Entradas de mayo de 2020

DENUNCIA CONTRA URUGUAY ANTE CORTE IDH POR DESAPARICIONES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES – comcosur informa 1962 – 299.05.2020

COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020 – Hoy:

1) Denuncia contra Uruguay ante Corte IDH por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales /Sudestada
2) Uruguay: Comisión Interamericana preguntó al gobierno sobre reformas contenidas en la LUC /Sudestada
3) España y Ecuador ante la Plurinacionalidad /Kintto Lucas
4) Filántropos, izquierda y los mitos de la extrema derecha /Aldo Marchesi
5) Europa después de la pesadilla /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Recital de “HA Dúo” por Facebook
II. 3er. Encuentro de Lectura virtual BiblioBarrio
III. Marcha “Ni una menos Uy”
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) DENUNCIA CONTRA URUGUAY ANTE CORTE IDH POR DESAPARICIONES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

El caso fue enviado por la Comisión Interamericana de DDHH por los asesinatos de Maidanik, Reyes y Raggio, y las desapariciones de González y Tassino

Sudestada, 28.05.2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció a Uruguay ante la Corte Interamericana, mayor instancia jurisprudencial de la región, por la falta de investigación en un caso de desaparición forzada y asesinato político durante la dictadura.

Se trata del caso de las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como «la falta de una adecuada investigación».

Según el relato de los hechos que realiza l CIDH en su presentación, «En la madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se encontraban por varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía».

Oscar Tassino

Además, «en la madrugada del 13 de diciembre de 1974, dos miembros de las fuerzas conjuntas vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con metralletas, irrumpieron en el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y militante del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay. Luis Eduardo González y su esposa, quien se encontraba embarazada, fueron detenidos y trasladados al 6to Regimiento de Caballería dependiente de la División del Ejercito No 1», recuerda la comisión.

González fue visto por última vez en dicho recinto militar el 24 de diciembre de 1974 «con signos de tortura, momento desde el cual se encuentra desaparecido».
Asimismo, Oscar Tassino Asteazu, dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay «fue detenido el 19 de julio de 1977 por tres personas armadas vestidas de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente fue llevado a los golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión, donde fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su paradero».

Luis Eduardo González

En el comunicado emitido este jueves, la CIDH detalla que en el caso de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio «sus muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales debido a la existencia de una serie de indicios que acreditan que el uso de la fuerza no estaba justificado».

Mientras tanto, en cuanto a los casos de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, la CIDH concluyó que «se cumplen los elementos constitutivos de la desaparición forzada, y que dichas desapariciones continúan cometiéndose hasta la fecha».

Por otra parte, la Comisión recordó que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en diciembre de 1986 «constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el efecto de procurar la impunidad».

Para la Comisión, «no consta que el Estado haya impulsado los procesos judiciales ni tomado medidas para esclarecer la muerte de las jóvenes y buscar e identificar los restos de las dos personas desaparecidas», por lo que concluyó que el Estado uruguayo «no cumplió con su obligación de debida diligencia en las investigaciones».

Según la investigación realizada por la CIDH, el Estado uruguayo «violó el plazo razonable en la investigación dado que, a más de 40 años de ocurridos, los hechos del presente caso continúan en la impunidad».

En función de estas constataciones, la Comisión consideró que «el Estado de Uruguay es responsable por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e incertidumbre causados por las graves violaciones y la larga búsqueda de justicia».

En el Informe de Fondo que acompaña la denuncia a la Corte Interamericana de DDHH, la Comisión recomendó al Estado uruguayo:

1. Investigar de manera completa, imparcial, diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objetivo de esclarecer los hechos en forma completa, e identificar todas las posibles responsabilidades materiales e intelectuales e imponer las sanciones que correspondan. Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas y los estándares interamericanos al respecto, la Comisión destacó que el Estado no podrá oponer la garantía de non bis in ídem, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta recomendación.

2. En cuanto a las víctimas de desaparición forzada, investigar de manera completa, imparcial y efectiva su paradero, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos.

3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, y la implementación de un programa adecuado de atención a sus familiares.

4. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole, necesarias para garantizar que en la práctica y mediante decisiones judiciales se garantice la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo a los estándares interamericanos. El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos del caso.

Según el comunicado de la CIDH, la Comisión sometió el caso a la Corte «por las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado de Uruguay».

Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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2) URUGUAY: COMISIÓN INTERAMERICANA PREGUNTÓ AL GOBIERNO SOBRE REFORMAS CONTENIDAS EN LA LUC

Una carta de la CIDH dirigida al canciller Ernesto Talvi interroga si el texto de la Ley de Urgente Consideración se ajusta a los estándares de derechos humanos

Sudestada, 27.05.2020

Una nota enviada el miércoles 20 de mayo al canciller Ernesto Talvi, como responsable de las Relaciones Exteriores del país, pide información sobre el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que el Poder Ejecutivo envió al parlamento y que está listo para ser tratado en el plenario de la Cámara de Senadores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pregunta a Talvi cuál es el “estado del debate legislativo” de la propuesta y ofrece asistencia técnica para armonizar sus contenidos con las obligaciones asumidas por el país en la materia.

La carta también consulta cuál es la posición del gobierno respecto al contenido de la norma propuesta a la luz de los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos y si su texto se ajusta a los mismos, en opinión del Poder Ejecutivo.

Según el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la CIDH tiene entre sus potestades “solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos”, así como “formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”.

Como Uruguay ratificó esta Convención, está obligado a cumplirla, así como las resoluciones y recomendaciones surgidas en el marco de sus competencias. El artículo 43 de la CADH establece que “Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención”.

La consulta realizada por la CIDH tiene para su respuesta un plazo de 20 días, que se vence el martes 9 de junio.
Grave preocupación
En un informe técnico remitido a la comisión del Senado, el relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza manifestó su “preocupación respecto de una serie de disposiciones que apuntan a declarar ilegal el ejercicio de determinadas modalidades de manifestaciones y protesta tanto en espacios públicos como privados”, contenidas en los artículos 492 a 494 de la LUC. Relacionado con estos, también cuestionó la aplicación del artículo 398 del proyecto que regula las ocupaciones en el marco de las huelgas sindicales.

“Los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”, recordó el experto.

También manifestó sus reparos ante el texto del artículo 105 que afecta los derechos de acceso a la información pública y a la privacidad y recordó que según los estándares interamericanos “los Estados deben evitar la implementación de cualquier medida que restrinja, de manera arbitraria o abusiva, la privacidad de los individuos”.

“La Relatoría Especial observa con preocupación que el presente proyecto autoriza al Ministerio del Interior a solicitar información directamente a los operadores de telecomunicaciones, sin disponer expresamente los controles judiciales previos a los que deben estar sujetas estas facultades. Del mismo modo, tampoco establece ninguna clase de rendición de cuentas o transparencia, respecto a las solicitudes realizadas, los motivos o justificación, ni la posibilidad de que personas eventualmente vigiladas de manera ilegal puedan conocer si el Estado accedió a sus datos”, agrega el documento de la CIDH.

En cuanto al artículo 11 de la LUC, Lanza señala su preocupación por “la reinstalación parcial de la figura del desacato por ofensa que había sido derogada de la legislación de Uruguay mediante la aprobación de la ley 18.515”, que surgió de una solución amistosa en el marco de un diferendo entre el Estado uruguayo y el periodista Carlos Dogliani. “Las leyes de desacato otorgan injustificadamente una protección a los funcionarios públicos de la que no disponen el resto de los integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte el principio democrático que procura la sujeción del gobierno –y en consecuencia, de los funcionarios públicos- al escrutinio público, para prevenir o controlar el abuso del poder”, explicó Lanza.

En cuanto a la afectación del acceso a la información pública, el relator especial indicó su “grave preocupación” porque los artículos 127 y 128 de la LUC “restringen” ese derecho porque crean nuevas categorías de “información de carácter reservado, restringido y secreto; y se limitan las posibilidades de peticionar la desclasificación de la información producida por determinados organismos del Estado, así como la garantía del acceso a la justicia en estos casos”.
Además, alertó ante la gravedad de que a un organismo dependiente de la Presidencia, como la Secretaría de Inteligencia del Estado, “se le asigne en forma automática un manto de secreto legal, que el Uruguay había superado, sin la posibilidad de que los ciudadanos, medios de prensa e incluso legisladores puedan solicitar la desclasificación de esa información”.

En el documento de 15 páginas enviado el martes 19 de mayo, Lanza llamó la atención del Senado ante el hecho de que se utilice el mecanismo de urgencia para “la regulación de derechos fundamentales” debido a que “escapa a los plazos y trámites ordinarios”.

Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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3) ESPAÑA Y ECUADOR ANTE LA PLURINACIONALIDAD

Movilizaciones indígenas e independentistas.

Por Kintto Lucas

UNO

Los procesos de conquista y dominación como los que se dieron en América Latina y en el Reino de España, llevan a que la cultura dominante someta a las otras culturas para consolidar la colonización y los estados- nación únicos. Así ocurrió con las nacionalidades indígenas en América Latina; con Catalunya, el País Vasco y otras nacionalidades en España; con los kurdos y tantas nacionalidades en otras regiones del mundo.

En los últimos años, a partir de la fuerza demostrada por los independentistas catalanes algunos sectores políticos como Unidas Podemos, pusieron en el debate de la política española, el tema de la plurinacionalidad. En Ecuador, ese debate comenzó en la década del 80, pero se fortaleció a partir del Levantamiento Indígena del Inti Raymi en 1990. Aunque se avanzó mucho en la elaboración y comprensión del concepto la plurinacionalidad e interculturalidad, el debate todavía no está totalmente saldado.
A diferencia del denominado “buen vivir” que es una propuesta surgida de sectores intelectuales mestizos, la plurinacionalidad es una elaboración más vinculada a sectores intelectuales indígenas, y de Ecuador se trasladó a otros países. Desde hace muchos años, en diferentes reflexiones he señalado que el concepto de plurinacionalidad asociado al de interculturalidad es uno de los aportes más importante del movimiento indígena ecuatoriano, que además tiene trascendencia fundamental en momentos de crisis de los estado-nación y en momentos de crisis de las denominadas “democracias”, occidentales o no. Si vemos la realidad del mundo actual con el fortalecimiento y la luchas de diferentes nacionalidades en distintos estados-nación, vemos que el concepto, además de vigentes adquiere especial relevancia.

DOS

Más allá de la injerencia de las potencias hegemónicas, y en particular de Estados Unidos en la destrucción de estados, o la invención de estados satélites, la realidad muestra que muchos países se autodestruyeron por no haber entendido y asumido su plurinacionalidad.

La Unión Soviética, por ejemplo, no supo manejar su plurinacionalidad. Se creyó que mezclando culturas, enviando población de una cultura a territorio de otra, se iría fortaleciendo un mestizaje que serviría para consolidar la unidad.

Lenin, de alguna forma lo había advertido el 31 de diciembre de 1922, cuando escribió uno de sus últimos informes, antes de morir el 21 de enero de 1924. En ese documento criticó las bases del acuerdo que constituía a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), elaborado y aprobado un día antes por los dirigentes de Rusia, Ucrania, Transcaucasia y Bielorrusia, y ampliamente defendido por Joseph Stalin.

Para Lenin, una cosa era «la necesidad de agruparse contra los imperialistas de Occidente, que defienden el mundo capitalista y otra cosa es cuando nosotros mismos caemos, aunque sea en pequeñeces, en actitudes imperialistas hacia naciones oprimidas quebrantando por ello nuestra sinceridad de principios».
El líder ruso se oponía al artículo 24 del acuerdo, que decía «Las repúblicas de la Unión modifican sus constituciones en consonancia con el presente acuerdo», lo que transfería todos los poderes constituyentes de las repúblicas a la Unión, de las soberanías nacionales y populares a la dirección centralizada, del estado plurinacional al estado nacional.

Ese artículo dejaba de lado el numeral 26 que decía «Cada una de las repúblicas de la Unión conserva el derecho a salir libremente». Ese ítem era solamente retórico, para quedar bien con Lenin antes de su muerte.

Para el revolucionario ruso, el acuerdo que establecía la URSS era un «oportunismo» del Partido Comunista y de las repúblicas más poderosas, pues se realizaba en el momento que varios movimientos revolucionarios estaban por triunfar en repúblicas asiáticas y, era una forma de obligarlos a entrar en la Unión dejando de lado su soberanía, sin haber participado de la discusión que se dio en el PC ruso.

El acuerdo fue un triunfo de Stalin que ganó la mayoría del XII Congreso del Partido Comunista realizado en abril de 1923, en el cual fueron rechazadas las propuestas de Lenin sobre las nacionalidades y la organización interna plurinacional de la Unión.

Así, con todo el poder de su parte, Stalin instituyó en la nueva URSS una concepción del mundo que se desvió del socialismo a que aspiraba Lenin, quien entendía las particularidades y culturas de cada república y estaba convencido de que consolidar sus autonomías les haría mas fuertes a futuro y consolidaría la propia unión. Pero más que consolidar la unión, el revolucionario creía que se consolidaría el proceso de construcción socialista en cada país y eso beneficiaría a la construcción socialistas en la unión.

Lenin, como Marx, tenía un pensamiento estratégico, miraban mucho más allá de la coyuntura. Percibió el significado que tendría la soberanía popular nacional de las repúblicas en el futuro de la unión y, sobre todo del socialismo. Comprendía además la fuerza de las culturas y los imaginarios propios, y sin hablar de plurinacionalidad, de alguna manera, estaba poniendo las bases del concepto. Sabia también, que la imposición solo podía servir a corto plazo, pero generaría profundas diferencias hacia el futuro, lo que finalmente ocurrió y sigue ocurriendo.

Ocurrió algo similar en la ex Yugoeslavia, con algunas diferencias, por la impronta impuesta desde el liderazgo de Tito. Esa realidad plurinacional no resuelta, fue aprovechada por Estados Unidos y la OTAN para destruir el país, consolidando su influencia sobre la mayoría de las naciones surgidas.

TRES

En Ecuador, donde conviven diversas nacionalidades indígenas el tema de la plurinacionalidad tiene características propias. En 1997, el sociólogo Andrés Guerrero, quien realizó diversas investigaciones sobre la realidad campesino-indígena, la organización comunal, las relaciones de dominación a través de las distintas constituciones ecuatorianas y la relación de las leyes del país con la realidad indígena me decía en una entrevista que tanto Ecuador como su Constitución eran obras de ficción:
El Ecuador sigue los modelos de la revolución francesa y norteamericana, que están basados en el estado de libres ciudadanos que viven en “libertad e igualdad”. También se marca la homogeneidad, ya que todos los ciudadanos tienen que ser culturalmente iguales y ahí empieza el problema. El mito de la Constitución sirvió para que se constituyera un estado nacional llamado Ecuador, en un territorio que era de la Real Audiencia de Quito, con una población que desde 1830 se autobautiza como ecuatoriana. Mis investigaciones siempre apuntaron a saber de que forma este mito fundador (la Constitución de República) encubría relaciones de dominación, ya que pasados 170 años, uno sale a la calle y se encuentra con que el “ciudadano ecuatoriano, libre, igual y homogéneo” no existe. No solamente existen las diferencias de clase, que de alguna manera está previsto en la Constitución ya que se establece que “los ciudadanos pueden ser diferentes en cuanto a fortuna”. Pero el país está integrado por blancos e indios y la Constitución no solamente encubrió sino que también reprodujo las relaciones de dominación étnicas. Las organizaciones indígenas mostraron la realidad de que el estado nacional de “libres e iguales” era una ficción.

Explica también que cuando se discute sobre la reforma de la Constitución como si fuera a cambiar una realidad social, económica y simbólica se construye la ficción.
Mientras la Constitución es algo abstracto que trata de formular el ideal de sociedad a la cual quieren llegar algunos, las leyes administrativas son más pragmáticas, reglamentan lo inmediato para que se transforme en la realidad. Lo interesante, es que la parte administrativa no considera la existencia del ciudadano. Es decir, en ningún momento se les consulta a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de adoptar una ley. Se la adopta sin que nadie puede discutir. Mientras se llama a referéndum para cambiar algo abstracto como la Constitución, se pasa entre gallos y medias noches una ley que puede transformar efectivamente cosas muy importantes. No hay sistema democrático si se mantiene por un lado la cara de ciudadanía que es un derecho abstracto, y por el otro la administración de población que es un hecho real de la relación estado-población.

Para Guerrero, cuando los indígenas reivindican la plurinacionalidad y dicen que quieren otro tipo de formación política, en la cual tengan cabida como ciudadanos diferentes, con sus nacionalidades, se colocan en contra del proceso histórico que asoció la ciudadanía y la administración de población. Esa administración siempre ha tratado de socavar el funcionamiento de las organizaciones indígenas porque reivindican como punto esencial el sistema comunal:
Yo no quiero idealizar para nada el sistema comunal, ni mucho menos, pero sí constituye un elemento crucial de reivindicación para las organizaciones indígenas, argumenta Guerrero.

Uno de los puntos de unión del ordenamiento simbólico de los indígenas es la comunidad, es algo ya casi mitológico. En el ámbito doméstico, interdoméstico y parcialmente comunal existen relaciones de solidaridad que no son mercantiles. Eso crea una solidaridad que tiene un efecto de cohesión política, cultural y simbólica:
El ideal de algunos sería que los indígenas dejen de pensar en eso y se transformen en compradores y vendedores. Los indígenas saben manejarse muy bien en dos códigos: el mercantil hacia afuera y el de la reciprocidad y solidaridad comunal hacia adentro. Si se acaba el aspecto comunal se desintegra la solidaridad. Si se desintegran las formas de solidaridad puede haber una situación de violencia generalizada.

Pero además, los indígenas tienen procesos culturales distintos en sus propias nacionalidades. El reconocimiento de la plurinacionalidad es asumir una realidad establecida desde cientos de años. Asumirla significa asumir la unidad en la diversidad. La diversidad con todo lo que implica. Si bien tiene algunas características del federalismo que aspiraba José Artigas para las provincias del sur suramericano, no es un estado federal. La plurinacionalidad significa que el estado asuma una organización política en que las nacionalidades no solo tengan autonomía, sino que se asuman como una nación, con justicia propia, organización política, económica y social propia, sostenida en un proceso cultural propio, e interrelacionada a través de la interculturalidad con las otras naciones o nacionalidades del estado.

En el caso de Ecuador, el Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, sirvió para dar base legal internacional a la propuesta de plurinacionalidad e interculturalidad. Luego la Constitución de 1998 avanzó en el reconocimiento de los derechos indígenas y la Constitución de 2008 reconoció la plurinacionalidad del Ecuador. Ese reconocimiento fue un paso más para desterrar el estado colonial centralizador. Sin embargo todavía falta mucho para llevar el concepto de la teoría a la práctica, del papel a las relaciones personales y colectivas.

El estado-nación se resiste a dejar la concentración del poder, a descolonizar, y para eso necesita mantener una estructura de represión hacia las nacionalidades. El último levantamiento indígena y popular en Ecuador, como las grandes movilizaciones independentistas en Catalunya, la lucha de los kurdos, más allá de sus características propias, son algunos ejemplos contundentes de esa lucha entre las nacionalidades y un estado-nación represivo y concentrador.

CUATRO

En Ecuador, la realidad plural del país se manifiesta cuando el indígena surge como actor importante en la vida sociopolítica. Entonces se asume que el ‘otro’ existe y que tiene sus diferencias y sus derechos, así desde la centralidad no se quiera reconocer. En España la realidad plural es latente y los conflictos vasco y catalán son muestras de esa realidad aunque desde la centralidad no quieran reconocerlo y además repriman esa manifestación de la diversidad.

La relación entre las diversas nacionalidades de un estado plurinacional debe estar basada en la interculturalidad como forma de convivencia y establece mecanismos de respeto mutuo entre las culturas. Un estado que involucre esa participación se irá transformando en plurinacional y eso tiene que ser evidente a nivel institucional y estructural.

El riesgo siempre latente de una balcanización del Ecuador no surgió por las nacionalidades indígenas o por el reconocimiento de la plurinacionalidad, sino por estructuras de poder regional que se disputan la hegemonía económica, como es el caso de Guayaquil, dónde no existe una nacionalidad como tal como en el caso indígena, catalán, vasco o kurdo.

Con su propuesta, los indígenas separan la reivindicación de su pueblo de aquellos que exacerban el regionalismo, quienes lo hacen por intereses particulares. En ese sentido, la plurinacionalidad asume a Ecuador como un país con varias nacionalidades pero como estado unitario.

El estado plurinacional y el derecho a la autodeterminación de la nacionalidades, establece otro pacto social en el estado-nación desde las nacionalidades o colectivos nacionales con derechos y en igualdad, ya no desde los ciudadanos individuales supuestamente “libres e iguales”. Se establece una ciudadanía ecuatoriana y una nacionalidad múltiple. Los derechos colectivos establecen las formas de administración, funcionamiento y autogobierno de las nacionalidades y pueblos en sus territorios.

CINCO

En junio de 1990, la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) lanzó el llamado levantamiento del Inti Raymi, bloqueó carreteras, tomó instalaciones públicas y ocupó pacíficamente la Iglesia de Santo Domingo, en Quito, en demanda de una solución para los conflictos de tierras. Esa protesta marcó el comienzo de un nuevo momento histórico de los pueblos originarios, que pasaron a ser protagonistas de la realidad social y política de Ecuador.

Desde allí se fortaleció la tesis de declarar el estado plurinacional, que estuvo siempre vinculada a la lucha por la tierra y a la revolución agraria, o sea a la necesidad de una reforma estructural de la agricultura ecuatoriana que tiene que ver con el acceso al agua, al comercio, y a créditos. Entonces, el Estado Plurinacional no es solo un reconocimiento sino propone cambios de estructura económica desde un comienzo. Pero también propone cambios en el concepto de democracia y soberanía de los pueblos. A partir del estado plurinacional e intercultural se construye un nuevo tipo de democracia participativa desde las nacionalidades, desde culturas.
En el caso del Ecuador, el estado plurinacionalidad e intercultural es una forma de reconocerse a sí mismo y admitir su diversidad, un factor importante para lograr la tan ansiada armonía en las relaciones colectivas. El estado plurinacional asume a la ciudadanía como vínculo entre los habitantes de Ecuador, aunque puedan pertenecer a diferentes nacionalidades o pueblos.

Los recursos naturales no renovables son propiedad del estado, no de las comunidades, pero éstas tienen derecho a ser consultadas si están de acuerdo con la extracción de esos bienes, conociendo los impactos que tendrá esa acción sobre sus vidas.

Esas son algunas de las características ecuatorianas, aunque en la realidad falta mucho para que se consolide un verdadero estado plurinacional. En el caso de otros estados plurinacionales, de acuerdo a sus propias características, los recursos naturales podrían ser propiedad de la nación parte de ese estado, no del estado central.

En Ecuador el estado plurinacional es uno solo, con pluralidad jurídica en los territorios donde están asentados las nacionalidades indígenas y su derecho a decidir política, económica, cultural y socialmente. Por ejemplo en el caso español, en un estado plurinacional la pluralidad jurídica significaría que los dirigentes independentistas hoy juzgados por la centralidad del estado-nación, o sea del estado colonial, debido a su lucha, deberían ser tratados por la justicia de su propia nación, la nación catalana, con sus características propias y no con las impuestas desde la estructura colonial y centralizadora.

Así España tenga muchas diferencias con Ecuador y bastantes con la ex URSS o la ex Yugoeslavia, hay una realidad que no se puede ocultar: es un país de nacionalidades variadas. España fue construida sobre culturas y nacionalidades diversas y se impuso un estado-nación central sobre la base de la cultura colonizadora dominante. Eso significó el aplastamiento de culturas que, sin embargo, por su propia fuerza no pudieron ser eliminadas, que si bien se evidencian mucho más en el caso catalán y vasco, también se puede ver en otros casos.

Si bien la organización de cada estado plurinacional debe responder a su propias características, esta reflexión intenta aportar algunos elementos al debate actual sin asumir que sea una receta válida para España, porque son los españoles de las distintas nacionalidades los que tienen que construir sus propio futuro y, por lo tanto su organización política.

Kintto Lucas (Ecuador)
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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4) FILÁNTROPOS, IZQUIERDA Y LOS MITOS DE LA EXTREMA DERECHA

Por Aldo Marchesi /La Diaria, 23 de mayo de 2020

En 1933 el muralista mexicano Diego Rivera estaba culminando un famoso mural que luego se tituló El hombre controlador del Universo dentro del Rockefeller Center en pleno centro de Nueva York. La iniciativa había surgido a pedido de Aby Rockefeller, esposa de John Rockefeller. Aby, quien había tenido un importante rol en la fundación del Museum of Modern Art (MOMA), tenía un particular interés por el muralismo mexicano y particularmente por Rivera, a quien le compró varias obras. El mural estaba casi culminado cuando Nelson Rockefeller, hijo de John, filántropo, millonario, y luego político liberal con un profundo interés por América Latina, llegó a verlo y a hablar de los detalles finales con Rivera. Allí se percató de que el mural tenía algunos problemas.

En el lado derecho, donde se representaba a los trabajadores, Rivera había incluido a Lenin y a Trotsky. Además, del otro lado, donde se representaban los problemas del capitalismo, aparecía el mismísimo John Rockefeller bebiendo y fumando en una actitud que no tenía que ver con las estrictas conductas de su familia. Nelson Rockefeller exigió que retirara a los líderes comunistas y que pusiera rostros genéricos. Rivera se negó a cambiar su mural. Fue despedido, recibió su pago y el mural fue destruido. El episodio fue un gran escándalo que mostró los límites de la filantropía de los millonarios en los polarizados años treinta. Con dicho dinero Rivera decidió quedarse en Nueva York y, entre otras cosas, pintó una serie de murales en la New Workers School, de orientación comunista. Allí se sacó las ganas de pintar a Rockefeller. Dos años después pintó el mural original en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.

Hace unos días, en una de sus columnas semanales en el semanario Voces, Hoenir Sarthou reiteraba, aunque de una forma más explícita, la idea de que existe una izquierda que ha sido seducida por la agenda de los millonarios filántropos, particularmente del húngaro, judío y liberal George Soros. La columna fue tan clara y explícita que concitó la adhesión del general Manini Ríos, quien la retuiteó con un tono halagatorio.

Es cierto que la relación entre dinero y política es un aspecto que requiere atención y que, como varios han señalado, pone en riesgo la legitimidad del debate público político y cultural de las democracias contemporáneas. Las maneras en que grupos con poder económico logran instalar, opacar o desvirtuar ciertas temáticas se ha venido discutiendo de múltiples maneras. Entre otros temas, podemos mencionar: el peso de los millonarios en las competencias electorales, la presión de los grupos económicos asociados a medios, las fundaciones asociadas a empresas que niegan problemas que afectan sus intereses como hacen las industrias petroleras con el cambio climático, los grupos religiosos con poder económico que hacen campañas internacionales contra el aborto o contra la teoría de la evolución, el peso de ciertos organismos internacionales de crédito promoviendo soluciones neoliberales, las cientos de fundaciones que promueven formas de caridad a lo Teletón pero se resisten radicalmente a cualquier impuesto que afecte sus rendimientos económicos. En fin, la lista es enorme y diversa. Lo llamativo del énfasis de (Hoenir) Sarthou y otros es: ¿por qué miran sólo a un tipo de filántropo, y también por qué sólo se preocupan por ciertos movimientos sociales, cuando es evidente que el panorama es inmensamente más complejo y diverso?

