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CUBA: TENDREMOS QUE VOLVER AL FUTURO – comcosur al día 2303 – 21.07.2021

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021 Hoy:

1) Uruguay: La deuda del Estado con la UDELAR /Enzo Adinolfi, Leticia Castro
2) Uruguay: recuerdos del futuro /Luis E. Sabini Fernández
3) Uruguay: Desde Bella Unión al pueblo oriental
4) Cuba: Tendremos que volver al futuro
5) Suiza: 35 edición del Festival Internacional de films de Friburgo /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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1) URUGUAY: LA DEUDA DEL ESTADO CON LA UDELAR “SUPERA AMPLIAMENTE LOS 1,2 MILLONES DE DÓLARES”, ASEGURÓ ARIM

Enzo Adinolfi, Leticia Castro / La Diaria 17 de julio de 2021

El pago del gobierno a la casa de estudios se encuentra en un proceso “extremadamente lento”; de la deuda estimada, la Udelar recibió una factura sólo por 80.000 dólares que aún no cobró.

La Universidad de la República (Udelar) jugó un rol fundamental durante la pandemia a través de diferentes equipos de investigación. La institución se propuso en esta Rendición de Cuentas obtener más presupuesto para aumentar su colaboración durante “la salida” de la emergencia sanitaria y mantener la “calidad educativa” en un contexto en el que la matrícula se encuentra en constante crecimiento, pero se enfrenta a la falta de recursos asignados por el Poder Ejecutivo. La Udelar aún tiene para cobrar una deuda de más de un millón de dólares que el Estado le debe por su colaboración y hay otro tanto que no se calcula, como las horas docentes que permitieron que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) funcione. Sobre la discusión presupuestal en el Parlamento, que incluye una inversión importante en el Hospital de Clínicas (HC), la vuelta a clases presenciales, su relación con el resto del sistema educativo público y el rol que jugó en los últimos dos años la Udelar, la diaria conversó con su rector, Rodrigo Arim.

Con la situación sanitaria más estable, la Udelar habilitó un proceso de vuelta a la presencialidad, ¿cómo va hasta ahora?

La Udelar desde abril tiene un protocolo por el cual todas las semanas anuncia cuál es la situación esperada para la próxima semana y los servicios adaptan su funcionamiento a eso. No podemos abrir a la presencialidad con poca antelación. Tiene que ser progresivo porque los estudiantes tomaron decisiones sobre dónde vivir, y cada servicio, en función de sus requerimientos, está abriendo ciertos grados de presencialidad.

Los primeros que han migrado son la Facultad de Odontología y el HC, en este momento. Las facultades donde las actividades presenciales no tienen fácil solución en la virtualidad son las primeras que están volviendo: todas las áreas de formación clínica, laboratorios, talleres como en Bellas Artes. Hay que ir recuperando espacios de presencialidad que no han sido sustituidos.

Una cosa que estamos calibrando es que Uruguay viene vacunando muy bien; no obstante, en este momento del año, el segmento de jóvenes entre 20 y 24 años tiene el menor nivel de vacunación, estamos en torno a un quinto de la población de la Udelar inmunizado.

Es muy difícil hacer futurología, pero creo que la evolución de la epidemia y de la vacunación abre un escenario donde es muy probable que no terminemos en un año normal, pero que tengamos un nivel de presencialidad muy importante. Quizás sería más cauto pensar en que vuelvan las clases masivas, pero me imagino una situación de mucha más presencialidad.

Con respecto a la virtualidad, ¿qué llegó para quedarse dentro de la Udelar?

La virtualidad no sustituye la presencialidad, [pero] hemos tenido logros relevantes, tasas de vinculación estudiantil, de cursada y de aprobación, en promedio, muy similares a años previos. Es una reflexión que estamos haciendo: qué instrumentos desarrollados y aprendidos por la institución pueden ser dispositivos razonables para asegurar la democratización del conocimiento y mantener los estándares de calidad que pregona la Udelar.

Quizás hay algún tipo de instancia, como las muy masivas, que se pueden sostener en plataformas digitales, y aprovechar la presencialidad para otro tipo de contacto, mucho más activo, entre los estudiantes entre sí y con el cuerpo docente en general.

Lo que sí me parece importante es construir comunidad universitaria, y eso se construye con presencialidad. Hemos hecho muchas cosas para intentar mitigar la no presencialidad y eso nos permitió sostener el funcionamiento de la Udelar. La vida universitaria y el conocimiento avanzado son una actividad social y colectiva, no un proceso individual; ese es el componente más afectado en este proceso.

¿Qué otros componentes se vieron afectados durante los casi dos años de virtualidad?

Hemos identificado problemas también asociados a la salud mental. Montamos el año pasado dispositivos de acompañamiento psicológico a los estudiantes y han tenido una demanda muy importante. La inserción en soledad a una institución de la complejidad de la Udelar y la formación avanzada genera angustia, estrés, sentimientos de desamparo. Hablamos de algunos centenares de estudiantes dentro de la generación de ingreso. Este año volvimos a repetir la experiencia y tenemos una demanda relativamente importante. Hay un componente afectado que es el funcionamiento más social de las personas, muchos estudiantes de la generación 2020 pueden estar al borde de haber cursado la mitad de su carrera con escaso nivel de presencialidad, y para nosotros intentar generar mecanismos de encuentros es bien importante.

El pedido de presupuesto de la Udelar y la deuda del Estado

La Udelar hizo un pedido de más de 800 millones de pesos para este año y advirtió sobre una situación crítica en caso de que no haya más recursos, incluso se señalaron programas que se ven sumamente comprometidos, y desde el gobierno no se les asignó ningún complemento. ¿Han comenzado las negociaciones con los partidos políticos? ¿Qué expectativas hay de que el Parlamento sea sensible a su pedido?

Reconocemos la realidad de crisis sanitaria, social y económica que tiene Uruguay, y entendemos que a la Udelar le correspondía priorizar con claridad. Las necesidades apuntan a potenciar todo lo que la Udelar puede hacer para colaborar para que el país emerja lo mejor posible de esta crisis y, en segundo lugar, evitar afectaciones en la calidad de la enseñanza. Hay un tercer componente que es mirar hacia el futuro en términos de creación de conocimiento endógeno en Uruguay.

Durante la discusión del presupuesto tuvimos más de 50 reuniones con legisladores, ahora empezamos ese proceso. He hablado con todos los partidos políticos con representación parlamentaria y veo receptividad a los planteos de la Udelar, porque estamos haciendo un planteo extremadamente razonable; no estamos solicitando lo que no nos dieron, sino recursos que hacen específicamente a que Uruguay salga mejor de esta circunstancia dramática. Veamos cómo se desarrolla la discusión parlamentaria. El año pasado nos pusieron un incremento cero, pero el Parlamento mostró mucha sensibilidad y salimos con una asignación presupuestal que no era la que pedíamos pero sí fue importante para el interior, para el régimen de dedicación total y para las becas.

En caso de que no exista este presupuesto para los programas que proponen, ¿seguirá haciéndose hincapié en ellos?

No, sin recursos estos programas no son viables. De hecho, el HC está en déficit y no se lo hemos trasladado al Poder Ejecutivo. En la rendición de cuentas del Fondo Coronavirus, a diciembre del año pasado, el HC había recibido unos 6.000 dólares. Si vemos lo que recibe el resto del sistema sanitario del país, hay una diferencia muy importante. Se refaccionó todo el CTI de cara a atender los problemas de la covid-19, se vacunó a 3.000 personas por día, sostuvimos eso con aportes nuestros que implicaron no avanzar en otras áreas.

Hicimos nuestro propio fondo redirigiendo recursos que se usaron para la compra de reactivos extremadamente caros, para los test diagnósticos, insumos básicos para el funcionamiento hospitalario, todo cubierto con fondos de la Udelar que, si volvemos a la presencialidad, los dejamos de tener.

¿El Estado sigue en deuda con la Udelar por los test y por otras contribuciones, o eso ya se pagó?

Recibimos una primera factura de 80.000 dólares hace cuatro semanas, que todavía no cobramos porque está en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, de un total que supera ampliamente 1.200.000 dólares.

¿En qué está la negociación para cobrar ese dinero?

Está en proceso el cobro, no hay nada que negociar. Nos dicen que nos van a pagar, pero el proceso es extremadamente lento, y yo diría que no es acorde a los requerimientos de una institución que hoy está atendiendo una emergencia sanitaria como lo está haciendo la Udelar. Nosotros dijimos que nos hacíamos cargo del comienzo de este proceso, acordamos con el Institut Pasteur un precio y lo que podíamos proveer. Montamos tres laboratorios en el interior. Hoy solamente funciona el de Rocha, a cargo de la Udelar, porque tampoco hemos recibido un peso, pero las autoridades sanitarias nos pidieron que lo mantuviéramos abierto y lo hicimos en el ínterin, pero en el entendido de que vamos a recuperar esos recursos. No se ha hecho en tiempos razonables.

La matrícula viene en aumento y está previsto que siga creciendo. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias subió 50%.

Eso es una buena noticia. Tenemos cierta reestructura en el ingreso a la institución este año. Los jóvenes reaccionan al contexto donde se forman y 2020, claramente, generó un incentivo a que muchos estudiaran ciencias básicas o enfermería, por ejemplo. Pero hay otro problema de larga data: Uruguay no tiene resuelto cuáles son los espacios de inserción institucional que les va a dar a los egresados de estas facultades. El componente central sigue siendo la Udelar, el Institut Pasteur en algunas áreas, en el Clemente Estable lo mismo, pero el grueso sigue siendo la inserción universitaria, y eso no es bueno para el país. Para que sea claro, la Udelar no reivindica el monopolio de la investigación, sino que ojalá hubiera investigación de calidad en otras instituciones, ya sea públicas o privadas.

Es una excelente noticia para el país que pasemos los 21.000 estudiantes inscriptos. Ahora, atender 3.000 estudiantes más que el año pasado con menos recursos en términos relativos no es tarea sencilla y sin dudas va a afectar los estándares de calidad, sobre todo la posibilidad de generar estrategias de formación distintas. Ahí tenemos una dificultad y es otro componente que pedimos en el presupuesto. Les decimos que este año no pretendemos llegar a los estándares del vínculo docente-estudiante que pretendíamos en el presupuesto, pero que por favor no sigamos deteriorando este proceso, porque eso va a afectar la calidad.

Se agrega una capa más de preocupación: cuando volvamos a la presencialidad, hay dos gastos que se van a superponer. Teníamos una estructura de gastos asociada a la presencialidad y hoy tenemos otra asociada a la virtualidad, que está sostenida por economías que generamos por falta de presencialidad. Cuando estemos volviendo de forma progresiva vamos a tener que sostener ambos componentes, y eso puede implicar que se cierren algunas posibilidades para estudiantes.

Por este problema con el presupuesto, ¿está previsto que la Udelar ponga cupos en algunas carreras?

No. Por supuesto que afecta la calidad, negar eso es pensar que la Udelar puede hacer lo mismo con menos recursos. La posición histórica de la Udelar es que no se van a ubicar cupos salvo que sea absolutamente imprescindible. De hecho, queremos levantar los cupos. Es algo a lo que en este año tuvimos que renunciar, porque habíamos solicitado recursos para aumentar los cupos de la Escuela de Tecnología Médica y de Educación Física, para poner dos ejemplos extremos. No se van a dejar de dar carreras y no se van a limitar más los cupos que ya existen. Lo que va a suceder es que vamos a tener más estudiantes atendidos por menos docentes y con menos recursos, y eso afecta el proceso de formación. Ese es el problema central que tenemos.

¿Qué pasaría con los docentes jóvenes en caso de que no haya más presupuesto?

Eso tiene dos lecturas. El principal instrumento que tiene Uruguay para fomentar la dedicación en exclusividad de la docencia y la investigación es el régimen de dedicación total, que tiene cerca de 1.450 docentes. El año pasado nos preocupó mucho porque el mensaje del Poder Ejecutivo original fue que no iba a haber posibilidades de ingresar por los próximos cinco años. La discusión parlamentaria levantó esa restricción y eso para nosotros fue bien importante. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Donde no tenemos chances objetivas es en el ingreso para carrera docente; para aquellos que ya están allí y que tienen nivel de formación de posgrado razonable va a estar abierta la posibilidad de ingreso al régimen de dedicación total, pero no tenemos posibilidad de crear cargos, salvo aquellos que sean por cuentagotas producto de las jubilaciones. Por lo tanto, corremos el riesgo que haya alguna generación de jóvenes que no puedan ingresar a la investigación y en la formación general en Uruguay, por eso estamos pidiendo algunos recursos que tienen que ver con generar oportunidades para los jóvenes.

El diálogo con el MEC y las otras instituciones de educación pública

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad Tecnológica (Utec) sí tuvieron incrementos en su presupuesto el año pasado. ¿Sienten una diferencia en el trato por parte del gobierno?

No estamos compitiendo con el sector público. Nuestra vocación es construir un sistema nacional de educación pública terciaria que funcione, que comparta recursos, que tenga la posibilidad de tener carreras conjuntas, incluso ya tenemos algunas de posgrado con la ANEP. Instalamos algunas comisiones para ver si podemos avanzar en el otorgamiento de título de carácter universitario para formación docente junto con la ANEP. Por lo tanto, nosotros no estamos para competir por recursos con el sector público. Si uno suma todos los incrementos presupuestales que podían estar destinados a estas preocupaciones que planteamos, siguen siendo relativamente escasos para los desafíos que tenemos por delante.

¿Cómo es su diálogo y su relación con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira?

Tenemos un buen vínculo, pero no tenemos instancias periódicas de coordinación, que es algo que habíamos señalado oportunamente con el debate de la LUC [ley de urgente consideración]. Pedimos que el sistema educativo público tenga instancias de coordinación periódicas y que estén pautadas con agendas claras que miren hacia adelante y que construyan también procesos de transformación de largo plazo en la educación pública. Esas instancias no han funcionado como tales porque no han sido convocadas.

¿Y en comparación con las anteriores administraciones?

Quiero ser muy claro y honesto. En las pasadas administraciones nos reuníamos periódicamente porque la Ley de Educación establecía esos ámbitos. Mi evaluación es que muchas veces coordinábamos con elementos que no eran sustantivos.

Da Silveira dijo a la diaria que la Udelar elabora proyectos sin tener el presupuesto y que después los cierra. ¿Qué reflexión le merece?

En la vida democrática hay que ser cuidadoso cuando se hacen afirmaciones rotundas y, en todo caso, ejemplificar. En la Udelar no hay ninguna carrera ni ningún proyecto que se haya abierto en forma permanente sin que cuente con la línea de financiamiento adecuada; sí partimos de la base razonable de que el presupuesto de la institución se mantiene, porque si no, estaríamos en un contrasentido de que hasta las carreras que abrimos tendrían que ser por cinco años y ver si le damos continuidad en función de la votación presupuestal.

El único componente importante de riesgo que tuvimos nosotros con respecto a la ley de Presupuesto tiene que ver con la carrera de Medicina en el litoral, que fue un pedido de todo el sistema político del litoral para que se sostuviera esa carrera. La Udelar la sostuvo con recursos permanentes, y el supuesto que hicimos es que íbamos a tener el mismo presupuesto en términos relativos. Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo era que el presupuesto caía de forma muy marcada.

Es bueno que cuando se hacen afirmaciones de esta naturaleza se pongan ejemplos claros sobre la mesa; ningún programa que esté abierto está sin financiamiento. Podemos tener, sí, la vocación de continuidad de algunos procesos. Por ejemplo, abrimos un programa de posdoctorado que no pudimos sostener, no hicimos llamados nuevos sin recursos, claramente cortamos esos llamados porque no teníamos los recursos para poder hacerlo. Nosotros hemos sido muy cuidadosos, tenemos una ejecución presupuestal muy prolija.

¿Cree que el ministro dijo eso por falta de información sobre la Udelar, o por falta de diálogo?

Esa es una pregunta para el ministro.

El ministro dice que no hay rispideces con la Udelar, pero estas afirmaciones parecen ir por otro lado. ¿Cómo es tu relación con él?

Coincido con el ministro, no tenemos rispideces personales, pero no tenemos instancias de coordinación periódicas.

La Udelar y la pandemia

Respecto del rol que tuvieron varias instituciones científicas en la pandemia, ¿sentís que estuvo acompañado por una inversión del Estado en ciencia y tecnología?

Si bien la inversión en esas áreas, incluyendo la educación superior, aumentó en Uruguay en la última década de manera relevante, tenemos un atraso relativo importantísimo. Creo que lo más negativo son las señales espasmódicas: por un lado, recortes en marzo del año pasado con el famoso decreto del 15% que finalmente no se concretó, luego otros anuncios de recortes en el Pedeciba [Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas], de la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación], y después la reversión parcial de esos recortes. Los frutos de la investigación científica y de la educación superior se obtienen por políticas si se sostienen en el tiempo. Cuando tenemos comportamientos de esta naturaleza, que obligan a reacciones rápidas e inmediatas, estamos dando la señal de que hay pocas certezas sobre cuál va a ser el grado de inversión que va a tener Uruguay en la materia y, además, estamos dando malas señales a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a estas áreas. Si queremos tener resultados de largo plazo, no podemos tener ciclos de inversión asociados a la evolución de la economía ni podemos tener movimientos espasmódicos de estas características, porque eso genera incertidumbre.

Uno de los recursos fundamentales que dio la Udelar es básicamente la estructura del GACH. ¿Cuántas horas a costo de la Udelar pudieron dedicarle los investigadores?
¿Tienen una cifra estimada?

No, y sería hasta mezquino hacer ese cálculo. Nuestra vocación el año pasado era que todo lo que podía hacer la Udelar en sus cuerpos docentes y colectivos: teníamos que hacerlo. Sí hay costos, por ejemplo, en atrasos en las respectivas agendas de investigación. Está afectando otras dimensiones creativas de los integrantes del GACH, como también afectó a otros grupos de investigación que dislocaron sus prioridades y se pusieron a trabajar y dedicar mucho tiempo para intentar aportar al Uruguay. Seamos claros, somos la Udelar, y en estos momentos críticos lo que teníamos que hacer era poner todo a disposición de esta realidad que atraviesa el país.

¿Qué queda de esta estructura que se montó desde la Udelar relacionada con la pandemia?

Vamos a ver. La iniciativa tiene que ser parte del cuerpo docente, estamos tratando de generar alguna propuesta que pueda darle continuidad a algunas de estas áreas. Lo cierto es que hay que aprender de la experiencia e intentar ver si la institución puede sostener estos funcionamientos interdisciplinares que han sido tan ricos en estos momentos. Esto sin recursos siempre es complicado.

Parte del pedido presupuestal también iba enfocado a la pandemia, como la “Investigación en la generación y producción de vacunas” y la “Investigación sobre el impacto social de la crisis”. ¿Sin presupuesto estas dos líneas no se desarrollan? ¿Qué avances hay sobre la producción de vacunas?

Estamos intentando que Uruguay se ubique en el plano que están haciendo otros países, que están montando infraestructura de investigación tanto en la generación de vacunas como en su producción. Esto no quiere decir que sea exclusivo de la Udelar, pero somos socios principales, porque una buena masa crítica está en la Universidad. Tenemos un costo estimado de entre diez y 15 de millones de dólares, tenemos contactos internacionales con universidades que están haciendo experiencias similares en la región. Lo que estamos proponiendo para el año que viene es casi un kit quirúrgico. Solamente son cinco millones de pesos para diseñar el instituto, para tener un proyecto ejecutivo que nos permita luego plantearle al Poder Ejecutivo, al Parlamento, este proyecto puede funcionar y está en condiciones de avanzar.

Elecciones universitarias

Las elecciones universitarias se deberían haber realizado en 2020, y según el rector se están pagando las consecuencias “de la postergación de eventos democráticos”. Arim sostuvo que “la no renovación de algunos ámbitos de gobierno universitario” tiene “algunos costos directos”; por ejemplo, los órganos de cogobierno funcionan con delegaciones acotadas. “En algunos servicios universitarios los estudiantes se recibieron, por lo tanto no tienen sustitutos, estamos con delegaciones estudiantiles parciales. En el mismo Consejo Directivo Central la lista total de suplentes y titulares de los integrantes de los órdenes no está funcionando por distintas razones”. Para Arim hay “una afectación en el funcionamiento institucional” y en particular en la conformación “de los órganos que terminan eligiendo decanos”. Si la marcha de la pandemia va como lo pensado, las elecciones se harán el 29 de setiembre.

Enzo Adinolfi, Leticia Castro / La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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2) URUGUAY: RECUERDOS DEL FUTURO

El despojo y el saqueo; ahora; nuevas etapas
Luis E. Sabini Fernández – revistafuturos.noblogs.org /19.07.2021

“LA RIQUEZA QUE SE VA ES LA POBREZA QUE NOS DEJAN” [autor desconocido]

Ya supimos cómo el núcleo dirigente montevideano jamás aceptó el Reglamento Provisorio de Tierras de 1815, que apenas se pudo iniciar a plasmar en los 4 años de 1815 a 1819 y que, llamativamente el cuerpo jurídico de la reacción antiartiguista y oligárquica pasó casi todo el resto del siglo XIX desmontando por vía judicial; esas entregas de tierra, “mal habidas”, diezmando a los usufructuarios del reparto inicial (“los negros libres, los zambos, los indios y los criollos pobres […] las viudas pobres con hijos”).
Montevideo, su población pudiente y dirigente, actuó para con la campaña oriental como lo hiciera el núcleo del poder porteño con respecto a todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata.

