Entradas de junio de 2021

URUGUAY: EL GAVAZZO QUE YO CONOCÍ Blanca Luz Menéndez Mariño – Comcosur al día 2300 – 30.06.2021

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021 Hoy:

1) Uruguay: Murió el represor José Nino Gavazzo
2) Uruguay: El Gavazzo que yo conocí /Blanca Luz Menéndez Mariño
3) Uruguay: ¿Modernización o entrega? /Luis E. Sabini Fernández
4) Uruguay, el país de las inversiones confidenciales /Fabián Werner
5) Los alimentos por las nubes… y también en la basura /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021

1) URUGUAY: MURIÓ EL REPRESOR JOSÉ NINO GAVAZZO

En silencio y con privilegios militares durante su reclusión, murió la persona condenada por más homicidios de la historia uruguaya.

La Diaria /26 de junio de 2021

El represor José Nino Gavazzo murió tras un accidente cerebrovascular. Estaba en prisión domiciliaria y fue trasladado al Hospital Militar, donde falleció.

Gavazzo, nacido en 1939, ingresó al Ejército en el 56, en el arma de Artillería. Integró el Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército.

Durante la dictadura actuó en la División del Ejército I en 1973. Más tarde integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En 1975 fue segundo jefe del Departamento del Servicio de Información y Defensa (SID), que desarrollaba las operaciones de inteligencia y de represión contra opositores, y en 1976 pasó a ser jefe.

Junto a otros militares, ejecutó las acciones de represión definidas en el marco del Plan Cóndor; entre ellas, fue responsable del secuestro de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, en Buenos Aires.

En 1995 fue procesado por extorsión en una causa asociada a la falsificación de dinero. Fue responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad: secuestros, desapariciones, torturas y homicidios. Fue juzgado en Uruguay y en el extranjero.

Por sus delitos de lesa humanidad, siempre estuvo en cárceles asociadas a los privilegios militares. En 2006 ingresó a la Unidad 8 Domingo Arena. En 2013 fue trasladado a un sector especial dentro del Hospital Militar. El 24 de diciembre de 2015 el juez de ejecución Martín Gesto Ramos le dio prisión domiciliaria, régimen en el que permaneció hasta su muerte.

Fue condenado por más de treinta delitos de homicidio muy especialmente agravado cometidos durante la dictadura. 28 de ellos, en reiteración real, se asocian a las investigaciones del segundo vuelo del Plan Cóndor. A estas causas se suman la de María Claudia García de Gelman, la de Roberto Gomensoro y la de Julio Castro.

Continúan las investigaciones de otras causas, entre ellas la de las Muchachas de Abril. Fiscalía pidió su procesamiento por los homicidios de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, que estaba embarazada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos trabaja en la sentencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado argentino en el secuestro de los hermanos Victoria y Anatole Julien. Se esperaba la resolución de este caso para fines de este año.

En silencio y con privilegios militares intactos, murió la cara de la última dictadura uruguaya.

A los homicidios se suma su responsabilidad en el saldo que dejó la dictadura: 197 desaparecidos.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021
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2) URUGUAY: EL GAVAZZO QUE YO CONOCÍ

Blanca Luz Menéndez Mariño

La primera vez que conocí, más directamente, a Gavazzo fue una de aquellas noches interminables que nos subían a varios compañeros y rotábamos en las salas de tortura, del gancho al submarino, después el caballete, la picana y así toda la noche…

En un momento en que yo estaba de cara a la pared esperando lo que viniera después, huelo una baranda de perfume y escucho su voz. Me agarró la mano, la pasó sobre su camisa y me dijo: -Es una camisa de seda, gorda, yo ahora me voy a bailar, y vos te quedás acá.

Siempre pensé cual habrá sido el objeto de ese pasaje por las salas de tortura, después de ducharse, perfumarse y vestirse para salir a bailar. En fin, imposible encontrar una explicación.

Tiempo después en un arranque de locura, hablando con el Pajarito Silveira le dije que lo iba a matar. Él pretendía convencerme de darle mis contactos, que yo que era una gurisa iba a salir jovencita de la cárcel; y yo cometí la torpeza de contestarle de qué me estaba hablando ya que si seguían así, ellos me iban a matar antes de salir de allí.
Entonces él me dijo: -No gorda, no te preocupes, vos de acá salís viva. Eso sí, vos que sos comunista vas a rogarle a dios para morirte, porque vas a conocer el límite de la locura; pero quedate tranquila que yo te garantizo que de acá salís viva.

A mí me dio tanta indignación su sadismo que no se me ocurrió cosa mejor que responderle que si él me salvaba la vida yo le iba a quedar eternamente agradecida, y como muestra de mi agradecimiento, cuando tuviera oportunidad y posibilidades lo iba a matar a él. Porque él era un monstruo que no merecía vivir, una vergüenza para la humanidad.

Por supuesto que de allí al caballete fue un instante.

-Hija de puta, comunista de mierda, ¿así que vos nos vas a matar a nosotros? Me decían, y yo volando por los aires al galope (dos milicos levantaban la parte de adelante del caballete y lo dejaban caer contra el piso, y repetían eso una y otra vez) ya no quería matar ni a los mosquitos y les dije: -Yo le dije eso a Isidoro, a ustedes no los conozco.
Entonces me bajaron del caballete, me hicieron quitar la venda de los ojos y me mostraron sus caras uno por uno. Cuando le llegó el turno a Gavazzo me dijo –Eso sí gorda, cuando vengas a matarme no me des un minuto, porque te vacío el cargador acá, (y se señaló entre ceja y ceja) porque si fuera por mí te hacía cavar una tumba con tus propias manos y te enterraba viva, pero no puedo.

Blanca Luz Menéndez Mariño / Blog El muerto – Información alternativa
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021
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3) URUGUAY: ¿MODERNIZACIÓN O ENTREGA?

Abuso, saqueo y crecimiento deformado

Luis E. Sabini Fernández – revistafuturos.noblogs.org/

Entre los exportadores mundiales de celulosa, en 2019, cuando todavía no está produciendo UPM, que será la mayor productora de celulosa en Uruguay, es decir, apenas con las dos fábricas de celulosa ya instaladas (Montes del Plata y Botnia), Uruguay ostenta el tercer lugar de producción entre los países del mundo entero.

1o. Brasil (c:a 15 mill. ton); 2o., Indonesia (c:a 5 mill. ton); 3o. Uruguay (c:a 3 mill. ton.).(1)

¿Honroso podio o, por el contrario, reconocimiento a una neoesclavitud rampante?

La lista de países productores de celulosa continúa (en orden decreciente de los volúmenes producidos en 2019: Chile, Portugal, Canadá, España, Finlandia, EE.UU., Holanda, Rusia, Bélgica Alemania, Eslovaquia; todos ellos con menos de 1 millón de ton. anuales (salvo Chile, con una producción similar a la de Uruguay). La lista de países productores podría ampliarse con países que producen montos aun menores (Suecia, Argentina, Marruecos, Francia, Japón, Bulgaria, etcétera).

Volvamos a los primeros puestos. Y establezcamos las necesarias proporciones por la producción indicada, con otros parámetros, como extensión del país y población general.

Brasil, 210 mill. hab. – 8,5 mill. km2 – 15 mill. ton. celulosa
Indonesia 270 mill. hab – 2 mill. km2 – 5 mill. ton. celulosa
Uruguay 3,3 mill. hab. – 0,18 mill. km2 – 3 mill. ton. celulosa

Veamos las dimensiones de la producción a partir de las del número de habitantes; producción de celulosa por habitante.

Si tomamos de base a Brasil, tenemos una producción de 15 000 000 ton. por 210 millones de habitantes, que devienen 75 k. por habitante. En el caso indonesio; el otro gran productor celulosero mundial, produciendo 5 mill. ton. de celulosa con 270 millones de habitantes, tenemos unos 19 k por hab.

Veamos Uruguay: 3 300 000 habitantes para 3 000 000 kilos, resulta casi una tonelada por habitante; algo menos, 900 k. per cápita.

Interrelacionando los datos que acabamos de presentar, podemos decir que cada uruguayo carga sobre sus ambientales espaldas 12 veces más celulosa que cada indonesio y 47 veces que más que cada brasileño.

Si consideramos la superficie de los mismos países, tenemos: Brasil, 8 500 000 km2 para 15 mill. de ton., tiene una carga de una tonelada por 1,76 por km2; Indonesia, con su producción de 5 mill. de ton. en 2 mill. de km2, tiene una carga de 2,5 tonelada por por km2.

Pero Uruguay debe acomodar sus 3 millones de toneladas de celulosa en apenas 175 000 km2; debe soportar unas 18 ton. por km2.

Diez veces más que Brasil, unas 7 veces más que Indonesia.

Finlandia, por ejemplo, que está en “el pelotón” de productores, registra en 2019, casi 800 mil toneladas de producción. Finlandia ronda los 5 millones de habitantes y unos 440 mil km2; por ende, su producción de celulosa ronda 2 toneladas por km2 (9 veces menos que Uruguay, si lo estimamos por superficie), y si la estimamos por población, no más de 7 k por hab… contra nuestros 900 k per cápita.

Si ajustamos entonces las respectivas producciones de los países celuloseros, vemos que Uruguay es por lejos el país más sobrecargado con producción de celulosa en el mundo entero.

Ese tercer puesto de la tabla de ABTCP, entonces, es engañoso porque no registra la real incidencia de la producción sobre la vida cotidiana de nuestro país, ni nos orienta sobre su peso relativo y su influencia, sobre la vida (y la muerte) de sus habitantes, nosotros, por ejemplo, a partir de los desechos industriales que quedan.

Queda así patentizado el destino ajeno que sufre en este caso nuestro país. Si no hubiera otros tantos signos de lo que es la condición de país periférico, heterónomo, esta recarga desproporcional en la producción mundial de celulosa y en las secuelas que provienen de su producción, lo atestiguaría.

No pretendemos con eso excluir la responsabilidad del propio país en su condición de enajenado a intereses ajenos. A lo sumo, ver si situamos una de tantas problemáticas que nos condicionan, deforman, configuran… Porque todo país periférico y adaptado al mercado ajeno, cuenta con sectores a veces muy minoritarios, pero claves para semejantes relaciones.

Con todas las limitaciones del pensar por analogía, me voy a permitir un par de ejemplos que espero ilustren nuestra situación; esperemos que no nuestro destino.

1. En tiempos medievales, algunas cortes europeas se proveían de bufones “criados” por secuestradores o compradores de niños que situaban a los pequeños en, por ejemplo, jarrones. (2) Los cuerpecitos se iban adaptando a la forma en que estaban alojados. A medida que crecían, se rompían los jarrones, los niños era realojados en nuevos más grandes para ir configurando cuerpos suficientemente deformados. Para ser “colocados” como bufones, por ejemplo, en cortes que los adquirían para risa y solaz de los cortesanos.

Un diáfano ejemplo de crecimiento heterónomo.

2. Hace no muchos años EE.UU. envió como su embajador de colonias a un tal James Cheek a la Argentina.

Con su tortuga extraviada, fue la comidilla entre los súbditos que ignoraban su condición. Con su simpatía, totalmente profesional, nos transmitió una imagen que grafica elocuentemente una relación de poder, hoy en día afortunadamente alterada por el avance de los derechos femeninos.

Cheek, encargado de defender y propagar los diversos derechos de pernada del imperio sobre sus colonias, hablando geopolíticamente dijo: ‘Argentina es como una adolescente de 16 años, muuuy bonita, que debemos auxiliar y guiar hacia su vida adulta.’

El sexo, la edad y el donaire que el embajador atribuye a “la chiquilla” son diáfa-nos para intuir la relación que el Sr. Cheek buscaba al cuidar a esa adolescente.

Las relaciones centro/periferia traducen hoy las viejas relaciones imperiales; en todo caso con un ajuste expresivo; centros económica, política o militarmente dinámicos se adueñan de palancas políticas o recursos económicos, jurídicos, mílitopoliciales, para asegurarse “los suministros” desde ese ancho mundo que no les es ajeno; la periferia.

Allí estamos nosotros, creyéndonos ombligo de algún mundo, pero haciendo de niño de los mandados, para que, por ejemplo, flotas pesqueras ajenas se lleven la riqueza ictícola de nuestras aguas territoriales, la agroindustria corporativizada, extranacional se lleve de nuestros campos su humedad en forma de porotos transgénicos de soja; la industria del papel se apropie de campos otrora de excelente calidad, por su irrigación, para agricultura y ganadería, alimentos sanos, para reconvertirlos en monocultivos forestales; el puerto de Montevideo, en algún momento un sitio pivot excelente, para dinamizar nuestra economía, devenido en asiento de redes privadas poco menos que inamovibles, fagocitando toda circulación de bienes para su exclusivo provecho despojando al puerto de su función benéfica para la economía local, nuestra.

Una total indefensión ante la contaminación. Más cierta complicidad por pasiva.

Todos esto, desde corporaciones ajenas a nuestra estructura económica, política y cultural local, que cosechan los beneficios que derivan a sus entidades matrices más las pequeñas comisiones para el “personal de apoyo” local.

Para el paisito, como ley de hierro, queda sólo el empobrecimiento y el envenenamiento progresivos.

Notas:
(1) fte.: ABTCP, Associaçao Brasileira Técnica de Celulose e Papel, 2019
(2) Víctor Hugo en El hombre que ríe se refiere a dicha “industria”.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021
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4) URUGUAY, EL PAÍS DE LAS INVERSIONES CONFIDENCIALES

Uruguay es el país de la región que menos información pública respecto a las inversiones que realizan las AFAP. No hay acuerdo sobre la razón de la falta de transparencia.
Este reportaje fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad.

Uruguay es el país de la región que menos información pública respecto a las inversiones que realizan las AFAP. No hay acuerdo sobre la razón de la falta de transparencia.

Este reportaje fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad.

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv /28/06/2021

En Uruguay la información sobre las inversiones que realizan las AFAP con los fondos de pensiones de sus afiliados es de carácter confidencial, según la calificó el Banco Central del Uruguay (BCU), el organismo encargado de su supervisión, mediante la Superintendencia de Servicios Financieros, en una resolución genérica del año 2016. El BCU se basó en aquella resolución para negarse a responder a un pedido de acceso a la información pública realizado para esta investigación.

La decisión del BCU fue consultada con la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que abrió un expediente con el caso luego de recibir una consulta para este trabajo sobre la posibilidad de exigir mayores niveles de transparencia sobre el manejo de dicha información. Al momento de esta publicación, se había dado vista al BCU para que diera sus explicaciones.

Sin embargo, la intención de transparentar las inversiones de las administradoras es un tema de litigio desde hace tiempo entre las AFAP privadas y República AFAP, de propiedad 100% estatal. Las privadas han presentado cartas en varias oportunidades al Banco Central pidiendo que “abran el portafolios, para evitar el tema de guerra comercial, que lo abran con un retraso de un mes, dos meses, para que no se pierda la estrategia”, explicó María Dolores Benavente, gerenta general de Unión Capital.

Sin embargo, dijo Benavente, esta apertura no se realiza por la negativa de República AFAP, la administradora más grande del mercado, que pertenece a capitales estatales.

“¿Qué es lo que dice Republica AFAP? que no quiere que le copien la estrategia. Pero es una pena, porque sería fantástico que todo el mundo supiera exactamente en que se ha invertido su plata”, estimó la gerenta de Unión Capital. Así las cosas, según Benavente, mientras la administradora más grande del mercado no acepte revelar cómo se compone su portafolio de inversión, el resto tampoco lo hará, y los afiliados estarán impedidos de conocer información financiera detallada para dilucidar cómo las AFAPs administran sus fondos de pensión.

Sin embargo, esta versión no coincide con la que aporta el economista Martín Larzábal, gerente de Inversiones de República AFAP. “Todo depende de cómo te lo cuenten.
Unión Capital te dice que República AFAP no quiere ser transparente y yo lo que planteo es que nosotros no tenemos ningún problema y a nuestros afiliados le contamos en qué proyectos estamos invirtiendo y no tenemos problema de hacer esa apertura. Pero no vengas a preguntar ¿qué bono tenés? porque eso es para un objetivo totalmente distinto, que no tiene nada que ver con la transparencia al afiliado”, aseguró.

Larzábal explicó a Sudestada que ante los planteos que recibieron por este tema por parte del Banco Central, la respuesta fue que no había oposición al hecho de “abrir la cartera del sector privado, que es donde supuestamente está el mayor riesgo”. En cambio, detalló, “lo que Unión Capital estaba planteando al regulador no solamente era la parte de riesgo, era saber toda la cartera, en qué bonos estábamos invirtiendo”.

Comparativamente, Uruguay es de los países de la región con sistemas de capitalización individual donde se publica la menor cantidad de información respecto de las inversiones de las administradoras, según se pudo constatar en el transcurso de esta investigación. “En esos otros países donde existe mayor apertura, eso se da diferido tres meses en el tiempo, y ahí te enterás bono por bono. Eso es porque, de lo contrario, no se fomenta la competencia -dijo Larzábal. Acá más allá de que Unión Capital o Sura tengan miedo de incumplir la rentabilidad mínima y tratan de pegarse al valor de referencia que es República AFAP, en realidad si le querés agregar valor al afiliado tratá por las tuyas de descubrir qué es lo que genera mayor valor y hacé tu propia estrategia de inversión, pero no trates de pegarte al mayor para no tener que pedirle plata a tu accionista”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, dijo a Sudestada que ya “hay mucha información” disponible sobre el sistema previsional, al que calificó como “hiper transparente”. Consideró, además, que si se hiciera público en qué invierte cada administradora, “se destruiría el equipo de inversiones (de la AFAP)”. Peaguda, quien también es gerente general de la AFAP Sura, dijo que si bien “el cliente puede decir ‘yo no sé en qué están invirtiendo’, ahí es que entra el regulador, el Banco Central, asegurando que todas las inversiones fueron vistas por él”.

Para el director del Centro de Investigaciones Económicas, Gonzalo Zunino, en tanto, no queda claro por qué Uruguay tiene niveles menores de transparencia que otros países de la región donde funcionan sistemas similares, aunque consideró que preservar la estrategia de inversión no debería ser un elemento que la justifique. “Es evidente” que las administradoras “se copian porque todas tienen rentabilidades muy parecidas y hay una regulación por la cual no podrías tener una rentabilidad mucho más baja que el promedio del mercado. Eso hace que en el fondo todas se copien, porque si les va mal, les va mal a todas y ninguna queda por debajo del límite de rentabilidad. En la práctica, en el mercado saben dónde invierten y que hay una exposición muy alta a la deuda del sector público”, destacó.

En este contexto de opacidad del sistema, más de la mitad de las inversiones que se realizan con valores del Fondo de Ahorro Previsional (FAP), que reúne el aporte de los trabajadores a las cuatro administradoras, están concentradas en papeles del Estado uruguayo, como bonos, letras de regulación monetaria, notas del tesoro, entre otros instrumentos financieros. Por lo tanto, esto significa que la gran mayoría de la rentabilidad obtenida por las administradoras privadas proviene del mismo Estado, pero restando las comisiones que por ello se paga a las administradoras, destacó el experto Hugo Bai, miembro del Equipo de Representación de los Trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Las AFAP también se quedan con un porcentaje de los aportes para pagar una prima de seguro por invalidez o fallecimiento, que varía entre las diferentes administradoras. Según explicó Bai a Sudestada, esto quiere decir que por cada 100 pesos aportados por los trabajadores, entre 19 y 26 pesos no son invertidos en nada que vaya para el fondo de retiro, sino que se destina a comisiones o seguros, lo cual afecta el monto que percibe al momento de la jubilación.

De acuerdo a la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones (AIOS), la rentabilidad real en los últimos diez años de las AFAP uruguayas fue de 2,7%, mientras que en el año 2019 se ubicó en el 4%. Hay elementos estructurales del sistema que pueden explicar esta rentabilidad, según Bai, quien también integra la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

En el transcurso de 2020 la coalición de gobierno votó en el parlamento una Ley de Urgente Consideración que incluyó la creación de la CESS, un grupo asesor que reúne a especialistas en el tema y consulta a representantes de empresarios, trabajadores, administradoras, aseguradoras y partidos políticos. Su cometido, entre otros, es “Formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales”, teniendo en cuenta la necesidad de “sustentabilidad a mediano y largo plazo”.

“Uruguay es un país donde las inversiones (de las AFAPs) están muy relacionadas con títulos públicos, con el riesgo país, y Uruguay tiene buena reputación en términos de servir (pagar) su deuda. Por lo tanto, eso puede generar que por ser una inversión más segura sea menos rentable”, estimó Bai.

Por su parte, Zunino (Cinve) evaluó que la rentabilidad de las administradoras uruguayas “ha sido buena”, aunque hay varios factores que impiden que existan tasas superiores. “La consolidación macro de Uruguay en los últimos 15 años, con la obtención del grado inversor, hace que hoy el rendimiento real de los títulos de deuda uruguayos sea muchísimo más bajo que lo que era en esos años y si uno mira la tasa de rentabilidad de las AFAP se ve claramente”, detalló.

Sin embargo, el especialista consideró que si Uruguay se consolida como un país estable y con una deuda grado inversor que tiene baja tasa de interés, en ese caso empieza a ser un “corset apretado” para las administradoras por “estar tan expuestas a esos títulos, y necesitás un grado de apertura mayor para conseguir títulos de mayor riesgo y mayor rentabilidad”.

Una visión similar aportó Larzábal (República AFAP), quién consideró que la rentabilidad promedio en los 25 años del sistema fue “excelente” si se la mide en relación a la inflación, aunque advirtió que eso no se puede proyectar al futuro porque se debió a factores inusuales, como las crisis de los años 2001 (a nivel local, que implicó una devaluación monetaria del 100%) y 2008 (a nivel mundial). Ese promedio histórico “se dio porque hubo eventos que difícilmente se vuelvan a repetir, y porque ya hoy tenemos un tope regulatorio que nos impide estar 100% en dólares. Si mañana viene otra devaluación del 100% lo máximo que podrán tener las AFAP es un 35% en dólares, y ya no podrías replicar lo que pasó en 2002. Y tampoco ocurriría lo de 2008, porque los inversores no van a salir a desarmar sus posiciones por más que Uruguay perdiera el grado inversor, salvo que vieran riesgo de default”, explicó.

El sistema mixto de seguridad social está vigente en el país desde la reforma aprobada por ley en el año 1995. Allí aparecieron las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), replicando el modelo que se inició en Chile en los años 80.

Por ejemplo, además de habilitar la intervención de administradoras controladas por capitales privados, se creó una de propiedad estatal, República AFAP. Esta administradora que pertenece a los bancos República (51%), de Previsión Social (37%) y de Seguros (12%), hasta hoy sigue siendo la principal del mercado, con algo más de un tercio del total de afiliados, según datos de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.

Pérdidas para el Estado
El vínculo de los trabajadores con el sistema mixto de seguridad social tiene dos etapas.

La primera es la de acumulación. Es el período durante el cual los trabajadores realizan los aportes a los fondos de pensión, en base a su salario mensual.

La segunda fase es la de desacumulación. En este período el afiliado se desvincula de la AFAP, elige una aseguradora que recibe el total del fondo generado durante el período de actividad, y que asume el pago de la pensión o renta vitalicia.

Si bien el sistema estaba previsto para que en esta segunda etapa también hubiera competencia entre empresas, esto no se da porque la administración de estos fondos genera pérdidas, por lo tanto solo se encuentra operando el Banco de Seguros del Estado. Las otras tres aseguradoras privadas habilitadas (American Life Cía. de Seguros de Vida S.A., Real Uruguaya de Seguros S.A. y Surco Compañía Cooperativa de Seguros) no están operando.

Recientemente, el presidente del BSE, José Amorín, dijo que las pérdidas actuales del banco por administrar los fondos de renta alcanzaron los 50 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en entrevista con Sudestada dijo que no es posible por el momento saber cuánto se acumula de pérdida desde el comienzo del sistema, en 1996. “No te podría decir ahora la cifra pero desde 2018 está mejor y creo que si hacemos algún ajuste más, sin que bajen las rentas vitalicias, estaríamos sin ninguna pérdida. Como no es intención del BSE tener ganancia en este tema tampoco nos preocupa mucho el tema de las utilidades”, indicó.

