Entradas de septiembre de 2016

AL DÍA:

1) Testaferro de Figueredo y Grupo K en negocio de lavado casado con directora del MEF –

2) Aprobaron reforma del Clínicas con PPP, con Medicina en contra –

3) Rossi informó en Comisión de Transporte sobre avances en pastera de UPM –

4) La polémica que se fue de las manos –

5) Bayer compró al gigante Monsanto por US$ 66.000 millones

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2095 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 16 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Testaferro de Figueredo y Grupo K en negocio de lavado casado con directora del MEF
Walter Pernas ( Sudestada)

Martín Carlos Darriulat Andrealo compra apartamentos del Hyatt para el ex vice de FIFA y presidió Finsek SA, blanqueadora de capitales argentinos. Irene Güenaga (esposa), dirige el Sistema de Información Financiera.

El 17 de enero de 2013, en Punta del Este, Darriulat, firmó un compromiso de compraventa con Daniel Weiss Callejas, presidente del directorio de Dilony SA, la empresa constructora creada por el estudio WSW para la creación del edificio “Imperiale Rambla”, que se convertiría en el Hyatt Hotel de la bahía de Pocitos.

Darriulat actuaba como “apoderado especial y en nombre y representación de Gilson Overseas SA”, empresa panameña cuyo dueño real es el ex vicepresidente de FIFA y ex presidente de Conmebol, Eugenio Figueredo, a través de su esposa María del Carmen Burgos.

En Montevideo, esta sociedad fantasma –creada como velo del blanqueo de las coimas recibidas por Figueredo, hoy procesado por estafa y lavado de activos– figura con domicilio en la calle Buenos Aires 484, piso 2, escritorio 10. Allí funcionaba el estudio Damiani & Asociados, dirigido hoy por el presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani Sobrero.

“De acuerdo a la escritura que autorizó el 4 de enero de 2013 el escribano José Pedro Damiani Blengio, Gilson Overseas SA confirió poder especial a Martín Carlos Darriulat” para la firma el 17 de enero de ese año de los contratos de compraventa de los apartamentos 807, 808, 1103 y 1203 del edificio que se transformaría en el Hotel Hyatt Centric, según la documentación notarial a la que accedió Sudestada.

Esos lujosos apartamentos adquiridos a través de Darriulat están valuados hoy en más de dos millones de dólares y forman parte de los bienes confiscados por la justicia de Crimen Organizado.

Según el contrato “todas las unidades del edificio tienen como destino obligatorio la explotación hotelera” y, por ejemplo, el apartamento 807 –uno de los comprados por Figueredo a través de Darriulat– se encuentra “en el octavo piso a cota vertical más 22 metros 19 centímetros”, tiene “una superficie de 43 metros 94 decímetros aproximadamente”, y le corresponde “el uso exclusivo de la cochera número 12 ubicada en el garaje Q de la planta baja”.

Darriulat Andrealo es un rematador público –inscripto en el padrón de “supernumerarios avaluadores de inmuebles” de la Agencia Nacional de Vivienda– que gerencia la Inmobiliaria Bilbao y que se ha vinculado con el mundillo de la dirigencia del fútbol, especialmente con el entorno del presidente de Peñarol y de otros empresarios relacionados con la institución deportiva.

En esos ambientes se le ha tildado de “testaferro” del estudio Damiani, puesto que se le convoca desde esas oficinas para firmar como apoderado en negocios con empresas offshore, lo que –según pudo constatar Sudestada– incluye ser el presidente de una sociedad panameña que lavó dinero para la organización delictiva identificada con el gobierno kirchnerista, de acuerdo a la documentación judicial de los Tribunales argentinos que investigan la llamada “Ruta del dinero K” y que mantienen a Juan Pedro Damiani como indagado.

Pero Martín Carlos Darriulat Andrealo es además el esposo de la contadora Irene Güenaga Laguardia, ex directora general de Servicios Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (2010-2015) y actual encargada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF 2), administrado y gestionado por la Contaduría General de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El SIIF 2 es el sistema que “da soporte a la gestión de las finanzas públicas en el Uruguay” y entre sus principales objetivos se encuentra el de la “eficiencia en la rendición de cuentas, generando información contable oportuna y confiable que le permita dar mayor transparencia a la rendición de las cuentas públicas”, según las actas oficiales.

La contadora Güenaga fue designada por el MEF como “jefa de proyecto” en esta etapa de “modernización” del sistema que cuesta 21,5 millones de dólares, de los cuáles 14,5 otorga en préstamo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y siete invierte el gobierno nacional.

El SIIF 2 (2014-2019) reparte en salarios 1,3 millones de dólares (260 mil dólares por año) entre el equipo del proyecto comandado por la esposa del testaferro de Figueredo y del Grupo K en negocios de lavado de activos.

Amante de las velas, socio del Yacht Club, y miembro oficial de la delegación del Comité Olímpico Uruguayo que viajó a los Décimos Juegos Suramericanos de Santiago (2014), Darriulat fue también uno de los votantes del Frente Amplio “indignados” que firmó una carta que cuestionó al vicepresidente, Raúl Sendic "por haber “ostentado un título que no posee”.

“El cuestionamiento que realizamos es de carácter ético porque, para la izquierda uruguaya, la ética en la política ha sido un rasgo distintivo de su accionar así como una fuente de orgullo para militantes y votantes”, señala la carta a la que adhirió Martín Darriulat.

Damiani, Darriulat y la ruta del dinero K

A mediados de 2011, la contadora Güenaga se encontraba en plena función pública como titular de la Dirección General de Recursos Financieros del MDN, cartera que por entonces estaba en el ojo de la tormenta por corrupción en la Armada y en otras áreas de la institución.

En el ámbito privado, su esposo Darriulat Andrealo participaba en asambleas de accionistas de empresas panameñas vinculas a la financiera suiza “Helvetic Services Group” –manejada en las sombras por el empresario kirchnerista, Lázaro Báez, a través de su testaferro Néstor Marcelo Ramos– que servían de blanqueadoras en la llamada “Ruta del dinero K”: Báez se encuentra en la cárcel por lavado de activos y sobre Ramos pesa un pedido de captura internacional.

El juez argentino Sebastián Casanello interrogó, el 2 de agosto, a Juan Pedro Damiani al entender que sería un “beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos y radicada en Suiza”. En ese momento pudo haber trascendido el papel que jugó Darriulat como testaferro, pero el caso pasó inadvertido.

De un informe entregado a la justicia por la Unidad de Información Financiera argentina “se desprende importante información en torno a la hipótesis criminal que atañe a la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez”, y en la que Damiani tuvo una participación relevante desde su estudio, al que más de una vez debió acudir Darriulat a prestar su nombre para negocios que hoy se saben delictivos.

Una de las actas registrales panameñas obtenidas por Sudestada señala: “En la ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de junio de 2011, en el local de la calle Buenos Aires 484, Piso 2, escritorio 10, siendo las 12 horas, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Finsek SA, en primera convocatoria y con la asistencia de la accionista Helvetic Services Group representada en este acto por el señor Martín Scheiner Fuster”, otro testaferro que aportó el estudio Damiani para las operaciones financieras requeridas desde la organización argentina vinculada al Kirchnerismo.

El propósito de la reunión era que la empresa uruguaya Finsek SA, creada por el estudio Damiani & Asociados “sea continuada como una sociedad para negocios internacionales bajo el nombre de Finsek Services SA en la jurisdicción de la República de Panamá”. Aprobada la iniciativa, el “nombre del agente residente” en el país centroamericano es “la firma de abogados Patton, Moreno & Avast con oficinas en el edificio Capital Plaza, Piso 8, avenida Roberto Motta, Costa del Este, Panamá”.

El acta señala a continuación los nombres de los directores y primeros “dignatarios” de Finsek Services SA. Y allí como “presidente”, con dirección en “Montevideo-Uruguay” figura “Martín Darriulat” junto a los directores Martín Scheiner (secretario) y Berta Acoca de Patton (tesorera).

De acuerdo al Reporte de Operaciones Sospechosas del Banco Columbia SA con sede en Argentina, fechado el 25 de abril de 2013, la cuenta corriente de la financiera SGI Argentina SA –conocida como La Rosadita–, cuyo socio mayoritario es Helvetic Services Group (con el 96% de las acciones), recibió 49 millones de pesos argentinos (7,2 millones de dólares de la época) entre el 23 de junio de 2011 y el 22 de abril de 2013.

La denuncia del banco radica en la “inusualidad” de los movimientos y “refiere a la presencia de indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado no cuente con una explicación”.

Entre la documentación complementaria al Reporte de Operaciones Sospechosas se encuentra “una nota presentada por la firma “SGI Argentina SA” al Banco Columbia SA mediante la cual acompañó, entre otras cosas, detalle de inversiones en el país y en el extranjero de “Helvetic Services Group”, en el que destaca las recibidas en Uruguay por las empresas “Lionat SA, Dysona SA y Finsek SA”, esta última presidida por el uruguayo Martín Darriulat.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Aprobaron reforma del Clínicas con PPP, con Medicina en contra
Médicos del centro expresaron apoyo a ese modelo de financiamiento
(El Observador)

Nueve votos contra 16 marcaron un mojón más en el proceso de reforma del Hospital de Clínicas, que pide a gritos desde hace años ser refaccionado. El martes por la noche, en una votación fragmentada, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República aprobó que el proyecto de refuncionalización del hospital universitario se financie a través de un proyecto de Participación Público Privada (PPP), la única opción que el Poder Ejecutivo considera viable para poner en marcha el salvataje del centro de salud.

Tener este tema como principal en el orden del día del CDC del martes fue un pedido expreso del rector de la Udelar, Roberto Markarian, que el 7 de setiembre envió una carta al consejo solicitando que se "culminara" la "etapa de discusión sobre la financiación de la refuncionalización del hospital universitario". En la carta, el rector reconoce que hubo avances en la "reorganización de la planta edilicia" e incluso en la "recuperación parcial de algunos sectores de internación", pero remarca que "todo eso insuficiente si se quiere dotar al país de un gran hospital público".

Con ese argumento, Markarian solicitó que el CDC considerara como opción válida el financiamiento a través de una PPP. Los nueve votos a favor no incluyeron al decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina. Según informó ayer La Diaria y confirmó Markarian a El Observador, Tomasina argumentó a favor de esa forma de financiamiento, pero debió votar en contra porque así lo había resuelto el consejo de Medicina.

A pesar de que la votación estuvo dividida, financiar la reforma del Clínicas a través de PPP contaba con el apoyo del cuerpo docente de ese hospital, que envió una carta al rector firmada por 250 profesores en la que respaldaba el accionar de la dirección del centro. En esa carta solicitaban al rector y al CDC que avance en "el proceso de inscripción de la obra en el registrop de PPP del MEF". En diálogo con El Observador, Markarian afirmó que sin el apoyo de esos 250 docentes, sumado a una resolución firmada por 35 profesores grado 5 del Clínicas, "hubiera sido una barbaridad promoverlo".

La moción votada fue presentada por la Asociación de Docentes Universitarios (ADUR) y se aprobó días después de que la dirección del Clínicas comunicara a los funcionarios que el hospital contaba con un presupuesto para poder seguir funcionando hasta noviembre. Quienes se manifestaron en contra durante toda la sesión del CDC con pancartas y banderas fueron los estudiantes. "Compañeros, compañeros, hoy venimos a luchar, porque el hospital del pueblo no lo venda Markarian", cantaron, según consignó La Diaria.