Como quedó de manifiesto con el ejemplo mencionado, la relación conflictiva entre filántropos e izquierdas no es nueva. La izquierda, desde el siglo XIX, con sus propuestas igualitaristas cuestionó el orden capitalista, pero requirió recursos para sus proyectos políticos y culturales. Algunas veces se encontraron con algún filántropo y los resultados de estos encuentros no siempre fueron directos, evidentes o beneficiosos para el desarrollo del capitalismo. No hay un ejemplo más claro y paradigmático de esto que la propia relación entre Karl Marx y Friedrich Engels. En una reciente biografía de Engels, Tristram Hunt muestra cómo tuvo que sacrificar gran parte de sus intereses intelectuales para dedicarse a la actividad empresarial y llegar a ser un millonario cuyo único objetivo era financiar la escritura de El capital de su amigo Marx y apoyar diversas iniciativas de los primeros comunistas. Otro caso es Félix Weil, quien fue un argentino hijo de importantes comerciantes cerealeros que estudió en Alemania y se transformó en uno de los principales mecenas de la llamada Escuela de Fráncfort.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales latinoamericanas también discutieron estos problemas. En un contexto de modernización académica, promovida por organizaciones internacionales y regionales como la Unesco y la Cepal, los cientistas sociales comenzaron a recibir financiamientos de fundaciones norteamericanas como la Rockefeller y la Ford Foundation.

Desde fines de los cincuenta dichos fondos para financiar a actividades intelectuales y académicas comenzaron a ser discutidos. Los primeros debates giraron en torno al rol de Congreso por la libertad de la cultura, una red intelectual crítica del totalitarismo soviético apoyada por la CIA, en la financiación de artistas y académicos.

En los 60 siguieron los debates a partir de que el Plan Camelot salió a la luz y mostró cómo parte de las bases de datos que construían los sociólogos latinoamericanos terminaba en el Departamento de Estado. A fines de los sesenta algunas universidades públicas del Cono Sur terminaron cortando los financiamientos de las fundaciones norteamericanas. Vania Markarian está a punto de publicar un libro sobre cómo se dieron estos debates en Uruguay. Estos también fueron los tiempos en que intelectuales buscaron financiamientos en otros lugares como Cuba, o alternativas non sanctas como la de Vivian Trías con Checoslovaquia. Paradójicamente, varios de aquellos que habían recibido financiamientos norteamericanos para promover la agenda del desarrollo y la modernización influida por el clima de la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy fueron los mismos que terminaron creando y alentando la teoría de la dependencia, que proponía romper los lazos con el imperialismo económico.

La relación no terminó ahí. En los setenta y ochenta estas y otras fundaciones tuvieron un papel fundamental al apoyar a las ciencias sociales frente a la dura persecución de las dictaduras conosureñas. En el marco de una política exterior norteamericana diferente, impulsada por el presidente Jimmy Carter, que criticaba a las dictaduras, estas fundaciones tuvieron un rol de amplia apertura a los debates de las ciencias sociales latinoamericanas. Muchos intelectuales uruguayos participaron de estas redes y recibieron apoyos. Entre otros, Real de Azúa, Ángel Rama, Germán Rama, Aldo Solari. La nueva generación de centros de investigación que se creó en Uruguay también contó con apoyos financieros de estas redes.

Hasta aquí, un repaso variado de algunos de los encuentros entre diversas experiencias de izquierda intelectual y política y fundaciones vinculadas a la filantropía capitalista. O sea que esto de Soros no resulta algo nuevo. Y tampoco resulta nuevo para las izquierdas, que a lo largo de dos siglos han lidiado no sin conflictos con estos problemas. Pero entonces, ¿por qué últimamente se habla tanto de George Soros y se le asigna un poder omnipresente? Se ha llegado a decir que la agenda de nuevos derechos en Uruguay (aborto, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana) es sencillamente una construcción de este multimillonario. Asimismo, que el proceso de adaptación al capitalismo de la izquierda también es de su factura.

No creo que las feministas que marchaban pidiendo que la democracia también llegara al hogar y comenzaban a reclamar la legalización del aborto a fines de los 80, o que las primeras organizaciones de homosexuales que protestaban contra la violencia policial y reclamaban el respeto a sus derechos humanos, o que la Tabaré Riverock Band cuando pedía “legalizar” en Somos todos subversivos tuvieran alguna idea de quién era Soros.

Los trabajos de Diego Sempol y Ana Laura de Giorgi muestran cómo la agenda de derechos que se expresó en una serie de leyes durante la presidencia de José Mujica tuvo su punto de partida en el desarrollo de un conjunto de movimientos sociales y contraculturales que surgieron en la transición democrática. Dichos movimientos eran bastante marginales y sin duda alguna eran los que menos cooperación internacional recibían.

Tampoco los militantes de la izquierda frenteamplista, que vieron con cierta perplejidad el derrumbe del mundo comunista y comenzaron a ensayar estrategias de mayor adaptación a la globalización capitalista, tenían mucha idea de quién era Soros a principios de los 90. Sin embargo, al poner a Soros como figura central de este asunto, se intenta deslegitimar los orígenes locales de estos procesos y de estos movimientos.

Tampoco creo que Soros tuviera una idea medianamente clara de lo que estaba pasando en América Latina y mucho menos en Uruguay. Por esos tiempos, Soros era un millonario menor con cierta influencia en el proceso de democratización que estaba viviendo su natal Hungría y otros países de Europa oriental. El gran salto lo dio en 1992, cuando, como resultado de una gran jugada especulativa con libras esterlinas que impactó fuertemente sobre la economía británica, Soros se transformó en multimillonario. A partir de allí comenzó a desarrollar una estrategia global de filantropía con la creación de la Open Society Foundation. La mayoría de sus iniciativas estuvieron vinculadas con Europa oriental y África.

En este siglo Soros amplió su agenda. Estuvo claramente alineado con algunas de las inquietudes de sectores liberales –en el sentido anglosajón– del Partido Demócrata estadounidense. Soros apoyó causas vinculadas a los derechos de las minorías sexuales y de los inmigrantes en diferentes partes del mundo. También apoyó iniciativas tendientes a la legalización de la marihuana. Estos apoyos a diversos movimientos sociales vinculados a estas temáticas aumentaron la visibilidad de este multimillonario.
Fue en estos últimos años cuando se transformó en el principal chivo expiatorio de la nueva derecha nacionalista global para desacreditar la legitimidad de los movimientos sociales asociados a estas causas. Así, los feminismos, los movimientos LGBTQ, los movimientos de inmigrantes en Estados Unidos como en Europa oriental han sido denunciados como meras organizaciones instrumentales al servicio de este inescrupuloso multimillonario. En un repaso por las redes sociales se puede ver las acusaciones más insólitas y variadas sobre Soros; desde que organizó las caravanas migrantes en Centroamérica, hasta que tiene un plan para islamizar Europa por apoyar a los inmigrantes, o que quiere destruir Israel por apoyar organizaciones palestinas.

Trump, Putin, Erdogan, Netanyahu, Bolsonaro, entre otros, han reforzado esa imagen. Pero uno de los lugares donde esa reacción es más fuerte es en Hungría, su lugar de origen, donde el primer ministro, Viktor Orbán, quien pertenece a una extrema derecha con lazos con el antisemitismo tradicional, lo ha declarado un enemigo nacional. Varias de estas arengas tienen impactantes coincidencias con las imágenes del nazismo acerca de los millonarios judíos filántropos. Seres muy poderosos y depravados moralmente que atacaban a la familia y la nación usando su dinero. Las acusaciones contra la familia Rostchild y contra Soros parecen venir de la misma tradición. Así como en los veinte, cuando si uno escuchaba críticas al judeocapitalismo sabía que no se trataba de algo asociado con la izquierda, hoy pasa algo similar con las críticas a Soros.
Los que critican a Soros no parecen criticar el peso de los millonarios en la política, sino que muestran una profunda indignación por las causas que este millonario está apoyando.

Entonces, ¿qué significa esta acusación de “izquierda Soros” por parte de (Hoenir) Sarthou? Parece hablar más del que acusa que de los acusados. Según la lista de Forbes, de los 2.095 multimillonarios que existen, Soros ocupa el lugar 162. Se habla mucho de Soros; (Hoenir) Sarthou también nombra a Bill Gates, ¿pero qué pasará con los otros 2.093? ¿Será que no tienen fundaciones?, ¿que no tienen interés en incidir en los debates públicos? Por el contrario, esta relación entre política y dinero es constitutiva del capitalismo contemporáneo. Pero llama la atención la ausencia de visibilidad de los otros multimillonarios. Seguramente la nueva derecha global no encuentra interés en denunciarlos, y (Hoenir) Sarthou tampoco.

Por ejemplo, en el puesto 11, 151 puestos más arriba en la lista, aparece el empresario David Koch, quien junto con su hermano han tenido un rol importante en el financiamiento internacional de la Red Atlas. Se trata de una red internacional de libertarios de derecha que apoya diversos think tanks en varias partes del mundo. Según un artículo que apareció en la revista Lento, basado en un informe de The Intercept, el Centro de Economía, Sociedad y Empresa, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina recibieron apoyos de dicha red en Uruguay. Dichos centros están vinculados al mundo empresarial, a la Universidad de Montevideo, a El País y El Observador, y a políticos y académicos vinculados a los sectores liberales de los partidos tradicionales. Sin embargo, ¿hemos escuchado hablar de los hermanos Koch? ¿Hemos escuchado a la derecha hablar de Koch? No. Y no tiene sentido, porque no parece real pensar que las ideas de estos centros sean el mero resultado de las dádivas que reciben de estos mecenas. Simplemente, esos fondos implicaron aportes para amplificar ideas de personas e instituciones que ya contaban con amplios recursos para desarrollar sus propuestas.

Entonces, ¿de qué se trata esto de la izquierda Soros? Parece ser más la voluntad de deslegitimar ciertas causas por un camino fácil que de discutir honestamente sobre las virtudes y problemas de dichos movimientos y los problemas de la relación entre dinero y política.

Por otra parte, si (Hoenir) Sarthou hubiera ido a la última marcha del 8 de Marzo y se hubiera tomado un poco más en serio dicho movimiento, habría visto que esto de la izquierda Soros es difícil de visualizar, entre otras cosas porque el feminismo latinoamericano es uno de los pocos movimientos sociales contemporáneos que habilita una crítica al capitalismo. En el 8 de Marzo, gran parte de los carteles hablaban de la relación entre patriarcado y capitalismo. No creo que Soros estuviera de acuerdo con estos carteles.

En síntesis, aunque no es tan claro encontrar a la izquierda Soros, lo que sí parece evidente es que a nivel global se ha generado una nueva derecha, sostenida en un discurso popular basado en sentimientos xenófobos y defensora de valores tradicionalistas, que encuentra en Soros al chivo expiatorio perfecto para descargar su discurso de odio. Esto nada tiene que ver con una crítica al capitalismo, sino con la expansión de un nuevo nacionalismo autoritario. (Hoenir) Sarthou debería elegir si quiere ser parte de eso.

Aldo Marchesi /La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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5) EUROPA DESPUÉS DE LA PESADILLA

Paso a paso, se hace camino al andar

Sergio Ferrari, desde Suiza

Entre la presión por relanzar la economía, una cierta fatiga social por el confinamiento y el impacto del lastre sanitario que dejan los casi 2 millones de infectados -y muertes en seis dígitos-, Europa implementa desde mediados de mayo una osada apertura. El riesgo de una segunda ola pandémica no desaparece de los cálculos continentales y relativiza cualquier pronóstico exageradamente optimista.

Lento, pero…inseguro

El Reino Unido, sigue siendo uno de los países más golpeados -aun en la actualidad- por la pandemia. Contabiliza casi 270 mil casos comprobados y 38.000 decesos, al 27 de mayo. Es la segunda nación más afectada del continente, por detrás de Rusia, y la cuarta en el mundo, siguiendo a Estados Unidos y Brasil (www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases)

El pasado 10 de mayo, Londres anticipó solamente la hoja de ruta de la futura flexibilización, que comenzará, el 1ro de junio. En esa fecha podrán volver a clase los niños de 1 a 6 años. Los hoteles y lugares públicos no funcionarán antes de julio.

El segundo lunes de mayo, los franceses pudieron salir a las calles sin llenar un formulario obligatorio y alejarse hasta 100 kilómetros de su domicilio. Abrieron las tiendas de ropa, florerías y librerías, y parcialmente escuelas primarias, pero no bares y restaurantes, pospuestos para junio. Mientras el sector turismo espera poder *normalizarse* en la tercera semana de junio.

Según el sitio web de Redacción Médica este jueves 28 de mayo el Ministerio de Sanidad de España analiza las peticiones oficiales de varias comunidades autónomas para cambiar de fase en la desescalada por el coronavirus el próximo 1ro. de junio. Los expertos en Salud Pública aseguran que ninguna autonomía está preparada para saltar de fase en solo una semana, sin embargo varias comunidades han solicitado que se permitan relajar algunas restricciones aunque no se cambie de calificación.

En España, a partir también del 11 de mayo, se comenzó a flexibilizar sobre la base de “fases y regiones”. Los espacios al aire libre, así como los bares reabrieron, aunque con capacidad limitada en algunas zonas. Sin embargo, Barcelona y Madrid, locomotoras nacionales y centros urbanos más golpeados por el COVID-19, avanzaron mucho más lento. Desde el 21 de mayo se decretó la obligatoriedad de portar mascarillas en los lugares públicos donde no se pueda respetar la distancia de dos metros. Las escuelas, como en Italia, reabrirán solo en septiembre.

Esta última quincena de mayo se ha abierto una brecha entre los modelos de flexibilización de ambos países, que hasta ahora iban en paralelo, siempre con una semana de retraso en España. El Gobierno español, que el miércoles 20 logró in extremis la quinta prórroga del Estado de Alarma, quiere posponer a junio la circulación en lo interno, entre regiones. Mientras que Italia acelera los tiempos, movió ficha y se lanzó a una desescalada “acelerada” que incluye la apertura de sus fronteras continentales a partir del 3 de junio. Estas decisiones, desde Madrid, se percibieron, en un inicio, como arriesgadas y problemáticas. La presión sobre el Gobierno español -y su visión “conservadora” de la apertura- viene de otros gobiernos del continente y de la gran empresa de ese rubro. Casi 80 millones de personas llegan por año. Y son miles los ciudadanos belgas, franceses, alemanes e ingleses que tienen propiedades veraniegas en su territorio.

En Suiza, el Gobierno anunció medidas sustanciales de flexibilización el miércoles 27 de mayo, sostenido por las estadísticas que hablan de una media de poco más de una decena de infecciones por día desde hace dos semanas. Reuniones sociales y manifestaciones de todo tipo de hasta 300 personas serán autorizadas a partir del 6 de junio. En tanto, la extensión de las mismas hasta los 1000 participantes solo será decidida en la tercera semana de junio. Gran parte de la actividad turística, hotelería, teleféricos etc. se normalizará en junio.

Las escuelas primarias abrieron sus puertas el 11 de mayo. Así como restaurants y bares, pero enmarcando su actividad en estrictas medidas de distanciamiento social -como pasa en buena parte de los establecimientos de este tipo de todo el continente. Lo que implica espacios, en general, ocupados a media, con dos metros de distancia entre mesa y mesa, aunque con el permiso de ampliar las terrazas ganando terreno sobre veredas y peatonales. A partir de este jueves 28 de mayo, son permitidas, nuevamente, misas, cultos y ceremonias religiosas en general. En cuanto a sus fronteras con Alemania, Austria y Francia se reabrirán el 15 de junio.

Gol alemán

En una osada acción ofensiva en el área rival, Alemania reinició el tercer fin de semana de mayo el fútbol profesional. Y el martes 19, Angela Merkel confirmó que su país promoverá un fondo para la reconstrucción del continente.

Dos decisiones que, aunque poco tienen que ver entre ellas, coinciden en una constatación: en la post pandemia se afianza el rol de Alemania en tanto locomotora europea. Sea en lo más sensible del desafío del relanzamiento económico como en la más popular de las actividades recreativas.

Todos los partidos de las 1era y 2da liga retomaron sin público el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, con protocolos sanitarios tan rigurosos -desde la concentración de los equipos hasta el pitazo final-, que no cualquier liga de este continente podría hoy cumplirlos al pie de la letra. Habían pasado 57 días exactos desde que se decretara la cuarentena en el país.

En Alemania cada jornada “normal” de fútbol moviliza unos 250 mil puestos de trabajo, según diversas fuentes periodísticas. Cada temporada, la primera división, mueve 4.000 millones de euros y la segunda, 782 millones. Una parte esencial de esta circulación financiera proviene de los derechos televisivos, que representan 1.160 millones de euros por temporada. Si las nueve jornadas faltantes podrían completarse se calcula un paquete nada despreciable de 300 millones de euros a distribuirse entre los clubes, lo que en algunos casos podría constituir, incluso, la tabla de salvación para evitar la quiebra que amenaza a todo el deporte profesional europeo debido al parate prolongado.

A vender sol y playa

El 11 de mayo fue un día importante para el relanzamiento del Viejo Mundo. De una u otra manera, con diversos ritmos y secuencias, el segundo lunes de mayo implicó un paso significativo para aproximarse a lo que era el funcionamiento de febrero del año, antes que la pandemia golpeara estas latitudes.

En el caso de Italia, que a fines de ese mes decretó el aislamiento de buena parte del norte del país, autorizó a partir del 18 de mayo los desplazamientos al interno de cada región sin limitación alguna.

El 15 de junio, será el momento de reapertura de los hoteles en la zona costera, cines y teatros. Sin embargo, las autoridades italianas sorprendieron esta semana anunciando, anticipándose a todo el resto, que a partir del 3 de junio – es decir 12 días antes que varios otros países – reabrirá sus fronteras con el Espacio de Schengen sin que los viajeros deban cumplir cuarentena alguna.

Tras la decisión italiana, la lucha desesperada por el mercado turístico de verano, fuente fundamental del ingreso nacional en casi todo el continente, desde la enigmática Islandia hasta el Mediterráneo español, francés, italiano, griego, turco, croata, pasando por los Alpes suizos.

Ese rubro implica, en un sentido extendido, mano de obra para unos 27 millones de personas y asegura el 10% del PIB continental (www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/126/el-turismo) Para algunas naciones, como Italia, representa un 13%; para Grecia un 21 %; para Croacia y Malta, un 15%; en tanto en Suiza equivale al 5% de su PIB.

En el caso de España, según un reciente informe del World Travel Council (WTTC), el turismo representa el 14,6% del PIB, implica casi 3 millones de empleos y significa el rubro que más riqueza aporta a la economía en su conjunto con 176.000 millones de euros anuales. Alemania, el octavo país más visitado en el mundo, produce un 4% de su PIB en el turismo.

Economía en crisis

A iniciativa de Alemania y Francia, en la tercera semana de mayo se logró una primera fórmula consensual de futuro para confrontar la crisis que se agudizará: la creación de un Fondo de Recuperación destinado a los sectores y países más golpeados. El último miércoles de mayo la Unión Europea (UE) confirmó que ese Fondo será de 750 mil millones de euros. Medio billón en trasferencias y 250.000 millones más en préstamos. 172 mil millones irán a Italia y 140 mil millones destinados a España, los dos países de la UE más castigados por la pandemia.

Medidas que buscan anticipar respuestas parciales a lo que la Comisión Europea consideraba, ya a inicios de mayo, como la peor recesión desde 1929. La Unión Europea se confrontará a una caída de su PIB de más del 7%, con un aumento significativo del desempleo, que pasaría del 7.5% del 2019 al 9.6% en 2020.

La “nueva” Europa, convaleciente, abre, pero tímidamente. Sin recetas únicas, apostando a la “prueba-error” como único método. Espejo de una epidemia que la superó completamente por semanas, la arrinconó y, hasta por momentos, la angustió. Sin soltar, con una mano, la manivela de la apertura gradual y con la otra, el freno de mano, dispuesto a operarlo de inmediato si los indicadores de las infecciones remontara de un momento a otro. Bajo la amenaza siempre temible de una próxima ola pandémica, en un escenario de crisis económica aguda.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. RECITAL DE “HA DÚO” POR FACEBOOK
Viernes 29 de mayo – 22 horas

Hugo Fattoruso y Albana Barrocas crean un ambiente musical particular y virtuoso con instrumentos electrónicos y acústicos, donde realizan composiciones propias en forma de canciones y temas más experimentales, como así también versiones peculiares de grandes compositores de Uruguay y del mundo.

En su forma “HA Dúo” han recorrido distintos escenarios en el Uruguay, Argentina y Japón, entre otros. Su primer álbum NEO, fue ganador del Premio Graffiti 2014 como «Mejor Álbum de Dúo o Grupo de Música Popular y Canción Urbana»; en su segundo álbum «Canciones y Aéreos», se escucha una interesante evolución como dúo, sin poner fronteras a su espectro sonoro.

Discografía: NEO (2013) – Canciones y Aéreos (2015)
Integrantes: Hugo Fattoruso – Albana Barrocas
Este viernes 29/5 a las 22hs, nuevo show de “HA Dúo” on-line. Esta vez por la página de TINKER en facebook:

www.facebook.com/ConciertosTinker/
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II. 3ER. ENCUENTRO DE LECTURA VIRTUAL BIBLIOBARRIO
Sabado 30 mayo -18 horas

Vuelve el Club de Lectura a Bibliobarrio de la mano de Patricia Olivera.
El último sábado de cada mes nos encontraremos para compartir, intercambiar sobre un libro. Conversaremos sobre el o la escritor/a y sobre la obra.

Los libros propuestos son:
“Frankenstein” de Mary Shelley
“El nombre de la rosa” de Humberto Eco
“Gabriela, clavo y canela” de Jorge Amado
“El lobizón” de Mario Delgado Aparaín

Dado la situación en la que nos encontramos el primer encuentro se propone virtual…
Por ahora de forma virtual los esperamos el último sábado de cada mes a través de nuestra Facebook o escribanos para contarte como participar. Consultas por 091.725.414 o biblio.barrio@gmail.com

www.facebook.com/locosporlabibliobarrio/photos/gm.1523755387786513/2656712347983904/?type=3&theater
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III. MARCHA “NI UNA MENOS UY”
Miércoles 03 de junio – 17 horas

El Colectivo “Dónde están nuestras gurisas” es un grupo de mujeres que busca visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay. Publicans solamente información fiable, que ha sido previamente corroborada. Alientan a que las contacten ante nuevos casos o ampliación de información.
Este 3 de junio a las 17 horas en Plaza Independencia, junto a otros colectivos y compañeres les invitamos a movilizarnos para denunciar y visibilizar las redes de complicidad que sustentan la explotación sexual y la trata de personas.

¡Protección y justicia para las gurisas explotadas sexualmente!
Que aparezcan todas las gurisas desaparecidas ¿dónde están?
¡Ni una menos por explotación sexual! ¡Ni una menos por la trata!

A quienes no se puedan sumar a la concentración les invitamos a acompañarnos en las redes con los hashtag: #niunamenosuy #noestanperdidas .

www.facebook.com/events/1390870917763879/

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1962 – 29.05.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2019 – 25 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Pablo Alfano, Jorge Marrero, José Rocca, Luis Sabini, Jorge Zabalza.
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
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URUGUAY: IN MEMORIAM DE JOSÉ WASHINGTON RODRÍGUEZ ROCCA – comcosur al día 2251 – 27.05.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020 Hoy:

1) Ecuador: Gobierno abre concurso para más de 3000 radios FM en medio de la crisis del COVID19 /Observacom
2) Uruguay: In Memoriam de José Washington Rodríguez Rocca
3) Uruguay: Luis Parodi renunció a la dirección de la cárcel de Punta de Rieles
4) El mercado de los ejércitos privados se extiende en el mundo /Cecilia Pérez
5) Corte Penal Internacional (CPI) y contraofensiva del Estado de Israel /Luis E. Sabini Fernández
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ECUADOR: GOBIERNO ABRE CONCURSO PARA MÁS DE 3000 RADIOS FM EN MEDIO DE LA CRISIS DEL COVID19

Observacom /Ecuador, 25 de mayo de 2020

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recientemente anunció la apertura del proceso de concurso de frecuencias para radios FM para medios comerciales y comunitarios a nivel nacional.

Se concursará el uso de más de 3000 frecuencias, de las cuales unas mil son para medios comunitarios, de acuerdo con las bases publicadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Sin embargo, apenas una estará disponible en la capital, Quito.

El concurso para postular a una concesión de radio comunitaria tiene requisitos distintos al de las radios privadas, por lo que ambos sectores no competirán entre sí. En todos los casos, se analizarán aspectos técnicos, el plan de gestión y el de sustentabilidad financiera. No se evaluarán los contenidos de la programación.

Entre los requisitos se solicita a los medios privados comerciales detallar la cantidad de empleados, su remuneración y la participación de utilidad de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Este requisito no aplica en el caso de los medios comunitarios.

De acuerdo con el cronograma aprobado, la presentación de solicitudes será solamente hasta el 15 de junio. ARCOTEL tendrá tiempo hasta el 15 de julio para revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos, para luego pasar a la etapa de determinación de la demanda y conocer qué frecuencias pasan a un proceso de adjudicación simplificado (si la demanda es menor a la oferta, es decir, que hay menos interesados que frecuencias disponibles) o a un proceso público competitivo (si la demanda es mayor a la oferta).

El anuncio de resultados está previsto para mediados de septiembre y la suscripción del título habilitante e inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones se haría en octubre, a partir del cual podrían comenzar a operar.

Este llamado a concurso de ARCOTEL se realiza luego de que la Contraloría ordenara anular los concursos de radio y TV convocados en 2016 y realizar un análisis caso por caso de la las 221 frecuencias asignadas en ese momento.

El año pasado ARCOTEL ya había abierto la convocatoria de concurso público para adjudicar frecuencias de televisión (analógica y digital) para medios privados y comunitarios en cuatro provincias. Esto había generado críticas desde el sector comunitario que demandó una convocatoria específica para la creación de radios comunitarias en todas las provincias del país.

Observacom
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
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2) URUGUAY: IN MEMORIAM DE JOSÉ WASHINGTON RODRÍGUEZ ROCCA

Haciendo memoria y rindiendo homenaje a las mujeres y a los hombres que siguen siendo ejemplo para la historia.

María José Rodríguez /Oiga hermano, hermana /22 mayo 2020

JOSÉ WASHINGTON RODRÍGUEZ ROCA – «PETACA»

Fecha de nacimiento: 08/11/42

¡Siempre Presente!

