1) Organizaciones evalúan pedir representación social en la gestión del agua /Natalia Uval
2) Facultad de Arquitectura registra graves omisiones en el trámite del proyecto de UPM /Víctor L. Bacchetta
3) Paquete, Déficit fiscal e intereses de Deuda pública /José Antonio Rocca
4) ¿Es israelí el ejército más moral del mundo? Philip Girardi /Traducción: Luis E. Sabini Fernández
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2225 / Miércoles 18.09.2019
1) ORGANIZACIONES EVALÚAN PEDIR REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Natalia Uval / La Diaria, 14 de septiembre de 2019
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida cuestiona a OSE y exige información “en tiempo real” sobre la calidad del agua.
El 3 de febrero en la mañana, vecinos de la zona de Atlántida, Parque del Plata y Las Toscas que tuvieron contacto con el agua de OSE sufrieron irritaciones en la piel y quemaduras. A las 15.30 de ese día, la empresa estatal informó a la población por medio de sus redes sociales que se estaban registrando “fenómenos de turbiedad” en la zona mencionada; solicitó a la población no utilizar el agua para consumo y dispuso camiones cisterna para el abastecimiento. Dos días después, mediante un comunicado, OSE informó que el “evento de turbiedad” se debió al “aumento de la alcalinidad del agua a la salida de la usina de Laguna del Cisne” y prometió que se tomarían las medidas administrativas correspondientes.
Sobre fines de ese mismo mes, el presidente de OSE, Milton Machado, aseguró que no hubo fallas en el sistema sino que se trató de un hecho “desgraciado” e “inusual” provocado por el mal manejo de la soda cáustica por parte de un funcionario de la planta, que a la postre fue suspendido por 120 días. A principios de agosto, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) contradijo esta interpretación de Machado. En una resolución, además de multar a OSE, sostiene que hubo “fallas operativas, decisiones inconvenientes, falta de controles adecuados, falta de protocolos escritos de actuación, fallas en los sistemas de medición”, y que OSE comunicó “a destiempo” el evento registrado. En base a esta conclusión, organizaciones sociales vinculadas al agua reclamaron la renuncia de Machado y exigieron mejoras en la gestión de la empresa.
En este contexto, Río Abierto conversó con cuatro integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida sobre la gestión, la participación ciudadana y el acceso a la información sobre el recurso. Andrea Tommasino y Andrés Seré, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Gerardo Padilla, de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, y Carmen Sosa, reclaman “autocrítica” y que se habilite una participación real de la ciudadanía.
¿Cuáles son los alcances y los límites de la participación y del acceso a la información sobre el agua hoy en Uruguay?
Carmen Sosa (CS): En OSE es todo secreto. OSE no está respetando lo que se votó en la reforma constitucional de 2004, que establece la participación y la gestión en manos de la ciudadanía. Porque en realidad, este hecho puntual que pasó en la laguna [del Cisne] es fruto de una gestión que uno no sabe muy bien cómo se lleva adelante: cuáles son los planes de contingencia, cuál es el plan de seguridad del agua que tiene OSE [ver recuadro]. La ciudadanía debería opinar sobre lo que se quiere hacer, y más cuando hay una reforma constitucional que lo dice expresamente.
Andrea Tommasino (AT): O cuando está funcionando una comisión de cuenca, que sería el lugar para consultar.
CS: La gente tiene que saber cuáles son los procedimientos que tiene OSE. Tiene que haber protocolos para que, cuando la gente se vea enfrentada a un hecho como este, sepa qué hacer.
AT: A modo de ejemplo, nosotros desde la Asamblea, en las primeras comisiones [de Cuenca del Río Santa Lucía], habíamos planteado que estuvieran disponibles en la web los datos de calidad de agua. Ante un evento así, estaría buenísimo, porque vos ingresás a la página y hay un cartel que te avisa: “El agua en tal zona no es potable”.