Volviendo al Uruguay, el mal llamado Interior sufrió sucesivas colonizaciones; la inicial, luso-española, arrasando a las poblaciones originarias, que eran muy escasas. (1) Con las tensiones entre porteños, cariocas, ingleses y orientales, se fue consolidando un Uruguay, olvidado de negros, zambos, indios, criollos o viudas pobres.

Un Uruguay de la Contrarreforma agraria, es decir un país de latifundios. Con estancieros. Cimarrones o positivistas y modernizadores. Y su contracara, los rancheríos con abuelas, algunas mujeres y niños. Los varones, conchabados en las estancias, peones para todo servicio, y a menudo las mujeres también; cocina, limpieza, lavado y planchado para “los señores”. Al pueblo natal, a los rancheríos, se venía en todo caso, en algún franco y era por su excepcionalidad encuentros intensos, cargados de privaciones. (2)

Luego de la modernización urbana que trajo el batllismo, en las primeras décadas del s XX, que tal vez ahondó el despojo rural; el urbanismo progresista y modernizador buscaba un lugarcito para Uruguay al sol del nuevo imperio (no ya el Reino Unido sino EE.UU.), y, grosso modo, se desentendió de “el campo”.

En los ’60 sobrevino la Revolución Verde; la primera explosión planetaria de agrotóxicos (3) y en plena década de los ’90 irradiando hacia el nuevo siglo sobreviene un nuevo desarrollo tecnológico, con la llamada ingeniería genética aplicada a la agricultura.

Así como con la “Revolución Verde” (que es todo menos ecológica, valga la aclaración cromática para principiantes) hizo su entrada la quimiquización de los campos, con la ingeniería genética, prestamente rebautizada “revolución biotecnológica”, tenemos un nuevo despliegue de contaminación cada vez más generalizada (y al glifosato, un herbicida, como su estrella).

Como se ve por sus denominaciones, revolución verde, revolución biotech, la ruralidad en manos de los dueños del capital, constituye un “campo revolucionario”).

Los titulares de las explotaciones de la agricultura contaminante, que de modo no precisamente humilde se autocalifican como “agricultura inteligente”, han entrado en estos últimos años en una nueva etapa de implantación: ya no el arrebato de tierras, de aguas, que está más que medianamente logrado con la extranjerización de la tierra, por ejemplo; ahora se trata de implantar mecanismos de cooptación para que la población “se trague la píldora” de las nuevas realidades.

Estos peldaños de neocolonización o satelización revelan cuánto ya ha avanzado la heteronomía en “nuestro” país; no estamos, como en aquella etapa primigenia del colonialismo europeo de la era moderna; siglos XVII y XVIII, en que ingleses, holandeses, portugueses, procuraban enclaves desde los cuales adueñarse de riquezas que Europa ingería sin pausa. Hoy, con la globocolonización, enfrentamos una situación de mucha mayor penetración imperial.

En primerísimo lugar, en el lenguaje: no “es de recibo” emplear hoy, fórmulas perimidas, sesentaiochescas, como la que acabo de emplear; “penetración imperial”: se trata de integración económica; ingreso de capitales dinámicos y modernizadores.

Así como no corresponde siquiera mencionar las instancias de modernización críticamente (que por otra parte ya están más que asentadas entre nos), podemos sí verificar cómo se vacían los campos, de población, de fauna y de flora propia, y cómo las nuevas producciones con capitales ajenos, disponen de resortes claves: nos están reconfigurando para ser apenas asiento de emplazamientos transnacionales; un tren que nos trae dolores de cabeza en el tejido social para su construcción, y contaminación en su uso; una instalación fabril que usará sin costo aguas nuestras que quedarán inevitablemente contaminadas, arruinando nuestra biota. Y toda esa hipoteca, ambiental y económica dejará poco y nada al país bajo el régimen de zonas francas de que gozan tales emprendimientos.

Grandes extensiones agroindustriales, por más retoques “agroecológicos” que se les adosen, sofocan la producción local, artesanal; la de mejor calidad alimentaria. Enormes superficies de forestación implantada, ha empobrecido la biota y a lo sumo estimulado la presencia de chanchos salvajes (en tanto ha disminuido o extinguido la fauna tradicional (la autóctona ya había sido extinguida o casi con la implantación europea; el caso paradigmático es la desaparición de la mara, sustituida en similar nicho biológico, por la liebre europea). En general, podríamos decir que nuestro territorio se está quedando sin mulitas, ni zorros ni perdices ni liebres, para no detallar el verdadero insecticidio producido por los agrotóxicos; coleópteros, ledilópteros, himenópteros y en particular el monstruoso abejicidio.

Teníamos de las mieles mejor cotizadas en el mercado internacional, porque provenían de vegetación natural o de cultivos frutihortícolas, de abejas que volaban de la colmena a los montes y no de la colmena al azúcar dejada al lado de la colmena por el apicultor industrial; ese prestigio correspondía a tiempos en que los agrotóxicos no habían emponzoñado el suelo, el aire y el agua… y las colmenas.

Análogamente, teníamos carne de vaca o de oveja que pastaban “naturalmente”, caminando, y no carne de feed-lot, alimentada desde comederos para vacas casi inmovilizadas, en pie sobre un lago de estiércol y orín. Los dueños de tales campos de concentración suministran una batería de antibióticos, antiparasitarios y antibióticos a sus jóvenes planteles para evitar que las pestes los arrasen. Y los atosigan de alimentos para carnearlos jóvenes porque esos animales no pueden transitar todo su ciclo biológico; mueren antes.

Irónicamente, esa carne joven tiene enorme aceptación entre consumidores locales, que mastican lo tierno, pero no ven lo tóxico. (No pasa lo mismo en el mercado de países mejor informados, que estiman cada vez más carnes sin aditamentos químicos.)

La implantación entonces de una forestación que saquea la humedad de nuestros campos y pone al país al servicio del desarrollo extractivista de celulosa, no nos otorga sino aguas contaminadas, tierras devastadas, escasísimos dólares… ¿cómo sin embargo se aprovechan de la situación?

No solo mediante la claudicación de las capas dirigentes de nuestro país, siguiendo la máxima de Nicanor Parra: ”La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”, sino también mediante “compensaciones” locales de los inversores: clubes de futbol infantil; cursos de capacitación para la propia industria celulósica; algún a instalación “simbólica” en las cercanías de la planta de, por ejemplo, una potabilizadora (que será usado en primer lugar por la misma empresa); carne “carbononeutral”, última novedad glamorosa que postula producir una carne ambientalmente responsable.

Esa neolengua que denomina anglificadamente carne “carbononeutral” (4) invoca a vacas pastando dentro de cultivos forestales. Alegando dos razones: 1) carne de ganado vacuno alimentado en plantaciones forestales compensarían la producción de gas metano de los rumiantes –que, como se sabe, es un factor que incide en el efecto invernadero– con la producción simultánea, en el mismo lugar, de árboles secuestradores de carbono (que el destino de dichos árboles en pocos años sea la tala para dar lugar a chips de celulosa no parece entrar en la compensación); 2) el otro tipo de “razón” es más problemático, si cabe: se trata de limitar, modificar el carácter rumiante de las vacas, para aminorar la emisión de gas metano: aun cuando se sepa que por kilo en pie, el metano tiene alta incidencia, al observar en el mundo la presencia de otros generadores de efecto invernadero –automovilismo, aviación– nos revela que toda consideración sobre el metano de los rumiantes es apenas una mala coartada simulando preocupación ambiental.

Notas:
(1) La etnia más numerosa, la charrúa, estaba perfectamente “estudiada” por los sacerdotes que actuaban como punta de lanza para dimensionar “el enemigo” que tenían por delante para adueñarse de toda la tierra. Registros de ese método de relevamientos han quedado en sus informes, de que los charrúas eran apenas pocos miles, dos mil, tal vez, y que los que ellos estimaban particularmente, los “hombres de pelea”, andaban por los 500 (el resto de la población de la sociedad charrúa era denominado por estos “misioneros espías” “chusma”; algo sin importancia ni valor: viejos, mujeres y niños).
(2) Una estampa, de mediados del s XX que registré personalmente: como integrante del equipo de relevamiento de la situación habitacional del país (dirigido por Juan P. Terra, en 1962), me desplacé por zonas y regiones del Uruguay con vehículos provistos mediante acuerdo previo, por municipalidades, policía, Liga de la Lucha Antituberculosa y ejército. Transportado a Las Flores, Paysandú, por el comisario zonal en un jeep policial, antes de iniciar el relevamiento, al ir ingresando al poblado (que constaba entonces apenas de 19 viviendas) me pregunta, inquieto: -¿Tendrá usted que visitar esa casa? mostrándome un rancho con una anciana a la vista. No, le respondo (por el muestreo, me tocaban otras 2 o 3 viviendas). Entonces, cómodamente liberado de una carga, exclama: -“Menos mal, porque ésa es ¡una vieja cuchillera, refalosa y desacatada!”. De retorno, más distendido me explicó: ‘-un domingo los hijos estuvieron de visita, hicieron un asado y se empedaron y hubo que ir a detenerlos [no explicó porqué], pero esa vieja nos enfrentó para impedir que se los llevaran.’ “Esa vieja” era la madre. Y ese comisario, que era “el poronga” local, como me tocó saberlo por otros episodios, había encontrado allí una horma para sus zapatos.
(3) En sus dos ramas, biocidas y fertilizantes. Mientras insecticidas, fungicidas, vermicidas y plaguicidas en general son venenos directamente y como venenos que son, envenenan el ambiente, los fertilizantes no sólo no son venenos sino que son vigorizadores de los ciclos vitales. Su toxicidad es por eso indirecta y proviene del sistema agroindustrial, es decir a gran escala; entonces, se advierten sus efectos deletéreos y contraproducentes; por ejemplo, por presencia excesiva de nitrógeno (dando lugar a un derivado; nitrosaminas) o de fósforo (favoreciendo la formación de cianobacterias).
(4) Es un rasgo característico de las implantaciones imperiales la de no respetar los lenguajes vernáculos. Cuando los think tanks de origen estadounidense, en los ’90, se adueñan de un sistema de producción transgénico de alimentos (empezando por los genéticamente más sencillos; soja y maíz) proyectaron un plan alimentario mundial, inicialmente basado en EE.UU. y Argentina como “los” proveedores” para todo el mundo (en rubros principales). Contaban con la aquiescencia de las órbitas necesarias en la Argentina (gobierno peronista de Carlos Menem) y trasladaron “a toda velocidad” el plan a la Argentina. Que más rápido que corriendo aprobó “los alimentos transgénicos”, con informes presuntamente científicos… en inglés.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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3) URUGUAY: DESDE BELLA UNIÓN AL PUEBLO ORIENTAL

Los asalariados rurales de Bella Unión, que hemos accedido a la tierra a través de la lucha, a partir de las ocupaciones de tierra del año 2006.
Que salimos desde Bella Unión el viernes 16 de julio en la “Marcha de la unidad y la resistencia” recorriendo todo el país, con el apoyo del Plenario Intersindical, el Sindicato de la industria química, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, SOCA y representantes nacionales del PIT-CNT.

Que ocupamos tierras ociosas que pertenecían a todos los uruguayos y son administradas por el Instituto Nacional de Colonización y también a tierras privadas a través de Alur.

Creemos firmemente que el Estado, gobierne quien gobierne, tiene la obligación y el deber de generar espacios de diálogo con los asalariados rurales que han accedido a la tierra.

Asalariados rurales que hemos llegado a tener más del 26% del área de caña de azúcar plantada en Bella Unión y más de 120 familias vinculadas directamente en estos emprendimientos y hoy vemos como nos han venido desalojando de las tierras quedando solamente 80 familias.

Espacios dónde sean atendidos, consideradas y resueltas las demandas de los que producimos la riqueza del país y además generamos cientos de puestos de trabajo directo e indirecto, procurando un mejor desarrollo productivo y social para Bella Unión.

Como también el proyecto agroindustrial de Alur, que es un proyecto social y de desarrollo nacional creado para dar respuesta a una problemática de falta de trabajo en una zona muy deprimida y castigada por la desocupación, por lo tanto, es imprescindible mantener el emprendimiento productivo de Belén, como así también la producción nacional de biodiesel.

Por todo lo anterior y ante la grave situación que atravesamos, dónde peligra el esfuerzo de tantos años de trabajo y el sustento de cientos de familias en Bella Unión, al igual que en el emprendimiento productivo de Belén, dónde está anunciada la desaparición del proyecto productivo y pérdidas de puestos de trabajo, condenando una vez más al hermano pueblo de Belén a sufrir las consecuencias que generaría el cierre del emprendimiento.

Nos dirigimos a ustedes para trasladarles esta propuesta, esperando de vuestra parte la voluntad necesaria y el compromiso como uruguayos, para llegar a un acuerdo.
1) Que los integrantes de la Colonia Placeres, sean integrados a la Colonia Helios Sarthou, para generar juntos un próspero y mutuo proyecto de desarrollo productivo y social.

2) Dar una solución justa que permita a los Colonos de la Colonia Raúl Sendic a los que les fueron cortados sus créditos continuar con sus procesos productivos.

3) Con la necesidad de seguir avanzando en este proyecto productivo y social, vemos viable la creación de una comisión de seguimiento.
El rol de esta será priorizar, mejorar la situación socioeconómica (que es muy negativa) creando oportunidades de trabajo y producción en una forma sostenida. Proponemos que este conformada por representantes de ALUR, de los COLONOS, el I.N.C y otros actores que se crean necesarios para dar respuestas a las demandas existentes de las colonias.

4- Es imprescindible y un derecho para toda la ciudadanía de Bella Unión contar con la información del nuevo modelo de producción que hoy se está negociando entre la Asociación de Plantadores de Caña de Azucar ACANU que hoy representa a los grandes productores y el Gobierno.

Colonia Raúl Sendic, Colonia Eliseo Salvador Porta (PAYPASO), Colonia Campo Placeres, Grupo Seu Pedro CAINSA. / Publicado por Blog El muerto
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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4) CUBA: TENDREMOS QUE VOLVER AL FUTURO

Editorial de La Tizza /15.07.2021

Suenan otra vez las campanas por “el fin” del socialismo en Cuba. Salivaron seguro algunas bocas desde los balcones del imperio — y más allá o acá del mar que separa esta isla del resto del mundo —, y también desde algunas alcantarillas. Los que siguen leyendo a Cuba como si el Caribe fuera el Báltico comparten jubilosos en sus redes imágenes de Berlín o de Praga, en aquellos días de hundimiento. No saben que la Revolución cubana no se puede “desmerengar”, porque nunca ha sido de merengue. No porque no haya sido dulce, sino porque ha tenido también sus tragos amargos, que hasta ahora hemos sabido convertir en fuerza.

Los que salieron a protestar contra el Estado y el socialismo en Cuba eran pueblo. Podemos asegurar incluso que muchos pertenecen a esa parte del pueblo que más ha sufrido los efectos de la crisis que la pandemia, el bloqueo, las nuevas sanciones norteamericanas y la gestión desesperada e insuficiente de lo que podemos conseguir, en medio de tanta escasez y problemas acumulados, han provocado. Son también esa parte del pueblo que ha sido más desfavorecida con el inevitable aumento de la desigualdad social con que el avance de reformas de mercado ha lacerado y segmentado nuestra sociedad. Nos atrevemos a asegurar, incluso, que estas desigualdades múltiples, a veces invisibilizadas, pero siempre sentidas y tan lesivas a la justicia social, han producido una desconexión. Una desconexión entre aquellos que gritaban “Patria y Vida” en las calles, y el proyecto revolucionario. Y esa desconexión, que siempre deja como saldo cierto sentimiento de abandono, de orfandad política y económica, tarde o temprano se ha convertido en rencor y hasta en odio.

Si soslayamos esta complejidad, si pensamos simplemente que son “delincuentes” o “marginales”, si nos resistimos a entender los procesos de marginación y si no reconocemos las deudas con los más humildes hacia lo interno de nuestra sociedad nunca vamos a entender qué ocurrió ese domingo.

Este sector más marginado del pueblo — al menos en La Habana — fue activado por la agenda política de la contrarrevolución. Esta supo catalizar su malestar y proyectar su deseo como deseo capitalista. No es de extrañar que los que protestaban por “hambre” saquearan de las tiendas no solo comida, sino suntuosos artículos electrodomésticos, para satisfacer ansiedades largamente aplazadas de consumo, construir la vida que han aprendido a imaginar y desear sin ningún contrapeso efectivo de una cultura distinta emancipada.

Hubo espontaneidad y hubo efecto cascada y de contagio en los sucesos del 11 de julio, pero pensar que esta apareció “pura” es algo que solo verán aquellos para los que la verdad no importa.

Hubo espontaneidad, pero también hubo una operación política y de inteligencia, ejecutada por actores que sí comprenden perfectamente la agenda en juego.

¿Acaso a alguien le parece casual la repentina preocupación de varios influencers con respecto a Cuba? ¿Y la petición del alcalde de Miami? ¿La articulada campaña en las redes? ¿La simultaneidad de las acciones?

No obstante, hablar de golpe “blando” y guerra no convencional cómo únicas causas de esta revuelta reaccionaria es un error. Una perspectiva que se limite a ello colocaría al bloque de la Revolución en un (in)cómodo fatalismo: convierte estas tragedias en destinos inevitables. Además, puede inducir a creer que solo estamos en presencia de un problema de seguridad del Estado.

Si lo que ha ocurrido fuera solamente un problema de Estado — así con mayúsculas — , tendrían razón los que creen — o quieren hacer que otros crean — que el 11 de julio ocurrió un enfrentamiento entre el pueblo y el Estado.

Nada más falso.

El domingo no ocurrió un enfrentamiento entre el pueblo y el Estado como entelequias — aunque más de algún teórico gaste tinta en pretender demostrarlo — . El domingo ocurrió un enfrentamiento entre dos partes del pueblo, entre dos proyectos: una parte que ha sucumbido, que se ha rendido, a la agenda de los que siempre han pretendido precisamente rendirlos por hambre y necesidad, y que están dispuestos a renunciar a la soberanía y al socialismo porque entienden, o perciben, no solo que ya no tienen nada que perder sino que no les queda nada por ganar, y por otro lado, la parte del pueblo que no está dispuesta a renunciar ni al proyecto revolucionario que ha construido durante generaciones ni a la legalidad de la Constitución socialista por la que votaron democráticamente, ni de la sociedad emancipada que imaginan en su porvenir más allá del actual Estado heredero de la Revolución, y sus falencias. Los que crean que solo los militares, los dirigentes y los poseedores de MLC tienen razones para defender el socialismo, están muy equivocados. Millones de personas en Cuba hoy no están dispuestos a perder una sociedad de paz, un proyecto de justicia social, y una dignidad nacional que solo ha dado a este pueblo, a todos, una Revolución que no se agota en lo conquistado, sino que debe abrir nuevos caminos.

Algunos ideólogos de la restauración liberal proponen la conformación urgente de mesas de diálogo entre las fuerzas de la contrarrevolución y el bloque revolucionario — al que solo entienden como Estado —.

Quizás piensan esto como una oportunidad de hacerse de una rebanada del pastel en el contexto de una disputa abierta del espacio público. ¡Cómo se nota que sus balcones están muy lejos de las calles! En las calles reales, los manifestantes mostraron su falta total de voluntad de diálogo. Ahí se evidenció que su programa, que es exclusivamente la destrucción del socialismo, es irreconciliable con la profundización de toda la justicia social, y que embriagados por la euforia de disolución y destrucción eran incapaces de ver las sombras de una intervención en ciernes o su miseria probable en una Cuba totalmente devastada por el capitalismo. Esos manifestantes, a fin de cuentas, fueron agentes de un programa que no era suyo.

En los 2000, ante la desconexión y marginación producida por los años más duros de la crisis de los noventa, Fidel emprendió la Batalla de Ideas. En este proceso, luego desdeñado por algunos que no hablan más que de sus fallos y pierden por completo su sentido, miles de jóvenes que vivían en entornos marginados, como los que pueblan con sus rostros las fotos de este día 11, lograron estudiar o reinsertarse laboralmente.

Fue entonces que la universidad llegó a todas partes de veras, y no quedó reservada para el grupo selecto de los que aprueban unos exámenes y reciben un “permiso para estudiar”. Instructores de arte, trabajadores sociales y maestros se lanzaron a recobrar y reconstruir una cultura distinta, general, para todos: tareas con las que Fidel elevó la autoestima de los jóvenes, especialmente de los más desfavorecidos, y logró reconectarlos con el proyecto revolucionario.

Fidel regeneraba entonces parte del tejido social de esta Revolución que ha buscado ser de los humildes, por los humildes y para los humildes. Sin Batalla de Ideas, quizás, lo que vivimos el domingo hubiera ocurrido una década antes. En horas como estas, muchos revolucionarios hemos pensado en Fidel, y no solo por aquel episodio ya antológico de agosto de 1994, aunque también por ese. Hemos pensado en Fidel porque nadie como él sabía convertir los reveses, las múltiples derrotas, en nuevos caminos, en victorias. Si los revolucionarios cubanos, si los comunistas cubanos queremos vencer, no podemos dejar nuestras miradas fijas en lo que ha sido, o recorrer los viejos caminos.

