COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 – No. 427 / Miércoles 27 de agosto de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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NOTICIAS
ARGENTINA
1) VICTORIA MOYANO DETENIDA POR PROTESTAR
BOLIVIA
1) PIDEN PENA DE MUERTE PARA LOS ASESINOS DE MUJERES
2) FERIA DE PREVENCIÓN DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
3) INAUGURARÁN UNA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
COLOMBIA
1) MUJERES DENUNCIAN SUFRIR AMENAZAS POR CONFLICTOS POR TIERRAS
MEXICO
1) CRITICAN CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS
UGANDA
1) RETROCESO: LEY QUE ESTIGMATIZA A PERSONAS CON VIH/SIDA
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – MEXICO
DIEZ MUJERES PERIODISTAS, LÍDERES DE OPINIÓN
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ARGENTINA
1) VICTORIA MOYANO DETENIDA POR PROTESTAR
LA HISTORIA DE VICTORIA MOYANO, LA NIETA RECUPERADA QUE FUE DETENIDA POR PROTESTAR EN LEAR
El auto se mueve de un lado a otro pero Victoria Moyano Artigas sigue adentro. A los costados, un grupo de gendarmes lo empuja. Están en el kilómetro 31 de la Panamericana y la quieren llevar detenida. Ella sigue adentro, en la parte de atrás, abrazada a María Cháves, una docente e investigadora del Conicet. Minutos antes se había identificado, le había dado su documento al jefe del operativo y habían pactado una salida pacífica, pero algo no funcionó. Es la tercera vez que lo hacen: el modo de protesta consiste en que una caravana de autos bajo la consigna «Ninguna familia en la calle nunca más» pase a velocidad mínima por la puerta de la autopartista Lear. Una especie de piquete sobre ruedas que, hastaese viernes 8 de agosto, la Gendarmería no sabía cómo desactivar.
Ya no empujan. Ahora, los gendarmes empiezan a pegarle bastonazos a los vidrios del auto. Nadie se baja. Victoria resiste abrazada a María. Un vidrio se rompe y la agarran de los pelos. Tiran gas pimienta una, dos, tres veces. El auto es una olla a vapor. Los ojos se enrojecen. Pica la garganta. Rompen otro vidrio y sacan al conductor, Guillermo Pistonesi, presidente de un organismo por los Derechos Humanos (Ceprodh) y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Logran abrir las puertas de atrás con una barreta y la sacan a ella. Afuera todos gritan lo mismo. A los gendarmes, a los medios. Todos gritan que ella, Victoria, es una nieta recuperada. Que se están llevando a una nieta recuperada. Que están deteniendo a una nieta recuperada, dos días después de la aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela.
El camión de la gendarmería da vueltas, muchas vueltas. El viaje es largo y Victoria está sentada al lado de María, que no puede abrir los ojos por el gas. Es la primera vez en sus 35 años que la detienen y no entiende por qué no le hicieron una infracción de tránsito, como pasó otras veces. Haciendo equilibrio para no caerse de su asiento, piensa en los trabajadores de la autopartista Johnson Controls, hacia donde se dirigía la caravana para reclamar por despidos. También piensa en los de Lear, que están hace dos meses en conflicto, y teme por el accionar de Ricardo Pignanelli, el titular del Smata que tiene en la mira a la comisión interna de esa autopartista.
El camión se detiene en la sede que Gendarmería tiene en la órbita de Campo de Mayo, en Boulogne sur Mer al 800, Pacheco. Uno por uno les hacen los trámites de rigor a todos los detenidos. Están en una especie de comedor del lugar, con todos los gendarmes alrededor. Victoria tiene los dedos con tinta negra. Hay una televisión encendida. Victoria apoya la mano para dejar sus huellas digitales. El volumen es muy bajo pero la imagen es clara. Un gendarme se le acerca para tomarle los datos. En la televisión aparecen Estela y su nieto recuperado Ignacio Guido. Victoria sonríe. El gendarme pregunta.
¿Usted donde nació?
.-Provincia de Buenos Aires.
.-¿En dónde?
.-En el pozo de Banfield
.-¿Dónde?
.-El pozo de Banfield.
La nieta 53
En el pozo de Banfield pasó sus últimos días de embarazo María Asunción Artigas. Tenía 27 años y había sido secuestrada el 30 de diciembre de 1977, a las tres de la madrugada, junto a su marido Alfredo Moyano, de 22. Los dos habían llegado al país tres años antes exiliados desde Uruguay, donde militaban en la resistencia obrera estudiantil. Ella era estudiante de medicina. Él, obrero de la construcción.
En la planta baja del lugar donde estuvieron detenidos se encontraba la oficina del jefe, una sala de torturas y otras habitaciones. En el primer piso había calabozos, oficinas, comedor, casino de personal, cocinas y baños, mientras que en el segundo había más calabozos y un baño. Ahí nació Victoria, el 25 de agosto de 1978.