El Compañero José Washington obrero de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima «FUNSA», sale de Uruguay un 13 de abril de 1973,

El día viernes 13 de abril abordó un vuelo de la compañía aérea Pluna, con destino a Buenos Aires, junto a dos compañeros de la organización en la que militaba MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros).

En Buenos Aires (República Argentina) se encontraron con tres compañeros más, quienes habían llegado el día anterior y se dirigieron al norte Argentino para cruzar la frontera hacia Chile.

Ya en Chile, entabló contactos para trasladarse a Cuba, en donde estuvo hasta el año 1976, fecha en la cual partió hacia Italia con destino a Colombia para integrarse al Movimiento 19 de Abril, M-19.

Durante los años 1977 y 1978 estuvo en Cali, Valle del Cauca, enseñando algunas técnicas. El compañero José Washington «Petaca», fue muy cercano a Germán Rojas Niño «Raulito» y al «Costeño».

Algunos compañeros de esa época coinciden al afirmar que pierden la pista de José, entre los años 1978/1980.

En 2019 recibo el testimonio de un compañero de Caquetá, quién me cuenta, que mi papá cayó en combate a comienzos de 1982, en un campamento cerca del Caño San Pedro, el comandante era Conrado Marín. Mi papá había llegado desde la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, con una compañera con material para la Comandancia.

En 2020 establezco comunicación con otro compañero, quién me cuenta, que vio a mi papá en un campamento en Caquetá en marzo de 1980.

Al día de hoy estoy trabajando en la búsqueda de compañeros que me puedan aportar información sobre que le ocurrió, quiero saber de sus últimos años, así podré completar este puzle, que es la vida de mi papá.

Sin conocerlo estoy muy orgullosa de él, de su convicción e ideales, de pelear por un vida digna con igualdad de oportunidades para cada uno de nosotros.

¡No bajo los brazos, mi papá no merece quedar en el olvido!

María José Rodríguez /Oiga hermano, hermana
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
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3) URUGUAY: LUIS PARODI RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN DE LA CÁRCEL DE PUNTA DE RIELES

Petit lo definió como un “referente” para quienes apuestan a sistemas carcelarios orientados a la rehabilitación y la educación.

La Diaria /23 de mayo de 2020

La Unidad 6 de Punta de Rieles es considerada una “cárcel modelo” en Uruguay. Es una cárcel en la que no se registran homicidios, el nivel de conflictividad es bajo y se estima que la reincidencia de quienes pasan por el centro penitenciario es muy inferior a la del resto del sistema.

Su director, Luis Parodi, referente en materia carcelaria, cesó su gestión, que había comenzado en 2014. Parodi trabaja con personas en conflicto con la ley desde 1987. Tras un largo pasaje por el sistema penal adolescente, pasó en comisión en 2012 al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ocupó la subdirección técnica de Punta de Rieles y dos años después pasó a la dirección.

Implementó un modelo que rompió con los esquemas del sistema penitenciario y generó resultados evidentes. El más visible: no hay letalidad.

En la cárcel hay casi 600 personas privadas de libertad que circulan por las 38 hectáreas que ocupa la cárcel. La mayoría de los funcionarios son civiles. Las personas privadas de libertad estudian o trabajan. En la cárcel funcionan 52 emprendimientos productivos. Hay un sistema de préstamos, los presos están incluidos financieramente, pueden agremiarse y pueden tener celular. Los conflictos se dirimen por medio de la palabra, y la presencia de armas blancas es causal de traslado.

En una entrevista con la diaria en setiembre de 2018, Parodi definía a Punta de Rieles como “un balcón en un sótano”. “Es estar de acuerdo con algunos valores ideológicos y ser consecuente con ellos. Es un lugar que se parece al afuera, donde se respetan los derechos. Hay una obsesión con el aprendizaje. Sostenemos dos principios básicos: no humillamos y no sometemos. Otro pilar es que el Estado tiene la responsabilidad ética de ofrecer a todos sus ciudadanos lo más posible. Lo que está en juego es la vida de esta gente, que son uruguayos que están jodidos. Tenemos que hacer que lo que hagan en la cárcel les sirva para algo. Ese algo tiene una intención: ‘que no jodan más’. Después ellos harán o no. Pero la institución tiene que saber lo que quiere con ellos; si yo no quiero que robes más, tengo que hacer algo para lograrlo”, decía, además de sostener que el eje principal es “salir de la lógica del castigo”.

En su carta de renuncia, explica que en “la situación actual de coronavirus, dada mi edad, no estoy en condiciones de cumplir con los compromisos institucionales que abarcan a las personas privadas de libertad, a sus familias, a los compañeros de trabajo (policías y operadores penitenciarios) y a las autoridades que me sostuvieron durante todos estos años”. Por esta situación, afirma, éticamente se siente “obligado” a presentar su renuncia. “Durante estos años hicimos todos los esfuerzos para poder llevar adelante un proyecto que tuviera como eje el respeto absoluto de los derechos humanos, intentando que estos sujetos puedan ejercer su ciudadanía de forma responsable”, explica. Y agrega que “esta propuesta se sostiene con los 52 emprendimientos productivos, los proyectos educativos y culturales, con la educación formal, con la participación de diversas facultades, iglesias y organizaciones de la sociedad civil”.

“Esta propuesta siempre estuvo abierta a recibir todas las formas de ver el mundo con la condición excluyente de que no humille ni someta. En este entendido pasaron en estos años por Punta de Rieles muchas personas que fueron dejando su huella”, expresa. Finalmente, dice que “esta propuesta fue sostenida en una fuerte presencia de la autoridad, tanto en ideas como en horas de trabajo de la dirección”, y por eso entiende que debe dar un paso al costado.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que Parodi “va a quedar en alguna área de asesoramiento del INR en materia carcelaria”. “Vamos a seguir contando con su presencia, no en Punta de Rieles, pero sí trabajando en coordinación con la ejecución de toda la política del INR”, comentó en conferencia de prensa.

Por su parte, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a la diaria que prefiere “esperar hasta que termine este proceso y quede claro si Parodi continúa o no en otro rol”. Sobre su trabajo, manifestó: “Es un símbolo inspirador y un educador absolutamente extraordinario, hay que respetar su reflexión y silencio hasta que esto se dilucide; más allá de eso, es un referente para todos los que imaginamos un sistema carcelario orientado a la rehabilitación y la educación, no hay duda alguna”

La Diara
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
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4) EL MERCADO DE LOS EJÉRCITOS PRIVADOS SE EXTIENDE EN EL MUNDO

Antes de que Silvercorp desembarcara en Venezuela, las empresas estadounidenses que ofrecen servicios militares han actuado en distintos países en las últimas décadas.

Cecilia Pérez /La Diaria, 23 de mayo de 2020

“Estaban trabajando conmigo. Esos son mis muchachos”, dijo el dueño de la empresa estadounidense Silvercorp, Jordan Goudreau. Se refería al grupo de hombres armados que desembarcó días atrás en Venezuela con el plan de capturar y llevar a Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro. Dijo también que Silvercorp se encargó de idear y llevar adelante ese ataque, la “operación Gedeón”, y que su empresa de “soluciones de seguridad” fue contratada por la oposición venezolana.

Las declaraciones de Goudreau son inusuales, así como las características de la fallida operación Gedeón. Pero las empresas que ofrecen servicios militares, incluso el de mercenarios, han sido contratadas para trabajar en distintos países y situaciones.

En Estados Unidos, ese tipo de servicios son legales, a tal punto que han sido contratados por el Estado para actuar en conflictos y guerras en los que se involucró el país. Durante el gobierno de George W Bush fueron muy utilizados para las guerras de Afganistán y de Irak, lanzadas en 2002 y 2003.
En el caso de Irak, estas empresas “contratistas de seguridad” se encargaron de proteger la llamada zona verde de Bagdad, donde se encontraban los servicios diplomáticos extranjeros, aseguraron el traslado de autoridades estadounidenses por el territorio de ese país, cuidaron la seguridad de empresas petroleras que se beneficiaron con contratos para explotar el petróleo iraquí y actuaron como un ejército tercerizado.

El nombre Blackwater

Fue por su actuación en Irak que se hizo conocida en el mundo una de esas empresas, Blackwater, fundada por Erik Prince, que al igual que Goudreau es un ex militar estadounidense. El 16 de setiembre de 2007 mercenarios de Blackwater atacaron en Bagdad la plaza Nisoor cuando estaba repleta de civiles. Mataron a 14 personas y dejaron varios heridos.

Dijeron que debían garantizar la seguridad de un convoy estadounidense que pasaría por allí y que fueron atacados. No era cierto. Se pudo comprobar en un juicio que no enfrentaban ninguna amenaza cuando dispararon contra esas personas desarmadas. Uno de sus empleados fue condenado a cadena perpetua y otros tres recibieron una sentencia de 30 años de cárcel en un proceso judicial que tuvo idas y vueltas.

En 2019, el fundador de Blackwater, la principal empresa de servicios de seguridad y mercenarios, reclutó ex espías para que vigilaran a sindicatos y equipos de campaña de candidatos demócratas al Congreso, según informó _The New York Times_.

Después de ese incidente, Blackwater cambió su nombre a Xe Services, y más tarde pasó a llamarse Academi, pero se mantuvo siempre bajo el liderazgo de Prince. Siguió prestando los mismos servicios y se convirtió en una de las principales empresas de su tipo, con miles de empleados.

Según informó en 2019 el diario The New York Times, Prince se encargó también de otro tipo de servicio. En los últimos años reclutó a ex espías para que utilizaran sus tácticas en Estados Unidos contra organizaciones progresistas, sindicatos y campañas de congresistas del Partido Demócrata. Las operaciones fueron dirigidas en este caso por un grupo conservador, Proyecto Veritas, y el objetivo era conseguir información que permitiera desacreditarlos. Uno de sus blancos, señaló el periódico, fue la Federación Estadounidense de Profesores, y otro, la candidata a congresista demócrata Abigail Spanberger.

Si bien The New York Times no estableció un vínculo entre estas acciones y el gobierno de Donald Trump, a cuya campaña aportó fondos Prince, recordó que la ministra de Educación, Betsy DeVos, es hermana del fundador de Blackwater (DeVos es el apellido de su esposo) y que el creador de Blackwater asesoró a la administración actual durante la transición. También recordó que el Departamento de Justicia investiga si Prince le mintió a la comisión del Congreso que investiga los supuestos vínculos de la campaña electoral de Trump con Rusia.

Debates iniciados

La empresa de Prince es la más conocida, aunque no es la única en su área ni tampoco la única que tuvo incidentes de este tipo, aunque en otros casos no se llegó a una condena judicial.

Otras firmas que ofrecen servicios de seguridad militar son la británica Aegis Defense Services, que también operó en Irak, y las estadounidenses DynCorp, fundada en 1946 y especializada en servicios de aviación militar, y Triple Canopy, formada por ex integrantes de las fuerzas especiales de su país.

Los asesinatos de civiles en la plaza Nisoor no frenaron esta industria ni tampoco a Blackwater, aunque tuvieron repercusiones. El gobierno de Irak le impidió operar en el país y en 2010 el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, le prohibió a esta empresa y a otras siete similares actuar en territorio afgano.

Lo ocurrido en Irak también contribuyó al debate sobre la presencia de este tipo de empresas en las guerras. Se ha discutido qué estatus tienen sus empleados como combatientes, porque no integran ejércitos de ningún país pero combaten con armas y equipamiento de guerra. Se puso sobre la mesa que los mecanismos de control que tiene un gobierno –el de otros poderes del Estado, el contrapeso de la oposición y la vigilancia de la opinión pública– no se transfieren a estas empresas, en particular si se tiene en cuenta que actúan en el extranjero, muchas veces en el marco de conflictos que impiden que las autoridades locales puedan incidir, y con escasa transparencia.

Negocios armados

También se debatió hasta qué punto los estados se hacen cargo de sus políticas de defensa cuando se las encargan a privados, y sobre la protección que les brindan a estos combatientes los convenios firmados entre gobiernos.

Empresas contratistas de seguridad actuaron, por ejemplo, en el marco del Plan Colombia, que comenzó en 1999, y en la Iniciativa Mérida, que se puso en marcha en 2008 en México.

En los dos casos se trató de acuerdos en los que Estados Unidos transfería recursos –mediante capacitación, armas, logística, inteligencia– para combatir el narcotráfico.

Son numerosos los informes que concluyen que la mayoría de esos recursos fueron a manos de empresas privadas estadounidenses. “Los millones que Estados Unidos dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”, decía en 2011 a la BBC el entonces presidente del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado.

Además de habilitar estas prácticas con los recursos destinados a apoyar a otros países, Estados Unidos encuentra otras ventajas en los contratistas. Le permiten tercerizar responsabilidades, y le evitan la necesidad de mantener un ejército permanente más amplio, que responda a situaciones más diversas. Es la empresa la encargada de contratar a las personas que se necesiten, de entrenarlas –aunque es frecuente que recluten ex militares para ahorrarse ese paso– y de lidiar con su muerte en caso de que ocurra. Al Estado sólo le queda encargar la tarea y pagar por los servicios.

En 2009, una comisión parlamentaria estadounidense estudió contratos por 45.000 millones de dólares que el Estado había pagado a empresas de seguridad privada que actuaron en Irak y Afganistán.

En un artículo publicado por El Orden Mundial se estima que las empresas militares y de seguridad privada –incluyendo los servicios más comunes en las ciudades: los de guardias de seguridad, de alarmas, de guardaespaldas– mueven en el mundo 161.000 millones de euros al año, unos 176.000 millones de dólares.

En 2009 se conoció un informe de la Comisión de Contratos de Guerra del Congreso estadounidense. Según sus conclusiones, no se podía establecer cuánto había pagado el Estado a empresas de seguridad privada que actuaron en Irak y Afganistán en 2008, pero los contratos que estudió la comisión equivalían a 45.000 millones de dólares.

Orígenes y destinos

De acuerdo con el informe de la comisión parlamentaria estadounidense de 2009, esos contratos involucraban a 15 empresas y 240.000 personas. Aunque las empresas eran estadounidenses, sólo 20% de los empleados contratados lo eran. El otro 80% se repartía entre quienes fueron reclutados en el lugar donde estaban desplegados y quienes provenían de otros países.

Una subsidiaria de Blackwater, ID Systems, contrató personal en Colombia en varias ocasiones. Con varias décadas de conflicto, y un ejército entrenado con la colaboración de Estados Unidos –y sus contratistas de seguridad–, allí encontraron personas que no requerían entrenamiento para actuar como mercenarios, en muchos casos ex militares. En 2006 la revista Semana publicó el testimonio de un ex capitán y un ex teniente del Ejército de Colombia que denunciaban que fueron estafados por una empresa que los contrató para brindar servicios de seguridad en Irak. Los ex militares dijeron que debieron trabajar más horas de las convenidas, por un sueldo inferior al que les prometieron, y en tareas que no estaban previstas en su contrato. Además, no tenían posibilidad de dejar Irak por su cuenta, explicaron.

Años después, en 2011, un columnista de esa revista, Daniel Coronell, citaba un artículo de The New York Times acerca de la presencia de mercenarios colombianos en Emiratos Árabes. Habían sido reclutados por la misma empresa que antes buscaba personal para enviar a Irak, ID Systems. Pero esta vez los reclutados no eran militares, sino civiles que fueron entrenados por el contratante en Colombia, incluso en instalaciones militares de ese país. “No es política institucional auspiciar empresas, facilitar instalaciones o participar en entrenamientos de contratistas que presten servicios de seguridad en otras naciones”, respondió el Ejército en un comunicado citado por la BBC, pero no negó que esto hubiera ocurrido.

Las empresas de seguridad que requieren personal para combatir en el exterior como mercenarios también han reclutado empleados en Chile, Honduras y El Salvador, entre otros países. Los lugares en los que se despliegan estos ejércitos privados también son variados. Hay reportes sobre su actuación en conflictos como los de Yemen o Libia, por ejemplo.

A la lista de países ahora se sumó Venezuela, y a la de contratantes –que incluye estados, multinacionales que buscan servicios de seguridad (a veces para proteger proyectos extractivos que encuentran resistencia) y grupos políticos como Proyecto Veritas– parece haberse sumado la oposición venezolana. Al menos eso es lo que reconoció Juan José Rendón, que hasta la semana pasada era asesor del dirigente opositor Juan Guaidó y que a raíz de este escándalo se vio obligado a renunciar. Rendón dijo a CNN que contrató a Silvercorp para que explorara formas de sacar del poder a Maduro, aunque aclaró en que no acordó la operación Gedeón.

Rendón dijo que le pagó de su bolsillo 50.000 dólares a Silvercorp. Según un informe publicado por el diario colombiano El Tiempo, cuando los mercenarios que trababan para Goudreau desembarcaron en Venezuela, el titular de Silvercorp y Rendón estaban negociando otro contrato por servicios de la empresa, esta vez por 250 millones de dólares, una cifra muy superior incluso a la recompensa de 15 millones que Estados Unidos ofrece por el presidente venezolano.

Cecilia Pérez /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
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5) CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) Y CONTRAOFENSIVA DEL ESTADO DE ISRAEL

Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/

Si nos dejamos llevar por el periodismo platense, regional y masivo, vamos a introducirnos en una materia estratoférica o galáctica. Sin embargo, trata de usted lector, de mí, de nuestra sociedad, de Occidente…

Desde 2015, cuando ingresó a la Corte Penal Internacional un legajo que acusaba al Estado a Israel de crímenes de guerra contra la población palestina, pasaron casi 5 años, y los jueces de la corte, que cuenta con Fatou Bensouda, una eminencia judicial que ejerce como fiscal de la corte y ha sido considerada entre los cien seres humanos más importantes de nuestro presente, no terminaban su dictamen.

Algunos “signos” preocupaban a EE.UU. e Israel. Que, por ejemplo, se analizara la mera posibilidad de crímenes a sangre fría, como los acontecidos durante las “Marchas por la tierra” que palestinos llevan a cabo desde el 30 de marzo de 2018, sin armas, sin siquiera piedras, y que los israelíes decidieron disolver con violencia y francotiradores que han arrojado la friolera de cientos de muertos, muchos niños entre ellos, y decenas de miles de heridos, sobre todo tullidos, por la política de balear tobillos.(1) Pero en la medida que los informes y análisis de la CPI durante todos estos años se dedicaban a contrapuntear, por ejemplo, los muertos provocados por ataques mediante bombardeos y artillería de tanques israelíes y los generados por las escuálidas incursiones de algunas organizaciones palestinas como Hamas o Yihad, o pasar revista a los mismos palestinos reprimidos por la ANP, (2) el “desarrollo de los acontecimientos” no alarmaba demasiado al eje Israel-EE.-UU.-R.U.

Pese a que la disparidad del poder de fuego, por ejemplo, o el mero cotejo de víctimas da una aplastante superioridad militar, sanitaria, de infraestructura para Israel en relación con el dañado, asediado, estrangulado, fragmentado, pueblo palestino y pese a que se trata de forcejeos de población ocupada contra ejército ocupante, la CPI ha encarado algunos de sus análisis como lucha entre dos adversarios, contendientes, tácitamente equiparables.

Han llegado incluso a sopesar la suficiencia del sistema jurídico israelí para corregir los posibles excesos de sus militares, algo con lo que no se cuenta del lado palestino.

Eran prolegómenos preocupantes, señalados en un excelente análisis por Maureen Clare Murphy (3) que parecieron culminar cuando ya muy a fines de 2019, la CPI decidió no abrir una investigación sobre al asesinato de tripulantes turcos de una nave que viajaba con vituallas hacia la Franja de Gaza en 2010 y fue violentamente abordada. (4)

Pero finalmente, en enero del corriente año, Fatou Bensouda emitió un dictamen que en sus tramos decisivos reza: “Creo firmemente que hay fundamento razonable para proceder con una investigación en Palestina, de acuerdo con el artículo 53 -1 del Estatuto. En resumen, creo sin duda que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en la Margen Occidental, incluyendo Jerusalén y la Franja de Gaza […] y por último no hay razones de peso para creer que una investigación como la propuesta no vaya a servir los intereses de la justicia.” (5)

Tras cinco años de espera, aguante, dudas, equilibrios imposibles, la Corte Penal Internacional toma en su jurisdicción las atrocidades cometidas contra los palestinos por los gobiernos de Israel y EE.UU.

Y aunque ni nos hayamos enterado, los gobiernos de EE.UU. e Israel han estallado en improperios contra semejante desenlace.

Cuando la situación era inminente, a fines de 2019, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, declaró a través de un comunicado oficial: «Nos oponemos firmemente a ésta y cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente». (6)

Palabra de más. Porque EE.UU., debido a su total dependencia de Israel, se va a oponer a cualquier acción contra Israel, sea ella justa o injusta.

“Naturalmente”, también Israel rechaza dicha investigación.
La posición israelí es la característica de los regímenes totalitarios, que a diferencia de los regímenes con derecho liberal, en que se presume a toda persona inocente salvo que se demuestre lo contrario, parten de la base opuesta; todos son culpables o pasibles de cargos (salvo que pudiera demostrarse lo contrario).

Nos “explica” Avigdor Lieberman perteneciente a la cúpula israelí: en Gaza «no hay gente inocente» y «todo el mundo está afiliado a Hamás». (7) Con tales “fundamentos”, los soldados israelíes tienen licencia para matar a cualquier palestino (en realidad a todos, pero cuesta).

Respecto del juego que se hace en la cancha grande, hay un detalle: ni EE.UU. ni Israel constituyen la CPI. Por eso, en enero último, Alemania −desde 1945 tan servicial a los planteos de organizaciones judías para borrar todo lo que pueda entenderse como antisemita− se presenta como amicus curiae de Israel, para plantear en la corte una impugnación contra su derecho a discutir si había crímenes de guerra en los “Territorios Ocupados”, designación que, pese a todo, proviene históricamente de la ONU.

El planteo alemán era, curiosa y penosamente, una invocación a la impunidad. La CPI lo ha desechado.

Y henos aquí, en pleno 2020, con una investigación en marcha para conocer el porqué de tantos muertos palestinos por realizar acciones no violentas: defendiendo su hogar a punto de ser desalojado o derribado, reclamando la tierra robada, sin armas ni piedras, con solo banderas, y tantas otras muertes abusivas por el estilo.

Así ve el The Times of Israel la situación: “La alharaca [sic] de la CPI puede liquidarse en pocos meses con la decisión de la Corte de que no tienen jurisdicción para negociar el conflicto palestino-israelí y simplemente cierran el caso.

No es ninguna sorpresa que los palestinos hayan aplaudido la decisión de la fiscal Fatou Bensouda como si fuera el principio del fin de la impunidad israelí, en tanto el gobierno israelí la denunció como ultrajante, absurda e ilegal de acuerdo con la ley internacional. Netanyahu fue tan lejos como para calificarla de ‘antisemitismo puro’.” (8) Tengo para mí que la fiscal Fatou Bensouda, gambiana, tomó todos los recaudos imaginables, y algunos más, para decidirse a plantear una demanda contra el omnipresente Estado de Israel. Si mi hipótesis es correcta, el insulto de Netanyahu no hace sino refrendar su precaución.

Ante este revés institucional, en nuestras tierras platenses con gobiernos recién estrenados, tenemos actos que uno no puede dejar de asociar con el traspié en la CPI.

En diciembre 2019 un experto italiano, Emanuele Ottolenghi, italiano residente en EE.UU., integrante de la Fundación para la Defensa de la Democracia, viajó a Argentina para advertir al flamante presidente Alberto Fernández que mantuviera ‘la excelente decisión’ de Mauricio Macri, que a mediados del año anterior, antes de terminar su período presidencial, aceptó la sugerencia de ‘ampliar el registro de organizaciones terroristas e incluir entre ellas, a Hezbollah’.

Con la visita de Ottolenghi, el gobierno israelí y sus redes internacionales le recordaron al nuevo presidente argentino la conveniencia de seguir manteniendo en lista de terroristas a Hezbollah.

Porque además, en filas del nuevo gobierno, peronista, apareció “lo habitual” de “el hecho maldito del país burgués”: la especialista en seguridad, funcionaria en esa área con Alberto Fernández, Sabina Frederic, en declaraciones al diario Ámbito Financiero sostuvo que la creación del registro en el que figura Hezbollah es “una imposición de los EE.UU.” y que el terrorismo “es un problema de la OTAN, no nuestro”.

¡Para qué!

Las agencias diplomáticas israelí y estadounidense, a través de sus voceros mediáticos enaltecieron la importancia de seguir los lineamientos que ya se habían obtenido con Macri.

(9) Y el canciller Felipe Solá se apresuró a asegurarle al gobierno israelí que no hay intención de borrar del registro de terroristas al Hezbollah, así tipificado por Macri y sus mandantes. Las cosas “a su sitio” con sincronismo, antes del viaje presidencial a Israel, casi inmediato luego de asumir. (10)

Del lado uruguayo las cosas son más penosas, si cabe.

En los tanteos habituales, de lobby, que los dirigentes de la colectividad israelita del Uruguay suelen hacer al gobierno, a fines de enero se mencionó a Hezbollah y se dijo “situación incambiada”, sin planes para hacer una mudanza de embajada a Jerusalén como es la línea actual del gobierno israelí en su plan de despojo a palestinos. El entonces inminente presidente Lacalle Pou dijo respecto de Hezbollah que el gobierno sigue una lista de la ONU y que, en consecuencia, Uruguay no declararía a Hezbollah organización terrorista. “Pero no lo descartó completamente”.

Hezbollah ha sido declarada organización terrorista por la Unìón Europea, y, claro, por EE.UU. e Israel. Con lo cual resulta casi anómalo que no esté así caracterizado por la ONU. Pero, así las cosas en enero 2020.

Hay que recordar, además, que Uruguay en mayo 2018, en plena cosecha de muerte en la Franja de Gaza del ejército increíblemente llamado de Defensa, de Israel, con gobierno entonces frenteamplista, objetó “la falta de proporcionalidad” israelí ante la protesta palestina. En buen romance, quiere decir que ya ni siquiera piedras, sino gritos son “respondidos” y ahogados en sangre. Directamente. (11)

Pero ahora estamos en 2020 con la Coalición Multicolor. Y el presidente Lacalle Pou participa de una videoconferencia con AJC, Comité Judío Americano y donde “americano” no se refiere a las 3 Américas ni a la América del Sur, ni siquiera a la del Norte, sino pura y exclusivamente a EE.UU.

Luego de la conversación/planteo/consulta/reconvención, vaya uno a saber, el presidente reconoció, literalmente: “Estoy en proceso de cambiar mi opinión”. Y el Semanario Hebreo, de Montevideo lo cita textualmente, así como El País. (12)

No sólo sincera así el lugar preciso de sus callos sino que desnuda su actitud: “Espero cambiar de opinión […] Hace10 meses dije que no, pero espero cambiar mi opinión.” Una declaración filosóficamente insostenible. Que me hace acordar a los “propósitos de enmienda” de los pecadores. Si defendía lo que defendía porque era ética, políticamente sostenible, ¿por qué cambiar? Y si está ansiando cambiar, ¿acaso defendía lo que defendía sin rigor, sin celo por lo verdadero?