Si queremos vencer tendremos que volver a Fidel; es decir, volver al futuro.
La Tizza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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5) SUIZA: 35 EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMS DE FRIBURGO

Las pantallas europeas se iluminan de nuevo con cine del Sur
Significativa presencia latinoamericana

Sergio Ferrari, desde Friburgo, Suiza

Aunque con máscaras, distancia social, máxima prudencia, pero sin certificado COVID-19 exigido, arrancó este fin de semana la 35ta. edición del Festival Internacional de Films (FIFF) en la ciudad universitaria suiza de Friburgo.

La espera fue larga. El año pasado –la denominada edición 34 y ½– pudo realizarse solamente de forma virtual. Hay que retroceder a marzo del 2019 para llegar a su fórmula completa, con más de 42 mil billetes vendidos, salas repletas y, en aquel entonces, el brillo superlativo del film uruguayo Compañeros ganador de la muestra.

En esta nueva edición, 139 películas de 51 países integran la selección oficial 2021. Se trata, apenas, de un pequeño 10% de los 1299 filmes de la preselección vistos por los organizadores en los meses previos. En la selección definitiva, seis son estrenos mundiales, tres constituyen una primera proyección internacional, otros seis se verán por primera vez en Europa, en tanto 38 se exhiben por primera vez en las pantallas helvéticas.

La marca latinoamericana

Como parte de esta desbordante oferta de películas –mitad largos metrajes y mitad cortos—dos producciones latinoamericanas disputarán el Gran Premio junto con otras diez provenientes de las más diversas regiones geográficas. Una de ellas es La noche mágica (Bad Christmas), coproducción argentino-uruguaya, primer largometraje del joven realizador Gastón Portal, en el que participa un prestigioso elenco con Natalia Oteiro, Diego Peretti, Esteban, Pablo Rago. Por otra parte, del director mexicano Michel Franco, se presenta Nuevo Orden, su última ficción, que en septiembre 2020 ganó el Gran Premio del Jurado en la Muestra de Venecia, habiéndose exhibido en el Festival de Toronto y el de San Sebastián.

Dos de los 16 cortos en competición tienen impronta latinoamericana: Made in China, del uruguayo Alejandro (Ale) Damiani, y Carmina, del realizador mexicano Luis Flores Rábago.

La única condición para poder participar en la competición oficial de largometrajes en el FIFF — luego de sobrepasar la preselección—es su región de proveniencia. Debe ser África, Asia, América Latina o Europa del Este. Si es posible, al menos, proyectarse por primera vez en Suiza. Los cortos, por su parte, deben provenir de cualquiera de los países receptores de cooperación al desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En otras secciones paralelas participan Olas del cielo, film mexicano de Gildardo Santoyo del Castillo, My friend Fela, del brasilero Joel Zito Araújo y My Name is Baghdad, de su compatriota Caru Alves de Souza.

México se presenta en esta 35 edición como uno de los principales animadores del FIFF con 10 obras. Solo superado en films por Suiza y Ruanda, otro país invitado de gala este año.

En marzo del 2020, 29 cineastas mexicanos habían compartido al Festival de Friburgo el nombre de sus 3 películas predilectas. Decidido a salvar este redescubrimiento de la producción azteca, la actual edición del FIFF presenta las seis películas más votadas por ese panel del 2020, al que se sumaron ahora otros 14 autores de gran relevancia, entre los cuales Alejandro González Iñárritu , Guillermo del Toro y Alejandra Márquez Abella.

Esta retrospectiva permitirá al público local ver grandes obras del cine azteca: Los olvidados, y El ángel exterminador de Luis Buñuel; La fórmula secreta, de Rubén Gámez; así como Roma de Alfonso Cuarón, Luz silenciosa de Carlos Reygadas y Amores Perros, de González Iñárritu. En la sección Proyecciones de medianoche, Guillermo del Toro presentará su ficción Cronos.

Adicionalmente, cuatro cortos de jóvenes estudiantes del Departamento de Cine de la HEAD de Ginebra, animan la sección ¡Qué viva México! Sus producciones fueron elaboradas en ese país latinoamericano bajo la tutela del realizador Carlos Reygadas.

La fiesta, antídoto contra la crisis

¿Cómo volver a lanzarse hacia la normalidad luego de los duros meses vividos en pandemia? ¿Cómo reconquistar el apoyo del público, de instituciones, de los promotores comerciales que sostienen la cultura? Preguntas que se formuló Thierry Jobin, director del FIFF, al momento de concebir esta nueva edición.

Y la respuesta fue tajante: “podemos volver con una gran fiesta”. Y una fiesta es inconcebible sin música. Es así que el hilo rojo de esta edición que comenzó el viernes 16 de julio y culminará el próximo 25 es la “melodía del cine”. Perlas del cine musical, secciones especiales promovidas por cineastas/músicos, la apertura marcada por ritmos, estrofas y canto.

Luego de más de dos años de divagar por los caminos de lo híbrido, proyecciones virtuales y debates por zoom, el Festival de Friburgo vuelve a ser totalmente presencial. Para ello, debió posponer cuatro meses su fecha tradicional de cada marzo de cada año. Una apuesta audaz, un termómetro para toda la vida cultural helvética. Para medir la presencia de un público al que la pandemia, durante largos meses, le cambió sus hábitos y la forma de vivenciar el cine.

Sergio Ferrari / Suiza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2303 /miércoles 21.07.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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URUGUAY: “JUNTAS POR MÁS”. LA COOPERATIVA DE MUJERES RURALES QUE BUSCA TRANSITA R HACIA LA AGROECOLOGÍA – comcosur mujer 694 – 19.07.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 694 /lunes 19.07.2021 – Hoy:

1) Argentina: Un femicidio cada 31 horas en el primer semestre de 2021
2) Argentina: Estatizaron la línea 144
3) Honduras: Corte debatirá causales para la despenalización del aborto
4) Paraguay: Las mujeres desaparecen y el Estado no las busca
5) Uruguay: “Juntas por más”. La cooperativa de mujeres rurales que busca transitar hacia la agroecología
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 694 – Lunes 19 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: UN FEMICIDIO CADA 31 HORAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

Según un informe presentado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde enero hasta junio de 2021 se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados (10 niños/hombres, 3 niñas/mujeres y una persona trans), 6 personas trans y 5 suicidios feminicidas.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue creado el 15 de noviembre de 2016 con la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre femicidios ocurridos en Argentina.

Recientemente el OFDPN presentó un informe con datos recabados desde enero hasta junio de 2021, en el que se detalla que se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados (10 niños/hombres, 3 niñas/mujeres y una persona trans), 6 personas Trans y 5 suicidios feminicidas.

Los datos en base a los cuales fue elaborado el trabajo del Ofdpn se obtuvieron de una auditoría de medios diaria, que se nutre de portales de información digitales, diarios impresos, redes sociales, servicios de agencias de noticias, de alcance nacional y provincial, y que a su vez corrobora la información obtenida con fiscalías, comisarías y hospitales.

El informe es el primero en introducir una nueva figura la del «suicidio feminicida» categoría que sirve para nombrar aquellas a las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que vivieron. La cantidad de suicidios feminicidas se ha incrementado desde que se comenzó con su registro, en 2019 se registró 1 caso de suicidio feminicida hasta junio, en 2020 se registraron 2 casos en ese mismo período y en lo que va de 2021 ya se registraron 5 casos de suicidio feminicida.

Como consecuencia de los femicidios, 82 niñas y niños se quedaron sin sus madres víctimas de la violencia machista en la primera mitad de año, algunos de estos menores fueron testigos presenciales. Según revela el informe la mayoría de los ataques (64%) ocurrió en la vivienda de la víctima o el domicilio que compartía con su victimario.

En cuanto al agresor en e 56% de los casos se trata de parejas o exparejas. En un porcentaje mas bajo del 9% el femicidio fue cometido por un familiar, el 25% fue cometido por un conocido, mientras que solo el 7% de las víctimas no conocía a su victimario.
Un dato revelador es que 25 de las mujeres que fueron víctima de femicidio en éste primer semestre habían realizado al menos una denuncia por violencia de género, sin embargo fueron asesinadas. La mayoría de las víctimas tenía entre 19 y 30 años, representando el 40%. Asimismo se detectaron 14 víctimas menores de 18 años, 3 de esas niñas y adolescentes se suicidaron en un contexto de violencia de género, es decir fueron víctimas de suicidios feminicidas.

En relación al modo que emplearon los femicidas para perpetrar las agresiones, el uso de armas de fuego, el apuñalamiento y los golpes fueron los métodos más empleados. De las 137 víctimas, 10 fueron agredidas por medios sexuales.

La distribución geográfica de los casos señala a la provincia de Santiago del Estero encabezando la lista de provincias con más femicidios, seguida por La Rioja, Tucumán y Santa Cruz.

ANRed / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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2) ARGENTINA: ESTATIZARON LA LÍNEA 144

El Gobierno del Provincia de Buenos Aires estatizó la línea 144, que brinda atención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, sumando a la planta estatal a 80 operadoras y 8 coordinadoras.

«Fue una decisión de la ministra (Elizabeth Gómez Alcorta) que anunció apenas asumió, y ahora se pudo concretar ese reclamo tan luchado, sobre todo de las trabajadoras que venían de un periodo de precarización, el proceso de estatizar era una prioridad, las trabajadoras del 144 hoy son plenas trabajadoras del Estado», contó Leticia Locio, Directora Provincial de Abordaje Integral de las violencias por razones de género, del Ministerio de mujeres, políticas de género y diversidad sexual PBA, en Los Mundos Posibles.

Sobre los cambio del área, remarcó que «es central la condición de las trabajadoras, también nos propusimos la posibilidad de repensar la línea, lo que supuso cambios conceptuales, no solo pensar las violencias domésticas, que era la tradicional, sino todas las violencias de genero, ese es uno de los cambios mas fuerte».

«Era une línea de atención telefónica, y había adquirido modalidad de call center, y eso se repensó como un centro de atención primaria, por las características de las violencias, es muy variado el universo de consultas que se puede recibir. Ahora es un servicio público de Estado, jerarquizado, donde se ampliaron las vías de atención y también se facilitaron las tareas de las operadoras», explicó.

Sobre las nuevas condiciones laborales, describió que «los salarios quedaron equiparados, ingresaron con categorías más elevadas, lo de la antigüedad todavía no se pudo resolver, porque antes era un sistema precarizado y el cobro variaba en cuanto a las horas trabajadas, los turnos, y ahora son trabajadoras del Estado».

Radio Futura / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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3) HONDURAS: CORTE DEBATIRÁ CAUSALES PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia hondureña admitió el pasado martes 13 de julio un recurso para debatir la despenalización del aborto en 3 causales: “si el embarazo es producto de una violación sexual, si hay pocas posibilidades de que el bebé sobreviva y si el desarrollo del embarazo o parte de él representan un riesgo para la salud o vida de la mujer”.

De acuerdo con medios locales, la propuesta fue impulsada por alrededor de 20 organizaciones civiles que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las cuales interpusieron un recurso legal el pasado 13 de abril del 2021 y que fue aceptado en junio pasado.

Este documento, comentaron las organizaciones, lo trabajaron desde el año pasado, no obstante, la tuvieron que modificar por la reforma al artículo 67 de la Constitución de la República Hondureña que se aprobó en 2020 para blindar la prohibición del aborto en Honduras y que derivó de una moción del secretario de Congreso Nacional de Honduras, Mario Pérez.

Actualmente el artículo 67 de la Constitución de este país estipula que: “Al que está por nacer se les considerará para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Este mismo artículo es uno de los que busca modificar el recurso constitucional que interpusieron las organizaciones y que será debatido en la Corte Suprema de Justicia de ese país.

Otros de los artículos que se pondrán a debate son el 126, 127 y 128 del Código Penal, que estipulan las penas para quienes interrumpen sus embarazos. “El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado de 3 a 6 años en prisión si la mujer lo hubiese consentido, de 3 a 8 años si el agente obra sin la aprobación de la madre y de 8 a 10 años si el agente emplea violencia”, específica el artículo 126 del Código Penal hondureño.

El artículo 127 Código Penal, por su parte, señala que además de las penas se impondrá una multa de 15 mil lempiras (12 mil 495 pesos mexicanos) a 30 mil lempiras (24 mil 991 pesos mexicanos) al personal médico que “abusando de su profesión coopere en el aborto” y el articulo 128 del Código Penal describe que “la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo causa será sancionado con 3 a 6 años en prisión”.

En opinión de las organizaciones civiles, el Código Penal de Honduras es “inconstitucional” porque violenta la vida de las mujeres y niñas, el principio de dignidad humana, el derecho a la autonomía reproductiva y el principio de progresividad en Derechos Humanos. “Para nosotras sí es una pequeña victoria histórica, es la primera vez que la Sala Constitucional conoce recursos por estos temas”, han declarado a medios de comunicación.

Las organizaciones que impulsaron este “avance para las hondureñas” esperan que la Sala de lo Constitucional de la República de Honduras resuelva su veredicto respecto al recurso en un periodo no mayor a 6 meses y las ciudadanas de su país puedan ejercer en libertad su derecho a decidir sobre su cuerpo.

De acuerdo con datos de Centro de Derechos de la Mujer, organización que apoyó el recurso, tan sólo en 2016 se registraron 900 partos de niñas entre 10 y 14 años y 24 mil partos de adolescentes entre 15 y 19 años en 2016, muchos de ellos, resultado de violencia sexual y falta de acceso a métodos anticonceptivos.

Algunas de las organizaciones que promovieron el recurso son Asociación Arcoíris Litos, Asociación Apoyo Mutuo entre Mujeres, Asociación Calidad de Vida, Asociación GoJoven Honduras, Asociación de Jueces por la Democracia, Centro de Estudios de la Mujer, Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo, Centro de Estudios para la Democracia, entre muchas otras.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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4) PARAGUAY: LAS MUJERES DESAPARECEN Y EL ESTADO NO LAS BUSCA

Los casos denunciados por familiares y personas allegadas tuvieron que ganar publicidad a través de los medios, las redes sociales y las acciones de organizaciones para que tuvieran atención por parte de los organismos encargados de proteger a las mujeres. En este artículo, la feminista Clyde Soto nos acerca un panorama de la situación.

Meli, Isaura, Analía… Cuántas más. Estos nombres representan el desinterés del Estado paraguayo en saber qué pasa con las mujeres que desaparecen. Estas tres mujeres fueron encontradas muertas, pero antes estuvieron desaparecidas. En los tres casos, las desapariciones fueron denunciadas por sus familiares y personas allegadas, pero tuvieron que ganar publicidad a través de los medios, las redes sociales y las acciones de organizaciones para que tuvieran atención. El cuerpo de Meli fue encontrado por casualidad, enterrado en la misma vivienda que había compartido con su pareja, quien tuvo el tiempo suficiente para huir del país tras un año y medio de la desaparición. El de Isaura también fue encontrado por azar, en un baldío que limpiaban en la zona donde se suponía había desaparecido. Los restos de Analía fueron encontrados en su propia casa, al ser buscada siete meses después de la denuncia de desaparición. El celular de Analía estaba enterrado con ella, lo que se supo porque al investigarlo el aparato daba como última señal el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Es decir: tardaron siete meses en indagar la información proveniente del celular.

Las desapariciones de personas son una realidad lacerante en Paraguay, y no se les presta la debida atención. Recientemente la División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional informó que desde el inicio de sus tareas en noviembre de 2020 hasta mayo de 2021* tenían 187 casos de desapariciones denunciadas, de las cuales 66 personas fueron encontradas y 121 no fueron localizadas. Entre los 187 casos reportados, el 61% son mujeres y el 39% hombres; el 42% son personas mayores de edad y el 58% menores. Entre estas últimas, el 82% son mujeres menores. Es decir que, de casos denunciados, casi la mitad corresponde a niñas y adolescentes.

Lo grave, a más de las desapariciones en sí y los asesinatos confirmados detrás de algunos de estos casos, es la desinformación sobre ellos. La ciudadanía debería saber a cuántas personas se busca, quiénes son, las circunstancias de las desapariciones, la información relevante al respecto y qué gestiones han hecho los organismos pertinentes para encontrarlas. En cuanto a números, sería importante saber las cifras de manera periódica, con desagregación de sexo y edad, tanto de denuncias realizadas como de los casos de las personas que fueron encontradas. La desinformación solo anima a quienes cometen crímenes a seguir realizándolos. No podemos olvidar que en nuestro país operan redes de trata de personas y también de explotación sexual infantil, quienes operan con engaños a las víctimas y por medio de la fuerza más brutal.

Tampoco olvidamos el caso de Lichita, hoy de 15 años, hija de dos personas que están en prisión por casos de secuestro protagonizados por el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay (EPP). Esta niña desapareció en el monte, luego de varios enfrentamientos armados entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el EPP, cuando intentaba salir de la zona con su tía. Ella dijo haberla dejado mientras iba a buscar ayuda, pero no la volvió a encontrar y luego fue detenida. Es una niña que, independientemente de las circunstancias de su familia y de su desaparición, debe ser buscada, encontrada, devuelta a sus familiares; merece toda la protección del Estado paraguayo.

Tampoco olvidamos a la niña desaparecida en Emboscada, cuyo nombre se pidió no volver a citar. Su caso está envuelto en un brumoso cúmulo de información contradictoria que solo deja intranquilidad a la ciudadanía preocupada con estas situaciones tan terribles.

Cada desaparición es una herida grave que se hace a la sociedad paraguaya en su conjunto. Nunca debe ser tratada como algo menor o accesorio. No podemos admitir que la desinformación aliente a los criminales. No debemos permitirlo, jamás.

Clyde Soto / Mujeres del Sur / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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5) URUGUAY: “JUNTAS POR MÁS”. LA COOPERATIVA DE MUJERES RURALES QUE BUSCA TRANSITAR HACIA LA AGROECOLOGÍA

En 2016 recibieron apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones, que este año abrió una nueva convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para presentar proyectos para colaborar con el medio ambiente.

Manos bañadas de tierra, coraje, unión. Las hermanas Plácido se llevan 13 meses de diferencia. Viven en Barrio Pascual, San José. La mayor, Mariela, contó a la diaria que siempre soñó con trabajar codo a codo junto a Alba, la menor, pero antes de lograrlo tuvo que ser lavandera y realizar changas. Alba fue trabajadora doméstica; luego de años de esfuerzo, logró arrendar los terrenos donde ahora practica la horticultura. Está buscando transitar hacía un camino más agroecológico y dejar de lado la matriz convencional de producción. Ambas se encuentran en la casa de Rita Portillo, una vecina de la zona que es productora agroecológica. Más tarde se acercaría Silvia Rivero, trabajadora en un tambo. Ellas, junto a otras nueve compañeras, son integrantes de la cooperativa de mujeres rurales Juntas por Más.

Juntas por Más nace a partir de cuestionarse qué hacer con los excedentes de las cosechas. Cada una tiene una huerta agroecológica u orgánica en su casa y cada una pone frutas y verduras para realizar canastas que más tarde serán vendidas. Desde diciembre tienen su propia cocina comunitaria; también forman parte de una articulación de 54 artesanos y están buscando la forma de poder implementar el trueque. “Con una vecina ya tenemos la costumbre de no ver plata: yo te doy algo y vos me das otra cosa”, retrató Alba. Por la emergencia sanitaria no han podido realizar actividades sociales, pero en agosto van a dictar talleres para ayudar a los vecinos a realizar sus propias huertas. Alba planteó que buscan “enseñarle a la gente lo que puede plantar, en qué época y cómo hacer para que no le entren plagas”.

Si bien la integración de la organización es reciente, están juntas desde hace décadas. En 2005, formaban parte de un grupo de productores mixtos que convocó Uruguay Rural, un proyecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “En aquel momento tuvo el arranque por una política pública. Nos reunieron a los productores chicos para ofrecernos ayuda, después de manifestar nuestras necesidades”, contó Rita. Sin embargo, las mujeres integrantes querían formar su propio grupo. “Los varones no nos apoyaban, pensaban en problemas, y tenía que haber un consenso que no surgía”, recordó. Diez años después, con la aparición del programa Somos Mujeres Rurales, también del MGAP, pensaron: “Esto es para nosotras”. Con la misma idea de trabajar con los excedentes, presentaron un proyecto y consiguieron el apoyo en la compra de una cocina y un freezer en que guardaban la producción y la elaboraban en invierno.

“Nuestro grupo una de las cosas por las que está luchando es que todas nos valoremos y tomemos el lugar que nos corresponde, al igual que cualquier otro ser humano. No quiero que seamos siempre las postergadas. Yo no quiero que ninguna de mis compañeras me diga que no puede. Todas podemos, a distintos tiempos, pero podemos. Podemos estudiar, podemos trabajar, podemos lograr lo que se nos ocurra, aunque sea lento”, transmitió Rita.

Ir por otro camino

“Yo vivo en el campo con mi marido, me crie en una época machista, pero siempre fui audaz, desde que me casé trabajé por fuera, siempre tuve mi plata. Volvimos a lo natural haciendo talleres y conociendo a otros grupos de mujeres rurales”, dijo Mariela. En una de las reuniones se encontraron con otra cooperativa de mujeres en Florida y vieron cómo deshidrataban los excedentes. “Yo les copié todo”, recordó entre risas, y agregó que extraña ese tipo de instancias de intercambio. Ahora también tienen secadoras solares para tratar los morrones, ajos y hasta algunas frutas. De a pasitos han logrado avanzar. En 2016, recibieron ayuda del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y compraron su primer tractor.