Al poco tiempo de haberse levantado la sesión, con varias caras largas por el resultado de la votación, el asesor del Ministerio de Salud Pública en la reforma del centro de salud universitario, Martín Rebella, manifestó su entusiasmo a través de su cuenta de Twitter: "El instrumento que financie la readecuación edilicia y la incorporación equipamiento es secundario, lo central pasa por otro lado", escribió.

Lo que vendrá

A partir de la votación del CDC se abre un plazo de 180 días en el cual se debe demostrar que la propuesta de PPP es factible. Para eso, la Udelar resolvió que sea la Facultad de Ciencias Económicas la encargada del estudio de viabilidad. El equipo se conformará antes del sábado y si se concluye que esa modalidad no es la ideal, se deberá buscar otra inmediatamente, según está establecido en la resolución aprobada. Esta semana también le será notificado formalmente al gobierno, en especial al Ministerio de Economía la decisión final del CDC para comenzar, nuevamente, a pensar en un nuevo hospital universitario.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Rossi informó en Comisión de Transporte sobre avances en pastera de UPM
(La Diaria)

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, acudió ayer a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados para informar acerca de los avances en las obras de infraestructura que demandará la futura planta pastera de UPM, a construirse en un radio de 25 kilómetros entre el cruce de la ruta 5 y el río Negro, aunque todavía se desconoce si se va a instalar en Tacuarembó o en Durazno.

El jerarca sostuvo que se extraería la madera en un área de un radio de 100 kilómetros alrededor de la planta, lo que implicará una inversión en infraestructura de las rutas y caminos de la zona. Una de las rutas que se piensa mejorar es la 43, que une a la ruta 5 con San Gregorio de Polanco, y en la que se piensa hacer un puente sobre el río Negro para unir Durazno con Tacuarembó.

La celulosa sería enviada a Montevideo en ferrocarril, y en eso el gobierno cuenta con cierta ventaja, debido a que, por medio de un préstamo del Fondo de Convergencia del Mercosur, ya estaba en obra la línea que va de Pintado a Rivera. Lo que no está definido aún es en qué parte del puerto se producirá el ingreso de la celulosa, aunque sí existe una propuesta para construir un viaducto sobre un tramo de la rambla portuaria que haga que el tren pueda circular sin dificultades. Se espera que la planta produzca cerca de dos millones de toneladas de celulosa por año. La operativa de la empresa sería muy superior a la de la primera planta de UPM, ubicada en las inmediaciones de Fray Bentos.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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4) La polémica que se fue de las manos
Tomer Urwicz (El País)

Este año el Ministerio de Agricultura recibirá más de 150 denuncias por uso indebido de agroquímicos, cuando en 2011 no llegaban a 40. Parte del aumento se explica por las quejas en Paso Picón, un poblado que llevó el debate al extremo. Y a la Justicia.

Máximo Castilla le pide a uno de sus empleados que le alcance un bidón. Saca una navaja que lleva enganchada en el cinturón, corta el precinto del bidón, se echa el líquido en las manos y después se lo frota por la cara. "¿Ves? Nada. Esto no mata a nadie. Son puros rumores de conventillo", espeta mientras un chorro de líquido blanco le cae por la mejilla y mancha la tierra. El líquido que acaba de pasarse por todo el rostro es glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo y también en Uruguay. Castilla está enojado. Muy enojado.

Porque este médico y productor, propietario de más de 500 hectáreas de plantación de soja y alfalfa, no comprende por qué dentro de una hora y media tiene que presentarse en un juzgado de Canelones. Debe declarar por algo sobre lo que no solo dice no tener responsabilidad, sino que para él tampoco existe: el efecto nocivo que el glifosato y los agroquímicos en general tienen en las personas aledañas a sus terrenos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha podido comprobar que dos de los siete vecinos que lo acusaron sufrieron lesiones por los tóxicos. Son los datos más científicos en una trama que involucra multas impagas por encima del millón de dólares y más de 75 denuncias ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El escenario de esta historia es Paso Picón, un poblado rural a cuatro kilómetros de la capital de Canelones, donde la puja por los agroquímicos llegó al extremo. "El médico loco", como le dicen por lo bajo a Castilla los vecinos denunciantes, viene a ser el antihéroe: un doctor de 66 años, con impronta de patrón, que es acusado de perjudicar a la población por no respetar los límites a la hora de verter plaguicidas. La legislación nacional establece la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 300 metros de un centro poblado o suburbano.

La líder de la revuelta en su contra es Adriana Pascual, una maestra de la ciudad que llegó al pueblo para una "mayor calidad de vida" y que se embanderó con la causa ambientalista. Entre medio está la escuela rural de la zona, que aunque no tiene plantación de soja en centenares de metros a la redonda, es usada como escudo para defender a una u otra postura. Y hasta un grupo de ecologistas "inventó" un documental que circula en la web, titulado "Aulas envenenadas", dice una fuente del centro educativo. De los 48 alumnos, los únicos afectados son los hijos de los denunciantes.

El fuego cruzado en Paso Picón comenzó en 2013 y en tres años se convirtió en el pueblo que presentó más denuncias oficiales por el uso indebido de plaguicidas: el 15% de las 532 que recibió el MGAP en el último lustro. Si bien allí viven más de un centenar de personas, menos de 10 son los denunciantes. El resto prefiere callar: por miedo, por desidia, o porque como ocurre con los científicos, no encuentran una verdad absoluta.

El impacto de los agroquímicos está todavía a estudio. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer había declarado al glifosato como "potencial" cancerígeno, y la Asociación Americana de Pediatría dijo que los insecticidas de uso doméstico pueden contribuir a causar leucemia en los niños. Para el oncólogo uruguayo Álvaro Luongo, "estos químicos son cancerígenos, como también el humo que desprende un auto o el cigarro, pero aún no hay en Uruguay estudios que comprueben que los cánceres actuales son por causa de estos productos".

Según Horacio Heinzen, catedrático en la Facultad de Química de la UdelaR, el problema del glifosato "son las consecuencias crónicas, a largo plazo, por la exposición prolongada a pequeñas cantidades del producto". Por eso, según la explicación científica, Castilla pudo soportar el líquido que se frotó en la cara. La importación de este agente químico aumentó 2,5 toneladas en diez años, de ahí que para los críticos sea una explicación del uso "irracional" del mismo.

Un estudio realizado en Europa, el año pasado, determinó que seis de cada 10 europeos tiene restos de glifosato en su orina. Eso llevó a que los eurodiputados se realizaran un examen comprobatorio, confirmando la sospecha. Todo parece indicar que la mayor ingesta del producto se da a través de la alimentación. El último dato disponible en Uruguay, de hace más de un año, revela que el 2% de las frutas y verduras tiene residuos de plaguicidas por encima de lo permitido, y aumenta al 10% si se toman los parámetros europeos. La cifra está dentro de la media mundial, pero aún así el MGAP ha omitido hacer sistemáticamente públicos los resultados.

En el país no hay estudios epidemiológicos y ni siquiera la posibilidad de conocer la presencia en el cuerpo del herbicida en cuestión, según reconoce la propia Facultad de Medicina. El lunes pasado la senadora nacionalista Carol Aviaga manifestó la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública brinde la posibilidad de estudios gratuitos de este tipo. Lo hizo asesorada por tres científicos, todos ellos militantes ambientalistas. La legisladora dijo que en Argentina existen este tipo de estudios, ya que en la Universidad de La Plata se realizan tests experimentales.

"Saber estos datos en Uruguay sería relevante a nivel epidemiológico, pero no sería fácil implementar un sistema así por los costos y la capacitación que requiere", cuenta Heinzen. Por ahora la Intendencia de Montevideo cuenta con un equipo de detección de glifosato en alimentos, pero recién está en la etapa de ajuste técnico.

Ante este vacío de información, el Ministerio de Salud Pública comprobó la afectación de los dos vecinos de Paso Picón por sus síntomas y no por estudios químicos. A Ariel Gulpio se le diagnosticó una inflamación aguda de vesícula que requería una operación de urgencia, pero no le pudieron dar anestesia por un "cuadro de obstrucción bronquial vinculado a la exposición ambiental a plaguicidas", dice el expediente judicial. El hombre cultivaba plantas orgánicas, pero el glifosato pasó la ruta que separa su predio del de Castilla y dejó el color naranja en el pasto.

A Alberto Demarco el médico tratante le constató episodios reiterados de obstrucción bronquial en los cinco años que vivió en el campo, frente a los cultivos de Castilla, por eso debió vender su casa y regresar a Montevideo. Las plantaciones más cercanas estaban a ocho metros de la ventana, y por el tipo de cultivo, dice, había aplicaciones de glifosato más de tres veces por período. Aunque el Ministerio de Salud Pública no pudo comprobarlo, el denunciante de 70 años aduce tener un "temblequeo" en las manos y que un cordero le nació deformado.

En el campo de Castilla también hay corderos "y están todos sanitos", aclara el médico en lo que considera una persecución. Incluso señala que la Intendencia de Canelones lo viene "hostigando" y que uno de los denunciantes es un secretario del intendente frenteamplista Yamandú Orsi. La comuna, con la autorización de la Junta Departamental, le aplicó a Castilla una multa que supera el millón de dólares. Esta se suma a las sanciones del Ministerio de Salud Pública y y el MGAP.

"La multa a este señor (Castilla) es una de las cinco más importantes que lleva aplicada la Intendencia en este período y hay otras cinco que están a estudio", indica Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la comuna.

Herou explica que Canelones es el departamento del país con más denuncias en el MGAP (213) porque "la zona rural está más poblada". Esta es la razón por la que se prohíbe echar plaguicidas con avión y solo puede hacerse con maquinaria terrestre. Castilla tenía un mosquito (esos tractores con brazos a los costados), aunque desde hace un tiempo usa un compresor. Según él, el veneno va directo al suelo. Para su vecino Jesús (otro denunciante) "el médico no tiene en cuenta la velocidad del viento ni la cantidad que tira" que hace que los tóxicos alcancen a los vecinos.

En su defensa, Castilla aclara que su hijo realizó el curso de manejo seguro de agroquímicos que imparte el MGAP, al igual que otros 2.000 trabajadores por año. Y señala que solo usa productos habilitados. Eso sí: el listado de plaguicidas registrados también viene en crecimiento: pasó de 295 en 2015, a 320 este año. "El tipo de producto no suele ser el problema", explica Federico Montes, director de Servicios Agrícolas. "Está habiendo cada vez más denuncias por uso indebido y este año se superarán las 150".

Paso Picón lidera la lista, pero hay otros puntos sensibles: Laguna del Cisne (Canelones), Nueva Helvecia, el interior de Soriano y Guichón. Pero a diferencia del poblado en donde vive Pascual y tiene sus tierras Castilla, en el resto de las localidades los vecinos no llegaron a las trompadas, ni pasaron por una comisaría, ni terminaron en un juzgado. En Paso Picón el debate se fue de las manos.

Un viaje a Paso Picón, el pueblo de las acusaciones.

Cuando parte de Canelones duerme la siesta, el juez Luis Alberto Sobot llega a su despacho. Sobre la mesa hay más de 200 hojas acordonadas, son una muestra de lo engorroso que es el caso del productor Máximo Castilla y sus vecinos. Entre los folios hay acusaciones de violencia física y verbal, multas impagas y denuncias de hostigamiento. Están las inspecciones del MGAP y de la Intendencia, y los resultados del Ministerio de Salud Pública. También está la constancia de que las fichas médicas de los denunciantes fueron entreveradas, no en el juzgado sino en alguna de las etapas médicas previas. Y de fondo está la disputa entre el derecho del empresario a producir y cuidar su patrimonio, y de los vecinos a vivir sin ser contaminados.