Tal vez me esté vedado comprender esos meandros del alma.

Otro ejemplo:

La dirigente de AJC Dina Siegel Vann abordó al presidente Lacalle Pou refiriéndose a la reciente adopción por parte de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA (13) y preguntó qué había motivado a Uruguay para dar ese paso. “Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones, respondió el Presidente”. (14)

Derechos humanos, sin embargo, no son lo que cualquier organización por razones políticas o de poder define como derechos humanos. Pero así estamos hoy: Israel acusa de terrorismo palestino a unos globos incendiarios que los bloqueados, hambreados, gaseados, baleados palestinos arrojan cada tanto sobre territorio ocupado por Israel.

Seguramente llevan fuego; sí. Pero mientras se cuentan por miles los palestinos matados, por decenas de miles los heridos con secuelas programadas por los militares israelíes; decenas los pescadores baleados y asesinados, botes requisados para asfixiar la pesca tradicional palestina; centenares de viviendas derribadas con la política de desalojo y expulsión permanente; deshaciendo las instalaciones de todos tipo; de bombeo de agua, de hospitales, escuelas, estrangulando el suministro eléctrico, provisiones… la destrucción y asfixia sistemática israelí no merece siquiera una mención. Mediáticamente, cero
.
Los “revoltosos” palestinos tiran un manojo de globos, de ésos que se usan en cumpleaños infantiles, con un trapo incendiado, y ahí sí, gran alharaca…

Los israelíes tienen todo un cuerpo jurídico, militar, mediático, para reprimir a lo palestino. Pero no sienten el menor disgusto interior, asco moral, por tratar como tratan a la población originaria de Palestina, que son −ironía de la historia– los descendientes de la Judea histórica, como bien lo sabían sionistas de la primera hora, como el mismísimo David Ben Gurion.

Notas:
(1) Inicialmente, los francotiradores fueron dispuestos para balear caderas, pero la cantidad de hemorragias y muertes en el sitio de la protesta, persuadió a los estrategos sionistas que era más “conveniente” no tantas muertes patentes y más heridos de por vida. Una CPI que mereciera el nombre de tal tendría que calificar estas estrategias y sus resultados como un delito obvio y espeluznante.
(2) Administración Nacional Palestina, un engendro de las tratativas de Oslo, donde los israelíes le ofrecieron el dulce de una administración municipal a la dirección política palestina más afín, con Mahmud Abbas a la cabeza; una administración generosamente financiada por el Estado de Israel y provista de una policía palestina (y muy poco más que ello) entrenada por militares estadounidenses que el gobierno israelí gestionó ágilmente. Como la policía palestina fue construida para perseguir palestinos, los contables de la CPI pueden hacer esas cuentas, que dejan graciosamente afuera de la cuestión a Israel; el verdadero mandante.
(3) “¿Está la CPI a punto de cerrar la puerta de la justicia para Palestina?”, Electronic Intifada, 21 dic. 2019.
(4) Me gustaría remitir a mi nota: “Ante el abordaje violento de los barcos a Gaza: palabras insultantes vs. hechos incontrastables”. Debo aclarar que hay una edición uruguaya, agotada y en forma parcial fue editada en el volumen El racismo de la “democracia” israelí, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.
(5) icc.cpi.int/palestine. 2020.
(6) Alí Murat Alhas, Anadolu Agency, 21/12/2019.
(7) Diego Sacchi, 8 de abril de 2018.
(8) www.timesofisrael.com/the-hague-vs-israel-everything-you-need-to-know-about-the-icc-palestine-probe/.
(9) www.infobae.com/politica/2019/israel-le-pidio-a-alberto-fernandez-que-mantenga-a-hezbollah-en-la-lista-de-grupos-terroristas/
(10) Clarín, Buenos Aires, Natasha Niebieskikwiat, 20/01/2020.
(11) Tomo un día de ejemplo de las muchas decenas de jornadas sangrientas de la Marcha por la Tierra: el 14 de mayo de 2018 hubo 60 asesinados (casi todos mediante francotiradores) y “más de 2700 heridos”. Entre los muertos, un bebé de 8 meses. Crónica de Haidar Eid, “El derecho al retorno, la masacre de Gaza y el regocijo israelí”. Dossier. “www.sinpermiso.info/textos/el-derecho-al-retorno-la-masacre-de-gaza-y-el-regocijo-israeli-dossier. 18 mayo 2018.
(12) El País, Montevideo, 21 mayo, 2020.
(13) International Holocaust Remembrance Alliance. Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La definición de antisemitismo de IHRA amplía el concepto tradicional: es antisemita toda crítica a Israel. Política, institucional, ética. Una curiosa definición que convierte en virtuoso, por no decir divino, todo lo que provenga de lo israelí y que además, confunde en único concepto dos (o tres) tan distintos: judío, sionista e israelí.
(14) www.semanariohebreojai.com/articulo/2772/presidente+lacalle+considerando+declarar+hezbola+organizacion+terrorista.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2251 / miércoles 27.05.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
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URUGUAY: FIGURAS DEL PODER PROCESADOS POR RED DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTES – comcosur mujer 642 – 25.05 .2020

COMCOSUR MUJER / AÑO 17 /No. 642 /lunes 25.05.2020 – Hoy:

1) Alemania: COVID-19: Piden mantener prohibición de prostitución
2) Ecuador: En la cuarentena se dispara violencia doméstica contra la mujer.
3) El Salvador: La pandemia del autoritarismo
4) México: Trabajadoras del hogar, de las primeras despedidas por el COVID-19
5) Uruguay: Ediles de la oposición no votaron la iniciativa para designar pasajes de La Tablada con los nombres de tres desaparecidas
6) Uruguay: Figuras del poder procesados por red de trata y explotación sexual de adolescentes
7) Cómo evitar que la pandemia afecte a los avances en igualdad de género
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 642 – Lunes 25 de mayo de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ALEMANIA: COVID-19: PIDEN MANTENER PROHIBICIÓN DE PROSTITUCIÓN

Un grupo de 16 diputadas y diputados alemanes pidió en una carta abierta a los gobiernos estatales, que no levanten las medidas que prohíben la prostitución durante la emergencia sanitaria.

Las medidas sanitarias no deberían de relajarse: “Es obvio que la prostitución tendría el mismo impacto como un Superspreader‘(persona que contagia a grandes grupos, en inglés), ya que actos sexuales no son compatibles con el distanciamiento social“, escribieron. A la hora de rastrear las cadenas de infección, lo más probable sería que las personas entrevistadas oculten contactos con mujeres explotadas sexualmente, argumentaron.

La carta fue firmada por 16 diputadas y diputados de los partidos del gobierno, los cristiano-demócratas y socialdemócratas. Sin embargo, representan una fracción mínima del parlamento alemán, con actualmente 709 escaños. Las y los políticos insistieron que abogan por la prohibición de la prostitución en general. Se trataría en la mayoría de los casos de una actividad misógina, degradante y destructora, a la que las mujeres son forzadas.

El actual cierre de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres, confirmaría que éstas no tienen acceso a un registro formal, a vivienda y servicios de salud, y que son dependientes de sus proxenetas. “A estas mujeres, no les ayuda la reapertura de burdeles, sino una formación o actividad en una profesión con un salario digno”, afirmaron las y los diputados.

El grupo aconsejó introducir medidas de asistencia para que las mujeres- en su mayoría provenientes de países del este de Europa- puedan hacer cursos de idiomas y terapias, así como acceder a vivienda y servicios de salud, como lo preve el “modelo nórdico”. De acuerdo con las y los autores de la carta, “hay 33 mil mujeres registradas como prostitutas en Alemania”, pero en realidad serían más de 400 mil.

Alemania, un destino del turismo sexual

En Alemania, la prostitución es legal, y la mayoría de las corrientes políticas, sobre todo liberales y de izquierda, argumentan que regular la industria del sexo significa mejorar las condiciones para “trabajadoras sexuales”. Con muchos países vecinos, como Escandinavia y Francia, siguiendo una política abolicionista, el país se ha convertido en un destino para turistas sexuales desde la legalización en 2001. De acuerdo a la “Ley de Protección de Prostitutas”, aprobada en 2016, las mujeres y hombres pueden registrarse y con eso acceder a servicios de salud y ser más protegidas del crimen organizado.

Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha demostrado que muchas de ellas siguen viviendo condiciones de vulnerabilidad. Como una de las medidas que se implementaron a mediados de marzo 2020 para contrarrestar la pandemia, se prohibió la prostitución en varias entidades. De inmediato, hubo reportes de mujeres que perdieron sus viviendas. Ellas vivían en los mismos lugares donde se les explota sexualmente- práctica prohibida por ley pero de hecho tolerada por las autoridades. Con el anuncio de las medidas, sus proxenetas las echaron de las casas, porque no podían “trabajar”.

Asimismo, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no tenía ahorros para sobrevivir meses. No podían acceder a las ayudas financieras que el Estado alemán repartió a trabajadoras y trabajadores independientes, porque no se habían “registrado como prostitutas” y no tenían facturas fiscales, hecho que contradice los argumentos de la política reguladora que persigue el Estado.

La carta de las y los diputados fue criticada por otras parlamentarias y parlamentarios. La iniciativa sería “completamente inútil”, dijo el portavoz de política familiar de los cristiano-demócratas, Marcus Weinberg, al periódico “Bild”. Una prohibición “obligaría a las mujeres a entrar en sótanos oscuros y en la ilegalidad”, continuó. La Secretaría Federal de las Mujeres respondió que prohibir la prostitución no era “propicio para alcanzar el objetivo”. Esto “llevaría a las prostitutas más a la ilegalidad”, advirtió Dirk Peglow, vicepresidente de la Federación de Investigadores Criminales.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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2) ECUADOR: EN LA CUARENTENA SE DISPARA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER.

Un reciente estudio realizado en Ecuador por el programa PreViMujer de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ sobre la violencia hacia la mujer en tiempos de cuarentena a causa del COVID-19, revela que la violencia doméstica contra las mujeres se incrementó en un 30%.

El documento contiene recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, con el fin de que se adopten medidas de prevención durante y después de la emergencia.

Escuchar audio: www.aler.org/node/7381?fbclid=IwAR3k3ExC6dkJcrf9Ds9p6FVdwqiTCrLsxkN7SNqq0hoH0bFTUYa45EuMt38

COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020

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3) EL SALVADOR: LA PANDEMIA DEL AUTORITARISMO

El Salvador lleva más de 60 días en estricta cuarentena vigilada por la policía y las fuerzas militares. Cualquier acto interpretado como una violación a la cuarentena puede costar la violación de los derechos humanos.

En febrero de este año el presidente Nayib Bukele ordenó rodear la Asamblea Legislativa de fuerzas militares como estrategia de presión para lograr el respaldo que le permita tomar crédito por 109 millones de dólares para la compra de armamento.

Para organizaciones feministas, de derechos humanos y partidos como el FMLN lo que hizo Nayib Bukele fue un autogolpe. Para buena parte de la población trajo resonancias de la última dictadura y de los años previos a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

A pesar de la pandemia, las tensiones entre el presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y el poder judicial no cesaron. La diputada nacional por el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y doctora en medicina Rina Araujo afirmó que el día en el que se anunció por cadena nacional el decreto de cuarentena se registraron torturas en vía pública y se detuvieron a 2800 personas.

“Fueron llevadas a centros de contención. No tenían agua, en camarotes a menos de 50 centímetros, en una total violación a los derechos humanos, así hemos estado manejando la pandemia”, advirtió la diputada.

La periodista feminista, Clancy Rosa, de la Revista La Brújula sostuvo que El Salvador pasa por un momento de “inestabilidad social, política y jurídica. El presidente ha sacado decretos que sobrepasan sus atribuciones constitucionales y se ha tomado atribuciones que le corresponden estrictamente a la Asamblea Legislativa”.

“Se vive un momento de muchísima incertidumbre. Políticamente hablando, una de las grandes dificultades es tener en el Ejecutivo a un presidente que está queriendo obtener a cualquier costo el manejo de todo el poder del Estado”, y adviritó que “el presidente a desacatado cualquier resolución que ha venido de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos las consideraciones que puedan venir de la Asamblea Legislativa”, dijo la diputada del FMLN.

La diputada Rina Araujo informó que el presidente veta todas las resoluciones del poder legislativo. “Todo lo que hacemos en este pleno y que viene de cualquier grupo parlamentario, es vetado. Llevamos casi nueve vetos”, afirmó.

La situación económica golpea particularmente a los sectores más pobres y la clase trabajadora cuyos índices dan cuenta de un 80 por ciento de informalidad. La cronista de la Revista La Brújula afirmó que “gran parte de la población se dedica a la venta informa y también las pequeñas y medianas empresas, han cerrado porque después de dos meses no han podido garantizar los salarios a sus trabajadorxs” y añadió que, no se ha pensado un plan que pueda aliviar a este sector, la gente se enfrenta a“morir de coronavirus o morir de hambre”

Otro aspecto preocupante en El Salvador es la perscusión a las organizaciones feministas y el nivel de violencia contra las mujeres, lesbianas, gays y personas trans. Según la diputada Araujo en timpos de cuarentena“tenemos más femicidios que personas fallecidas por covid”. Clancy Rosa señaló que “se estima que en el primer mes de confinamiento había como 150 denuncias por violencia de género. El gobierno no se ha pronunciado por los femicidios que ya vamos por 17 femicidios en cuarentena.”

La diputada Rina Araujo no duda en afirmar que “en este momento no tenemos una condición de democracia. Venimos de una guerra. Yo diría que en este momento la democracia está totalmente agredida. No hay un sistema democrático. Hay un sistema autoritario” y en el marco de la emergencia sanitaria mundial “la pandemia se usa para generar estos Estados autoritarios”, advirtió la periodista Clancy Rosa.

Estas son algunas claves para entender en qué contexto llega la pandemia de coronavirus a El Salvador.

Aquí la entrevista con la Diputada Nacional por el FMLN Rina Araujo y la crónica de la periodista Clancy Rosa de la “Revista La Brújula. Periodismo Feminista”

Ir al audio: fmlatribu.com/noticias/2020/05/23/el-salvador-la-pandemia-del-autoritarismo/

COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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4) MÉXICO: TRABAJADORAS DEL HOGAR, DE LAS PRIMERAS DESPEDIDAS POR EL COVID-19

En México, durante la presente pandemia del coronavirus, las trabajadoras del hogar fueron unas de las primeras personas en ser despedidas de sus empleos o mandadas a sus casas a descansar pero sin goce de sueldo, señaló Marcela Azuela Gómez, coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar, al participar en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Muchas de las trabajadoras del hogar son jefas de familia y otras se encargan de cuidar a sus padres y madres, que ya son personas mayores, por lo que al haber sido despedidas a causa de la contingencia por el COVID-19 están viviendo una situación de miseria y de mucha dificultad para sacar adelante a sus familias.

Además, entre las trabajadoras del hogar también hay muchas en riesgo de contraer el coronavirus; por ser adultas mayores, tener enfermedades cardiovasculares o diabetes, agregó Azuela, en el diálogo que formó parte del seminario on line ‘El Derecho frente a la pandemia del COVID-19’.

Aunado a quienes han sido despedidas o ‘descansadas’ está el caso de algunas trabajadoras del hogar que deseaban quedarse en sus casas, para cuidar su salud y la de los otros, pero sus empleadores no se los permitieron, con el fin de que se queden con ellos toda la cuarentena, durante la cual están laborando muchas horas más que antes, pues con las nuevas medidas de higiene, tienen que desinfectar y limpiar más cosas, hacerlo por más tiempo o más veces.

Y algunas se han quedado a trabajar también los domingos; por lo que no están descansando. Ante esta situación, Marcela Azuela recordó que, incluso si viven en la casa de sus empleadores, la jornada laboral de las trabajadoras del hogar es máximo de ocho horas, otras ocho horas son para que descansen y las restantes ocho horas del día tienen el derecho de destinarlas a hacer lo que ellas quieran, incluso en estos tiempos de encierro.

Sólo el 1% de las trabajadoras del hogar tienen seguridad social

En otro orden de ideas, la coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar dijo que, en México, las trabajadoras del hogar son personas que viven múltiples situaciones de discriminación: por ser mujeres, por tener un nivel educativo casi siempre bajo y por tener un nivel económico bajo también.

Tampoco se pueden organizar, como sucede en otros trabajos en donde el colectivo les indica, explica y enseña cuáles son sus derechos laborales; por lo que las trabajadoras del hogar difícilmente saben que tienen derechos, “así de grave es la situación”.

Uno de esos derechos más complicados de garantizar a las trabajadoras del hogar es el de contar con seguridad social. Aunque, ciertamente, el año pasado, el 30 de marzo – Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar-, en México se dio a conocer un programa piloto para que este sector de la población pueda acceder a la seguridad social, con los mismos derechos y garantías que otros trabajadores.

No obstante que el próximo mes de octubre este programa dejará de ser piloto para volverse obligatorio, la realidad actual es que de las dos millones 480 mil 466 trabajadoras del hogar que hay en este país, únicamente 22 mil cuenta con seguridad social, es decir, poco menos del 1%.

Por lo que en el transcurso de esta pandemia y confinamiento, “me atrevo a suponer que las personas que sí tienen seguridad social no son a las que han despedido o a las que han mandado a sus casas a descansar”.

Si bien Azuela Gómez es consciente de que la situación económica generada por el COVID-19 es difícil para todas y todos, como muestran las cifras de desempleo y el pronóstico de que habrá un aumento de personas que caerán en condición de pobreza, recomienda a las y los empleadoras de las trabajadoras del hogar actuar de la manera más justa posible con ellas.

Por ejemplo, si a una persona le redujeron el 10% de su sueldo, que haga lo mismo con su trabajadora del hogar, es decir, le reduzca en 10% su salario; pero que no la despida. Y es que cualquier persona que emplee a una trabajadora del hogar tiene en sus manos la oportunidad de ser solidaria con ella, de garantizarle sus derechos, de poder enfrentar juntas la pandemia y de cuidarse entre ambas.

Por último, Marcela Azuela compartió una serie de sugerencias para tratar con todo respeto a las trabajadoras del hogar durante la pandemia: acercarles información sobre la contingencia, en un lenguaje claro y sencillo; evitar obligarlas a cuidar a personas con síntomas o afecciones respiratorias; no propiciar que descuiden a sus propias familias (por atender la de su empleador); hacer equipo con ellas para revisar la mejor manera de cumplir con las medidas básicas de higiene.

En caso de tener que suspenderse la presencia de las trabajadoras del hogar por las medidas de distanciamiento social, los empleadores tienen la obligación de seguirles pagando sus sueldos, como ocurriría en caso de enfermedad; y de garantizarles sus derechos laborales; porque “despedirlas por temor al COVID-19 sería un despido injustificado y un daño a su economía y a la del país”.

Mesa

Además de Marcela Azuela Gómez, coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar, en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’ también participaron el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); y la Mtra. Tania Espinosa Sánchez, coordinadora de WIEGO en México.

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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5) URUGUAY: EDILES DE LA OPOSICIÓN NO VOTARON LA INICIATIVA PARA DESIGNAR PASAJES DE LA TABLADA CON LOS NOMBRES DE TRES DESAPARECIDAS

El proyecto fue presentado por la sociedad civil; no podrá volver a ser tratado hasta el próximo período.

En mayo del año pasado, la Comisión Memoria de La Tablada (Cometa) – integrada por sobrevivientes del ex centro de detención y organizaciones barriales y sociales- logró que el ex centro de represión La Tablada, ubicado en Camino Melilla, fuera declarado un sitio de memoria. Era un paso importante para transformar un lugar que fue de “destrucción, despersonalización e impunidad” en un lugar “de respeto y futuro”, decía por ese entonces a la diaria Ivonne Klinger, ex presa política e integrante de
Cometa.

El siguiente paso era nombrar los tres pasajes que conducen a La Tablada con el nombre de tres mujeres desaparecidas durante la dictadura: Amelia Sanjurjo, Célica Gómez y Carolina Barrientos. “Ponerle el nombre de compañeras desaparecidas cuando la mayoría de las calles tienen nombres de varones es muy importante”, dijo Klinger. La iniciativa fue promovida por Cometa, organizaciones sociales y vecinales de la zona, el grupo Tradicionalista Troperos de La Tablada, el grupo de extensión universitaria
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, el Municipio G y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la iniciativa quedó trunca el jueves, tras una sesión de varias horas en la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Martín Nessi, edil del Frente Amplio (FA), contó a la diaria que había 12 puntos referentes a nomenclaturas para tratar en la sesión: “Para aprobar los puntos necesitamos 21 votos, una mayoría especial, pero esta vez la oposición no acompañó con los votos. Ellos entendían que, en el marco de la situación
actual de emergencia, la JDM debía votar cosas que fueran relevantes para la ciudadanía, de lo cual se desprende que este tema no es relevante para ellos”.

El edil nacionalista Javier Barrios dijo a la diaria que la votación no tuvo carácter “político-ideológico”. Explicó que había varias propuestas de nomenclatura para votar y su bancada entendió que, en las sesiones especiales, había temas “más urgentes que tratar”, como el decreto “tan comentado” de la obligatoriedad del uso de tapabocas en los ómnibus que firmó la Intendencia de Montevideo. Agregó que la oposición quería saber si se estaba cumpliendo con la normativa de la cuota que tiene la JDM para
la designación de calles y, por ese motivo, solicitaron que los proyectos volvieran a la comisión de nomenclatura. “Le advertimos al FA que si volvía a comisión, se podía volver a tratar dentro de un mes. El FA prefería sacrificar los nombres porque sabía que no tenía los votos, esa fue su decisión”, afirmó.

Barrios cuestionó que se le quiera dar un “tinte político” al tema: “De la misma forma que hace dos sesiones decidimos no votar multas, porque entendíamos que no era el momento para imponer multas a la gente, creímos que este no era el momento de votar nomenclaturas. Los nombres salen por unanimidad en la Junta. Nosotros estamos de acuerdo con el reconocimiento del pasado reciente y con todo lo que tenga que ver con
traer a la memoria estos hechos para que no se vuelvan a cometer nunca más”.

Para Klinger, no hay argumento que justifique la negativa de nombrar “tres callecitas de tierra, que actualmente no tienen nombre y que están dentro del predio otorgado a la Comisión de Memoria de la Tablada”. “No nos cabe ninguna explicación”, argumentó. Además, señaló la contradicción entre esta decisión y la visita de este viernes de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, al Batallón 14, donde manifestaron su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. “Era una cuestión de homenajearlas. No entendemos la negativa en un tema teóricamente administrativo, no nos parece pertinente. Me parece tan cruel”, dijo Klinger.

Amelia, Célica y Carolina

Amelia Sanjurjo:
Tenía 41 años y trabajaba en la editorial Mundo Libro. Militaba en el Partido Comunista del Uruguay. La detuvieron el 2 de noviembre de 1977 en su casa. Según el informe de la Comisión para la Paz, la trasladaron al centro de detención clandestino Base Roberto, en La Tablada, dirigido por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas. El 8 de noviembre, según el informe, intentaron llevarla a la sala de torturas, pero se resistió y la golpearon, lo que “ocasiona su muerte”. Estaba embarazada.

Célica Gómez:
Tenía 29 años y era empleada en la Sección Facturación en la Agencia Oficial de Noticias Argentinas. No militaba en ningún partido. Era hermana de un exiliado del Partido Comunista Revolucionario. El 3 de enero de 1978 la secuestraron al salir de su trabajo en Buenos Aires. Luego de estar en centros de detención argentinos, fue trasladada a Uruguay en el marco de un operativo del Plan Cóndor. Fue vista por última vez en La Tablada.

Carolina Barrientos:
Tenía 37 años y era docente y doctora en Química. Fue secuestrada en la madrugada del 30 de diciembre de 1977, en su apartamento en Buenos Aires. Según información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, probablemente estuviera vinculada al Partido Comunista Revolucionario. El último lugar donde se la vio fue en La Tablada. Según testimonios, fue trasladada junto a un grupo de uruguayos probablemente por mar desde Argentina a Uruguay.

Mariana Cianelli /La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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6) URUGUAY: FIGURAS DEL PODER PROCESADOS POR RED DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTES

En los días pasados se dio a conocer el procesamiento de cinco hombres por explotación sexual de menores. Los involucrados son figuras relacionadas con el poder: un diputado suplente del Partido Colorado, un ex juez, un dueño de un boliche de música electrónica, un arquitecto y un ex asesor de la URSEA.

Los cinco fueron procesados sin prisión, sólo les aplicaron una prohibición de acercamiento a las víctimas, provocando indignación en la sociedad, tal como se pudo percibir a través de las redes sociales.

Ellos son:

Washington Balliva, abogado, ex juez Penal, de Menores y de Aduanas y asesor en seguridad
Nicolás Ortiz, docente del Elbio Fernández y Diputado Suplente por el Partido Colorado (sector Ciudadanos)
Miguel Ángel Larramendi, abogado, ex asesor de la URSEA nombrado en el 2014 y docente de Derecho Administrativo de la Udelar
Nicolás Chirico, empresario nocturno, propietario de La Terraza y organizador de fiestas electrónicas en Punta del Este
Mauricio Zardo Cabrera, arquitecto

Según lo que se dio a conocer a través de los medios, los contactos comenzaron a través de una página web donde personas ofrecen servicios sexuales de toda clase sin pagar comisiones. La página funciona también en Argentina. Luego, acordaban a través de conversaciones privadas donde participaban los involucrados y las adolescentes. Según se informó en medios nacionales, una de las muchachas involucradas apareció muerta en la desembocadura del arroyo Solís después de estar desaparecida algunos días. La última vez que se supo de ella se dirigía a la terminal de Tres Cruces para viajar a Punta del Este. Los chats en los celulares de las adolescentes revelaron datos para la investigación.

Un Estado proxeneta

La noticia causó indignación en la sociedad uruguaya. Siempre causa estupor cuando se conoce este tipo de casos, donde quienes son los responsables de impartir justicia y garantizar derechos, están involucrados por participar en este tipo de delitos atroces.

Sin embargo, para nosotras este tipo de casos no nos parecen sorprendentes. Desde Pan y Rosas venimos denunciando hace mucho tiempo la complicidad del Estado y demás entramado del poder en los casos de trata de personas y explotación sexual. Cada vez que desaparece una muchacha apuntamos a que detrás de estas desapariciones hay redes delictivas, muchas de ellas incluso funcionan de forma internacional.

Existe todo un entramado que incluye a políticos, fuerzas de seguridad, y hasta a la misma Justicia, que son cómplices para que este tipo de delitos se puedan desarrollar de manera impune y a la vista se todos. En diferentes puntos del país, vecinos han denunciado en muchas ocasiones situaciones extrañas, vehículos sospechosos, etc. y sin embargo se desestiman estas declaraciones sin investigar.