Han buscado aprender sobre cómo producir de una forma cuidadosa con el medioambiente. Las integrantes cuentan que las instancias con el PPD y el MGAP fueron fundamentales. “Ahora en mi casa tengo todo orgánico, los obligué, porque el PDD nos hizo entender que estábamos contaminando y nosotros queríamos que nuestros hijos supieran lo divina que es la tierra, porque después se van a estudiar”, aseguró Mariela.

Una de las técnicas que aplican en sus huertas para no tener que utilizar agrotóxicos es la construcción de cercos vivos agroecológicos. Funcionan como una barrera física a la entrada de polvos y otros contaminantes provenientes de calles o carreteras; también impiden el paso de algunos insectos que podrían dañar la producción. Por ejemplo, el cerco de Alba está compuesto por árboles frutales, menta, orégano y albahaca.

Choque con las exigencias

En la cocina comunitaria –o “la sala”, como prefieren llamarla– es donde manejan una parte de los excedentes y crean mermeladas o productos de conservas. “Nosotras queríamos la sala, pero no sabíamos que tenía un vagón de burocracia”, manifestó Rita.

El dinero con el que contaban “fue poco” y se sumó “un block enorme de preguntas y respuestas” sobre el manejo de los productos al que no estaban acostumbradas. “El lugar también fue complicado, no se podía hacer en la casa de ninguna de nosotras. Teníamos que buscar un lugar que pudiéramos ir todas, que nos quedara cerca”, indicó Mariela. Estaba el precedente de que un par de compañeras de la cooperativa se habían apartado por las distancias largas en el medio rural, además de la dificultad en la movilidad. Contó que para construir el comedor necesitaron un arquitecto y el presupuesto se elevó. También sostuvo que las pautas de la Dirección Nacional de Bromatología son “muy exigentes”.

La cocina comunitaria es una cálida piecita construida de isopanel donde está la cocina, estantes para guardar los productos y recordatorios de recetas en las paredes. “La mandamos hacer y estuvo meses en la casa del hombre que la hizo. Teníamos que respetar la higiene, que tenga una entrada y salida correcta, que exista una cortina. También tenemos carné de manipulación de alimentos”, relató Alba. Ahora está ubicada en un predio de la Comisión de Fomento de Barrio Pascual, donde ella es la presidenta. “La salita es divina, pero nos cansó”, sumó su hermana.

Mariela insistió que “cuando le decís el precio a la gente se te ríen en la cara, no tienen idea del trabajo y que lo agroecológico es mucho más caro”. Mientras hablaba señaló la cosecha y agregó: “Demora más; lo convencional vos lo sacás y ponés un producto atrás del otro, pero con el glifosato. Nosotras no lo utilizamos”. Más adelante Alba contaría que a veces se “ataca de la cintura” y tiene un “problema grandísimo en los pies” que la obliga a usar plantales. Si bien bromea con que se va a comprar una silla eléctrica porque no la van a parar, el esfuerzo se nota.

Algo tan simple como un té

El miércoles es el día de armar canastas. Después de que se terminó el trabajo está la hora del té, con la mesa desbordada de comida casera que funciona como excusa. “A mí me daba vergüenza ser mujer rural, pero ahora estoy súper orgullosa. Vos te crias con aquello de que estás en el campo y parecés ignorante a todo, sufrimos marginación de todos los colores: no tenemos un sueldo, como yo me crie así pensé que no tenía derecho. Ahora mis hijos no, ellos empezaron a estudiar”, rompió el hielo Mariela.

Todas tienen experiencias por contar, a ninguna le faltan las palabras. Alba expresó que “hay algunos maridos que no aceptan muchas cosas, porque antiguamente el hombre era el dueño del campo, opinaba, compraba, y la mujer trabajaba toda la vida”. Rita interviene: “La mujer rural que trabaja en casa todavía está sin sueldo y limitada, además, por las exigencias que le pone la propia familia, la compromete a hacerse cargo de las tareas domésticas y de la familia y del cuidado”. “Hasta hoy, aunque parece cuento, sigue pasando”, sumó.

Silvia narró que cuando no hay apoyo familiar “es difícil”, y que muchas veces la propia familia está “en contra”. “Son barreras que tenemos que ir desarmando nosotras mismas. No esperemos que los demás vengan, tenemos que fortalecernos para nosotras seguir adelante. Hay que organizarse y apoyarse, si no puede una, puede la otra, hay que darse fuerza”, respondió Rita. En el grupo varias veces alguien insinuó “dejar el proyecto” y enseguida alguna de sus compañeras aparecía y remarcaba que ya habían “avanzado mucho”.

Mariela contó que la violencia en el trabajo “te va borroneando de a poquito” y “dan ganas de dejar todo por lo que luchaste muchos años”. Pero finalizó: “Menos mal que tenemos esta terapia, porque esta parte del té es terapia, apoyo”.

Nuevas posibilidades

El PPD abrió una nueva convocatoria, hasta el 19 de julio, dirigida a organizaciones de la sociedad civil para presentar ideas de proyectos vinculados a la restauración de ecosistemas, la producción sostenible, el ecoturismo, el turismo rural comunitario y la reconversión hacia prácticas agroecológicas. Las ideas deben estar ubicadas en Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, Flores, el este de Río Negro y el este de Soriano. En Canelones está habilitada la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne y la porción de la cuenca del arroyo Solís Grande. Los proyectos seleccionados recibirán entre 10.000 y 20.000 dólares.

La coordinadora del PPD, Sandra Bazzani, trabajó con Juntas por Más mientras recibían el financiamiento. “El laburo, la creatividad y el compromiso de la gente son una riqueza”, aseguró. Señaló que el objetivo de los programas es “fortalecer a la sociedad civil” y “promover y apoyar la innovación a nivel comunitario, fortalecer las organizaciones, las capacidades del territorio y que las personas puedan tener un modo de vida más sostenible e inclusivo” atravesado por una perspectiva ambiental.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 694 – 19/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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EUSKAL HERRIA: MENSAJE A PEPE MUJICA. “LA CAGASTE COMPAÑERO” – comcosur informa 2012 – 16.07.2021

COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021 – Hoy:

1) Euskal Herria: Mensaje a Pepe Mujica. “La cagaste compañero” /Jose Mari Esparza Zabalegi
2) Italia y Uruguay van por el coronel Pedro Mato Narbondo prófugo en Brasil /Georgina Mayo
3) Uruguay: La levedad del Mercosur /José Antonio Rocca
4) Uruguay: La carta de los “Sin tierra” /Pablo Díaz Estévez
5) Escuela de miedo. Postalina: Una de actualidad /Luis E. Sabini Fernández
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Vuelven los espectáculos al Teatro Politeama de Canelones
II. Llamado abierto: Festival de Jazz del Uruguay
III. Semana del Documental “DocMontevideo”
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021¬¬
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1) EUSKAL HERRIA: MENSAJE A PEPE MUJICA. “LA CAGASTE COMPAÑERO”

Jose Mari Esparza Zabalegi /Resumen Latinoamericano, 14 de julio de 2021
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Amo al Uruguay, mi segundo país. Mi abuelo nació en Treinta y tres (sí, 33) y se crio entre ombúes y tatuseras. Siempre admiré al país más progresista de Sudamérica, su cultura, sus escritores, su impronta vasca, su solidaridad con todos nuestros exilios. Admiré a los tupamaros y su intento épico de hacer patria para todos; al gran Sendic; a Pepe Mújica, su austero presidente… Estoy orgulloso de haberlos editado.

Pepe Mújica sabe muy bien lo que es el aislamiento y la tortura. Y sabe como pocos que los policías son meros instrumentos de los jueces, de quienes dependen. Y que no es necesario haber manejado la bolsa, la picana o la bañera para ser un torturador. O un jefe de torturadores.

Acabo de leer el libro de Baltasar Garzón La Encrucijada. Ideas y valores frente a la indiferencia. El prólogo de Pepe Mújica me partió el alma. La cagaste compañero. Espero que tuvieras un mal día, o un mal consejo, o que algún malsín te lo redactara mientras plantabas flores en tu chacra. Porque si no es así, y eras consciente de lo que escribías, el pecado es mucho mayor que una simple cagada.

Dices en tu prólogo que “siempre hubo sapiens que por lo menos trataron de salvar la dignidad de la especie. Baltasar Garzón es uno de ellos”. No es eso lo que cuenta mi paisana Eider Olaziregi: “Sufrí vejaciones sexuales y calculo que me desmayé cuatro veces en las sesiones de tortura Todo se lo conté a Garzón, que lo escuchó con absoluta indiferencia. Luego quedé en libertad”. “Cuando me quitaban la bolsa –cuenta Domingo Aizpurua- me aplicaban electrodos por todo el cuerpo: en la punta de los dedos de los pies, en los labios, en los pezones, en las manos, en los testículos, en el pene… ante Garzón declaré todo lo que me hicieron”. “Me los aplicaban por todo el cuerpo -recuerda el navarro Josu Unsión-. Era una breve descarga, una breve parada y otra vez a lo mismo… me quedaron sendas marcas en las sienes… Garzón me envió a la cárcel adonde vino a visitarme una Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo… A pesar del tiempo transcurrido los médicos pudieron comprobar las marcas de los electrodos en las sienes”. “Al día siguiente fue similar -narra Encarnación Martínez- colocándome varias veces la bolsa, aplicándome electrodos, simulacros de violación…
Delante de Garzón, narré detenidamente todas estas salvajadas. Más aún, cuando intenté enseñarle la marca que tenía en la espalda, ese juez tuvo el valor de decirme que no era nada importante. Y sí lo era: tuve que ingresar en urgencias en el Hospital, donde permanecí cinco días en estado muy grave hasta el extremo que me tuvieron que inyectar 27 litros de suero”.

Y así podríamos continuar, ad nauseam, hasta las casi 5.000 denuncias de tortura que hasta ahora ha reconocido el Gobierno Vasco, una parte de las cerca de 10.000 que esperamos recoger. Con 24 años en un tribunal de excepción, dedicado a perseguir la disidencia política, Garzón es, sin duda, el juez europeo que más denuncias de tortura ha escuchado, sin que jamás, jamás, hiciera nada que no fuera negarlas y ocultarlas. Denuncias accesibles en las web de las ONG; periódicos y organismos contra la tortura; sumarios; libros; informes de Amnistía Internacional; Tribunal de Estrasburgo…

Garzón sabía que la tortura es delito de lesa humanidad, imprescriptible, y optó por poner tierra por medio de sus felonías anteriores, proclamándose, con un cinismo propio de una mente enferma, en brigadista internacional de los derechos humanos. Ahora es presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro-derechos humanos y Jurisdicción Universal; presidente y director ejecutivo del centro internacional de derechos humanos de la Unesco y doctor honoris causa en 29 universidades. Un zorro cuidando gallinas.

El hombre que ha visto a cientos de sus encarcelados en régimen de incomunicación y total aislamiento durante décadas, escribe ahora que Julián Assange está “en una cárcel con condiciones muy restrictivas, prácticamente aislado durante años” situación que no duda de calificar “de tortura”. Y el que escuchaba impasible a mujeres que denunciaban los abusos sexuales y violaciones padecidas bajo su “protección” (una recopilación pendiente para el actual movimiento feminista) ahora dice pensar “en las mujeres que sufren agresiones, verbales y físicas de hombres cobardes”. Y quien cerró periódicos, revistas y tapó toda voz discordante, dice que “No se puede permitir la ponzoña que los medios de comunicación trasmiten… Desgraciadamente hay demasiados monarcas dentro del mundo jurídico que desvelan su poder a través de decisiones que van más allá de la recta e imparcial impartición de la justicia”. Vivir para ver.

La paradoja es que, si siguiera adelante la Jurisdicción Universal que él mismo propone para los delitos de tortura, él debería de ser uno de los primeros en sentarse en el banquillo, siquiera por poner cortinas al infierno. Espero que entonces Pepe Mújica no salga de nuevo en su defensa. Mi querido Uruguay no se merece eso.

Jose Mari Esparza Zabalegi /Resumen Latinoamericano
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021
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2) ITALIA Y URUGUAY VAN POR EL CORONEL PEDRO MATO NARBONDO PRÓFUGO EN BRASIL

Georgina Mayo /Portal 25siete /Salto Noticias /13.07.2021

La Corte de Casación de Roma condenó el viernes pasado a cadena perpetua a Pedro Mato Narbondo, además de Jorge Tróccoli, alojado en la cárcel de Fuorni, Salerno, como informara el sábado 25siete. También, como informamos, la justicia italiana condenó a otros siete militares retirados uruguayos, sacando de la lista a los oficiales muertos José Gavazzo y Luis Maurente, que originalmente integraban la nómina de los condenados en segunda instancia como responsables en las desapariciones de ciudadanos en el marco del Plan Cóndor.

Si bien la mayoría de estos oficiales cumplen penas de 25 y 30 años en Uruguay, el caso de Pedro Mato Narbondo debe considerarse aparte porque es un prófugo de la justicia uruguaya y ahora de la italiana. Pedro Mato se encuentra en Rua Concesso Cassales 232, Santana do Livramento.

Mato Narbondo está investigado por el fiscal Ricardo Perciballe por el homicidio del integrante del Partido Demócrata Cristiano, Luis Batalla, perpetrado en el Batallón de Infantería N°10 del departamento de Treinta y Tres, en mayo de 1972.

Mato también es uno de los indagados en el caso de los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, en mayo de 1976.

Perciballe dijo a 25siete que ya reiteró el pedido de extradición a Brasil de Pedro Mato Narbondo específicamente por la causa que investiga el homicidio de Luis Batalla, en 1972. El fiscal explicó que al estar casado con una ciudadana brasileña, Mato es también ciudadano de ese país, que define no extraditar a sus nacionales. Indicó que planteó -basándose en el Tratado de Extradición con Brasil- que la justicia del país juzgue a Mato Narbondo en Brasil, si es que no lo devolverá a Uruguay.

Hasta hace unos meses, según publicó el semanario Brecha, Pedro Mato Narbondo seguía cobrando la jubilación como coronel retirado.

En tanto, para que se cumpla la condena a cadena perpetua dictada por la justicia italiana, se deberá esperar al cambio de gobierno en Brasil. El politólogo argentino Jorge Itharburu señaló a 25siete que la extradición de ciudadanos en Italia depende solo de los gobiernos, es decir, que la justicia italiana no realiza el trámite de extradición.

Para ello Italia, en su Cancillería, tiene una Oficina de Extradiciones de la que se imparten órdenes de detención internacionales. Italia ya impartió orden de detención con alerta roja de Interpol de cuatro militares chilenos condenados y espera a que se apruebe la nueva Constitución para solicitar su extradición.

Itharburu explicó que lo mismo sucede con el gobierno de Jair Bolsonaro. Italia descarta que Bolsonaro no aceptará la extradición de Mato Narbondo y por tanto esperará al cambio de gobierno para efectivizar el pedido de extradición o en su defecto que cumpla cadena perpetua en una cárcel de ese país.

La causa de Batalla

Luis Batalla Piedrabuena era trabajador de la construcción y fue detenido en su casa en mayo de 1972. Era militante del Frente Amplio y según las denuncias murió bajo torturas. El Observatorio Luz Ibarburu consigna que en junio de ese año el diputado del Partido Demócrata Cristiano Daniel Sosa Días solicitó a la Cámara de Representantes el llamado a sala del ministro de Defensa general Enrique Magnani. Durante la interpelación, finalmente, reconoció las torturas en el Batallón de Infantería N°10 de Treinta y Tres. El sitio relata que el ministro de Defensa de entonces renunció en julio de 1972.

Según la autopsia realizada en ese año, la muerte de Luis Batalla se produjo por anemia aguda por ruptura de hígado.

Georgina Mayo /Portal 25siete
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021

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3) URUGUAY: LA LEVEDAD DEL MERCOSUR

Treinta años después de su creación el Mercado común del sur, está muy lejos de representar una zona de integración económica. Más lejos aún de constituir un embrión capaz de acercar al cono sur de América latina al sueño de la patria grande.

José Antonio Rocca /Primera quincena julio de 2021

Su nacimiento se vinculó al Plan Bush y la creación por etapas de un mercado que bajo la égida de Estados Unidos abarcaría desde Alaska a la Tierra del fuego (1). En ese marco fue creado como una zona abierta y guiada por los preceptos del Consenso de Washington. Los gobiernos de Menem, en Argentina, Collor de Melo en Brasil, Rodríguez en Paraguay, Lacalle en Uruguay, garantizaban la impronta neoliberal.

La dependencia capitalista vigente de cada uno de sus miembros en relación a los centros de poder mundial, cercenó la perspectiva potencial de una articulación efectiva en lo productivo, tecnológico, logístico, comercial, cultural.

Los planes de Estados Unidos tendientes a consolidar su hegemonía absoluta en el continente chocaron con el ascenso de China, las tendencias mundiales a un mundo multipolar y la oposición de los pueblos. Sin embargo el cono sur no engendró semillas de mayor autonomía capaz de limitar la expansión de centros imperiales en la zona.

En términos generales, con diferentes velocidades y momentos, la tendencia marcó mayor apertura indiscriminada hacia el exterior, de cada uno de los países, escasa o nula protección a industrias locales, mayor especialización del comercio exterior en productos primos. Valga como ejemplo la importancia de la soja y sus derivados que representan el 20% de las ventas fuera del bloque.

La dinámica fue determinando que el comercio de bienes intra zona ronde el 12% y en gran medida se vincula a transacciones al interior de firmas norteamericanas o europeas que operan en la región. Difícilmente se puede acusar al Mercosur de constituir una economía “cerrada” e incluso en los intentos de acuerdo con la Unión europea la mayor oposición provino del viejo continente.

Uruguay ha expandido su comercio exterior fundamentalmente hacia China, sobre la base de productos primos. Las ventas de bienes a la región representan aproximadamente el 20% aunque con mayor peso de bienes industriales especialmente hacia Argentina.

El discurso del gobierno uruguayo respecto a que el Mercosur significa un corsé para su apertura al mundo, no resiste el menor análisis de la realidad y resulta muy difícil comprender la insistencia en que le admitan realizar acuerdos unilaterales.

Las perspectivas de acuerdos individuales para un país de 3.5 millones de habitantes y por ende con un mercado que no suena apetecible para jugadores mundiales de relativo nivel, suenan a hueco. Más aún si eso le puede significar a los supuestos signatarios perjuicios en negociaciones con nuestros vecinos.

La apuesta a jugar el rol de centralizar importaciones y abastecer la zona, no parece viable. Empresas ubicadas en Argentina o Brasil y los gobiernos de esos países no aceptarían pasivamente la competencia de productos extra zona importados desde Uruguay con bajos aranceles, violando las normas del Mercosur.

Por otra parte Brasil y Paraguay vienen desarrollando conexiones de infraestructura, en el marco del llamado eje Capricornio del plan IIRSA (2) que conecta los océanos Pacíficos y Atlántico en líneas que convergen hacia los puertos del sur del país norteño.

Quizás las declaraciones del gobierno uruguayo sean simplemente para la tribuna como señaló un legislador argentino (3). Su sonido es agradable para los oídos de grandes establecimientos rurales que sueñan con rebajas de aranceles por parte de países importadores, aunque signifiquen contrapartidas letales para los escasos sectores productivos que subsisten vinculados al mercado local o regional.

Aun suponiendo con optimismo alguna pequeña mejora en los precios de exportación (4), el poder del núcleo exportador de carnes, soja o celulosa sería el gran beneficiado. Que eso gotee hacia sectores rurales del Uruguay sería casi un milagro.

Por otra parte los límites a la producción de productos primos en Uruguay provienen de la falta de elasticidad de la oferta por estructuras productivas, clima o factores naturales y no por falta de mercados.

En suma, aun suponiendo que fueran posibles acuerdos de libre comercio unilaterales para Uruguay, el saldo económico sería negativo y políticamente desgarraría relaciones regionales.

GOTITAS DE ECONOMIA

La rendición de cuentas envíada por el gobierno uruguayo a la legislatura, además de consolidar la fuerte rebaja del gasto público en salarios, inversión, enseñanza, salud, incorpora de contrabando diversas perlas, que atacan entes del estado.

Incluye un manortazo a recursos de Colonización para crear un fideicomiso con la promesa en el aire de regularizar asentamientos sin definir cantidad, ni cuales, ni cronograma. Se parece más a una excusa para ir desmantelando colonización. La transferencia que podría rondar entre 30 y 60 millones de dólares es absolutamente insuficiente para afrontar el tema asentamientos.

También el proyecto de rendición de cuentas quita la obligación de los entes de realizar sus depósitos en la Banca oficial, favoreciendo aún más a la Banca privada.
El IPC de junio incrementó 0.67, acumulando en los primeros 6 meses del año un 4.75%. En la mitad del año se acerca al centro del rango meta (5%) para los doce meses.

En el segundo trimestre del año 2021 la tasa de desempleo en Brasil llegó a 14.7% para las cifras oficiales del IBGE. Aproximadamente 1 millón 600.000 personas.
China reporta un crecimiento del 2.1% de su cosecha de verano de cereales, en relación al pasado año. (Dato tomado de Xinhua).