Planes de seguridad del agua
En marzo de 2018, URSEA aprobó el Reglamento de Planes de Seguridad del Agua. Este obliga a OSE a elaborar, antes de 2030, planes de seguridad del agua para todos los sistemas, que contengan una evaluación del sistema de abastecimiento de agua, un monitoreo operativo sistemático y planes de gestión y comunicación. Según explicó a la diaria el presidente de la URSEA, César Falcón, este año quedarán prontos los planes para Aguas Corrientes, Laguna del Cisne y Sauce, y para 2020, todos los servicios que brinda OSE tendrán planes de seguridad. El jerarca estimó que estos planes “ayudarán a garantizar el agua que se suministra”, aunque aclaró que “no es que lo anterior estuviera mal”.
Según la resolución de URSEA, no se respetó el Protocolo de Comunicación de los Prestadores del Servicio de Agua Potable, que establece que OSE debe comunicar a URSEA y al Ministerio de Salud Pública en un lapso de cuatro horas la existencia de un evento que pueda poner en riesgo la salud de la población.
CS: Los compañeros de OSE del lugar nos dijeron que no estaban en conocimiento del protocolo de comunicación.
AT: Capaz que existe, pero no se aplica.
Gerardo Padilla (GP): En la Comisión de Cuenca [de Laguna del Cisne] nosotros llevamos un petitorio con reclamos, entre ellos, informar al ministerio inmediatamente. El evento empezó a las 7.00. A mediodía, el gerente regional de OSE nos dijo: “Ahí yo sospeché, por la llamada de un vecino, que podía ser soda”. Hacen los análisis, y demoran tres horas más en informar a la población que el agua no era apta para el consumo. La explicación que nos dieron en ese momento es que frente a la presunción de que había cianobacterias en la laguna, uno de los técnicos de la planta, con no mucha formación, intentó hacer funcionar los filtros de carbono activado que no estaban operativos, y en una de esas operativas un tanque quedó con muy poca agua y empezó a verter soda a la red. Pero resulta que no hay sensores automáticos de pH; OSE los tiene, pero estaban en mal funcionamiento. Y se sancionó al funcionario por no comunicar a la gerencia de toda esa operativa que estaban haciendo. Otra cosa que nos enteramos en la comisión de cuenca, dos meses después, es que en los días en que sucedió el evento había cianobacterias en la laguna. Los funcionarios estaban preocupados por las cianobacterias y entonces empezaron a hacer funcionar un sistema que no estaba preparado para eso. ¿Cuál es la conclusión de Machado? Que la culpa es de un funcionario, que es el único sancionado en este momento. Pero la URSEA dice que hubo fallas en el plan de trabajo y en el sistema de trabajo, dice de todo, es lapidario. ¿Por qué nosotros pedimos la renuncia de Machado? Porque cuando recién sale la multa a OSE,
Machado dice públicamente en la televisión que esto fue un problema de una persona y que esa persona ya está separada del cargo. Nosotros pensamos que si el presidente de OSE no asume la autocrítica de que su gestión es deficitaria y tiene que cambiar, significa que no es la persona idónea para llevar adelante la gestión.
CS: Parece que los únicos responsables son los trabajadores, los que se supone que tienen que llevar la gestión adelante no son responsables.
AT: A nosotros nos pasó algo parecido con las inundaciones en Santa Lucía, hay una cuestión de gestión de los embalses. Nosotros queremos saber si existen protocolos y cuáles.
Andrés Seré (AS): Hay una pata similar, que es la idea de pedir la información y que la información sea pública y accesible en tiempo real. Los datos que tiene OSE deben ser publicados para todo el mundo. Desde información sobre la altura del río, los niveles de lluvia, el estado de las compuertas de las represas, hasta los análisis que se hacen de calidad del agua, qué se mide, cómo se mide y qué resultados da. Hay algunos datos que publica el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA] que son más relativos a algunos censores automáticos que tienen ellos de altura del río en algunos lados y de lluvias, pero ni siquiera son todos, son algunos registros pluviométricos. El sistema está, lo que falta es la voluntad política de publicar las cosas en tiempo real y en formato abierto.