Consultado sobre los motivos de esas pérdidas, Amorín dijo que la institución tiene “un desfase” entre el dinero que ingresa por cada jubilado y las obligaciones de pago a futuro de su renta vitalicia. “Lo que pasa es que por cada jubilado que entra, que va a recibir su renta, nosotros tenemos que constituir reservas para que sea seguro que esa renta se va a pagar. Nosotros tenemos actualmente cerca de 2 mil millones de dólares en reservas. Que no las tocamos, las invertimos. En caja hay mucho más dinero, pero el negocio lo tenés que pensar hasta el fin de la vida de cada persona. En ese sentido es que nosotros tenemos un desfase, que podemos ir cubriendo”, explicó Amorin.

Esto sucede porque en Uruguay las jubilaciones aumentan en forma anual, desde 1989, al igual que los salarios de los funcionarios públicos. Esto afecta también las rentas vitalicias que paga la aseguradora.

“Lo mejor para el sistema sería que compitamos todas, para que el diseño se cumpla y los jubilados puedan tener el beneficio de la competencia entre las aseguradoras”, consideró Amorin. “Yo creo que el monto que manejan hoy las AFAP son 12 mil millones de dólares (en realidad son más de 15 mil millones) y cuando madure el sistema y todos los que están en las AFAP se vayan jubilando el volumen que van a manejar las aseguradoras es el mismo. Con lo cual, con un margen pequeñísimo las aseguradoras pueden tener una utilidad. Y me parece que eso le haría bien al sistema”, estimó.

Amorín también dijo que hay otras medidas que se pueden tomar en el futuro para evitar las pérdidas. “Hay cosas que se pueden hacer, que tienen que ver con temas muy técnicos, respecto a cómo se fija la renta inicial. Eso tiene que ver con la expectativa de vida de quienes van a recibir la renta, de quienes van a recibir una pensión después de la muerte de la persona asegurada, con regímenes especiales de jubilación… Hay que ver todo eso para que el sistema esté más ajustado a la realidad y para que todos puedan competir sin problemas”.

Para la gerenta general de Unión Capital, María Dolores Benavente, “el problema es que el BSE actúa en monopolio de hecho ya que sigue sin haber instrumentos profundos y adecuados para que las compañías de seguros no tengan descalces de moneda entre sus inversiones y las rentas vitalicias que deben servir”.

Por otra parte, la experta opinó que si las rentas vitalicias “se indexaran a la inflación, sería un mercado con más ofertantes” y se mantendría el poder de compra de los pasivos.

El director del Cinve, economista Gonzalo Zunino, estimó por su parte que “hay varios problemas” que explican las pérdidas en la etapa de retiro. “Uno es el tamaño del mercado. Las pasividades en Uruguay a día de hoy son 12 puntos del PIB. Pongamos que en (el régimen de) capitalización es mucho menos que eso. Pero es mucha plata para las empresas aseguradoras privadas y si te embarcas en un negocio de tal volumen, seguramente sea el más grande de su cartera y es un negocio que es muy grande y con mucho riesgo”.

Otro problema, según Zunino, es la confección de las tablas de mortalidad. “Porque la gente cada vez vive más, entonces ahí hay un riesgo de longevidad que si uno calcula una renta vitalicia y después la gente vive 3 o 4 años más, en estos volúmenes tan grandes del negocio puede hacer una diferencia importante”, indicó.

Asimismo, también mencionó que “la gente que termina participando en la capitalización individual tiene un sesgo socioeconómico favorable, vive más que el promedio, pero no está bien medido cuánto más que el promedio, entonces ahí un tema que pasa por confeccionar mejor las tablas de mortalidad. Uruguay no tiene tablas por nivel socioeconómico”, lamentó.

Como forma de afrontar ese problema de las pérdidas, el director del Cinve mencionó la posibilidad de generar nuevos productos, diferentes a las rentas vitalicias, “donde el riesgo queda más repartido entre la aseguradora y el usuario”. Como ejemplo, puso el caso de una renta que se pague por un tiempo máximo. “Yo te pago una renta por 15 años, y después si vivís más, mantenete con tus ahorros. Ahí el riesgo queda más repartido”.

Ante la resistencia o la oposición que podrían generar estos cambios, que afectarían especialmente a las personas que cobren su renta, Zunino estimó que “puede ser socialmente aceptado si convive con otro tipo de pasividad del régimen de reparto, como una renta básica, que también se está estudiando en la CESS, o algún otro tipo de ingreso que permita decir ‘yo acepto un producto que no necesariamente sea una renta vitalicia, y si se me cortan sus beneficios, al menos sé que me queda otra cosa’”.

Con este complejo panorama, está claro que el sistema previsional uruguayo sufrirá cambios importantes en los próximos años. Entre ellos, un aumento del tiempo necesario de vida laboral para alcanzar una jubilación, o una renta en el caso del sistema de capitalización. Pero también disminuirá el monto que las personas que se retiren cobrarán de pensión en los años finales de su vida. Y todo eso sin saber en qué se invierte su dinero.

Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021
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5) LOS ALIMENTOS POR LAS NUBES… Y TAMBIÉN EN LA BASURA

Aumento de los precios a escala mundial
América Latina debería poder alimentar 10 mil millones de personas en 2050

Sergio Ferrari

Impacto mortífero para los bolsillos populares. Los precios de los alimentos básicos se dispararon en todas partes y alcanzan los valores mundiales más altos de la última década.

Los alimentos costaron en mayo del 2021 un 39.7% más que en mayo del año pasado. Así lo señala el índice de precios elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado en la primera quincena de junio (www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/).

El maíz explota

Para arribar a estos datos, el organismo internacional da seguimiento sistemático a cinco grupos sectores básicos: los cereales, los aceites vegetales, los productos lácteos, el azúcar y la carne. Un desglose detallado por rubro permite tener una visión general de esta tendencia alcista generalizada.

En mayo, los cereales aumentaron 36.6%, si se compara con los precios del mismo mes del año pasado. Los valores internacionales del maíz fueron los que más subieron, alcanzando un 89.3% por encima del registrado en igual momento del 2020. Estos aumentos representan el nivel más elevado desde enero de 2013. Según la FAO, la posibilidad de disminución de la producción en Brasil acentuó la presión sobre la oferta mundial, de por sí ya muy limitada.

Los precios internacionales de la cebada y el sorgo también se incrementaron en mayo. Tras el aumento repentino de los precios del trigo, una mejoría en las condiciones de los cultivos, sobre todo en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, provocó un marcado descenso de su precio a finales del último mes. Aun así, en promedio, este grano superó en un 28.5% los valores de un año antes.

Los aceites vegetales –palma, soja, colza– aumentaron 7.8% en lo que representa ya el decimosegundo aumento mensual consecutivo. Las cotizaciones internacionales del aceite de palma mantuvieron una tendencia alcista en mayo y alcanzaron su nivel más elevado desde febrero de 2011. Debido, principalmente, al débil crecimiento de la producción en los países de Asia sudoriental, junto con la extensión de la demanda mundial de las importaciones. También aumentó el aceite de soja, muy demandado por el sector del biodiesel.

En cuanto a los productos lácteos, la FAO registró un salto de un 28% con respecto a mayo de 2020. Sin embargo, las cotizaciones internacionales de la leche desnatada en polvo fueron las que más subieron. La sólida demanda de importaciones en un contexto de escasez de suministros procedentes de la Unión Europea explica dicho aumento.

El índice de precios de la carne experimentó un alza del 10% en relación al mismo mes del año pasado, aunque todavía se mantuvo un 12% por debajo de su precio máximo de agosto de 2014.

En cuanto al azúcar, el estudio de la FAO constató un aumento en mayo de un 6.8% con respecto a abril, el más elevado desde marzo de 2017. La subida de las cotizaciones internacionales de este producto se debió, principalmente, a retrasos en las cosechas y a la preocupación ante un menor rendimiento de los cultivos en el Brasil, el mayor exportador del mundo, a causa de la sequía prolongada. El aumento de los precios del petróleo crudo y el continuo fortalecimiento de la moneda brasilera frente al dólar estadounidense también favorecieron la subida. No obstante, los grandes volúmenes de exportaciones procedentes de la India contribuyeron a moderar los precios e impidieron un mayor incremento mensual.

Interrogándose sobre las causas de esta explosión de precios a nivel mundial, un reciente artículo de la BBC Mundo responde: “Como era de esperar, el aumento está relacionado a la pandemia. Los proveedores se han visto afectados por interrupciones en la producción, la mano de obra y el transporte. Y mientras tanto, la demanda de alimentos está creciendo”.

El medio británico recuerda que “los expertos habían advertido que la alta demanda y la baja producción conducirían a un aumento de la inflación a medida que las economías salieran de las restricciones impuestas por la pandemia”. Y anticipa que, sin embargo, “algunas industrias podrían experimentar una fuerte recuperación”. La FAO prevé una producción mundial récord de cereales este año, lo que puede ayudar a aliviar las presiones alcistas de los precios.

Unos con hambre, otros derrochan

Si la pandemia juega un rol condicionante en los precios de la canasta básica a nivel internacional, intervienen también otros factores estructurales: América Latina pierde el 12% de sus alimentos antes que éstos lleguen a la venta al por menor.

Esta es la principal conclusión de otro estudio de la misma organización onusiana de fines de abril. Afirma que unos 220 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura, luego de la cosecha y antes de la venta minorista.

Esta pérdida representa 150.000 millones de dólares. Cifra de magnitud si se considera que al menos 60 millones de latinoamericanos y caribeños se confrontan con el drama de la inseguridad alimentaria.

El informe más recientes de la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –publicado en marzo de este año y correspondiente al 2019– señala que casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los tachos de basura de los hogares, los restaurantes y otros sitios donde se sirven alimentos (news.un.org/es/story/2021/03/1489102 ).

Comparativamente, el peso de esos alimentos equivaldría, a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados. Puestos en fila, darían siete vueltas a la Tierra.

A nivel mundial, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos per cápita. Una de las conclusiones más significativas del estudio, es que no se observan grandes diferencias entre países ricos y en desarrollo. Nigeria es uno de los países donde más comida se tira a nivel familiar: unos 189 kilos per cápita al año, comparados con los 59 kilos de Estados Unidos de América. En México se desperdician 94 kilos, en España, 77 y en Colombia, 70.

La agricultura, apuesta latinoamericana también de futuro

Según previsiones de las Naciones Unidas

(news.un.org/es/story/2021/04/1490932) América Latina y el Caribe “en tanto pilares de la seguridad alimentaria” deben jugar un papel esencial de cara al futuro: garantizar la alimentación de 10.000 millones de personas en el 2050. En la actualidad aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% de su comercialización y sus sistemas agroalimentarios suponen casi la mitad del empleo total del sector, el cual representa entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto regional.

Sin embargo, la ONU reconoce que la pandemia ha provocado un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y que, en consecuencia, más de 20 millones de personas en la región podrían engrosar las filas de la pobreza. Esta crisis continental, responsable de casi la mitad de los casos totales de contagios y decesos, en 2020 provocó una contracción del 7.7% del PIB, el cierre de 2.700.000 de empresas y un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y la pobreza. Los organismos internacionales proyectan en diez años el tiempo necesario para que el continente alcance sus niveles pre pandémicos. Paradoja de la historia: a pesar del creciente desempleo, las exportaciones agrícolas regionales aumentaron durante la pandemia, lo que pone de manifiesto la resistencia del sector en la mayoría de los países.

En la agricultura, sus innovaciones y diversificación, América Latina y el Caribe se juegan gran parte de su futuro. Sin embargo, “la” agricultura no es una, ya que implica una pugna de modelos y conceptos (agronegocio vs. agroecología) y exige cambios profundos de actitudes de la sociedad planetaria, como, por ejemplo, evitar el desperdicio de alimentos. Todo esto en una coyuntura internacional de interdependencia creciente, en momentos en que los precios de los alimentos básicos se disparan en todo el mundo y los platos rotos, como siempre, los pagan los sectores sociales menos pudientes.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2300 /miércoles 30.06.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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CUANDO ENCIENDE NUEVAS REBELDÍAS. DUELE LA MEMORIA. DUELE, PORQUE OBLIGA – comcosur mujer 691 – 28.06.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 691 /lunes 28.06.2021 – Hoy:

1) Cuando enciende nuevas rebeldías. Duele la memoria. Duele, porque obliga.
2) Argentina: Trabajo Infantil: “Los niños y las niñas no están para trabajar, están para formarse”
3) Argentina: El Senado aprueba el cupo laboral travesti-trans
4) Argentina: Aprueban ley de equidad de género en los medios de comunicación
5) Brasil: País violento. A Marielle Franco la asesinaron con una subametralladora alemana
6) Gibraltar: Se despenaliza el aborto.
7) México: La Corte mexicana sin perspectiva de derechos de las mujeres y la niñez
8) Uruguay: Juzgados de violencia de género: SCJ envió anteproyecto de ley al Parlamento para postergarlos hasta julio de 2022
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 691 – Lunes 28 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) CUANDO ENCIENDE NUEVAS REBELDÍAS. DUELE LA MEMORIA. DUELE, PORQUE OBLIGA

El 25 de junio, casi en las vísperas del 48 aniversario del golpe de estado en Uruguay, murió José Nino Gavazzo, el paradigmático militar torturador y asesino que aterrorizó desde la impunidad a cientos y cientos de uruguayas y uruguayos durante la dictadura. Se llevó a la tumba con él la Verdad, pero aseguran siempre las ex presas que lo sufrieron que no habrá ni olvido ni perdón.

Reproducimos acá el prólogo de Claudia Korol, al libro Los ovillos de la memoria, publicado por ex presas políticas en 2006. NdeR: Cecilia Duffau /Comcosur Mujer

Los duelos de la memoria y la memoria de la rebeldía

¿Dónde vive la memoria? ¿Quién la muere? ¿Por qué nos duele? ¿Hasta cuándo el duelo? ¿Qué recuerda la memoria? ¿Cuánto olvida? ¿Quién la enciende? ¿Quién la apaga? ¿Cuánta memoria marcha un 27 de junio, un 11 de septiembre o un 24 de marzo por las calles? ¿Cuánta memoria se va de ferias? ¿Cuánta se levanta un monumento? ¿Cuánta memoria se vuelve mercancía? ¿Cuánta se disuelve en los despachos del poder?

Más de 30 años transcurrieron desde los golpes de estado que establecieron en el Cono Sur las dictaduras militares más feroces de nuestra historia. El terrorismo de Estado, con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y de complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía.

Si éste se estableció en nuestras tierras sobre la base del genocidio de la población originaria y de los pueblos afrodescendientes traídos como esclavos; si después fue necesaria una nueva «Conquista del Desierto», un Salsipuedes, para sentar las bases de la «modernización» realizada por la generación del 80; los artífices de estas últimas dictaduras, herederos muchos de ellos de aquella oligarquía «fundadora de la Nación», volvieron a recurrir al genocidio, para aplacar toda resistencia.

Llamaron «proceso de reorganización nacional», a lo que fue un nuevo momento de recolonización cultural, sostenido en una contrarrevolución preventiva, cuyos datos sobresalientes volvieron a ser el exterminio, la impunidad, el racismo, el crimen organizado.

Los golpes de estado en el Cono Sur, fueron parte de la política imperialista para América Latina, que tuvo como instrumento contrainsurgente el «Plan Cóndor». Se trataba de detener el proceso de ascenso de los movimientos revolucionarios que alentados por la revolución cubana y por otros hechos significativos del contexto internacional –triunfo sobre el fascismo, revolución china, mayo del 68, Vietnam–, desparramaban por América Latina la certeza de que el cambio no sólo era necesario, sino que también era posible.

La máquina de matar se puso en marcha para aplastar toda insurgencia. Se trataba no sólo de liquidar al pez, sino de dejarlo sin agua. Por eso el indiscriminado asesinato de hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Por eso los mecanismos del terror: la desaparición forzada de personas, los campos de concentración, la maquinaria de delaciones organizada para romper toda solidaridad. Por eso la guerra cultural, promoviendo el «sálvese quien pueda», y «el silencio es salud»; con la complicidad de periodistas que aún hoy infectan los medios de comunicación. Por eso el aliento a la traición, a la ruptura de los lazos de solidaridad, y la inoculación de la desconfianza.
El paso siguiente era la impunidad, basada en la desmemoria.

Pasaron treinta años. Vale la pena sacar algunas cuentas. La dictadura logró su cometido en varios sentidos: la desarticulación de las organizaciones revolucionarias de aquel momento, del sindicalismo de liberación, de las ligas agrarias, de un movimiento estudiantil combativo, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, y de numerosos movimientos populares que fueron diezmados, y desestructurados.

La pérdida más grande e imposible de nombrar sin sentir escalofríos: la ausencia de una generación de hombres y mujeres revolucionarios, generosos, dispuestos a cambiarse a sí mismos para cambiar al mundo, empeñados en la creación del «hombre nuevo» –ellos no se imaginaban la posibilidad de «la nueva mujer»–.

Y como consecuencia también de esta historia, la deserción de muchos sobrevivientes de aquella generación, que adaptaron la idea de «tomar el poder», a la de «acercarse al poder»; y cuando se acercaron, se quedaron gustosos. Ahora desde el poder, tratan a los que resisten de «inadaptados», «duros», «inmaduros», versiones diversas del «imberbes» de otros tiempos, y no vacilan en cercar la plaza cuantas veces se sienten amenazados.

La dictadura militar, fue la condición para que se estableciera en el país el capitalismo privatizador, «neoliberal», que destruyó la soberanía nacional, devastó los bienes de la naturaleza, extranjerizó la economía, destruyó identidades clasistas y populares, multiplicó el posibilismo, como justificación ideológica del «no se puede».
Ellos lograron bastante. Pero no nos derrotaron.

La derrota significa, en términos políticos, destruir la voluntad de resistencia. Y allí, es donde no pueden con nosotros Allí, precisamente allí, es donde se encuentra el valor de la terca, mágica, y rebelde memoria.

La memoria nos permite recordar que no hubo lugar del país, en el que no existieran gestos luminosos de resistencia.

Aún en las regiones más oscuras y sórdidas, en los campos de concentración, tenemos manos tendidas, gente destrozada por la tortura que no entrega a sus compañeros, hombres y mujeres que callan hasta olvidar, información que atraviesa las zonas de la «no existencia», denuncias que se filtran hasta comenzar a hacerse oír.

Aún en los lugares más duros, como las cárceles, hemos escuchado relatos de inmensa dignidad, de mujeres que desafiaban la condena al mundo monocolor, tejiendo telares con hilos de colores ingresados clandestinamente, de hombres que aprendían a leer y a escribir, para comunicarse con el mundo.

Aún en el lugar más insondable de la subjetividad, la de una madre que ve desaparecer a su hijo o hija en un cono de sombras, encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo y la quietud en marcha, que vuelve público lo privado socializando la maternidad, y alimentando la rebeldía. Aún en esos «años de alambradas culturales», como los llamó Julio Cortázar, hubo quien escribió, quien dijo su palabra, quien hizo su poema, quien cantó su canción, quien actuó a teatro abierto.

Hubo dignidad en la resistencia, coraje, amor, e incluso alegría. No es cierto que sea triste la lucha. Triste es cuando nos cansamos de luchar.

La resistencia engendró una memoria implacable y fértil. Hijos que escrachan a los genocidas. Jóvenes que miran a los ojos a sus abuelas, y desgarrándose el alma les dicen: «aquí estoy, soy el nieto que buscabas». Ex detenidos desaparecidos, ex presos y presas que no se refugian en la historia, sino que se empoderan de la memoria para luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy.

La memoria fértil tiene muchos colores, nombres, rostros.

Una no sabe si llorar o reír cuando ve marchar la memoria por las calles, y descubre tras cada cartel, de cada foto, a un amigo, a una compañera, a un ser querido que desapareció pero allí está, sin embargo, junto a nuestra caminata.

En estos días una siente que ellos te empujan, que te hablan al oído. Que te invitan a desempañar los vidrios de la melancolía, y a enarbolar los sueños de siempre. Los que sueñan los pueblos originarios: tierra y libertad. Miles de sueños segados de la superficie de nuestra utopía, que resistieron clandestinamente como raíces, como semillas, esperando el momento de florecer.

¿Para qué sirve la memoria? Para identificar a los enemigos de siempre. Para escracharlos en sus cuevas. Para que nadie se confunda. Para que cada cual sepa que ellos no actuaron solos. Que hay una cadena de complicidades, que abrieron las puertas de la impunidad. Sirve la memoria cuando no se vuelve complaciente. Cuando no se calla. Cuando no se rinde. Cuando no se olvida.

Cuando enciende nuevas rebeldías. Duele la memoria. Duele, porque obliga.

Claudia Korol /Argentina, 24 de marzo de 2006.

Los ovillos de la memoria /Editorial Senda /COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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2) ARGENTINA: TRABAJO INFANTIL: “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO ESTÁN PARA TRABAJAR, ESTÁN PARA FORMARSE”

Así se expresó María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), en el marco de la campaña “Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil”.

En el año internacional por la erradicación del trabajo infantil, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) participa de la campaña comunicacional “Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil”, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil.

En ese marco, María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), y Mariana Núñez, integrante de la mesa directiva de la organización, se refirieron, entre otros puntos, a cómo la pandemia afectó a lxs trabajadores del sector. También contaron acerca del rol que ocupa SACRA en la Mesa de trabajo doméstico que impulsa el Ministerio de Trabajo; a la valorización del trabajo en los últimos años, y a la importancia de políticas públicas que generen condiciones dignas que eviten que niños, niñas y adolescentes tengan que salir a trabajar.

–El sindicato de amas de casa forma parte de la mesa sobre trabajo doméstico que impulsa el Ministerio de Trabajo. ¿Qué rol les cabe?

María Colombo: Nuestro sindicato abarca a todas las mujeres argentinas porque atendemos nuestro propio hogar, y trabajamos para que nuestro trabajo sea considerado trabajo. Luchamos para que tengan los derechos de los trabajadores: salario, obra social, jubilación y sindicato.

En ese universo de mujeres hay mujeres que, además de ser amas de casa, trabajan fuera de su hogar, algunas en forma registrada, otras no.

Cuando se formó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fuimos invitadas como contraparte de las empleadas, y nosotras aceptamos porque, aunque no somos estrictamente empleadoras, pensamos que una parte de nuestra población objetivo es empleadora. Podíamos cumplir un rol beneficioso, tanto para las compañeras trabajadoras de casas particulares como para el conjunto social, al poner en valor que lo que se hace en el hogar es trabajo, sea que lo realice la empleada que cobra, el ama de casa, que no sólo no cobra, sino que no es considerada trabajadora.

–En esas mesas, ¿cómo es el diálogo con el sector sindical de las empleadas de casas particulares?

MC: Nosotras estamos ahí procurando generar un equilibrio entre la necesidad de que el sector de trabajadoras en casas particulares vaya ganando legalidad de su trabajo; porque hay otros trabajadores que hacen muchos más años que forman parte de comisiones paritarias, hay sindicatos muy poderosos que tienen un 70% inscripto y 30% no inscripto. En cambio, en el caso de las trabajadoras en casas particulares probablemente sea al revés se dice que dos de cada tres trabajadores en casa particulares todavía no están registradas.

Pero, al mismo tiempo, nosotras pensamos que debemos con legitimidad expresar a la familia que tienen que pagar el trabajo en casas particulares. La propia definición de ese trabajo que está en la ley y lo vemos. El trabajo en casas particulares no genera lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no gana un dinero porque alguien cocinó en tu casa o limpió, lavó la ropa, o cuidó a tus hijos.

Sin embargo, es evidente que abre la posibilidad para la familia que emplea hacer una actividad lucrativa. Por ejemplo, si una familia tiene una empleada doméstica y de pronto se les ocurre, ¿y si los sábados hacemos empanadas y vendemos? Lo hacen la empleadora y la empleada. La empleada tiene las condiciones para reclamar que en ese momento la están empleando para una tarea lucrativa.