Notas:
(1) Paralelamente se crearon diversos acuerdos en diferentes zonas del continente como pasos la idea de que convergieran hacia el mercado continental.
(2) Iniciativa para la integración de infraestructura regional sudamericana. Acuerdo entre países, que ha procurado crear mejores condiciones para la exportación de recursos naturales, desde el continente. Consta de diversos ejes zonales.
(3) El legislador argentino Taiana expresó la hipótesis que el gesto del gobierno uruguayo era inviable y para la tribuna. (Difundido por La Diaria)
(4) Es dudoso que aún en caso de rebaja de aranceles esto se traslade al precio de exportación, habida cuenta del poder de los intermediarios de estas operaciones y el lobby de los productores de los países compradores con los que competirían las ventas desde territorio oriental.
José Antonio Rocca /La economía de a pie COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021

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4) URUGUAY: LA CARTA DE LOS “SIN TIERRA”

Los sin tierra uruguayos y los colonos buscan sensibilizar al presidente Lacalle Pou

Pablo Díaz Estévez del equipo de Pata ancha en la tierra/ 16.07.2021

En el día de ayer 15 de julio el presidente Luis Lacalle Pou visitó la ciudad de Melo, y como es de costumbre la gente le hace llegar mensajes cara a cara o en la mano. En muchas ocasiones algunos ciudadanos tizados para consumo por el sistema… buscan tocar la sensibilidad del propio Presidente y salvarse de la sentencia de muerte que el mismo gobierno de Lacalle decretó.

¿Estos ciudadanos que llevan su carta escrita, o su mensaje cara a cara al presidente buscan salvarse individualmente o son el botón de muestra de lo que está pasando detrás de la pantalla?, ¿no son la punta del iceberg, o los portavoces de los problemas que quedan fuera del radar de la gran prensa o de los celulares que transmiten los vivos?

En el día de ayer por ejemplo, una de las 100 familias de pequeños ganaderos que son solicitantes de tierra desde hace muchos años en Cerro Largo, le hizo llegar una carta al presidente en nombre de aspirantes y colonos de esa región, y “por futuras generaciones, donde están nuestros hijos”.

En este caso se trata de una de las tantas familias con hijos en edad escolar y liceal que quedaron sin campo porque se les vencieron los arrendamientos de campos particulares y ante el anuncio del lanzamiento tuvieron que entregar el campo y buscar soluciones provisorias para el ganado que han ido juntando con trabajo familiar a lo largo de su vida.

Seguramente algunos problemas que se le plantean al presidente Lacalle de manera informal sean “problemas personales”, pero muchos de los problemas que se le plantean cara a cara son problemas de la sociedad, no son problemas solamente de una familia como esta, sino de muchas familias.

El presidente Lacalle, queriendo marcar una diferencia con Tabaré Vázquez, (y seguramente muy bien asesorado), muchas veces detiene su vehículo, se acerca a la gente que quiere hablarle o hacerle algún planteo, los escucha, recibe los mensajes, las cartas y saludos, demuestra interés, sonríe para la foto y trata de ganar puntos de imagen con las excepciones, y a veces consigue que la gente se olvide de las antipopulares decisiones del gobierno.

En el caso de esta familia de solicitantes de tierra de Cerro Largo, si el presidente quisiera mostrar su sensibilidad frente a esta podría intentar ayudarla (motivos técnicos y margen legal le sobrarían). Y haciendo “bicho” o bulla, o haciendo alarde de su sensibilidad muchos telespectadores seguramente dejarían de cuestionar la antipática medida que tomó este gobierno de pasarle fondos que estaban destinados a la compra de tierra de colonización para el fideicomiso de viviendas en los asentamientos. “Si atiendo a un aspirante a colono, ¿los otros 6.000 que hay en el país, no deberían quejarse?”

Lo mismo sucedió con la visita de Lacalle a la inauguración de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión. Si le soluciono el problema personal a un trabajador desocupado del interior, la gente se va a olvidar que se mandó a cerrar una filial de ALUR, la empresa de ANCAP, que operaba en la desolada localidad de Belén (Salto).

Con esta modalidad, generando un hecho mediático tanto en las grandes audiencias de la televisión, diarios y radios, como en los círculos cálidos de las redes sociales, el Presidente muestra su rostro humano y evidencia que finalmente sus compatriotas le tocaron el corazón para hacer frenar su propia caravana de vehículos, bajarse del auto presidencial, acercarse a los manifestantes en la ruta, tener la sensibilidad suficiente de atender un problema supuestamente personal , y mientras tanto gana tiempo para hacer política con la excepción.

A nivel de todo el país, la problemática que está de fondo (como la desocupación, el problema de la vivienda o el problema del acceso a la tierra) pasa desapercibida, cuando en las redes se logra fanatizar a las tribunas electoreras (que ante la inauguración de viviendas o el comienzo de una zafra agrícola) aplauden estos gestos del Presidente o le tiran tomates por la cabeza. Fanatizándose con el “Yo los vote” o “yo no los vote”, o con el “yo firmé”, o con “hay orden de no aflojar”, y así los internautas y seguidores dejamos de saber que pasa detrás de las pantallas.

Por último, en estas “selfies presidenciales” no podía faltar el colono del Kiyú Gabriel Arrieta, que según Darwin Debocati se convirtió en famoso luego de que Presidencia de la República le publicara todos sus antecedentes personales de ocupante de un predio de colonización con el Movimiento de Aspirantes a Colonos de San José e incluso sus deudas pendientes hace ya tres años.

Arrieta el pasado miércoles 14 de julio, hace dos días, en la localidad Rafael Perazza, en el departamento de San José, le entregó en mano al presidente Lacalle Pou una “cartita” con “asuntos personales” según señala el Diario el País.

Recordemos que a comienzos de 2018 se trataron mutuamente de “mentirosos” con el ex presidente Tabaré Vázquez porque Arrieta le decía al finado ex mandatario que las autoridades del último gobierno del FA accedieron a recibir a la Mesa Nacional de Colonos para hablar del problema de colonización pero finalmente los dejaron en la puerta del MGAP mientras una pequeña delegación de “Un solo Uruguay” se reunía con las autoridades del gobierno y del INC.

Lo que todavía no se ha dicho públicamente es que el presidente Luis Lacalle Pou tiene desde el 6 de agosto de 2020, (hace 11 meses), en su despacho un pedido de reunión de la Mesa Nacional de Colonos documentado por Graciela Britos de Secretaría de Presidencia de la República, pero que todavía Lacalle Pou no ha contestado ni para acceder a la reunión ni para rechazarla.

Mucha agua ha pasado bajo el puente del Instituto Nacional de Colonización en estos 11 meses.

Lacalle atiende ante las cámaras planteamientos personales. Mientras que colonos y aspirantes a colonos que participan en organizaciones sociales sin padrinos políticos no están planteando “asuntos personales” (salvo Gabriel Arrieta según la nota de prensa mencionada), sino que están planteando el problema de 6 mil aspirantes y 10 mil personas que viven en los predios de colonización más allá de lo que hayan votado o de lo que hayan firmado cada una. Están velando por cuidar el futuro de los más jóvenes que seguramente estén más expuestos a torcerse en los barrios pobres de la ciudad que acompañando la producción de sus padres en un campo de colonización, donde tienen más oportunidades de elegir su propio camino en la vida.

Pero también los colonos y los sin tierra están defendiendo la tierra de todos los uruguayos, están pendientes de que no se desarme el único freno a la extranjerización de la tierra que es el mecanismo que tiene el Instituto Nacional de Colonización desde 1948 de comprar tierra para que trabajadores rurales uruguayos la controlen, vivan en campaña, produzcan alimentos, sustenten el estudio de sus gurises camperos que tienen los mismos derechos que los gurises de los asentamientos.

Pablo Díaz Estévez /Pata ancha en la tierra
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021

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5) ESCUELA DE MIEDO. POSTALINA: UNA DE ACTUALIDAD

Luis E. Sabini Fernández / 21.07.2021

Tuve que ir a un banco por un trámite.
Solucionar el requisito faltante mediante una llamada telefónica habría sido lo normal en una sociedad pos Antonio Meucci o Graham Bell. Pero el formidable invento de las cintas grabadas, so pretexto de solucionarlo todo, dejan sin respuesta una serie de preguntas como la mía.

Con la declaración de pandemia sobrevienen dos rasgos novedosos por estos lares, entre otros; las instituciones, por ejemplo, bancarias restringen visitas (“Ud. puede resolver todo fácilmente con un llamado. Hágalo.”) y el caudal humano en una megaurbe como Buenos Aires decrece hasta dimensiones… montevideanas.

A la entrada del banco, apenas una franqueable entre la media docena de accesos habituales en tiempos normales, un funcionario bancario no te deja dar ni un paso sin preguntarte porqué: ante la simplicidad del motivo me derivó sin más a la sección a la que estaba por dirigirme.

Allí, único cliente, ante varios empleados, sin demora y muy buen trato, fui atendido.

Había que verificar un paso y prestamente fui pasado a otra sección, complementaria y aledaña.

Uno de los jóvenes casi desocupados –por la merma general de actividad– me ofrece un formulario y me aclara: –no bien recibamos la comunicación, le enviaremos este formulario; un formulario como éste. Se lo muestro ahora para que sepa cómo es. Hay mucho pirateo por correo; cantidad de operaciones con que procuran adueñarse de fondos ajenos, sustituir identidades; hemos enviado avisos como éste a nuestros clientes y muchos vienen al mostrador a verificar si se los enviamos nosotros…

Entonces pregunto: Pero, ¿arrecian las estafas o el miedo a las estafas?

Parece que medio no comprende. Aclaro: –lo que me cuentas es que hay mucha gente que tiene miedo a que la estafen; mi pregunta es si hay más estafas que habitualmente o más miedo que habitualmente…

Me contesta: -las dos cosas-. Pero insiste con los clientes atemorizados y verificadores.

Me vi obligado a rememorar una estafa de que fui objeto en un envío bancario internacional (a mi madre). Pero aclaré que fue hace décadas, cuando mi interlocutor no había nacido, y una sola, única vez.

Él quedó convencido que las estafas arrecian. Yo, sin decírselo, que el miedo arrecia.

Y que esto sí es un fruto, otro fruto bien real de lo que ha sido declarado “pandemia”. Que bien podría rebautizarse “escuela de miedo”.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021

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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. VUELVEN LOS ESPECTÁCULOS AL TEATRO POLITEAMA DE CANELONES
Julio 2021

El Complejo Cultural Politeama -Teatro ‘Atahualpa del Cioppo’, de la ciudad de Canelones, puede recibir hasta 110 personas por función. Además de la opción presencial, se puede acceder a los shows a través de plataformas virtuales.

El Politeama vuelve a abrir sus puertas con una agenda variada. Espectáculos de rock, monólogos realizados por mujeres, artistas locales y música para niños son algunas de las propuestas planificadas para julio y agosto en el recinto cultural de la ciudad de Canelones.

El Politeama recibirá a Martín Buscaglia el sábado 17 de julio. El cantautor presentará canciones de su último disco, acompañado de la banda Los Bochamakers. “Martín es un tipo muy creativo, que ha sido tapa de la (revista) Rolling Stone y ha grabado discos con artistas como Kiko Veneno”, mencionó Schellemberg.

En julio se desarrollará, además, un ciclo de artistas de varios puntos del departamento. El jueves 22 estará presente el cantautor local Francisco Astorga, junto al trío pandense El Gentil y el trío Tono Zambos, con integrantes de Paso Carrasco y La Paz. El jueves 29, en tanto, tocará la artista local Letizia Tazzi y la cantautora Lucía Severino.

El 24 de julio será el turno del grupo de rock Níquel, una “banda mítica, que viene con todos sus grandes éxitos”, según destacó el director del Complejo. Liderado por el cantante y compositor Jorge Nasser, Níquel es una banda referente del rock uruguayo de las últimas décadas.

El 31 de julio habrá una fecha de jazz con Ricardo Nolé, pianista de grandes artistas de Uruguay y Argentina, y el grupo Mática, liderado por Marcos Mateauda. Schellemberg informó que todas las funciones mencionadas tienen la posibilidad de verse tanto de manera presencial como por streaming.

Por más información:
hoycanelones.com.uy/2021/07/08/buscaglia-niquel-y-musica-canaria-los-espectaculos-en-el-politeama-tras-la-vuelta-a-la-presencialidad/
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II. LLAMADO ABIERTO: FESTIVAL DE JAZZ DEL URUGUAY
Hasta el 18 de julio de 2021

El Festival de Jazz del Uruguay es un proyecto del Instituto Nacional de Música de la Dirección Nacional de Cultura y el Sodre, que tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 5 de setiembre en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta.

La iniciativa busca poner en valor el Jazz del Uruguay, su originalidad y particularidades, principalmente en asociación con el candombe, sello inconfundible del jazz de bandera uruguaya. Esta impronta, que comenzó a imprimirse tímidamente en la década del 60 en Uruguay, de la mano de algunos pioneros, representa hoy una marca nítida y potente de nuestro jazz.

Participantes:
Podrán participar músicos, productores y/o gestores, uruguayos o residentes legales, mayores de 18 años, inscribiendo una única postulación.
Cierre de la convocatoria: el plazo para inscripciones vencerá indefectiblemente a las 23:59 horas del día 18 de julio de 2021.

Por consultas: festivales@sodre.gub.uy
sodre.gub.uy/2021/06/30/festival-de-invierno-2021
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III. SEMANA DEL DOCUMENTAL “DOCMONTEVIDEO”
Del 20 al 30 de julio

Entre el 20 y el 30 de julio se celebra una nueva edición de La Semana del Documental “DocMontevideo”. De nuevo será online y se presentará una película por día, seguida de una charla virtual con cada director o directora.

¿Ya vieron la programación? Son 10 películas latinoamericanas que, desde diversos puntos de vista y propuestas formales, se preguntan y nos preguntan quiénes somos. Proponemos encontrarnos desde la diversidad y el conflicto.

Programación completa en: www.docmontevideo.com/publico/peliculas/
Reserva tu abono para ver todas las películas en: forms.gle/ufSW7qX1bzYUSZNm

Organizan “DocMontevideo I”, Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual – ICAU, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay, Montevideo Audiovisual, Intendencia de Montevideo.

www.facebook.com/lasemanadeldocumental
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2012 – 16.07.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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ARGENTINA: VANDALISMO A LOS PAÑUELOS BLANCOS DE PLAZA DE MAYO

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021 Hoy:

1) Argentina: Los organismos de Derechos Humanos repudiaron el vandalismo a los pañuelos blancos de Plaza de Mayo
2) Uruguay: La búsqueda de la identidad biológica, un derecho fundamental. Con la directora de la INDDHH Mariana Mota
3) Uruguay: Cabildo Abierto, partido que integra la coalición de gobierno propuso que la Corte Electoral controle la “imparcialidad” de la información en medios en Uruguay
4) Uruguay: La ciencia nacional puesta a prueba /Víctor L. Bacchetta
5) Piratas pandémicos. Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021

1) ARGENTINA: LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS REPUDIARON EL VANDALISMO A LOS PAÑUELOS BLANCOS DE PLAZA DE MAYO

Agencia Paco Urondo / 12.07.2021

Emitieron una declaración por los daños causados el viernes pasado: “Los pañuelos son el mayor símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, respetados en el mundo entero”.

Los organismos de derechos humanos repudiaron el vandalismo realizado sobre los pañuelos blancos de Plaza de Mayo el viernes 9 de julio y emitieron una declaración señalando que no se trata de “hechos aislados. Son una larga lista que se deriva como consecuencia del inmenso dispositivo desplegado e instalado por el Gobierno de Mauricio Macri para intentar banalizar el genocidio”.

El comunicado lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En este marco, los organismos sostuvieron: “repudiamos enérgicamente los daños causados sobre los pañuelos blancos de Plaza de Mayo en la noche del viernes 9 de julio. Los pañuelos son el mayor símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, respetados en el mundo entero, pero agredidos por sectores que en nuestro país no saben expresar sus ideas más que con discursos de odio y violencia”.

En este mismo sentido, señalaron: “Desde 1983 nuestro pueblo eligió la democracia para siempre. Las diferencias, críticas y opiniones, deben respetar ese acuerdo. Pero la gravedad de los discursos y acciones de odio reviste en quienes ocupan lugares de referencia y poder en la sociedad, porque legitiman esas ideas ante sectores de la población. Por eso, también debemos advertir que los discursos de odio han funcionado históricamente como antesala de violencias que incluso han llegado a impartirse desde el propio Estado”.

“A esta altura de la democracia y de los juicios por a genocidas, no se puede negar la magnitud del terrorismo de Estado. Nuestra sociedad rechaza esa posibilidad y tiene bien alta la bandera que reivindica 30.000 luchas. Sin embargo, es indudable que el negacionismo se ha vuelto eje de campaña electoral por sectores que pretenden la impunidad, el perdón y el olvido. Mientras el mundo atraviesa una pandemia tan grave como la actual, mientras los pueblos nos unimos por la vida, y en la Argentina el Estado despliega una campaña histórica de vacunación, hay quienes desde el odio atacan los pañuelos para expresar sus ideas, como si no alcanzaran los diarios y canales que se las reproducen, naturalizando el negacionismo”, sintetizaron.

“Abrazamos a cada familia que tuvo una pérdida en estos meses de pandemia. Nos duele como a todas las personas que defendemos la vida. Convocamos a seguir construyendo una salida colectiva, solidaria y en unidad. Una vez más, decimos: ¡Basta de negacionismo!”, concluyeron.

Agencia Paco Urondo /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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2) URUGUAY: LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD BIOLÓGICA, UN DERECHO FUNDAMENTAL. CON LA DIRECTORA DE LA INDDHH MARIANA MOTA

El Tungue Lé / Radio Uruguay 1050 AM /12 de julio de 2021

Con la participación de varios panelistas y expositores de nuestro país y el extranjero, tuvo lugar un conversatorio sobre el derecho a la identidad biológica, organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En la columna quincenal de la mencionada institución en El Tungue Lé, la directora Mariana Mota se refirió al tema.

Por lo general se trata de “personas consultantes adultas entre 40 y 50 años. En muchos casos se enteran que la familia que han tenido como su familia biológica en realidad no lo es tal, sino que es una familia que los ha criado”, contó. Para la experta en derechos humanos se trata de “un problema que está presente y muy invisibilizado”, agregando que la “adopción normal facilita el diálogo”, pero ello “es lo minoritario”.

“En la mayoría de los casos se produce un cierre absoluto de ese episodio, nada menos que por el cual esa persona tiene vida y es una persona, y se sustituye esa identidad biológica por una posterior. Tienen que hacer entonces, una búsqueda de su verdadera identidad”, añadió.

Uno de los focos de atención son “las personas que fueron dadas en adopción legislativa”, que en Uruguay habilita por ley a que ese hijo sea del matrimonio adoptivo, aunque no biológico precisamente. “Se lo inscribe en un partida de nacimiento como si fuera propio. En ese caso el nacido tiene dos partidas, a la originaria se le estampa un sello que dice ‘Prohibida su exhibición’, y cuando esa persona va a pedir una partida de nacimiento va recibir la que dice que es hija de ese matrimonio… Es una situación jurídica que existe en Uruguay y que va contrapelo al derecho al acceso a la identidad biológica o de origen”, dijo la directora de la INDDHH. Y acotó que el derecho a la identidad es un derecho fundamental recogido en la normativa internacional.

Otra situación es cuando “ni siquiera pasa por esos procesos de legitimación, sino por el costado, apropiación desde la compra de niños hasta la entrega a otro matrimonio sin haber pasado por ningún procedimiento legal. Ahí la búsqueda es mucho más difícil porque no hay rastros y hay que ir buscando a través de familiares, vecinos o las personas que participaron en el parto, una maternidad, etc.”, agregó.

Señalando también que en la INDDHH para apoyar esa búsqueda “hay un pequeño grupo que trata de asistir en ese sentido convocando e invocando a los organismos del Estado que pueden tener las respuestas… una búsqueda, difícil, ardua. En muchos casos las personas pasan años buscando”, comentó.

El Tungue Lé /Radio Uruguay 1050 AM /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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3) URUGUAY: CABILDO ABIERTO, PARTIDO QUE INTEGRA LA COALICIÓN DE GOBIERNO PROPUSO QUE LA CORTE ELECTORAL CONTROLE LA “IMPARCIALIDAD” DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS EN URUGUAY

Observacom Uruguay, 13 de julio de 2021

Cabildo Abierto (CA), partido que integra la coalición de gobierno de Uruguay, propuso que la Corte Electoral controle la “imparcialidad y el equilibrio en la información política” en medios de comunicación, como parte de las modificaciones al proyecto oficialista de nueva Ley de Medios.

La propuesta de CA, según publicó El Observador, plantea que los ciudadanos “tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y que los servicios de radiodifusión deben “conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado”.

La iniciativa contemplaría a todos los programas y espacios en los que se emitan “análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”.

La Corte Electoral sería la encargada de “resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa”, dice el periódico.

El texto de CA crea una “Junta de Garantías en la comunicación política” como órgano descentralizado de la Corte Electoral, que estaría conformada por nueve miembros, elegidos por cada uno de los ministros de la Corte, cuya función sería la de observar los programas y espacios de modo directo o con la contratación de servicios profesionales especializados.

El diputado de CA, Sebastián Cal, dijo a El Observador, que otra de las propuestas consiste en modificar la integración del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.

En el oficialismo no habría voluntad política para que la propuesta se incluya en la nueva ley de medios, de acuerdo con La Diaria. Entre los principales cuestionamientos se encuentran que CA hiciera el planteo cuando ya hace más de un año se discute el proyecto. Asimismo, se plantea que Uruguay no necesita un organismo que controle la información política de los medios.