¿Qué otras propuestas formulan las organizaciones que ustedes integran para mejorar la gestión del agua?
GP: Los vecinos llevaron todas las propuestas por escrito a la comisión de cuenca [de Laguna del Cisne]: acá hay que hablar con el MSP. No puede ser que se diga que hay cinco casos [de personas afectadas por el agua en febrero]. ¿Llamaron a todas las mutualistas, a todos los centros de salud, a ver si estos síntomas aparecieron en la población? El MSP tiene que decir que los síntomas que puede tener la población por un exceso de soda cáustica son este, este y este.
CS: Eso que dice Gerardo tiene que estar en los protocolos de actuación, no se puede improvisar. ¿Qué hago yo ante un evento sobre un activo crítico como es el agua, donde está en juego la salud de la gente, qué hago cuando todos los controles en la cadena me fallaron y terminé dando agua no potable a la población? Eso tiene que estar escrito, comunicado. Si tenés un protocolo de seguridad, hay que ensayarlo, para que, cuando lo tengas que utilizar, esté en funcionamiento. Y la gente tiene que estar enterada de eso, tiene que saber a dónde recurrir.
AT: Con las inundaciones [en Santa Lucía], los errores se cobraron vidas.
AS: Nos pasó con el tema de las inundaciones, y es un algo que tiene que ver con la coordinación institucionalice, que por la vía de los hechos no existe. Muchas veces no sabemos cuál es el eslabón de la cadena que falló. Nosotros sabemos que, desde que sucede el evento y se detecta hasta que se comunica a la población afectada, hay algo que no funcionó, y no fue comunicado en tiempo y forma. En el tema de las inundaciones hubo varios días para anunciarlo, y sin embargo no hubo comunicación a la población.
CS: Con respecto a las propuestas, nosotros participamos en las comisiones de cuenca y en los consejos regionales, y hemos tenido muy poco éxito con las propuestas, a decir verdad.
AT: Cero éxito.
CS: Y es como un círculo vicioso, esto de no escuchar a la gente. En el caso del Plan Nacional de Aguas, el MVOTMA empezó a escribirlo en 2009 sin la participación de la ciudadanía, hasta 2016, y después dio seis meses a la ciudadanía para que hiciera algún aporte, cosa que parece hasta una tomadura de pelo. Porque se pasaron siete años para hacerlo y nosotros tuvimos seis meses, con Fin de Año en el medio.
AT: Asamblea por el Agua nunca pudo analizarlo realmente, no tuvimos tiempo. Ponerte a proponer sobre un documento que ya está hecho, además… si no incidís en una comisión, donde los tenés cara a cara, menos vas a incidir en un documento que ya está escrito.
CS: ¿Cuál es el tema detrás de todo eso? En realidad, ni se está teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, ni se está teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano, ni se está teniendo en cuenta a la población. Y es un error. Si tú no contás con el apoyo de la gente, va a ser muy difícil llevar un plan adelante.
AT: La mayor reivindicación de todos los colectivos en la comisión es que al no ser vinculante, todo lo que suceda en la comisión pierde valor, y a nosotros obviamente nos saca mucha fuerza.
CS: La gente no va, deja de ir. ¿Para qué vas a ir? Y además, para que la participación sea efectiva tiene que ser una participación consciente e informada.
GP: Nosotros apostamos a una participación real, que tendría que abarcar la gestión de los recursos hídricos, porque eso dice la Constitución. Con toda esta experiencia que tenemos, tenemos claro que nos animamos como sociedad civil a gestionar los recursos, entonces vamos a reclamar un lugar en el directorio [de OSE]. No es fácil, nuestra propuesta tiene que ser muy madura, porque no queremos poner un florero sentado en un sillón que cada cuatro o cinco años nos dé un informecito. Pensamos que la gestión hay que apuntalarla desde abajo, territorio por territorio. Si uno de los mecanismos es que haya un director social que responda a esas unidades de base que gestionan, sería buenísimo. Estamos estudiando esa posibilidad a partir de toda esta experiencia, porque solamente con protestar no alcanza.