Nuevamente el silencio de Argimón y los eufemismos de Talvi

La vicepresidente – que se denomina feminista – aún no opinó públicamente acerca de este caso indignante. En las últimas horas, según trascendió en sus redes sociales, mantuvo reuniones con organizaciones que velan por los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, se mantuvo sin comentarios respecto a este caso donde están involucrados allegados al poder. Nuevamente queda visible cómo los derechos de las mujeres son puro discurso electoral para los integrantes de la coalición, ya que en palabras o hechos nos siguen violentando.

Para que realmente sea posible el «Ni una menos», no basta con marchar o desfilar con pancartas mientras nos mantenemos al margen de este tipo de casos. Para que se haga realidad el «Ni una menos» es necesario terminar con la impunidad, denunciar y repudiar enérgicamente a todas las estructuras y personajes que son partícipes de la trata y explotación sexual. El silencio – provenga de coalición de derecha o de izquierda – los hace cómplices.

Tampoco podemos dejar de señalar el comentario a través de redes que realizó Ernesto Talvi. El canciller trató de disimular y minimizar la gravedad de la acusación, apelando a la presunción de inocencia de su compañero de partido, Nicolás Ortiz. El diputado suplente quedó suspendido en el ejercicio de sus derechos como afiliado del Partido Colorado, su caso será tratado por la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. Además, fue desvinculado de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, donde Ortiz ejercía como docente. Sin embargo, esta serie de medidas no llegan a estar a la altura de las circunstancias.

Basta de impunidad

Concordamos con las palabras de nuestra compañera Andrea D´Atri, fundadora de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas: «La verdadera inseguridad que afecta a las mujeres es la impunidad con la que pueden actuar los tratantes, proxenetas y femicidas, la mayoría de las veces con la complicidad activa de las fuerzas de seguridad».

Esta penosa realidad se vive en toda la región. Detrás de desapariciones y cuerpos que son descartados sin jamás lograr esclarecer las causas, están detrás estas organizaciones.

Muchas veces los gobiernos fortalecen las fuerzas de seguridad que terminan siendo cómplices y pieza fundamental para que se puedan desarrollar las redes de trata y prostitución.

El Estado condena a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad, las somete y las expone al abuso y explotación sexual donde políticos, policías y jueces garantizan el funcionamiento de este tipo de negocios.

Por eso, es esencial que las mujeres y disidencias nos organicemos para demostrar que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Tenemos que dar pelea contra aquellos que hacen sus fortunas a costas de nuestras vidas. Es importante visibilizar esta situación que se vive en Uruguay, especialmente en el interior, en las zonas fronterizas, en las zonas de puertos. Es necesario luchar organizadas para tirar abajo todas estas estructuras podridas que nos siguen poniendo en peligro, sometiendo nuestros cuerpos de las peores formas.

Desde Pan y Rosas seguiremos luchando para que se termine la impunidad y la explotación, y que se condenen a los responsables. Seguiremos gritando ¡Ni una menos! y dejando bien claro que al patriarcado lo vamos a tirar, y no habrá retorno.

Laizquierdadiario / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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7) CÓMO EVITAR QUE LA PANDEMIA AFECTE A LOS AVANCES EN IGUALDAD DE GÉNERO

ONU mujeres ha denunciado que la crisis de la COVID-19 está afectando a mujeres y niñas en áreas, como la salud, la seguridad, la estabilidad laboral, la obtención de ingresos, los trabajos de cuidados y la violencia doméstica y de género.

La pandemia ha puesto en peligro muchos de los avances en igualdad de género que se habían alcanzado. Para recuperar el terreno perdido, las empresas deben tomar medidas con un claro enfoque de género que:

Garanticen la igualdad de representación en la planificación y la toma de decisiones relativas a la COVID-19.

Impulsen un cambio en pro de la igualdad en las cuestiones relativas a los cuidados remunerados y no remunerados.

Incluyan a mujeres y niñas en las acciones empresariales que aborden el impacto socioeconómico de la COVID-19.

Pero, ¿están preparadas las organizaciones para llevar a la práctica estas acciones? ¿Qué ventajas supondrían para las organizaciones?

La RSG, una estrategia transversal en las organizaciones

Aunque en el ámbito empresarial la perspectiva de género solo se ha tratado parcialmente, comienza a ser considerada un principio a tomar en cuenta en el desarrollo del modelo de negocio y la cultura empresarial.

Esta evolución deberá conducir hacia el desarrollo del concepto de Responsabilidad Social de Género (RSG), con el que se busca promover la igualdad y la no discriminación por género en las empresas.

Muchos especialistas proponen una estrategia transversal de RSG que, además de las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos, incluya los procesos de producción, aprovisionamiento, marketing y gobernanza de la empresa.

Esta estrategia seguiría el esquema del Libro Verde para la RSE que define dos líneas de trabajo, la interna y la externa.

Ámbitos de la responsabilidad social como marco para la integración de la igualdad de género

Ámbitos de la Responsabilidad Social como marco para la integración de la igualdad de género (Responsabilidad Social de Género – RSG) Fuente: Elaboración propia a partir de Libro Verde para la RSE.

La dimensión interna contempla las áreas de gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación al cambio, y gestión del impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

La dimensión externa pone el foco en las comunidades en las que opera la empresa; los proveedores, los consumidores y los socios comerciales; los derechos humanos, y los problemas ecológicos a escala mundial.

Ambas dimensiones son igualmente relevantes y trabajar en ellas, durante y después de la COVID-19, puede ser una gran baza para las organizaciones.

Las recomendaciones de ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas

Ante la crisis de la Covid-19, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas señalan cinco ámbitos en los que el sector privado debería actuar bajo el enfoque de género:

En el liderazgo, implementando políticas y respuestas a la crisis que refuercen la comunicación con las y los trabajadores y apoyen el teletrabajo.
En el lugar de trabajo, para facilitar la flexibilidad, promover las corresponsabilidades de cuidado. Se ha de prestar especial atención y apoyo a la salud física y mental de los y las trabajadoras, y, muy en particular, a la violencia de género durante el confinamiento.

En relación al mercado, potenciando y visibilizando la actividad de mujeres empresarias locales, bien por haberse visto afectadas por la crisis o por su eficaz gestión de la misma.

En la comunidad, subvencionando organizaciones de apoyo a colectivos vulnerables, haciendo donaciones a la comunidad, o estableciendo moratorias en el pago de alquileres o servicios, entre otras acciones.

En transparencia e informes, informando de las repercusiones económicas de la pandemia, los casos de violencia y abusos en confinamiento, así como de las tasas de infección diferenciadas por género, como parte de su compromiso con los [Principios de Empoderamiento Femenino (PEM)](www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.
Junto a lo anterior, ¿qué más pueden hacer las organizaciones?

En el frente interno se debe:

Gestionar los procesos de adaptación al cambio, sin acrecentar las brechas de género existentes, ni afectar la sostenibilidad de las políticas de igualdad.
Abordar la gestión del impacto medioambiental y de los recursos naturales bajo el enfoque de género desde una triple consideración: liderazgo, ciencia y tecnología, y compromiso a largo plazo.

En el frente externo hay que:

Aplicar los criterios de RSG a los eslabones de la cadena de valor, proveedores, consumidores y socios comerciales, sobre los que la empresa puede ejercer cierto control.

Apoyar el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres.

Incluir el enfoque de género en su visión de los problemas ecológicos globales.
La gestión de la crisis, ¿cambia según el género?

Resulta de gran interés observar las diferentes formas en las que los gobernantes han afrontado esta crisis.

Dada la menor participación política de las mujeres, son muy pocas las que han estado al frente de la gestión de la pandemia. Pero, por diversas razones, sus decisiones están siendo objeto de una especial atención.

En el futuro, el estudio y análisis de algunas de las medidas tomadas por estas mujeres, así como de sus estilos de liderazgo, podrán servir de referencia útil para las y los líderes de las organizaciones.

Parece que la virtud de aceptar y expresar su vulnerabilidad les ha permitido ofrecer respuestas más rápidas, eficaces y sostenibles ante esta crisis, y probablemente ayudará a sus países a estar mejor preparados para crisis futuras.

También las empresas deben cuidar de los suyos

De esta pandemia, y de sus consecuencias económicas, saldrán reforzadas en términos de responsabilidad social las organizaciones que hayan sido capaces de poner el cuidado de las personas en el centro de sus decisiones.

Así lo reflejan los resultados de la última encuesta de Reputation Institute en Estados Unidos: el 59% de los encuestados cree que cómo afronten las empresas ahora la gestión de los despidos, bajas por enfermedad, etc. afectará a su reputación a largo plazo.

En definitiva: tras el tsunami de la COVID-19, las empresas serán juzgadas, sobre todo, por cómo hayan tratado a sus empleados y empleadas.

María Teresa Gallo Rivera, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá.

Elena Mañas Alcón, doctora en Economía. Profesora Titular de Economía Aplicada. Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa e Investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá

The conversation / Rebelion / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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INGRATA TAREA – Jorge Zabalza – comcosur informa 1961 -22.05.2020

COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1961 – 22.05.2020 – Hoy:

1) Volver a la «normalidad» es autocondenarse /Leonardo Boff
2) Ingrata tarea /Jorge Zabalza
3) Uruguay: Un pastor evangélico y cantante de rock al frente de la Dirección de Apoyo al Liberado /Sudestada
4) Uruguay, en secreto, pagó medio millón de dólares al tribunal del litigio con Aratirí /Víctor L. Bacchetta
5) ¿A quién salvar? /Kintto Lucas
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Charla del Colectivo “Donde están nuestras gurisas”
II. Ciclo “Músicas mujeres desde casa” – Teatro Florencio Sánchez
III. Recital: Gabriela Rodríguez, Malí Guzmán y Rodrigo Calzada
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) VOLVER A LA «NORMALIDAD» ES AUTOCONDENARSE

Por Leonardo Boff /leonardoBoff.com /06.05.2020

Cuando pase la pandemia del coronavirus no nos estará permitido volver a la «normalidad» anterior. Sería, en primer lugar, un desprecio a los miles de personas que han muerto asfixiadas por el virus, y una falta de solidaridad con sus familiares y amigos. En segundo lugar, sería la demostración de que no hemos aprendido el mensaje de lo que, más que una crisis, es un llamado urgente a cambiar nuestra forma de vivir en nuestra única Casa Común. Se trata de un llamamiento de la propia Tierra viva, ese superorganismo autorregulado del que somos su parte inteligente y consciente.

El sistema actual pone en peligro las bases de la vida

Volver a la anterior configuración del mundo, hegemonizado por el capitalismo neoliberal, incapaz de resolver sus contradicciones internas –y cuyo ADN es su voracidad por un crecimiento ilimitado a costa de la sobreexplotación de la naturaleza y la indiferencia ante la pobreza y la miseria de la gran mayoría de la humanidad producida por ella–, es olvidar que dicha configuración está sacudiendo los cimientos ecológicos que sostienen toda la Vida en el planeta. Volver a la “normalidad” anterior (business as usual) sería prolongar una situación que podría implicar nuestra propia destrucción.

Si no hacemos una «conversión ecológica radical», en palabras del Papa Francisco, la Tierra viva podrá reaccionar y contraatacar con virus aún más violentos, capaces de hacer desaparecer a la especie humana. Ésta no es una opinión meramente personal, sino la opinión de muchos biólogos, cosmólogos y ecologistas que están estudiando sistemáticamente la creciente degradación de los sistemas-Vida y del sistema-Tierra. Hace diez años (2010), como resultado de mis investigaciones en cosmología y en el nuevo paradigma ecológico, escribí el libro Cuidar la Tierra-proteger la vida: cómo evitar el fin del mundo (Dabar, México). Los pronósticos que adelantaba han sido confirmados plenamente por la situación actual.

El proyecto capitalista y neoliberal ha sido rechazado

Una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es la siguiente: si se hubieran seguido los ideales del capitalismo neoliberal –competencia, acumulación privada, individualismo, primacía del mercado sobre la vida y minimización del Estado– la mayoría de la humanidad estaría perdida. Lo que nos ha salvado ha sido la cooperación, la interdependencia de todos con todos, la solidaridad y un Estado suficientemente equipado para ofrecer la posibilidad universal de tratamiento del coronavirus, en el caso del Brasil, el Sistema Único de Salud (SUS).

Hemos hecho algunos descubrimientos: necesitamos un «contrato social mundial», porque seguimos siendo rehenes del obsoleto soberanismo de cada país. Los problemas mundiales requieren una solución mundial, acordada entre todos los países. Hemos visto el desastre en la Comunidad Europea, en la que cada país tenía su plan, sin considerar la necesaria cooperación con otros países. Ha sido una devastación generalizada en Italia, en España y últimamente en Estados Unidos, donde la medicina está totalmente privatizada.

Otro descubrimiento ha sido la «urgencia de un centro plural de Gobierno Mundial» para asegurar a toda la comunidad de Vida (no sólo la vida humana sino la de todos los Seres Vivos) lo suficiente y decente para vivir. Los bienes y servicios naturales son escasos y muchos de ellos no son renovables. Con ellos debemos satisfacer las demandas básicas del sistema-vida, pensando también en las generaciones futuras. Es el momento oportuno para crear una renta mínima universal para todos, la persistente prédica del valiente y digno político Eduardo Suplicy.

Una comunidad de destino compartido

Los chinos han visto claramente esta exigencia al promover una comunidad de destino compartido para toda la humanidad, texto incorporado en el renovado artículo 35 de la Constitución china. Esta vez, o nos salvamos todos, o engrosaremos la procesión de los que se dirigen a la fosa común. Por eso, debemos cambiar urgentemente nuestra forma de relacionarnos con la Naturaleza y con la Tierra, no como señores, montados sobre ella, dilapidándola… sino como partes conscientes y responsables, poniéndonos junto a ella y a sus pies, cuidadores de toda la Vida.

A la famosa TINA (There Is No Alternative), «no hay alternativa» de la cultura del capital, debemos confrontar una TIaNA (There Is a New Alternative), «hay una nueva alternativa». Si hasta ahora la centralidad estaba ocupada por el beneficio, el mercado y la dominación de la naturaleza y de los otros (imperialismo), en esta segunda será la vida en su gran diversidad, también la humana con sus muchas culturas y tradiciones la que organizará la nueva forma de habitar la Casa Común. Esto es imperativo, y está dentro de las posibilidades humanas: tenemos la ciencia y la tecnología, tenemos una acumulación fantástica de riqueza monetaria, pero falta a la gran mayoría de la humanidad y, lo que es peor, a los Jefes de Estado, conciencia de esta necesidad y voluntad política de implementarla. Tal vez, ante el riesgo real de nuestra desaparición como especie, por haber llegado a límites insoportables para la Tierra, el instinto de supervivencia nos haga a todos sociables, fraternos, colaboradores y solidarios unos con otros. El tiempo de la competencia ha pasado. Ahora es el tiempo de la cooperación.

La inauguración de una civilización biocentrada

Creo que inauguraremos una civilización biocentrada, cuidadosa y amiga de la Vida, como algunos dicen, “la tierra de la buena esperanza”. Se podrá realizar el «bien vivir y convivir» de los pueblos indígenas andinos: la armonía de todos con todos, en la familia, en la sociedad, con los demás seres de la naturaleza, con las aguas, con las montañas y hasta con las estrellas del firmamento.

Como el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz ha dicho con razón: “tendremos una ciencia no al servicio del mercado, sino el mercado al servicio de la ciencia”, y yo añadiría: y la ciencia al servicio de la Vida.

No saldremos de la pandemia de coronavirus como entramos. Seguramente habrá cambios significativos, tal vez incluso estructurales. El conocido líder indígena, Ailton Krenak, del valle do Rio Doce (del Río Dulce, en Brasil), ha dicho acertadamente: «No sé si saldremos de esta experiencia de la misma manera que entramos. Es como una sacudida para ver lo que realmente importa; el futuro está aquí y es ahora, puede que mañana ya no estemos vivos; ojalá que no volvamos a la normalidad» (O Globo, 01/05/2020, B 6).

Lógicamente, no podemos imaginar que las transformaciones se produzcan de un día a otro. Es comprensible que las fábricas y las cadenas de producción quieran volver a la lógica anterior. Pero ya no serán aceptables.

Deberán someterse a un proceso de reconversión en el que todo el aparato de producción industrial y agroindustrial deberá incorporar el factor ecológico como elemento esencial. La responsabilidad social de las empresas no es suficiente. Se impondrá la responsabilidad socio-ecológica.

Se buscará energías alternativas a las fósiles, menos impactantes para los ecosistemas. Se tendrá más cuidado con la atmósfera, las aguas y los bosques. La protección de la biodiversidad será fundamental para el futuro de la vida y de la alimentación, humana y de toda la comunidad de la Vida.

¿Qué tipo de Tierra queremos para el futuro?

Seguramente habrá una gran discusión de ideas sobre qué futuro queremos, y qué tipo de Tierra queremos habitar. Cuál será la configuración más adecuada a la fase actual de la Tierra y de la propia humanidad, la fase de planetización y de la percepción cada vez más clara de que no tenemos otra casa común para habitar que ésta. Y que tenemos un destino común, feliz o trágico. Para que sea feliz, debemos cuidarla para que todos podamos caber dentro, incluida la naturaleza.

Existe el riesgo real de polarización de modelos binarios: por un lado los movimientos de integración, de cooperación general; y, por otro, la reafirmación de las soberanías nacionales con su proteccionismo. Por un lado el capitalismo «natural» y verde, y por otro el comunismo reinventado de tercera generación como pronostican Alain Badiou y Slavoy Zizek.

Otros temen un proceso de brutalización radical por parte de los “dueños del poder económico y militar”, para asegurar sus privilegios y sus capitales. Sería un despotismo de forma diferente, porque se basaría en los medios cibernéticos y en la inteligencia artificial, con sus complejos algoritmos, un sistema de vigilancia sobre todas las personas del planeta. La vida social y las libertades estarían permanentemente amenazadas. Pero a todo poder le surgirá siempre un contrapoder. Habría grandes enfrentamientos y conflictos a causa de la exclusión y la miseria de millones de personas que, a pesar de la vigilancia, no se conformarán con las migajas que caen de las mesas de los ricos epulones.

No pocos proponen una gloca-lización, es decir que el acento se ponga en lo local, en la región, con su especificidad geológica, física, ecológica y cultural, pero abierta a lo global, que involucra a todos. Con este «biorregionalismo» se podría lograr un verdadero desarrollo sostenible, que aprovechara los bienes y servicios locales. Prácticamente todo se realizará en la región, con empresas más pequeñas, con una producción agroecológica, sin necesidad de largos transportes, que consumen energía y contaminan. La cultura, las artes y las tradiciones serán revividas como una parte importante de la vida social. La gobernanza será participativa, reduciendo las desigualdades y haciendo que la pobreza sea menor, siempre posible, en las sociedades complejas. Es la tesis que el cosmólogo Mark Hathaway y yo defendemos en nuestro libro común El Tao de la Liberación (Trotta, 2010) que fue bien acogida en el ambiente científico y entre los ecologistas hasta el punto de que Fritjof Capra se ofreció a hacer un interesante prólogo.

Otros ven la posibilidad de un ecosocialismo planetario, capaz de lograr lo que el capitalismo, por su esencia competitiva y excluyente, es incapaz de hacer: un contrato social mundial, igualitario e inclusivo, respetuoso de la naturaleza, en el que el nosotros (lo comunitario y societario) y no el yo (individualismo) será el eje estructurador de las sociedades y de la comunidad mundial. El ecosocialismo planetario encontró en el franco-brasileño Michael Löwy su más brillante formulador (O que é ecossocialismo?, disponible en la red). Tendremos, como reafirma la Carta de la Tierra, así como la encíclica del Papa Francisco «sobre el cuidado de la Casa Común», un modo de vida verdaderamente sostenible, y no sólo un «desarrollo» sostenible.

Al final, pasaremos de una sociedad industrial/consumista a una sociedad de sustentación de toda la vida con un consumo sobrio y solidario; de una cultura de acumulación de bienes materiales, a una cultura humanístico-espiritual en la que los bienes intangibles como la solidaridad, la justicia social, la cooperación, los lazos afectivos, y no en última instancia la amorosidad y la logique du coeur (la lógica del corazón), estarán en sus cimientos.

No sabemos qué tendencia predominará. El ser humano es complejo, indescifrable, y se mueve por la benevolencia, pero también por la brutalidad. Está completo pero aún no está totalmente (terminado). Aprenderá, a través de errores y aciertos, que la mejor configuración para la coexistencia humana con todos los demás seres de la Madre Tierra debe estar guiada por la lógica del propio universo: éste está estructurado –como nos dicen notables cosmólogos y físicos cuánticos– según complejas redes de inter-retro-relaciones.

Todo es relación. No existe nada fuera de la relación. Todo se ayuda «mutuamente» para seguir existiendo y poder co-evolucionar. El propio ser humano es un rizoma (bulbo de raíces) de relaciones en todas las direcciones.

Si se me permite decirlo en términos teológicos: es la imagen y semejanza de la Divinidad que surge como la relación íntima de tres Infinitos, cada uno singular (las singularidades no se suman), Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existen eternamente el uno para el otro, con el otro, en el otro y a través del otro, constituyendo un Dios-comunión de amor, de bondad y de belleza infinita.

Tiempos de crisis como el nuestro, de paso de un tipo de mundo a otro, son también tiempos de grandes sueños y utopías. Ellas son las que nos mueven hacia el futuro, incorporando el pasado pero dejando nuestra propia huella en el suelo de la vida. Es fácil pisar la huella dejada por otros, pero ella no nos lleva a ningún camino esperanzador.

Debemos hacer nuestra propia huella, marcada por la inagotable esperanza de la victoria de la vida, porque el camino se hace caminando y soñando. Así pues, caminemos.

Leonardo Boff /leonardoBoff.com /Amarelle
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1961 – 22.05.2020
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2) INGRATA TAREA

Por Jorge Zabalza /Semanario Voces, 14.05.2020

Herido y prisionero en Vallegrande, la actitud de Ernesto Ché Guevara frente a los verdugos fue paradigmática. Dejó sentado, para la mejor historia, hasta dónde el revolucionario puede llevar su compromiso ético y moral, en especial cuando se reviste el carácter de dirigente de la Revolución. Nadie puede exigir a nadie que se comporte como el Ché Guevara, pero, sin embargo, su comportamiento era el esperado en quienes asumieron la responsabilidad política de convocar a hacer una revolución.

Más allá y más acá de los Andes, de norte a sur, tras los pasos de Guevara, decenas de miles empuñaron las armas y cultivaron con esmero los valores, principios y sentimientos que promovió. Nadie imaginaba colaborar con el torturador, la idea dominante era resistir y afrontar las consecuencias. Sin embargo, no alcanzaba con pegar el poster del Ché con la fotografía tomada por Korda (Alberto Díaz): era necesario reafirmar con hechos lo proclamado con la palabra.

Las diferentes vertientes del pensamiento revolucionario latinoamericano de los 60, y los tupamaros en particular, hicieron una bandera de la coherencia entre el decir y el hacer. Era el imaginario del 68, el de Susana Pintos, Hugo de los Santos y Julio Spósito, de todas y todos los que jugaron la vida simplemente saliendo a la calle a protestar contra el pachecato. En otro plano de la lucha, Jorge Salerno, Alfredo Cultelli y Ricardo Zabalza tuvieron la oportunidad de demostrar su consecuencia al dar la vida por sus convicciones.

Edison Marín, Elena Quinteros, Gerardo Alter, Nibia Sabalsagaray, Nelson Berreta y decenas de heroínas y héroes que se hicieron matar por sus torturadores antes de contradecir los principios de la ética guevarista. Treinta años después de la retirada a los cuarteles – los torturadores ya se habían asegurado la impunidad- 28 compañeras tuvieron el coraje de emplazar a quienes tomaron sus cuerpos como botín de guerra. Continúa viva la dignidad.

“Soy Rufo y no me entrego”: la actitud de Raúl Sendic Antonaccio al ser detenido, mantenida luego en los interrogatorios y en los calabozos cuarteleros, era lo esperable en quienes se habían atrevido a enfrentar el sistema para transformarlo. Raúl se exigió a sí mismo, y hasta el fin, la conducta que reclamaba a quienes lo acompañaron es su peripecia.

Muy difícil saber de antemano cómo será la reacción del torturado al pisar las fronteras del abismo; sus reacciones pertenecen a las regiones más oscuras del espíritu humano. Son misteriosas, imprevisibles. No cabe juzgar desde el Olimpo de la moral a quienes cedieron ante el ejercicio desmedido de poder de personajes sin límites morales. En este presente de imposibles y resignación, cuando los que se rindieron sin condiciones son venerados por su pragmatismo, es natural que actitudes como la de Guevara y de Raúl parezcan “demodée” o fuera de lugar. Hoy se aplaude la “viveza criolla” de los que saben “negociar” y llegar a “acuerdos” con los criminales de lesa humanidad.

Las declaraciones adjuntas de Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof fueron registradas por los servicios militares de inteligencia y figuran en el “Archivo Berrutti” [1]. Manos compañeras me hicieron llegar esos documentos, que muchas y muchos ya conocen y que su contenido permite inferir que son auténticos. De todas maneras, el “Archivo Berruti” está abierto a curiosos y desconfiados que quieran conocerlos de primera mano.

En esos días, aunque los presos no podíamos saberlo, Alberto Iglesias, Arapey Cabrera y Carlitos Medina, queridos tupamaros que habían eludido la gran cacería de 1972, estaban en Santiago de Chile, dos de ellos en el Estadio Nacional y el tercero refugiado en una embajada. ¿Qué necesidad había de denunciarlos como posibles autores de unos atentados a realizar? ¿No era enviarlos directamente a la muerte? Espantosa irresponsabilidad.

¿Qué necesidad de ofrecerse como intermediario ante lo que sobrevivía de organizado del MLN, para que se entregaran a las FFAA? ¿Cómo confiar en las promesas de los terroristas que dieron el golpe de Estado? Anticipo del trágico error en Colombia.

¿Qué necesidad de revelar gratuitamente el método de codificación con el Nuevo Testamento? ¿Qué necesidad de entregar los “berretines” que eran la base del funcionamiento clandestino de los presos políticos?

Aun indignado, las dudas y titubeos me asaltaron, se trata de personas que quise mucho, que sufrieron mucho, cuyas debilidades uno tiende a disculpar. Es fácil justificarlas, porque es humano que el torturado quiera sobrevivir a cualquier precio. Sin embargo, en 1985, una vez fuera del alcance del torturador, ¿por qué no pudieron blanquear sus debilidades, actitud que hubiera sido cabalmente comprendida? Resulta difícil disculpar tanto disimulo e hipocresía para con los propios y, en la medida estuve ahí, en el mismo canasto, no puedo evitar el sentirme corresponsable.

Las declaraciones están fechadas a principios de octubre de 1973, a un mes escaso del día en que nueve de nosotros fuimos tomados como rehenes para iniciar un largo periplo del aislamiento. De manera que se puede presumir que el “derrumbe” de quienes aportaron la información fue demasiado rápido, indica cierta predisposición a colaborar, elemento que explica comportamientos, acuerdos y discursos muy actuales.