"El delito de lesiones es lo que puede llegar a haber y lo que se está investigando", cuenta el juez Sobot previo a que declare Castilla. "Si bien hay otros productores en la zona, el caso tiene a un único denunciado (Castilla, aunque el magistrado no lo nombra) y algunos vecinos que se siente afectados". El Ministerio de Salud corroboró que dos lugareños fueron perjudicados, aunque la Intendencia habla de cinco, explica Sobot.

Curiosamente, la Intendencia de Canelones es denunciante en este caso y denunciada en otro sobre contaminación ambiental. Sobot también deberá fallar sobre la responsabilidad de la comuna en el vertido de basura a la cuenca del Santa Lucía, desde donde se extrae el agua para potabilizar.

Porque si hay algo que distingue a Canelones en general y a Paso Picón en particular es la presencia de cauces de agua dulce que alimentan a la población de Montevideo y parte de la costa. De hecho, uno de los campos de Castilla está justo en la unión de los arroyos Canelón Chico y Grande. "A pocos metros de allí se extrae el agua, pero como es una zona privada casi no hay controles", dice la maestra Adriana Pascual.

Hace pocos meses OSE ingresó por el predio de Castilla para tomar muestras y así saber qué tratamiento debía darle al agua. El médico aclara que él respeta los límites de distancia al arroyo cada vez que echa agroquímicos, aunque los vecinos dicen que las fotos tomadas a sus fumigaciones señalan lo contrario. Mientras, la Justicia espera que declaren los inspectores de la Intendencia y que los científicos le brinde datos confirmatorios o revocatorios del caso.

Ariel Gulpio.
Se especializó en estudio de ecosistemas, se dedicó al cultivo orgánico y terminó siendo contaminado por agrotóxicos. Gulpio sufre de problemas respiratorios y es uno de los denunciantes.

Luis A. Sobot.
El caso de Paso Picón es el más largo sobre agroquímicos en que intervino el juez Sobot. Antes trabajó en tres suicidios con plaguicidas. Autoeliminación representa el 26% de estas intoxicaciones.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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5) Bayer compró al gigante Monsanto por US$ 66.000 millones
(AFP)

Ambas compañías suman una plantilla de 140.000 empleados. El acuerdo entre la firma alemana y la estadounidense se produjo este miércoles.

El grupo farmacéutico alemán Bayer anunció este miércoles que cerró un acuerdo para la compra del líder mundial de herbicidas e ingeniería genética de semillas estadounidense Monsanto por 66.000 millones de dólares, la adquisición más cara hasta la fecha de un grupo alemán.

"Bayer y Monsanto firmaron el miércoles un acuerdo de fusión" de 128 dólares por acción, anunció Bayer en un comunicado. El grupo alemán tuvo que mejorar su oferta en varias oportunidades desde mayo antes de obtener el acuerdo del gigante estadounidense. La transición aúna dos actividades diferentes, pero fuertemente complementarias" en términos de semillas, fertilizantes y pesticidas, señaló.

Juntos, Bayer y Monsanto se convertirán en un gigante mundial de 23.000 millones de euros (25.800 millones de dólares) de cifra de negocios anual y una plantilla de casi 140.000 empleados. Calificado de "matrimonio infernal" por sus detractores, la perspectiva de esta unión entre Monsanto y Bayer ha levantado fuertes críticas en Alemania, un país cuya sociedad se opone mayoritariamente a los transgénicos. Los ecologistas critican en particular los pesticidas de Monsanto como el Roundup, apodado "asesino de abejas".

Las distintas ofertas propuestas por Bayer desde mayo, cada vez más elevadas, habían sido declinadas hasta ahora por el grupo estadounidense, que se mostraba abierto a negociar haciendo saber que tenía otras proposiciones sobre la mesa. Pero los misteriosos rivales nunca se materializaron.

"Realmente, Bayer está pagando demasiado, así que deberá lograr el mayor beneficio" posible de la fusión, consideró el analista de DZ Bank, Peter Spengler. Se espera que este acercamiento, que ambos grupos quieren cerrar antes de 2017, aumente su beneficio bruto de explotación en torno a 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) al cabo de tres años.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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MUMIA:

1) Bolivia ante su nuevo desafío –

2) La Palma africana intenta su cuadratura del círculo –

3) Portugal sale de un proyecto controvertido por la política israelí siguiendo la presión del BDS –

4) Libia, la Guerra de los caníbales –

5) Zimbabue ¿Los últimos días de Mugabe?

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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 790 / Miércoles 14 de Septiembre de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Bolivia ante su nuevo desafío
Atilio Boron (Alai)

El asesinato en Panduro, Bolivia, del Vice Ministro Rodolfo Illanes refleja claramente los extremos a los cuales es capaz de llegar la coalición destituyente formada por el imperialismo norteamericano, como indudable “director de orquesta” acompañada por la oligarquía tradicional y las diversas fracciones de la burguesía como “segundos violines”, para seguir con la metáfora sinfónica, y el desafinado y heterogéneo coro integrado por ciertos segmentos de las capas medias, la pequeña burguesía y algunos sectores de las clases y capas populares de la ciudad y el campo.

La metodología ha sido ensayada y puesta en práctica en numerosas ocasiones. Básicamente consiste en promover mediante una sostenida campaña de desinformación y manipulación la irritación de grupos o categorías sociales de raigambre popular especialmente sensibles bien sea a los resultados de ciertas políticas puntuales que desarrolle un gobierno –caso de los camioneros en el Chile de Allende- o, como ocurre en la actualidad en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de políticas globales que impacten negativamente sobre el conjunto de la población, muy especialmente los más pobres.

En no pocos casos se combinan ambas tácticas: en Chile el desabastecimiento planificado de ciertos productos se combinó con la virulenta reacción de los camioneros y, desgraciadamente, con los mineros en la mina de cobre El Teniente, nacionalizada por Allende y que se declararon en huelga indefinida por mayores salarios (duró 74 días, siendo el cobre “el sueldo de Chile”, como decía el presidente chileno). Poco después un violento y confuso enfrentamiento con los mineros en Santiago deja un saldo de un minero muerto y más de medio centenar de heridos. Como resultó evidente poco después, la siniestra mano de la CIA estaba metida en todas estas operaciones que terminaron con el derrocamiento de Allende y el baño de sangre que enlutara a ese país.

Por eso el infame asesinato del Vice Ministro Illanes debe ser puesto bajo esta perspectiva. La conversión de cooperativistas en pequeños empresarios mineros que están promoviendo la privatización de facto de los recursos minerales de Bolivia es un dato insoslayable. Si bien las políticas del gobierno de Evo Morales favorecieron a este sector cooperativo minero, la sanción en Agosto de este año de Ley General de Cooperativas Mineras los predispuso en su contra. Lo que aparentemente fue el foco del conflicto era la norma que autoriza la sindicalización de los trabajadores empleados por los cooperativistas.

El modelo “Walmart” de prohibición de la sindicalización en dicha empresa parece haber calado hondo en los cooperativistas. En su radical intransigencia estos además extendieron el diferendo con el gobierno y constituyeron una coalición que agrupa a cooperativas de otros sectores fuera de la minería. El resultado: de las 10 demandas iniciales se pasó a un pliego de peticiones de 24 puntos, acompañado por una huelga por tiempo indefinido. Entre aquellos sobresale el rechazo a la Ley de Minería y Metalurgia que impide que las empresas privadas inviertan en las concesiones de los cooperativistas. Como lo señala Katu Arkonada en un análisis reciente, “los cooperativistas tienen firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales, siendo una de ellas la Comsur de Sánchez de Losada.”1 Las quejas contra las estrictas regulaciones ambientales impuestas por el gobierno boliviano también son parte del reclamo de los cooperativistas lo mismo que la exigencia de que se los beneficie con precios preferenciales para su consumo de energía.

Ante la magnitud de estas demandas el gobierno de Evo Morales mantuvo abiertos todos los canales del diálogo y la negociación, dentro de un límite infranqueable: preservar el imperio de la Constitución, que no podía ser puesto en cuestión por el accionar de un conjunto de actores de sospechosa intransigencia.

Hay numerosas razones para pensar que hubo alguien que tensó el conflicto cuando las negociaciones entre gobierno y cooperativistas estaban encaminadas. Una falsa orden de aprehensión de dirigentes cooperativistas provocó el paso a la clandestinidad de su dirigencia y la intensificación de los bloqueos. Un par de días después, el 24 de agosto, se produjo el asesinato de dos mineros cooperativistas durante los bloqueos sin poder precisarse, hasta ahora, los eventuales autores de los disparos.2 Lo que sigue es historia conocida, con otro minero muerto y el linchamiento de Illanes.

La larga experiencia latinoamericana en este tipo de situaciones no exige demasiado esfuerzo de imaginación para comprender lo sucedido. Tal como lo relata John Perkins en su conocido libro y lo ratifican los manuales de Eugene Sharp incidentes como los que estamos analizando forman parte de los SOP, “Standard Operating Procedures” de los agentes del imperio.3

Los medios de comunicación, por supuesto, cumplieron una función importantísima al fogonear el conflicto, tal como El Mercurio y el Canal 13 de la Universidad Católica lo hicieron en el caso de Chile. En Bolivia se hicieron cómplices de una falsedad informativa que fue divulgada irresponsablemente para escalar el conflicto, intensificar los bloqueos y enfurecer a los cooperativistas. Luego de los trágicos sucesos de Panduro la prensa hegemónica acentuó su labor destituyente afirmando que fue la intransigencia del gobierno el causante de la muerte de los cooperativistas y del Vice Ministro Illanes.

No sería descabellado pensar que los traumáticos acontecimientos de agosto producirán una redefinición en el arco de alianzas del gobierno y la oposición. Los beneficios otorgados a los cooperativistas ya habían provocado el malestar de múltiples movimientos sociales que no están de acuerdo con que se les mantengan sus privilegios. En dependencia del avance de las investigaciones no sería improbable que buena parte de la dirigencia cooperativa involucrada en estos luctuosos sucesos fuese desplazada. Es evidente que el problema está mucho más en la dirigencia del cooperativismo minero que en su base, sometida a presiones y chantajes por aquella y obligada a actuar como masa de maniobra en bloqueos y otras iniciativas violentas de franco carácter destituyente.

De lo anterior se desprende que el gobierno de Evo Morales se enfrenta a un nuevo desafío. Para salir airoso del mismo deberá actuar con serenidad y firmeza; la primera, para no caer en provocaciones cuya frecuencia y gravedad seguramente irán en aumento a medida que Bolivia se aproxime al crucial año 2019, donde se pondrá en juego la continuidad del proceso de cambios iniciado bajo el liderazgo del Presidente Evo Morales. Provocaciones y trampas facilitadas por un entorno geopolítico que no podría ser más desfavorable: gobiernos de derecha radical en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú; iniciativa norteamericana de reforzar “el control del narcotráfico” en la frontera Norte de la Argentina, con una eventual base militar de Estados Unisoa en la lindera provincia de Jujuy destinada a monitorear tan cerca como fuese posible el irresistible imán, para Washington, del litio boliviano; militarización de la frontera chileno-boliviana y ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países y la belicosidad de la cancillería chilena auguran tiempos difíciles para el gobierno de los movimientos sociales.