Nosotros esperamos trabajar para que el conjunto social valore la tarea, cuidamos que las familias empleadoras puedan sentirse reflejadas en nuestra representación. Entonces, siempre estamos buscándolo ese equilibrio, pensando que las personas que emplean son ellos mismos empleados trabajadores que dependen de otras paritarias.

–¿Se avanza en la valorización del trabajo?

MC: Para nosotros lo que muestra el atraso en el debate es que la comisión casi no logra salir o darle la misma entidad al debate sobre otras cuestiones de la condición laboral. Teóricamente, la comisión no es sólo para las discusiones salariales, es para las condiciones laborales dentro de las cuales los salarios son una cuestión importantísima pero son una parte. Fuimos incluyendo zonas desfavorables, como la Patagonia, o lugares que están muy retirados.

Hace 3 años que discutimos la posibilidad de incorporar la antigüedad. Nos pusimos de acuerdo los dos sectores en aumentar a partir de 2013 un punto porcentual por año trabajado, que a nosotros nos parecía que era re importante porque ayuda a valorar el trabajo.

Nosotras no aceptamos de ninguna manera que se descuente en cuestiones que en otros trabajos se hacen como es el presentismo y la puntualidad; el cumplimiento y la puntualidad incitó a la tarea y si alguien no cumplió o no pudo llegar se debería poder considerar. La relación con el trabajador tiene que tener ese costado de comprensión de lo que nos pasa. Si vos estás cuidando un niño en una casa y a la parte empleadora la demoran en el trabajo vos no te irías, pero tampoco te irías si no tenés la llave para cerrar un taller.

En cada reunión planteamos que no hablemos sólo de salarios que hablemos de una campaña de registración; somos parte interesada en eso porque una campaña de registración es una campaña de valoración del trabajo y defendemos la palabra doméstico porque doméstico es el hogar

–¿Pensás que en la pandemia el ámbito del trabajo doméstico se resintió?

Mariana Núñez (MN): Nuestra organización en las distintas provincias recibe consultas; además tenemos una página web. El año pasado pudimos, en colaboración con OIT, hacer un proyecto para relevar justamente las consultas que estuvimos recibiendo tanto de empleadoras como de empleadas.

Efectivamente se plantea una tensión muy clara en la dificultad de las familias que habían perdido los ingresos, para sostener el salario de las empleadas domésticas. Fue un momento en que la familia en sí mismas estaban en tensión; la cotidianidad se centró dentro del hogar. El sindicato de amas de casa lo que le planteó al gobierno nacional fue la posibilidad de que así como se hizo un acompañamiento a las empresas para poder sostener los salarios de sus empleados, se ofreciera algo similar a la familia para poder sostener los salarios de las empleadas domésticas, teniendo en cuenta a su vez la imposibilidad de despedir del sector doméstico, imposibilitado de asistir aún cuando había mucha gente necesitada igual de asistencia. Según las estadísticas el 95% del empleo doméstico está en cabeza de mujeres.

–En la pandemia muchas mujeres salieron a hacer sus trabajos o a buscar otros. ¿Cómo impactó en los niños y niñas que a su vez estaban en las casas?

Para quienes eran trabajadores esenciales permitían que las empleadas fueran a su hogar; pero podría haber ocurrido que la empleada doméstica fuera una persona de riesgo y no concurriera, o que no tuviera la posibilidad de dejar el cuidado de sus hijos en su hogar… se producía la tensión.

Y en relación a los niños, se dio una situación de crisis. La mujer necesariamente tenía que salir a trabajar porque todas esas cuestiones de la cotidianidad se rompieron, todas las estrategias con que las familias resolvemos todos los días para la cotidianidad no estaban disponibles. Entonces, seguro hayan cambiado su situación en relación a los cuidados y se hayan transformado en niños cuidadores en vez niños cuidados.

¿Qué reflexión puede hacer sobre los límites entre aprendizaje del cuidado y trabajo infantil doméstico?

María Colombo: Históricamente, aunque muchas cosas se han perdido, los aprendices, los jóvenes aprendían mirando lo que sus mayores hacían. En esa división sexual del trabajo una mirada machista en parte todavía persiste; pero aún en esa división tajante, hablando de la relación de los niños con el trabajo, había una interesante oportunidad de formación en oficios y para las mujeres de aprender a llevar adelante un hogar.

Los niños y las niñas no están para trabajar, están para formarse. Pero al mismo tiempo parte de la formación de los chicos tiene que ser la responsabilidad y la importancia que el trabajo tiene en la vida de las personas y la familia. Si no hay trabajo las familias se desmoronan. El trabajo te da una relativa independencia en un mundo interdependiente. Entonces, les enseñas a tus hijos que tienen que poner la mesa, dejar el baño limpio cuando lo usan, no dejar ropa tirada y, al mismo tiempo, el adulto tiene que tener la responsabilidad de saber qué cosas puede hacer un chico y que cada cosa según su edad. Siempre con la razonabilidad de que la tarea tiene que estar de acuerdo a la edad y la madurez de la persona.

Se objeta que los hermanos, y principalmente las hermanas, ayuden en las crianzas de sus hermanas o hermanos menores. Sin embargo, también una piensa que lo mejor que aprendemos lo aprendemos de lo que vemos, por lo tanto las hermanas mayores son ejemplo de formación para sus hermanos menores.
Ahora, si vos decís que hay una niña de 9 años está a cargo de un bebé, el Estado y las organizaciones que tiene esa comunidad están faltando en estar presentes.

–¿Qué políticas puede ejecutar el Estado para evitar que esos niños o niñas queden a cargo? ¿Políticas como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia?

MC: Me parece importante la mirada del Estado en este reconocimiento de que para muchas familias el trabajo doméstico es una alternativa.

La Asignación Universal por Hijo, aunque no es universal, amplió a los sectores populares en condiciones más vulnerables. Permitió que participaran de un derecho que las familias argentinas tienen desde hace varias décadas, al tener un recurso extra para atender las necesidades básicas. Es un derecho que administran los adultos pero que proviene del hecho de que haya niños a los cuales cuidar.

Eso es extraordinario porque amplió a 4 millones de chicos, que son como el 10% de la población. Lo más extraordinario que la presidenta en ese momento, Cristina Fernández, hizo que la AUH fuera percibida por la madre porque todavía hoy estamos lidiando con el hecho de que hay familias en las que uno de los padres, generalmente no la mujer, no cumplen con las obligaciones alimentarias que tiene legalmente con respecto a sus hijos.

1.900.000 mujeres pudieron tener un cierto monto que, aunque no será mucho, permite ordenar la administración de la casa. El IFE, en cambio, en la situación de emergencia es un recurso de extra.

–¿Cuánto hemos avanzado en reconocimiento del trabajo de cuidado?

MC: Las primeras medidas sobre el trabajo doméstico se toman con Eva Perón. Se aprobó la ley Delia Parodi para que el trabajo doméstico estuviera regulado. Con la dictadura del ’55 se suspendió esa ley. Luego, del ’55 al 2013, tomó 58 años para que se pudiera aprobar algo.

En la lucha del movimiento de mujeres un registro de deudores alimentarios no es una política para las mujeres, es una política para una sociedad. Es más importante que vos le debas a tus hijos a que le debas a Frávega. Sin embargo, si te atrasas con las cuotas en una tarjeta de crédito en Frávega te van a poner en el veraz sin ninguna duda.

–¿Es necesario mayor control?

Más que un control necesitamos trabajar un compromiso de la sociedad. Por un lado, lo del trabajo decente cumple un papel porque cuando empieza a haber trabajo decente mejora la inscripción. Cuando hay oportunidades laborales, mejora la proporción entre trabajo registrado y no registrado. También en relación al empleado doméstico, lo que nos falta para conformar una sociedad con justicia social. No es cuestión de ir a controlar si una familia deja la hija de 9 años a cargo del niñito de 2; es cuestión de generar las condiciones para que ninguna familia tenga que hacerlo.

*FARCO es parte de la campaña Enfrentemos la pandemia #SinTrabajoInfantil, de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil
COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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3) ARGENTINA: EL SENADO APRUEBA EL CUPO LABORAL TRAVESTI-TRANS

El cupo laboral travesti-trans ya es ley en Argentina. Por amplia mayoría, el Senado de la Nación aprobó la norma, una de las más urgentes demandas del colectivo travesti- trans, que lleva el nombre de dos de sus históricas referentes: Diana Sacayán y Lohana Berkins. Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo celebraron con emoción el nuevo avance en la ampliación de derechos en el país. La ley estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de “no discriminación” en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.

A las 18.30 de este jueves llegó a su fin el tratamiento en el Senado de la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’”. Tras la media sanción de Diputados y los años de lucha de las organizaciones militantes, el tablero de la Cámara Alta marcó 55 votos a favor, 1 en contra y seis abstenciones, y la norma quedó sancionada.

El debate comenzó a las 16, cuando tomó la palabra Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer y miembro informante del proyecto: “Tenemos la oportunidad como legisladores y legisladoras de revertir una realidad de discriminación y violencia a la que se ha sometido a las personas travestis, transexuales y transgénero”, expresó. La senadora agregó: “Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación”.

Antes del inicio de la sesión, cerca del mediodía, las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para exigir la sanción. “Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo”, expresó, una vez aprobada la norma, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.

“Nos llena de emoción que la ley sea aprobada. Es un reconocimiento a una lucha histórica y a que nuestras vidas valen, que tenemos derecho a una ciudadanía plena, a elegir nuestros proyectos de vida y a desarrollarlos libremente”, dijo a Página 12 Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha, subrayó que “fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte”.

En concreto, la norma aprobada estipula, entre otros puntos, que el Estado nacional “comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado” tiene que destinar “una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”. El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans.

Página 12 / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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4) ARGENTINA: APRUEBAN LEY DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Argentina se convirtió en el primer país del mundo en legislar para avanzar en la paridad de géneros en el periodismo, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación. La nueva normativa tiene como objetivo fomentar la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual.

La ley fue elaborada en colaboración con distintos sectores como el colectivo Periodistas Argentinas y Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y estipula que en los medios públicos el principio de equidad será obligatorio en todos los sectores y en todos los estratos, desde trabajadores transitorios hasta los roles de dirección y toma de decisiones.

Por otra parte, en el sector privado se establecerá un régimen de promoción que tendrá en cuenta los siguientes criterios para el análisis de los avances en materia de equidad: procesos de selección de personal fundados en la equidad; políticas de inclusión laboral con perspectiva de género; capacitaciones en género y comunicación; acciones de apoyo a la distribución de las tareas de cuidado; disposición de salas de lactancia y guarderías; promoción del lenguaje inclusivo y creación de protocolos de prevención de la violencia laboral y de género.

La aprobación de la nueva Ley se alcanzó en la madrugada del viernes 11 de junio. La Federación Internacional de Periodistas, FIP, expresó su apoyo al Proyecto de Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación e hizo votos para que la normativa sea sancionada “para continuar avanzando en la construcción de una comunicación más plural, igualitaria e inclusiva”.

FIP / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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5) BRASIL: PAÍS VIOLENTO

A Marielle Franco la asesinaron con una subametralladora alemana
Jóvenes y gente de color, principales víctimas

Sergio Ferrari

Las imágenes del ejército y la policía operando a gran escala en las favelas son cada vez más frecuentes y viralizadas. El flash del asesinato a mansalva de la dirigente feminista Marielle Franco, en marzo del 2018, marca aún la cotidianeidad de los movimientos sociales brasileros.

Brasil es uno de los países más violentos del continente sudamericano. Latinoamérica, a la vez, es una de las regiones más violentas del mundo y acapara casi 1 de cada 2 víctimas – en realidad el 42 %- de los homicidios a escala planetaria, según datos de las Naciones Unidas de 2019.

La violencia en Brasil, además de fenómeno social, se expresa con ciertas particularidades. Por ejemplo, impactar principalmente a los jóvenes negros. Así lo destaca el informe Violencia armada, violencia policial y comercio de armas, elaborado por el Instituto brasilero Sou da Paz y las ONG Terre des hommes (Tierra de Hombres) de Alemania y de Suiza, difundido recientemente.

Según los investigadores, en 2019, Brasil alcanzó una tasa de 21.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien significa una baja con respecto a los datos del 2017, que fue un año pico, el impacto de la violencia sigue siendo muy alto. El estudio, por el momento solo publicado en alemán, analiza esas particularidades, presenta casos emblemáticos y articula conclusiones y recomendaciones dirigidas tanto al Estado brasilero como a la comunidad internacional, fuente de aprovisionamiento de una parte de las armas que circulan en el país. ( www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/polizeigewalt/ )

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe de julio de 2019, con datos actualizados hasta fines del 201, señalaba que países como Argentina, Uruguay, Perú, y Chile estaban en la parte baja de la tabla de porcentajes en Sudamérica. Y subrayaba que Brasil, entre 1991 y 2017, acumuló la cifra récord de 1.200.000 homicidios (www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html ).

Principales objetivos de la violencia

Los jóvenes y las personas negras son las principales víctimas de esta violencia. En 2019, el 79% de los homicidios que se produjeron corresponde a la franja etaria de 15 a 29 años. Ese mismo año, el 74% de las víctimas fue gente de color, ya sea negros o mestizos. El 99% son hombres.

Se muestra, también, de forma evidente, la responsabilidad institucional en esta violencia. El Anuario Brasilero de Seguridad Pública devela que una de cada diez muertes violentas -exactamente el 13 % de los casos- ha sido, en 2019, resultado de la intervención policial. En algunos Estados particularmente conflictivos, como Río de Janeiro, llega hasta el 30%. Tendencia en aumento, sin pausa, desde 2013 hasta la actualidad.

Más del 70% de los homicidios se produjeron con armas de fuego. Lo que conduce a los responsables del estudio a subrayar la importancia de analizar “las dinámicas internas de circulación de armas” en el país. Según el Foro Brasilero de Seguridad Pública se contabilizaron 106.000 armas incautadas por parte de los diferentes cuerpos policiales en 2019. En su mayoría: revólveres, pistolas y rifles. El 6% de las mismas proviene de diversos países europeos.

Dato fundamental del informe es la baja tasa de esclarecimiento de los homicidios en el país, que según el Instituto Sou da Paz puede representar solo el 11% de los casos en algunos Estados. Esta impunidad se ve alimentada por “discursos políticos populistas que relativizan o, incluso, incentivan al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, enfatiza el estudio difundido esta semana.

Impunidad, no investigación de los hechos, e incluso ocultamiento de pruebas, son algunas de las inquietudes que en estos últimos meses repiten diferentes representantes de la comunidad internacional.

En mayo, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su particular preocupación por la operación policial antinarcóticos en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). La ONU denunció entonces posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para impedir que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos.

«Hemos recibido informes preocupantes según los cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación de esta trágica y letal operación», señaló entonces Rupert Colville, portavoz de la institución. La ONU, pidió en ese momento, que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este hecho teniendo en cuenta las normas internacionales.

Al menos 25 personas –entre ellas un agente de la policía– perdieron la vida en esa operación, la más cruenta en la historia de Río de Janeiro. Según informaciones oficiales, la redada policial tuvo por blanco una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos. La favela es base del Comando Rojo, principal grupo de narcotraficantes de la ciudad.

La oficina de la ONU señaló que la operación confirma «una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados habitados predominante por población afrobrasileña”.

Mercado de armas en expansión

El Gobierno federal, aprovechando una etapa de cierta inestabilidad en la regulación del mercado de armas, publicó entre 2019-2020 veinte decretos sobre el tema. Los mismos facilitaron el aumento en un 65% de las armas registradas que llegaron a 1.100.000 de unidades. En ese periodo fue significativo el incremento de armas registradas por civiles, las que pasaron de 346.000 a 595.000. También aumentó en un 58% — de 351.000 a 556.000– el registro de los cazadores, coleccionistas o tiradores deportivos. Un tirador deportivo puede comprar hoy hasta 60 armas de fuego y 180 mil municiones por año en el país sudamericano.

Según el informe elaborado por el instituto brasilero y las ONG europeas, la situación es todavía más preocupante debido a que esa flexibilización en el registro se acompañó de “retrocesos en los mecanismos de fiscalización y control de circulación de armas y municiones y de los mecanismos para enfrentar el crimen organizado”.

No menos importante en el informe presentado la primera semana de junio es el análisis del “discurso autoritario” que se ha venido intensificando desde la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. El actual presidente afirmó en diversas ocasiones en su carrera política y en su campaña presidencial, que había que matar a los criminales, y relativizó prácticas como la tortura, señala el informe.

El “Paquete Anticrimen”, elaborado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, proponía ampliar la lista de circunstancias por las cuales los policías podían ser exentos de cualquier castigo por causa de una muerte. Sugería, incluso, reducir a la mitad las penas por uso excesivo de violencia policial en circunstancias de “sorpresa o violencia emocional”. La intensa movilización de la sociedad civil y de sectores parlamentarios contra esta propuesta determinó su rechazo legislativo. Sin embargo, en el Congreso Nacional, están en curso de debate iniciativas semejantes.

Responsabilidad internacional

Pública contabilizó en 2019 más de 106.000 armas en posesión ilegal recuperadas por las fuerzas de seguridad pública, lo que representa la cifra más baja de los últimos 3 años –en 2015 fueron 130.000. El informe de Sou da Paz y Terre des hommes subraya “que la presencia de armas extranjeras es relevante, en especial entre las de mayor potencia ofensiva como fusiles y subametralladoras”.

De las unidades secuestradas cuyo origen pudo ser individualizado – algo más de un tercio del total– las armas provenientes de Europa constituyen entre un 6 y un 7%. Las originarias de Estados Unidos representan el 5.3%. De Argentina llega el 1.9%.

Austria, con un 5.1% de las armas secuestradas que pudieron ser rastreadas, constituye el país europeo más proveedor. De Turquía llega el 1.7% y de Italia el 1.3%. Aunque con porcentajes menores, hay unidades provenientes de Alemania, República Chica, España, Bélgica, Montenegro, Rusia, Francia y Suiza.

El informe concluye con recomendaciones claras y exigentes. A los representantes extranjeros –gobiernos, empresas y organizaciones en general—les recuerda que la circulación de armas tiene un impacto directo en la cantidad de homicidios y en la violencia social. Lo que aumenta la violación del derecho a la vida, sobre todo en sectores específicos de la población: personas negras, adolescentes y jóvenes.

Por tal motivo Sou da Paz y las ONG Terre des hommes de Alemania y de Suiza, llaman a un mayor control de todo lo que se refiere al comercio internacional de armas que involucre a Brasil. Incorporando en toda transacción una profunda evaluación de riesgo y de los impactos negativos eventuales que podría conllevar esa actividad o negocio en el respeto de los derechos humanos.

Para matar a mansalva a Marielle Franco, dirigente feminista negra, referente LGBT y lideresa de la oposición, en marzo del 2018, en Río de Janeiro, el sicario usó una subametralladora alemana Heckler y Koch MP5. El homicidio requiere un medio. Los más usados, son las armas de fuego. La industria armamentística europea, y norteamericana, las producen, las venden y facilitan su acceso, también, en países como Brasil. Todos somos responsables de todo, alegato conclusivo – tácito– de esta radiografía sobre la violencia brasilera.

Sergio Ferrari / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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6) GIBRALTAR: SE DESPENALIZA EL ABORTO

En un referéndum celebrado el pasado jueves, en este enclave británico en la península ibérica, el 62 por ciento de los gibraltareños se ha pronunciado para que el aborto deje de ser un delito que podía ser castigado hasta con la cadena perpetua.

La mayoría de los participantes en este referéndum han sido mujeres y la consulta también fue promovida por una mujer, Isobel Ellul, exultante tras el resultado.

«Hoy, Gibraltar ha votado sí. Sí a los derechos humanos, sí a las mujeres y las niñas, sí a la confianza en los médicos y en los profesionales de la salud», proclamó mientras las mujeres presentes gritaban «rompamos las cadenas».

Ahora la interrupción voluntaria del embarazo queda permitida hasta la semana doce de gestación, en caso de riesgo físico o mental para la mujer, o de riesgo significativo para el feto por una anomalía, poniendo fin a una de las leyes más restrictivas de Europa, sobre el aborto.

La campaña del no, que recogió un 37% de votos, estaba abanderada por el obispo de Gibraltar donde el 80% de la población es católica. Hasta ahora sólo se podía abortar si la vida de la madre estaba en peligro.

Euronews / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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7) MÉXICO: LA CORTE MEXICANA SIN PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA NIÑEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministras y ministros de Justicia, tres de ellos mujeres, quienes empezaron a dar señales preocupantes por su ignorancia o su confusión, cuando en noviembre pasado presentaron una actualización al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, y borraron del Capítulo primero, la discriminación por sexo en favor de las mujeres y las niñas y se incluyó la discriminación por identidad de género. ¿Querrá esto decir que la ideología queer se apoderó de la Corte Mexicana?

Es curioso que justo en junio, mes del orgullo de la diversidad sexual, de todos los pendientes que tiene la Corte en el tintero, decidieron discutir un recurso de inconstitucionalidad y un amparo en revisión que tenían más de 5 años de haber llegado a la Corte y que versa sobre vientres de alquiler o maternidad sustituta.

Dos estados mexicanos tienen legalizado y reglamentado el “alquiler de vientres”: Tabasco desde 1997 y Sinaloa desde 2013. Y tres estados lo tienen prohibido, San Luis Potosí, Querétaro y Coahuila, aunque al parecer Coahuila derogó la disposición y existen numerosas iniciativas en distintos congresos de los estados de la República y en el Congreso Federal para legalizar esta forma de explotación.

Y por eso pregunto: si sexo no es género ¿dónde quedan los derechos de las mujeres para la Corte Mexicana? ¿Cómo van a administrar justicia en temas como la discriminación y la violencia contra las mujeres o como la explotación sexual y reproductiva? Y justo lo que pasó con los vientres de alquiler es una clara muestra de lo que nos espera, en delitos que tienen más del 98 por ciento de impunidad, porque el derecho en México sigue siendo profundamente patriarcal y machista.

Lo que dio origen a los recursos legales que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que el congreso de Tabasco hizo una reforma al Código Civil en 2016 para prohibir que parejas extranjeras pudieran contratar la gestación por sustitución o “vientres de alquiler”, aunque eufemísticamente le llaman maternidad subrogada.

Esta acción del congreso de Tabasco dio pie a una acción de inconstitucionalidad trasnochada de la entonces Procuraduría General de la República que alegó que el congreso de esta entidad no tenía facultades para legislar en materia de salubridad general, por cuando a la disposición y uso de gametos. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Unión votó por 9 votos a favor que no tiene facultades.

Lo que nos llama la atención es por qué no lo hizo en 1997 o en 2013 y lo hace ahora que se legisló el limitar a extranjeros y al turismo reproductivo, y otros actores de la cadena de explotación como clínicas, agencias, hospitales, médicos, notarios, etcétera, etcétera.

La encargada de elaborar el proyecto de resolución del recurso de inconstitucionalidad fue la ministra Norma Lucía Piña. A esta acción de inconstitucionalidad le siguió un amparo en revisión presentado por la agencia de maternidad sustituta, FERTICARE, que alegó que esta limitación era discriminatoria a los extranjeros y violaba su derecho a la libertad de comercio.

Lo primero que llama la atención es que las y los ministros siguen llamando al alquiler de vientres como una técnica de reproducción asistida, cuando las técnicas de reproducción asistida se entienden como técnicas que ayudan a las parejas a procrear a sus propios hijos y los vientres de alquiler, o maternidad subrogada o útero sustituto no. Tampoco resuelven algún problema de salud reproductiva que pudieran tener las parejas o personas que aspiran a la paternidad o maternidad.

Se conoce como reproducción asistida a las técnicas que permiten reemplazar o facilitar los diferentes procesos naturales que tienen lugar en la reproducción de los seres humanos o animales.

Existen diversos trastornos que pueden dificultar o impedir la reproducción natural. Para superar estos trastornos, la ciencia ha desarrollado diferentes técnicas que forman parte de lo que conocemos como técnicas de reproducción asistida, por ejemplo: la inseminación artificial, que implica el uso de un instrumento artificial para introducir los espermatozoides en las trompas de Falopio, el cérvix o el útero.