¿Cuánto de esa predisposición existe en las formas sutiles de consentir la impunidad? ¿Cuánto de ella hay en algunos relatos que el mundo acepta por verosímiles? Callar implica complicidad en las mistificaciones. Es preciso divulgar la información, que cada uno y cada una haga sus propios juicios de valor. Algunos seguirán ciegos y sordos, a otras la invadirás la tristeza y la decepción. Tarea ingrata la de pinchar globos.

Se puede inducir que el fracaso de las experiencias revolucionarias se debió a las defecciones de algunos personajes importantes. Falsa impresión. La derrota fue, sobre todo, producto de la ceguera, de articular estructuras en base al obedezco sin pensar y mando sin control, formas organizativas que levantaron un muro entre el movimiento popular y los revolucionarios, que favorecieron el militarismo enceguecido. Las defecciones fueron apenas una expresión, muy puntual, de las razones de fondo de las derrotas del siglo XX.

Nota:
[1] Reafirman las sospechas de “Carne Podrida”, artículo de mi autoría publicado en abril del 2009. elmuertoquehabla.blogspot.com/2009/04/carne-podrida_20.html

Nota complementaria del “Archivo Berrutti:

DECLARACIONES DE ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (en Santa. Clara el 25-OCT-73)
Atentados a “salir” y de los cuales los de la Dirección del M.L.N. se enteraron, estando en el E:M:R:1.
CHIAPPE POSSE – Por pachequista, politiquero – había hecho toda su carrera basado en la Política. Además, habla que había oído algo de un negociado en Nueva Palmira con el C/A Pérez Fontana o del asunto del Ferry Boat Atlantic. Pero no habían podido conseguir pruebas.
Jefe BN. ING. 4 – estaba “regalado” vive en un balneario o lo iban a hacer en un balneario. No sabe quién es ni lo conoce.
Mayor GAVAZZO – torturador violento – dio motivo a aclaraciones de homicidios.
Sub-Comisario BENITEZ ———–
DE VARGAS (alias Rodrigo o Lechuga) – ambos presos en LIBERTAD E.M.R:1, mantuvieron charlas confidenciales con los mandos de LIBERTAD sobre funcionamiento del M.L.N. dentro del Penal. Se utilizaría veneno para eliminarlos.
Persona que denunció a la Policía Caminera Acción PANDO. (Hay un croquis) Anexo 1.-
Los atentados estaban planificados y los realizarían ARAPEY CABRERA SUREDA – requerido N° 112, MEDINA CONDINS – requerido N° 148 e IGLESIAS PACHECO. requerido N° 63, quienes estaban en desacuerdo con la Dirección que funcionaba en el Pernal, en no realizar Acciones violentas. Estos pertenecen o encabezan a Grupos como el 22 de diciembre, que se habrían apartado de la Dirección del M.L.N.
Situación en el E.M.R. 1 (LIBERTAD)
Las comunicaciones que mantenían desde y hacia el exterior lo hacían utilizando berretines en revistas, alimentos, manualidades, paquetes, cartas, ropas, etc.
– Así les llegó el correo Tupamaro de julio del 73 y varios impresos y documentos, así como la noticia de los atentados planificados para setiembre o comienzos de primavera. Del Tupamaro de Julio del 73 no comparte los términos marxistoides empleados, ya que el M.L.N. es de corte totalmente nacionalista.
Las charlas y cambios de ideas las hacían con otros compañeros en los recreos, faginas, distribución de rancho o en el piso o celda (o algo similar en donde estaban todos juntos. Tenían conocimiento de la nueva organización del M.L.N., es decir: un Comité Central, del que dependían los comités de: La Habana, Santiago, Buenos Aires y Montevideo. Este último tiene un Comité Político, otro de servicio Logístico y el Militar.
Se enteraron de las charlas confidenciales que mantuvieron el ex—Sub-Com. BENITEZ y DE VARGA alias RODRIGO o el LECHUGA, integrantes de la MICRO, ambos presos en LIBERTAD, con los Mandos del E.M.R. 1, de alguna manera: el S-2 del E.M.R.1 utiliza carbónicos y luego se los entrega a los cros. Para realizar el Boletín Informativo que tienen los Tupas en aquel lugar con noticias varias. Así leyendo esos carbónicos se enteraron del informe de “FRANK” (JOSÉ TORRES), la amenaza de muerte a ALFIL y el informe del Sub-Com. BENITEZ y de DE Vargas. En todos lados, es decir en Punta Carretas, después en el BN. I 1 y por último en LIBERTAD, el Ejecutivo del M.L.N. de algunas manera había tenido funcionamiento Político, particularmente en este último lugar. En Punta Carretas no había ningún problema, no era un funcionamiento solo Político abarcaba toda la actividad del M:L:N: afuera. Pero cada vez se les fue haciendo más difícil el funcionamiento, hasta llegar a la actualidad en que no saben nada de lo que está pasando.
Berretines en el E:M:R:2 (PUNTA RIELES)
– Existen dos berretines que piensa que no han sido hallados que contienen “cortes” (CUCHILLOS) y algunas radios a transistores.
– Fueron hechos cuando él estuvo en aquel lugar detenido o anteriormente.
– Anexo 2 Planos del E:M:R:2 con ubicación.
Base de negociaciones presentadas por el declarante ante el señor Director del S.I.D. Anexo 3.
Declaraciones varias de FERNANDEZ HUIDOBRO
Referente a GUTIERREZ RUIZ alias “TOBA” – Que les hizo la “boleta” ya que vendió dos lingotes de oro, quedándose con el producido.
de AMODIO PÉREZ – que fue él quien entregó a CUKURS (criminal de guerra NAZI). La mujer de AMODIO, MERCEDES, conocía y mantenía relaciones con el secretario de CUKURS, así se enteró aquel de quién era CUKURS. Estableció contacto con un comando ISRAELÍ y les alquiló los autos del operativo en SUDAMCAR; después CUKURS apareció acribillado dentro de un baúl por Lagomar o Solimar, y también el secretario, a quien dejaron como a un marinero de un barco alemán, le faltaba la cabeza cuando lo encontraron.
La orga había condenado a LEONCINO, de Punta Carretas, porque éste, entre otras cosas, a los muchachos que venían al penal desde los lugares de reclusión de menores por cumplir los 18 años, los vendía a los presos viejos para que abusaran de ellos. También vendía Mandrax.

DECLARACIONES DE MAURICIO ROSSENCOF
Historia del revolucionario – desde la Biblia hasta los Charrúas.
Utilización de la biblia para codificar o cifrar mensajes.
Explicación: se utilizan 3 números por letra; el 1er. Número significa la página de la Biblia; el 2do. el renglón de dicha página, y el tercero la ubicación de la letra en ese renglón.
Se utilizan números pre-establecidos, que se mezclan con estos tres para confundir.
Comentarios de los puntos de los comunicados 4 y 7 de las FF:AA: Textual: “De lo que el Goyo Álvarez le dijo a Bordaberry, nosotros nos hacemos cargo de la sedición efecto y usted se hace cargo de la sedición causa. Aprobación total de ello.
Total desacuerdo con atentados y acciones violentas, así como de la línea marxista del MLN. Muy preocupado por el peso que pueda tener dentro del MLN, la línea del E.R.P, argentino, particularmente la del trotskista Santucho.
Que a esta altura de los acontecimientos deseaba una negociación con las FF. AA. en los términos aproximados que propuso FERNANDEZ HUIDOBRO.
ANEXO 3
…- (Fernández Huidobro) propuso como base de acuerdo Fuerzas Armadas al señor Director del S.I.D. lo siguiente:
(ilegible)
Desmantelamiento del Aparato Militar del MLN entregando, armas, berretines, locales e infraestructura.
Presentación de los Clandestinos y requeridos con garantía de su seguridad física.
Liberación de los presos del M.L.N. en forma escalonada con una reducción de la pena (esto a estudiar en cada caso)
Solicitan: cesen las actividades anti-subversivas y una declaración de los señores Comandantes en Jefe llamando a una pacificación general con enunciado de los puntos mencionados.
En el caso de condenas prolongadas se cumplirían en chacras o granjas militares o en Entes Estatales (ejemplo terminal pesquera del S.O.Y.P)
Consideraciones sobre el método para realizarlas y expuestos por el declarante:
-Proposición de las bases a Raúl Sendic directamente.
-Integrantes antiguos del M.L.N. que estima Huidobro que estarán de acuerdo: Engler Golovchenko (Octavio), Wassem Alanis, Rosencof, Mujica Cordano.
-Integrante M.L.N. convencibles: Marenales Saenz y Manera Lluveras.
-Hombre clave Sendic (Zabalza adopta línea de éste). Propone realización de una reunión con todos los jefes actualmente presos.
Propuso la forma de hacer llegar lo resuelto a los jefes del M.L.N. prófugos, el declarante ofrece un contacto en Buenos Aires con Lucas Mansilla, presumiblemente jefe actual del M.L.N. Este contacto se haría por intermedio de Ettore Pierri (conocido del Tte. Mendez) o de cualquier otra persona de confianza del M.L.N. y las FF.AA., quien llevaría una carta de él a Mansilla.

Jorge Zabalza /Semanario Voces
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3) URUGUAY: UN PASTOR EVANGÉLICO Y CANTANTE DE ROCK AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL LIBERADO

Gustavo Silveyra fue candidato a diputado, es yerno del líder del culto religioso Misión Vida, el pastor Jorge Márquez, y desde hace tiempo dirige su propia iglesia llamada Invasión Urbana.

Sudestada, 18/04/2020

A mediados de 2012 el líder de la iglesia Misión Vida para las Naciones, liderada por el arquitecto argentino Jorge Márquez, llegó a un acuerdo con la entonces diputada nacionalista Verónica Alonso para proveerle de distintos servicios proselitistas durante la carrera electoral, a cambio de dos lugares en el Parlamento. Este acuerdo se realizó en el marco de una disputa interna por el predominio del sector Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga, en Montevideo.

Eso llevó al pastor Márquez a apostar fuerte por sus dos yernos, Gustavo “Gavo” Silveyra y Álvaro Dastugue, ambos pastores evangélicos y dirigentes del movimiento Cristianos por Uruguay. En las elecciones de 2014 Silveyra se presentó como candidato a diputado por Montevideo y Dastugue por el departamento de Canelones. Los dos llegaron a ser pastores de la iglesia Misión Vida luego de haber ingresado a las comunidades Beraca para recuperarse de sus adicciones.

Dastugue asumió como diputado en 2015 y en estas elecciones volvió a ocupar su banca por el Partido Nacional, pero esta vez de la mano del sector del empresario, y ahora senador, Juan Sartori.

En tanto, el otro yerno del pastor Márquez, el también pastor evangélico Gustavo “Gavo” Silveyra no tuvo suerte en las urnas. Pero sí en la política. Desde ayer es el nuevo titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), tras la renuncia de Jaime Saavedra, quien hasta hace pocos días ocupaba este cargo.

La Dinali fue creada por ley en el año 2015, depende directamente de la Secretaría del Ministerio del Interior, en sustitución del hasta entonces Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y es el organismo encargado de gestionar y diseñar políticas públicas para apoyar la reinserción de las personas que salen del sistema penitenciario.

El hasta hace poco director, Jaime Saavedra es un militante del Movimiento de Participación Popular, quien fue antes subdirector nacional administrativo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dirigió el Polo Industrial del Comcar.

A fines de enero Saavedra dijo que había recibido la propuesta del actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de continuar en su cargo al frente de la Dinali. En aquel entonces, sostuvo que este ofrecimiento “le honraba y lo agradecía”, pero a un mes del inicio de la nueva gestión, renunció a su cargo por diferencias con sus superiores.
Su lugar lo ocupará Silveyra, un hombre de 47 años, que fue pastor de Misión Vida para las Naciones, el culto religioso que lidera su suegro, hasta que fundó su propia iglesia: Invasión Urbana.

Actualmente Silveyra integra Alianza Nacional, el sector del ministro Larrañaga, pero con su propia agrupación política llamada Movimiento de Acción Social (MAS), que trabajó en especial en los barrios de la periferia de Montevideo.

Además de pastor evangélico, Sylveyra es músico y toca en una banda de rock religioso: Profetas eléctricos, que está muy cerca de sacar su primer disco. También acompaña con su música a su esposa, Cecilia Márquez, quien interpreta canciones evangélicas que son seguidas de cerca por los fieles de su padre, el “apóstol” Márquez.

Sudestada, periodismo y transparencia
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4) URUGUAY, EN SECRETO, PAGÓ MEDIO MILLÓN DE DÓLARES AL TRIBUNAL DEL LITIGIO CON ARATIRÍ

Los gastos del tribunal es solo parte de lo que le está costando a Uruguay el litigio con Aratirí. El nuevo gobierno extendió el secreto definido por su antecesor sobre este proceso

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 11/05/2020

La minera Aratirí formalizó en el año 2017 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya una demanda contra el estado uruguayo de 3.536 millones de dólares por alegados daños y perjuicios al no haber concretado su proyecto de extracción del hierro de Valentines. El gobierno de Tabaré Vázquez accedió a comparecer ante al tribunal internacional y declaró confidencial el proceso que se ha prolongado hasta el presente.

Una vez asumido el gobierno de la coalición multicolor, encabezado por Luis Lacalle Pou, al amparo del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley N°18.381) realizamos la siguiente solicitud a la Presidencia de la República:

A) Acceso a los registros de las actuaciones del Poder Ejecutivo frente a la demanda contra el estado uruguayo de la empresa Aratirí, cuyo contenido fuera declarado confidencial por el anterior gobierno nacional.

B) Acceso, con independencia del punto anterior, a los registros de los actos administrativos y gastos en viajes, viáticos, contrataciones y consultorías vinculados con la demanda contra el estado uruguayo de la empresa Aratirí.

El primer pedido fue denegado invocando la Resolución del Consejo de Ministros N° 494/018 del 24 de setiembre de 2018, que declaró confidencial “toda la información intercambiada o presentada en el procedimiento arbitral” por la demanda de Aratirí. O sea que el gobierno mantuvo la decisión del anterior, firmada por la vicepresidenta Lucía Topolanski, en ejercicio de la Presidencia, y todos los ministros.

El segundo pedido fue denegado también, pero esta vez recurrió a una resolución de Presidencia del 24 de marzo último, es decir, del nuevo gobierno. “Toda la información relativa a los registros de los actos administrativos y gastos en viajes, viáticos, contrataciones y consultorías relacionados al procedimiento arbitral” por esa demanda fue clasificada como reservada, según consta en la respuesta recibida.

Cuando tratamos de conocer los fundamentos de esta nueva decisión, constatamos que la Resolución de Presidencia de la República P/89 del 24 de marzo de 2020 no está disponible para el público, no fue publicada hasta el presente en el sitio oficial de la Presidencia ni en el Diario Oficial. La situación trae a la memoria, inevitablemente, casos similares de no publicación de decisiones por el gobierno anterior.

Desde que se conoció la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo, el profesor de Derecho Minero de la Universidad de la República, Alfredo Caputo, señaló que Uruguay no estaba obligado a comparecer por ese motivo a un tribunal de arbitraje internacional. Caputo recordó el artículo 19 del Código de Minería en vigor, que declara nulo cualquier acuerdo que someta un litigio minero con el estado fuera de la jurisdicción nacional.

Por ley “la actividad minera, cualquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros”.

Habiendo sido uno de los participantes en la redacción del Código de Minería, Caputo recordó a Sudestada que ese artículo 19 fue incluido previendo situaciones como la planteada por Aratirí. Según el catedrático, las disposiciones de orden público sobre recursos del país, como los yacimientos minerales, son llamadas “norma de policía o internacionalmente imperativa” por estar en juego la soberanía del Estado.

“Un Estado no puede admitirlo y esto es aceptado a nivel internacional. El presidente puede decir no me presento o me presento y alego la incompetencia”, agregó Caputo. El gobierno de Tabaré Vázquez aceptó comparecer ante un tribunal designado por la CPA de La Haya donde se había radicado la demanda, pero no se supo si impugnó la competencia del tribunal porque el proceso fue declarado confidencial.

En esa declaración, el Poder Ejecutivo se amparó en el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que rige esos arbitrajes. Desde setiembre de 2018, no se conoció públicamente la marcha del litigio, salvo algunas filtraciones sobre la presencia de determinados testigos que parecieron tener por finalidad incidir en medio de la campaña electoral del año 2019.

Aunque se hizo trascender que la Presidencia uruguaya estaba solicitándole al tribunal de la CPA que se pronunciara antes de la asunción del nuevo gobierno, esto no había ocurrido cuando se conoció el resultado de las elecciones nacionales. Por lo tanto, el problema del litigio con Aratiri estuvo encima de la mesa desde las primeras reuniones de los equipos de gobierno saliente y entrante para organizar la transición.

En esas reuniones, a mediados de diciembre de 2019, el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo que “lo verdaderamente relevante es el pronóstico del resultado de esos juicios”. En esa oportunidad, Toma informó al que sería su sucesor, el senador Álvaro Delgado, que se había presentado “una sólida defensa” en el juicio con Aratirí y que el pronóstico era que “Uruguay va a salir ganancioso”.

Primero se dijo que las últimas audiencias del juicio se celebrarían en enero, luego que se tendría el fallo antes de la asunción del nuevo gobierno, pero esto no ocurrió. Todo indica que el proceso continúa sin saberse hasta cuándo, ya que el nuevo gobierno de Lacalle Pou no solo prolonga la decisión de confidencialidad de su antecesor sino que va más lejos, vedando el acceso a los gastos realizados en este proceso.

Sin embargo, por las comunicaciones rutinarias del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, se conoció una resolución del ex presidente Tabaré Vázquez, del 13 de enero de 2020, por la cual fueron transferidos 500 mil dólares estadounidenses a la CPA por concepto de honorarios y gastos del Tribunal. La información fue divulgada en los últimos días por el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust.

Aunque la información fue obtenida de manera casual y sin duda es parcial, permite aproximarse a la magnitud de los gastos asumidos por el gobierno uruguayo al aceptar ese arbitraje internacional. Los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), donde se definen los costos de los honorarios y gastos de los árbitros, las pericias, viajes y gastos de los testigos, etc., son ilustrativos al respecto.

El artículo 41 establece que “los honorarios y los gastos de los árbitros serán de una cuantía razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso”. ¿Alguien puede imaginar cuál es una “cuantía razonable” para los honorarios y gastos de los árbitros en una demanda por 3.536 millones de dólares?

El mismo reglamento establece que el tribunal arbitral debe comunicar sin demora a las partes, cómo se propone determinar sus honorarios y gastos, así como las tarifas que pretende aplicar. O sea que esta información se encuentra en poder del gobierno uruguayo y ese medio millón de dólares pagado debe ser apenas un adelanto de lo que pueden llegar a ser esos gastos ya que el litigio no ha terminado.

Ahora bien, el artículo 42 establece que “las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida”, es decir el perdedor del juicio. Sin embargo, agrega, “el tribunal arbitral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso” (sic). Otra vez, ¿en qué consistirá un “prorrateo razonable” a criterio del tribunal?

Al final, sí resulta razonable que, sin acceso a la información, estemos empezando a ponernos nerviosos. ¿Cuánto será lo que pagará Uruguay solo en gastos del arbitraje por aceptar este litigio internacional? ¿Cuánto le costarán a Uruguay los gastos para defenderse en este litigio, de viajes, viáticos, consultoras, etc.? Y esto sin considerar cuál puede ser el desenlace de este proceso, o sea, quién vence a quién.

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1961 – 22.05.2020
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5) ¿A QUIÉN SALVAR?

Por Kintto Lucas

¿A quién salvar entre Don Quijote y Rocinante heridos por gigantes?, se preguntó Sancho. O tal vez fue el médico de un hospital de Milán, Madrid, Nueva York o Guayaquil. No era una pregunta, era una respuesta con tono de interrogante. ¿A quién salvar entre el negro de Harlem y el jugador de Wall Street? ¿A quién salvar entre el jazz y el ruido de las monedas? ¿A quién salvar entre el saxo y la máquina de contar billetes? ¿A quién salvar? ¿A quién salvar entre la mujer que cruzó el muro con su guagua a cuestas y su patrón de Texas? ¿A quién salvar entre el charro y el vaquero? ¿A quién salvar entre Zapata y Lincoln? ¿A quién salvar entre el niño que cruzó el Mediterráneo en balsa y el que no quería dejarlo pisar tierra? ¿A quién salvar entre los zapatos mojados en la arena y los zapatos de un presidente? ¿A quién salvar entre una abuela de plaza de mayo y un aprendiz de torturador? ¿A quién Salvar entre un pañuelo blanco, amarillento por los años y la picana recién estrenada? ¿A quién salvar entre la vida y la muerte? ¿A quién salvar entre el olvido y la memoria? ¿A quién salvar entre el inquilino de la casa real y un punk del suburbio madrileño? ¿A quién salvar entre una guitarra y una corona? ¿A quién salvar entre un rey y un elefante? ¿A quién salvar entre una corona y el coronavirus? ¿A quién salvar entre la monarquía y la república? ¿A quién salvar entre el habitante del Guasmo guayaquileño y el de Sanborondón? ¿A quién salvar entre el que se lleva la plata fuera sin pagar impuestos y el que vende limones en una esquina de Quito? ¿A quién salvar entre un farsante gobernante y un indígena del páramo o la selva? ¿A quién salvar de la tzantza? ¿A quién salvar entre la mascarilla y la máscara? ¿A quién salvar entre los dueños de todo y los dueño de la nada? ¿A quién salvar? ¿A quién? ¿Al Quijote o a Rocinante? ¿A Rocinante o a Sancho? ¿A Sancho o a los gigantes? ¿A lo gigantes o a los molinos? ¿A los molinos o a sus dueños? ¿A quién Sancho? ¿A quién doctor? En todo caso, no se preocupen: la pregunta no es ¿a quién salvar?, la pregunta es: ¿a quién matar? En fin…

Kintto Lucas (Ecuador)
COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1961 – 22.05.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. CHARLA DEL COLECTIVO “DONDE ESTÁN NUESTRAS GURISAS”
Viernes 22 de mayo a las 19 horas en Maldonado 1162

Somos un grupo de mujeres que busca visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay. Publicamos solamente información fiable, que ha sido previamente corroborada.

Alentamos a que nos contacten ante nuevos casos o ampliación de información.

Somos una coordinación de mujeres que busca visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay. Publicamos solamente información fiable, que ha sido previamente corroborada. En este espacio no nos cansamos de buscarlas. Nos juntamos en el SES, somos del EFD, la Coordinadora de Feminismos y muchas compañeras auto convocadas trabajando en conjunto. No paramos de preguntarnos ¿Dónde están nuestras gurisas? Invitamos a compañeras y Colectivos a pensar acciones que condenen la impunidad que sostiene a las redes de trata y explotación sexual. Tanto en el caso que ha tomado estado público recientemente como en otros que permanecen invisibilizados.
Los esperamos el viernes 22 de Mayo a las 19 horas en Maldonado 1162 esquina Hector gutierrez Ruiz.

www.facebook.com/dondeestannuestrasgurisas/
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II. CICLO “MUSICAS MUJERES DESDE CASA” – TEATRO FLORENCIO SÁNCHEZ
Del 21 al 26 de mayo

El Florencio Sánchez es un centro cultural y social de la Intendencia de Montevideo, ubicado en el corazón de la histórica Villa del Cerro.

El Centro Cultural Florencio Sánchez está ubicado en Grecia 3281, Esquina Norteamérica en la Villa del Cerro.

Del 21 al 26 de Mayo, en el canal del Florencio disfrutamos de la música de tremendas artistas #DesdeCasa donde en cada fecha actuara una cantante uruguaya.

22/05 – Eli Almic 23/05 – Ana Prada 24/05 – Samantha Navarro 25/05 – Rossana Taddei 26/05 – Mónica Navarro (Charla de sillón)

www.facebook.com/events/602240250646135/
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III. RECITAL: GABRIELA RODRÍGUEZ, MALÍ GUZMÁN Y RODRIGO CALZADA
Sábado 23 de mayo a las 12 horas en “Flor de Vivos”

Esta semana, en Flor de Vivos, nos acompañan Gabriela Rodríguez y Malí Guzmán junto a Rodrigo Calzada. Este trío nos llevará de paseo por las nubes a bordo de sonidos y palabras. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo.

“La Casa del Árbol” es un grupo de docentes, artistas y científicos interesados particularmente por trabajar con las infancias. Desde hace más de 15 años, varios de nosotros venimos desarrollando diferentes proyectos artísticos, educativos y/o comunicacionales con y para niños y niñas.
A finales de 2013, las ganas de unirnos y articular nuestras experiencias acumuladas a los largo de estos años, dio origen a “La Casa del Árbol”.

Recuerden sábado 23 de mayo a las 12 horas.

www.facebook.com/events/178065746677690/?event_time_id=178065756677689

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1961 – 22.05.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2019 – 25 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Pablo Alfano, Silvio Amodei, Jorge Marrero, José Rocca, Luis Sabini, Jorge Zabalza.
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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“SON MEMORIA. SON PRESENTE. ¿DÓNDE ESTÁN?” – TRANSMISIÓN COLECTIVA DE AMARC – comcosur al día 2250 — 20.05.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020

TRANSMISIÓN COLECTIVA DESDE LAS 17.00 HORAS
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Uruguay – AMARC ¡PRESENTE!

Alternativa Young 90.3 FM
Comcosur – Comunicación participativa desde el Cono Sur
Cotidiano Mujer
El Puente La Teja 103.3 FM
Espika Santa Lucía 90.7 FM
Horizonte Paysandú 106.3 FM
La Bruja Melo 89.9 FM
La Heladera José Pedro Varela 89.3 FM
Radio Comunitaria Palmira Nueva Palmira 89.1 FM
Radio Enkantada Aiguá 88.7 FM
Radio Parque La Paloma 92.1 FM
Radio Vilardevoz Montevideo 95.1 FM

“SON MEMORIA. SON PRESENTE. ¿DÓNDE ESTÁN?”
20 de Mayo de 2020 – 25ª MARCHA DEL SILENCIO
Madres y familiares de Detenidos Desaparecidos

Hoy:
1) Los legajos inculpan a los responsables del terrorismo de Estado /Francesca Lessa y Fabián Werner
2) Plan Cóndor: las justas razones para la prisión perpetua de 13 uruguayos /Francesca Lessa y Fabián Werner
3) La huelga en la LUC: palabras (de) más, palabras (de) menos /Hugo Barretto Ghione
4) COVID-19 y el clima – Una pandemia no esconde la otra /Sergio Ferrari
5) ¿Quo vadis COVID-19? /Luis E. Sabini Fernández
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) LOS LEGAJOS INCULPAN A LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO

Los elogios a Tróccoli por su destacada labor en la ESMA. Las felicitaciones a Gavazzo, Arab y Ramas por su entrega a la “lucha antisubversiva” dentro del OCOA

Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada

La culpabilidad de los represores uruguayos en los delitos de lesa humanidad imputados en el juicio en Roma también resultó probada según surge de los legajos de los militares, donde constan elogiosos conceptos de los superiores respecto a su responsabilidad, sentido del deber y activismo en la lucha antisubversiva.