Sería una vía para acceder a la información…
GP: Ellos no dan información porque temen la reacción de la población, la alarma pública, que no tomemos agua. Entonces, hay una contradicción de intereses. No puede ser el propio organismo que controle la calidad del agua y diga el estado del agua, no puede ser, porque nunca lo van a decir.
CS: De cualquier manera, desde el punto de vista hasta psicológico, creo que es un error, porque la gente le teme mucho más a lo que se imagina que a lo que en realidad es.
Si tenés un problema de agua y le preguntás al organismo encargado de eso y no te responde, seguramente sospechás algo mucho peor que lo que en realidad está pasando. Creo que el organismo se está equivocando, hasta para su imagen y para el producto que da, en no dar información y no decir realmente lo que está pasando, porque la gente lo manifiesta no tomando agua de la canilla. En Brasil, muchas empresas de agua informan, en un lenguaje que la gente entienda, cuáles son los resultados de los análisis, cuál es el estado del agua bruta.
¿Qué otros problemas detectan en materia de gestión?
CS: Otro aspecto de la gestión es que OSE está privatizando todo. Hay plantas en el interior del país que a veces quedan a cargo de personal tercerizado. En la gestión del agua hay algo que es el conocimiento adquirido, que no te enseñan en ninguna universidad; el conocimiento que tienen los compañeros después de haber trabajado muchos años en OSE, que lo van transmitiendo de generación en generación. Cuando tercerizás, eso se pierde. Tenemos secciones enteras privatizadas, la atención al usuario está privatizada casi totalmente, la mayoría del personal de la calle en Montevideo es tercerizado. Y ese conocimiento adquirido se va perdiendo, porque el personal de la calle tiene sueldos tan bajos que trabajan un tiempo, después dejan de trabajar y vienen otros, y nunca llegan a adquirir conocimiento. Eso también va en contra del usuario, porque hace bajar la calidad del servicio.
GP: Nosotros denunciamos que había poco personal en Laguna del Cisne con ese evento. Exigimos cursos de capacitación, más personal. Se le pone una multa a OSE y capaz que es bueno, pero hay que tener claro que es una mentira, porque estamos socializando esos costos y los está pagando el resto de la población.
CS: La multa está bien, pero no nos conforma para nada. Primero, no resuelve nada. Segundo, esto es como la tasa ambiental; los sojeros y los monocultivos contaminan y nosotros pagamos la tasa ambiental. Esto es lo mismo: OSE tiene una mala gestión y encima yo voy a tener que pagar esa multa. Pago por la contaminación del agua y pago por la mala gestión de OSE. Es como mucho, ¿no?
Nota: Audiencia pública por permiso de riego
El martes la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentó un petitorio para que no se autorice al fideicomiso Winterbotham la realización de un embalse en Fray Bentos al amparo de la ley de riego, hasta tanto no se resuelva el recurso presentado por las organizaciones sociales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitando la inconstitucionalidad de la norma. Ese mismo día se llevó a cabo la audiencia pública en Fray Bentos por la autorización a Winterbotham, una empresa con sedes en Parque Miramar en Uruguay y en Bahamas, y con sucursales en Islas Caimán y Hong Kong. Asesores legales de productores que resultarían afectados por el embalse –debido a la inundación de parte de sus padrones– afirmaron que no existe un estudio detallado de cuánto puede afectar el represamiento en términos medioambientales ni socioeconómicos, e intimaron al fiduciario a presentar esa información.