Otra técnica popular de reproducción asistida es la fecundación in vitro, que permite desarrollar la fecundación afuera del cuerpo de la mujer. Por un lado, se extraen los ovocitos y por otro, los espermatozoides. Una vez que se logró la fecundación en un medio externo, el ovocito fecundado es implantado en el útero.

Otro argumento de la ministra Piña es que todas y todos tienen el derecho a fundar una familia y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, pero de SUS hijos e hijas, no de los hijos e hijas de mujeres pobres, en estado de necesidad.

Lo más grave es que la Corte votó con 9 votos a favor y dos en contra que los congresos de los estados pueden incluir en sus códigos civiles la reglamentación de los vientres de alquiler. El Ministro Pérez Dayan fue el único que cuestionó y votó en contra, porque manifestó su preocupación por la mercantilización de la maternidad y la violación del interés superior de la niñez. El Ministro Carrancá también voto en contra, pero por distintas razones, él más preocupado por respetar el derecho al libre comercio.

El perfil de las mujeres que son reclutadas para la explotación reproductiva es mujeres jóvenes de 18 a 35 años, pobres y en estado de necesidad, sanas y sin oportunidades, lo que obviamente abunda en nuestro país a partir de la grave recesión económica y el desempleo galopante de mujeres, por lo que el panorama no es alentador, máxime que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron que se podía pagar a las mujeres por sus servicios gestacionales o se podía llevar a cabo de forma altruista.

En suma, la Corte le está abriendo la puerta a la explotación reproductiva de las mujeres y a la compraventa de bebés por contrato que nacen sin derechos desde antes de existir.

Y lo cierto es que desde el 2010 la Suprema Corte empezó a abrir la puerta a estos temas, llegando a producir 5 tesis de jurisprudencia, y resolvieron el recurso de inconstitucionalidad y una sexta, creo, la más infamante contra las mujeres, ya que se trata de un amparo en revisión que está bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, que promovió una empresa de fertilidad y reproducción, en contra de los Artículos 380 Bis 3, párrafo 6, 380 Bis 4, Fracción I y penúltimo párrafo del Código Civil del estado de Tabasco, contra la prohibición normativa a empresas para la contratación de vientres de alquiler, así como el servicio de “reproducción asistida” a extranjeros.

Como la agencia ganó, las que perdieron son las mujeres pobres, sin oportunidades, en favor de las personas extranjeras con poder económico que vendrán a hacer turismo reproductivo, sin importarle a nadie qué consecuencias tenga sobre su salud y su integridad física y emocional y cuál es la suerte que correrán los bebés.

Estamos en pie de lucha y si es necesario intentaremos una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Lo cierto es que la visión patriarcal, liberal y machista de las y los ministros no tiene ningún efecto en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y sus hijas e hijos, ni su dignidad.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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8) URUGUAY: JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: SCJ ENVIÓ ANTEPROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO PARA POSTERGARLOS HASTA JULIO DE 2022

Legisladores del FA cuestionaron la solicitud del máximo órgano judicial por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, envió un anteproyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para prorrogar hasta julio de 2022 la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, creados en la Ley de Presupuesto (19.924). El argumento del máximo órgano judicial es la imposibilidad de instalar y poner en funcionamiento las tres sedes “en el actual marco presupuestal y competencial”.

El anteproyecto propone posponer hasta el 1º de julio de 2022 la puesta en funcionamiento de los juzgados, pero deja la posibilidad de adelantar la fecha si, a juicio de la SCJ, “se dieran las condiciones materiales necesarias”. En el texto se recuerda que “en múltiples diálogos y reuniones mantenidas con diversos jerarcas institucionales”, como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, la SCJ “puso de manifiesto que resultaba imposible la instalación y puesta en funcionamiento de los referidos juzgados en el actual marco presupuestal y competencial”. “Asimismo, el Poder Judicial manifestó, reiteradamente, que resulta imprescindible contar con locales adecuados para la instalación de los tres juzgados especializados en el interior del país”, agrega.

En cuanto a la negociación que la SCJ inició con los gobiernos departamentales para la obtención de locales por medio de contratos de comodato, el organismo señala que estas gestiones “aún se encuentran en trámite y, de concretarse, corresponde luego proceder a su acondicionamiento y adaptación, lo que insumirá un tiempo adicional, que se estima en 12 meses”, con lo cual justifica la necesidad de suspender la instrumentación hasta julio de 2022.

Para convertirse en proyecto de ley, la iniciativa requiere que alguno o algunos de los legisladores de la comisión lo presenten como tal. Esa no parece ser una opción para los senadores del Frente Amplio (FA), que cuestionaron la solicitud de la SCJ por entender que incumple con el compromiso acordado en el Presupuesto Nacional.

El presidente de la Comisión de Constitución y legislación, el frenteamplista Charles Carrera, dijo a la diaria que la SCJ “se comprometió a que se iban a instalar algunos juzgados” y que, por su parte, promoverá que “se cumpla con ese compromiso, porque son juzgados que son necesarios y existe una problemática en torno a este tema y una urgencia en la sociedad”. Aclaró que no lo conversó con los legisladores frenteamplistas, pero que personalmente no va a “participar en darle estado parlamentario a este proyecto”.

En tanto, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, calificó la propuesta de la SCJ como “totalmente desatinada”, y consideró que la falta de recursos a la que hace referencia se debe “encarar ahora, en la Rendición de Cuentas, y proveer los recursos para que, de inmediato, pueda ser ejecutado”. “Las cuestiones de género no admiten la prórroga o secundarizarlas. Estamos en las puertas de la Rendición de Cuentas, ese es el ámbito adecuado para solucionar el tema de inmediato y no cortar siempre por el mismo lado”, opinó.

Por su parte, los legisladores del oficialismo todavía no adoptaron una postura. La senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló en diálogo con la diaria que “probablemente se le dé prioridad” al asunto, por tratarse de un “tema importante”, pero no quiso adelantar su posición dado que por el momento no analizó el anteproyecto en profundidad. En la misma línea, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró, a título personal, que la solicitud “puede ser razonable”.

El tema ya generó debate cuando a fines de 2020 se trató el Presupuesto Nacional en el Parlamento. Inicialmente el gobierno no previó dinero para esto, en línea con el pedido de la SCJ de postergar la implementación de distintos temas derivados de la ley integral de lucha contra la violencia de género, de 2017. En la negociación parlamentaria y tras la intervención de la vicepresidenta Beatríz Argimón, se reasignaron 57 millones de pesos para la creación en el interior de tres juzgados especializados en violencia de género. La puesta en práctica de esto último es lo que ahora propone aplazar el órgano máximo del Poder Judicial.

“Inadmisible”

La Intersocial Feminista considera que la propuesta de la SCJ es “inexplicable”, “inentendible” e “inadmisible”, dijo a la diaria Valeria Caggiano, una de las voceras de la organización. “Siempre que se generan las condiciones para que se avance en el tema, tiempo después vuelve a aparecer la mención de que los recursos no alcanzan o no están. Es inentendible, porque indudablemente cuando dicen que no están dadas las condiciones, no sólo presupuestales sino también las otras, se refieren a algo a lo que están obligados por la ley. La situación es grave”, puntualizó.

Caggiano dijo que “ya es una situación muy de mínima que sólo se puedan instalar tres juzgados especializados en el interior”, algo que “no mueve la aguja para nada en la atención y el abordaje de estas situaciones ni en lo que hace al cumplimiento de la ley”. Por lo tanto, “que otra vez esté en tela de juicio la instrumentación mínima de la ley es una situación muy preocupante”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la iniciativa de la SCJ “vuelve a poner en contradicción dónde está el compromiso del Estado en poner fin a la violencia de género y cumplir una ley que está vigente. Un poder del Estado no puede desoír ni hacer caso omiso a una obligación que tiene”.

La Intersocial Feminista tiene previsto plantear el tema el martes en una reunión con la bancada bicameral femenina que, según comentó Caggiano, inicialmente fue solicitada para dialogar sobre los proyectos de tenencia compartida que están en discusión en el Parlamento.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 691 – 28/06/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
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URUGUAY: COLOCAN PLACA EN EX SEDE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN – comcosur informa 2009 – 25.06.2 021

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2009 – 25.06.2021 – Hoy:

1) Uruguay: Colocan placa en ex sede del Servicio de Información
2) Uruguay: Militar procesado por torturas en dictadura pide cumplir su condena en un cuartel y utiliza como argumento que otro militar «está preso» en el Batallón de Paysandú /Leonel García
3) Uruguay: Cabildo Abierto hace flamear casi en solitario la bandera de la defensa de enjuiciados por derechos humanos en la dictadura /Sergio Israel y Pablo Mosteiro
4) Uruguay: El gobierno le negó la cadena nacional a la Comisión Pro Referéndum
5) Uruguay: Chacra La Anyta, un emprendimiento “natural y saludable” de Maldonado que apuesta a la diversificación de la producción oleícola
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Mónica Navarro en recital
II. Día Internacional del Reggae
III. Luana Méndez en recital
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2009 – 25.06.2021
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1) URUGUAY: COLOCAN PLACA EN EX SEDE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN

La casa ubicada en Br. Artigas 1532 busca conservar en la memoria, los hechos ocurridos en la última dictadura, con muestras de archivos.

Grupo R Multimedio /24 junio, 2021

En la jornada de ayer se colocó una placa en la sede del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDDHH). La iniciativa, fomentada por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), se realizó para recordar a las personas secuestradas en ese lugar. Recordemos que durante la dictadura nacional, ese edificio funcionaba como sede del Servicio de Información, del Ministerio de Defensa.

El evento conmemorativo se llevó a cabo unos días antes del aniversario número 3 del Sitio de la Memoria y 48 del Golpe de Estado Cívico Militar. Según el comunicado de la CNHSM “la declaración de este edificio como Sitio de Memoria es una forma de recuperar, construir y trasmitir memoria de lo ocurrido y rendir homenaje y reparar simbólicamente a las víctimas y a la comunidad”.

“La casa es un símbolo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo durante el terrorismo de Estado”, agregan. Así mismo señalan que “El SID fue un organismo de la máxima jerarquía en la estructura de control social y represión cuyo cometido era la información y contra información y la ejecución de operativos represivos en el país y en el exterior.

Esta Casa de la Memoria ofrece una muestra con documentos y registros audiovisuales de los distintos delitos que ocurrió en esa casa, durante la dictadura. Además, ofrece información de distintos operativos que llevaron a la detención clandestina y desaparición de varios compatriotas.

En el documento de la CNHSM, señalan que se proyecta un audiovisual, disponible en Youtube, llamado Mentiras Armadas.

Grupo R Multimedio
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2009 – 25.06.2021¬¬
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2) URUGUAY: MILITAR PROCESADO POR TORTURAS EN DICTADURA PIDE CUMPLIR SU CONDENA EN UN CUARTEL Y UTILIZA COMO ARGUMENTO QUE OTRO MILITAR «ESTÁ PRESO» EN EL BATALLÓN DE PAYSANDÚ

Carve 850 /Así nos va / producción de Leonel García

Dos militares y dos historias que se entrecruzan con un objetivo: zafar de las rejas de la cárcel.

Para empezar a desentrañarla debemos ir a su inicio, el 6 de enero de 2020 en el departamento de Paysandú. “Aire, aire, por favor. Me desmayo. Déjenme respirar”. Ese día, poco antes del mediodía, esas fueron las últimas palabras de Fernando Dávila Cabrera, un hombre de 30 años que murió asfixiado en el piso del Mac Center Shopping de esa ciudad.

Este hombre había intentado robar una moto en las afueras del centro comercial. Fue visto infraganti y huyó. Detrás, según consignó el diario El País en la edición del 9 de enero, lo siguió un cabo del Ejército que revistaba en el Batallón Nº 8 de Infantería y que estaba haciendo unas compras en un negocio cercano. Ahí adentro, dos guardias de seguridad del establecimiento se sumaron a la persecución.

Las imágenes de la detención circularon por las redes y el caso llegó a los medios de comunicación. Uno de los guardias y el soldado finalmente lo retienen contra el piso sujetándole manos, brazos, espaldas y piernas. Seis minutos estuvo así. Para cuando llegó la Policía, el hombre estaba muerto. Falleció debido a la asfixia mecánica que ejercieron sobre él mientras a sus costados compradores y transeúntes miraban lo que pasaba, sin intervenir. Por varios días, este episodio escandalizó la modorra veraniega, y hasta terminó con discusión política. Pero, como suele pasar, con el correr de los días la gente se olvidó.

En el momento en que el militar y el guardia de seguridad fueron formalizados por la Justicia, la defensa de ambos imputados pidió que ambos no cumplieran la prisión preventiva en la cárcel departamental de Paysandú porque habían recibido amenazas. Fue en ese momento en que la defensa del militar solicitó, en marzo de 2020, que la prisión preventiva se pudiera realizar en el Batallón General Leandro Gómez de Ingeniería Mecanizada Nº 8 de Paysandú, en el mismo lugar donde revistaba.

Por un tiempo, el militar fue a prisión preventiva a la cárcel de Flores, pero su defensa finalmente consiguió que lo trasladaran al batallón militar. El pedido se hizo ante el INR, que el 1º de abril de 2020 respondió diciendo que podía contemplarse el pedido “siempre que se garantizara que las competencias asignadas legalmente a este instituto pudieran ser cumplidas”.

El 25 de mayo de 2020 se envió un oficio al Batallón Nº 8 para saber si se cumplían las condiciones requeridas y, tres días después, desde la dependencia militar se contestó que podía garantizarse la custodia del militar formalizado, darle asistencia médica en caso de que lo precisara, controlar el régimen de visitas establecido por el INR, proveerle un alojamiento con baño privado apartado del resto del personal de la unidad, así como disponer actividades culturales, recreativas y deportivas según las condiciones establecidas por el INR.

El militar -de iniciales P.S.N.B- que en diciembre de 2020 fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por homicidio a título de dolo eventual, logró zafar de las rejas de la cárcel. “Así nos va” pudo confirmar que efectivamente este hombre está cumpliendo condena como recluso en el Batallón General Leandro Gómez de Ingeniería Mecanizada Nº 8 de Paysandú, en el mismo lugar donde revistaba.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el comisario general retirado Luis Mendoza, dijo al ser consultado por “Así nos va” que este hombre es el único militar detenido por un delito común que está cumpliendo su condena en una unidad militar, y que el INR está monitoreando que se esté cumpliendo la pena.

“Esto es así, increíblemente, aunque usted no lo crea”, dijo al ser consultado por “Así nos va” el abogado Gustavo Sabariz, quien defiende a la familia del fallecido Fernando Dávila Cabrera. Según Sabariz, la familia Dávila quedó muy indignada por esta situación y reclamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio de Defensa. Por ahora no han tenido respuestas.

A entender de Sabariz, esta situación es violatoria del principio de igualdad ya que primó “un interés particular concreto” sobre el interés público, y resulta una decisión “arbitraria” en tanto deja la custodia de un condenado por un delito común a una dependencia militar.

Desde el Ministerio de Defensa dijeron a “Así nos va” que los organismos que disponen la reclusión de un procesado con prisión son la Justicia y el Ministerio del Interior -o sea, el INR-, y lo que hace la cartera de Defensa es acatar. Consultado el ministro Javier García, declinó de hacer comentarios sobre el caso indicando que no está actualizado sobre el tema.

Aprovechando el antecedente

Ahora vamos a volver a un pasado muy reciente, y también al pasado reciente tal como conceptualmente lo conocemos.

El 15 de diciembre de 2020 la Justicia procesó con prisión al coronel retirado Mario Ramos por la autoría de reiterados delitos de abuso de autoridad en interrogatorios contra detenidos políticos en el Grupo de Artillería Nº 2 de Trinidad, durante la dictadura. Estamos hablando del código procesal viejo, por eso hablamos de procesado con prisión, y por eso la figura es “abuso de autoridad”, un eufemismo que debe traducirse en “torturas”.

El destino de Ramos sería la cárcel de Domingo Arena, centro penitenciario que se creó con el fin de recluir a los condenados por delitos perpetrados en dictadura. Pero en febrero de 2021 Ramos tuvo que ser derivado al Hospital Militar.

Ramos, además de ser un importante jerarca militar del Grupo de Artillería Nº 2 durante los años de plomo, fue intendente de Flores en los últimos años de la dictadura, luego de la cual llegó a dar clases de matemáticas en el liceo departamental. En una ciudad chica como Trinidad, era habitual verlo en la calle. Gastón Grisoni de Crysol (asociación que nuclea a los ex presos políticos) calificó a Ramos de “torturador serial» al ser consultado por “Así nos va”. Miguel Longo, otrora militante sindical bancario en el departamento de Flores, relató a “Así nos va” que cuando caían presos al cuartel, los militares le dejaban claro que ahí los derechos humanos no existían.

“Así nos va” accedió a una carta escrita por el coronel retirado Mario Ramos, fechada el pasado 31 de Mayo, y dirigida al director de la cárcel de Domingo Arena, el comisario mayor Miguel Moreira Martínez. En ella, Ramos habla de su precario estado de salud, que duerme mal, que tiene incontinencia urinaria y diarrea como consecuencia de un cáncer de próstata por el cual fue operado y tratado. Detalló que fue operado de la columna, que está perdiendo la memoria, que tiene secuelas de haber padecido Covid-19, que incluso le derivó en la aparición del famoso “hongo negro”. También apeló a las dificultades que su prisión le generan a su familia, que vive en Trinidad, y que a su esposa de 78 años le resulta muy difícil hacer 200 kilómetros ida y vuelta a Montevideo para verlo.

Lo más llamativo de la misiva de Ramos -la cual pidió que sea elevada al director del INR, al comisario general Luis Mendoza- es que declara haber buscado una posible solución a su problema de reclusión tras conversar con las actuales autoridades militares del Grupo de Artillería Nº 2, el cuartel de Trinidad, donde él mismo llegó a ser la mayor autoridad durante la dictadura. Según Ramos, las actuales autoridades castrenses le manifestaron no tener inconveniente en hacer las adecuaciones necesarias en el cuartel para alojarlo y vigilarlo.
“A los efectos meramente ilustrativos al señor director nacional, se pone en su conocimiento que en el Batallón de Infantería Nº 8, en el departamento de Paysandú, cumple pena un soldado que participó en un hecho junto a un guardia de seguridad, donde falleció un ciudadano”, señala textualmente la carta en uno de sus puntos finales. Acá es donde las dos historias que les presentamos, aparentemente paralelas, se cruzan.

“Así nos va” habló con Daniel Iribarren, abogado de Mario Ramos, quien nos aclaró que este planteo fue idea del propio Ramos; que es claro que no es una situación normal pero que está el antecedente de Paysandú y que todos los exmilitares recluidos en Domingo Arena saben del caso. Según Iribarren, desde el inicio se buscó una prisión domiciliaria atendiendo razones de salud. El juez, en momentos del procesamiento, pidió al Instituto Técnico Forense (ITF) una pericia. Según el abogado de Ramos, “no fue una pericia seria» la que se realizó «porque no estuvieron delante del enfermo sino que usaron historias clínicas viejas”. Siempre según su visión, fue “una risa y una falta de respeto”. Por eso entienden que esta petición de traslado, e ir a cumplir el período de reclusión al cuartel, se fundamenta en «derechos humanos».

¿En qué está la situación de Ramos? Según dijo a “Así nos va” el director del INR, Luis Mendoza, el caso está a estudio por parte de la Junta Nacional de Traslado. En Domingo Arena están alojados 25 personas entre exmilitares, expolicías y civiles procesados por delitos de lesa humanidad. Es la única unidad donde se cumplen este tipo de delitos.

Un traslado a un lugar más “favorable” para los intereses de uno de los alojados causaría una ola de indignación, reconoció Mendoza en diálogo con “Así nos va”.

Carve 850 /Así nos va / Leonel García
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2009 – 25.06.2021¬¬
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3) URUGUAY: CABILDO ABIERTO HACE FLAMEAR CASI EN SOLITARIO LA BANDERA DE LA DEFENSA DE ENJUICIADOS POR DERECHOS HUMANOS EN LA DICTADURA

Defienden a los enjuiciados

En los últimos meses hubo 16 exmilitares y policías procesados vinculados a cinco causas penales; el tema preocupa a parte del oficialismo.

Sergio Israel y Pablo Mosteiro /Búsqueda, 24.06.2021

La posibilidad de que tres excomandantes del Ejército y la Armada sean procesados por delitos cometidos durante la última dictadura (1973-85) y el aumento del número de oficiales llevados finalmente ante la Justicia encendió algunas alarmas dentro de la coalición de gobierno y es motivo de preocupación entre militares.

Mientras en tres juzgados penales existen pedidos de procesamiento o investigaciones que involucran a los excomandantes del Ejército Raúl Mermot (1996-98) y Juan Rebollo (1992-93) y al exjefe de la Armada Tabaré Daners (2004-06), en el último año fueron procesados 16 militares o policías en cinco causas, aunque cuatro de ellos ya estaban presos o procesados. La cifra resulta elevada si se tiene en cuenta que entre 2002 y 2017 hubo 42 procesamientos en un total de 22 expedientes.

Mermot, comandante de la fuerza de tierra con el presidente Julio Sanguinetti, era jefe del Regimiento de Caballería N° 10 de Bella Unión cuando se produjo la muerte de los comunistas detenidos Dante Porta y Saúl Facio.

Rebollo, que sirvió con Luis Lacalle Herrera, estaba al mando de un operativo en el que resultaron muertos tres tupamaras, un capitán del Ejército y un policía, en abril de 1974.

Daners, que estuvo al frente de la Armada con Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, actuaba como juez sumariante en Fusileros Navales en noviembre de 1977, en el momento en que fue detenido, torturado y desaparecido el dirigente montonero argentino Oscar de Gregorio y decenas de integrantes de los Grupos de Acción Unificadora, algunos de ellos desaparecidos.

Entre los oficiales procesados en las últimas semanas también está el general Mario Aguerrondo, que fue jefe de Inteligencia Militar durante el gobierno de Lacalle Herrera, aunque en su caso quedó en prisión domiciliaria por razones de salud. También, entre una docena más, existe un pedido de procesamiento para el mayor Armando Méndez, director de Aduanas en el gobierno de Lacalle Herrera.

Aguerrondo fue segundo jefe y luego jefe del Batallón de Infantería 13, donde fueron enterrados varios desaparecidos que habían sido torturados en el vecino galpón del Servicio de Material y Armamento conocido como 300 Carlos, en Gruta de Lourdes, mientras que Méndez está relacionado con las muertes del argentino Gerardo Alter y del tupamaro Walter Arteche, ocurridas mientras era interrogado en agosto de 1973, en el Batallón Florida.

Otro expediente que venía desde hacía años es el del coronel Eduardo Ferro, quien estaba prófugo y habría optado por entregarse en España, para poder seguir cobrando su pensión militar.

Para explicar el aumento de los procesamientos, operadores judiciales como el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, manejan dos tipos de causas: la actuación de la fiscalía especializada que encabeza Ricardo Perciballe y el vencimiento de los plazos de los reiterados recursos presentados por la defensa de los imputados, que se comenzaron a tramitar desde 10 años atrás.

“Complicado y sin eco”

A mediados del año pasado, durante una media hora previa en el Senado, Guido Manini Ríos planteó la necesidad de rediscutir la ley de caducidad y presentó un proyecto en la Comisión de Constitución y Códigos.

“No es que Cabildo haya renunciado a su proyecto” para reinstalar la ley de caducidad, sino que “no hemos tenido ningún eco” en el arco político “para avanzar en esta idea”, declaró a Búsqueda el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.

Los sondeos realizados por Cabildo entre dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado indican que no hay acuerdo. “No conseguimos que nos apoyaran y estamos viendo de encontrarle otra solución al tema. Pero todo eso sigue ahora en conversaciones para arriba y para abajo con los socios de la coalición para encontrarle algún paliativo al tema, que es complicado”, explicó.

El senador cabildante indicó que “hubiera deseado incluso que el Frente Amplio acompañara, siguiendo la iniciativa de Tabaré Vázquez cuando planteó la idea del Nunca Más”. Pero añadió en seguida: “La verdad es que no hemos tenido ningún eco en el sistema político”.