Apenas ocho horas fueron las que permaneció al lado de su mamá, que le pudo dar el pecho aunque se lo habían prohibido. «Lo hizo porque le quería dejar una marca», contaría más tarde una de las sobrevivientes del Pozo en los juicios. Ya por la mañana, Oscar Penna, secretario de la Brigada de San Justo, se la llevó y la entregó a su hermano Víctor y su pareja, Elena Mauriño.
Victoria fue Victoria Penna hasta los nueve años. El 30 de diciembre de 1987, exactamente diez años después del secuestro de su madre, el análisis de ADN ordenado por el juez Padilla confirmó su verdadera identidad. Tres días antes habían llegado a su casa el juez, fiscales y una gran cantidad de policías para decirle que su abuela la estaba buscando, y para detener a su apropiadora (el supuesto padre había fallecido). La denuncia a Abuelas de Plaza de Mayo la había hecho su maestra de primer grado, Olga Fernández, quien conocía a los apropiadores desde antes y tenía la sospecha porque nunca había visto embarazada a la mujer.
El 31 de diciembre de 1987 Victoria conoció a sus abuelas Blanca y Enriqueta en el juzgado de Morón. Lo primero que hicieron fue mostrarle las fotos de sus padres. Le contaron qué hacían, por qué luchaban, con qué soñaban. Ese mismo día se quedó con ellas y vivió en Buenos Aires unos años más. Luego se fue a Uruguay, donde pasó su adolescencia en la casa de la infancia de su mamá y conoció más de cerca la historia de sus padres. Esa que, dice, quiere continuar.
El hilo de continuidad
Victoria cuenta la historia de sus papás con la mirada firme. Convencida de lo que dice. Orgullosa por lo que hicieron. La charla se da en un bar en la esquina de Plaza de Mayo, a metros de donde comenzó la histórica lucha de las madres que buscaban a sus hijos, desaparecidos. Victoria es fruto de esa lucha. Por eso vivió de una manera especial la reciente aparición de Ignacio Guido Moyano Carlotto,el nieto de Estela.
.-¿Cómo lo viviste?
.-Con muchísima alegría, como cada vez que recuperamos a un hermano. Todos nos enteramos por la tele. En el grupo de nietos recuperados tenemos un mail en común donde charlamos, y nadie sabía nada. Todavía no lo agregamos a Guido pero ya lo vamos a hacer. No pude hablar con Estela, pero le hice saber mi profunda alegría. Estábamos todos muy felices más allá de las diferencias.
.-¿Qué diferencias?
.-Con la llegada de este gobierno, lo que hubo fue una gran división de los organismos de Derechos Humanos. Un sector que comulga con la política kirchnerista y un sector que se mantiene independiente y pelea por los Derechos de ayer y de hoy, por los desaparecidos y por Jorge Julio López, Luciano Arruga, los trabajadores reprimidos por Berni. La diferencia es que algunos creemos que los organismos deben ser independientes del gobierno y del estado, por definición y por principio.
Mis padres y toda esa generación no sólo eran buenos chicos, no sólo tenían buenas intenciones, sino que tenían un proyecto político para cambiar la sociedad de raíz
.-¿Qué significó para vos recuperar la identidad?
.-Cuando encontré mi identidad no recuperé a mis padres solamente con sus fotos y sus cosas. Mis abuelas hicieron que yo los recuperara política e ideológicamente. Ellas me explicaban por qué pelearon mis padres y toda esa generación. No sólo eran buenos chicos, no sólo tenían buenas intenciones, sino que tenían un proyecto político para cambiar la sociedad de raíz. Y la dictadura vino a romper con eso.
.-¿Por qué pensás que a los hijos de desaparecidos no los entregaron a sus abuelas?
.-Porque quisieron cortar el hilo de continuidad. No nos quisieron entregar a nuestras abuelas porque, según ellos, esas viejas locas habían criado subversivos. Y si hay algo que tenemos que reconstruir es el hilo de continuidad que nos quisieron romper. No va a haber nada que rompa mi voluntad de seguir la firme lucha de defender cada una de las libertades democráticas, y la lucha superior por la que pelearon todos esos jóvenes y trabajadores de esa época, que era vivir en una sociedad sin explotados ni explotadores.
.-¿Qué le dirías a la gente que piensa que hay que dejar de mirar el pasado?
.-Que yo tengo 35 años y no sé el destino de mis padres
.-…
-Y que me hija no tiene abuelos.
Seminario Alternativas / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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BOLIVIA
1) PIDEN PENA DE MUERTE PARA LOS ASESINOS DE MUJERES
Como máxima condena, la pena de muerte para el feminicidio, no pasa de ser una propuesta apresurada al calor de la indignación provocada por el asesinato de mujeres, pues luego de hacer un profundo análisis, la ministra de Justicia Sandra Gutiérrez descartó esta iniciativa porque sentenció que “Bolivia no está preparada para este extremo”.