Desde el sector de la prensa calificaron la propuesta de “grave” y preocupante. “Estamos en un momento en que el trabajo de los periodistas está siendo bastante discutido y muchas veces criticado por personalidades públicas y políticas cercanas al poder”, dijo a La Diaria, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo. Alertó que la iniciativa de CA para controlar la información es un elemento que “se suma” en este sentido.

El proyecto del oficialismo para reemplazar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se discute hace más de un año en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

Como publicamos en Observacom, en mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios con la expectativa de que sea aprobado antes de mitad de año. Si bien la nueva redacción surgió de las negociaciones dentro de la coalición de gobierno, en CA aún persistían algunas diferencias.

Tanto el proyecto original como su nueva versión fueron fuertemente criticados tanto por Observacom como por la Coalición por una Comunicación Democrática, por considerar que promueve la concentración y genera un retroceso en materia de derechos y criterios de transparencia.

Observacom
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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4) URUGUAY: LA CIENCIA NACIONAL PUESTA A PRUEBA

La emergencia sanitaria llevó a la ciencia nacional al más alto nivel político y reveló también limitaciones para encarar algunos temas cruciales de esta situación

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 12/07/2021

La pandemia declarada de Covid-19 hizo que se revalorizara el papel de la ciencia médica para acceder a la información y el conocimiento, así como para la toma de decisiones políticas de alto impacto social y económico. Al mismo tiempo, junto a la exposición pública sin precedentes a que fue llevada la ciencia nacional en esta situación, se pusieron en evidencia equívocos y carencias que la afectan.

Entre los equívocos está considerar a la ciencia como el ámbito del saber absoluto, único e incuestionable, detentado por los que se erigen en sus representantes. En lugar de una actitud abierta a experimentar y aprender de un fenómeno desconocido, la cuestión para algunos parece ser demostrar que lo saben todo. Paralelamente, el temor al juicio público hace muy difícil reconocer errores y aprendizajes.

En la ciencia no hay verdades absolutas. A diferencia de la fe, que se sustenta en los dogmas, el entendimiento de los fenómenos biológicos, físicos, químicos, etc. se basa en hechos que permiten desechar o no hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones que pueden ser desafiadas a partir de preguntas concretas. El conocimiento puede y debe ir cambiando a medida que surgen más y nuevos hechos, más evidencias.

En el caso particular de esta pandemia, existen desde el comienzo cuestiones muy polémicas en el plano científico, sin hablar de las conductas sociales indicadas en consecuencia. Sin embargo, en lugar de la apertura al cuestionamiento con el fin de aproximarnos a entender una situación imprevista, la polémica se polariza entre los supuestos detentores de “la verdad”, tanto del lado oficial como del opuesto.

Es notorio que el debate público internacional de la pandemia está mediatizado por la gravitación de intereses políticos y económicos muy poderosos que solo procuran la consolidación y ampliación de su poder. Obviamente, Uruguay no está a salvo de tal situación, hemos visto que las decisiones políticas se partidarizan al momento, pese a que ni el gobierno ni la oposición estaban preparados para esta pandemia.

La comunidad científica nacional tampoco puede ser ajena a estos fenómenos, pero llama la atención el silencio o la ausencia de debate en los propios temas científicos que son objeto de controversia. De acuerdo a un relevamiento realizado por Sudestada surge que no es que no haya distintos enfoques, sino que existe una autocensura para dar un debate abierto, acompañada además por una censura de la disidencia.

Lamentablemente, por esta misma situación, no podemos citar los nombres o nuestras fuentes de información. Hemos solicitado entrevistas con el ánimo de esclarecer estos temas, hay incluso opiniones diferentes entre diferentes organismos, pero no se quiere hablar en público al respecto o no obtenemos respuesta. Conocemos casos donde se ha cerrado explícitamente la oportunidad para desarrollar una discusión.

En este contexto, expondremos a continuación una lista aún incompleta de cuestiones científicas controvertidas de la pandemia en curso para dar a conocer al menos cuáles son los temas y poder evaluar sus implicaciones de distinto orden. Estos temas están provocando el desvelo de los científicos del mundo, como también en Uruguay, con vistas a resolver efectivamente los problemas generados por la pandemia.

El método de diagnóstico

El diagnóstico del Covid-19 se basa en detectar con el test qPCR fragmentos muy pequeños del virus en las muestras extraídas de las personas. El qPCR amplifica muchísimas veces el ácido nucleico obtenido a partir de la muestra para encontrar esos fragmentos. Si no hay un número suficiente de fragmentos de partida el test da negativo y si aparecen el resultado es positivo. Sin embargo, un resultado positivo no significa necesariamente que la persona esté enferma.

La controversia aquí es sobre sobre todo en el llamado ciclo de corte (CT), que es el número de amplificaciones utilizado para dar el resultado y si este es suficiente para hacer el diagnóstico. Investigaciones muestran que cuanto mayor es el CT, mayor es la probabilidad de que el resultado positivo sea falso. La importancia de esta cuestión es que fundamentalmente en base a este diagnóstico se deciden las medidas de cuarentena que deben cumplir la persona y sus contactos.

Por un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Salud Pública respondió que se indica a los laboratorios hacer los qPCR hasta 40 ciclos totales y que se consideran contagios los casos positivos con igual o menos de 35 CT. En cambio, el protocolo publicado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina ha considerado que se puede dar el alta a un paciente cuyo test haya dado un resultado positivo si el qPCR superó los 30 CT.

La diferencia entre un CT de 30 y otro de 35 para dictaminar si una persona está enferma es muy significativa porque determina nada menos que el número de pacientes confinados e internados. ¿Ambas autoridades no deben explicar el motivo de esa diferencia?. ¿No hay un debate científico en esta cuestión?

¿Una enfermedad respiratoria?

Investigaciones afirman que la Covid-19 no es originalmente una neumonía viral, aunque tiene una manifestación respiratoria. La proteína receptora que hace posible la entrada del virus en las células casi no se encuentra en el pulmón, pero está en el intestino, riñones, vesícula biliar, corazón, testículos y el interior de los vasos sanguíneos.
El cuadro clínico y los hallazgos de las necropsias en pacientes permiten saber que la Covid-19 es una enfermedad muy compleja, inflamatoria y vascular, que se caracteriza además por coagulopatías (alteraciones en la coagulación sanguínea) y desregulación de la tensión arterial, con aspectos de enfermedad autoinmune y no simplemente un cuadro respiratorio como se creyó al inicio.

La conclusión es que el virus no provoca originalmente y solo una infección de las vías respiratorias y es cuestionable su transmisión por los aerosoles respiratorios. La importancia de este hecho determina la eficacia o la irrelevancia de los tapabocas.

El virus y la proteína Spike

Se sabe que el virus SARS-Cov2, así como otros integrantes de la familia de los coronavirus, tienen en su envoltura la proteína de espícula o Spike, que la utilizan para tener acceso a las células que van a infectar.

Investigaciones afirman que la proteína Spike por sí sola, sin estar asociada al virus, puede dañar varios tejidos y órganos, en particular el tejido interior de los vasos sanguíneos, generando coágulos anormales en las venas e hipertensión, aspectos presentes en los cuadros clínicos de enfermos de Covid-19.

Solo nueve meses después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara que Covid-19 era una pandemia, en una situación sin precedentes, las farmacéuticas presentaron resultados preliminares, incompletos y engañosos en lugar de lo que, normalmente, lleva de 10 a 15 años para completar las fases preclínicas y clínicas necesarias para tener certeza de la seguridad y eficacia de una vacuna.

Esas vacunas recibieron una “autorización de emergencia” que no es lo mismo que la “aprobación” que reciben cuando han completado satisfactoriamente todas las etapas, es decir, son vacunas experimentales. Por esta razón las aseguradoras no cubren costos de gastos médicos ni las empresas farmacéuticas se hacen responsables de reacciones adversas ocasionadas por las vacunas contra Covid-19.

Las vacunas de ARN mensajero modificado y las vectorizadas (de adenovirus recombinante) contra la Covid-19 se basan en que las células del organismo humano comiencen a producir la proteína Spike. El ARN mensajero modificado no queda retenido en el sitio de inoculación, sino que viaja por el torrente sanguíneo y la linfa hacia otros tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso.

Habiendo demostrado que la proteína Spike es un factor muy importante en el síndrome llamado Covid-19, el que estas vacunas hagan que las células produzcan Spike en cantidades mayores que en una infección natural, sumado al hecho de que el ARN mensajero que la codifica se traslade a tantos órganos, puede ser la causa de los cuadros severos que han aparecido luego de la vacunación. El hecho es que al tener ambos en común la presencia de la proteína Spike, son clínicamente casi indistinguibles los cuadros de Covid-19 por infección y por vacunación.

“Nos equivocamos con las vacunas”, declaró el Dr. Byram Bridle, de la Universidad de Guelph (Canadá) haciendo referencia al efecto nocivo de la proteína Spike de Covid-19, que las vacunas de ARNm modificado y las vectorizadas de Pfizer, Astrazebeca, Cansino, Sputnik V, Janssen y Moderna inducen a producir a las células del organismo.

Reacciones de magnetismo

Testimonios de médicos y pacientes están reportando reacciones de magnetismo en personas vacunadas en el sitio de inoculación y en otras zonas. El magnetismo no sucede en el cuerpo de manera normal, para que ocurra debe haber sido expuesto (por inoculación u otra vía) a óxido de hierro (magnetita) u óxido de grafeno.

El grafeno y la magnetita son componentes comunes en las nanopartículas que se usan en la industria farmacéutica. El uso de magnetita y grafeno en nanomateriales tiene reportados problemas de seguridad y toxicidad. Las vacunas en uso no dicen contener grafeno ni magnetita. ¿Cuál puede ser la explicación de esos casos?

Se estima que el 25% de las mujeres que contraen Covid-19 sufren alteraciones en su ciclo menstrual. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud (MHRA) del Reino Unido informó, el 7 de julio pasado, que al menos 13 mil mujeres reportaron alteraciones en su ciclo menstrual luego de haber recibido la vacuna, lo que representa un incremento de 225% de esos casos en un mes.

Tratamientos contra el Covid-19

Se dice que no hay ningún tratamiento posible para Covid-19, con lo cual se refuerza la convicción de que la salvación son esas vacunas, aunque no se hayan seguido las fases y tiempos necesarios para establecer su seguridad y eficacia. Es más, para que una vacuna sea autorizada en régimen de emergencia, es condición necesaria que no exista ningún tratamiento farmacológico. Sin embargo, existen medicamentos eficaces que están siendo estudiados y aplicados por países enteros, la India por ejemplo, como la ivermectina y el dióxido de cloro, entre otros.

La ivermectina antiparasitaria, con propiedades antivirales y antiinflamatorias, es un medicamento conocido a escala mundial, en Uruguay en particular, desde hace más de cuatro décadas para uso animal y humano, incluso en mujeres embarazadas y recién nacidos, lo que demuestra su seguridad. Ha sido utilizada en numerosos casos de Covid-19 de moderado a severo y su eficacia ha sido reportada en las revistas más prestigiosas de medicina. ¿No se estudia, ni se ha investigado en este país?

Algunos afirman que no se genera una inmunidad natural duradera y que por eso será necesaria una vacuna de refuerzo cada cierto tiempo. Sin embargo, para muchos investigadores sostienen este concepto de inmunidad lograda exclusivamente con la vacunación contradice la conclusión de innumerables publicaciones sobre la permanencia de la inmunidad previa y, especialmente, de la inmunidad adquirida luego de una infección por SARS-Cov2, además de desafiar todo lo aprendido durante décadas acerca del sistema inmunitario.

También se afirma que las personas no vacunadas serían la “fuente” por la cual surgen nuevas variantes de SARS-Cov2. Investigadores sostienen que no hay evidencia empírica que lo respalde y que va en contra de la Teoría Evolutiva básica. Es más, varios científicos de renombre afirman que la presión selectiva ejercida por la vacunación (sumado al hecho de haber elegido como antígeno exclusivo a la proteína Spike) es el motor determinante de la aparición de dichas variantes.

Estos son algunos de los temas científicos controvertidos en la pandemia que merecen una dedicación y un debate serio de los investigadores de este país. Uruguay debe ser capaz de desarrollar una ciencia de la salud que encuentre soluciones accesibles y aplicables a estos problemas para toda la población. De lo contrario, seguiremos a merced de los intereses de la industria farmacéutica internacional.

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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5) PIRATAS PANDÉMICOS. GANANCIAS MULTIMILLONARIAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO MUNDIAL

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda.

Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones. En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdf.

Y subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.
(www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista–, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (NeR: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.

Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos. La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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HONDURAS: CONDENA DE MILITAR POR ASESINATO DE BERTA CÁCERES ES «HISTÓRICA» – comcosur muje r 693 – 12.07.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 693 /lunes 12.07.2021 – Hoy:

1) Honduras: Ministerio Público de Honduras: condena de militar por asesinato de Berta Cáceres es «histórica»
2) México: Organizaciones condenan represión contra mujeres en Jalisco
3) Paraguay: El pesado silencio en torno al debate sobre la paridad
4) República Dominicana elimina discriminación al colectivo LGBT+ de su Código Penal
5) Uruguay: Hubo 12 femicidios en el primer semestre de 2021
6) Uruguay: Colectivos LGBTI pusieron en común las estrategias desplegadas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia
7) Silvina Monteros: “Las mujeres migrantes que deciden salir de situaciones de violencia se encuentran con muros”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 693 – Lunes 12 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) HONDURAS: MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS: CONDENA DE MILITAR POR ASESINATO DE BERTA CÁCERES ES «HISTÓRICA»

La condena de Roberto David Castillo por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres es «victoria de los pueblos», dijo su familia. Exigen cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.

La condena significa que «las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos», indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). La causa Berta Cáceres «no termina» con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina «firmemente» a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.

Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.

Cáceres, fue asesinada, pese a medidas cautelares

Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía. En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.

El legado de Berta Cáceres

La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en «su ilegal y corrupta concesión». Exigen, además, el desmantelamiento de «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.

El Ministerio Público de Honduras tildó de «histórico» el fallo de culpabilidad contra Castillo, quien según las pruebas presentadas en el juicio «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca». El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que el caso por el asesinato de Berta Cáceres «no está cerrado» y los fiscales continúan buscando «a más autores intelectuales».

«Estamos satisfechos (con la resolución) porque obviamente presentamos toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de (Roberto) David Castillo», subrayó Mora, quien indicó que el organismo hondureño podría presentar nuevos requerimientos fiscales en este caso.

La sentencia contra el imputado evidencia «la importancia de apoyar a los operadores de justicia para que actúen con independencia y con los recursos necesarios», dijo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El fallo es un «paso importante», subrayó la ASJ, que es capítulo de Transparencia Internacional en Tegucigalpa, la capital hondureña.

Señaló que continuará vigilante del proceso de investigación y judicialización del caso, exigiendo que los demás autores intelectuales del asesinato sean presentados ante la justicia. Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.

DW / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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2) MÉXICO: ORGANIZACIONES CONDENAN REPRESIÓN CONTRA MUJERES EN JALISCO

Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) hicieron un llamado a las autoridades del estado de Jalisco a respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres manifestantes, luego de que el viernes 9 de julio la policía detuviera a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas.

Colectivas feministas protestaron frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Jalisco contra la violencia y abuso sexual en la escuela Marco Antonio Montes de Oca en Zapopan. Diez mujeres fueron detenidas y, aunque ya fueron puestas en libertad, los cargos por pandillerismo y daños continúan. CEPAD hizo un llamado a las autoridades a perdonar la multa imputada a las jóvenes.

Por su parte, AI expresó en un comunicado su preocupación por estos «esquemas de represión que limitan el derecho a la libertad de expresión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas».

La organización agregó que «al calificar de “vandálicos” los hechos ocurridos frente al edificio de la SEP, las autoridades estigmatizan a las mujeres que protestan y distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse». También externó su preocupación por «el uso del sistema de justicia penal para criminalizar a las mujeres que protestan».

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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3) PARAGUAY: EL PESADO SILENCIO EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA PARIDAD

Desde que las mujeres paraguayas accedieron al derecho al voto, y también a la investidura, hace seis décadas, el debate sobre la participación política y la paridad ha atravesado una primavera en especial en la década de la apertura democrática. Sin embargo, hoy, hay un pesado silencio en torno al tema, lo cual ha supuesto retrocesos que nos dejan rezagados. La politóloga feminista Line Bareiro analiza el tema.

– Desde el acceso al voto ¿Hubo un crecimiento participativo de las mujeres a nivel local?

-Te diría que hay un nivel de crecimiento de ciudadanía de las mujeres en estos 60 años. Los lugares en donde más ve eso son los departamentos del sur del país. Creo que es por el trabajo de las “Kuña Roga”. Desde ahí se propició una organización de mujeres del sur. Creo que eso sirvió muchísimo. Inclusive hay murales que recuerdan a mujeres destacadas. Hay un trabajo social muy importante en las regiones productivas. Es la primera vez que tenemos un territorio con ese nivel de organización y participación.

-Y en cuanto a los retrocesos…

-Lo que sí tenemos es una pérdida en otros aspectos, como el trabajo de las ongs a nivel país que hacen a la visibilización. Lo que corresponde ahora es trabajar por una ley de paridad enmarcada en el artículo 48 de la Constitución Nacional porque el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que dificulten el protagonismo de las mujeres. Necesitamos un proyecto de paridad para avanzar como se merece. Bolivia y Chile lo hicieron. En particular el último país ha tenido una fórmula distinta que se llama paridad de resultados, en el que tiene que haber una diferencia de uno entre hombres y mujeres.

-El debate sobre la paridad ha quedado en segundo plano actualmente en Paraguay.

-Los argumentos que se usaron contra la paridad en nuestro país fueron lamentables. Paraguay no puede estar tan rezagado. Hay un silencio pesado en cuanto al debate sobre paridad que se siente mucho en el departamento Central y la capital. En el sur hubo una movida muy grande pero en el resto del país no se escuchó. Creo que la gente se mueve allá; acá está invisibilizado en este momento, este es un contexto muy difícil y espero que se pueda reactivar muy pronto.

-¿Este contexto difícil es por la falta de debate o por la irrupción de la pandemia?

-Se dejó de lado el debate pero no por una sola causa, también hay resistencias muy grandes y penosas en el Paraguay, el debate tiene que seguir y yo espero que haya una reafirmación alrededor de las elecciones municipales, que se pueda discutir y ver con los resultados de las candidaturas. Hay una muy baja representación de las mujeres (ver recuadro, abajo). Hay un reconocimiento social de que la democracia no es tal sin la representación de las mujeres. Nos queda claro que es un signo atraso brutal la baja representación de las mujeres. Sin eso no podremos avanzar.

Una lucha desde 1907

-En estas seis décadas de acceso al derecho al sufragio, ¿cómo fue el rol de la mujer?

-Paraguay fue el último país del continente que logró el voto. Como antecedente, luchamos en forma constante por lo menos desde 1907, Serafina Dávalos aporta en sus tesis tanto el derecho a votar y el derecho a la investidura de las mujeres. Tiempo después, en plena dictadura stronista, se promulga este derecho. Una particularidad es que en esta época política solamente se votaba por el acceso a cargos en las concejalías municipales (los intendentes eran nombrados por decreto) y eso facilitó el acceso a un cargo votado.

-En democracia las cosas fueron distintas.

-Recién en 1991 es que se da la primera lección de intendentes municipales y ahí si hubo mayor participación, inclusive con mujeres que accedieron a cargos en distintos lugares del país. En el año 1993 en las primeras elecciones nacionales es cuando tenemos mujeres como senadoras y diputadas.

Bareiro puntualiza que algo muy curioso es que en la dictadura en los puestos políticos siempre había una representación femenina por partido político en diversas instancias del quehacer político. Luego, “en democracia se trabajó muchísimo de diferentes maneras por avanzar. Las organizaciones sociales tienen diferentes instrumentos: los maestros, huelgas; los campesinos, cierres de rutas y las mujeres lo que tenemos es la palabra. Vamos avanzando a fuerza de tener razón y hay medidas que se pueden tomar (para esos avances)”, refiere. Un dato no menor es que en lo referido a la participación, actualmente tenemos la medida más baja del continente con un 20% de cuota para las internas de los partidos políticos. “Es la más baja y a nivel parlamentario estamos en último lugar junto con Brasil”, enfatiza.

ABC / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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4) REPÚBLICA DOMINICANA ELIMINA DISCRIMINACIÓN AL COLECTIVO LGBT+ DE SU CÓDIGO PENAL

La tarde del último día del mes del orgullo por la diversidad sexual y genérica, la Cámara de Diputados de la República Dominicana votó a favor de eliminar de su Código Penal la orientación sexual y la identidad de género como motivos para el delito de discriminación y como agravantes en casos de asesinato o tortura.

Con el nuevo Código Penal, el artículo 186, que tipifica el delito de discriminación, se castigarán “actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos”. Se excluyeron en la lista de supuestos la orientación sexual y la identidad de género, que se incluían antes de la modificación al código.

El miércoles 30 de junio también se modificó el artículo 97, que define homicidio agravado, y el artículo 118, que tipifica las torturas, para dejar de considerar como agravantes la orientación sexual y la identidad genérica en estos delitos. Las modificaciones fueron aprobadas con 92 votos a favor y 35 en contra en el pleno de la Cámara de Diputados.

Además de expresar su rechazo en redes a través de hashtags como “DontComeToRD (No vengas a República Dominicana), activistas del país centroamericano y organizaciones como Diversidad Dominicana y Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans se manifestaron el pasado 5 de julio frente al Congreso Nacional de la República Dominicana para expresar su repudio a la nueva iniciativa que aún debe ser aprobado por el Senado.