El 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, había sido elegido por Vázquez en 2007 como el Día del Nunca Más. La idea, que incluso dio lugar a un decreto, fue perdiendo vigor a través de los años hasta que dejó de aplicarse.

Para Domenech, “hay que reconocer además que es un tema que a algunos sectores les rinde políticamente y entonces lo quieren mantener vivo”.

Otro dirigente cabildante consultado señaló que “hoy es una utopía absoluta pretender una amnistía”, porque en este escenario político resulta “muy difícil” que se pongan de acuerdo los principales actores. “Habrá que buscar otras acciones prácticas dentro del Estado de derecho”, concluyó.

A su vez, el senador herrerista Gustavo Penadés dijo a Búsqueda que están “muy preocupados” porque “en algunos casos, respetando el fallo, existe una fragilidad argumental muy importante”. Sin embargo, advirtió que “por ahora no hay ningún paso dado” y opinó que “no es recomendado desandar la legislación vigente”, porque son temas de “una fragilidad enorme y de alta sensibilidad de ambos lados”.

Tres bibliotecas sobre prescripción

Desde el acuerdo del Club Naval, que habilitó la salida democrática de 1984, la persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura ha estado en la agenda pública. El tema divide no solo a la ciudadanía —que en dos oportunidades (1989 y 2009) se manifestó por no derogar la ley de caducidad votada bajo fuerte presión en 1986—, sino también a los magistrados.

Entre abogados, jueces y fiscales existen al menos tres posiciones: unos consideran que ya están vencidos todos los plazos y que los eventuales delitos cometidos unas cuatro décadas atrás prescribieron, alegando razones de seguridad jurídica; otros se afilian al principio de que al impedido por justa causa no le corren los plazos, por lo que todavía no prescribieron porque no deben contarse los años en que estuvo vigente la ley de caducidad; mientras que una tercera biblioteca sostiene que son delitos de lesa humanidad y no prescriben.

Los cinco ministros que integran hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están divididos al respecto. Tabaré Sosa, Elena Martínez y Luis Tosi opinan que los eventuales delitos cometidos durante la dictadura no se pueden considerar de lesa humanidad porque Uruguay incorporó esa norma recién en 2006. Hasta ahora, la Corte opinó que tanto la dictadura como la propia ley de caducidad impidieron o desalentaron las denuncias y las investigaciones penales, de modo que se corrió la prescripción, pero no van más allá.
Bernadette Minvielle y John Pérez, el último ministro en asumir en la Corte, opinan, con diferentes argumentos jurídicos, igual que unos cuantos jueces de primera y segunda instancia, que los delitos de lesa humanidad rigen desde antes.

La discusión, que en el mundo comenzó con el jurista holandés Hugo Crocio en el siglo XVII, refiere a si son los Estados quienes deben fijar ciertas normas, como los delitos de lesa humanidad o, por el contrario, estos existen porque ofenden a todos y no dependen de una ley particular de un país, porque un Estado que practica la tortura no tendrá interés en perseguir el delito. Es lo que en Derecho se denomina ius cogens (normas de obligado cumplimiento) y que según sus defensores están sustentadas desde 1968 en los artículos 72 y 332 de la Constitución como principios generales.

También los tribunales de apelaciones en materia penal están divididos sobre el tema. Hasta ahora, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno, integrado por los ministros Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, se ha afiliado a la postura de aceptar los delitos de lesa humanidad, mientras que Ángel Cal, Luis Charles y Graciela Merialdo, que integran el Tribunal de 4° turno, fallaron en sentido contrario.

Como Tosi deberá jubilarse a fines de este año, existe la posibilidad de que se modifique la mayoría de la Corte. Esta mayoría resulta importante para el caso de casación que tiene a estudio la Corte en relación con la muerte en el cuartel de Fray Bentos, en 1984, del médico de San Javier Vladimir Roslik. En este expediente, se agrega además de la prescripción, el aditivo de que al haber actuado la justicia militar podría considerarse cosa juzgada.

El miércoles 16, en una sentencia interlocutoria contestando una demanda del exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas coronel Adí Bique, la jueza Ana de Salterain adhiere a que los delitos de lesa humanidad ya fueron definidos en 1945 por el tribunal de Nuremberg que juzgó a los principales criminales nazis y que fue incorporado al menos en 1968 a las normas uruguayas.

En la misma línea argumental que el fiscal especializado Perciballe, se expresó en un dictamen del viernes 11 la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, que interviene en el caso de los indagados Raúl Urioste y Faustino Álvez.

Esta magistrada, que no frenó sus actuaciones por la pandemia, citó en el dictamen al exministro de la Corte Felipe Hounie para sostener que “los crímenes de lesa humanidad, al ser parte de las normas ius cogens, son inherentes a la personalidad humana” y por ello “no es el precepto expresado en el estatuto, tratado o convenio el que la hace vigente, sino que solo la actualiza mediante una verbalización determinada, ya que, en sí, preexisten a tal actuación”.

En una opinión discorde sobre la opinión mayoritaria de la Corte en un recurso presentado por la defensa del coronel Wellington Sarli, la ministra Minvielle argumentó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay no deja lugar a dudas y sostuvo que la mayoría de la SCJ tiene “una posición sesgada, limitada, hemipléjica, toda vez que toma en consideración solamente el orden interno”.

“Falseando la historia”

Los militares, en general, no aceptan la interpretación amplia que afecta a muchos de sus camaradas que a menudo eran entonces oficiales subalternos. Durante una conferencia que ofreció el martes 15 en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil, que integra la Suprema Corte desde 2009 como miembro integrante militar, sostuvo que a pesar de la afirmación del entonces presidente Sanguinetti, quien en 1989 dijo que cuando se cerraron las urnas terminó la transición en el Uruguay, en realidad “la transición aún no ha terminado porque 32 años después están siendo juzgados hechos ocurridos en la década del 70, hace más de 40 años, en algunos casos hace casi 50 años”.

Además, recordó que “quienes atentaron contra la seguridad del Estado, y cometieron todo tipo de delitos, tales como hurtos, homicidios, secuestros, torturas, fueron amnistiados a los pocos días de restaurada la democracia, quedando muchos crímenes impunes y otros tantos sin investigar”.

Luego de exponer su mirada acerca del proceso legal y político, Aranco Gil dijo que está elaborando una nueva solución jurídica. Esta semana posteó en su página de Facebook que “desde hace varios lustros se está falseando la historia afectando la memoria colectiva nutriéndola de resentimiento y venganza contra policías, militares y civiles, que, habiendo actuado como agentes del Estado, están siendo juzgados por hechos acaecidos hace más de cincuenta años”.

En línea con el reclamo del coronel Aranco se expresó el senador Domenech: “No tengo ninguna duda que los delitos de lesa humanidad no son de tipificación retroactiva.
Eso lo dice claramente el Tratado de Roma. Pero lamentablemente nuestros jueces han hecho caso omiso a esa disposición e incluso el tema ha desbordado de su cauce natural, porque se está procesando a personas por acciones llevadas a cabo durante el período de guerra interna declarado por el Parlamento democrático”, afirmó en una interpretación que supone que los legisladores que votaron el estado de guerra y luego la ley de seguridad del Estado dieron libertad para cometer delitos.

“Hay unos cuantos (militares retirados) que han sido procesados por acciones llevadas a cabo durante el estado de guerra interno declarado por el Parlamento democrático, antes del 27 de junio de 1973, así que es absolutamente ilegal lo que se está haciendo. Pero esas causas seguirán sus cursos y veremos qué resuelven los tribunales de apelación y la Suprema Corte”, añadió.

A nivel político, Domenech sostuvo que cualquier planteo sobre el tema “requeriría un acuerdo con el Frente Amplio, porque es el que representa los sectores políticos que están más comprometidos con quienes están en una actitud de no finalizar el tema”.

Sergio Israel y Pablo Mosteiro /Búsqueda
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4) URUGUAY: EL GOBIERNO LE NEGÓ LA CADENA NACIONAL A LA COMISIÓN PRO REFERÉNDUM

Tal como había ocurrido con las solicitudes de Familiares y el PIT-CNT, el gobierno entendió que el mecanismo no era pertinente.

Grupo R Multimedio /23 de junio de 2021

No hubo que esperar demasiado tiempo para que el gobierno le respondiera al pedido de la Comisión Pro Referéndum. Sobre el mediodía de este miércoles, algunos de sus representantes presentaron en la Torre Ejecutiva la solicitud formal de la cadena nacional. Sin embargo, esta fue negada, según informó Telemundo.

La negativa se apega a la línea que ha decidido recorrer el gobierno en ese sentido. Vale recordar que el resultado había sido el mismo cuando el PIT-CNT la solicitó por el 1 de mayo, situación que se repitió con el pedido de Familiares en vísperas de la Marcha del Silencio.

Por entonces, el presidente Lacalle Pou explicaba que lo consideraba un mecanismo «anticuando», y remarcaba que «no es una decisión contra nadie».

La respuesta oficial del Ejecutivo en aquella oportunidad aseguraba que «la política de comunicación adoptada por este gobierno, en relación a la utilización de dicho recurso, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno». Sin embargo, se ofreció «utilización de un espacio en los medios públicos», lo que se repetirá en esta oportunidad.

Hace algunas horas, Rafael Michelini, quien junto a Fernando Pereira entregó hoy la carta, había dicho al citado medio que «nosotros reclamamos nuestro derecho.
Aspiramos a que haya una apertura de espíritu y de corazón en darlo. No es censurando, haciendo acallar, que se fortalece la democracia, sino con el debate. No se nos dio la suspensión del plazo. Aspiro que al menos la cadena la den». Los deseos del frenteamplista no se cumplieron.

Grupo R Multimedio
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5) URUGUAY: CHACRA LA ANYTA, UN EMPRENDIMIENTO “NATURAL Y SALUDABLE” DE MALDONADO QUE APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OLEÍCOLA

El proyecto agropecuario inició sus actividades en 2013 y opera en las zonas de Nueva Carrara y Pan de Azúcar.

La Diaria /23 de junio de 2021

Chacra La Anyta es la marca de un grupo de emprendedores asociados de cinco chacras: cuatro están en Nueva Carrara y otra a pocos kilómetros de Pan de Azúcar. En total tienen 28 hectáreas y este año produjeron 90.000 kilos de aceituna de mesa.

Ana y Alejandro di Tulio son los encargados del proyecto, una pareja de argentinos que encontró en Uruguay a un público más receptivo a su propuesta: “Nuestro objetivo es hacer productos que tengan más contacto con la tierra, con el medioambiente y con la posibilidad de reciclar y reutilizar. Notamos que en la gente de acá, particularmente entre los jóvenes, hay una predisposición a cambiar la manera de consumir”, contó a la diaria Ana di Tulio.

La primera chacra, que le da nombre al grupo, es de 2013 y está en Nueva Carrara; es allí donde se encuentra la almazara, planta de producción de aceite de oliva, Presta además servicios de façon, o sea manufacturar el aceite de otros productores. También venden su aceite para otras marcas o emprendimientos gastronómicos.

El eje del emprendimiento es el aceite de oliva virgen extra. Para llegar a eso el aceite debe pasar por un proceso de control de acidez y luego por la evaluación sensorial de un panel especializado de catadores. Estos especialistas constatan que no haya defectos, así como la presencia de sabores amargos, picantes y sensaciones ásperas conocidas como frutadas, que son propias de los antioxidantes que tiene el aceite de oliva cuando se elabora con aceitunas frescas.

En La Anyta laboran además una línea de productos cosméticos que incluye jabones, cremas para manos y cuerpo, también shampoo y acondicionador sólido. Son formulados a partir de aceites esenciales y una crema base de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva posee propiedades antioxidantes y antihipertensivas. La oleuropeína es el componente químico responsable de sus beneficios para la salud, explican los responsables del proyecto.

La producción de oleaginosos en general es de alto impacto para el ambiente; el de oliva en particular, enfrenta el desafío del alpechín, un residuo acuoso y el orujo, un material seco que deriva de los carozos.

En La Anyta desarrollan un prototipo de material para la combustión, un prensado de orujo y aserrín que sirve para sustituir a la leña convencional. “Se compacta y hay que dejarlo secar, lo que lleva su tiempo. Es ideal para la kematutti, por ejemplo, porque puede hacerse de cualquier tamaño y tiene más calorías que la coronilla”, declaró Alejandro di Tulio.

Según cifras de este año de la Asociación Oliovícola Uruguaya (Asolur) hay 1,7 millones de olivos plantados en nuestro país, en un total de 7200 hectáreas en los 19 departamentos, y emplea de manera directa a 1500 trabajadores (y 4500 de manera indirecta). Uruguay es miembro pleno del Consejo Oleícola Internacional desde 2013, único organismo internacional regulador del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

En La Anyta, además de olivares, hay plantados 100 limoneros con los que elaboran limoncello y mermelada, también almendros y nogales. Hay una plantación de vides Merlot y otra de Pinor Noir, con las que hacen vino. Tienen una propuesta turística con un par de cabañas con habitaciones, una sala de degustaciones y un parrillero con cocina. Se pueden hacer visitas o reservar los espacios para eventos coordinando al teléfono +598 99186 294. 99 186 294.

La Diaria
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. MÓNICA NAVARRO EN RECITAL
Sábado 26 de junio en Formato Streaming

Mónica Navarro se reencuentra con el público en formato Streaming presentando su concierto Corriente Continua, que se transmitirá con acceso libre por Youtube el próximo sábado 26 de junio a las 20 horas.

Corriente Continua es un proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura, del MEC. Desata el nudo del encuentro sumándose al proyecto Politeama 100.0, en el emblemático Complejo Cultural Canario, desde donde la artista podrá llegar a todas las ciudades de Uruguay y del mundo.

Además de recorrer las canciones de Maldigo, quinto disco de Mónica Navarro donde el folclore latinoamericano y el rock se abrazan, este concierto estrenará composiciones de lo que será su próximo disco.

Información:
politeama.imcanelones.gub.uy/?fbclid=IwAR3xh1FN7e1AksEbkOx8otepF1ufnkhkwGk09SeRJdKBxI7pmq3m_AXbKCQ
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II. DÍA INTERNACIONAL DEL REGGAE
Jueves 01 de julio – La Casa del Reggae

Presentación de la F.U.R. (Federación Uruguaya de Reggae) y participación de artistas de todo el mundo haciendo música reggae!

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III. LUANA MÉNDEZ EN RECITAL
Sábado 03 de julio

Este recital virtual que lo titulo Canción Semilla, será para mí una instancia de vuelo de las canciones. Me llena de gratitud percibir como las canciones nacen con su propio destino, con la fuerza de la expansión y la capacidad de verter cientos de semillas, y que éstas, crecen en quién decide recibirlas, dándoles de si su apertura y su tiempo, dándoles un lugar para que ellas también se transformen. Gracias por eso.

La semilla pulsa dentro de la tierra en un proceso fundamental, pulsando en oscuridad, dentro contiene la potencia de todo lo que puede ser, por ejemplo un increíble árbol, una flor silvestre.. Me deslumbro solo de pensarlo, pero, volviendo al hilo, la semilla pulsa en oscuridad, y quizás desde el afuera no se puede percibir todo lo que está aconteciendo dentro, en el movimiento interno que se encuentra, hasta que un día, la semilla se quiebra y la vida comienza más allá. Tallo y raíz. El mundo de afuera será un nuevo misterio, lleno de aventuras y de nuevos movimientos.

Así que dicho todo esto, aquí les invito a Canción Semilla, un encuentro que irá más allá de las fronteras, llegando además de Uruguay, a todito el mundo.

– Les cuento que se transmitirá en vivo a través de la plataforma Tuvvo,
– Para comprar tu entrada accede a : www.tuvvo.com/home (link en la bio)
– Si vas a verlo desde tu celular, podés descargarte fácilmente la app de Tuvvo. @tuvvoapp

www.instagram.com/luanamendez.z/?hl=es

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 209 – 25.06.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
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URUGUAY: ALLANAMIENTO EN EL BARRIO SAN MIGUEL – comcosur al día 2299 – 23.06.2021

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021 Hoy:

1) Argentina: FM Soldati presentó el plan que brindará Internet a 5.000 familias de cinco barrios porteños
2) Argentina: Murió Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional
3) Uruguay: Allanamiento en el barrio San Miguel /Karina Rojas y Ricardo Curcho
4) Uruguay: Peñarol “no expulsó a nadie todavía” por delitos de lesa humanidad /Álvaro Levin
5) Uruguay: Choque por nueva ley de medios /Víctor Carrato
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021

1) ARGENTINA: FM SOLDATI PRESENTÓ EL PLAN QUE BRINDARÁ INTERNET A 5.000 FAMILIAS DE CINCO BARRIOS PORTEÑOS

Agencia FARCO /22.06.2021

A través de una reunión en la plataforma Zoom, la emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), convocó el jueves por la tarde a instituciones, actores territoriales y vecinxs de Villa Soldati a conocer y ser parte de la red comunitaria que comenzará a desplegarse en los próximos meses.

La Asociación Civil El Hormiguero por la Igualdad, Dignidad y Libertad, donde funciona FM Soldati, presentó a su comunidad el plan de conectividad comunitaria que brindará Internet a unas 5.000 familias de cinco barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta iniciativa se dio en el marco del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en Proceso de Integración Urbana” del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En diciembre el ente nacional le otorgó a la asociación civil la licencia de red comunitaria que permitirá brindar el servicio de Internet de manera no lucrativa a los barrios Fátima, Los Piletones, Carrillo, La Esperanza y Los Pinos.

A través de una reunión en la plataforma Zoom, la emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), convocó el jueves por la tarde a instituciones, actores territoriales y vecinxs de Villa Soldati a conocer y ser parte de la red comunitaria que comenzará a desplegarse en los próximos meses. Allí, se realizó una historización del contexto en el que surgió la radio comunitaria, cómo llegaron hasta este punto, se repasaron las líneas generales del proyecto de conectividad y se brindó el espacio a manifestar diversas preguntas relacionadas a la red.

“Cuando inauguramos la radio en el 2016 teníamos un problema enorme que era el acceso a internet en el barrio”, dijo en el acto Ariel Verón, integrante de El Hormiguero y de FM Soldati y uno de los responsables técnicos que estuvo en el origen y desarrollo del proyecto junto a otrxs miembros de la organización.

Con la puesta en marcha de esta idea, el objetivo “es poder acercarle internet de calidad a los vecinos y vecinas del barrio de Soldati”, manifestó Verón, y resaltó que, a pesar de no poder incluir en el proyecto a todos los barrios aledaños, “no por eso no van a estar incluidos en la lógica y en la visión que tenemos de qué es lo que podemos hacer, que es crear una nueva red de internet comunitaria en los barrios populares de Villa Soldati”.

“Una red comunitaria tiene como finalidad el servicio a la comunidad en general”, aclaró. A su vez, aseguró que “el éxito de este proyecto depende fundamentalmente de que las instituciones, vecinos y vecinas se apropien y podamos entender la lógica de una Internet comunitaria no lucrativa para el beneficio común de todos los barrios de Soldati y, más allá de Soldati, todo lo que se pueda extender”.

El proyecto cuenta con una duración de 18 meses pero el deseo es que la red se siga expandiendo más allá de ese tiempo. “La idea es involucrar más vecinos y vecinas a la misma red porque es la idea de una política pública, que siga en el tiempo con la inversión y el financiamiento del Estado”, agregó.

Juan Salvador Delú, integrante de la Mesa Nacional de FARCO, se mostró “orgulloso por estar viviendo este momento” y afirmó que se trata “de un momento histórico”.
“En perspectiva nos vamos a acordar de este momento porque tiene que ver con un capítulo más en la larga historia del acceso a la soberanía; de una vez más, la creatividad de las organizaciones sociales y populares sabiendo de qué manera pueden hacer para que ese viejo concepto, que es la propiedad comunitaria, pueda estar en manos de quien nunca debería haberse ido, que es lo comunitario, la gente, las personas”, expresó.

Además, destacó que con esta planificación de realizar una red comunitaria “están uniendo a cinco barrios, pero son muchas más personas las que se van enterar y son muchas más personas las que de boca en boca van a pasar el mensaje de esta posibilidad”. Y remarcó: “Hay una posibilidad de ingresar a Internet, que es ingresar a un montón de cosas, y hacerlo todos y todas juntas”.

El comunicador, que también integra Radio Futura (La Plata, Buenos Aires), aseguró que “las redes de Internet comunitaria realmente son algo que ponen en juego demasiado. Eso lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que saber”.

Y concluyó: “La gran imagen sea ojalá sea esta, esos barrios ingresando a hacerse cargo de los megas, apropiándoselos para volver a redistribuirlos”.

La jornada contó con la presencia representantes de diversas organizaciones, comedores, bibliotecas, centros educativos de Soldati.

Entre ellos, Unidos y Organizados, La Cámpora, Junta comunal, Militancia popular, Ayres, FOETRA, Evita, CeSAC Nº24, Biblioteca por caminos de libros, CEC “Ramón Carrillo”, Jardín Nº4, Escuela “José Martí” 19 D.E. 19, Escuela “Guillermo J. Barros” 21 D.E 19, Fátima Jardín Maternal, Comedor Mónica, Barros Pazos y AU Cámpora; Sacachispas FC, Centro Cultural Batalla de Ayacucho, Frutillitas de Amor, Casa Fátima, Capilla Virgen de Luján, Reunión Martes, Merendero Lucho, Hogar de Cristo, El Refugio, Comedor Pastorcito, Comedor Arcoiris , CPI Estrellita, Fundación SEDHA, Centro Cultural LP, Chapa, Merendero LP, Comedor Comunitario PO, Posta del Sur, Comedor Azu, Casa Pueblo, Rosmery Los Pinos, Parroquia Fátima, Eli 26 de junio, Casa Lucero, Proyecto Comunidad, La chispa.

Agencia FARCO /enviado por Henry Flores
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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2) ARGENTINA: MURIÓ HORACIO GONZÁLEZ, EXDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

La Diaria /22 de junio de 2021

El intelectual, de 77 años, estaba internado con Covid desde hacía algo más de un mes.

El escritor argentino Horacio González murió este martes, a los 77 años, tras permanecer internado con covid-19 desde hacía poco más de un mes. La noticia fue anunciada a través de Twitter por el periodista Daniel Tognetti, quien dijo estar cumpliendo así con una solicitud de Liliana Herrero, pareja de González.

Horacio González era sociólogo por la Universidad de Buenos Aires desde 1970 y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo. Fue investigador y ensayista, autor de más de 40 libros dedicados a asuntos tan vastos y diversos como el arte, la memoria, la política o los viajes en taxi, dirigió la famosa revista El ojo mocho y fue profesor de Teoría estética, Pensamiento político argentino y Pensamiento social latinoamericano.

Pero su nombre salió de los ámbitos universitarios e intelectuales y pasó a formar parte del más álgido debate público, sobre todo cuando estuvo al frente de la Biblioteca Nacional Argentina, entre 2005 y 2015. Durante su gestión se recuperó el local histórico de la Biblioteca, en la calle México 564, en San Telmo, que pasó a llamarse Anexo Sur Borges-Groussac como homenaje a dos de sus más emblemáticos directores, Jorge Luis Borges y Paul Groussac.

La agencia Télam destaca el carácter de “anfitrión entusiasta y descontracturado” de González, que transformó el ambiente solemne de la institución en un hervidero de actividades de lectura, exposiciones, crítica y reflexión y “hasta jornadas de desagravio como la que dedicó al escritor Pablo Katchadjian, acusado por la viuda de Borges, María Kodama, de plagiarlo en su libro El Aleph engordado. Esa “atípica velada”, recuerda Télam, “contó con la presencia del escritor César Aira, habitualmente renuente a la actividad pública, además del apoyo de más de 2.500 escritores, editores y artistas entre los que se encontraban Edgardo Cozarinsky, Ricardo Piglia, Silvia Molloy, Josefina Licitra, Alan Pauls, Tamara Kamenszain y Gabriela Cabezón Cámara”.