Serenidad, entonces, para responder con la frialdad cerebral de un ajedrecista pero también decíamos firmeza. Si algo se puede aprender de la actual tragedia brasileña es que la política de apaciguamiento y concesiones de los enemigos del proceso lejos de atenuar su beligerancia sólo alimentan su resentimiento y su afán de venganza. Convalidar con la pasividad oficial el crimen perpetrado por los cooperativistas sería una actitud suicida. Con la ley en la mano el gobierno debe castigar ejemplarmente a sus responsables materiales e intelectuales.

Para concluir: Bolivia ha hecho inmensos progresos bajo el gobierno de Evo Morales y una adecuada combinación de serenidad y firmeza le permitirá superar los desafíos actuales y también romper el cerco regional constituido por gobiernos de muy frágil legitimidad y cuya duración, especialmente en el caso de Brasil y, en cierta menor medida, Argentina, está en duda. En el pasado el gobierno de los movimientos sociales sorteó con éxito numerosos retos. No hay razón ahora para pensar que ahora la historia podría ser diferente.
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1 “10 preguntas y 10 respuestas sobre el conflicto con los “cooperativistas” mineros en Bolivia”, en www.telesurtv.net/bloggers/10-preguntas-y-10-respuestas-sobre-el-conflicto-con-los-cooperativistas-mineros-en-Bolivia-20160827-0002.html 27 Agosto 2016. Remitimos a este trabajo para una exhaustiva indagación sobre diversas faceta del tema que nos preocupa y que no podemos tratar en nuestro trabajo.
2 Cabe recordar que el Presidente Evo Morales prohibió no sólo disparar sino que la policía se haga presente en el lugar de los bloqueos portando armas de fuego.
3 John Perkins, Confesiones de un gangster económico (Barcelona: Ediciones Urano, 2005) o los diversos manuales para la desestabilización de regímenes dictatoriales de Eugene Sharp.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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2) La Palma africana intenta su cuadratura del círculo
Emilio Godoy (IPS)

“En San Lorenzo talaron la selva para sembrar palma (africana) aceitera. Si no avanzaron más, es porque los pueblos indígenas lograron frenar la expansión”, denuncia el ecuatoriano Santiago Levy en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza.

El coordinador en la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, de la no gubernamental Fundación para el Desarrollo de Alternativas, enumera el impacto de ese cultivo extensivo en departamentos de esa región, fronteriza con Colombia, desde comienzo de la década pasada. “Se necesita infraestructura, mucha agua para su procesamiento y genera residuos líquidos que van al suelo. No veo palma sostenible, implica botar selva para poner un monocultivo”, señaló a IPS durante el Congreso, que hospedó la capital del estadounidense estado insular de Hawái los 10 primeros días de septiembre.

La mención relata el desarrollo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis) en esa nación latinoamericana, como ha ocurrido también en años recientes en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras e Indonesia, el mayor productor mundial. La fiebre por la palma africana, cuyo fruto se muele para extraer aceite que se consume en la industria de alimentos, cosmética y agrocombustibles, ha contagiado a varios países, derivando en confrontaciones territoriales, deforestación, disputas laborales, contaminación del agua e, incluso, el asesinato de algunos líderes locales.

Ese legado coloca en tela de juicio los mecanismos fomentados por las naciones productoras, la industria, organizaciones ambientalistas y académicos para el cultivo sostenible de la oleaginosa. Un nuevo intento fue promovido por los participantes durante el Congreso organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en este archipiélago en medio del océano Pacífico.

Una de las resoluciones debatidas a profundidad durante la cumbre ambiental versó sobre mitigar los impactos de la expansión de la palma de aceite y de las actividades ligadas a su cultivo sobre la biodiversidad, en un intento por impedir que esa agroindustria avance hacia ecosistemas libres de esa actividad.

La moción solicitó a la UICN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, analizar la situación sobre las repercusiones de la expansión de la palma africana sobre la conservación de la biodiversidad, además de examinar y definir buenas prácticas para el sector.

También se instó a formar un grupo de trabajo para apoyar a gobiernos y otros actores a delimitar los ecosistemas para el cultivo de la palma, y a sus miembros, a aplicar salvaguardas adecuadas para los pueblos indígena, víctimas de la ampliación del cultivo. En los Compromisos de Hawái, el documento con 99 resoluciones del Congreso, se reconoce que “la intensificación y la industrialización de la agricultura amplían su huella y sustituyen las prácticas no intensivas o tradicionales, se destruyen los ecosistemas naturales y la biodiversidad”.

El Congreso, que la UINC realiza cada cuatro años y que en esta edición ha tenido como lema “Planeta en la encrucijada”, congregó aquí a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas. Arnold Sitompul, director de Conservación en la oficina en Indonesia del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza, consideró que el modelo actual de certificación de la palma sostenible no ha funcionado, pues persiste la deforestación y la pérdida de riqueza biológica.

“Hay necesidad de movilizar esfuerzos para responder a todos los problemas de la palma. Debemos ir paso a paso. Primero, tenemos que detener la deforestación y luego afrontar la intensificación de actividades de siembra que ocurren en tierras degradadas”, planteó a IPS. En su país, desde 1985 el área cultivada creció ocho veces. A partir de 2011, el gobierno de Jakarta ha impuesto moratorias al otorgamiento de nuevas licencias de siembra, aunque según el activista no resultaron eficaces en controlar la expansión del cultivo.

En el mundo están sembrados unos 200.000 kilómetros cuadrados de palma africana, que abastecen 23 por ciento de la demanda global de aceites y grasas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el procesamiento mundial de aceite de palma para el ciclo 2016-2017 alcanzará 65,5 millones de toneladas, 10 por ciento más que en 2015.

Indonesia, el mayor productor de la materia prima, dedica al cultivo unos 80.000 kilómetros cuadrados, con una producción anual de 35 millones de toneladas. Le siguen Malasia, con 56.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de toneladas, y Tailandia, con 10.000 kilómetros y 2,3 millones de toneladas.

En América Latina, Colombia, el cuarto productor mundial, genera más de un millón de toneladas anuales de aceite en 5.000 kilómetros cuadrados de cultivo. Detrás están Ecuador (560.000 toneladas y 2.800 kilómetros cuadrados), Guatemala (515.000 toneladas y 1.500 kilómetros cuadrados), Brasil (340.000 toneladas y 31.500 kilómetros cuadrados) y Honduras (545.00 toneladas 1.250 kilómetros cuadrados).

El modelo de palma sostenible “no ha funcionado”, a juicio de Antony Lynam, asesor regional de los programas para Asia de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con sede en Nueva York. “Hay que proteger a los bosques de la expansión de la palma”, sostuvo ante IPS. La certificación “no puede ser un pretexto para las empresas para dañar el ambiente. No puede convertirse en ‘green washing’ (simulación ecológica)”, dijo una fuente ambientalista a IPS durante el Congreso, bajo condición de anonimato.

Una Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, en inglés), que reúne a los diferentes actores involucrados desde 2004, creo un sistema de certificación. Una revisión del mecanismo de quejas de la RSPO parece confirmar esas conclusiones sobre la producción de Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO, en inglés), por el incremento de los reclamos desde 2014.

Del total de las 64 quejas acumuladas, 40 por ciento se refieren al consentimiento previo de los pueblos indígenas al cultivo en sus territorios, 23 por ciento a problemas de conservación y 16 por ciento a contaminación y quema de bosques y selvas. Indonesia encabeza la lista con 35 denuncias, seguido por Malasia (13) y Colombia (dos). El resto está repartido entre Brasil, Camerún, Costa Rica, Francia, Liberia y Perú.

Cuando se reunió el 30 de junio en Malasia, la junta del Panel de Quejas de la RSPO, integrado por representantes de empresas, bancos y organizaciones ambientalistas, recibió reclamos sobre violaciones de derechos laborales, libertad de movimiento de pueblos indígenas, incumplimiento en pagos e impactos sobre la biodiversidad.

La RSPO, que aglutina a unos 3.000 miembros de siete sectores vinculados con la agroindustria, certificó hasta ahora casi 11 millones de toneladas de aceite de palma y cubrió 22.100 kilómetros cuadrados de cultivo. La organización elaboró un conjunto de criterios sociales y ambientales que las empresas deben cumplir para producir aceite certificado como sostenible, que incluyen su total trazabilidad, el cumplimiento de los derechos laborales e indígenas, la no ocupación de áreas de valor biológico y prácticas agrícolas limpias.

Hasta ahora el aceite certificado proviene de Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Brasil y Colombia y solo representa 17 por ciento de la producción mundial. “No tiene sentido hacer biocombustible con la comida. Hay que buscar alternativas a las oleaginosas, con la expectativa de que no dañen el ambiente”, señaló el ecuatoriano Levy.

Sitompul es optimista de que pueden mejorar las prácticas industriales. “Es un buen momento para mejorar la situación. Se puede incentivar mejores prácticas. Indonesia debe enfocarse en dar valor agregado al sector, en vez de sólo aportar materia prima”, planteó.

Editado por Estrella Gutiérrez

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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3) Portugal sale de un proyecto controvertido por la política israelí siguiendo la presión del BDS
(stopthewall.org/es)

El Ministro portugués de Justicia anunció que se han retirado de un proyecto financiado conjuntamente por la UE con el Ministerio de Seguridad Pública Israelí, con la Policia Nacional Israelí y la Universidad Israelita Bar Ilan. El proyecto TREN DE LA LEY, que intenta unificar las metodologías de interrogatorio policial, ha generado controversia en Portugal dada la sonada oposición a la participación de Israel en el marco de investigación de la UE Horizon 2020 y las violaciones a los derechos humanos perpetrados donde las entidades israelíes toman parte.

El gobierno Portugués está bao una gran presión por parte de los grupos de la sociedad civil que hacen campaña para terminar con la cooperación con Israel. Los partidos de la oposición denunciaron el el parlamento la tortura rutinaria de la policía israelí y el papel del Ministerio de Seguridad Pública en la detención ilegal de miles de palestinos como prisioneros políticos en las cárceles israelíes.

Jamal Juma’, coordinador de Stop the Wall, y miembro de la organización del Comité Nacional Palestino del BDS (BNC), elogió la decisión de principios del gobierno portugués socialista de centro izquierda:

"Esta decisión de Portugal da esperanza a nuestro pueblo y envía un fuerte mensaje a Israel que no hay negocios ni los habrá mientras continúe la agresión militar contra Gaza y la represión en Cisjordania. Este proyecto de la UE da reconocimiento tácito al control y a la represión israelí sobre el pueblo palestino y mira para otro lado ante las notorias violaciones de Israel sobre los palestinos que incluye tortura rutinaria como una ‘técnica de interrogación’.”

El proyecto europeo, de cinco millones de euros, intenta desarrollar tecnología para unificar la metodología de los interrogatorios policiales ‘mejorando las habilidades de los interrogatorios’ haciendo de puente con las así llamadas ‘diferencias culturales y legislativas en el estilo de los interrogatorios’. Las fuerzas policiales involucradas contribuirán con su 'experiencia en interrogación y lucha contra el crimen a desarrollar el sistema’. El Ministerio Israelí de Seguridad Pública y la policía israelí están acusados por las NU y por las organizaciones de derechos humanos de llevar a cabo prácticas de detención ilegal, tortura rutinaria durante los interrogatorios y empleo de violencia excesiva contra los manifestantes palestinos.