“En el país aún no estamos preparados para la pena de muerte, nos falta muchísimo, empezando por los recursos humanos, infraestructura, debemos tener la tecnología para verificar si a la persona que inculpamos es la autora del delito y no equivocarnos”, afirmó la Ministra al referirse al respaldo que manifestó a la posibilidad de implementar la pena capital en Bolivia.
Según Gutiérrez, el respaldo que manifestó a la pena de muerte para los feminicidios lo hizo de manera “muy personal” y no comprometió al Gobierno ni al Ministerio de Justicia que preside.
Gutiérrez dijo que para pretender implementar la pena capital es necesario efectuar un profundo estudio de los pros y contras, además de cambios constitucionales y tratados, lo que implica un perfil complejo.
A diferencia de Estados Unidos, donde en varios estados está vigente la pena de muerte, además de la cadena perpetua, es viable esta figura porque poseen la capacidad humana, científica y tecnológica para encarar estos casos. En cambio, dijo, que el Ministerio Público carece de las herramientas necesarias.
La Ministra de Justicia había manifestado su acuerdo con la pena de muerte en contra de los asesinos de mujeres. La declaración la realizó en medio de la indignación que provocó en la población el asesinato de Sophia Calvo, de 26 años, en manos del guardia de seguridad de un estacionamiento de vehículos.
Para la Ministra, una alternativa puede ser la cadena perpetua, aunque también dijo que se precisa de un estudio para implementar esta figura sancionatoria.
La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, se sumó a las voces indignadas por la ola de asesinatos a féminas y pidió a las autoridades gubernamentales asumir acciones para combatir los hechos de violencia contra ellas.
Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), de enero a la fecha se registraron 98 asesinatos de mujeres en el país, de los cuales 59 son feminicidios. En el caso de Sophia Calvo, el culpable fue condenado a 30 años de forma rápida y expedita.
Isabel Endara, psicóloga, afirmó que la falta de autoridad y la falta de valores están generando problemas de violencia en el país y fundamentalmente contra los más vulnerables (niños, mujeres y ancianos). “Se puede trabajar psicológicamente a través de la familia, impartiendo valores necesarios”, dijo.
Advirtió que si no se trabaja en la familia y en los valores, la delincuencia se incrementará y la sociedad se desintegrará.
NO ES VIABLE La pena de muerte y otro tipo de sanciones drásticas como la castración para delincuentes peligrosos, no son viables en el país ni en otras partes del mundo, según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Isaac von Borries Méndez.
Las autoridades judiciales y asambleístas hacen una interpretación respecto del tema y aseguran que para imponer la pena de muerte, es necesario abrir la Constitución Política del Estado, ya que en el país la pena máxima es de 30 años sin derecho a indulto.
“La pena de muerte es un extremo que no está contemplado en la Constitución y además hay tratados internacionales a los que Bolivia se sumó, por tanto por el momento no es viable”, afirmó la diputada oficialista Marianela Paco.
Políticos piden sanciones duras en medio de proselitismo
Cadena perpetua, pena capital, trabajos forzados, castración, formación de valores, policía comunitaria, entre otros se han propuesto en el escenario político de opositores y oficialistas, en medio de las campañas proselitistas.
El analista Marco Antezana Pérez dijo que lamentablemente toda iniciativa y propuesta para reducir los índices de feminicidios en el país “caen al vacío” en momentos de campaña.
“Lo que hacen los políticos es siempre buscar protagonismo, la oposición para atacar al Gobierno con la inseguridad ciudadana y el oficialismo con propuesta que van incluso a respaldar la pena de muerte cuando es inviable”, afirmó.
Ante los constantes asesinatos y vejámenes a mujeres, el sistema judicial boliviano debería imponer sanciones más duras que los 30 años de cárcel sin derecho a indulto, además que la sociedad en su conjunto tendría que trabajar en cultivar valores morales y el respeto a la vida. “Políticos oficialistas y opositores ejercitan distintos planteamientos mezclados con el protagonismo electoral”, agregó el politólogo.
El candidato a la vicepresidencia por la alianza Unidad Demócrata (UD), Ernesto Suárez Sattori, planteó que en el país se debe “endurecer la justicia” en casos donde las personas cometan asesinatos de toda índole, con cadena perpetua.
“Lo que hay que hacer es endurecer la justicia no solamente construyendo cárceles de máxima seguridad sino se debe implementar la cadena perpetua para todos esos delincuentes”, afirmó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, afirmó que ante estos casos de violencia contra la mujer el sistema judicial debería modificarse para tener sanciones más duras contra los infractores como trabajos forzados.
“Personalmente tengo un proyecto. Encerrar a una persona por 30 años no tiene mucho sentido porque muchas veces cuando el delincuente es joven sale de 50 años mucho más delincuente, mucho más criminal, entonces yo creo que tiene que endurecerse en el sentido de que los reos puedan cumplir trabajos forzados y obligatorios como pasa en varias partes del mundo”, indicó la autoridad.
El candidato presidencial spor el Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, propuso instalar oficinas de policía comunitaria en todos los barrios y localidades del país.