Natalia Uval / La Diaria
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2) FACULTAD DE ARQUITECTURA REGISTRA GRAVES OMISIONES EN EL TRÁMITE DEL PROYECTO DE UPM
Informe del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo señala que la planta en el río Negro y sus anexos ferroviario y portuario se aprobaron al margen de la Constitución y la ley
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 10/09/2019
El 21 de agosto de 2019, el Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República decidió, por unanimidad, dar amplia difusión a un informe elaborado por un equipo de docentes del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU) sobre las múltiples dimensiones del impacto territorial y urbano de la planta de celulosa proyectada por UPM.
La autoridad académica expresó su “preocupación por el cumplimiento de todas las instancias previstas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible” en el referido proyecto. Más explícitamente, el informe del ITU concluyó que en este caso no se estaban aplicando las disposiciones del artículo 47 de la Constitución, de la Ley de Ordenamiento Territorial y de la Ley de Política Nacional de Aguas.
Fueron antecedentes de la decisión del Consejo un estudio del ITU denominado “Nueva expansión del complejo forestal.
Su expresión territorial en diferentes escalas”, de octubre de 2017, y un conversatorio organizado por el Centro de Estudiantes de Arquitectura titulado “Ferrocarril Central. Territorios en disputa”, en junio de este año, donde intervinieron académicos, técnicos y vecinos del tren proyectado.
Como consecuencia de este proceso, representantes del orden estudiantil y el orden docente promovieron el tema en el Consejo, que le encomendó al ITU la confección de un informe. El arquitecto Juan Pedro Urruzola, ex docente de la facultad y ex director general de Planificación de la Intendencia de Montevideo, en una nota titulada “El último tren”, también había solicitado un pronunciamiento el respecto.
Al comienzo del análisis, el ITU señala que el proyecto establecido por el Contrato ROU-UPM es “un sistema complejo, compuesto por cuatro subsistemas principales indisolublemente relacionados que le dan sostenibilidad económica y posibilidad material” (la planta de celulosa, la forestación, el transporte ferroviario y la terminal portuaria), que en consecuencia no pueden ser evaluados por separado.
El ITU cuestiona el enfoque de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y el ministerio respectivo al evaluar por partes el proyecto de UPM en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (LEIA), en desmedro de enmarcar al proyecto en el contexto más amplio de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTyDS), que se inscribe a su vez en la disposición constitucional.
“El artículo 47 de la Constitución, la LOTyDS y sus Instrumentos de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible, así como la Ley de Política Nacional de Aguas, son de aplicación imperativa al Contrato/Acuerdo ROU-UPM Pulp Oy y a todo el Sistema del proyecto UPM2 que incluye tren y puerto”, asevera el ITU. Y agrega: “Hasta la fecha de elaboración de este informe no se ha podido constatar dicha aplicación”.
“Cualquier persona puede entender que este proyecto es de dimensiones e impactos enormes y que es materia de planificación (para los técnicos, materia inequívoca de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible)”, señala el ITU, para afirmar que el proyecto UPM fue adoptado sin planificación y sin evaluación ambiental estratégica, sin participación social y al margen de la política nacional de aguas.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
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3) PAQUETE, DÉFICIT FISCAL E INTERESES DE DEUDA PÚBLICA
José Antonio Rocca /Segunda quincena setiembre 2019.
El gobierno uruguayo acaba de anunciar un paquete de medidas económicas que abarca 14 sectores. En un entorno preelectoral la actual administración económica adopta un collage disperso y variopinto de decisiones que reiteran dos características típicas. La transferencia de recursos hacia el gran capital y la ausencia de planificación estratégica.
Eliminación de algunos tributos a importación de insumos, como los relativos al armado de maquinaría agrícola, o el azúcar para industrias alimenticias, también los exportadores se benefician con la eliminación de la tasa del BROU y extensión de devolución de impuestos, las empresas en zonas francas obtienen nuevas prebendas para la circulación de mercancías, se reducen impuestos a free shops, las actividades audiovisuales obtienen créditos fiscales para el IVA de sus compras, los turistas reducen impuestos y poca cosa más.