El Servcio Público Federal de Justicia de Bélgica y el Ministerio del Interior de España/Guardia Civil, empresas privadas, universidades e instituciones de investigación siguen involucrados en el proyecto como parte del marco de investigación de la UE Horizon 2020. Los grupos de activistas en España y en Bélgica han prometido iniciar campañas para terminar con el proyecto después de su última victoria.

“Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos portugueses que han trabajado junto a nosotros para edificar una solidaridad efectiva basada en el llamamiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y así asegurar que no habrá riesgo de proliferación de las prácticas ilegales israelíes ni tratamiento inhumano a través de este proyecto en el propio sistema de justicia portugués,” dijo Juma’.

Una coalición sin oredecentes de grupos solidarios portugueses, organizaciones de derechos humanos y activistas anti racismo, así como la asociación que representa s los oficiales de la revolución del país en 1974 se unieron siguiendo un informe de Stop the Wall que mostraba la cooperación y sus consecuencias sobre los derechos humanos y la l¡bertad de los palestinos. El Partido Comunista Portugués y el Partido de los Verdes interrogaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministro de Justicia sobre ese tema.

El Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Medio Oriente (MPP ), iniciador de la coalición de la sociedad civil contra el proyecto, ha declarado: “Nos congratulamos por la decisión del Ministerio de Justicia para terminar con la participación de la Policía Portuguesa en el proyecto LAW TRAIN. La retirada del gobierno portugués del proyecto es una Victoria de todas las fuerzas que en Palestina, en Portugal y en Europa hacen un llamamiento oara terminar con este proyecto de cooperación con el aparato represivo israelí.”

Estas noticias llegan mientras el palestino de 34 años Bilal Kayed sigue con su huelga de hambre indefinida desde Junio del 2015. Hay actualmente más de 7000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, muchos de ellos detenidos sin cargos. El Comité de las NU contra la Iortura exhortó una vez más en Mayo a Israel a prohibir la tortura u denunció las actuales prácticas de tortura y malos tratos en los procesos de interrogación. Las organizaciones de derechos humanos resaltan los tratamientos brutales, particularmente contra menores palestinos.

Riya Hassan, coordinadora europea del BNC, concluye:
“Esta última victoria es otro signo de que los gobiernos europeos están despertando ante la problemática de tener a Israel como un socio en proyectos que arriesgan minar las libertades básicas, la democracia y los derechos humanos. Aún queda un largo camino para terminar con la complicidad de Europa con el apartheid israelí. LAW TRAIN continua con los participantes que quedan y es solo uno de los muchos proyectos militares y de seguridad financiados por la Comisión de la UE con dinero de los contribuyentes.”

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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4) Libia, la Guerra de los caníbales
Guadi Calvo (Rebelión)

Los grandes medios occidentales están anunciando con gran entusiasmo la inminente caída de la ciudad libia de Sirte, declarada capital del Estado Islámico, que se calcula cuenta entre 3 y 7 mil hombres.

Sirte, justamente la ciudad donde nació el líder de la Yamarihiya y donde fue asesinado en octubre de 2011, por las hordas alentadas, armadas y entrenadas por la OTAN, bajo la cobertura de la Primavera Árabe, hace casi año y medio que fue conquistada por el Daesh y desde entonces ha sido acechada por algunas de las innumerables facciones que operan en el país norafricano.

Pero recién ahora, tras el “pedido” del primer ministro, Fayez Serraj, jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GNA) a la sazón, un vulgar testaferro del Departamento de Estado, blanqueado por la resolución 2273 del 14 de marzo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas organismo que desde el 2011, casi de manera diaria no ha dejado de cometer alguna aberración en Libia, se han decidido por bombardear posiciones del Daesh, particularmente dentro del casco urbano de Sirte. Claro, tras estos ataques, la prensa internacional, no menciona la cantidad de muertos civiles, lo que no sucede cuando la aviación rusa bombardea posiciones de Estado Islámico en Siria en que la prensa mundial conoce con particular exactitud en número de muertos asesinados por el presidente Putin y el “régimen” de al-Assad.

Con la operación contra el Daesh llamada Bonyan al Marsus (Estructura Sólida,) que se inició en mayo último, parece ser que Estados Unidos junto al remedo de naciones que conforman la parte minoritaria de la OTAN, y las “fuerzas alineadas con el GNA”, que nadie sabe a ciencia cierta quienes son y de donde provienen, han decidido de una vez poner punto final a la anarquía en Libia, y ya no solo han empezado a bombardear, sino que ya se habla de contingente militares, por ejemplo italianos, que pronto volverían a invadir el país ya que según se ve, la “democracia” que llevaron en 2011, no estaba en muy buen estado.

El propio presidente estadounidense, Barack Obama, ha reconocido el proceso de reconstrucción libio como el “mayor fracaso” en sus ocho años de gobierno.

Claro, Libia se merece una segunda oportunidad ya que casualmente es el país africano con las mayores reservas petroleras y noveno a nivel mundial, además de guardar en sus subsuelo más de 35 mil kilómetros cúbicos de agua dulce, en las cuencas de Kufra, al sureste, próximo a la frontera egipcia, cuyo potencial sería de 20 mil km³; la región de Sirte cuenta con otros 10 mil km³; Murzuk, al sur de Jabal Fezzan 4.800 km³ a los que se le suman las cuencas de Hamadah y Jufrah, que van desde el Arco Qargaf y Jabal Sawda hasta el Mediterráneo. El acuífero de Piedra Arenisca, en la región de Nubia, en el oriente del Sahara, entre Libia, Egipto, Chad y Sudán, con la friolera de 75 mil refrescantes kilómetros cúbicos de agua dulce es la mayor del norte africano y todo eso a tiro de piedra de Europa y en un territorio sin gobierno que pueda impedir el saqueo que se aproxima.

Tras la invasión que terminó con el gobierno del Coronel Gadaffi, y su estado de bienestar, la Primavera Árabe pulverizó los destinos de millones de libios y los empujó a ser hoy un estado fallido, gobernado por bandas armadas que responde a quien mejor le pague.

En la batalla por Sirte, se puede ver claramente la cantidad de organizaciones de mayor capacidad de fuego, que combaten autonómicamente, contra el enemigo común: el Estado Islámico, de salir victorioso de este encierro, cosa por demás difícil, haría que su venganza superara a todo lo conocido. Libia, desde hace cinco años no ha dejado de retroceder y ya solo tienen poder territorial fáctico, solo algunas tribus en especial las del sur donde la guerra de 2011, parece haber sido menos cruel.

El centro del país y toda la franja costera se encuentra fraccionada por diferentes organizaciones paramilitares, carteles del narcotráfico, bandas de contrabandistas, traficantes de armas, de personas y según algunas versiones. difíciles de confirmar y de creer posible solo por la complejidad que requiere el “negocio” de órganos.

La próxima batalla después de Sirte.

Si los grupos que hoy combaten a Estado Islámico en Sirte, lograran neutralizar a los califados del Ibrahim, solo se estaría retrotrayendo la situación libia a octubre de 2014, cuando el Daesh apareció en la ciudad de Derna, a pocos kilómetros de la frontera con Egipto, desde donde comenzó a avanzar hacia el sur y después al este. Para entonces la situación en Libia, ya era un caos y Estado Islámico, solo fue un condimento más del pandemónium.

Sin Ejército, sin recursos, ya que no se logra reactivar la producción petrolera, sin un mando que consiste el respeto y el encolumnamiento de los grupos armados señores de la guerra y caudillejos han brotado por todas las regiones: el “Ejército libio” que comanda el ex general Khalifa Haftar, expulsado por traidor del ejercito de Gadaffi y más tarde reclutado por la CIA, cercano al Parlamento de Tobruk a quien también acompañan las milicias de Zintán y Washarfana y en el exterior cuenta con el beneplácito de Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita; por otra parte la poderosa milicia del puerto de Misrata, unidas en el movimiento Fayer Libia (Amanecer Libio), vinculado a los siempre omnipresente Hermanos Musulmanes, son apoyado por Turquía y Qatar, y circunstancialmente por Ansar al-Sharia, organización terrorista que ha quedado diezmada por las pugnas internas y la migración de sus militantes tanto a Estado Islámico como al-Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI). La milicia de Misrata, rivaliza con Trípoli y con Bengasi, y es cercana al parlamento de Trípoli, además de controlar la seguridad de algunas infraestructuras como centrales eléctricas o la base aérea de Ghardabiya.

Los milicianos misratíes, manejan también el tráfico de las embarcaciones que desde ese mismo puerto salen cargadas de refugiados rumbo al sur de Italia, lo que le deja importantes recursos, se estima entre 800 mil y un millón de extranjeros próximos al puerto de Misrata esperando su turno para embarcar. Otro de los tantos brazos armados que perpetuó el caos en Libia es la Guardia de Instalaciones Petrolíferas (GIP), milicia comandada por Ibrahim Yadran, que ha sido desplazada desde Ras Lanuf, su base natural, a unos 300 kilómetros de Sirte, para participar en los combate contra el Daesh. Ellos han cerrado el camino de muchos salafistas que pugnaban por llegar a la cuenca petrolera del Golfo de Bengasi, donde podrían haber atentado contra las últimas destilerías que dispone el país.

En el sur del país milicias de tuaregs y tubus, tribus rivales entre sí, han profundizado frente al caos, sus ansiados e históricos reclamos de autonomía en pos de su independencia final.

Libia, un país ejemplo y modelo, no solo para África, sino para las naciones del tercer mundo, ha sido devastada y convertida en un estado fallido al ejemplo de Somalia, quizás su único record hoy sea ser la nación que cuenta con mayores cantidad de gobiernos de unidad por kilómetro cuadrado, el Parlamento de Trípoli, de Tobruk y ahora del impuesto por Naciones Unidas el Unidad Nacional (GNA), solo sellos de goma que no puede controlar ni las puertas de los sitios donde funcionan.

Ya no importa quien triunfe en la pugna libia, ya no importa si hubiera alguna vez un resultado claro en la disputa, quien sea que trepe al kurosawano trono de sangre, no será por ser el mejor, sino por ser el más salvaje de los caníbales.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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5) Zimbabue ¿Los últimos días de Mugabe?
Leo Zeilig (Viento Sur)

Hace dos semanas, una protesta nacional paralizó Zimbabue. Por primera vez en muchos años, el partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF) y el presidente Robert Mugabe parecían estar muy nerviosos. Jóvenes, trabajadores y vendedores ambulantes –que sobreviven vendiendo alimentos y bienes de importación baratos por las calles– se enzarzaron en batallas campales con la policía y el ejército. En muchos casos, los manifestantes superaban en número a las fuerzas de seguridad.

Pese a que la prensa del régimen se ha centrado en el pastor Evan Mawarirey su movimiento #‎ThisFlag, las manifestaciones tienen raíces más profundas. Una convergencia explosiva de cuestiones como la escasez de alimentos, los casos de corrupción y el impago de salarios ha contribuido a azuzarlas. Los manifestantes reclamaron que la policía dejara de practicar controles de carretera y de acosar a la ciudadanía para conseguir sobornos, y que el gobierno despida y lleve a los tribunales a los funcionarios corruptos. La protesta se organizó además en apoyo a la huelga nacional de empleados públicos, puesto que el personal sanitario, los médicos, los enseñantes y otros empleados públicos no habían cobrado el salario de junio.