“El nuevo Código Penal, que exlcuye la discriminación por orientación sexual, además de invisibilizarnos, fomenta aún más la discriminación, debido a que otorga permiso para hacerlo sin un régimen de consecuencias”, denunciaron los manifestantes.

Desinformémonos/ COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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5) URUGUAY: HUBO 12 FEMICIDIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

En 75% de los casos los femicidas se suicidaron o intentaron matarse.

Los casos de femicidio han registrado una baja en los últimos años. En 2018 hubo 35 femicidios. En 2019 se registraron 25 casos de femicidio. En 2020 hubo 16 femicidios. Sin embargo, en 2021 se espera que esta cifra aumente, ya que sólo en el primer semestre de este año hubo 12 femicidios en Uruguay.

El promedio de edad de las mujeres asesinadas es de 36 años. El promedio de edad de los femicidas es de 43 años. En ocho de los 12 casos (67%), el femicida fue la pareja de la mujer, y en cuatro (33%) el responsable fue su expareja. En la mitad de los casos los femicidas usaron armas blancas. 33% cometieron los homicidios con armas de fuego. En un caso (8%) la mujer fue asfixiada y en otro (8%) fue quemada.

La mitad (50%) de los femicidas se suicidaron. Tres (25%) intentaron suicidarse y no pudieron. Tanto los que intentaron matarse (3) y no pudieron como los que fueron detenidos (2) fueron sometidos a la Justicia. Representan a 42% del total de femicidas. Uno fue liberado por falta de pruebas mientras continúa la investigación. La mayoría de los femicidios ocurrieron en viviendas. Fueron 83% de los casos, diez de los 12 femicidios. Dos de los hechos (17%) ocurrieron en la vía pública. En la mayoría de los femicidios no había denuncias previas por violencia doméstica. En 83% (diez de los 12) no había denuncias previas. Sólo en dos casos (17%) había una denuncia previa.

25% de los femicidios fueron en Montevideo, el restante 75% fue en el resto del país. Tacuarembó es el departamento con más femicidios, con tres casos (25%), seguido por Cerro Largo (17%) con dos casos y Canelones, también con dos casos (17%). En Florida se registró un caso (8%) y en Río Negro también hubo un caso (8%).

Siete de las mujeres que fueron asesinadas eran madres. En cinco de los casos no se cuenta con la información.

Caso a caso

#1 Carolina Escudero

Carolina Escudero tenía 27 años y era mamá de un niño de tres años. La desaparecieron el 11 de enero, cuando iba al trabajo de su expareja, de la que se había separado diez días antes. Al otro día el hombre radicó una denuncia policial. Tras ser indagado, se mató. También tenía 27 años. Le dejó un mensaje a su madre diciendo que se mató “porque lo iban a acusar de algo que no hizo”. Encontraron el cuerpo de Carolina en Florida el 22 de enero. Tenía tres impactos de arma de fuego. Estaba semicalcinado en un pozo, en el que derrumbaron piedras para ocultarlo. Su cuerpo fue derivado a la morgue y días después su cráneo apareció en una planta de reciclaje. En abril se confirmó que el femicida fue su expareja y el caso se archivó. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#2 Rosmari Fernández

Rosmari Fernández tenía 23 años cuando fue apuñalada por su pareja el 4 de febrero. El hecho ocurrió en la casa que compartían en Isidoro Noblía, una localidad cercana a Melo, en Cerro Largo. Su femicida, Junior Techera, también de 23 años, se suicidó. Era militar y había sido dado de baja de la fuerza porque había intentado matarse en una unidad militar. El hijo de ambos, de cinco años, estaba en la escena del hecho y fue encontrado al otro día en el lugar. No había denuncias previas de violencia doméstica, su familia dijo a los medios que “ella sufría violencia pero no logró radicar la denuncia”. Había recibido asistencia de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

#3 Dania

Dania fue atacada el 8 de febrero en la vía pública por su pareja cuando salía de su trabajo. Ella tenía 26 años y él, 25. Le disparó y luego se mató. La mujer llegó a ser trasladada a un centro de salud e intervenida quirúrgicamente, pero falleció horas después. El hecho ocurrió en la zona de la Unión, en Montevideo. Ambos habían llegado de Cuba hacía un tiempo junto con su hijo pequeño y vivían en Ciudad Vieja. El niño estaba al cuidado de unos vecinos cuando sucedió el hecho. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#4 Leticia Coll

Leticia Coll fue asesinada el 7 de marzo. Tenía 43 años y trabajaba como guardia de seguridad. Fue atacada por su expareja, de 45 años, cuando volvía de trabajar. El hecho ocurrió en la vía pública, en Sauce, Canelones. Cuando bajó del ómnibus fue interceptada por el hombre, que le disparó y se mató. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#5 Nombre omitido en los medios

Una mujer de 31 años fue asesinada el 25 de marzo por su pareja, un hombre de 40 años. El femicidio ocurrió en la casa donde convivían, en la zona de Casavalle, en Montevideo. El femicida se presentó ante la Policía horas después y confesó que asfixió a la mujer. Cuando constató que no respiraba, intentó suicidarse con cortes en las muñecas. Al no lograrlo, se entregó a las autoridades unas horas después. La mujer era madre de una niña de cinco años. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#6 María Correa

María Correa tenía 29 años cuando fue asesinada por Gil da Silva, de 89 años. El hecho ocurrió el 20 de abril, en una vivienda del Banco de Previsión Social en Tacuarembó. Tras apuñalarla, el hombre se mató. La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una trabajadora social que visitaba al hombre y que pasó días sin poder ubicarlo. La casa estaba cerrada por dentro y un cerrajero tuvo que abrirla. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#7 Mirta Correa

Mirta Correa, de 60 años, fue asesinada en su casa el 29 de abril por su pareja, Adhemar Píriz, de 66 años, en Tacuarembó. Luego de apuñalarla, se mató. Un sobrino de la pareja llamó a la Policía porque no le contestaban las llamadas; como la casa estaba cerrada del lado de adentro, la Fiscalía autorizó el ingreso de la Policía. Había antecedentes de violencia doméstica; la mujer lo había denunciado el año pasado y la Justicia había tenido intervención.

#8 Nombre omitido en los medios

Una mujer de 37 años fue apuñalada el 19 de mayo por su pareja, de 34 años, en una vivienda en Malvín Norte, en Montevideo. El hombre llamó a la Policía y dijo que “se apuñalaron mutuamente en una discusión”. La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde falleció. El hombre fue detenido en el lugar. También fue detenida su madre, de 54 años, de la que se informó que habría participado en el hecho. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#9 Claudia Bique

Claudia Bique tenía 45 años y era madre de tres hijas. El 16 de mayo recibió quemaduras en 90% de su cuerpo. Falleció 18 días después. El hecho ocurrió en un establecimiento rural de Cerro Largo. Antes de perder la consciencia acusó a su pareja, un estanciero de iniciales HMD, de haberla quemado. La mujer declaró que fue su pareja quien la roció con nafta y la prendió fuego. El hombre, que acompañó a la mujer al hospital, dio otra versión. Señaló que hubo una “discusión” y la mujer se “autolesionó” rociándose con nafta y prendiéndose fuego. Fue liberado por “falta de pruebas”. El hecho continúa siendo investigado. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#10 Elizabeth Tamareo

Elizabeth Tamareo tenía 38 años. Fue asesinada el 20 de junio por su expareja, JLMT, de la misma edad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda en Young, Río Negro. La mujer fue apuñalada. Vecinos se alertaron por los gritos y se acercaron al lugar. La trasladaron a un centro de salud, pero cuando llegó ya estaba muerta. Si bien estaban separados desde hacía algunos meses, compartían vivienda. Vivían allí también sus dos hijas, de cuatro y nueve años, que estaban en el lugar cuando ocurrió el crimen. Al momento de ser detenido, el hombre se atrincheró en el baño de la vivienda y se intentó suicidar. Fue trasladado a un centro de salud, y horas después dado de alta. El hombre está en prisión preventiva. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#11 Soraya Castro

Soraya Castro, de 51 años, recibió un impacto de bala en la cabeza en un presunto femicidio el 30 de junio. El hecho ocurrió en Ciudad de la Costa, Canelones. Su pareja, de 62 años, estaba en la escena y fue quien llamó a la Policía. Inicialmente solicitó auxilio diciendo que la mujer se había suicidado. Luego cambió la versión y dijo que “no sabía qué había pasado”. Tras plantear distintas hipótesis, fue detenido por la Policía. En el dormitorio se encontró un arma, que estaba guardada al costado de la cama. Bajo la cama donde estaba la mujer se encontró un casquillo de bala. El casquillo no coincide con el arma que se encontró, por lo que se busca otra arma. El hombre permanece detenido. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#12 Eliana Fernández

Eliana Fernández fue asesinada el 30 de junio. Tenía 18 años. Su expareja la apuñaló en su casa en Tacuarembó. En el lugar estaba la hija de ambos, de seis meses. La mujer además era madre de otro niño de tres años. El femicida tiene 22 años y tenía una orden de restricción de acercamiento a su expareja, después de que ella lo denunciara ante la Justicia por violencia doméstica en mayo. No tenía tobillera electrónica. Tras atacarla intentó suicidarse cortándose las muñecas y el cuello. Luego fue a la estancia en donde trabaja y los dueños del lugar alertaron a la Policía sobre lo sucedido. Fue detenido y trasladado a un centro de salud.

Tentativas

Además de los 12 femicidios, hubo al menos seis tentativas de femicidios en 2021. Todas se registraron en el interior del país. Dos fueron en Canelones, el resto fueron en Treinta y Tres, Río Negro, Cerro Largo y Artigas.

Las mujeres tuvieron que ser derivadas al CTI en cuatro de los seis casos. En cuatro de los casos los atacantes usaron armas de fuego y en dos fueron armas blancas. Cuatro de los agresores fueron imputados y están presos. Uno se suicidó y del otro se desconoce si continúa prófugo o fue sometido a la Justicia.

Una mujer de 32 años fue atacada por su pareja de 35 años en Barros Blancos, Canelones, el 21 de febrero. El agresor apuñaló a la mujer varias veces. La hija de ambos, de ocho años, medió en la situación y le rogó que no la matara. El agresor se presentó en la comisaría de Barros Blancos y dijo que había apuñalado a su pareja. La Policía fue a la vivienda y encontró a la mujer herida, que fue asistida por personal de salud. Le diagnosticaron “múltiples heridas cortantes, cuello, antebrazo axilar, rostro, miembro superior derecho”. La mujer declaró que había sido víctima de violencia doméstica antes por parte del hombre. El agresor fue detenido e imputado por los delitos de violencia doméstica agravada y lesiones personales. Fue imputado por lesiones.

Una mujer de 61 años estaba en su casa en Santa Lucía, Canelones, cuando su expareja, un hombre de 66 años, la sorprendió y la amenazó con un arma. El hecho ocurrió el 23 de febrero. El hombre se había escondido en el patio de la finca. La mujer logró ingresar al domicilio y se encerró. Desde allí llamó al 911. El hombre efectuó un disparo contra la puerta. Cuando llegó la Policía, el hombre se atrincheró. Amenazó a los policías con el arma y dijo que se iba a matar. La Policía inició una negociación y así pudo reducir al hombre. Fue detenido y derivado a la Justicia. Se le imputa homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa en reiteración real, con un delito de atentado especialmente agravado.

Una mujer de 40 años fue atacada por su pareja, ECE, de 71 años. El hecho ocurrió también el 23 de febrero en Fray Bentos, en Río Negro. Le disparó con un arma de fuego. Fue intervenida quirúrgicamente e ingresada al CTI en estado crítico; luego inició un proceso de recuperación. Después de dispararle a su pareja, el agresor se fugó. Más tarde se presentó ante la Policía. Fue formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por considerarse femicidio en grado de tentativa. No había denuncias previas de violencia doméstica.

Una mujer de 24 años fue atacada el 6 de marzo con un arma blanca por su expareja, un militar de 25 años. La apuñaló en la vía pública en Melo, Cerro Largo. La mujer fue ingresada a un centro hospitalario, donde fue intervenida. Estuvo en el CTI en estado reservado y se recuperó. Hacía ocho días que el hombre tenía una tobillera electrónica por orden judicial. Fue la primera tentativa de femicidio en el marco del programa de tobilleras electrónicas. El agresor fue detenido en su domicilio y fue derivado a la Fiscalía. Tiene un hijo en común.Una mujer de 34 años fue herida de bala el 10 de marzo en su casa, donde se encontraba con sus hijos, en Artigas. La mujer fue trasladada a un centro de salud donde estuvo en el CTI. Su pareja, el principal sospechoso, se fugó tras el hecho. Tenía una denuncia de violencia doméstica de 2018.

Una mujer de 41 años fue atacada el 16 de abril por su pareja, de iniciales JF, de 59 años, en Treinta y Tres. El hombre le disparó con un arma de fuego y la hirió de bala en la cabeza. La mujer fue trasladada a un centro de salud de Montevideo, donde estuvo en grave estado en el CTI. El hombre se suicidó después. No había denuncias previas por violencia de género.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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6) URUGUAY: COLECTIVOS LGBTI PUSIERON EN COMÚN LAS ESTRATEGIAS DESPLEGADAS PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

La crisis agudizó las problemáticas que vivían las disidencias, pero también activó la solidaridad, que tuvo que encontrar nuevos medios para expandirse.

La llegada del coronavirus a Uruguay, hace ya 16 meses, impactó de distintas formas en la vida de las personas LGBTI. El desempleo, la pérdida total o parcial de ingresos y, en algunos casos, la profundización de la precarización laboral que ya vivían derivaron en situaciones en las que no estaban garantizadas necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda. Al mismo tiempo, se sumaron las dificultades en el acceso a la atención de la salud, los obstáculos para permanecer en el sistema educativo y los efectos psicológicos de la pandemia en poblaciones que muchas veces se vieron expuestas a episodios de violencia intrafamiliar o de pareja en el contexto del encierro.

Frente a este escenario complejo, los colectivos LGBTI tendieron redes y organizaron la solidaridad. Desde sus lugares de incidencia, gestionaron ollas populares, armaron canastas de alimentos, coordinaron encuentros virtuales para brindar información y asesoramiento e incluso impulsaron un estudio para conocer la situación de las personas trans, que fueron especialmente afectadas.

En el marco del Mes del Orgullo LGBTI, representantes de algunos de estos grupos compartieron las experiencias en el conversatorio virtual “Pandemia disidente: desafíos y oportunidades en el contexto de la emergencia sanitaria”, organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. La actividad estuvo moderada por la activista trans Delfina Martínez y contó con los saludos de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el director de la Secretaría de la Diversidad, Sergio Miranda. Participaron integrantes de las organizaciones Trans Boys Uruguay (TBU), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), No Binaries Uruguay y Ovejas Negras.

Además de poner en común los nuevos problemas que surgieron y las estrategias para hacerles frente, los colectivos explicaron de qué manera han tenido que repensar las formas de militancia y reflexionaron sobre las perspectivas a futuro. Tanto para gestionar la solidaridad como para continuar la lucha, la tecnología apareció en algunos casos como una gran aliada.

La situación de las personas trans
La discriminación a la que se enfrentan las personas trans durante toda su trayectoria de vida constituye una barrera para el acceso a un empleo remunerado, según reveló la primera Encuesta Nacional de Personas Trans, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2016. Como consecuencia, la mayoría vive de empleos temporales o “changas”, y el trabajo sexual aparece como la primera opción laboral. La llegada de la pandemia profundizó esta precarización o directamente mermó todas las posibilidades de trabajo, y muchas personas quedaron en situación de desamparo.

En un intento de dar respuesta, CTU lanzó una campaña de donaciones para armar canastas de alimentos dirigidas a personas trans de todo el país. A la vez, en Montevideo puso en marcha la “olla popular trans” del Cerrito de la Victoria, que brindó almuerzos o meriendas, según el día de la semana. En poco tiempo, el colectivo recibió ayuda de otras organizaciones sociales, sindicatos y personas anónimas, que donaron alimentos y productos de higiene. Parte de la ayuda iba a las trabajadoras sexuales trans y a mujeres trans privadas de libertad, explicó durante el conversatorio Collette Spinetti, presidenta del colectivo. A su entender, la única respuesta posible ante la crisis era “estar y meter las patas en el barro”.

Cuando inició la campaña, en marzo de 2020, se gestionaban alrededor de 20 canastas en Montevideo. Hoy en día, CTU envía 367 canastas para personas trans “de todo Uruguay”, aseguró Spinetti.

“Tuvimos que saldar una distancia entre el derecho y el acceso al derecho”. Collette Spinetti, Colectivo Trans del Uruguay
En muchos casos, la pandemia destapó otras problemáticas que vivía esta población. La activista contó, por ejemplo, que muchas compañeras trans mayores pedían que las canastas se mandaran “a nombre de Juan Pérez” porque no habían realizado aún el cambio de nombre y sexo registral, tal como establece la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018. “Cuando les preguntábamos por qué, nos decían que no sabían llenar un formulario. Entonces tuvimos que saldar una distancia entre el derecho y el acceso al derecho”, explicó Spinetti. Lo mismo pasó con el trámite para acceder a la pensión reparatoria que la normativa contempla para aquellas personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad debido a su identidad de género.

También aparecieron casos de violencia, especialmente en las redes sociales, en los que el colectivo estuvo “todo el tiempo interviniendo y denunciando”. Otro problema que hubo que asistir fueron los desalojos.

Algunos de estos elementos aparecieron en el informe La situación de las personas trans residentes en Uruguay durante la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en abril de este año por CTU, recordó Spinetti. El documento sistematiza y analiza los datos recabados en un sondeo realizado entre julio y setiembre de 2020 a 135 personas trans que residían en distintos puntos del país. Las preguntas –que abordaron cuestiones vinculadas a la situación laboral, la atención a la salud, el acceso a los servicios básicos y el vínculo con el sistema educativo– fueron respondidas a través de formularios de Google. El informe no pretendía ser una investigación académica, sino un primer acercamiento a la situación.

Niñeces y adolescencias trans: otros desafíos
“Lo que no se nombra no existe, y eso siempre pasó con las infancias y con las adolescencias trans. Es como que la persona trans nace, aparece y se determina en la adultez, entonces las niñeces y las adolescencias quedan totalmente en un segundo plano”. Así inició su intervención Eduardo Cheda, integrante de TBU –colectivo que nuclea a varones trans y a sus familias– y, sobre todo, papá de Agustín. Cheda dijo que, además, las niñas, niños y adolescentes trans no suelen organizarse en colectivos para visibilizar sus experiencias y reclamar por sus derechos, por lo que a las madres y los padres les toca ser “la voz”.

En la misma línea que Spinetti, el representante de TBU aseguró que la pandemia agudizó las problemáticas estructurales que atraviesan a la población trans, pero también, en algunos casos, “sirvió como escudo, por ejemplo, para los prestadores de salud privados, para no empezar a cumplir ciertas cosas que la ley trans exigía”. Cheda aseguró que su familia lo vivió en carne propia: “Mi hijo, que estaba en un servicio de salud privado, tenía que hacerse la masculinización pectoral, una operación que primero le estiraron y después le negaron el acceso. Hicimos la denuncia correctamente al Ministerio de Salud Pública, lo cual obligó a este prestador de salud a hacer el procedimiento, pero la realidad es que él se cambió para uno de los dos prestadores de salud privados que habían formado un equipo como exige la ley”. Agustín finalmente pudo hacerse el procedimiento, “pero demoró un año más”.

Cheda aseguró que la pandemia impuso “nuevos desafíos”, que “continuamente” empujaron al colectivo a “transformarse, reinventarse y buscar otros medios de ayuda”. Uno de los principales medios de ayuda fue la tecnología, que el activista describió como una “solución” que permitió que la comunicación se mantuviera y acercó al colectivo “al Uruguay profundo”. Gracias a la virtualidad, por ejemplo, se pudo organizar un conversatorio con la endocrinóloga argentina Fabiana Reina, en el que participaron más de un centenar de profesionales de la salud, incluidos “endocrinólogos, pediatras, psicólogos y sexólogos”.

Para las madres y los padres que participaron también fue una instancia enriquecedora. “Son nuestras hijas y nuestros hijos, son lo que más queremos en el mundo, y los procesos que desconocemos nos dan mucho miedo e incertidumbre. Entonces, la idea era aportar este conversatorio a un padre, darle la información básica, para que cuando mañana vea a un endocrinólogo y este le diga ‘vamos a hacer tal y tal cosa’, sepa de qué le están hablando”, explicó Cheda.

Para evacuar dudas acerca de los procedimientos, TBU también generó un espacio de consultas con el médico familiar y comunitario Daniel Márquez, que se especializa en la atención a personas trans. “Es algo muy angustiante tanto para los padres como para les hijes, que también tienen dudas y no tienen con quién consultar, porque en las sociedades médicas tampoco tenés endocrinólogos que estén correctamente asesorados, cada uno utiliza su librito”, señaló Cheda. El papá de Agustín agregó que estas consultas fueron “de mucha ayuda” para las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en un contexto en el que no tenían clases presenciales y estaban encerrados en sus casas.