En esencia, más de lo mismo, pero poco. El gran capital recibe beneficios que tendrán un costo fiscal que incidirá sobre el déficit del sector público, que según surge de datos oficiales se ubica en el 4.9% del PBI.
La fuerte correlación existente en el caso uruguayo entre los ciclos económicos y los ingresos del sector público determinó que durante la fase de crecimiento económico 2006-2014 los déficit fiscales fueran poco significativos, ascendiendo durante el gobierno de Mujica desde 1.7% al 3.4% hacia el final de su mandato.
Desde 2014 la reversión del ciclo y la tendencia al estancamiento fueron resintiendo la recaudación de los impuestos al consumo y los salarios que constituyen la columna vertebral de los ingresos del sector público uruguayo.
Las causas de fondo de la tendencia hay que buscarlas en los sistemas de zonas francas, el régimen de las AFAPS, devoluciones de impuestos sin contrapartidas, obras públicas del gobierno central o de entes públicos en beneficio de capitales privados con nombre y apellido, como las emprendidas por la fracasada Gas Sayago para Aratirí, o las proyectadas para UPM2, y una enorme cantidad de transferencias de todo tipo a grandes capitales privados, que culpan al gasto social del déficit.
Hacen como el tero. Gritan en un lado pero en otro tienen el nido.
En particular, también, crece la incidencia del déficit del BCU, consecuencia de las políticas financieras adoptadas, emitiendo constantemente deuda pública para atraer capitales especulativos y aumentar la oferta de dólares para evitar su aumento.
El costo implica que el registro de los pagos de intereses por deuda del Estado continúen en un crecimiento preocupante, desde un entorno del 3% a comienzos del año al presente ubicado en 3.7% del PBI, correspondiendo 2.9% al sector público no financiero y 0.8% al BCU.
Trescientos millones de dólares más por año, que se quitan a los servicios de salud pública, educación, vivienda, transporte popular.
GOTITAS DE ECONOMÍA
El índice de volumen físico de la industria permaneció estable en julio de 2019 en relación a un año atrás. En los primeros 7 meses descendió 2.8%. Si no se considera la refinería el descenso es de 1.5%.
El incremento del índice de precios al consumo, llegó en cifras oficiales al 7% en los primeros 8 meses de 2019. Techo del rango meta para todo el año.
La tasa de empleo según datos del INE en julio del 2019 fue de 55.8%, el mismo mes de 2018 era de 56.5%. Continúa la reducción de fuentes laborales.
Montevideo se convirtió en set de grabación de un audiovisual, “casualmente” en el mismo momento que se tomaron medidas de apoyo al sector por parte de la conducción económica. La plaza independencia “privatizada” por unos días, destrucción de plantas, flores, paisaje. A cambio de algunos pesos y laburo por pocas horas para algunas personas. Video de un país en venta. A la estatua de Artigas, la taparon. ¿Será para que no vea, la venta del rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad?
En Argentina, los datos oficiales registran aumentos del índice de precios al consumo de 4% en agosto y de 30% en el curso del 2019. El FMI con todo.
Se multiplican incendios en la Amazonia brasilera. Olor a humo y soja.
El Brexit se continúa complicando. Un divorcio económico conflictivo de Gran Bretaña con la Unión europea. Los grandes capitales están divididos. Entre los que tienen sus intereses en Europa y se oponen a la separación y los vinculados a Estados Unidos que la apoyan.
José Antonio Rocca /La economía de a pie
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4) ¿ES ISRAELÍ EL EJÉRCITO MÁS MORAL DEL MUNDO?