La policía detuvo a numerosas personas en un intento de quebrar la resolución de los manifestantes. Sin embargo, ocurrió algo insólito: en vez de intimidar a la gente, la represión parecía reforzar la resistencia. Dos días después tuvo lugar una huelga masiva a escala de todo el país, arrastrando a la mayoría de ciudades y núcleos de población a la protesta. En la ciudad meridional de Bulawayo, casi todas las tiendas del distrito comercial del centro y de los grandes suburbios permanecieron cerradas. Las pequeñas furgonetas Volkswagen que se utilizan para el transporte local de la gente pobre –las llamadaskombis–dejaron de operar. En Harare, un activistainformó de “un parón casi total en que la ciudadanía de Zimbabue respondió al llamamiento de los activistas a favor de la democracia en una apuesta por forzar al presidente Robert Mugabe a ofrecer una solución a los problemas del país o de lo contrario dimitir junto con su gobierno del ZANU-PF”. En los barrios pobres y densamente poblados, los vecinos montaron barricadas y se enfrentaron a la policía.

Sin embargo, el partido gobernante también ha movilizado a sus seguidores. A pesar de la agobiante pobreza y del paro masivo, el ZANU-PF todavía goza de un apoyo significativo entre los pobres. El 19 de julio, en una manifestación contraria al movimiento #ThisFlag, miles de personas se concentraron delante de la sede del ZANU-PF en Harare y vitorearon a Mugabe por “crear puesto de trabajo y prosperidad”. Esta manifestación ha despertado el temor de que nuevas manifestaciones progubernamentales desaten la violencia política, dado que jóvenes leales al partido gobernante han atacado a personalidades críticas con el ZANU-PF. Zimbabue tiene una historia sangrienta rica en tales recriminaciones violentas. Sin embargo, puede que algunos acontecimientos recientes anuncien algo nuevo: el miedo omnipresente que ha retenido al pueblo de Zimbabue durante años parece haberse disipado, y la aparente invulnerabilidad del partido gobernante se ha resquebrajado.

Vuelta a la década de 1990

Para analizar lo que está ocurriendo en Zimbabue, hemos de echar una ojeada a los hechos ocurridos a finales de la década de 1990. En 1999 se constituyó el Movimientos por el Cambio Democrático (MDC). Creado inicialmente en forma de coalición para la defensa de los pobres, junto con la Confederación de Sindicatos (ZCTU), el MDC se propuso desbancar al partido gobernante. Activistas que habían participado en las luchas masivas de los pobres y los trabajadores a mediados de la década crearon agrupaciones locales en todo el país.

Uno de los líderes, quien más tarde sería ministro de Hacienda del denostado gobierno de unidad nacional en 2008, TendaiBiti, calificó así aquel periodo de revueltas: “Aquella fue una ocasión memorable en la historia de este país, porque trajo confianza; en la atmósferase percibía el poder de la clase obrera”. No era una exageración. Entre 1996 y 1998, el “bienio rojo”,Zimbabue conoció huelgas generales del sector público, el cierre de la universidad nacional en la capital y una revuelta estudiantil en todo el país, que politizó a los veteranos de guerra. Ex combatientes de la guerra de liberación de la década de 1970 ocuparon tierras de labranza, ampliando el alcance de una protesta que puso en jaque al partido gobernante.

Lo que sucedió después es tristemente conocido. La oposición se volvió cada vez más moderada, enfrentada a una represión que segó las vidas de cientos de activistas. Pero el MDC también viró a la derecha. A medida que el partido ganó influencia, atrajo a una multitud variopinta de seguidores: “rodesianos” no reconvertidos –lo que quedaba de los colonos blancos que habían conservado sus tierras tras la independencia–, empresarios y el 1 % más rico de Zimbabue, todos ellos desilusionados con el ZANU-PF, al que habían apoyado durante años.

El ZANU-PF supo ver su oportunidad. Primero se puso al frente de los veteranos de guerra y alentó la ocupación de las tierras de los blancos. Así se alzó con la representación de los campesinos sin tierra. En un acto tan estrafalario como descorazonador, el MDC –ahora influido por los intereses de los blancos, los empresarios y las clases medias– prometió devolver las tierras a los terratenientes blancos en interés de la “legalidad”. El ZANU-PF se situó a la izquierda del MDC y se presentó como partido del renacimiento radical africano. Zimbabue, declaró el partido, emprendía su tercer chimurenga.

El primer chimurenga, o “levantamiento”, ocurrió a finales del siglo XIX contra la conquista colonial de lo que sería el actual Zimbabue. El segundo se produjo durante la resistencia guerrillera al Estado de Rodesia en las décadas de 1960 y 1970, en la que Mugabe desempeñó un papel destacado. Durante la guerra de liberación, Mugabe se convirtió en un héroe. Los simpatizantes internacionales celebraron su papel en la derrota de uno de los regímenes más ferozmente racistas del continente. Militantes radicales exiliados de Sudáfrica y activistas de Europa y Norteamérica acudieron a Zimbabue para apoyar a su gobierno.

Sin embargo, el país experimentó una de las reconciliaciones más espectaculares de la historia de los conflictos armados. Los empresarios y terratenientes blancos pudieron conservar sus posesiones. El 17 de abril de 1980, ante una multitud de personalidades internacionales, entre ellas el príncipe Carlos de Inglaterra, Mugabe tranquilizó a sus antiguos enemigos afirmando que “si ayer combatí contra vosotros como enemigos, hoy sois mis amigos. Si ayer me odiabais, hoy no podéis evitar el amor que os une a mí y que me une a vosotros.” El tono cambió tras la alianza del MDC con los terratenientes blancos. Mugabe volvió a erigirse en campeón de la lucha renovada contra el colonialismo.

Muchos le creyeron: el reparto de tierras y sus promesas de nacionalizar las empresas e implantar el control de los precios de los alimentos básicos parecían demostrar su sinceridad. Sin embargo, la realidad era radicalmente distinta. Como ha comentado recientemente Tafadzwa Choto, un socialista zimbabuense, “pese a todas sus proclamas sobre el empoderamiento de los negros,[el ZANU no ha sido capaz de] efectuar ningún esfuerzo serio por controlar las riquezas del país por sí mismo. Zimbabuecuenta con una vasta riqueza de minerales, pero solo una minoría, alrededor del 1 %, tiene acceso a los enormes caudales obtenidos en los negocios con empresas multinacionales. Al mismo tiempo, más del 90 % de la población lucha por asegurar que sus hijos puedan ir al colegio.”

Después de inspirar temporalmente la lucha contra el Estado del ZANU-PF –el momento álgido de la resistencia popular en todo el continente–,la oposición conoció un largo periodo de decadencia. Se fracturó en diferentes grupos, dirigidos por diversos políticos y ONG, que canalizaron a los activistas en otras direcciones. Al final, la oposición política, que ahora opera en asociaciones benéficas o se moviliza al son de partidos políticos contaminados, desarmó al movimiento desde abajo y desplazó la atención del público de la lucha efectiva a otros ámbitos, como seminarios, becas en el extranjero y maniobras políticas. Los activistas califican este periodo de “mercantilización de la resistencia”.A mediados de la década de 2000, el activista estudiantil John Bomba resumió con estas palabras el destino de la oposición: “Quienes recuerdan del periodo de 1997 a 2000 se sienten hoy como si estuvieran viviendo un tiempo perdido. Todos los días los activistas preguntan qué hará falta para recuperar la confianza y el idealismo que nos impulsó en la década de 1990…Uno desea el retorno de la locura.”

Abierta a las empresas

Una anécdota refleja perfectamente la realidad de Zimbabue bajo Mugabe. En 2008, el ejército acudió a las minas de diamantes de Chiadzwapara expulsar a los mineros “artesanos” pobres que trataban de ganarse el sustento como podían. El bloguero y activista Raymond Sango describe lo que sucedió entonces: “Jóvenes parados que… habían ido a Chiadzwaen 2008 en busca de diamantes fueron brutalmente masacrados por los militares y la policía cuando el gobierno decidió intervenir para crear un ‘formato de saqueo formal’… en respuesta al Consejo Mundial del Diamante, que presionó al gobierno para que pusiera coto al contrabando de diamantes. Unos 400 mineros cayeron asesinados…bajo las salvas indiscriminadas disparadas por la policía montada, acompañada de perros y helicópteros.” El mensaje estaba claro: Zimbabue estaba abierta a las empresas.

El pasado mes de febrero, Mugabe anunció que el país había perdido 15 000 millones de dólares de ingresos de esas minas de diamantes, un dinero que podría haberse inyectado en la economía destrozada, pero que en cambio se perdió en los pozos de la corrupción. Sin embargo, la franca admisión de incompetencia por parte de Mugabe, particularmente sorprendente en boca del mascarón de proa de la descolonización en el continente, no comportó un cambio de política. En vez de llevar a los culpables a los tribunales, el presidente declaró patéticamente que su gobierno simplemente buscaría a nuevos inversores extranjeros para las minas de diamantes del país.

Recientemente también ha cortejado a otras instituciones financieras internacionales. El ministro de Hacienda, Patrick Chinamasa, y el gobernador del banco central, John Mangudya,anunciaron a bombo y platillo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) iba a prestar a Zimbabue 984 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016, una vez el país hubiera liquidado la deuda con los prestamistas internacionales. Se trata del primer préstamo concedido en casi veinte años. Claro que los préstamos del FMI de 1991 y 1996 y los programas de ajuste estructural concomitantes devastaron la industria local y trajeron el paro masivo.

En este contexto, tanto el partido gobernante como la oposición se han dividido repetidamente en facciones enemistadas. La incapacidad de la oposición para proponer un proyecto resueltamente contrario a la austeridad ha hecho que se escindiera una y otra vez. Aprovechando la imagen del MDC, diversos políticos de oposición han creado vástagos como el MDC-N, dirigido por WelchmanNcube, y el disuelto MDC-99, encabezado en su día por Job Sikhala, un activista estudiantil que retornó al redil del partido madre en 2014.Bitise convirtió en líder del MDC-Renovación, pero no tardó en lanzar el Partido Democrático Popular, en septiembre de 2015. El MDC está totalmente desorganizado y apenas participó en las protestas de comienzos de mes, un hecho que es tanto más chocante cuanto que muchas de las figuras dirigentes del partido fueron miembros de la izquierda radical en la década de 1990.

El partido gobernante también está sumido en la confusión. Con el colapso monetario del rand sudafricano y el frenazo de la economía china, el sistema de patrocinio del ZANU-PF ha comenzado a quedarse sin caudal. El partido ha reaccionado con una sangría política. El ex vicepresidente JoiceMujuru–expulsado en 2014–se unió a otros para formar PeopleFirst(PF), un partido defensor del neoliberalismo y casi imposible de diferenciar del partido gobernante. Mientras, la fracción Generación 40 (G40) que engloba principalmente a miembros jóvenes del ZANU-PF que no participaron en la lucha de liberación, defienden que Grace Mugabe suceda a su marido.

Contra la dictadura

Las recientes manifestaciones progubernamentales no son para tomárselas a la ligera. El ZANU-PF ha trabajado duramente para ganarse una base de apoyo entre los pobres, los jóvenes parados y las poblaciones rurales. A comienzos de la década de 2000, sus esfuerzos desembocaron en la creación del Servicio Nacional de Juventud, que implicó a menudo a personas jóvenes en actos de represión política. Según me contaron en 2003, los activistas del Servicio de Juventud se formaban sobre la base de un programa de “marxismo, historia de la patria y estudios empresariales”.Sin embargo, no podemos calificar simplemente a los manifestantes favorables al ZANU-PF dematones: la raíz del poder del partido es mucho más profunda.