Cochabamba lidera estadísticas de asesinatos a mujeres
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer reportó que entre enero y junio de este año se registraron 59 feminicidios en Bolivia de los cuales 21, que representa el 36 por ciento del total, se registraron en Cochabamba, departamento que se constituye con el mayor número de asesinatos de mujeres.
La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño, afirmó que el departamento de Cochabamba lidera la estadística nacional de violencia contra personas de sexo femenino.
“En seis meses son 4 mil casos solo en Cochabamba de violencia contra las mujeres”, informó.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer reportó que entre enero y junio de este año 59 feminicidios en el país, 21 en el departamento de Cochabamba.
El resto de casos estuvo distribuido en Beni (1), Chuquisaca (3), La Paz (16), Oruro (6), Potosí (4) y Santa Cruz (8).
SEGUNDO Montaño dijo que los datos en general hacen que Bolivia sea el segundo país después de Haití en feminicidios y el primero en el registro de hechos de violencia contra personas del sexo femenino en América Latina.
El 19 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas expresó su «preocupación y consternación» por los casos de feminicidio, en especial, e instó a incrementar recursos humanos y financieros para proteger a las mujeres bolivianas.
LA PENA DE MUERTE La pena de muerte ha sido aplicada por todos los países de América Latina en algún momento histórico, aunque a inicios del siglo XXI está prohibida en la mayoría.
Solamente en Bahamas, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago permanece la pena e muerte como el mayor castigo.
En Bolivia y Perú algunas comunidades indígenas continúan ejecutando a ladrones, secuestradores y otros criminales, haciéndolo al margen de la ley. s
Bolivia es uno de los países donde más se ejerce violencia
Bolivia es el primer país de la región donde se ejerce más violencia contra las mujeres en general y el segundo país en violencia sexual, según un informe que maneja la OMS respecto de cómo está el país en comparación a otras naciones de América Latina, dijo Marisol Murillo, especialista en Comunicación e Incidencia de Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
“Son datos alarmantes basados en informes del Centro de Información y Desarrollo de la Mujeres (CIDEM), Bolivia ocupó el primer lugar de violencia hacia la mujer y segundo en violencia sexual. Lo preocupante es que en el país todavía se está trabajando en un sistema de registro oficial de los datos de violencia contra las mujeres, se maneja ese informe que seguramente se deberá actualizar”, afirmó la representante del organismo internacional.
Manifestó que actualmente en Bolivia solo existe como dato oficial y se manejan los medios de comunicación, el del Observatorio de Género, que son organizaciones no gubernamentales que llevan a un registro muy importante. “Si no fuese ese dato, no tendríamos ningún parámetro que indique la gravedad del problema en Bolivia, agregó.
Señaló que en América Latina los primeros países que empezaron a tipificar el feminicidio como la muerte violenta de las mujeres por razón de género, datan más o menos, de 2006 y 2007. “Es una categoría nueva”.
“En Bolivia recién se incorporó el año pasado con la Ley 348, se incorpora al Código Penal la tipificidad de feminicidio, recién desde el 2013 con la sanción máxima de 30 años sin derecho a indulto, pero aún la justicia parece que no asimila la nueva ley”, aseveró la funcionaria de la ONU.
Ante esta situación, Murillo informó que la ONU-Mujeres realiza un diagnóstico en el país para conocer a dónde acuden en primera instancia las bolivianas tras sufrir cualquier tipo de violencia. Este resultado será presentado en noviembre.
Opinion.bo / Enviado por Red Ada / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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2) FERIA DE PREVENCIÓN DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
En una reunión interinstitucional realizada en Bermejo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensor del Pueblo, Área Naval, Migraciones, División Trata y Tráfico de Personas de la Policía, Servicio Legal Integral Municipal y el Ministerio de Trabajo, acordaron realizar una feria para la prevención de la trata y tráfico de personas.
La responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Bermejo, Martha Espíndola, señaló que en la reunión no sólo se logró consensuar la realización de la feria educativa y de concientización ciudadana, para prevenir el delito de trata y tráfico de personas, sino también fueron delineadas las estrategias y acciones de la actividad.
Este año fueron registrados dos casos de trata y tráfico de personas en la ciudad fronteriza de Bermejo, por lo que, dijo Espíndola, se está trabajando en las unidades educativas para hacer conocer a los estudiantes cómo evitar ser engañados por gente que pretende llevarlos a otros lugares con fines ilícitos, tal como ocurrió con un caso donde se involucró a seis jóvenes de dieciocho años de edad y tres menores de edad, quienes fueron detenidos Argentina cuando eran trasladados a Mendoza. “La Gendarmería los trasladó a Bermejo, fueron restituidos a sus lugares de origen, pero las investigaciones y sanción a los autores está en manos de la Policía de Argentina”, dijo.
Espíndola agregó que las instituciones que trabajan en la prevención de la trata y tráfico de personas buscan llegar a la población estudiantil para que asuma conciencia de que pueden ser engañados o presas fáciles de captores que los llevan a con promesas de becas de estudio y falsas expectativas, lo cual termina en delito de trata y tráfico de personas.