González encabezó también una iniciativa que buscaba evitar que Mario Vargas Llosa fuera el orador principal en la apertura de la 37ª Feria del Libro de Buenos Aires, en 2015, y aunque depuso su actitud por pedido expreso de la entonces presidenta, Cristina Fernández, la polémica que inició terminó opacando en buena medida el discurso del peruano.

Integrante del movimiento Espacio Carta Abierta, un nucleamiento de intelectuales nacido al calor de la pulseada del kirchnerismo con “el campo”, mantuvo encendidos debates con otros integrantes del grupo, como Beatriz Sarlo, quien, al despedirlo, este martes, dijo: “Fue mi interlocutor ideal, diferíamos en casi todo”.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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3) URUGUAY: ALLANAMIENTO EN EL BARRIO SAN MIGUEL

“Queremos vivir dignamente y que no nos molesten”

Desde La Izquierda Diario nos acercamos al Barrio San Miguel en Santa Catalina donde se dio el violento allanamiento hace pocos días y conversamos con dos vecinas de la zona para que nos cuenten que sucedió y como vivieron el hostigamiento policial y de la Justicia.

Karina Rojas, Pan y Rosas / Ricardo Curcho /La izquierda Diario, 21.06.2021

El pasado 16 de junio los vecinos del Barrio San Miguel en la zona de Santa Catalina fueron víctimas de un sorpresivo operativo policial en el que se llevaron presos a vecinas y vecinos de la zona.

San Miguel es un barrio contiguo a Nuevo Comienzo, donde también se vienen dando desde hace más de 1 año acciones de hostigamiento policial y judicial para intentar desalojarlos.

Desde La Izquierda Diario nos acercamos a la zona y conversamos con dos de las vecinas que vivieron de cerca este operativo impulsado por el fiscal Diego Pérez quien desde que comenzaron las ocupaciones en el Nuevo Comienzo se empeña en criminalizar y perseguir a las familias.

“Somos seres humanos, las leyes marcan que tenemos nuestros derechos”

Entrevistamos a Rosana, de 48 años quien nos contó sobre la forma violenta en que se dio el operativo policial, cuando despertaron y policías uniformados y también de civil entraron a su vivienda los apuntaron y se llevaron a su esposo.

Rosana cuenta que los detenidos “la pasaron super mal” , que quedaron incomunicados y que el trato del fiscal fue aberrante, amenazando que les iban a dar entre 6 meses y 1 año no, haciéndoles la cabeza para obligarlos a firmar.

En el caso de su esposo además no le dieron la medicación que tiene indicada: aunque la policía decía que le iban a dar la medicación, al volver su esposo a la casa al otro día, Rosana se enteró que nunca le habían dado estos remedios que si o si tiene que tomar por su patología. Mientras que en una casa con personas con Covid, entraron sin respetar el aislamiento y se llevaron los celulares que la familia utiliza para comunicarse con la médica que los atiende.

Ante el operativo policial y las amenazas de encarcelamiento por más tiempo que recibían los detenidos Rossana cuenta las acciones que emprendieron; entre ellos un corte de calle; que también se han acercado medios de comunicación que difundieron el conflicto y que gracias a las acciones de los vecinos y de las organizaciones sociales que se solidarizaron las personas fueron liberadas, aunque quedaron fichadas.

Rosana también relata que ellos son gente de trabajo, vivimos al día vivimos dignamente, gente laburadora, que quiere vivir en paz “no queremos que vengan a allanarnos, no queremos pasar por esto de vuelta”

“Acá hay gente pobre que quiere salir adelante”

También entrevistamos a Adriana de 34 años y con 5 hijos, quien contó cómo llegó al barrio hace unos 8 meses luego de que fuera despedida de su trabajo en una fábrica de bolsas, cuando una maestra de la escuela a la que asiste sus hijos contó que en la zona de Santa Catalina había terrenos vacíos.

Adriana nos contó sobre la historia del barrio cuando no había luz ni agua, y como fueron dividiendo los terrenos y sus deseos de que San Miguel “sea un barrio como cualquier otro, acá no hay gente mala, hay gente pobre que quiere salir adelante”

La entrevistada nos relata que en el barrio hay gente que trabaja en el puerto, en la pesca artesanal y que como por la pandemia se han perdido trabajos, la gente se rebusca.
Nos contó sobre la organización del barrio, que a pesar que son tierras municipales no quieren que vivan ahí, que son más de 600 familias. También nos habló de la olla popular que hay lunes y sábados en la casa de un vecino y con apoyo de los profesores de la UTU de la zona y que los miércoles también hay merienda para los niños y niñas tienen apoyo escolar con un maestro que se acerca a colaborar.

Sobre el operativo policial Adriana dice que “fue fuerte, todos nos asustamos”, que los detenidos estuvieron incomunicados con los que no podían hablar y que hasta se llevaron a una mamá con una cesárea reciente dejando a su bebé de 1 mes con sus pequeños hermanos y como la presión de los vecinos logró que la liberaran al otro día.

Karina Rojas, Pan y Rosas / Ricardo Curcho /La izquierda Diario
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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4) URUGUAY: PEÑAROL “NO EXPULSÓ A NADIE TODAVÍA” POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Socios e hinchas presentaron este lunes firmas y argumentos para respaldar el pedido de exclusión de los represores Gavazzo y Cordero.
Dirigencia aclaró decisión del consejo

Álvaro Levin / Sudestada / @alvarolevin 14.06.2021

Este lunes 14 a las 5 de la tarde representantes de los colectivos “Un Gol a la Impunidad”, “Hinchada con Memoria” y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron más de 2.500 firmas entre socios y simpatizantes para pedir formalmente la expulsión del padrón social de los represores José Gavazzo y Manuel Cordero, condenados en la Justicia de Uruguay y Argentina por delitos de lesa humanidad.

“Aunque bastaría con unas cuantas firmas, llevaremos más de medio millar de adhesiones de socios y toda la documentación requerida sobre las condenas que pesan sobre los represores, que en el correr de esta campaña se han visto incrementadas por resolución judicial”, decía la convocatoria.

El texto también trasuntaba el malestar de estos grupos por el tratamiento que la directiva aurinegra le dio al pedido público. “Las firmas de socios que presentaremos tienen mucho más respaldo que el de los firmantes en cuestión, porque están acompañadas de la adhesión de decenas de organizaciones sociales, agrupaciones de Peñarol, Peñas, barrios, sindicatos y gremios, aunque tales apoyos no sean considerados en el trámite burocrático que se nos propone, y que nos recuerda en cierta medida al trato frío que se les ha dado a estos temas del pasado recientes en otros órdenes de la sociedad”, planteaba el comunicado.

Historia reciente de un reclamo de Justicia

La batalla contra la impunidad de los delincuentes de lesa humanidad tiene varias semanas en la interna de Peñarol.

El 7 de abril del 2021, el colectivo autodenominado “Hinchada con Memoria” del Club Atlético Peñarol -compuesto por hinchas, socios y asambleístas de la institución-, junto con el movimiento Gol Contra la Impunidad, iniciaron una campaña mediática y social solicitando el retiro de los represores José Gavazzo y Manuel Cordero del padrón de socios de la institución mirasol.

Cuatro días después, el 11 de abril, el colectivo entregó una carta al Consejo Directivo del club, en la que explicitan los argumentos de la propuesta así como extendieron la posibilidad de generar una reunión en la que estén representados los directivos de la institución, y los colectivos Hinchada con Memoria, Gol contra la Impunidad y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La respuesta de la institución nunca se concretó.

Por su parte, el pasado jueves 10 de junio del 2021, el Consejo Directivo de la institución emitió una declaración sobre el “procedimiento y formalidades para determinar la pérdida de la calidad de socio”. Sin mencionar a Gavazzo ni a Cordero, ni a los colectivos que iniciaron la campaña, los dirigentes plantearon que son suceptibles de perder la calidad de socios aquellas personas que cometan delitos graves, considerando por éstos a “crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, terrorismo, homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales, violación, abuso sexual, copamiento, secuestro y narcotráfico”.

Tabaré Techera, uno de los voceros de Hinchada con Memoria y Gol contra la Impunidad, dijo a Sudestada que “la evaluación, viendo lo que el colectivo se planteó hace dos meses, es positiva. No pensamos que la institución demorara tanto en expedirse, pero seguimos pensando que lógica y moralmente los argumentos para la condena son claros, por lo que logramos hacerle otro gol a la impunidad y eso está bueno”.

Si bien el grupo considera que se alcanzará la mayoría de dos tercios del Consejo Directivo que se plantea en el procedimiento para formalizar la expulsión, Techera dejó entrever la incomodidad de los colectivos respecto a la falta de comunicación de la institución con ellos. “El 11 de abril les mandamos una carta formal. Hasta el día de hoy no hubo ningún tipo de comunicación oficial sobre ese pedido hacia nosotros. Sí hemos escuchado trascendidos de prensa y declaraciones en redes sociales, como la del Presidente Ignacio Ruglio”. Respecto a que el club se haya expedido y condene otros delitos lo recibieron como algo “correcto e interesante, pero está por fuera de lo que solicitamos”.

“No se resolvió expulsar a nadie”

Desde el Consejo Directivo de la institución, el dirigente Rodolfo Catino, explicó a Sudestada que “hay algunas versiones o confusiones” respecto a la resolución institucional.

“El jueves -por el 10 de junio pasado- lo que se votó es la interpretación del reglamento por la cual habilitamos, si llega una solicitud de socios activos, a pedir que se expulse del padrón por los delitos que nosotros establecimos en la declaración, se le daría trámite, teniendo ciertas garantías para el socio involucrado. No se ha resuelto la expulsión de nadie todavía”, subrayó. Además, Catino dijo que la declaración no es más que una interpretación del reglamento de la institución, que tendrá vigencia mientras la actual directiva esté en funciones.

Hay un elemento central sobre el que difieren las valoraciones de la dirigencia y los grupos que promovieron la expulsión de los represores presos.

En la declaración del Consejo Directivo se menciona hasta tres veces la necesaria prescindencia de las cuestiones políticas. En uno de los pasajes se expresa directamente: “se rechazará asimismo toda solicitud que incluya distintivos o proclamas vinculadas a entidades políticas o religiosas”.

Desde Hinchada con Memoria, sin embargo, conciben que el planteo que realizan es político, en el marco de un intercambio de opiniones en el sistema democrático. Según Techera, “pretender politizar el asunto como algo de política partidaria es una estrategia muy básica que busca bajar calidad al argumento. Es muy fácil decir que estos son políticos partidarios. ‘Tiran para un lado y renguean para el otro’. Peñarol, orgánicamente, desde el Consejo Directivo, tiene que consensuar a nivel de los directivos para llegar a un acuerdo y tomar la decisión de retirar a los represores”.

En dirección opuesta va el planteo del directivo aurinegro Catino, “el proceso ha sido muy largo. Primero recibimos la solicitud de colectivos políticos con este tema. Entendimos que no era el camino mezclar la política con el deporte, pero sí levantamos el guante en ponerle visos éticos y morales a los socios del club. Utilizamos esa solicitud, para quitarle toda la parte política del medio y abocarnos a la parte estrictamente jurídica del tema”.

El dirigente aurinegro reconoció que fue una preocupación del Consejo deslindar de cuestiones políticas todo el planteo, tal como lo prohíbe el artículo tercero del estatuto de la institución. “Teníamos que dejar bien claro y separado el tema, más allá de que haya personas que digan que los delitos de lesa humanidad no son delitos políticos. Podemos compartir eso o no, pero de la forma que fue presentada la solicitud podría pensarse que había algún viso político”, indicó el directivo.

Otro punto que genera divergencia refiere al papel de los hinchas, socios y asambleístas. De acuerdo al procedimiento especificado, socios activos (incluidos en el padrón social) son los únicos que pueden iniciar el mecanismo, al tiempo que desde el colectivo entienden que nadie es más hincha que otro, “tanto el que puede pagar como el que no. El eslogan ‘Peñarol de origen obrero y popular’, ¿con qué contenido se llena eso?”, se preguntó Techera.

Por su parte, y sin dejar lugar a dudas, puntualizó Catino: “Peñarol es un club deportivo, no tenemos que trabajar en temas sociales o políticos. Lo hacemos en las peñas o en las campañas públicas apoyando a niños y niñas, pero ponernos a opinar sobre temas políticos o sociales no tiene cabida. No queremos narcos, asesinos ni violadores que estén sentados al lado de nuestras butacas, pero hasta ahí llegamos”

Peñarol “no puede tener como socios, como los tiene, a estos asesinos”, dijo Alba González, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al entregar las 2.500 firmas. “Es una vergüenza”, insistió.

Álvaro Levin / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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5) URUGUAY: CHOQUE POR NUEVA LEY DE MEDIOS

Cabildo Abierto habla de soberanía

Durante todo el año pasado, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a diferentes delegaciones y expertos, muchos de los cuales señalaron que varios artículos del proyecto eran inconstitucionales, particularmente el 17, 40 y 48.

Víctor Carrato / Caras & Caretas, 13 junio, 2021

El miércoles 2 de junio se reunió la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados para comenzar a votar los 93 artículos del proyecto de ley de medios presentado por el Poder Ejecutivo a los partidos de la coalición la semana pasada. Varios meses de negociación interna fueron necesarios para poder llegar a un acuerdo.

Pero la sorpresa vino de parte de Cabildo Abierto (CA), que ya había anunciado que mantenía reparos sobre algunos artículos. Su representante, Sebastián Cal, dijo en la sesión que no estaba dispuesto a comenzar la votación porque tenía varias discrepancias, aunque no especificó cuáles. Los integrantes de la coalición se molestaron, destacándose el malhumor y las declaraciones del diputado colorado Martín Melazzi.
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«Dilatar el proyecto de ley de medios me parece de una gran insensibilidad por parte de Cabildo Abierto porque es el único salvavidas que les queda a las micro y pequeñas empresas para seguir subsistiendo y evitar más pérdidas de fuentes de laborales. Tuvimos un sinnúmero de posibilidades para expresar nuestras diferencias con el Poder Ejecutivo. Es poco serio que a la hora de votar luego de 14 meses de tratamiento de la ley, se solicite una prórroga para presentar los sustitutivos que nunca fueron presentados a lo largo del tratamiento del proyecto de ley», dijo irritado Melazzi a la prensa.

El diputado colorado, del sector Ciudadanos Soriano, consideró que la coalición ya tuvo tiempo suficiente para discutir el texto y “es una irresponsabilidad” que CA continúe en su posición de dilatar la votación. “No entiendo a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando al escondido? ¿Al truco con las cartas vistas?”, preguntó, y recriminó a CA, que si ya sabía que este miércoles no votaría los artículos, podría haberlo dicho “con tiempo”.

Melazzi daba por descontado que ya no habría inconvenientes para la votación del proyecto ya que “en el nuevo texto ya no existe la obligatoriedad de Antel de compartir su infraestructura”.

El diputado nacionalista Eduardo Lorenzo, presidente de la comisión, también manifestó su malestar, pero afirmó que en la coalición tienen que “estar todos de acuerdo”.
El coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que la nueva prórroga solicitada por CA causó “sorpresa” porque parecía que “había acuerdo en la coalición”.

Pérdida de soberanía

Por su parte, Sebastián Cal negó que su partido tenga intenciones de trancar la aprobación del proyecto. “Nunca podemos hablar de trancar; estamos en un ámbito de negociación, estamos trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo con respecto a la ley de medios, pero nunca nuestra intención ha sido estar trancando absolutamente nada. Lamento que piensen así”.

Según fuentes de CA consultadas por Caras & Caretas, se pudo saber que este sector considera que en el proyecto presentado hay pérdida de soberanía y que el sector no tiene ningún compromiso con los medios.

Ante la nueva redacción, a pedido de CA, acompañado por el Frente Amplio (FA), se convocará al ministro de Industria, Omar Paganini, delegaciones de las instituciones involucradas en el proyecto de ley, al sindicato de trabajadores de Antel y al directorio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación.

«Es para las empresas, escrita por las empresas»

El jueves 3 de junio, el portal digital TeleSemana.com publicó una entrevista a Gustavo Gómez, investigador, consultor y director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). En ella Gómez sostuvo que esta «es una ley para las empresas, escrita por las empresas y, por tanto, que les recompone los privilegios que tenían, que les elimina los límites a la concentración o que se los flexibiliza de forma tal que les permite seguir acumulando medios. Además, les quita las cargas mínimas que tenían respecto a la protección de la niñez, que elimina todos los aspectos vinculados a la participación ciudadana y la fiscalización de la acción gubernamental».

Agregó que «para el gobierno, ésta siempre fue la tercera ley más importante del período: detrás de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es una legislación ómnibus enorme, y de la del Presupuesto Quinquenal. Y es un compromiso con los intereses del gran sector de empresas privadas, sobre todo de las grandes.

Entonces, ¿era necesario para el gobierno? Sí, creía que estaba mal y que imponía limitaciones al desempeño de los empresarios porque es un gobierno que responde a los empresarios y que son empresarios».

Expertos marcaron inconstitucionalidades

Durante todo el año pasado, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a diferentes delegaciones y expertos, muchos de los cuales señalaron que varios artículos del proyecto eran inconstitucionales, particularmente el 17, 40 y 48.

Los doctores Ruben Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional y político perteneciente al Partido Colorado, y Agustín Mayer West, socio director del estudio Ferrere y de la oficina de Ferrere, como asesores de DirectTV, explicaron la inconstitucionalidad de los artículos 17, 40 y 48, que afectan a la empresa que asesoran.

Para Gustavo Gómez (Observacom), el artículo 16 elimina el concepto «grupo económico», que es un elemento fundamental incorporado por la legislación actual luego de años de experiencia en el uso de testaferros en este sector. «Efectivamente, cambiar de ocho a cinco -incluso dejar el límite en tres- es lo mismo si se mantienen estas dos disposiciones a que hacemos referencia: el 30% máximo y la eliminación del concepto «grupo económico». Actualmente tenemos grupos que superan los límites de concentración establecidos por la legislación, y harán lo mismo si esto se elimina y se blanquea esta situación, porque alcanzará con que alguien ponga una empresa a nombre de un abogado o de un familiar para superar el límite legal de las ocho, tres o veinte licencias. Por eso, pedimos que se ponga especial atención a este artículo 16, que nosotros proponemos que se elimine y se mantenga lo que establece la ley vigente», dijo.

El Dr. Adrián A. Gutiérrez, profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Uruguay, también cuestionó artículo 48 del proyecto.

La ley, cuando no es general, no es ley

Sobre el artículo 48, que se refiere al “Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones”, señaló el Dr. Daniel Ochs Olazábal una cuestión de igualdad en crisis, porque atribuye determinado beneficio o privilegio no a un sector de actividad, sino a un grupo de empresas, y esa es una de las partes dramáticas en materia de igualdad. “El Estado debe legislar para el futuro, no para el pasado, con un criterio de generalidad; no puede legislar cuestiones de regulación de conducta preocupándose porque la norma alcance selectivamente a un determinado grupo cerrado de sujetos».

Sobre artículo 47

El artículo 47 habla sobre el tema de la discapacidad visual y auditiva.

Alejandra Umpiérrez (Observacom) dijo que de aprobarse el artículo 47, se podrían vulnerar algunos derechos adquiridos de las personas con discapacidad auditiva o visual.
«Una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público»

La otorgación de licencias, en el nuevo proyecto de ley de medios del gobierno, “parece que fuera un permiso para operar un juego de quiniela o de lotería, donde uno evalúa cuestiones técnico económicas, de responsabilidades, y falta todo lo otro que es lo más importante”, evaluó el Dr. Ochs.

Cuestionó el artículo 49. «Esa norma deja entrever el talante ideológico y las preocupaciones que tiene el que redactó esa norma. Esta norma limita la comunicación gratuita por razones de interés público a los 15 minutos improrrogables por día».

Ochs sostuvo que “una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público. Creo que la demostración más paradigmática es el artículo 49″.

En Uruguay nunca hubo libertad para acceder a frecuencias

El sociólogo y politólogo Oscar Bottinelli señaló que desde la teoría de la democracia en materia de medios de comunicación es importante tener en cuenta que pueden llegar a colidir dos tipos de principios diferentes.

Uno es el principio del emisor, la libertad del emisor. La Constitución no garantiza la libertad de prensa, como se dice simplificadamente, sino la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio. No solamente la prensa es intocable, sino el derecho de las personas a emitir el pensamiento por cualquier medio. La Constitución lo describe de acuerdo a la tecnología de hace sesenta años.

El otro es la teoría del derecho a la libre información o del derecho de información.

Debería regularse internet

Para el Ingeniero en Sistemas Eduardo Hipogrosso, decano de la facultad de comunicación y diseño de la Universidad ORT, las medidas reguladoras plausibles de ser adoptadas sobre los contenidos audiovisuales en internet deberían contemplar una serie de medidas de cara a los proveedores de servicios de internet que, en definitiva, son el vehículo, la plataforma que posibilita la llegada de los servicios.

«Obviamente, internet es una red a la cual aporta todo el mundo; todos somos prosumidores en internet: producimos, consumimos, intercambiamos. Hay normativas para los servicios de difusión audiovisual en internet en algunos países. No es que esté todo regulado o sistematizado, pero hay determinadas normativas para los servicios que se entregan por internet», sostuvo.

Otros cuestionamientos

Para Alejandra Umpiérrez (Observacom) el proyecto deroga el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes, así como a no ser individualizado por los medios. Deroga su derecho a plantear la objeción de conciencia ante los dueños de los medios para no ser despedidos si se niegan a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos que hayan sido modificados sin su consentimiento.

Según Gustavo Gómez (Observacom), la propuesta triplica la cantidad de licencias que una persona física o jurídica puede acumular; una persona no tendría ningún tipo de límite para dominar todos los medios de comunicación del país, siempre que no tenga formalmente más de un 30% de las acciones. Si hacemos cuentas, un grupo de cuatro personas podría ser dueña de todos los medios, y eso no sería ilegal. También criticó la eliminación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que precisamente hace referencia al tema de la participación ciudadana porque está integrada por representantes de diversos ámbitos institucionales, empresariales, sociales y académicos vinculados a la temática en general. Luis Curbelo, Secretario de Prensa y Propaganda por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), también argumentó en este sentido: «Para nosotros es importante ese asesoramiento preceptivo para la reglamentación de la ley y, además, para los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión», dijo.

Curbelo destacó que APU hizo un pedido de información a la Ursec, respecto a la situación de la televisión para abonados, en función de algunos argumentos que se plantearon. El año pasado el sector de la televisión para abonados en Uruguay tuvo una facturación de US$ 312.000.000. «Esto no lo ubica como un sector en crisis en el país, ni mucho menos», subrayó.

El doctor Wilder Tayler, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) señaló que con la derogación de la ley vigente se produce una reducción de las garantías especiales en la tutela de los derechos de las personas. Además dijo que existe un área de objeción de conciencia a los periodistas, que también se debilitaría o eliminaría.

También se deroga la defensoría del público, asignada a la institución como mecanismo para reclamar en forma individual o colectiva la defensa de los derechos que se entiendan afectados por parte de los ciudadanos y usuarios de los medios.

Lucía Gaviglio, productora audiovisual y miembro de la Comisión Directiva de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), dijo que «una ley de servicios audiovisuales no puede dejar de lado a la generación de los contenidos nacionales ni a la participación de los medios en conjunto con los productores independientes, para su generación. Vemos que eso se ha dejado de lado en el nuevo proyecto de ley». La ley de cine destina US$ 1.500.000 al sector audiovisual.

Javier Bentancor, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), expresó que «según expresó el ministro de Industria, Energía y Minería en los medios públicos y en la comisión, esta iniciativa fue creada para salvar a los cableoperadores. Nosotros entendemos que esto va en contra de nuestra Antel, nuestra empresa pública, y ahí radica nuestra primera diferencia. Nosotros consideramos que las leyes son para generar respaldos jurídicos que tengan un sentido general y no particular de beneficiar a tres o cuatro familias que quieren quedarse con un negocio multimillonario como es el de internet y las licencias».

La Ley

ARTÍCULO 17
(Incompatibilidad). Refiere a la incompatibilidad de licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados mediante sistemas no satelitales.