Mugabe ha sabido aprovechar la retórica de la descolonización, de la conciencia de los negros y del antiimperialismo durante años. Raymond Sango escribe sobre la política económica de este régimen: “Pese a la crisis económica galopante, la corrupción omnipresente y la asquerosa codicia, arrogancia y opulencia de la élite, una parte muy importante de los trabajadores todavía apoyan al régimen de Zimbabue. Esta gente apoya la política de indigenización y de distribución de tierras y cree que las protestas están patrocinadas por los franceses.” La crisis de la que habla Sango se deriva del hecho de que no existe una alternativa antineoliberal y verdaderamente favorable a los pobres, capaz de arrebatar al gobierno el lenguaje del antiimperialismo y del panafricanismo radical. El MDC pudo haberlo hecho, pero ya no.

Se ha convertido en un tópico escribir sobre la crisis de Zimbabue. Lo que antaño parecían hechos inmutables e invariables del inveterado azote del país –la permanencia de Mugabe y de su régimen, la parálisis del MDC y de la ZCTU, que en su tiempo parecían amenazar a la dictadura–se han visto alterados. El derrocamiento del gobierno –no mediante negociaciones en las alturas, sino mediante movilizaciones populares– vuelve a parecer posible. Para el pueblo de Zimbabue, que ha sufrido años de represión, de éxodos masivos al Reino Unido y Sudáfrica, de altos niveles de desempleo (que sigue estancado en el 85 %) y del fracaso del movimiento de oposición, vuelve a aparecer la oportunidad de un cambio real. Pero el pueblo de Zimbabue debe asegurarse de que esta vez sus acciones, sus manifestaciones masivas y sus movilizaciones no sean secuestradas y paralizadas por los partidos políticos y las élites corruptas del país.
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Leo Zeilig ha escrito una serie de libros sobre luchas políticas en África y es actualmente editor de la Review of AfricanPoliticalEconomy.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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AL DÍA:

1) Amodio: un “felón” que “no dudó en ponerse del lado de los carceleros militares” –

2) Defensa de Amodio discrepa con Tribunal por considerar que actuó con los militares –

3) Los documentos de Castiglioni, un archivo “infinito” –

4) Médico de Diyab: "El paso de las horas puede generar alteraciones irreversibles" 

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2093 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Martes 13 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Amodio: un “felón” que “no dudó en ponerse del lado de los carceleros militares”
(180.com)

El fallo de alzada que clausuró el procesamiento de Héctor Amodio Pérez consideró que su caso está incluido en al Ley de Amnistía. Además, señala que fue un colaboracionista de las Fuerzas Armadas para obtener beneficios. El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno clausuró el procesamiento de Amodio Pérez en la denuncia por privación de libertad y torturas que presentaron 26 mujeres tupamaras detenidas por la dictadura. Los jueces consideraron que el delito estaba incluido en la Ley de Amnistía.

Amodio y el resto de los denunciados “tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez, tocamientos, entre otros) y torturas (tales como plantones, picana, submarino, entre otros) afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad, principalmente, tal como surgen de los relatos que se adjuntan de cada una de las denunciantes”, considera el fallo.

De todos modos, según el Tribunal, cuando Amodio fue detenido “era un preso por razones políticas y delitos conexos al movimiento que integraba. Ello es así por más que traicionó a su organización donde fue alto dirigente y ésto a cambio de una recompensa personal. Por lo tanto su situación queda comprendida en el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 15.737” (Caducidad).

Un colaborador

El fallo dice que Amodio tuvo “activa participación en la aprehensión de varios integrantes del movimiento, así como también en la dirección de los interrogatorios a los mismos, con la finalidad de obtener información que podría resultar útil a los fines de la ilícita represión”.

Por esa actitud “colaboracionista”, “no solo logró beneficios inmediatos en sus condiciones de reclusión, sino que además obtuvo que trajeran a convivir con él en una misma pieza a su pareja”, destacaron los jueces. Además afirman que así obtuvo los salvoconductos para ir a España con identidad falsa.

“Lo referido surge no solamente de las declaraciones de algunos de los militares que prestaron testimonio, sino también de sus propios ex-compañeros, algunos de los cuales lo reconocieron al momento de sus detenciones o en los centros de torturas”, dice el escrito. El fallo afirma que el propio testimonio de Amodio Pérez confirma esa actitud colaboracionista y de traición al Movimiento Tupamaro.

“El que comandaba los operativos era yo con personal a mi cargo, yo interrogaba, yo me convertí en el jefe militar del cuartel según sé. Yo admito lo que hice pero no que se me adjudiquen cosas que no hice”, dijo Pérez en el juzgado.

Amodio Pérez fue “un felón, que en las circunstancias en las que estaba no dudó en ponerse del lado de los carceleros militares para colaborar con los mismos, aportando información en busca de beneficios para sí”, afirma el Tribunal.

“Todo como la manifestación propia de una personalidad egocéntrica, orgullosa, vanidosa, que estaba resentida y dolida con sus ex-compañeros tal como destacan todos los que a ese respecto se manifestaron”, dice el fallo. Y concluye: “los personales motivos o explicaciones que da él encausado a sus actos, no son causas de justificación ni explican nada”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Defensa de Amodio discrepa con Tribunal por considerar que actuó con los militares
(180.com)

El fallo del Tribunal de Apelaciones le da la razón a Héctor Amodio Pérez "en lo jurídico y no tanto en lo fáctico", dijo uno de sus abogados.

El fallo del Tribunal de Apelaciones de los jueces Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo fue por unanimidad. El tribunal revocó el procesamiento con prisión del ex integrante del MLN-Tupamaros, Amodio Pérez, por su presunta participación en "reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí".

"En cuanto al resultado estamos conformes", dijo a No toquen nada uno de los abogados defensores de Amodio Pérez, Fernando Posada.

"La revocación del fallo era lo que pedíamos. Quizá las discrepancias vienen por algunos pasajes, específicamente cuando hace alusión a los hechos, algo que nosotros seguimos sosteniendo que no están probados. El Tribunal igualmente los entiende probados pero nos da razón en lo jurídico y no tanto en lo fáctico", explicó.

El tribunal le dio la razón en lo jurídico porque incluye a Amodio Pérez en la Ley de Amnistía. "Pero no solo por eso, sino también que si bien no lo desarrolla tanto, al final, en los últimos dos párrafos, también se hace alusión a lo que para nosotros era el argumento central, de que las detenciones eran legítimas", dijo Posada.

"Además habíamos expresado que las conductas estaban prescriptas y amnistiadas. El fallo deja de lado la prescripción y hace alusión al pasar al hecho de que ni siquiea estábamos ante presencia de conductas delictivas porque las detenciones en sí mismas no eran ilegítimas, tal como lo expresó la sentencia de primera instancia", agregó.

El abogado recordó que "la denuncia inicial no era directamente contra Amodio Pérez". El ex tupamaro "termina declarando porque durante la instrucción de esa denuncia de las 28 mujeres, él es nombrado en forma colateral, y ahí termina siendo citado a declarar, aprovechando su venida a Uruguay".

En el fallo varias veces el tribunal hace referencia a la actitud de Amodio. Dice que había una dificultad con la Ley de Amnistía porque integra una categoría especial de personas que no son militares, ni policías, ni tupamaros ni civiles. Luego dice que se trata de un integrante del movimiento que traicionó al mismo, porque no solo no se excluye de la ley sino que está contemplado en la misma. Pero en otras oportunidades da cuenta de los testigos y da por hecho que Amodio fue un traidor, que prestó colaboración en muchas ocasioens a militares y policías.

"Esa es la parte que no estamos de acuerdo. (…) Quienes declararon en primera instancia y los testimonios que se recogen y que sustentan los hechos que se tienen por probados son todas personas que fueron propuestas por los denunciantes, personas que estaban abroqueladas ideológicamente contra Amodio Pérez. También hubo otros testimonios por parte de algún militar que dijo lo contrario, pero esos testimonios no son tomados como valederos a la hora de determinar los hechos del tribunal", dijo Posada.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Los documentos de Castiglioni, un archivo “infinito”
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)

El archivo encontrado en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni permitió conocer detalles de las operaciones de inteligencia clandestina que llevaron adelante algunos integrantes del Ejército en tiempos de dictadura, y puede ser un elemento importante para desentrañar algunos crímenes de esos años.

“El archivo de Castiglioni constituye un testimonio único en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”.

Con estas palabras, la historiadora Isabel Wschebor –extitular de la Secretaría de Derechos para el Pasado Reciente– ilustraba a la Justicia sobre el contenido de los documentos incautados en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni durante un allanamiento en su domicilio dispuesto en el marco de la indagatoria penal por el homicidio del escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en diciembre de 2005 en el Batallón de Infantería Nº 13.

En efecto, el viernes 2 de octubre de 2015, la entonces jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, y el fiscal Carlos Negro encabezaron el allanamiento en la finca ante la atenta mirada de la abogada de la familia de Castiglioni –que había fallecido unos días antes–. El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada por Javier Miranda, hijo de Fernando, quien afirmó –en base a datos aportados por una fuente cuya identidad no fue revelada– que Castiglioni poseía un archivo de inteligencia con información sobre los delitos cometidos durante la dictadura.

Ese día, las autoridades procedieron a incautar 65 cajas con documentos cuyo valor histórico era desconocido. Por esto, la jueza Larrieu ordenó que fueran clasificados y analizados por dos peritos –Wschebor y el historiador Álvaro Rico–, de forma de “relevar aquella documentación que sea útil a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período dictatorial en nuestro país, que se siguen en esta o en cualquier otra sede judicial”.

Ambos informes fueron entregados a la Sede hace unos cinco meses y están a estudio de la fiscal Jacqueline Castelli, que deberá definir los futuros pasos a seguir en la indagatoria. Ambos certifican la existencia de un aparato clandestino de inteligencia en años de democracia, según informó el semanario Brecha. “De los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos, 2009, aplicando los mismos criterios de la dictadura”, escribió el periodista Samuel Blixen, que accedió a ambos informes.

En efecto, las carpetas contenían material referido a seguimientos y espionaje contra figuras del ambiente político posdictadura como Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Azucena Berrutti, jueces, fiscales, diputados, senadores y abogados. La recopilación de la información se efectuaba mediante un esquema de informantes e infiltrados en organizaciones políticas y sociales, así como en interceptación de llamadas telefónicas y conversaciones grabadas “en directo”, informó Brecha.

Pero, más allá de esto, el denominado “Archivo Castiglioni” puede convertirse en una pieza clave para la dilucidación de diversas causas por crímenes de la dictadura y, sobre todo, para la búsqueda de restos de uruguayos detenidos desaparecidos. No sólo por los documentos que allí aparecen, sino por el análisis que puede hacerse de los mismos. Por este motivo, otros jueces y fiscales analizan pedir copias de los informes de Wschebor y Rico para incorporarlos a sus investigaciones sobre crímenes de la dictadura.

El archivo Castiglioni

Elmar Castiglioni fue uno de los sesenta suboficiales que el Estado uruguayo envió entre 1968 y 1976 a la denominada Escuela de las Américas (School of Americas) para capacitarse en “contrainsurgencia”. Se trató del principal centro de adiestramiento de militares latinoamericanos creado por los servicios de Estados Unidos. La lista de uruguayos que participaron de estos cursos incluye a varios militares que fueron procesados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos, Miguel Dalmao, Luis Maurente, Carlos Calcagno y Tomás Casella. Castiglioni –sobrino del exdirector de Inteligencia Policial durante la dictadura, Víctor Castiglioni– realizó el curso en 1973.