La lucha de las personas no binarias

No Binaries Uruguay se define como un colectivo “antirracista y antipatriarcal” de personas no binarias autoconvocadas. Forma parte del Bloque Trans y Disidente y se creó a principios de 2020, poco antes de que irrumpiera la covid-19 en el país. ¿Qué desafíos supuso la pandemia en medio de este proceso de conformación? ¿Cuál es el centro de su lucha?

Cami González, integrante del colectivo, explicó que lo más “urgente” en su proceso de militancia es que se habilite a las personas no binarias a realizar el cambio de nombre y género registral, algo que está previsto en la ley trans pero no en los formularios del Registro Civil, que están diseñados en clave binaria. “Si bien en el inciso C del artículo 4 de la ley trans se reconoce a las personas que no se identifican con lo binario como personas sujetas de derecho, al momento de iniciar los trámites nos encontramos con formularios pensados de manera binaria, por lo que para hacer el cambio tenemos que elegir entre dos únicas opciones con las cuales no nos identificamos”, explicó González.

Esta es la lucha principal, aseguró, porque “es el puntapié inicial para poder acceder a todos los otros derechos”. Por ejemplo, el acceso al trabajo en los llamados públicos, cuyos formularios tampoco contemplan las identidades no binarias. “Hacemos hincapié en esto porque el trabajo es un derecho humano básico y necesitamos trabajar, más en este contexto de pandemia, en que muchísimes compañeres han perdido su sostén laboral y la panza hay que llenarla”, dijo González.

No Binaries Uruguay también exige que el colectivo esté contemplado en las políticas públicas. En esa línea, González dijo, por ejemplo, que las personas no binarias no tienen acceso a la Tarjeta Uruguay Social que otorga el Mides a las personas trans, porque el formulario está pensando en términos binarios. Lo mismo sucede con las canastas para personas trans que entrega ese ministerio. “Hay una necesidad de militar porque si hay una ley, y esa ley nos contempla, hay que exigirle al Estado que la cumpla”, afirmó; “son un montón de cuestiones que apuntan a la vida digna que tanto deseamos tener”.

Acerca de la visibilización cada vez más notoria de las identidades no binarias, González recordó que “siempre existieron”, pero que su lucha es más visible ahora, sobre todo en el contexto de la pandemia, porque “ha habido un uso de las herramientas tecnológicas que ha ayudado”.

“Un contexto de mayor vulnerabilidad para el colectivo LGBTI”
Ovejas Negras también trabajó desde el inicio de la pandemia para dar apoyo a las personas LGBTI que se vieron afectadas. Por eso, en abril de 2020 el colectivo lanzó un proyecto bajo el hashtag #OrganizandoSolidaridad con el objetivo de recaudar fondos para entregar canastas de alimentos a población LGBTI a través de almacenes barriales de todo el país. “Lo que hacíamos era juntar el dinero a través de redes y del apoyo de la sociedad en general, para realizar estas compras en los almacenes barriales, que también generaban convivencia en lo que tiene que ver con el barrio y con la comunidad”, explicó María Vicente, integrante del colectivo. La idea era articular con colectivos territoriales de otros departamentos, “donde realmente surgiera la demanda”, puntualizó. Además, mediante esta misma metodología, Ovejas Negras apoyó a diferentes ollas populares, incluida la que gestiona CTU. Estas iniciativas solidarias se desarrollaron hasta que terminó el año, porque el colectivo “no lo pudo seguir manteniendo”, explicó Vicente.

Actualmente, Ovejas Negras está presente en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, “monitoreando con otros colectivos todo lo que tiene que ver con las funciones del Estado”, y trabaja en cursos de salud que se llevan adelante desde 2013 junto con las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de la República y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Acerca del impacto de la pandemia en la militancia, la activista dijo que la virtualidad por un lado “acerca a los territorios” y “genera mayor presencia en los plenarios”, pero por otro lado deja “excluida a una parte de la población, que no puede acceder” a las herramientas digitales. “Esta es una crisis sanitaria, económica y social, pero que también reinventa de otra manera el capitalismo y sus modos de producción, porque nos estamos acostumbrando a las tecnologías y a la no presencialidad, y creo que como militantes de territorio tenemos que tener en cuenta estas nuevas modalidades, que engañan porque por una parte acercan, pero a la vez alejan a una parte de la población”, cuestionó, y agregó: “La consecuencia de esta crisis la estamos atravesando todo el colectivo LGBTI y esto nos posiciona en un contexto de mayor vulnerabilidad, como ciudadanos y como militantes”.

Stephanie Demirdjian / La diaria / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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7) SILVINA MONTEROS: “LAS MUJERES MIGRANTES QUE DECIDEN SALIR DE SITUACIONES DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN CON MUROS”

Un reciente informe desgrana las dificultades que enfrentan las mujeres migrantes —sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia de género— para denunciar a sus agresores. Silvina Monteros es una de las investigadoras que integran este proyecto.

Dice Silvina Monteros, profesora en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Granada e integrante de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que le resulta difícil no extenderse al hablar del trabajo que su organización junto a la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) vienen realizando en los últimos años. Se trata de un esfuerzo cuantitativo y cualitativo que persigue entender cuál es la incidencia de la violencia de género entre las mujeres migrantes y cómo viven esta situaciones, cuáles son los factores de vulnerabilidad que conllevan su sobrerrepresentación en las estadísticas, y qué obstáculos enfrentan para salir de allí.

Una realidad, como afirma la investigadora, compleja y con múltiples aristas, a la que se han intentado acercar con un estudio publicado recientemente, Tirar del Hilo, en el que a través de las historias de mujeres migrantes supervivientes de violencia de género, se hacen visibles situaciones, miedos, y abandonos, que muchas veces solo alcanzamos a intuir cuando los nombres de mujeres migrantes asoman en las noticias que hablan de la última embestida de la violencia machista.

La lectura de vuestro informe, Tirar del Hilo, aporta mucha información sobre la situación de las mujeres migrantes supervivientes de violencia. Información a la que no es fácil tener acceso, o no está en el debate público.
Empezamos con un primer informe en el año 2018. Nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe está conformada por diversas organizaciones lideradas por mujeres migrantes, y algunas de esas organizaciones realizan intervención directa —por ejemplo Malen Etxea en el País Vasco, Por ti Mujer en Valencia, Amalgama en Madrid, o Mujeres Pa’lante en Barcelona— y entonces ya teníamos constancia de que muchas mujeres llegaban a estas asociaciones demandando ayuda, apoyo, acompañamiento frente a la violencia de género.

Por aquel entonces —y todavía—, circulaban discursos que de alguna manera dicen que las personas migrantes procedemos de países donde reina el patriarcado, hay más machismo, que los hombres inmigrantes están sobrerrepresentados en las cifras como agresores —salió de hecho una publicación en un periódico por esas fechas que hablaba de esa sobrerrepresentación de agresores inmigrantes—, sin embargo, la constatación en la intervención que realizaban las compañeras era otra, decidimos explorarlo ya de una manera seria, haciendo una exploración de los datos, también para ver cuál estaba siendo la realidad y poder contestar a esos discursos de derecha y xenófobos o directamente racistas.

No es la primera vez que nos planteamos investigar la realidad de las mujeres migrantes, llevamos desde el año 2014 haciendo investigación. Además, es algo muy importante para nosotras porque somos mujeres migrantes haciendo investigación sobre mujeres migrantes, es una parte importante de nuestro trabajo porque tiene que ver con nuestro posicionamiento, no solo como personas que trabajamos en asociaciones o que investigamos, sino con nuestro activismo político. Entonces, en 2018 comenzamos esta tarea de analizar.

¿De qué fuentes partíais?

Por aquel entonces contábamos con los datos publicados, con los datos oficiales sobre violencia de género. Datos que provienen de muy diversas fuentes, aunque ahora mismo sí que es cierto que hay una unificación de fuentes por parte del boletín sobre violencia de género que sale publicado por el Observatorio y la Delegación de Gobierno, pero siguen siendo fuentes muy diferentes que provienen del Poder Judicial, del VioGen de las fuerzas de seguridad, de las instituciones que atienden o de diferentes programas, como puede ser el Atempro o la atención telefónica. Hay que explorar todas esas fuentes por separado, y lo que hicimos fue eso, de todas esas fuentes analizar cuáles eran los datos específicos sobre mujeres migrantes.

Si bien nosotras ya intuíamos algo, ahí teníamos ya la evidencia de esa sobrerrepresentación de la violencia de género en mujeres migrantes y luego encontramos otros datos que nos dejaron muy sorprendidas: por un lado las mujeres migrantes son en una proporción alta víctimas de violencia de género, pero cuando vamos a comprobar las cifras sobre protección, como pueden ser las órdenes de protección, sobre su paso por los procedimientos judiciales, o sobre los mecanismos de atención o de apoyo, ahí el porcentaje descendía. Esto nos llevó a pensar que, a pesar de esa sobrerrepresentación de la victimización, hay una menor protección y una menor atención y ayuda hacia las mujeres migrantes.

Otro dato importantísimo es que la victimización de mujeres españolas por violencia de género por parte de los hombres extranjeros estaba en torno a un 9%, eran cifras menores, sin embargo la victimización de mujeres migrantes por parte de hombres españoles era bastante alta. Esto también nos daba la pauta para contestar a esos discursos racistas y, por otra parte, para poner en evidencia una realidad.

¿Es entonces cuando decidís abordar una investigación más cualitativa?
Los datos no nos responden a las preguntas que surgen a partir de esa primera investigación. ¿Por qué esta representación tan grande de migrantes entre las víctimas de violencia de género, y esa desprotección ante los procedimientos? ¿Por qué ese acceso tan deficitario a ayudas que son específicas para víctimas de la violencia de género? Y, en definitiva, ¿cuál es la situación de las mujeres migrantes cuando viven este tipo de violencia y cuando quieren denunciar o pedir ayuda? Como los datos no nos responden decidimos hacer un estudio cualitativo que nos pudiera responder.

Y en ese estudio cualitativo, ¿qué situaciones y sentires se repiten?
Decidimos recoger historias de vida, podríamos haber hecho solo entrevistas y contestarnos a esas preguntas, pero nos dimos cuenta de que tampoco las entrevistas nos solucionaban mucho, porque ahí al hacer nosotras las preguntas acotamos las respuestas. Decidimos —son todos procesos de decisión de equipo— que lo que mejor podía recoger lo que les estaba pasando era recoger sus historias, directamente, incluso que hablaran abiertamente sobre su proceso migratorio, sobre la presencia de la violencia en su historia personal, venga de sus países de origen, haya aparecido en el proceso migratorio o ya en España. Todo ello necesitábamos saberlo a través de una historia, de una historia que conecta unas situaciones con otras, que se van enredando, y van creando unas madejas que a veces son complicadas, son complejas.

Las historias se construyen a través de la voz de las mujeres supervivientes de violencia de género, pero también de lo que dicen los agentes que están en su entorno, como pueden ser quienes les atienden en ese proceso cuando ella pide ayuda. Para nosotras era también muy importante recoger los autos judiciales, las denuncias que habían interpuesto, las sentencias, los datos sobre los procesos de divorcio que intentaron interponer, también los informes de las entidades de atención, los informes psicológicos de las trabajadoras sociales. Queríamos saber también qué les decían, si bien ellas tienen una percepción de todo esto, queríamos también leer qué les contestan y qué les contestan por escrito. A partir de todo eso construimos las historias y analizamos sus claves.

En ese sentido, no puedo decir que tengan algo en común porque son historias muy diversas, con aspectos personales, familiares, económicos, formativos y de todo tipo muy diversos. Lo que sí que podría decir, como algo común en toda ellas, es esa enorme potencia vital de querer salir adelante, esa necesidad de las mujeres de no colocarse en una posición de víctima, de resolver estas cuestiones por su bien y por el bien de sus hijos y de sus hijas, de querer poner fin a esas situaciones, y encontrarse muchas veces con paredes, con fronteras, con muros, y aún así, desde esa precariedad más absoluta, seguir luchando.

¿En qué consisten esos muros, esas fronteras con las que se topan?

Aquí sí podríamos establecer algunos patrones. Tenemos el primero: cuando las mujeres piden ayuda en los servicios sociales o en los centros especializados de la mujer nos encontramos con una primera traba y es que para poder acudir a los servicios sociales tienen que tener autorización de residencia. Los servicios sociales no atienden a personas en situación administrativa irregular, les derivan directamente a las asociaciones del tercer sector. Entre ellas, si hay, alguna organización de migrantes. Es lo que suele pasar, que las derivan a nuestras organizaciones.

Obviamente en España la ley sí que regula —tanto la de extranjería como la 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género— la posibilidad de que las mujeres en situación de irregularidad que están inmersas en procedimientos judiciales por violencia de género puedan solicitar el permiso de residencia e incluso de trabajo, pero para llegar a este punto tiene que haber pasado un camino muy espinoso, porque para que pueda solicitarlo es necesaria una orden de protección judicial o un informe del Ministerio Fiscal. Para llegar a ese punto, primero tiene que haber denunciado, ya el paso de dar la denuncia es algo muy problemático en muchas mujeres, por circunstancias personales, familiares, sociales, y por el miedo también al agresor y a sus posibles represalias.

Vemos que hay una deficiencia muy grave de los centros especializados a la hora de atender a mujeres mucho antes para que en el momento en que ellas lleguen a interponer la denuncia se encuentren lo suficientemente fortalecidas y empoderadas como para no dejarse avasallar por todo ese aparato judicial y policial que se les va a venir encima. Psicológicamente tienen que estar muy preparadas y bien asesoradas jurídicamente. Vemos que falta ese tramo de preparación anterior, en este caso son mujeres migrantes, no sabemos si esa ausencia es para mujeres migrantes o si en general pasa eso.

¿Qué pasa cuando interponen la denuncia?

Ahí viene otro tramo de mantenerse firmes y de sustentar esa denuncia, porque ahí viene una situación muy complicada para ellas pues es cuando se le notifica al agresor que ha sido denunciado y si no es puesto a disposición inmediatamente, porque no se haya apreciado jurídicamente la peligrosidad o que la mujer necesita una orden de protección, entonces él pude quedar libre al día siguiente, hasta que se celebran los juicios. Esa es una situación muy complicada para ellas, las pone a ellas y a sus familias en riesgo. También es un momento en el que sobreviene la presión familiar, ¿por qué has denunciado? Incluso los hijos, las hijas pueden preguntar “¿qué has hecho con papá?”.

Son situaciones que sobrevienen sobre la mujer y que en un momento dado pueden hacerla desistir de continuar con el proceso, lo que se llama desistimiento de su derecho a declarar como testigo, que popularmente se conoce como retirar la denuncia. Esto es bastante común, y después no se sigue averiguando, el procedimiento sigue cuando las mujeres “retiran la denuncia”, pero la principal prueba de cargo es la palabra de la mujer, sobre todo si no hay pruebas físicas. Entonces es muy posible que esos juicios salgan sobreseídos, y ahí la mujer sigue estando en una situación bastante complicada frente al agresor. Es decir, que requiere una gran fortaleza mientras que esos servicios de atención especializados, si bien asesoran y están, no están presentes todo el tiempo a lo largo de todo el proceso. Ahí vemos que hay una falta muy grande.

¿Cómo afrontar este déficit?

En nuestra alianza entre la Red Latina y AIETI, con la cual desarrollamos estas investigaciones, se ha creado hace unos años un programa de promotoras comunitarias que son mujeres migrantes voluntarias. Se las forma y realizan ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso, están permanentemente con las mujeres. No solo están, sino que las acompañan, van con ellas al juicio, van con ellas a interponer la denuncia, van con ellas a los servicios de atención. Vemos que esto en los servicios de atención no se ha implementado y esto facilita que las mujeres se vean solas en un momento dado y al final retiren la denuncia y entonces todo va en su contra: no se consigue que el agresor sea condenado, este sigue suelto y puede seguir presionando o acosándola.

Luego vemos otro patrón que es el de las mujeres que deciden seguir adelante, a pesar de todo, y van a declarar y además luchan, por ejemplo, por la custodia de las hijas e hijos para que no se queden con el agresor, o por lo menos no tengan una custodia compartida. Ahí vemos la enorme desigualdad que hay, sobre todo en el caos de los agresores españoles, hay mucha desigualdad económica, quienes detentan la economía del hogar, incluso la propiedad privada de la vivienda donde residen suele ser también el agresor en varios de los casos que hemos recogido. Así, ellas quedan literalmente en la calle salvo que tengan hijos y el juez aprecie el delito de violencia y determine que ella se queda en esa vivienda con los hijos y las hijas, pero mientras estos sean menores de edad, que luego cuando se hagan mayores, si la propiedad no es suya tendrá que salir de esa casa.

Por último, muchas veces los agresores pueden pagarse abogados privados y, si son españoles, tienen el apoyo de toda la familia que intenta que no sea juzgado. Mientras, ellas están sin ese apoyo familiar, sin ese apoyo emocional, solas con abogados de oficio. Ahí también vemos, en todas las historias se cruza, esta cuestión de los abogados de oficio, la intervención que realizan, que podemos calificar de nefasta en la mayoría de los casos que hemos analizado. Les falta perspectiva de género, a veces sueltan comentarios que son totalmente machistas. Falta también una perspectiva intercultural e interseccional, cayendo incluso en el racismo de decirles abiertamente “vosotras estáis aquí a ver qué sacáis del Estado español”, comentarios de ese tipo. Hay que estar muy empoderada y muy fuerte psicológicamente para aguantar todos esos comentarios que se dicen impunemente a lo largo del procedimientos.

También identificáis factores de vulnerabilidad determinantes para que se den estas situaciones.

El principal determinante de vulnerabilidad es el estatuto jurídico. Muchas se encuentran en situación de irregularidad jurídica, pero las que se encuentran con autorización de residencia y/o trabajo están también en una situación precaria pues recordemos que se tratan de autorizaciones temporales. Incluso la que se concede en el marco de la ley de lucha contra la violencia de género es temporal, se concede hasta que salga la sentencia y en caso de que la sentencia sea favorable a la acusación del agresor. Son autorizaciones precarias porque están, o bien inmersas en un procedimiento judicial o bien son de un año renovable por uno o dos años más. En este sentido las personas y las mujeres migrantes tienen que estar en esta tensión permanente de tener que renovar esas autorizaciones, y para poder renovar tienen que trabajar, que cotizar a la seguridad social. Esto crea una ansiedad permanente de estar administrativamente regular en España.

Junto a la precariedad jurídica está la enorme soledad y aislamiento, sobre todo de las que recién llegan o están en sus primeros años en España, no tienen a su familia, sus redes son débiles, y además las redes con las que cuentan son de personas que también están en una situación similar de precariedad pues suelen ser redes migrantes. Quizás tengan un poco más de información pero no tiene recursos económicos o no conocen el entorno, entonces son unas redes que apoyan muchísimo con lo que tienen, con sus escasos recursos, pero en general son redes con un débil capital social y económico, brindan apoyo emocional pero las mujeres siguen encontrándose de alguna manera solas y aisladas. Si a eso le sumamos que han vivido una situación de violencia en la que han estado aisladas por parte del agresor, que no le ha permitido tener amigas, salir, contar sus problemas, ir a asociaciones, pueden ser mujeres que pasen muchos años sin conocer el entorno, las leyes.

Luego está el factor económico: toda esta situación de precariedad jurídica, de no reconocimiento de una ciudadanía plena, también les dificulta acceder a un mercado laboral estable para ser autónomas económicamente. Y a esto se añade que en la mayoría de ocasiones no se reconocen las titulaciones de origen porque hace falta un proceso de homologación que es muy costoso y muy farragoso. Muchas acaban decidiendo no hacerlo y por más que tengan un bachillerato o una titulación superior a muchas les cuesta desarrollar en España sus posibilidades laborales. Se ven reducidas a un mercado muy precario con bajos ingresos, también este factor económico es muchas veces el que les lleva a depender de los agresores, un factor importante de vulnerabilidad que incide para que no denuncien o para que retiren la denuncia.

Has mencionado la cuestión de las redes, en vuestro estudio les dais una gran importancia.

Hay mujeres que no las tienen directamente, uno de los casos que recogemos es el de una mujer marroquí casada con un español que la tuvo 15 años encerrada en la vivienda, hasta para ir a hacer las compras la acompañaba él. Tenemos este tipo de casos de mujeres que no tienen absolutamente ni una amiga. Y luego hay mujeres que tienen amigos que son también migrantes, que como he dicho antes, también tienen esas dificultades económicas y de capital social. Pero son redes muy importantes a la hora de que la mujer pueda tomar una decisión, pedir ayuda, y que se pueda sentir arropada. Y en todo caso, si las propias redes de amigas no pueden ayudarla, siempre le van a asesorar para que vaya a alguna entidad que ellas conozcan o les hayan dicho.

Nos hemos dado cuenta en el estudio de que hay muchas mujeres migrantes que confían más en las asociaciones de migrantes. Cuando ven una cara de su país de origen o de alguno de su región se sienten más arropadas, más comprendidas, porque en esas asociaciones de migrantes participan de manera voluntaria muchas personas que ya han pasado por procesos jurídicos, económicos, laborales, de falta de oportunidades, similares. Se sienten comprendidas y por ello acuden también a estas asociaciones ¿Qué es lo que pasa? En general estas asociaciones están también en una situación precaria porque dependen de subvenciones muy pequeñas, por proyectos, por año, y están muy ahogadas. De hecho, nosotras hicimos un estudio en 2014 de cómo habían vivido la crisis las organizaciones de mujeres migrantes, y muchas habían desaparecido por esa dificultad para el sostenimiento.

El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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