Con la Dirección de Migraciones y con la Policía Boliviana se determinó redoblar el control de documentos de identidad de quienes salen del país, sin embargo, los responsables de estas instituciones piden incremento de personal.
Las autorizaciones para viaje de menores de edad al exterior del país es otorgada el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, mientras que la Defensoría del Menor otorga permisos de viaje a al interior del país.
El tráfico significa trasladar personas de un lugar a otro con fines de explotación laboral, explotación sexual, comercio de órganos y varios otros ilícitos.
El Pais plus/ Enviado por Red Ada / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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3) INAUGURARÁN UNA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
FORO DE SAN PABLO ARRANCA EN LA PAZ
La dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias-Bartolina Sisa, Leonilda Zurita, informó que el vigésimo Foro de San Pablo arrancará hoy en la ciudad de La Paz con la inauguración de una escuela de formación política.
«Se inaugurará nuestra escuela de formación política del Foro San Pablo bajo un programa especial», dijo Zurita.
Según información oficial, en ese encuentro internacional participarán representantes de al menos 180 partidos políticos de izquierda de Latinoamérica y el Caribe, además de invitados de Europa y otros continentes.
Los jóvenes tendrán una participación destacada en ese foro, que fue creado en 1990, cuando partidos de América Latina y el Caribe se reunieron por invitación del Partido de los Trabajadores, para debatir la nueva coyuntura internacional
ABI / Enviado por Red Ada / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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COLOMBIA
1) MUJERES DENUNCIAN SUFRIR AMENAZAS POR CONFLICTOS POR TIERRAS
El Colectivo Mujeres al Derecho y la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA), conjunto de entidades colombianas que actúan en las cuestiones de género, ciudadanía, naturaleza y desarrollo, denuncian que Asomuproca ha sufrido, recientemente, reiteradas situaciones de intimidación. Llamadas telefónicas y abordajes hostiles, amenazas de muerte y persecuciones estarían siendo dirigidas a las dirigentes e integrantes de la entidad por personas desconocidas.
La Asociación está compuesta por 75 mujeres víctimas de violencia y desalojo en el Departamento de Magdalena, al norte de Colombia. Según la organización, los recientes hechos estarían causando aflicción, estado de pánico y evidenciando un alto grado de inseguridad, al que se encuentra expuesto el grupo de mujeres, formado en gran parte por adultas con serios problemas de salud.
Esas mujeres reclaman por tierras a partir de la Ley nº 1.448, de 2011, que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y que viene generando una serie de amenazas a sus beneficiados. Recientemente la asociación conquistó la incorporación del registro de tierras despojadas mediante acto administrativo, emitido por la Unidad de Restitución de Tierras de Magdalena, que rectifica su condición de propietaria del edificio Los Playones de Pivijay y la habilita a demandar, judicialmente, la restitución del inmueble.
«Si bien la asociación cuenta con medidas de protección para uso colectivo suministradas por la Unidad Nacional de Protección a tres mujeres de la organización, éstas podrían resultar ineficaces para la protección de las 75 mujeres que integran la ASOMUPROCA y que se encuentran en siete municipios de los departamentos de Magdalena y Atlántico”, se evalúa desde la organización, en un comunicado. «Se hace necesario hacer un llamado a la implementación celera y oportuna de la ruta colectiva de valoración del riesgo y el otorgamiento de medidas colectivas adecuadas para este tipo de situaciones y riesgos”, complementa.
Las asociaciones piden que organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncien lo más breve posible sobre el caso. Que «exijan al Estado colombiano la investigación oportuna e imparcial y que se adopten las medidas de prevención y protección que garanticen la vida e integridad de las mujeres defensoras y las mujeres víctimas”, se agrega.
Las asociaciones de mujeres afirman dirigir su denuncia, especialmente, al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos; al vicepresidente de la República, Germán Vargas; al ministro del interior, Juan Fernando Cristo; al director de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, Andrés Villamizar; al director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, Ricardo Sabogal; y a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Paula Gaviria.
La denuncia se dirige directamente también a la Fiscalía General de la Nación, al defensor público Jorge Otalora, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – EACDH (en inglés, Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights, OHCHR); a ONU Mujeres (entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer); y al Alto Consejo Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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MEXICO
1) CRITICAN CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS
Al gobierno de Enrique Peña Nieto “le interesa más reducir la cifra de personas desaparecidas que encontrar a las víctimas”, aseguraron madres de personas desaparecidas y organizaciones civiles como Fundar Centro de Análisis e Investigación y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Con motivo del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas –a celebrarse este 30 de agosto–, representantes de organizaciones y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal frenar su campaña mediática de desinformación, “en la que brinda cifras incorrectas y confunde a la sociedad”, y tener una política que realmente ayude a encontrar a las personas.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que existe una falta de voluntad política en la materia que se manifiesta en la falta de búsqueda de las personas desaparecidas, la no identificación de los responsables de los hechos, y una impunidad persistente.