Pertenecía al arma de Ingenieros del Ejército y fue director de la Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) sobre el fin de la dictadura. Tras la restauración democrática, fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de División I de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) –dedicada a inteligencia interior–, cargo del cual fue relevado en 2006. Tras su pase a retiro, se convirtió en uno de los principales voceros del Foro Libertad y Concordia.

Castiglioni era considerado un “duro” en el ámbito de la inteligencia y –según una crónica del diario La República de 2006– un hombre “cercano” al expresidente Julio María Sanguinetti. Se lo refería como un militar con estrechos vínculos con los servicios de inteligencia policial, algo que no sorprendía si se tenía en cuenta quién era su tío. Desde hace unos años, se afirmaba que Castiglioni había robado parte de los archivos de inteligencia de la OCOA y del Servicio de Información de Defensa (SID) y que los guardó en su casa. Además, durante las reuniones con sus camaradas, el militar decía tener en su poder varios documentos elaborados por su tío, dijeron fuentes del Centro Militar a Caras y Caretas.

Por eso, la incautación de documentos de su casa generó expectativas sobre la información que allí se podría tener. Cómo todo acervo, los documentos “tenían un orden lógico”, que no es posible apreciar a simple vista. Al principio parecía un rejunte de documentos de distinta época y con distinto origen, pero cuando se inició el “trabajo de hormiga” de realizar un inventario de las 65 cajas, apareció una organización “más o menos” estructurada de la información. “Lo primero es respetar el orden que le dio Castiglioni e intentar determinar por qué esos archivos están juntos”, dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas.

Los documentos revelan que Castiglioni –o el grupo que colaboró en la elaboración del archivo– tenía un informante en el directorio del Partido Nacional y otro que asistía a las charlas sobre seguridad en el local del MLN-Tupamaros; que un funcionario de la Intendencia de Montevideo –integrante de Adeom– se encargaba de “vigilar estrechamente” a Tabaré Vázquez en 1990; que tras la restauración democrática se realizaron tareas de espionaje sobre sectores del Frente Amplio (PVP, MLN y PCU), el Partido Colorado y el Partido Nacional, y escuchas telefónicas contra Sutel y la Untmra; que existieron seguimiento a Macarena Gelman, Rafael Michelini, los jueces Álvaro Reyes y Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze y una grabación de una conversación entre el entonces secretario de la Presidencia, Leonardo Costa, y el entonces diputado Jorge Barrera.

Pero, además, el archivo cuenta con información “importante” para avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Allí pueden encontrarse algunos documentos oficiales –del SID y de la Dinacie–, pero sobre todo algunos de fuentes no oficiales –elaborados por ese sistema clandestino de investigación–. “No necesariamente la información de los crímenes de la dictadura se constituye de documentos de ese período”, explicaron las fuentes.

Por ejemplo, allí puede encontrarse un archivo elaborado por inteligencia militar durante el período de trabajo de la Comisión para la Paz y otro con datos sobre el periplo del escribano Miranda. También existía una carpeta con fotografías del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1 –predio donde actualmente se realizan excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos– sobre posibles obras que realizaría OSE en la zona, lo que demostraría la preocupación del militar por evitar que se concretaran obras en ese predio.

“El archivo es infinito; estas son las primeras pistas de algo más grande”, señalaron las fuentes. Por eso es necesario que se profundice el análisis de la documentación y que se permita contrastar la información con los documentos “desclasificados” de fuente oficial, como los hallados en el ex-Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), unidad ubicada en Eduardo Víctor Haedo y República, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, y cuya copia está a resguardo en el Archivo General de la Nación.

El dilema del archivo

Las revelaciones del “Archivo Castiglioni” tuvieron repercusiones inmediatas en ámbitos políticos y sindicales. El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que abogados de la Untmra estudiaban el caso para definir la eventual presentación de una denuncia penal. Legisladores del Frente Amplio anunciaron el pedido de conformación de una Comisión Investigadora sobre espionaje clandestino en democracia. En tanto, fuentes del Ejército dijeron a La República que Castiglioni pudo haber acumulado “mucha información” por su pasaje en la Dinacie, pero pusieron en duda su capacidad de montar “un servicio de inteligencia paralelo”.

Pero, sobre todo, se retomó el debate en torno al conocimiento de las autoridades de la existencia de este archivo paralelo. Según el informe de Brecha, antes de abandonar su cargo, la exministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti autorizó a un equipo de coroneles del Ejército a ejercer una estricta vigilancia de la casa de Castiglioni tras recibir información de que allí estaba el “enterradero” de un archivo clandestino. Berrutti habría informado de esa situación al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y al entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

En este sentido, José Bayardi, sucesor de Berrutti al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), dijo desconocer la existencia de esa investigación. “La nota me adjudica que yo paré eso, y yo nunca me enteré de que existía un archivo en manos de Castiglioni […] Nadie me dijo que eso estaba en curso”, afirmó Bayardi a Caras y Caretas. Además, apuntó que esa reunión habría sido en enero de 2008 y que Berrutti permaneció en su cargo hasta el 2 de marzo de 2008. También recordó que él entregó los archivos del Cgior al Archivo General de la Nación, así como una copia con todo el material sobre detenidos desaparecidos a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Más enfático fue Roberto Caballero, exdirector de Derechos Humanos del MDN y mano derecha del exministro Eleuterio Fernández Huidobro. “Jamás tuvimos la más mínima información de que pudiera existir un archivo de esas dimensiones en la casa de un coronel retirado. Lo que hace Blixen es imaginarse situaciones. No tiene ningún elemento objetivo para demostrar su imaginación casi febril sobre este tema. Lo único que pretende es desprestigiar la imagen y el pasado revolucionario de Fernández Huidobro”, dijo Caballero a este medio.

Sin embargo, Berrutti afirmó que “el artículo de Brecha se ajusta a mis recuerdos”. “Estábamos trabajando sobre ese archivo. Tratábamos de encontrar información para tomar conocimiento de lo que había sucedido, orientados a intentar encontrar información sobre los desaparecidos. Nuestro objetivo era ese: buscábamos, y buscábamos y buscábamos”, dijo Berrutti a Caras y Caretas.

Más allá de esto, la exministra consideró que “lo más importante” es que finalmente se pudo encontrar el archivo y que el mismo está en manos de la Justicia. “La actividad [de inteligencia] en la época de la democracia es muy indignante, pero lo importante es intentar encontrar información para saber qué sucedió con los desaparecidos, porque hay un montón de gente que todavía está esperando saber qué pasó”, afirmó Berrutti.

Los investigados

“Percibía que había seguimientos y escuchas. Muchos de nosotros nos dimos cuenta. Me sentí vigilada durante muchos tiempo, sufrí muchas cosas que no me gustaron y las acepté porque era parte del trabajo”. Con estas palabras resumió la exfiscal Mirtha Guianze –hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos– su parecer sobre las revelaciones del informe de Brecha. Guianze es una de las personalidades que aparece como víctima de espionaje por el aparato clandestino. “Si tenía esta información, es porque se sentiría respaldado, que tenía un grado de impunidad importante. Y se incautó recién cuando él falleció”, afirmó Guianze a Caras y Caretas.

Dijo que durante estos años fue víctima de varios robos en su domicilio de Las Piedras y también en su finca de Rocha, y que en una oportunidad tuvo que recurrir a un amparo por unos vehículos que la estaban vigilando. “Son cosas que uno las asume como naturales porque los servicios de inteligencia siguen funcionando”, expresó. Además, señaló que durante la indagatoria penal por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, se pudo determinar que se continuó con la vigilancia de su madre, Tota Quinteros, hasta su muerte en 2002. En ese momento se adujo que se trataba de datos de fuentes abiertas, que se seguían anotando en las fichas de esas personas, contó Guianze.

Por su parte, el abogado Leonardo Costa dijo estar “horrorizado” ante la confirmación de que haya podido existir un servicio paralelo. “Pero más me preocuparía que se siga haciendo y que se asegure que no se siga haciendo”, expresó Costa a este medio. Recordó que cuando trascendió el caso de la grabación de su conversación con el también abogado Jorge Barrera, se abrió un expediente judicial que terminó con el procesamiento de una persona. Y que cuando salió de declarar, dos periodistas le dijeron que ese espionaje era obra “de los servicios”.

Explicó que su único contacto con Castiglioni fueron las reuniones sobre políticas antilavado y de combate contra la droga que se realizaban en la órbita de Presidencia de la República. Castiglioni era el representante de la Dinacie en esas reuniones. Más allá de esto, el abogado dijo estar “seguro” de que estas prácticas “no eran algo organizado por el Estado”.

Por su parte, el exjuez Rolando Vomero dijo que también “sospechaba que podía ser espiado” por su actuación como magistrado. “Sobre todo por mi intervención en el caso Berríos y los disparos que se efectuaron a la puerta del juzgado”. “Nunca me sentí vigilado. Si lo hicieron, lo hicieron bien. Sospeché que podía ser espiado, pero no tengo ninguna prueba”, afirmó Vomero. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, prefirió no hacer declaraciones.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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4) Médico de Diyab: "El paso de las horas puede generar alteraciones irreversibles"
(El Observador)

El sirio Jihad Diyab, exrecluso de Guantánamo que llegó a Uruguay a fines de 2014 y que hace un mes inició una huelga de hambre para reclamar que el gobierno le asegure que podrá salir del país para reencontrarse con su familia, "está consciente pero en una situación muy pero muy débil", dijo este lunes su médico Fidel Lagos, al programa Esta Boca es Mía de Canal 12. "La situación es muy delicada. Su nivel de vulnerabilidad es muy grande", indicó el profesional, que tomó contacto con Diyab y los otros cinco exreclusos que fueron recibidos en Uruguay en calidad refugiados casi al final de la administración de José Mujica (2010-2015).

Consultado por El Observador, Lagos dijo que Diyab "tiene un deterioro físico muy grande". "Actualmente si se agarra una gripe lo más probable es que se genere una situación muy grave", señaló el médico. "El paso de las horas y los días puede generar alteraciones que pueden llegar a ser irreversibles, como por ejemplo un fallo renal", agregó el profesional e indicó que Diyab "tiene dolores muy intensos" producto de la falta de alimentos y líquidos.

El sábado, el sirio fue trasladado al Hospital de Cínicas donde horas después fue dado de alta "contra voluntad médica", según dijo la directora del centro asistencial universitario, Raquel Ballesté. "El personal que lo atendió habló con él durante tres horas intentando de que accediera a recibir asistencia y se realizara ciertos estudios pero fue imposible. También hablaron algunos amigos pero no hubo forma, fue imposible. Nosotros consideramos que se debía quedar internado pero hay que respetar su autonomía y sus derechos", explicó Ballesté el sábado a El Observador.

Lagos, por su parte, señaló que Diyab decidió no atenderse porque una vez que llegó al Hospital de Clínicas se le indicó que podría recibir la visita de cinco personas siendo que el día anterior una de las cosas que él había puesto como condición fue que no hubiera limitación en la cantidad de personas que quisieran verlo y tener acceso a la red WI-FI. "Aceptó atenderse para hacer un monitoreo, no para romper la huelga de hambre. Y eso hubiera pasado si a las personas más cercanas se nos hubiese permitido estar con él. La realidad es que le mintieron", concluyó el médico.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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