Las fechas de las anotaciones en las hojas de servicio de los represores coinciden con operativos masivos contra agrupaciones políticas de izquierda que sufrieron la salvaje represión en Argentina y Uruguay, como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) o el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Es el director del SID, el general Amaury Prantl, quien realiza varias anotaciones sucesivas en el legajo de Gavazzo, destacando su desempeño como represor.

El 26 de marzo de 1976 Prantl anotó que ambos viajaron a Paraguay para participar en la 2a. Conferencia del Sistema Cóndor, como representante del Área de Operaciones. «En la misma formula acertadas sugerencias, es un eficaz colaborador del que anota, domina ampliamente el tema y evidencia actividad, inteligencia, educación y sentido de la responsabilidad».

Asimismo, en su hoja de servicio también consta que Gavazzo participó en la Segunda Conferencia del Sistema Cóndor que tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1976 en Santiago de Chile como representante del área de operaciones de Uruguay en la coordinación de las dictaduras de la región. Exactamente una semana después de esa reunión, el 9 de junio, comenzó en Buenos Aires la oleada represiva contra el PVP, con los secuestros de Gerardo Gatti y María del Pilar Nores.

El 1 de agosto Prantl dio cuenta de que Gavazzo contribuyó a «planificar el traslado de elementos sediciosos detenidos a una nueva sede» y dos días después señala que fue el encargado de presentar «la situación subversiva del país ante el Señor Presidente de la República, Comandantes en Jefe, Ministros de Estado y Autoridades Militares». En ese momento, Juan María Bordaberry ya había sido destituido por la cúpular militar, que había designado como su sucesor a Aparicio Méndez.

El 23 de octubre Prantl resalta que Gavazzo “interviene activamente en la realización de los operativos que permitieron la detención de muchos participantes de la organización rebelde PVP, que había planificado la ejecución de numerosos actos terroristas. Evidencia, este señor jefe, calidad de activismo, previsión, sentido práctico y profundo sentido del deber”.

Como consecuencia de las acciones represivas del Plan Cóndor en Argentina, solo en octubre de 1976 (el mes que mereció los elogios de Prantl a Gavazzo) fueron secuestrados nueve militantes del PVP que todavía permanecen desaparecidos.

Al año siguiente, el 16 de febrero de 1977, el jerarca del SID dice que «Como representante del Área de Operaciones en el Sistema ‘Condor’ (Gavazzo) efectúa permanentes coordinaciones con Servicios de Inteligencia de otros países del Cono Sur, asegurando un permanente intercambio de informaciones, lo que positibilita un mejor accionar en la lucha contra la subversión. Pone en evidencia iniciativa, inteligencia y sentido de la responsabilidad».

En la misma hoja, el jefe del SID menciona el curso de «Guerra Política» que Gavazzo realizó en China durante el mes de mayo, sus contactos con la misión diplomática de «un país amigo» en setiembre a fin de conocer las identidades de quienes piden asilo político, así como su asistencia a la IX Conferencia de Inteligencia de los Ejércitos Americanos que se realizó a finales de octubre en Nicaragua.

También reseña que el 21 de julio de 1977 participó en el operativo que terminó con la detención del periodista brasileño Flavio Tabarez, corresponsal del diario O Estado de San Pablo y del Excelsior de México en Buenos Aires. «El señor Tte. Cnel. Gavazzo realizó una valiosa labor de inteligencia y condujo el operativo con gran acierto», escribió Prantl.

Tavares fue la última persona que vio al maestro Julio Castro con vida, durante su cautiverio en La Casona, el centro clandestino de detención que el OCOA tenía en la Avenida Millán y Loreto Gomensoro, en Montevideo. Después de allí no se supo más de su paradero, hasta que sus restos aparecieron en el Batallón N°14 en Toledo el 21 de octubre de 2011, enterrados a 1,40 metros de profundidad.

Respecto a Ricardo Arab, Prantl tampoco escatimó en elogios sobre su tarea represiva. “En el cumplimiento de las órdenes de los superiores para impedir que la organización clandestina y subversiva atentara contra la seguridad y la tranquilidad imperante en el país, el capitán Ricardo Arab, parte integrante de un grupo operativo coordinado por el suscrito, planifica e interviene adecuadamente en las operaciones que implican el arresto de individuos que se dedican a la actividad subversiva”, detalló el jerarca militar.

La fidelidad de Arab a sus superiores quedó en evidencia cuando fue asignado entre el 21 y el 26 de abril de 1976 a participar de la custodia personal del dictador chileno Augusto Pinochet durante su visita a Uruguay.

Sobre Ernesto Ramas, el tribunal menciona varios documentos que refieren a su actividad represiva desde diciembre de 1974 contra el MLN, y en enero de 1975 contra el PCR, así como su participación en varias operaciones que incluyeron seguimientos, detenciones, interrogatorios y elaboración de informes de inteligencia.

En mayo de 1975, por ejemplo, Ramas participó activamente “de un operativo que es el resultado de meses de análisis de documentos, vigilancia y seguimientos, lo cual determinó la captura de peligrosos integrantes del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional que fueron descubiertos mientras sentaban las bases para reiniciar sus acciones en el país”, dice uno de los documentos aportados como prueba en el juicio.

La actividad aludida por Prantl en el legajo de Ramas es la denominada “Operación Conejo”, realizada el 25 de mayo de 1975, que consistió en la detención de un grupo de militantes tupamaros luego de un enfrentamiento que terminó con el asesinato de Celso Wilson Fernández Hernández, Raúl Melogno Lugo y María Luisa Karaián.

Desde ese día y hasta el 29 de mayo, en total fueron apresados 26 militantes del MLN, entre quienes se encontraban los miembros del comité ejecutivo de la organización que funcionaba en la clandestinidad. Dos de los detenidos ese día murieron en prisión, Pedro Ricardo Lerena (02/09/1975) y Jorge Antonio Davo Revello (08/12/1980).
En cuanto al rol que mantuvo Jorge Tróccoli desde Inteligencia del Fusna, el dictamen del tribunal italiano consigna la existencia de documentación aportada a la causa así como los testimonios de varios testigos que lo identificaron como uno de los torturadores que operaban en los centros clandestinos de detención en Buenos Aires, como miembro del Fusna uruguayo.

Rosa Barreix, quien fue detenida en noviembre de 1977 y mantenida en la sede del Fusna hasta enero de 1978, dijo que allí fue interrogada por Tróccoli, quien le demostró tener conocimiento de las operaciones que se realizaban en Argentina dentro del Plan Cóndor. “Cayeron en Buenos Aires”, le dijo el marino, refiriéndose a Alberto Corch, Elena Lerena, Julio D’Elía, Yolanda Castro y Raúl Borrelli, cinco militantes de los GAU secuestrados entre el 21 y 22 de diciembre de aquel año y que todavía permanecen desaparecidos.

“El propio Tróccoli le preguntó si estaba dispuesta a ir con los agentes de Fusna a Buenos Aires para reconocer a sus compañeros”, dijo Barreix durante su testimonio, el 20 de octubre de 2015. También señaló que el marino alardeaba de ser el “jefe del S2” en el operativo que terminó con la captura y desaparición de los miembros del GAU, el 21 de noviembre de 1977.

Por su parte, la exfiscal Mirtha Guianze declaró que durante su investigación logró acceder a pruebas que confirman el rol que jugó Tróccoli como miembro de Inteligencia (S2) del Fusna e integrante de OCOA entre 1974 y 1978. “Cuando estaba con el S2, el prisionero está en la disponibilidad total del S2, que tenía el poder de decidir su destino, la vida o la muerte”, explicó Guianze en la corte romana.

El testigo Washington Rodríguez, quien estuvo detenido en el Pozo de Quilmes en Buenos Aires en 1978, declaró el 21 de octubre de 2015 en Roma que sufrió graves torturas por parte de marinos uruguayos en ese centro clandestino de detención bonaerense. Contó además que Aída Sanz, una uruguaya que dio a luz durante su cautiverio y todavía permanece desaparecida, le dijo en ese mismo sitio que en el Pozo de Banfield había sido torturada por miembros del OCOA.

Los pozos de Banfield y Quilmes formaban parte del conocido como «Circuito Camps» junto al centro clandestino que funcionaba en el Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT 1), que estaba a cargo del Comando del Primer Cuerpo de Ejército argentino.

Del legajo de Tróccoli surge que el 18 de abril de 1974 fue nombrado jefe de la Brigada No. 1 del Fusna y en los primeros meses de 1975 comenzó a colaborar con el S2 de la Armada. En ese período, y en los primeros meses de 1976, varias anotaciones de sus superiores destacan las cualidades del militar, entre ellas “integridad, determinación y abnegación”, además de “un alto porcentaje de operaciones positivas” en el contexto de la lucha antisubversiva.

Entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 1976 Tróccoli figuró como oficial de enlace entre el S2 y el OCOA, tarea que le significó una elogiosa anotación en su legajo. “Totalmente satisfactorio, lo que ha resaltado su capacidad para interpretar las directivas del Comando, sus propias disposiciones ante cualquier dificultad y su propia discreción. El conocimiento que posee, dirigido a las acciones que debe realizar, lo coloca a la par con los oficiales de las otras armas con las que trabaja, demostrando su inteligencia e interés en elevar el prestigio y la brillantez de su propia unidad”.

Una vez culminada su función dentro del OCOA, que consistía en coordinar misiones y acciones antisubversivas, Tróccoli regresó al S2 del Fusna en junio de 1976, y su lugar fue ocupado por el jefe del S3, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.

Jaunsolo también fue generoso en elogios hacia las tareas represivas de Larcebeau, y su rol de enlace con el OCOA, como quedó consignado en su legajo el 20 de julio de 1976: “La Unidad (Fusna) ha recibido del OCOA material secuestrado a la sedición que ha producido mucho beneficio.

El trabajo desarrollado por este oficial (Larcebeau) en su rol de enlace con ese organismo a lo largo de jornadas sin horario, donde la actividad, resistencia, inteligencia, voluntad de trabajo y conciencia profesional ha sido sin duda la razón por la cual esta unidad ha podido tener el mencionado beneficio”.

A inicios de 1977 el comandante del Fusna, capitán Jorge Jaunsolo, mantenía los elogios a Tróccoli por su entrega a la labor represiva junto con los oficiales de las otras armas. “Continúa trabajando como enlace con el OCOA, la Policía y la Prefectura Nacional Naval, a fin de llevar a cabo continuamente las acciones, lo que le significa largas jornadas de trabajo, muchas de las ellas en sus momentos de descanso”, destacó el jerarca.

El 18 de octubre de 1977 Jaunsolo consignó distintas reuniones con miembros de la Armada argentina, con quienes discutió sobre la información relacionada con “la lucha contra la sedición”, en función de las tareas similares que realizaban ambas fuerzas rioplatenses. Estos oficiales dieron cuenta del rol que en ese país desarrolló Tróccoli, de quien destacaron su “capacidad, espíritu militar, carácter y responsabilidad”.

El legajo también consigna la participación de Tróccoli en la detención por parte de la Prefectura Nacional Naval del militante montonero Oscar de Gregorio, el 16 de noviembre de 1977, cuando intentaba ingresar a Uruguay por el puerto de Colonia. Por orden del Comandante en Jefe de la Armada, Hugo León Márquez, el caso fue derivado al S2, y Tróccoli fue el encargado de recomendar al Comando “las operaciones que consideraba necesario realizar” ante la situación.

De Gregorio estuvo detenido en el carcelaje del Fusna, e internado en el Hospital Militar luego de haber sido herido en un intento de fuga. Después de varios días de interrogatorios bajo tortura, fue trasladado ilegalmente el 17 de diciembre de 1977 desde el área naval del Puerto de Montevideo en un helicóptero de la Armada Argentina hasta la ESMA, en cuyo centro clandestino de detención murió en abril de 1978.

Dos años más tarde, el 6 de julio de 1979, el agregado naval Francisco Moliterni le pidió al embajador uruguayo en Argentina que habilitara una prórroga a la permanencia de Tróccoli en el país, atendiendo al servicio que estaba prestando en ese momento en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición de disidentes políticos.

Entre el 2 de mayo y el 20 de diciembre de 1979, Troccoli actuó como integrante del grupo de tarea 3.3 de la ESMA en operaciones de inteligencia. En las hojas de su legajo que se refieren a ese período, también abundan los elogios por parte de altos oficiales de la Armada argentina. En las evaluaciones de fines de noviembre de 1979, el capitán Luis D’Imperio, del Servicio de Inteligencia Naval, sucesor del “Tigre” Acosta, y quien piloteó el vuelo que trajo desde Asunción a Buenos Aires en mayo de 1977 a cinco detenidos, entre ellos los uruguayos Gustavo Insaurralde y Rodolfo Santana, escribió que Troccoli poseía “muy buenos conocimientos doctrinarios ideológicos del enemigo” y que había desarrollado “con marcado acierto” tareas y operaciones de inteligencia, concluyendo que era “un hombre altamente positivo”.

El contralmirante José Antonio Suppicich, quien se desempeñó como director de la ESMA entre mayo de 1979 y enero de 1980, celebró las “brillantes cualidades personales y profesionales” de Troccoli, “siendo particularmente destacable su entusiasmo, sentido de colaboración… y éxito logrado en las tareas que le asignaron”.

Suppicich cerró su evaluación afirmando que Troccoli había dejado una imagen óptima en el grupo de tarea y que “con toda justeza” lo calificaba “sobre lo normal y excepcional”.
Estas calificaciones por parte de altos oficiales de la ESMA a Tróccoli constituyen pruebas contundentes que confirman la coordinación represiva y la estrecha colaboración que existía entre las Armadas de ambas orillas del Río de la Plata, que hasta incluía la incorporación y actuación de oficiales uruguayos en el infierno de la marina argentina.

Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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2) PLAN CÓNDOR: LAS JUSTAS RAZONES PARA LA PRISIÓN PERPETUA DE 13 URUGUAYOS

Análisis de los motivos del tribunal romano que condenó a los represores del cono sur por su participación en la coordinación represiva. Fallo de Casación demorará varios meses

Francesca Lessa / Fabián Werner / Sudestada 20/05/2020

El 27 de diciembre de 2019 la Corte de Apelaciones de Roma publicó las motivaciones de su sentencia del pasado 8 de julio, que dispuso la condena a cadena perpetua de trece represores uruguayos por su participación en la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.

El juicio tuvo una importancia fundamental para la persecución de los crímenes de lesa humanidad en Uruguay, ya que tanto la mayoría de las víctimas (31 de 38) como de los represores acusados (14 de 24) eran uruguayos.
La denuncia fue presentada en 1999 y el trámite judicial llevó 20 años. Como ha sucedido con todos los intentos de búsqueda de verdad y justicia, para las víctimas y sus familiares el proceso implicó la realización de tareas de investigación, búsqueda de testigos, reconstrucción de los hechos represivos y en muchos casos la ubicación de los acusados para que pudieran ser detenidos o notificados.

En enero de 2017 la corte de primera instancia había absuelto a la mayoría de los imputados por considerar que la responsabilidad penal de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del cono sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) era solamente de ocho altos jefes como autores intelectuales del Plan Cóndor. En ese sentido, consideró probada la participación de 18 integrantes de los mandos medios en los secuestros de las víctimas, pero debido al paso del tiempo ese delito había prescripto y no podía ser objeto de sanción penal.

Sin embargo, la sentencia del 8 de julio cambió radicalmente ese criterio. Al revertir el dictamen de primera instancia, el tribunal planteó severas críticas a la forma en que se ponderaron las pruebas presentadas durante el proceso: “Estos tribunales no comparten las conclusiones con respecto a la competencia en el delito de asesinato voluntario, porque el primer juez ha informado ampliamente las declaraciones de los testigos y la documentación oficial a la que se refirieron, pero no consideró el compendio restante, pruebas documentales, transferidas a los hechos por las partes, sobre los perfiles personales de los acusados, las tareas que llevaron a cabo en el período considerado y la articulación de los sistemas represivos establecidos en cada país que se adhieren al Plan Cóndor”.

Para el tribunal, “el análisis que siguió, por lo tanto, se realizó de forma incompleta y las conclusiones alcanzadas no comprendieron completamente el significado de lo que se había recogido, demostrando ser apresurado y contradictorio con las premisas declaradas”.

Las magistradas actuantes de la apelación, ya que la mayoría del tribunal romano estaba compuesto por mujeres, consideraron que la evidencia recogida en primera instancia fue “en gran parte descuidada por el juez en primera instancia”, y que luego durante el proceso de apelación resultó “enriquecida” por documentación probatoria aportada por los querellantes.

La sala estimó que los textos que dieron cuenta de cada caso de desaparición forzada son variados y tienen orígenes diversos. Algunos fueron aportados por familiares de los desaparecidos que se constituyeron como parte civil en el juicio, otros eran compañeros de prisión de los desaparecidos y, por lo tanto, testigos de la presencia de la víctima en el centro clandestino de detención y su posterior desaparición. Otros son historiadores y expertos del período en el que funcionó la coordinación represiva.

El tribunal alude a los informes realizados por la Conadep argentina, la Comipaz uruguaya y la Comisión Rettig chilena, que dieron cuenta de la existencia del Plan Cóndor y recogieron pruebas de su existencia desde el 25 de noviembre de 1975 hasta finales de 1980.

Toda la prueba recabada, tanto en primera instancia como en apelación gracias al esfuerzo del abogado Andrea Speranzoni, permitió lograr las 18 condenas adicionales a cadena perpetua de los mandos intermedios e inferiores, sobre quienes los jueces expresaron lo siguiente:
“Es razonable pensar que los creadores del Plan Cóndor, una vez determinados los objetivos a lograr, recurrieran para su realización a individuos de confianza comprobada, que compartieran sus intenciones y supieran concretar lo que ellos habían planeado y, ya que la actividad represiva había sido pensada a gran escala, su implementación precisaba necesariamente autonomía en la elección de los tiempos, de los lugares y de los blancos (siempre pertenecientes a los grupos de oposición bajo la mira), amplios poderes, espíritu de iniciativa, y capacidad de encarar los imprevistos para asegurar el éxito de la operación.”

El cóndor uruguayo

Respecto a la participación uruguaya en el Plan Cóndor, la sentencia señala que el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), se constituyó en febrero de 1973, cuatro meses antes del golpe de Estado dado por Juan María Bordaberry con el apoyo de la cúpula militar. Este organismo compuesto por el presidente, los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, junto a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, “impartía directivas a los servicios de inteligencia relativas a operaciones militares y paramilitares en Uruguay y Argentina”. Según los jueces romanos, el Cosena “fue un organismo clave en la represión violencia de opositores a la dictadura”.

En el caso de Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, ya fueron condenados por la Justicia uruguaya en 2006, reseñó la sentencia, como responsables por el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurrido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.

Blanco, además, fue condenado por la desaparición de Elena Quinteros, secuestrada en los jardines de la embajada venezolana en Montevideo el 28 de junio de 1976, y cuya desaparición forzada fue resuelta por votación en el Cosena el 3 de julio de ese año.

El personal operativo en la época pertenecía al Servicio de Información de Defensa (SID), que dependía directamente de los comandantes en Jefe de las FFAA, y al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). El OCOA, en tanto, dependía directamente del comandante en Jefe del Ejército, y se dedicada exclusivamente a combatir a los opositores al régimen cívico-militar.

En este contexto, según el tribunal, el Plan Cóndor “constituye el impulso para crear estructuras represivas, pero también para desviar instituciones estatales legítimas”, como el Ejército, la Armada, la Aviación y las fuerzas policiales, entre otras.

El primer objetivo de la represión ilegal en Uruguay fue el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), pero luego continuó contra el Partido Comunista (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y militantes de otras organizaciones políticas, sociales y sindicales.

Las violaciones de los derechos humanos en Uruguay habían llegado tan lejos que incluso el Departamento de Estado de EE. UU. registró el dramático deterioro de la situación de los derechos humanos en el país: en un memorando del 3 de mayo de 1975 se habló explícitamente sobre la tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, asesinatos, violación del derecho a participar en el gobierno, violación del derecho de opinión y expresión, expulsiones arbitrarias, violación de la libertad de reunión y asociación.

En su argumentación, el tribunal romano detalló cada uno de los casos imputados a los represores uruguayos, peruanos, bolivianos y chilenos que son sujeto de la causa.
Jorge Tróccoli fue detenido en Italia en 2007 luego de haber sido acusado por las desapariciones de uruguayos en Argentina en 1977 y 1978.

En cuanto a la situación del represor Jorge Tróccoli, que había sido absuelto por el fallo de primera instancia, el tribunal señala que fue imputado por el secuestro y la muerte y desaparición de seis ítalo-uruguayos y de 20 uruguayos, la mayoría perteneciente a los GAU, entre el 21 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978. Luego de haber pasado por el “Circuito Camps”, una serie de centros clandestinos de detención en Buenos Aires integrado por los pozos del Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT 1), Banfield y Quilmes.

La existencia de este operativo conjunto en el marco del plan Cóndor contra los miembros de los GAU fue confirmado por un documento de la Armada uruguaya titulado “Operativo Antisubversivo GAU”, en el que aparecen escritos algunos pasajes de los interrogatorios realizados bajo tortura en Buenos Aires a los militantes Julio César D’Elía Pallares y Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, así como los de Alberto Corch Laviña, Guillermo Manuel Sobrino Berardi y Alfredo Moyano Santander, “todos los cuales desaparecieron en Buenos Aires durante una redada contra los GAU de diciembre de 1977”.

Tanto los testimonios de los sobrevivientes del Pozo de Quilmes así como documentos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina coinciden en señalar la presencia de miembros uruguayos de la OCOA en los interrogatorios y las torturas. Asimismo, entre las pruebas analizadas se encontró en el informe entregado en 2005 por la armada uruguaya el archivo personal de una de las sobrevivientes, Graciela Borelli, que muestra que ya estaba controlada por la Armada, a través de los Fusileros Navales (FUSNA) en los años anteriores al secuestro.

La patota del OCOA

José Gavazzo y Jorge Silveira, criminales de lesa humanidad, condenados a cadena perpetua en Italia y con prisión domiciliaria en Uruguay.

En cuanto a la situación de los represores uruguayos José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente y José Sande Lima, el tribunal menciona la condena en Uruguay por 28 asesinatos especialmente agravados en el caso de los militantes del PVP, presuntamente trasladados a Uruguay desde Buenos Aires en lo que se conoce como el “segundo vuelo”, que habría ocurrido el 5 de octubre de 1976. Este accionar represivo ilegal fue confirmado por el informe del Comando de la Fuerza Aérea en su informe al presidente Tabaré Vázquez del 26 de noviembre de 2005.

“Durante el juicio uruguayo, el propio Gavazzo admitió que viajó a Argentina como oficial de enlace, fue a Automotores Orletti y trabajó ‘en uruguayos que residen en Argentina’”, dice la sentencia. Asimismo, el dictamen alude a los argumentos de la Justicia uruguaya en cuanto a que la mayoría de los testimonios coinciden en que era Gavazzo quien comandaba las operaciones represivas en el centro clandestino de detención y que los miembros del SID y la OCOA “actuaban de manera coordinada en el desarrollo de operaciones de inteligencia en el marco de un diseño criminal común, en el territorio argentino, en particular en la base-centro de tortura clandestino de Automotores Orletti”.

“Los militares y policías uruguayos de esta estructura viajaban constantemente a Argentina, intercambiaban información, interrogaban a prisioneros mediante maltratos y atrocidades físicas, efectuaban detenciones y trasladaban clandestinamente”, todo lo cual finalizó “con la eliminación de las víctimas mediante el homicidio”, añadió la corte romana.

Entre la documentación citada por los magistrados para explicar su decisión de condenar a los represores uruguayos, se encuentran comunicaciones firmadas por Gavazzo, Arab y Sande. En el primer documento, firmado por Gavazzo el 16 agosto de 1976, se hace referencia a “Condorop”, acrónimo del área de operaciones del Cóndor, en una carta enviada desde el Departamento 3 al Departamento 1 de Inteligencia.

El segundo documento, fechado el 21 de junio del mismo año, refiere a un pedido de información realizado por Arab en nombre del jefe del Departamento 3 del SID respecto a varias personas requeridas, entre ellas Washington Domingo Queiro Uzal, quien fue detenido cuatro meses después y todavía permanece desaparecido, y a Francisco Edgardo Candia Correa, quien fue asesinado ese mismo día.

El tercer documento está firmado por Sande en nombre del jefe del Departamento 3 del SID, con fecha 23 de marzo de 1977, pidiendo información a la Policía Científica a fin de identificar las huellas de Raúl Néstor Tejera Llovet, quien había sido secuestrado el 26 de setiembre de 1976 y todavía permanece desaparecido.

“Todos culpables”

Para el abogado Giancarlo Maniga, patrocinante de Aurora Meloni, viuda de Daniel Banfi, la sentencia tiene “todas las cualidades para resistir cualquier recurso de casación”, al contrario del fallo de primera instancia de enero de 2017. En aquel momento, el tribunal “adoptó el criterio de identificar como responsables de los crímenes objeto del juicio solo los jefes de estado y las principales figuras de esas fuerzas, condenandolos a la pena máxima”, pero absolvió “a los militares de rango intermedio, acusados como ejecutores, sin haber considerado identificar pruebas adecuadas o, en cualquier caso, suficientes para configurar su responsabilidad en los asesinatos que se les atribuyen”, explicó el jurista.

Este criterio, resaltó Maniga, fue apelado por la fiscalía y los denunciantes y fue “totalmente anulado” en la sentencia del Tribunal de Apelaciones del 8 de julio de 2019. Para el abogado, las motivaciones de la sala recopilan de manera “muy precisa y efectiva” las pruebas orales y documentales, así como los argumentos legales presentados por la fiscalía, a fin de reconocer que existió una “concurrencia de personas en el crimen continuo” de lesa humanidad.

“Todos los acusados deben ser considerados conjuntamente responsables de los asesinatos, cualquiera que sea su papel en la cadena coordinada de acciones que llevaron a ellos”, explicó Maniga. Más allá del grado de participación en los crímenes, cada uno de los acusados “se había adherido ideológicamente a esta conducta a sabiendas,
proporcionando, cada uno de acuerdo con las tareas asignadas y asumidas voluntariamente, su propia contribución funcional, dirigida a las ejecuciones criminales individuales”, señaló el abogado.

Por esta razón, y a la luz de este “principio de derecho dominante”, añadió Maniga, todos los acusados que habían sido absueltos en enero 2017, dos años y medio más tarde, en julio de 2019, fueron condenados a la pena de cadena perpetua, al igual que los ocho sentenciados en primera instancia (entre ellos el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco), cuyas penas resultaron confirmadas.

Todos los acusados uruguayos presentaron recurso ante la Corte de Casación de Roma. En función de los tiempos procesales y también de la parálisis ocasionada por la pandemia de coronavirus, abogados consultados por Sudestada estiman que la Corte tratará dicho recurso entre finales de este año y principios de 2021.