“Constituye nuevas violaciones a Derechos Humanos, como el derecho a la verdad”, acusaron.
Ximena Antillón Najilis, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, señaló que hasta ahora las acciones y los planes de gobierno “son insuficientes e inadecuados”.
Recriminó que en su campaña mediática para frenar la presión social, el gobierno federal ha divulgado “cifras confusas” y sin explicar cuál es la metodología de depuración de los datos.
“Pareciera que los esfuerzos se orientan a reducir las cifras para tener menor presión mediática e internacional, y no en encontrar a las personas, lo que realmente nos preocupa”, observó la especialista.
Recientemente el gobierno federal dio a conocer la cifra oficial de 22 mil 322 personas desaparecidas en México. Sin embargo, estas cifras no están desagregadas por sexo, edad, ocupación y contexto de desaparición de las personas.
Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo –desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila–, denunció la forma en la que la actual administración revictimiza a las familias y sobre todo a las madres, quienes en muchos casos asumen la búsqueda de justicia tras la desaparición.
Relató que en meses pasados recibió una llamada por parte del personal de gobierno para preguntarle si ya había encontrado a su hijo.
De acuerdo con la también integrante de Fundem, aunque en la Procuraduría General de la República (PGR) hay 15 tomos del expediente de su hijo, quienes le llamaron desconocían la fecha de desaparición de José Antonio.
“Me dijeron que como no había sido localizado, iban a poner su nombre nuevamente en la lista de personas desaparecidas, lo que demuestra que bajan los nombres antes de corroborar si continúan desaparecidos”, contó.
Finalmente, exigió al gobierno federal dejar de “engañar” a la ciudadanía con cifras “confusas”, pues en los casos de desapariciones “no se trata de un animalito o de un perrito que se extravió, se trata de una persona que tiene un rostro, un nombre, una familia que lo busca día y noche, y yo no veo la supuesta coordinación entre dependencias para localizar a nuestros familiares”.
Las organizaciones coincidieron en que la desaparición de personas sucede “porque México lo permite”, ya sea porque no garantiza la seguridad o porque directamente participa en las desapariciones.
Este sábado 30 de agosto organizaciones civiles y familiares de víctimas, como parte de las acciones que se realizarán en diversos estados, marcharán de la Estela de Luz al Senado para exigir al gobierno federal la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional y uno que investigue a las personas responsables de las desapariciones, así como la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
Asimismo, que se acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que reciba quejas de estos hechos en México.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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UGANDA
1) RETROCESO: LEY QUE ESTIGMATIZA A PERSONAS CON VIH/SIDA
La lucha contra el VIH y el sida retrocederá en Uganda ahora que una ley penaliza la transmisión “premeditada e intencional” de la enfermedad y permite que los médicos revelen la situación sanitaria de sus pacientes sin su consentimiento, sostienen activistas.
La ley alejará a la gente del tratamiento médico, pero sobre todo llevará a la clandestinidad a los trabajadores y trabajadoras sexuales y a los hombres gays, y hará que las mujeres sean más vulnerables a la violencia de género y familiar, aseguran.
El Parlamento aprobó por unanimidad la polémica ley el 13 de mayo y el presidente Yoweri Museveni la promulgó el 31 julio, pero la noticia recién se divulgó por las redes sociales en Internet el martes 19.
La norma permite que los proveedores médicos revelen la situación de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) de un paciente a terceros sin su consentimiento y obliga a las mujeres embarazadas, sus parejas y las víctimas de violación sexual a someterse a análisis de sangre obligatorios.
Uganda es considerada un caso de éxito contra el VIH y el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), ya que la incidencia bajó de 18 por ciento en 1992 a 6,4 por ciento en 2005.
Museveni prometió al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) y a los activistas que no daría su respaldo a la ley punitiva, pero no cumplió con su palabra.
“Esta es una ley populista”, opinó Kikonyongo Kivumbi, de la Asociación de Prensa de Uganda por la Salud y la Ciencia.
El presidente “sabe que lo que está haciendo no es correcto para abordar los problemas de salud pública generales de este país”, sostuvo Kivumbi, sostuvo a IPS.
Uganda ocupa el tercer lugar en el mundo en cantidad de casos nuevos de VIH, con un siete por ciento del total, indicó el activista, según datos de un informe de Onusida para 2014.
Otros activistas quedaron “desconsolados” e “indignados” tras la aprobación de la ley de Prevención y Control del VIH.
La noticia se supo mientras las organizaciones de la sociedad civil esperaban que Museveni las recibiera para oír su opinión sobre el polémico proyecto de ley, el cual recibió las críticas de la propia Comisión del Sida de Uganda y del Programa de Control del Sida del Ministerio de Salud.
“Malas noticias procedentes de Uganda. Por favor, recen por nosotros”, pidió Jacquelyne Alesi, directora de programas de la Red de Jóvenes de Uganda que Viven con VIH y SIDA (UNYPA), en un correo electrónico a IPS.