El espeluznante “intelectual” Bernard-Henri Levy se equivoca
Philip Girardi – Traducción: Luis E. Sabini Fernández
Hace días once edificios palestinos que albergaban 70 viviendas familiares ubicados en el este de Jerusalén [el Jerusalén tradicionalmente árabe], ilegalmente ocupado por Israel en el barrio Wadi al-Hummus, fueron demolidos en una operación dirigida por los militares, que contó con más de mil soldados, policías y trabajadores municipales usando palas mecánicas y topadoras, retroexcavadoras y explosivos.
Los habitantes que resistieron fueron golpeados por los militares, pateados escaleras abajo y hasta baleados a corta distancia o a quemarropa con balines de plástico. Los soldados fueron filmados riéndose y celebrando mientras hacían su trabajo sucio. Habitantes que no resistieron y que levantaron las manos en señal de rendición no se libraron del maltrato, y eso le pasó a observadores extranjeros que estaban presentes para sumar sus voces a quienes protestaban ante el ultraje. Las heridas sufridas por algunas de las víctimas fueron fotografiadas y están ahora en los circuitos electrónicos.
Doce palestinos y cuatro observadores británicos fueron heridos seriamente y tuvieron que ser hospitalizados. El informe de prensa británico dice que fueron “pisoteados y arrastrados agarrándolos por los pelos, estrangulados con pañuelos de cabeza y rociados con gas pimienta por parte de la policía israelí de fronteras”. Uno de los hospitalizados describió cómo los soldados israelíes lo arrastraron de los pies, izándolo y golpeándolo en el estómago mientras otro soldado le pateaba la cabeza, algo que duró 4 horas, pegándole con toda la fuerza antes de tironearle del pelo y pisarle la cabeza. Otro sufrió una fractura en costillas después que” [el policia] lo pisara en la garganta mientras otros lo golpeaban. Se trató de un ejercicio sádico de violencia…”
Otra observadora extranjera también fue arrastrada fuera del edificio: “sus manos fueron aplastadas tan duramente que sufrió fractura de nudillos en su mano izquierda, y la mano derecha a su vez sufrió enormes desgarraduras de piel ‘por la cual le quedará deforme a menos que pueda hacer una cirugía reconstitutiva’.”
Edmond Sichrovsky, un activista austríaco de origen judío, que estaba en una de las casas, describió cómo las fuerzas israelíes tiraron abajo la puerta, arrastrando hacia afuera a los palestinos, derribando al abuelo al piso aterrorizando a los nietos que lloraban desesperadamente. Se les requisó los celulares por la fuerza para eliminar cualquier foto o filmación antes de que los soldados empezaran su ataque contra él y otros cuatro activistas. “Me patearon muchas veces, me dieron rodillazos que dejaron una nariz sangrante y muchas lastimaduras así como rotura de mis anteojos por un rodillazo en la cara. Una vez desalojados, me aplastaron contra un auto mientras me insultaban, a mí y a mujeres activistas, tratándolas de putas.”
Destruyeron los edificios con el argumento de que estaban demasiado cerca de la pared de separación ilegal que construyó Israel, con el argumento esgrimido por el gobierno de Netanyahu de “problemas de seguridad”. Las familias que vivían en esos edificios, que no tuvieron el tiempo o la capacidad para retirar los muebles y otras pertenencias, tuvieron ahora que ponerse a remover entre los escombros para ver qué podían rescatar, si los soldados israelíes les llegaban a conceder esa gracia. También tienen que buscar lugares nuevos donde pernoctar, puesto que los israelíes no los han provisto de alojamiento alguno.
Las viviendas habían sido legalmente construidas en terreno nominalmente bajo control de la ANP, un delicado aspecto que las autoridades israelíes eligieron pasar por alto. Cuando los palestinos objetaron semejante trato, fueron enviados a cortes militares en donde, claro está, siempre se respalda las decisiones de gobierno. Y el régimen de cleptócratas de Netanyahu aclaró además que desconoce las leyes internacionales acerca del tratamiento a población bajo ocupación.