ARTÍCULO 40
(Retransmisión de señales locales). Refiere a la retransmisión de señales locales y dice que los servicios de difusión de contenidos audiovisual de televisión para abonados, con excepción de los satelitales de cobertura nacional, deberán retransmitir las señales emitidas por los servicios de difusión de contenido audiovisual abierta, siempre que se cumplan ciertas condiciones que indica el texto del proyecto.

ARTÍCULO 48
(Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones). Refiere al acceso a las redes públicas de telecomunicaciones. Este artículo permite a los operadores de televisión para abonados por cable de televisión para abonados e internet y datos, pero no así a los operadores de televisión para abonados satelitales.

Víctor Carrato /Caras & Caretas / Boletín Info & Com
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 /Coordinación: Carlos Casares /Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR AL DÍA/ COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Dirección postal: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 Montevideo/Uruguay /COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal /Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener COMCOSUR sobre los temas en cuestión / COMCOSUR integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Uy) /
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BOLIVIA: LOS ASESINATOS DE MUJERES Y NIÑOS ENCIENDEN LAS ALARMAS – comcosur mujer 690 – 21.06. 2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 690 /lunes 21.06.2021 – Hoy:

1) América Latina: La pandemia dejó sin trabajo a 50% de trabajadoras del hogar
2) Bolivia: Los asesinatos de mujeres y niños encienden las alarmas
3) Colombia: La solidaridad de las mujeres latinoamericanas denuncia lo que está pasando en Colombia
4) Ecuador: La pandemia limita el acceso a servicios de salud sexual a migrantes |
5) México: Sentencian a exalcalde Hugo Schultz por homicidio de la periodista Miroslava Breach
6) México: Mujeres binizá de San Blas Atempa exigen que se respete su territorio
7) Uruguay: La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped creó un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación
8) Uruguay: El director de la Secretaría de la Diversidad de la IM adelantó las prioridades en materia LGBTI para este quinquenio
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 690 – Lunes 21 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AMÉRICA LATINA: LA PANDEMIA DEJÓ SIN TRABAJO A 50% DE TRABAJADORAS DEL HOGAR

Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se insta a adoptar medidas para conseguir la formalización de este sector, con la ampliación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

La pandemia afecta aún a gran parte de las regiones del mundo y los trabajadores sufren despidos por la crisis económica en esta emergencia sanitaria. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina el Covid-19 generó que el 50% de las personas trabajadoras del hogar pierdan su empleo.

Son 14.8 millones de trabajadores domésticos, de las cuales el 90% son mujeres, que sufrieron los embates de esta pandemia que persiste con una segunda y tercera ola en la región latinoamericana.

“La crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad acuciante de formalizar el trabajo doméstico a fin de que quienes se dedican a ello accedan al trabajo decente”, señaló Guy Ryder, director general de la OIT.

El reciente documento de este organismo internacional establece que el mundo hay más de 75.6 millones de trabajadores domésticos. 61.4 millones de estas personas (81%), se “desenvuelven en la informalidad, quedan en la vulnerabilidad y se enfrentan a algunas de las peores condiciones de trabajo”, porque carecen de beneficios y protecciones sociales y laborales.

Muchos sectores de trabajadores han quedado afectados por esta crisis económica a raíz de la pandemia, sin embargo, la OIT señala que la pérdida de empleos de las trabajadoras domésticas es “sistemáticamente mayor” en comparación a otros empleados.

“En países de las Américas alcanzó tasas de entre 25 y 50%, mientras en otros asalariados fue inferior a 15%. De ese total de trabajadoras domésticas que se quedaron sin trabajo en América Latina solo el 9,8% “estaban cubiertas legalmente por todas las ramas de la seguridad social”, detalla el informe.

Frente a esto, el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, señaló que “al enfermar y no contar con cobertura de protección social, a muchas(de estas trabajadoras) le fue denegado el derecho de acceder a las prestaciones de seguridad social y a los cuidados justamente cuando estos eran más necesarios”.

Por ello, desde este organismo se insta a adoptar medidas para conseguir la formalización de este sector, con la ampliación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

ANF / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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2) BOLIVIA: LOS ASESINATOS DE MUJERES Y NIÑOS ENCIENDEN LAS ALARMAS

Los asesinatos de mujeres y niños han vuelto a encender las alarmas en Bolivia, ya que en lo que va de año se han contabilizado 54 feminicidios y 14 infanticidios, en un momento en el que las autoridades están enfocadas en la Justicia y las organizaciones piden incidir en la educación y prevención ante la crueldad advertida en estos casos.

El Ministerio Público ha registrado desde enero hasta el pasado lunes 52 feminicidios, pero el recuento propio de otras organizaciones defensoras de las mujeres habla de 54, mientras que ha habido 14 infanticidios.

El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres refleja, además, que 26 de las víctimas de la violencia machista tenían entre 19 y 30 años.

Los datos de este mismo informe también dan cuenta de 62 menores de entre 2 y 17 años y otros 21 jóvenes dependientes de sus madres que quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios registrados en lo que va de año.

Uno de los últimos casos de violencia

Uno de los casos que más ha impactado en estos días fue la brutalidad con la que Ronald Choque, un hombre de 33 años, agredió a su pareja, una muchacha de 22 que tenía ocho meses de gestación, y la hija de un año de ambos, en una comunidad rural del municipio de Tiquina, a orillas del lago Titicaca compartido por Bolivia y Perú.

El hombre ha sido sentenciado la semana pasada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana, por los delitos de “infanticidio, feminicidio en grado de tentativa, aborto forzado y violencia familiar“.

Las alarmas se encienden por los asesinatos

La crueldad con la que actuó Choque contra su pareja e hija ha dejado “sin palabras” a activistas como Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, quien ha lamenta en declaraciones a Efe que “el tema de la violencia ha ido subiendo cada vez más” en el país.

“Tenemos contabilizados 54 feminicidios, cada vez más crueles”, señala Tapia, quien no halla explicación a situaciones preocupantes como la presentada en Tiquina.

“¿Qué está ocurriendo con la humanidad, por qué hay tanta violencia y por qué no puede contenerse esta violencia?”, cuestiona.

Además de las muertes violentas, desde enero hasta la primera quincena de mayo la Fiscalía ha atendido 16.930 denuncias de distintos tipos de violencia contra mujeres y menores, de las que 13.866 fueron casos de “violencia familiar o doméstica”.

Una mujer, asesinada cada tres días en Bolivia

Bolivia ha registrado 113 feminicidios en 2020, confirmando el lamentable promedio de 110 casos anuales en los últimos siete años, además de la alerta lanzada por organizaciones feministas de que cada tres días una mujer es asesinada por el hecho de serlo.

El país tiene en vigor desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con treinta años de prisión sin derecho a indulto, aunque las activistas aseguran que no se cumple plenamente por falta de presupuestos y personal adecuado, por lo que el Gobierno busca reformarla.

Una tarea en la que ha estado centrado en los últimos días el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, mientras que una comisión parlamentaria intenta destrabar los centenares de procesos por feminicidios que no avanzan en la Justicia.

Educación y prevención

La acción desde el ámbito judicial como la reforma a la ley o la aprobación de nuevas normas deben estar acompañadas de otras medidas para ser más efectivas.

En declaraciones a Efe, la abogada Janeth Rodríguez, asesora legal de la Fundación Munasim Kullakita (Quiérete hermanita, en aimara), ha considerado que uno de los orígenes de la violencia es “la poca formación” que “repercute en conductas machistas”.

“Hasta mayo teníamos una cantidad enorme de feminicidos e infanticidios que han ido aumentado debido a que los cambios no tienen que darse solamente a través de campañas momentáneas”, ha advertido.

Por ello, una de las propuestas de la fundación es “que se cambie la currícula” escolar o se agregue en alguna de las materias “temas específicos como la trata de personas, la violencia contra las mujeres o el acoso escolar” para que la gente se eduque desde primaria y el cambio sea generacional, ha explicado Rodríguez.

Para Tapia, es importante trabajar el tema preventivo en los colegios, comunidades urbanas y rurales y espacios laborales, entre otros, una responsabilidad de todos.

Efeminista / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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3) COLOMBIA: LA SOLIDARIDAD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS DENUNCIA LO QUE ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, que estuvo en las cinco ciudades más afectadas por la represión estatal durante el Paro Nacional, ha estado integrada por reconocidas lideresas que le han plantado cara a la dictadura en Argentina. La solidaridad entre mujeres y pueblos de la región ha sido clave en su labor humanitaria.

Bastaron cuatro días en Cali para que la líder social argentina Marianela Navarro reafirmara lo que sus años de experiencia militante le han enseñado: “La resistencia en Colombia la hacen la juventud y las mujeres”, sentenció durante la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, compuesta por varias organizaciones sociales que llegó el 25 de mayo motivada por la crisis social que estamos viviendo en el país.

Tras un recorrido nacional que paró en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Popayán, el balance preliminar que hicieron público ayer tres de junio no fue positivo. Entre otras cosas, la Misión afirmó con seguridad que «Los derechos humanos están siendo violados en Colombia, y la comunidad internacional asume que no hay una condena contundente por parte de la institucionalidad».

El documento de diecinueve páginas, que incluye los principales hallazgos de las visitas a terreno arroja una conclusión alarmante: “El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del Paro Nacional, y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.

Además de esto, incluyeron cifras que soportan esta conclusión, dentro de las cuales se incluyen heridas, desaparecidas y asesinatos en todas las ciudades que visitaron. La labor de mujeres como Marianela fue clave para la Misión, así como las labores de muchas defensoras regionales que le han plantado durante toda la vida la cara a los regímenes en sus países.

Hablamos con varias: algunas dentro de la Misión, otras que han sido parte en otras misiones, y otras que la apoyan desde la distancia, para entender un poco la lectura regional que hacen estas voces líderes frente a lo que está pasando durante este Paro Nacional eterno en materia de violación a los Derechos Humanos.

Los inicios de Marianela fueron de la mano del movimiento piquetero, que debe su nombre a los «piquetes» o bloqueos, que realizaban para protestar en la crisis Argentina de los 90. Desde allí se convirtió en una lideresa social y docente reconocida, que hace parte del Frente Organizaciones en Lucha.

Como integrante de la Misión que visitó el país, Marianela estuvo ubicada en el Valle del Cauca, donde escuchó de primera mano los relatos de varias víctimas de abusos de la fuerza policial e incluso de ataques por parte de civiles. «La particularidad de Cali», hace la distinción la lideresa, «Es por un lado la actuación paramilitar y el fenómeno que se está desarrollando de limpieza social, particularmente en contra de las comunidades afrodescendientes, la discriminación laboral, el racismo».

El informe de la Misión es consciente de esto último. Así, una de sus denuncias, por ejemplo, es que en Puerto Tejada, en el Cauca, la mitad de las víctimas de la represión son negras. Otro ejemplo que refuerza el racismo estructural que estamos viviendo y que señala Marianela fue el ataque que vivió la Guardia Indígena en Cali el pasado nueve de mayo, donde nueve mingueras fueron heridas, incluida la lideresa indígena Daniela Soto Pinto.

¿Dónde están las desaparecidas y desaparecidos?

La Misión estuvo integrada también por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, un activista por los derechos del pueblo mapuche que duró 77 días desaparecido y luego apareció muerto en el río Chubut, en la Patagonia Argentina.

La desaparición de personas es una realidad que ha tenido que vivir el continente en cuotas repartidas por países durante diferentes momentos de su historia. Según denuncia La Silla Vacía, actualmente la Fiscalía está buscando menos de la mitad de personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional reportadas por diferentes organizaciones.

Los reportes hablan de 300 desaparecidas/os aproximadamente. La Fiscalía está buscando apenas a 111, y alega que no tiene suficiente información para buscar los casos restantes.

Cuando el epicentro de las desapariciones en la región estuvo sobre Argentina, durante la época de Videla, un puñado de mujeres madres le plantaron la cara a la dictadura de aquel entonces, y crearon lo que ahora es la asociación de Madres de la Plaza de Mayo. Una de sus líderes, Norita Cortiñas, a sus noventa años aún exige justicia y lucha por la memoria de su hijo desaparecido.

A pesar de no estar presente en la Misión que visitó Colombia por riesgos a su salud, Norita, desde su casa en Buenos Aires, lleva en su mente a nuestro país: “Envío un gran abrazo al pueblo colombiano en nombre de mi hijo Carlos Gustavo que está desaparecido hace 44 años, yo les digo que los desaparecidos están presentes, yo les digo a todos ¡Hasta la Victoria siempre, venceremos, venceremos!”.

Norita menciona varias veces a las Madres de Soacha, con quienes se reunió hace unos años. “Desde Argentina seguimos paso a paso lo que está pasando en Colombia, repudiamos la violencia, especialmente contra los niños y las mujeres. Es hora de que el pueblo colombiano pueda vivir en paz”.

Solidaridad, la fuerza del pueblo contra el patriarcado
A pesar de compartir diferentes patrones dentro de un mismo marco de violencia estatal, las organizaciones de mujeres en América Latina también compartimos una profunda convicción por la justicia y la hermandad.

La solidaridad entre los pueblos y las mujeres ha sido, es y será una fuerza potente y transformadora cuando se trata de la lucha por una vida digna, como lo señala Marianela: “Es importante que nos hermanemos para resistir, así nos lo ha enseñado la historia del movimiento de resistencia del continente, pero también nos los ha enseñado el movimiento feminista».

Las mujeres, las juventudes y la población indígena son protagonistas de la resistencia ante el autoritarismo, las dictaduras y la violencia paramilitar. Así ha quedado claro ante los ojos del país y la región, en este Paro Nacional que el fin de semana completa 40 días.

La hermandad entre los pueblos oprimidos y saqueados históricamente ha demostrado ser una herramienta eficaz para quebrar un gran pacto patriarcal continental, pues sería imposible comprender la historia de la resistencia en América Latina, sin tener en cuenta el papel de las mujeres, las poblaciones racializadas, las juventudes y su articulación.

Manifiesta.org/ COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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4) ECUADOR: LA PANDEMIA LIMITA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL A MIGRANTES |

El acceso de las mujeres migrantes y refugiadas a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ecuador se ha visto limitado durante la pandemia de la COVID-19, lo que ha provocado embarazos no deseados y abortos clandestinos.

Así lo señala el informe “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador durante la pandemia por COVID-19″, que ha presentado el Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), en conjunto con el Centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer (Cepam) y la Federación internacional de planificación de la paternidad (IPPFRHO).

Marcia Álvarez, de Unfpa, ha indicado que esta investigación “recupera las voces de las mujeres migrantes y refugiadas”, pues son ellas mismas las que cuentan “cómo viven esta realidad”. “Y a nosotros nos permite acercarnos a estas experiencias y también hacer recomendaciones para mejorar la situación que están viviendo”, ha agregado.

Por su parte, Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador, ha recalcado que las personas en mayor situación de vulnerabilidad (como las migrantes y refugiadas) han jugado un papel determinante en los trabajos esenciales que han permitido mantener la mínima funcionalidad económica y social, pero a pesar de esto, “el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos no ha sido garantizado”.

“Esto se evidencia en los embarazos no planeados por falta de acceso a anticonceptivos, en la brecha de acceso a cuidados obstétricos esenciales y al acceso limitado a pruebas de diagnóstico, control y tratamiento de infecciones por transmisión sexual”, ha explicado.

La salud sexual para las migrantes en Ecuador

Susana Medina, de la Federación de planificación de la paternidad, ha mencionado que durante la investigación han podido determinar que ninguna de las mujeres encuestadas quería quedar embarazada. “Y todas dijeron que sus embarazos fueron por falta de acceso a anticonceptivos y barreras de género que les impedían ejercer su autonomía reproductiva”.

Según datos que proporcionaron en la presentación, los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país disminuyeron en un 26 % para planificación familiar y un 19 % para el primer control prenatal durante el 2020.

“Las mujeres migrantes aseguran que todos los factores vinculados a la salud sexual y reproductiva son de muy alto costo, están muy lejos de su acceso“, ha afirmado. Además, para los centros de salud las atenciones que no COVID-19 no eran prioritarias.

Entre las preocupaciones que ha dejado el estudio está el acceso a los cuidados obstétricos esenciales. Las mujeres de este estudio no tuvieron control prenatal regular y algunas de ellas solo acudieron a los servicios de salud por emergencia o por dolores. Muchas manifestaron que eran “insostenibles” los costos por su alimentación, los medicamentos y las vitaminas para el control prenatal.

Estas limitantes provocaron complicaciones en los partos, muertes de los neonatos y muertes maternas. Estas últimas registraron un aumento de 88 casos con respecto al 2019.

La representante de la Federación ha destacado que para muchas migrantes la interrupción del embarazo era “algo común” y muchas lo hicieron por medio de medicamentos, en soledad y en secreto.

La violencia, presente en todos los testimonios

La violencia es uno de los temas transversales del estudio, pues según Medina, está en “todos los testimonios y en todos los contextos”. “Está naturalizada, es un hecho cotidiano en la vida de todas las mujeres”. Además, las mujeres desconocen cómo identificar la violencia y tampoco saben cuáles son las rutas de atención. La violencia sexual es la que más han sufrido.

Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam, ha afirmado que si antes de la pandemia las mujeres sentían temor de denunciar, durante esta el miedo aumentó “significativamente”.

“Las mujeres entrevistadas no dimensionan que vivir una vida libre de violencia es un derecho”.
Muchas de las entrevistadas han asegurado que no denunciaron porque no querían tener problemas migratorios. “Las que lo hicieron se enfrentaron con barreras legales, estigmatización y a otros estereotipos de género que ya existían antes de la pandemia”, ha mencionado Martínez.

Las mujeres también han sido víctimas de chantajes sexuales pues se vieron obligadas a tener relaciones sexuales para evitar los desalojos. “Se hizo más evidente una pandemia estructural como lo es la de la violencia de género”, ha agregado.

Las redes de apoyo y las organizaciones sociales han sido clave en la supervivencia de las mujeres migrantes. Además, se convirtieron en su canal de información y de ayuda principal.

Cristina Bazán / Efeminista / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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5) MÉXICO: SENTENCIAN A EXALCALDE HUGO SCHULTZ POR HOMICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH

A más de cuatro años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, Hugo Amed Schultz, el exalcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, fue sentenciado como partícipe auxiliador del crimen, por lo que deberá pagar con ocho años de prisión y la reparación integral del daño, que consiste en compensación económica y una disculpa pública.

El exedil del municipio de Chínipas, de donde era originaria la periodista, aceptó los hechos de la acusación y su responsabilidad penal, así como la condena solicitada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) durante la audiencia del pasado 15 de junio.

Se trató de un procedimiento abreviado en el que existe el beneficio de reducción de los años de prisión que la ley establece para el delito en cuestión. Esto a cambio de que Amed Schultz aceptara su responsabilidad y participación en los hechos, garantizara la reparación integral a las víctimas y renunciara a su derecho a un juicio oral.

El ahora condenado por el crimen renunció en audiencia a su derecho de presentar recurso de apelación en contra de la sentencia dictada. Tanto la Fiscalía como la Asesoría Jurídica renunciaron al derecho de recurrir la sentencia judicial, por lo que el procedimiento pasó a la etapa de la ejecución, cuyo primer paso fue el reconocimiento y disculpa a viva voz por parte de Hugo Schultz de sus actos criminales.

“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron”, mencionó el exfuncionario en su disculpa pública a las víctimas indirectas del crimen.

Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua después de la publicación de notas periodísticas en las que expuso las redes de narco-política y corrupción que operan en varios municipios de la entidad, así como las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas cientos de personas en la Sierra Tarahumara. Miroslava es una de las y los 138 periodistas asesinados en México desde el año 2000, según datos de la organización Artículo 19.

“A más de cuatro años de su asesinato logramos una segunda sentencia condenatoria contra otro de los responsables involucrados en su homicidio”, indicó la organización Propuesta Cívica en un comunicado. Señaló que la sentencia representa un avance importante, pero recordó que sigue pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales.

Propuesta Cívica / Desinformemonos / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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6) MÉXICO: MUJERES BINIZÁ DE SAN BLAS ATEMPA EXIGEN QUE SE RESPETE SU TERRITORIO

Las mujeres binizá de Puente Madera, comunidad que pertenece al municipio oaxaqueño de San Blas Atempa, se consideran parte de la lucha por su territorio; así lo demuestran en sus manifestaciones por la defensa de su espacio natural, y también al recuperar su gastronomía tradicional.

Reunidas en un espacio improvisado donde se elabora la comida que se compartirá con quienes acuden al encuentro por la vida “El Istmo es nuestro”, ellas aseguran que no permitirán que destruyan su espacio dador de vida, que es el Pitayal, una reserva natural comunitaria donde acuden al corte de leña que usan para cocinar sus alimentos.

Hablan el zapoteco y portan con orgullo su atuendo tradicional, comparten su tiempo y además privilegian el tequio. Hay quien trajo las verduras, la carne, los totopos y el agua.

Las mujeres zapotecas acompañan la lucha, bloquean la carretera y exigen que se respete su tierra y territorio.

María Magdalena Cortés Meléndez, expresa que están en contra de los parques industriales porque no respetan la reserva comunitaria “El Pitayal”, de donde obtienen recursos de vida; las mujeres para cocer sus totopos y los hombres para pastorear sus animales.

“Nosotras no queremos que se afecte nuestro monte El Pitayal, es un espacio dador de vida, de ahí extraemos nuestras leñas y también ricas pitayas, las autoridades dicen que son tierras salitrosas, pero son nuestras tierras, por eso hacemos un llamado para que se abstengan de apropiarse”, dice Cortés Meléndez.

Cortés considera que no es que se opongan al proyecto, su inconformidad está en que toca áreas naturales, que, aunque no son reconocidas por las autoridades, sí tienen el respeto de los hombres y mujeres del campo.

Una de las exigencias de los campesinos es que se les pague lo justo por sus tierras y no sean pagos mínimos, ni bajo engaños.

“Pedimos que se esclarezcan muchas irregularidades, lo único que deseamos es que nos dejen libre nuestro monte, mucha gente solo ve en el progreso con un parque industrial, pero no, hay progresos desde la vida natural», explica Cortés Meléndez.

Isabel Guzmán Talín, también mujer binizá, dice que “están en pie de lucha”, y exigen que se respete a la tierra.

El Programa del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contempla, además de la rehabilitación de las vías férreas y la remodelación del puerto de Salina Cruz, la construcción de seis polos de desarrollo ó parques industriales, los cuales se instalarán en Salina Cruz, San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec y Rincón Vaquero.

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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7) URUGUAY: LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED CREÓ UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN

En marzo de este año, una jugadora denunció ante la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC) haber sufrido abuso sexual por parte de un entrenador. A partir de esta denuncia, un grupo de compañeras crearon Espacio Seguro Hockey (ESH), una red de apoyo y guía desde la cual potenciaron la denuncia e hicieron público que no se trataba del único caso de acoso y violencia en la disciplina.

En ese entonces estas deportistas reclamaron que los clubes y la FUHC asumieran la responsabilidad de protegerlas, por lo que consideraron indispensable la creación de protocolos de prevención y actuación para que el hockey uruguayo sea un deporte seguro. Pidieron directamente a las autoridades que se encargaran de crearlo.

Nunca más solas

Los primeros días de junio fue presentado el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. La FUHC entiende que las consecuencias que generan en el deporte conductas como el abuso, el acoso, la violencia y la discriminación “resultan graves y vulneratorias no sólo para quienes son víctimas de estas conductas sino también para la comunidad deportiva en conjunto, ya que en sí mismas ellas constituyen un atentado a los valores y fines esenciales perseguidos por la actividad deportiva”.

Los principales conceptos que se detallan en el registro son la violencia en el lugar de trabajo, la violencia contra la mujer, el acoso o abuso moral, físico o sexual y la discriminación en general. Estas nuevas pautas amparan a toda persona que preste servicios en el marco de la FUHC, “especialmente a atletas sin restricción de edad, género o habilidades y su entorno. Entrenadores, preparadores físicos, ayudantes técnicos. Médicos, paramédicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Personal administrativo y cualquier otro dependiente, oficiales, árbitros, voluntarios. Directivos, delegados, y cualquier otro miembro integrante de cualquier comisión de trabajo”.