La ley estipula un máximo de 10 años de prisión, una multa de cinco millones de chelines ugandeses (aproximadamente 1.980 dólares) o ambos para quien “voluntaria e intencionalmente transmita VIH/sida a otra persona”.
La norma, redactada en 2008, también prevé una multa o un máximo de cinco años de cárcel para las personas declaradas culpables de “intento de transmisión” del virus.
La Encuesta de Indicadores de Sida de 2011 señala que la incidencia general del VIH es mayor entre las mujeres (8,3 por ciento) que entre los hombres (6,1 por ciento).
“Por lo general, el VIH tiene rostro de mujer”, comentó Dorcas Amoding, del Grupo de Acción para los Derechos Humanos de la Salud y el VIH/sida , a IPS.
“Si su análisis de sangre dio positivo y el marido se entera… él podría considerarlo un resultado muy negativo y, en consecuencia, atacarla”, advirtió la activista.
La mayoría de las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans (LGBT) que viven con VIH/sida “mueren en silencio”, y muchas ya no acuden a los servicios sanitarios desde que en febrero se promulgó la ley contra la homosexualidad que instituyó la pena de muerte para los homosexuales, explicó Bernard Ssembatya, de Vinacef Uganda, una organización de salud sexual y reproductiva.
Un tribunal constitucional declaró “nula y sin efecto” la ley antihomosexual el 1 de agosto, pero la homosexualidad sigue siendo un delito en este país y se castiga con penas de cárcel que incluyen la cadena perpetua.
“Algunos de ellos se resisten a acudir a los servicios de salud y algunos proveedores también tienen miedo de prestarles servicios”, destacó Ssembatya.
Habrá “más muertes por VIH, más infecciones”, como consecuencia de la ley de VIH/sida, advirtió.
La organización Mundo Libre de Sida señala que más de 60 países penalizan la transmisión del VIH o la falta de comunicación de la calidad de portador a las parejas sexuales. En Estados Unidos, 34 estados mantienen leyes específicas contra la transmisión del virus.
Para Kivumbi, la penalización en Uganda fue un “objetivo de la derecha republicana de Estados Unidos”, a la cual acusó de influir en la salud pública y la política del país.
“Tenemos que decirles a los extremistas republicanos y a los cristianos de iglesias evangélicas de Estados Unidos que nos dejen manejar la pandemia de VIH a nosotros”, afirmó.
“Solo porque Estados Unidos nos da dinero no significa que nos puedan imponer sus objetivos extremistas”, añadió.
Uganda optó intencionalmente por “moralizar la pandemia y la respuesta al enfatizar la abstinencia en detrimento del uso del condón y otras intervenciones científicamente comprobadas”, dijo Kivumbi.
“Ministros, parlamentarios y otras personas a nivel gubernamental llegaron a decir que las personas portadoras de VIH están moralmente en bancarrota”, indicó.
La “politiquería” tuvo que ver con la promulgación de la ley por parte de Museveni, según Kivumbi.
Uganda presentará el 15 de octubre un pedido de financiación al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y pretendía un préstamo de 90 millones de dólares del Banco Mundial que fue suspendido, explicó.
Una de las cláusulas de la ley del VIH/sida crea un fondo fiduciario gestionado por el Ministerio de Salud, con dineros procedentes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, entre otros.
Paradójicamente, el Banco Mundial suspendió el préstamo en febrero, pocos días después de que Museveni promulgara la ley contra la homosexualidad.
“El presidente creyó que al firmar esta (última) ley, que crea el Fondo Fiduciario del Sida, el Banco Mundial le daría dinero y el Fondo Mundial contribuiría”, señaló Kivumbi.
“Que el Fondo Mundial y el Banco Mundial no se dejen engañar. Esta ley pisotea las libertades civiles básicas y es inaceptable en la sociedad libre y democrática que Uganda quiere ser”, concluyó.
IPS / COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – MEXICO
DIEZ MUJERES PERIODISTAS, LÍDERES DE OPINIÓN
Por Elena Poniatowska
Fue un gusto abrir la revista Líderes (de puros empresarios) y encontrarme una lista de 10 mujeres que destacan en el periodismo de nuestro país y han transformado su tarea de comunicadoras y activistas en una defensa de los derechos humanos. También su fotografía tomada por Maritza López es reveladora. Con sólo ver su rostro y su actitud se tiene la certeza de que no les tiembla ni la voz ni la pluma y que están dispuestas a correr cualquier riesgo. ¡Qué diferencia con nuestras diputadas y senadoras, sus bolsas Gucci, sus monederos y sus peinados de salón! Las fotos de Maritza López hablan por sí mismas de lo que significa cada una de estas luchadoras sociales acostumbradas al grito de Prensa, no disparen como escribe muy bien Rocío Estrada.