Francesca Lessa /Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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3) LA HUELGA EN LA LUC: PALABRAS (DE) MÁS, PALABRAS (DE) MENOS

Hugo Barretto Ghione * /La Diaria, 18.05.2020

Entre el conglomerado de temas que trata el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) a estudio del Senado, se encuentra una iniciativa de reglamentación de la huelga y los piquetes. En el primer caso, el texto resulta un tanto enigmático y orejano, ya que no tiene una significación precisa, y presenta una terminología absolutamente ajena a la empleada en la Constitución y en las normas internacionales sobre el derecho de huelga. Su lectura genera cierta perplejidad, que no se sabe si atribuir a una deliberada estrategia de escritura o si es un mero esperpento jurídico.

En concreto, el artículo al que nos referimos prescribe: “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, los derechos de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

Si bien parece plausible –aunque sobreabundante– establecer que el Estado garantiza el ejercicio del derecho fundamental de huelga (ya lo había dicho mejor el artículo 57 de la Constitución), rápida y penosamente advertimos que estamos ante el viejo axioma de que las “segundas partes nunca fueron buenas”. En efecto, la calificación de “pacífico” genera legítimas dudas, puesto que no se entiende la razón por la que se regula de esa manera la huelga y no el resto de los derechos. Así, por ejemplo, habría que preguntarse por qué garantizar el ejercicio “pacífico” de la huelga y no el ejercicio “pacífico” del derecho de propiedad, de la libertad de cultos y de la libertad de reunión o expresión del pensamiento. La incomodidad que provoca ese foco puesto y detenido cenitalmente sobre la huelga hace pensar –el legislador no lo permita– que trasluce un prejuicio del Poder Ejecutivo respecto de que la huelga pueda fácilmente derivar en una práctica violenta y, en consecuencia, nos llama a estar prevenidos y a recortar en lo posible su radio de actuación o purificar sus modalidades de ejercicio.

El proyecto resulta por eso ajeno a nuestro marco constitucional, porque esa cierta predisposición a observar las medidas de huelga como potencialmente violentas es meridianamente contraria al mandato del artículo 57 de la Carta Magna, que marca que toda reglamentación (sea por ley, sea por convenio colectivo o sea resolución del Consejo de Salarios) se debe dirigir a dotar de “efectividad” a la huelga, lo que implica confiar en la función igualadora y promotora de los derechos de los trabajadores que dicho instrumento representa.

Lo que en el constituyente es delegación en los trabajadores de una herramienta para el progreso social y económico, para la democratización de las relaciones de trabajo, en la LUC es fuente de prevención y suspicacia. La norma proyectada pretende una imposible equiparación del derecho de huelga con la libertad de trabajo y de la dirección de la empresa a ingresar al establecimiento durante su transcurso.

La continuidad narrativa huelga/libertad de no huelguistas/acceso del empresario es inédita en el derecho internacional, ya que no existe paralelismo entre la huelga y las libertades del empresario y el no huelguista en el Convenio Internacional del Trabajo número 87, que reconoce el derecho a tener “actividad” sindical en defensa del interés de los trabajadores (artículos 7 y 10), y mucho menos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que obliga a los estados a garantizar el derecho de huelga (sin otro aditivo), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo hace en términos similares. Las normas internacionales sobre derechos humanos cuando reconocen el derecho de huelga no dejan un solo rastro de derechos individuales del huelguista o empresario. Y no es un olvido o una desatención: la huelga se despliega inevitablemente contra el empleador, y todo intento de armonizar la libertad de empresa mientras dure el corto lapso de interrupción o alteración del trabajo con motivo de protesta es un intento indisimulado de anular la efectividad del derecho. Cosa que nuestra Constitución no admite.

Por otra parte, resta preguntarse si el concepto de huelga “pacífica” se define y determina únicamente en relación con la permisividad del ingreso al establecimiento de no huelguistas y empresarios o si “pacífica” refiere a otra cosa, por ejemplo, a la calificación de la modalidad o tipo de huelga que en concreto se encuentren implementando los trabajadores.

En este punto el problema se torna irresoluble, puesto que es bien sabido que en nuestro país no existe una definición legal de huelga y, por tanto, no habría parámetro ni contorno con el cual efectuar la comparación entre: a) la medida de acción gremial y b) un concepto de derecho positivo preexistente.

Ante ese vacío –cuyo fondo es insondable– correspondería a un tercero dirimir si la huelga es o no “pacífica”, sin norma alguna de referencia. El texto llama pudorosamente “Estado” a quien toque intervenir en el asunto, dejando en la incertidumbre si es el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio del Interior o quién sabe.
Palabras más, palabras menos, lo que parece querer regular el proyecto no es la huelga, sino las ocupaciones, que son una modalidad de ejercicio de la huelga. Pero, si es así, no se entiende por qué no lo dice con claridad, en lugar de dar rodeos que confunden. La propiedad de “pacífico” y la obligación de salvaguardar la libertad de los no huelguistas y de la dirección de la empresa se vincula a la ocupación y al piquete, no a la huelga, que es un fenómeno de mayor alcance. Esa ha sido históricamente la posición del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

La huelga hace explícito y visible el conflicto laboral. Y, para ser efectiva, debe hacer sentir su poder disuasivo. Que genera perjuicios, desde luego, y en primer lugar al trabajador huelguista. Pero con Walt Whitman podríamos decir –y sería bueno que el legislador lo tomara–: “Yo no soy un registrador de lamentos (¿Qué tengo que ver con los lamentos?)”.

* Hugo Barreto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.

La Diaria
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4) COVID-19 Y EL CLIMA – UNA PANDEMIA NO ESCONDE LA OTRA

Sergio Ferrari, de la ONU, Ginebra, Suiza

El planeta sigue transpirando. Las temperaturas globales se disparan, a pesar del leve respiro que, paradójicamente, le da el COVID-19 con su corolario de contracción económica y reducción del transporte. Los próximos e imprevistos desastres naturales seguirán tocando a la puerta de la Tierra, aunque el coronavirus buscará desplazarlos del primer plano mediático.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el C02, responsables principales del deterioro climático, se redujeron drásticamente durante la actual crisis. Por ejemplo, en China, principal emisor del mundo, se estima que las mismas bajaron en torno de un 25 %.

“Suspiro” en sala de emergencia

Sin embargo, descenso momentáneo no implica solución estratégica. Y hacia allí apunta Greenpeace, cuando afirma en su estudio de abril del año en curso que “pese a la reducción de las emisiones en algunos sectores como el transporte y el eléctrico, la concentración de CO2 en la atmósfera no baja, sino que sigue aumentando.

Consecuentemente la crisis sanitaria no está contribuyendo a paliar la otra gran crisis que enfrenta el mundo: el cambio climático” (es.greenpeace.org/es/noticias/la-concentracion-de-co2-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-crisis-sanitaria-causada-por-el-covid-19/)

La ONG internacional sistematiza algunas estimaciones sobre la reducción transitoria a raíz de la crisis. Y afirma que Alemania podría emitir entre 50 y 120 millones de toneladas menos de CO2 este año por la enorme bajada en la demanda de electricidad. En la ciudad de Nueva York se estima una caída del 5-10% de las emisiones de CO2 y una caída sólida en el metano.

Carbon Brief, referencia en el tema, sostiene que esa reducción podría ser de un 5% con respecto a 2019 (www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions). Y sostiene que dicho descenso va a ser el más importante de la historia, desde que se realizan inventarios. Será más significativo que las caídas de CO2 registradas, en orden descendente, durante la recesión del 1991-1992; la crisis energética del 1980-81; la Gripe Española de 1918-1919; y la crisis financiera del 2008-2009.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que la demanda de petróleo de este año ha caído por primera vez desde 2009. Una reducción de cerca de 90.000 barriles de petróleo/día respecto a 2019, debido a la profunda contracción del consumo en China y a las suspensiones en los viajes y el comercio mundiales. Los datos más recientes indican que la demanda de petróleo se desplomó un 25%. Para visualizarlo con una imagen, esa caída sería como si toda Norteamérica (EEUU, Canadá y México) dejasen de consumir ese combustible de golpe.

Cada vez peor

Los últimos cinco años, según el balance de diferentes organizaciones internacionales especializadas, han sido dramáticos para el clima. A pesar de los gritos crecientes de nuevos actores sociales que ganaron asidua y activamente las calles, las cifras son categóricas.

Desde los años 80 cada década ha sido más cálida que la anterior. La concentración del CO2, en el último quinquenio resultó un 18% mayor que en el anterior. El año pasado se registraron los valores más elevados en cuanto a contenido calorífico en los 700 metros superiores de los océanos, amenazando significativamente la vida marina y los ecosistemas.

Las olas de calor golpearon entre 2015-2019 a todos los continentes sin distinción. Y fueron una de las causas principales de los incendios forestales sin precedentes, no solo en la selva amazónica, sino en Australia, América del Norte y Europa.

En cuanto a la repercusión directa en la especie humana, cerca un tercio de la población mundial vive en zonas con temperaturas potencialmente mortales, al menos 20 días por año, debido a las enfermedades propias de ese clima excesivo. La sequía multiplicó la inseguridad alimentaria en numerosas regiones del globo, en particular en África, en tanto los ciclones tropicales repetidos produjeron pérdidas incalculables.

Las lluvias intensas y desbocadas, facilitan la aparición de brotes epidémicos. Allí donde el cólera es ya endémico, 1300 millones de personas corren el riesgo de contraer la enfermedad

50 años de “poco o nada”

Hace exactamente medio siglo, se “celebró” por primera vez el Día de la Tierra. Entonces, los expertos comenzaron a alertar sobre las consecuencias irreparables para la humanidad producto del calentamiento global.

El diagnóstico de entonces no era errado. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de CO2 es actualmente un 26% mayor que las marcas de 50 años atrás. La temperatura aumentó en igual período un 0,86°C y ya supera holgadamente en 1,1°C la de la era preindustrial. Y la tendencia sigue en ascenso. La misma agencia de la ONU calcula saltos significativos hasta 2024, en particular en las regiones de altas latitudes y zonas terrestres, siendo más lento en los océanos, en particular el Atlántico Norte y el Austral.

(public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-d%C3%ADa-de-la-tierra-hace-hincapi%C3%A9-en-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica)

Desafíos monumentales

En tanto la pandemia produjo un cimbronazo mundial sin precedentes desde la 2da Guerra Mundial, pero con impacto a corto y mediano plazo, la lucha contra el calentamiento apuesta a la estrategia misma de sobrevivencia de la humanidad.

“Se debe actuar con decisión para proteger el planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial del cambio climático”, declaró recientemente Petteri Talas, director de la Organización Meteorológica Mundial. Agregando que “debemos aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático…Tenemos que actuar juntos en interés de la salud y la prosperidad de la humanidad, no solo durante las próximas semanas y meses, sino pensando en muchas generaciones futuras”.

Si se quiere controlar la pandemia climática, se debería asegurar – lo que parece ya casi imposible- una disminución de las emisiones globales de carbono de 7,6% para fines del año en curso. Y mantener ese porcentaje de reducción anual durante la próxima década para mantener el calentamiento global por debajo del 1,5°C a fines del siglo, según las previsiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Visión compartida, al menos retóricamente, por el Secretario General de las Naciones Unidas. En su mensaje por el Día Internacional de la Madre Tierra, el pasado 22 de abril, Antonio Guterres insistió en que “las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno”. Y definió seis principios para que la recuperación económica y financiera postcrisis se impulse en el marco de una nueva conciencia de protección del medioambiente. “La recuperación debe ir acompañada de la creación de nuevos trabajos y empresas mediante una transición limpia y ecológica …la artillería fiscal debe impulsar el paso de la economía gris a la verde y aumentar la resiliencia de las sociedades y las personas” (www.un.org/es/observances/earth-day/message)

Greenpeace, por su parte, en el estudio de abril, considera que, “aunque las reducciones puntuales en las emisiones no van a paliar la crisis climática, sí deberían servir para iniciar los cambios profundos y necesarios para reducir las emisiones a cero”. Sostiene que este punto de inflexión puede y debe ser un motor de la recuperación económica y ser la base de la prosperidad a largo plazo. Y llama a que los Gobiernos abandonen las subvenciones a los combustibles fósiles al mismo tiempo que el apoyo a las inversiones públicas se destinen a actividades productivas que garanticen la sostenibilidad del planeta.

Recuperar la calle

La pandemia y las restricciones de movilización y concentración humana frenaron en seco, por algunas semanas, la protesta ciudadana a nivel planetario. La misma estaba en ascenso en muchos países cuando se desató el COVID-19.

Esa cuarentena de calle golpeó particularmente a las movilizaciones juveniles en defensa del clima, principales protagonistas sociales durante todo 2019, en todo caso en Europa. Y hoy, una de las *víctimas* indirectas de la pandemia.

Las organizaciones nucleadas en torno la Huelga Climática, que marcaron la dinámica social en Suiza en los últimos dos años, se vieron obligadas a renunciar, por ejemplo, a la gran jornada de acción que había sido originalmente convocada para el pasado viernes 15 de mayo. Que había logrado consensuar las fuerzas juveniles medioambientales y las principales organizaciones sindicales. Y que se proponía crear un hecho político de la dimensión de la Huelga de Mujeres, del 14 de junio del 2019, cuando se movilizaron en todo el país medio millón de participantes.

Cuando la lenta reapertura comienza a transitarse en una buena parte del planeta, la pregunta de fondo es doble.

¿Logrará imponerse una nueva racionalidad productiva que sea ecológicamente sustentable? Y, adicionalmente, ¿conseguirán las organizaciones sociales -especialmente juveniles- a favor del clima recuperar la energía de un año antes o sufrirán el impacto del lockdown impuesto por los gobiernos para evitar la propagación de la pandemia?

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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5) ¿Quo vadis COVID-19?

Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/

La pandemia ha generado con su sola irrupción, una nueva interrogante sobre el mundo, la realidad, la verdad.

Su peso es tal y tan perceptible que de inmediato advertimos que estábamos en un parteaguas; antes de y después de.
Como cuando el 11 de setiembre de 2001.

La primera interrogante, claramente, es sobre su advenimiento. Si natural, dado por la “fuerza de las cosas” o promovido, es decir como expresión de una política.

Optar por considerarlo estrictamente político nos pone de inmediato bajo la acusación de lo conspiranoico, en el mismo sentido que cualquier crítica a la crueldad y el desprecio racista del establishment israelí contra lo palestino nos pone bajo la acusación, radicalmente falsa, de antisemitismo.

Esto significa que nuestra cultura o mejor dicho que los titulares de nuestra cultura tienen una línea precisa de lo políticamente correcto, que no pasa por algunos territorios, vedados.

Sobre el neologismo conspiranoico y su relación con “la pandemia”, remito al lector al análisis que Antonio Martínez Belchi ha desplegado en “El COVID19 y el problema de la verdad” (28 04 20), quien, postulando ser escéptico metódico ante toda conspiración por suscribir “el principio de simplicidad” (Navaja de Ockham), desarrolla, como la más convincente de las posiciones, “la tesis de la propagación intencionada”.

Por mi parte, he leído una larga exposición de Bill Gates, “The First Modern Pandemic” (23 04 20) que constituye un despliegue de identificación con los desamparados, los ancianos, los niños, los enfermos, que despertaría la envidia de la Madre Teresa de Calcuta.

Bill Gates es el mismo que patrocina a la OMS con aportes incomparablemente mayores a los de cualquier estado (con lo que eso significa de condicionamiento), es el mismo que organizara un simulacro de pandemia que tuvo lugar precisamente antes de la encarnación, de la puesta en acto que ahora nos condiciona en todo el mundo.

OBJETIVO DECLARADO Y APARENTE; OBJETIVOS REALES

Así como el alegato de Gates destilando bondad a raudales resulta incongruente, así la cobertura mediática parece también incongruente; so pretexto de informar, tiene un único resultado (¿u objetivo?): atemorizar, por no decir aterrorizar a la población humana.

Todo el registro de lo que se suponen los estragos de la pandemia se hacen con estadísticas que parecen partir de la amortalidad humana: no que los humanos sean inmortales, porque sería una ñoñez, que ni un filósofo partidario de la construcción de humanos como Yuval Harari pretende, pero sí que los humanos no mueren… salvo por coronavirus.
Tuvo que salir un infectólogo archirreconocido, jefe de Protección Civil italiano, Angello Borrelli, estimando que estamos ante “fallecidos con coronavirus y no por coronavirus” (1)

Si los voceros e intermediarios de “la info” de nuestro presente maltratan así a la verdad, tenemos que suponer tontería sin límites o calculadas estrategias de engaño, disfraz o confusión. Aunque sepamos el alcance casi ilimitado de lo tonto, nos parece que hay otros elementos que nos llevan a pensar que no se trata de tontería o torpeza alguna.

Hagamos somera recorrida cronológica: cuando la epidemia de COVID-19 parecía instalada en China, concretamente en Wuhan, ciudad clave por sus laboratorios vinculados a la investigación y producción de quimeras, y poco más en estados vecinos o circundantes, como Corea del Sur (nada se sabe de la del Norte), Singapur, Taiwan, cuando todavía no se había establecido la corriente de contagio con países de Europa Occidental, el segundo brote de lo que se iba a configurar como pandémico, aparece en Irán; un estado, una sociedad con mucho más bajo intercambio turístico y humano que todo el asiento del tercer empuje; Europa Occidental, y relativamente aislada de las zonas tanto del primer brote como del tercero.

En Irán, el efecto fue conmocionante, con una tasa sorprendentemente alta de mortalidad, y los pocos datos que se conocen dan a entender que se trata de una avalancha de muertos en la dirección política del estado persa, donde los gerontes tienen o tenían asaz significación.

¿Cómo explicar el brote iraní? Conociendo el empeño de Israel en conseguir que EE.UU. le haga la tarea sucia de borrar a Irán o al menos a toda su dirección militar y política de la faz de la tierra, mi hipótesis es que el COVID-19 fue plantado en Irán, como poco antes en Wuhan y extensivamente en toda China, usando con aparente (porque no podemos decir evidente) sincronización el momento de mayores traslados dentro de China por el año nuevo nacional. Para evitar el recurso de “las casualidades permanentes”.

El gobierno de EE.UU. ha acusado a China de la difusión del virus maldecido y temido.

El gobierno chino ha acusado a EE.UU. de su implantación en Wuhan: sabemos sí que esa ciudad recibió una delegación de 300 militares estadounidenses muy poco antes del estallido pandémico, para celebrar juegos olímpicos militares. Aunque no constituya prueba en sí, no se puede desdeñar la cronología de lo acontecido: los militares se retiran “fraternalmente” de Wuhan a fines de octubre de 2019. Pocas semanas después, se inicia la cadena de contagios…

Se supo, lo informó un equipo periodístico de la RAI italiana, que en 2015 laboratorios estadounidenses y chinos trabajaban viendo cómo forjar quimeras; seres vivos de origen sintético. Con la técnica que ha permitido forjar seres vivos transgénicos. Según los periodistas italianos, el laboratorio estadounidense embarcado en el proyecto se habría bajado. No así el colega chino. Pero nada hay certero, cuando sabemos que los comportamientos pueden ser o parecer. Que las negativas pueden ser de renuncia o de elusión,
manteniendo oculto lo que se desecha públicamente.

Martínez Belchi ha incursionado en una serie de signos o claves que podrían reflejar el carácter premeditado y secreto de acciones como el origen de esta pandemia. Lo hace bordeando toda teoría conspirativa, no por vocación paranoica sino por necesidad interpretativa. Porque no encuentra otra forma de explicar datos “inexplicables”. Se refiere, por ejemplo, al valor esotérico del 666; “el 26 de marzo de 2020 Microsoft, la megacorporación de Bill Gates, ha registrado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas, una nueva patente para obtener criptomonedas usando datos de actividad corporal humana: es decir, un dispositivo digital que coincide, punto por punto, con lo que la cultura popular ya conoce como el “microchip [subcutáneo] 666”. ¿Y adivina el lector cuál es el número oficial de la patente? Pues nada menos que “2020/060606”.

Martínez Belchi también se pregunta si es una pista, una clave…

De éstos, enlaces, coincidencias, rastros, hay muchos que en general no hacen sino inflamar las teorías conspirativas. Pero algunos de estos elementos, como la aparición en la tapa de la revista The Economist de diciembre de 2018 de un pangolín, que trae a colación también Martínez Belchi parece ser como un juego de señas; el mismo armadillo que un año después –con razón o sin ella– iba a ser considerado clave en la difuminación del COVID-19.

Martínez Belchi presenta varios de estos ligamentos o referencias, que parecen más bien claves entre conjurados, dueños de un secreto que intercomunican con indisimulable regocijo u orgullo.

¿Qué papel nos queda a nosotros los ajenos a tales mostraciones, o más bien objetos de ellas?

Hannah Arendt tiene algo para decirnos: recuerda que el nazismo iniciò medidas cada vez más “gruesas” basándose en la “necesidad de sensatez”, “imperio del sentido común” que suele albergar la población. De modo tal que, cuestiones muy aberrantes suelen generar incredulidad y descrédito. La gente se resiste a pensar en lo abominable. En lo que suena “demasiado”. Y eso le otorga impunidad a quienes sí ejercen tales acciones culturalmente excedidas.

Todos los estados mayores, no sólo los nazis, se defienden.

El ejército israelí que masacra palestinos desarmados, mujeres, niños, se denomina “Ejército de Defensa”. Cuando tales ejércitos cometen atrocidades (es decir, “normalmente”) tienen buen amparo en “su” población que no imagina ciertamente que se puedan cometer horrores (la prensa adicta “ayuda”, mostrando siempre los horrores del contrario).

Si tenemos una pandemia generada políticamente, tendríamos que inteligir: 1) las razones; 2) los alcances.

1) Estamos ante un calentamiento global cada vez menos escamoteable; ante una crisis energética cada vez más compleja, ante una contaminación cada vez más palpable, ante una crisis alimentaria que pasa por la calidad de nuestros alimentos pero que, explosión demográfica mediante, puede afectar también la cantidad.

Para muchos, la bomba demográfica es la primera a desmontar. Que la población humana está recargando insensatamente al planeta es una observación correcta, pero como el enfoque limitacionista proviene de los privilegiados del planeta, la idea es disminuir fuertemente no la población de rubios y ricos sino la de morochos y pobres. Éste es el cariz racista de la cuestión.

Pero hay otro, desfachatadamente desnudado hace pocos años por un ministro japonés: los viejos viven demasiado. Una cosa es jubilarse e “irse” al poco tiempo y otra es ir generando una cuarta edad cada vez más longeva.

Así que, medidas correctivas, “soluciones de achique poblacional” podrían enfocar a los grandes suburbios planetarios (sobre todo, los radicados en la periferia) pero también a los adultos muy mayores; una “guerra del cerdo” innombrable.

Y antes de encarar los alcances –los fines estratégicos, siguiendo en la senda de que esta situación planetaria es política– tenemos que señalar el fundamental papel de lo mediático, los grandes socializadores del miedo, el pensamiento dominante, los auspicios.

El conteo permanente y cotidiano de muertos, algo de por sí comprensible y necesario, ha sido hecho con la misma desprolijidad y parcialidad con que los medios de incomunicación de masas tratan todas las cuestiones: cegando zonas, mezclando otras, omitiendo, ignorando lo que no se adapta a los fines de la info que se “produce”.

No podemos saber cuáles son los verdaderos muertos del COVID 19, ni siquiera los contagiados Porque el establishment sanitario ha hecho una escotomización para ver la realidad y solo atiende a “la pandemia”.

¿Dónde están los miles de muertos de gripe o neumonía cada año en Italia, Reino Unido o España? ¿Dónde las decenas de miles de muertos por la misma razón, año a año, en EE.UU.
En 2018 y solo de gripe, murieron en EE.UU. 14 mil. Sobre 26 millones de contagiados.

2) El virus de esta pandemia parece muy direccionado hacia los mayores entre los mayores (aunque esa patogenicidad parece, con toda lógica, ingobernable; hay secuelas problemáticas entre infantes, por ejemplo, y entre el personal sanitario hay una mortalidad incomparablemente mayor que en toda la población y eso significa que no ataca solo a los mayores entre los mayores).

A su vez, la organización que ha provocado el miedo al COVID-19 (pese a su baja o muy baja letalidad), nos ha introducido en un universo de controles y desconfianzas totalmente generalizado: el miedo y los barbijos, por ejemplo, nos convierten, sin pensarlo, a todos en sospechosos.

Sospechas (siempre) hacia los otros: una mujer hace cola; se le acerca (a preguntar) otra persona sin barbijo y la mujer retrocede como si se tratara de la Muerte Roja: se trataba de dos vecinos sin fiebre, más o menos sanos. Pero el miedo se canaliza aferrándose al barbijo, como clave de seguridad.

La regimentación que se está aplicando es funcionalísima a todo proyecto de control social (de aun mayor control social del que ya tenemos implantado, obviamente): La represión bajo razones científicas suele ser de las más admisibles y que permiten mayores avances (y atrocidades); ya, en los ’60, el experimento de Stanley Milgram (2) nos lo recuerda.

Queda por entender qué ha pasado en Bérgamo y Lombardía con su tan alta mortalidad; qué ha pasado, está pasando en Nueva York, ante cuyo drama tiemblan y cede todo conspiracionismo sencillo dictado desde los titulares más proverbiales del poder mundializado.

Estamos convencidos que con todos “los adelantos tecnológicos y comunicacionales” dedicados a combatir la pandemia se procurará reconfigurar nuestra cotidianidad bajo nuevos controles y planificaciones, siempre ajenos. Porque provienen de centros de poder, por más que muchos de tales “adelantos” nos conquisten por su comodidad y ciertas aplicaciones faciliten nuestra vida cotidiana.

Por eso, tendremos que ser muy vigorosos si queremos evitar una oleada de regimentación, control y miedo introyectado, que irá “autorizando” medidas de intromisión en nuestras vidas, cada vez mayores.

Un mero ejemplo; nos venden las ventajas, alcances y comodidades del 5G, y la capacidad que otorga a los centros de conocimiento sobre cada vez más rasgos de nuestras vidas. Pero los que impulsan la implantación del 5G no atienden a lo que significa para nuestro hábitat, es decir para todo el planeta, semejante despliegue y recarga de ondas electromagnéticas.

Sería tonto que estemos dentro de unos 15 años doliéndonos del daño producido y por entonces irreversible. Como se ha probado que existe ya con los plásticos en el mar océano de nuestro planeta, de nuestra única nave espacial.

Notas:
(1) Hoenir Sarthou: “La información sobre muertes “por” o “con” coronavirus, incluso en Italia, España y EE.UU., así como los pronósticos sobre letalidad, velocidad de contagio, efectos físicos de la enfermedad y tratamiento, parecen haber sido erróneos o deliberadamente exagerados”, “Coronagates: La revolución del sentido común”, Voces, Mtdeo., 6/5/2020.
(2) Estudio del comportamiento de la obediencia, 1964: en el Occidente moderno y civilizado, solo una escuálida minoría resiste por sí misma a producir daño en nombre de la ciencia.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2250 / miércoles 20.05.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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