fue Camila, pero el viernes cientos de mujeres y algunos hombres se concentraron en la plaza Libertad para reclamar por todas y en busca de que esto no suceda ni una vez más.

El ritual comenzó con La caída de las campanas, la performance que convoca, en cada oportunidad, a "sonar en duelo público". Vestidas de blanco y paradas en círculo, unas diez mujeres sostienen campanas en las manos. Luego, mientras las van haciendo sonar, se dejan caer, de una en una, al piso, para volver a levantarse, a veces por su cuenta y a veces con ayuda de las otras.

El hilo que las une

Una vez finalizada la interpretación y ya caídas todas las campanas al suelo, la marcha arrancó por 18 de Julio, con una pancarta al frente en la que se leía: "Todas en alerta y en las calles". Detrás, por encima de las cabezas de quienes caminaban, 15 carteles recordaban a las mujeres asesinadas en lo que va del año, con su nombre, edad, fecha y lugar de muerte. "No más muertes por violencia de género. Soluciones reales. El gobierno es responsable", se leía en uno de los carteles. Otro, del Colectivo Mujeres de Negro, decía: "Estoy aquí por vos, estoy aquí por voz". "Tocan a una", gritaba alguien, y el resto respondía: "Tocan a todas".

La manifestación terminó en la sede de la Intendencia de Montevideo con la lectura, a más de 100 voces, de una declaración, mientras se dibujaban en la calzada, simbólicamente, 15 siluetas. "Otra vez la violencia machista que mata. Otra vez, con rabia, dolor e indignación, decimos que nos falta una más, una más que se suma al triste conteo. Camila Antonella Rodríguez, de 14 años, estudiante de la UTU de Barros Blancos, desapareció el domingo a las nueve de la mañana de su casa, de donde salió a comprar té, y fue encontrada [el miércoles] muerta en un baldío cercano".

"Sabemos cuál es el hilo que une todas estas violencias. Por eso nos organizamos para denunciar, visibilizar, autocuidarnos. No nos dejamos solas. Porque ninguna nos es indiferente y todas nos tocan. Porque esta suma de ausencias nos vuelve cada vez más porfiadas en nuestra presencia y nos redobla la insistencia. Porque por cada una que nos falte estaremos en la calle, en la plaza, donde nos quieran escuchar y donde no nos quieran, sosteniendo que no estamos dispuestas a aceptar esta violencia", advertía la proclama.

En comparación con otras alertas, esta vez se pudo ver en la actividad realizada en Montevideo una mayor presencia masculina: desde adolescentes hasta adultos mayores, solos o en compañía de mujeres.

En Barros Blancos se movilizaron, en paralelo, los vecinos de Camila; según consignaron varios medios de prensa, sosteniendo velas encendidas cortaron la ruta 8 a la altura del kilómetro 23.

"Hora de autoorganizarse"

"Nos manifestamos porque la violencia sobre nuestros cuerpos sigue existiendo. Estos son los casos extremos, que llegan a la muerte, pero la realidad es que la violencia persiste desde lo cotidiano, en lo público, en el acoso callejero, en las casas y en los trabajos; por ejemplo, cuando a una chiquilina le tocan la cola y nadie dice nada", dijo a la diaria María Delia Cúneo, integrante de la Coordinadora de Feminismos y una de las organizadoras de la movilización.

"Queremos que todas seamos conscientes de lo que está pasando, y que esto sea una lucha colectiva", completó Tatiana Gámbaro, otra de las organizadoras. En este sentido, Cúneo sostuvo que "es hora de empezar a poner un freno" a esta violencia, y que esto debe producirse "mediante la autoorganización". "Esto es un llamado a todas las mujeres a autoorganizarse desde sus trabajos, sus barrios, o con sus amigas, para poder pensar juntas qué acciones hacemos para que esto no siga ocurriendo", afirmó.

15 campanas

Yenny, de 36 años, asesinada por su ex pareja -un policía- el 11 de enero en Colonia del Sacramento, fue la primera del año, según datos aportados por la Coordinadora de Feminismos. Le siguió Deborah, de 25, una semana después, en Casavalle (Montevideo), también muerta por su ex pareja.

En febrero se registraron tres defunciones más, todas en Montevideo: la de Shanaia, de 14 años, en Verdisol, asesinada por su tío; la de Martha, de 21, en Punta Espinillo, y la de Gladis, de 72, en la Unión, ambas por sus ex parejas.

Luego fue el caso de Claudia, de 29 años, asesinada en Trinidad (Flores), también por su ex pareja, el 3 de marzo. A Rebeca, de 54, la mató en Cerro Pelado (Maldonado) un hombre con el que mantenía una relación.

El 22 de abril fue encontrada asesinada por su ex pareja Silvia, de 49 años, en Santa Clara (Treinta y Tres), y una semana después murió Jessica, de 24, en Barros Blancos (Canelones), tras una larga agonía luego de haber sido prendida fuego por su ex.

En mayo se fueron otras tres: Zully, de 40 años, estrangulada por un cliente, en una esquina de la capital del país; Gloria, de 45, asesinada por su ex pareja en Rincón de los Machado, en Tacuarembó, y Dayana, de 22, muerta en el barrio Maracaná de Montevideo (la Policía aún no ha encontrado al responsable).

El 7 de julio murió Graciela, de 57 años, asesinada en San José de Mayo por su pareja, y nueve días después, Flavia, de 22, en Toledo (Canelones). Ni en este caso ni en el más reciente, el de Camila, ha sido identificado el asesino.

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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de
quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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