En el archivo se indica cómo proceder a denunciar en caso de vivenciar o tener conocimiento de una situación de violencia. Cualquiera puede presentar la acusación. La denuncia puede realizarse por escrito, correo electrónico o de forma verbal, siempre ante la FUHC. A su vez, plantean que independientemente de este protocolo, cada organización deportiva tendrá el deber de elaborar, difundir, promover e implementar una política institucional contra la violencia, el acoso, el abuso y la discriminación.

Deporte libre de violencia

El apartado no sólo contiene indicaciones para el caso de denuncias, sino que plasma intenciones de trabajar en la prevención. “La Federación, sus afiliadas, así como los entrenadores, todo adulto referente y familiares, tienen un rol importante en la prevención y la promoción de buenas prácticas del deporte”. Propone “educar a los deportistas con las maneras sanas de relacionarse con el resto de sus compañeros y docentes”. A su vez, está previsto “informar en un lenguaje sencillo y con ejemplos precisos, sobre lo que “está bien” y lo que “no está bien”, así como dar orientaciones concretas de actuación”.

Plantean como consecuencia la necesidad de generar buenas prácticas, desde elaborar recomendaciones para los distintos actores de la disciplina hasta educar a los deportistas sobre las formas sanas de relacionamiento y dar charlas a la familia y al entorno de los deportistas, entre otras formas de prevención.

Desde ESH dijeron a Garra que es un gran avance que la federación se haya encargado de armar este protocolo, teniendo en cuenta el trabajo que implica sentarse a pensarlo. “Nosotras les habíamos mandado unos ejemplos de protocolos de otros países y el de la Secretaría Nacional del Deporte. A pesar de que la iniciativa no fue de ellos, hubo una respuesta muy buena a las denuncias y al apostar a que esto no pase, a la prevención y a una acción un poco más organizada”, dijeron.

Desde la creación de ESH han recibido mensajes con la misma incertidumbre sobre cómo actuar cuando se daban este tipo de situaciones. “El protocolo ayuda, respalda y sirve para guiar a las jugadoras. Saber que hay un camino ya establecido, que no hay que pensar a dónde acudir ni a quién decirle ni a quién no, evitando todo tipo de funcionamiento por ensayo y error, es algo muy bueno. Hay una forma, hay un camino, y eso a una la hace sentir más segura y más respaldada”, sostuvieron.

De todas formas piensan que el protocolo solamente es un comienzo, que es algo que se tiene que revisar en el momento que se necesite ponerlo en funcionamiento. “Nuestra expectativa está puesta ahí, en ver cómo funciona, y sin quitarle mérito ni importancia al hecho de que se haya armado un protocolo en estos tiempos turbulentos en que la federación está muy movilizada por todas las denuncias que ha recibido y todo lo que se destapó en cuanto a los abusos en nuestro deporte y la repercusión que tuvo a nivel social”.

Por último, consideran que lo más importante es la prevención, apuestan a trabajar en conjunto para generar instancias de abordaje colectivo a este tipo de violencia en el deporte.

Que haya algo escrito sobre violencia sexual, acoso y abuso ya es un hecho, pero si hay algo establecido sobre qué hacer frente a estas situaciones es porque suceden, entonces “está bueno que se empiece a hablar y a poner sobre la mesa para discutirlas y colaborar a que no se den, porque el que no haya un protocolo también quería decir que era un tema tapado e invisibilizado, el silencio siempre gana en estas circunstancias”, finalizaron.

Desde la FUHC cuentan que el protocolo llevó mucho tiempo de elaboración, “necesitó mucho pienso y dedicación por parte de nuestra organización”. Todos los integrantes de la directiva participaron en la confección. El rol de la presidenta, Danae Andrada, fue fundamental no sólo por ser mujer sino por ser exjugadora y abogada.

Además participaron otras exjugadoras, madres y padres de jugadoras “para poder establecer un protocolo que proteja a todas nuestras jugadoras y jugadores, no sólo en el trato persona a persona sino también en lo que hace al acoso por redes sociales”. Se remarca desde la institución que el protocolo, para cualquier situación de abuso, establece muy claramente el proceso para hacer la denuncia.

El vicepresidente de la FUHC, Juan Espasandín, expresó al respecto: “Creo que hemos llegado a un producto serio, acorde, adaptado a los tiempos que vivimos. En una reunión de los delegados de los clubes lo pasamos para la consideración de todos, y recibimos apoyo de clubes agradeciendo y poniéndose a las órdenes para colaborar, como también es el espíritu del conjunto de jugadoras ESH. Llegamos a algo muy serio, que protegerá de aquí en más a nuestras jugadoras y jugadores”.

Derecho de todas

El deporte es actividad física, recreación y pasatiempo, es salud y bienestar. Necesario para todas y todos, es fundamental poder practicarlo en un espacio seguro. La violencia se da en cualquier ámbito de la sociedad; al ser la violencia de género la forma de abuso más común hacia mujeres y niñas, el deporte no está exento de las aberraciones que sufren a diario.

En Uruguay prácticamente no hay datos sobre la violencia de género en el deporte, mucho menos diagnósticos. En este contexto en que las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas, los abusos son comunes pero silenciados.

Los agentes responsables no tienen capacitación pedagógica para el abordaje en esta temática. A esto se le suma que en la mayoría de los deportes los que ocupan los roles de mayor poder sobre los deportistas, como los entrenadores y preparadores físicos, son varones, de quienes provienen los abusos en la mayoría de los casos que se dan hacia mujeres en el ámbito deportivo.

A su vez, hace falta legislación sobre este tipo de violencia en este espacio.

Como respaldo, hasta ahora solamente existía la Guía para la protección del deportista, de la Secretaría Nacional del Deporte. El protocolo creado por FUHC es un gran avance si se logra llevar a la práctica lo que se construyó en la teoría sobre todo lo que tiene que ver con prevención. Es algo en lo que no se trabaja más que en algún caso en particular en el que se organizan charlas o talleres al respecto. Es de urgencia la creación de protocolos desde cada disciplina y federación, y las disposiciones necesarias para no tener que llegar a utilizarlos.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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8) URUGUAY: EL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD DE LA IM ADELANTÓ LAS PRIORIDADES EN MATERIA LGBTI PARA ESTE QUINQUENIO

En el Mes del Orgullo, Sergio Miranda aseguró que su gestión pondrá foco en la población trans, mujeres lesbianas y personas no binarias, entre otras cuestiones.

“Soy un enamorado de Montevideo de toda la vida”, dice Sergio Miranda, y recuerda que cuando tenía 14 años salía a fotografiar la ciudad porque lo tenía “encantado”. Cuatro décadas después, asegura que la habita con ese mismo espíritu. Lo hace ya no como espectador, sino como un actor con capacidad de incidencia: desde noviembre, forma parte del equipo de autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) como director de la Secretaría de la Diversidad.

La designación como responsable de las políticas públicas LGBTI de la capital no es fortuita. El vínculo de Miranda con la temática surgió en la infancia y la adolescencia, cuando pudo identificarse como varón gay, y lo fue construyendo durante el resto de su trayectoria social, cultural, profesional y laboral. “Siempre era el que ponía el tema de la diversidad arriba de la mesa”, asegura. En el ámbito estudiantil, en el gremial, en donde estuviera. Durante 15 años, fue referente en el sector privado como vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay, desde donde gestionó distintos programas para la inclusión laboral de las disidencias sexogenéricas, y coordinó la Mesa de Turismo LGBT+ de la Asociación Turística de Montevideo.

Ahora, al frente de la Secretaría de la Diversidad de la IM, busca ampliar ese abanico para que las personas LGBTI no sólo tengan más y mejores oportunidades de trabajo, sino que, además, puedan acceder a la salud, la educación y a una vida libre de discriminación y violencia.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI (que se celebra el 28 de junio y que en los últimos años se extendió a todo el mes), Miranda habló con la diaria acerca de las actividades para la fecha y adelantó cuáles serán las principales líneas de trabajo de su gestión.

Estamos en junio, Mes del Orgullo LGBTI. ¿Cómo lo celebra la Secretaría de la Diversidad?

La línea de junio de 2021 de la secretaría es en torno al activisimo LGBTI hoy en día. ¿Qué vigencia tiene? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? Tenemos un marco legislativo, tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley integral trans; ¿alcanza? ¿Es suficiente? ¿Sirvió para algo? Sobre todo, hacia dónde va. En ese “dónde estamos” y en ese “hacia dónde va”, la propuesta es abrir un espacio a la identidad no binaria. En ese LGBTIQ+, ¿qué es ese más? Bueno, es, por ejemplo, las identidades no binarias. Estamos empezando a tener contacto con colectivos no binarios que tienen reivindicaciones específicas como lo de los pronombres, que no son ni “él” ni “ella”, o la identidad en lo público, es decir, en los formularios y demás. Es muy notoria esta cuestión en la población joven y muy joven, y eso ya tiene repercusiones en los centros educativos, entre otras cosas, entonces hay mucho para trabajar. Acerca del formato de las actividades de este Mes del Orgullo, lamentablemente no podemos hacerlas presenciales aún, así que estamos pensando en un streaming, como hicimos con el conversatorio de despatologización trans, con la línea del activismo LGBTI hoy: dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos interesa mucho también la mirada de la diversidad sexual en el deporte, es decir, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la “diversidadfobia” en el deporte. Hemos tenido testimonios de personas vinculadas con el deporte, incluso a nivel de élite, que viven una sexualidad no heteronormativa y les significa un peso no poder manifestarse. De hecho, los jugadores de élite que han “salido del clóset” en Europa, por ejemplo, en general lo hacen cuando se retiran; cuando están en la cúspide, con la copa de oro en la mano, no lo hacen. Así que diversidad y deporte sería otro tema para empezar a hablar.

“Hay un incremento notorio de niñas, niños y jóvenes manifestando su identidad trans y eso tiene múltiples repercusiones en la familia, el hogar, los centros educativos, la salud, y hay mucho para trabajar ahí”.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de esta nueva gestión de la Secretaría de la Diversidad?

Llegamos con un trabajo previo realizado, es decir, no partimos de una hoja en blanco, entonces tomamos las líneas que nos parece que deberían continuar y profundizarse. En primer lugar, seguiremos profundizando el trabajo de la Red Montevideo Arcoíris, una red de instituciones públicas no necesariamente municipales que tienen en común una actitud de respeto y de celebración de la diversidad, que incluye desde actividades específicas a una mirada de la gestión con perspectiva de diversidad. Esto tiene una pata internacional que es una red de ciudades arcoíris, en las que así como está Montevideo, están Ciudad de México, Buenos Aires, Medellín, entre otras. Somos ciudades que tenemos políticas públicas u oficinas de diversidad, entonces nos juntamos para ver nuestras realidades y prácticas. Después la idea es seguir priorizando a la población trans, porque además llegamos con el Plan ABC en un contexto de pandemia, en el que las poblaciones vulneradas son más vulneradas y en particular la población trans, especialmente las trabajadoras sexuales trans en la calle que de un momento al otro se quedaron sin trabajo, muchas de ellas teniendo personas a su cargo. Dentro de la población trans, pensar que en general hemos tratado este tema desde una perspectiva adulta y no se ha hablado tanto sobre niñeces y adolescencias trans. La realidad es que hay un incremento notorio de niñas, niños y jóvenes manifestando su identidad trans, y eso tiene múltiples repercusiones en la familia, el hogar, los centros educativos, la salud, y hay mucho para trabajar ahí. Otro eje de trabajo en la misma línea es la “L”, la primera letra de la sigla LGBTI, que hace referencia a las mujeres lesbianas, de las que se habla poco, por no decir nada. La idea es estudiar su realidad, su acceso a la salud, al mundo de trabajo, sus derechos reproductivos, sus derechos laborales. Primero, vamos a investigar. Hay un acuerdo con la Universidad de la República [Udelar] y con la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM en ese sentido. De hecho, una de las primeras cosas que hice cuando asumí fue reunirme con la directora de Género, Solana Quesada, porque las divisiones de Género y de Diversidad tienen que ser hermanas. Otro tema que está totalmente invisibilizado y del que nadie habla es la vejez LGBTI. Es curioso que, en una sociedad envejecida como es la uruguaya, no se hable de la vejez LGBTI, que tiene muchas aristas.

Desde que asumiste al frente de la Secretaría de la Diversidad, has dicho varias veces que una de las principales líneas de trabajo será visibilizar a la población LGBTI ‒y, en particular, a las personas trans‒, “no sólo desde lo testimonial, sino también desde la gestión”. ¿En qué medidas se reflejaría esto?

Todas las gestiones, temas y cuestiones que tienen que ver con la población trans hasta ahora han sido llevadas adelante por personas no trans. Seguí muy de cerca la redacción y la campaña de la Ley Integral para Personas Trans y veía que cada vez que salía algo vinculado a lo trans eran personas no trans hablando del tema. Y, cuando participaban personas trans en un evento, en una mesa académica, en un congreso o en lo que fuera, era siempre desde lo testimonial, como el estudio de caso, pero nunca desde la gestión, desde lo propositivo. Entonces pensé que si la IM va a tener como una de sus líneas principales la atención a población trans, esa gestión en el día a día tiene que ser llevada a cabo por una persona trans. Lo primero que hicimos, entonces, fue incorporar al equipo de la Secretaría de la Diversidad a Delfina Martínez, que es una reconocida activista trans y que, además, tiene toda una trayectoria de activismo afro, lo cual es interesante porque una línea de trabajo de la intendenta [Carolina Cosse] es la interseccionalidad. A esto se suma que, además de su capacidad e inteligencia, Delfina es reconocida por los colectivos sociales. Nos parecía que sumarla al equipo era una señal potente.

Hablabas de “priorizar” a las personas trans. ¿Qué planes están enfocados concretamente en dar apoyo a esta población, sobre todo tras el impacto que ha dejado la pandemia? En materia económica y laboral pero también en salud, pensando en la atención integral a personas trans que brinda la IM en 13 policlínicas barriales, por ejemplo.

Nosotros llegamos en el marco del Plan ABC, que incluía los programas de trabajos transitorios, entonces, desde la secretaría estuvimos muy presentes en todo el proceso para que en el ingreso de esas personas estuvieran garantizados no sólo los cupos para personas trans, que son determinados por ley, sino además la preparación y el seguimiento. Porque es mucho más que decir “vení a trabajar seis meses”, sino que eso implica formación en oficios para que, una vez que ese plazo termina, la persona pueda irse con herramientas. Eso se sigue haciendo ahora y se replica en el programa de jornales solidarios, al que ingresaron 80 personas trans, 2% del total, con lo que duplicamos el cupo de 1% previsto en la ley. Con respecto a la salud, la idea es ampliar a todas las policlínicas la preparación y sensibilización de su personal para la atención a personas trans. Además, dialogando con los colectivos trans y con las trabajadoras sexuales trans sobre cuáles son las emergencias y las necesidades, nos comentaban, por ejemplo, que una cosa es el barrio donde residen y otra cosa es dónde trabajan. Entonces, si bien en cada barrio hay policlínicas, hay que trabajar para facilitar el acceso en términos de horarios, de la gestión del carnet de controles médicos, de la provisión de preservativos.

En marzo se creó una mesa de diálogo intrainstitucional sobre el trabajo sexual trans. ¿Qué objetivos tiene y en qué acciones viene trabajando?

Esta mesa está liderada por la Secretaría de la Diversidad en coparticipación con las divisiones de Asesoría de Participación Municipal, Asesoría para Igualdad de Género y Salud –con sus policlínicas– y los municipios, además de otros departamentos como Convivencia, Desarrollo Urbano, Alumbrado Público, Limpieza, que participan para acciones puntuales. También estamos iniciando gestiones con Movilidad, por cuestiones vinculadas al transporte público. El primer objetivo es poner el tema sobre la mesa, porque hay inquietudes de parte de vecinas y vecinos con esta situación, que preocupaba sobre todo antes de la pandemia, especialmente el eje Bulevar Artigas entre la Plaza Varela, Tres Cruces y Parque Batlle. Ahora se incorpora una nueva realidad que son las trabajadoras sexuales migrantes, que hay cada vez más, los trabajadores sexuales varones, que con esta crisis económica se han multiplicado, y eso genera cuestiones que atender y a las que la ciudad no puede estar ajena. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con seguridad, con la generación de residuos, con tener baños públicos, con la atención en las policlínicas con horarios posibles para que puedan ir y hacer todos los trámites en un solo lugar. También la entrega de preservativos, porque se les da una cantidad determinada como a cualquier ciudadana o ciudadano, entonces sería lógico pensar que a una trabajadora sexual se le debería entregar más. En el tema de alumbrado público, más que la lógica natural de iluminar una calle o un parque, pensar en la seguridad de las trabajadoras sexuales e identificar otros puntos que deberían estar iluminados. La mesa sobre trabajo sexual trans está focalizada primero en la detección de problemas y de posibles soluciones, y también en esto del espacio público-privado, porque los vecinos viven ahí y tienen esa realidad en la puerta de su casa, que también hay que atender y escuchar.

El año pasado, casi al final de la administración anterior, se presentó la Guía de referencia para protocolo de transición de género en el trabajo. ¿Cómo se viene implementando? ¿Les consta que ha servido de modelo para otros espacios de trabajo, tanto públicos como privados?

El protocolo de seguimiento de transición de género para personas trans que trabajan en la IM está vigente desde el año pasado. Es único a nivel de América Latina y en el resto del mundo hay en Europa, pero no es para nada habitual. En ese sentido, la IM ha sido precursora, así como lo fue en cuestiones de género, en materia de protocolos de acoso laboral o incluso en políticas sociales que después se implementaron a nivel nacional, como el servicio 0800 4141. En esto pasa lo mismo. La IM tiene alrededor de 9.000 funcionarias y funcionarios municipales –sin contar a becarios, contratados, etcétera– y era necesario plantear qué pasa si una funcionaria o un funcionario transita un cambio en su identidad de género. De hecho, tenemos varios casos, y lo primero es escuchar, siempre en un marco de absoluta reserva y confianza, y generar todos los pasos en el contexto laboral con compañeros, jerarquías, para seguir el proceso que tiene que ver con cuestiones médicas, de infraestructura, baños, vestuarios. La verdad es que es algo incipiente y el resultado es bueno. Sería deseable que toda la administración pública tuviera un protocolo de estas características, porque tenemos mucha población en la gestión pública. No sé si hay alguna institución que lo esté replicando, no creo que haya. En la órbita privada, tengo que ser honesto y decir que desde la Cámara de Comercio LGBT se hizo mucho por esto, como capacitaciones para empresas acerca de buenas prácticas e inclusión LGBTI. Ahí aprendimos mucho de las empresas grandes como IBM, que es pionera en el mundo y líder en esto desde hace 50 años.

“Es curioso que, en una sociedad envejecida como es la uruguaya, no se hable de la vejez LGBTI”.

Hablabas sobre la invisibilización de la “L” que inaugura la sigla LGBTI. ¿Tienen acciones concretas pensadas para poner el foco en las realidades de las mujeres lesbianas?

Lo primero que hay que hacer es recabar información, lo cual implica escuchar a los colectivos y a las mujeres lesbianas: a las jóvenes, a las grandes, a las mujeres lesbianas afro, es decir, siempre desde la mirada interseccional. Además de escuchar, se necesita hacer una investigación sistematizada, seria, profesional, técnica. Eso implica tiempo, recursos, y ya está encaminado en Montevideo –porque es lo que nos compete–. En ese sentido, ya tenemos redactada una propuesta de investigación para hacer con la Udelar y esperamos poder tener para fin de año un primer corte para después profundizar. Me interesa subrayar que esta investigación, a su vez, va a ser llevada adelante por un equipo de técnicas y profesionales que incluirá a mujeres lesbianas.

Al principio mencionabas la intención de trabajar también con las personas no binarias. ¿Cómo piensan ese abordaje?

Hay un incremento de identidades no binarias que viene desde hace tiempo ya, lo que pasa es que cada vez se ven más y se manifiestan más. Pero ¿qué es la identidad no binaria? Porque te dicen “ah, son los bisexuales”. No. “Ah, son las personas trans”. No. Son las personas que tienen identidades no binarias, es decir, que no se identifican ni con ser varones ni con ser mujeres ni capaz con nada en el medio, pero que fluyen entre todas las posibilidades. Está generando un debate bien interesante y hay que trabajar y prepararse porque, entre otras cosas, uno de los planteos que tienen estos colectivos es la identidad formal, como la que aparece en los formularios, que son binarios. Los formularios de la IM fueron modificados porque, hasta hace poco, aparecía la opción “sexo” –término biologicista, genitalizado– y no “género”, y estaba binarizado en varón y mujer, entonces pusimos las variables “varón”, “varón trans”, “mujer”, “mujer trans” y “otras identidades”. Sería deseable que estuviera en los formularios de todo el Estado, pero no es así. Antes de esto, incluso, creo que un primer paso es darles visibilidad a las personas no binarias y espacio para escucharlas. Algo en esa línea estamos pensando en el marco de este Mes del Orgullo.

Los servicios de atención a situaciones de violencia de género de la IM incluyen la atención a la población LGBTI. ¿Se sabe cuántas personas acceden y cuáles son las situaciones más comunes que se denuncian?

Las Comuna Mujer atienden a mujeres trans en situación de violencia, por ejemplo. El tema de la violencia, incluso intracomunidad, es un tema que no está sistematizado y en el que hay mucho para trabajar. Son temas difíciles de tratar porque, entre otras cosas, hacen falta datos, pero están en nuestra agenda. Lo que sí te puedo decir es que a la secretaría llegan todo el tiempo denuncias de violencia hacia la comunidad LGBTI, por ejemplo, de jóvenes que sufrieron discriminación o violencia por parte de sus familiares o vecinos. Lo primero que hacemos es recibir la denuncia, escuchar y tratar de derivar en articulación con otras dependencias de la IM, que pueden ser Convivencia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Personas Mayores, Equidad Étnico Racial y Población Migrante, e incluso, en algunos casos, el Programa Calle Drogas. Después, brindamos asesoramiento en cuanto a qué puede hacer esa persona para minimizar los daños. Estamos en ese terreno siempre de la dificultad de lo probatorio, lo mismo que pasa con cualquier otra persona que sufre estas violencias, pero la idea es siempre denunciar, hacerlo saber, y en cuanto a eso me gustaría transmitirle a la población que se comuniquen con la Secretaría de la Diversidad a través del correo secretaria.diversidad@imm.com.uy. Por ahora la atención es virtual, porque estamos en modo teletrabajo, pero no dejen de comunicarse, la idea es escuchar y ver cómo podemos colaborar para revertir la situación.

¿Cómo es el diálogo con el gobierno nacional respecto de las políticas de la diversidad? ¿Hay diálogo fluido con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)?

La verdad que sí. Yo llegué acá y rápidamente recibí una comunicación de parte del nuevo equipo del Mides para generar un diálogo. Hay un convenio entre el Mides y la IM, con nuestra secretaría en particular, que tiene que ver con articular la política municipal con la política nacional, y eso está vigente. La secretaría integra el Consejo Nacional de Diversidad Sexual que preside el Mides, ahí yo participo en representación de la IM y fui designado para representar al Congreso de Intendentes, lo cual es bien interesante, porque se puede articular también lo departamental con lo nacional. Todo el tiempo nos llegan inquietudes y demandas de movimientos sociales del interior, donde en muchos lugares las realidades son más duras que en Montevideo. Por otro lado, estamos llegando todavía, Rosa Méndez acaba de asumir como directora de Promoción Sociocultural, pero la intención y la actitud de ambas partes es la mejor. Lo que une a la Secretaría de la Diversidad con la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides es que trabajamos con poblaciones muy vulneradas, y creo que hay una sensibilidad en las dos instituciones y una voluntad de trabajar en conjunto. Nuestra disposición es la mejor y, no sólo es la mejor, sino que nos parece necesario e indispensable que podamos complementarnos. Trabajamos para la población más vulnerada del país, eso es lo que tiene que prevalecer.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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