Los edificios fueron derribados en pocos días en tanto que desbocados colonos israelíes de Cisjordania proseguían con su campaña de destrucción de los medios de vida de sus vecinos palestinos. Los colonoes incendiaron centenares de olivos el10 de julio [n. del t.: una vez más, en este caso semanas antes del desalojo], con el expreso designio de expulsar a los palestinos de sus tierras, haciéndoles imposible las labores rurales, estrangulándoles la economía local. Los olivos son un blanco preferido porque su producción se convierte en dinero contante y los árboles tardan muchos años en dar fruto. Los colonos israelíes también se han caracterizado por matar el ganado, envenenar las aguas, destruir los cultivos, incendiar o echar abajo edificaciones, y golpear e incluso matar granjeros palestinos y sus familias. En Hebrón, los colonos han cercado la ciudad vieja y se han adueñado de las partes altas, y se han dedicado a tirar excrementos y otras inmundicias sobre las tiendas de los palestinos que están debajo y que todavía tratan de mantener sus pequeños negocios. Nadie tiene que darse por sorprendido que los colonos judíos empeñados en estas violencias no sean prácticamente nunca detenidos, salvo excepciones, y menos todavía enjuiciados y prácticamente jamás condenados. El horrendo gobierno de Netanyahu ha declarado que lo que una vez fue Palestina es ahora un estado llamado Israel y que es sólo para judíos. Que un colono israelí mate un palestino se ha convertido de hecho en un delito de poca monta.
Y mientras la carnicería prosigue en la Franja de Gaza, con la cantidad de muertos entre los manifestantes palestinos desarmados que ya ha sobrepasado los doscientos, amén de varios miles de heridos, muchos de ellos niños y trabajadores de auxilio médico. Recientemente, las órdenes dadas a los francotiradores dispuestos por el ejército israelí para “atender los reclamos palestinos” establecen que deben disparar directamente a los tobillos para baldar de por vida a sus víctimas.
Esto es lo que hace el que se reputa como “el ejército más moral del mundo”, según el francés y pseudointelectual Bernard-Henri Levy, sólo demostrando una vez más que la tribu sabe cómo golpear juntos.
Pero los crímenes de guerra cometidos por Israel también requieren un apoyo ilimitado de EE.UU., tanto en dinero como en cobertura política para permitir que todo esto acontezca. Israel no podría andar matando palestinos con tanta impunidad si no tuviera luz verde de Donald Trump y David Friedman, su embajador tan amante de los colonos, y de un congreso que parece tener en más alta estima a los israelíes que a los estadounidenses.
¿Cómo si no, el atroz tratamiento dado a los palestinos por los israelíes es apoyado y instigado por la diáspora judía mundial y por ello ni aparece en los titulares de todo el mundo? ¿Por qué mi gobierno que está tan bajo sospecha, que sin embargo declaró que es partidario de la democracia y la libertad para todos, no dice una palabra acerca de los palestinos? Ni conderna el comportamiento israelí como alguna vez hizo respecto del sudafricano.
¿Puede uno imaginar lo que el New York Times y el Washington Post pondrían como titulares a ocho columnas si soldados y policías estuvieran desalojando y golpeando a los residentes de un proyecto edilicio en una ciudad norteamericana? Pero de algún modo Israel obtiene el permiso sin importar lo que haga, y los políticos de los dos partidos se deleitan describiendo cómo la “relación especial” con el estado judío no se toca.
Tras las demoliciones de las viviendas señaladas, Washington ha echado un nuevo escudo protector sobre Israel en la ONU ante un intento de censura en el Consejo de Seguridad, anteponiendo, una vez más, su veto. El estado judío sigue sin tener que rendir cuentas de su pésimo comportamiento y, seamos honestos, Israel es el estado canalla supremo, dedicado a convertir a sus vecinos en ruinas humeantes con asistencia estadounidense. Se trata de una manifestación maligna y no está en el interés de EE.UU. seguir siendo arrastrado por ese camino.
Traducción: Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2225 / Miércoles 18.09.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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