Claro que encabeza la lista Carmen Aristegui, con sus ojos brillantes, su carita lavada de niña buena, su cabello corto dispuesto a correr todos los riesgos. Carmen se ha enfrentado a los poderosos de nuestro país y muchos jóvenes la consideran la mejor. Lo primero que hacen en la madrugada (a las seis am) es escucharla, a veces hasta antes del regaderazo. Habría que recordar que la avenida Álvaro Obregón, a partir del 7 de febrero de 2011, se llenó de niños, mujeres y hasta ancianos cuando a ella le quitaron su noticiero en MVS. Carmen nos contó que Calderón se tomaba sus copas y le hizo una entrevista súper reveladora a Miguel de la Madrid, el 13 de febrero de 2009, quien habló de la corrupción de Raúl Salinas de Gortari.
Cada vez que sucede algo horrible en México, que es casi a diario, recurrimos a Carmen. ¿Ya le avisaron a Carmen Aristegui? ¿Tienes el teléfono de Carmen? Tres veces Premio Nacional, Premio Mary Moors Cabot de Nueva York, después de su libro Transición publicó Marcial Maciel, historia de un criminal para liberarse de la indignación que a todos nos causó la pederastia en México, sobre todo la de los curas.
Coincidir con Lydia Cacho es siempre un regalo del cielo. Seguramente ha sido la más perseguida de todas. Fundó en Cancún, Quintana Roo, el Centro Integral de Atención a las Mujeres, niños y niñas (CIAM) en el año 2000. En 2005, publicó Los demonios del Edén, que desenmascara a Kamel Nacif en su conversación telefónica con Mario Plutarco Marín Torres y a otros personajes públicos entregados a la pederastia y al comercio sexual. En vez de encarcelar a los culpables, nuestro gobierno persiguió a Lydia, la acusó de difamación, la encarceló y convirtió su joven vida en un infierno. Hoy por hoy, Lydia, que es tan bella por fuera como por dentro, es reconocida por todos y ella misma considera que su contacto con niños y niñas ha sido lo más importante en su vida.
Blanche Petrich, defensora del periodismo honesto, experta en temas de derechos humanos y movimientos populares, participó en los conflictos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Todavía recuerdo su indignación a su regreso de Haití, después del terrible sismo del 12 de enero de 2010 que casi hizo desaparecer al país. Su vida profesional y su vida personal consiste en acercarse a todos aquellos que viven en situaciones límite. Blanche vive para La Jornada y siempre ha exigido que la envíen a los sitios de peligro. Recuerdo que Miguel Ángel Granados Chapa decía, emocionado, que ningún ejemplo lo conmovía tanto como el de Blanche Petrich.
A Marcela Turati, fundadora de Periodistas de a pie, El País la reconoce como una de las periodistas más importantes de América Latina. Actualmente colabora en el New York Times. Luchadora por el derecho a la información contra el silencio, arriesga su vida en los tiempos más violentos y denuncia a las organizaciones criminales, la desigualdad social, el abuso y la corrupción. La Jornada festejó su Premio Washington Office on Latin America, en 2013. Colaboró no sólo en Proceso en México, sino en periódicos de Argentina, Chile y Perú, en medio de las peores amenazas y el dolor que le provoca la tragedia de la frontera norte de nuestro país.
Para Nora Patricia Jara, ganadora del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo, es enemiga del periodismo femenino en las secciones de Sociales de la que todas somos víctimas en un momento y en otro. Tú, a Sociales. Le apasiona ponerse en los zapatos del otro para entender sus circunstancias. Conductora de noticias en Antena Radio, Imer, Radio UNAM y TVE Mexiquense también escribe en La Jornada y es experta en contar lo que le pasa al otro.
Sanjuana Martínez mantiene como un escudo frente a amenazas su vocación por el periodismo. La he visto en acción: dinamita pura, es imposible tranquilizarla o quitarle la palabra. Chaparrita cuerpo de uva, no hay quién pueda contra ella. Desde que doña Rosario Ibarra de Piedra le habló de los desaparecidos en México se comprometió con su causa. 20 años más tarde, Sanjuana Martínez defiende a más de 300 mil y trabaja en el tema más horrible de todos: el de la desaparición. Sanjuana es madre de dos hijos, ríe con ellos, los lleva y los trae en las calles de su ciudad natal, Monterrey y se la juega ante todos los peligros. Hace años que decidió que vale la pena vivir en el filo de la navaja y abrazar a las víctimas de tantos delitos impunes. Nos enseña lo que significa la dignidad humana y da voz a quienes no la tienen.
Katia D’Artigues se inició como reportera de espectáculos, aunque había escogido el área cultural. Muy pronto, su columna se transformó en política. Recuerdo que un gran periodista italiano Gianni Proiettis, de Il Manifesto, la consideraba una maestra y no se perdía uno solo de sus artículos. A raíz del nacimiento de su hijo Alan, Katia se entregó en cuerpo y alma a defender los derechos de las personas con discapacidad. La protección a la niñez es uno de sus temas más entrañables y atesoro el recuerdo de una entrevista que me hizo en Chimalistac como ejemplo luminoso de entereza y solidaridad.
Karla Iberia Sánchez fue testigo de la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York y la desolación del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans. Sus cápsulas televisivas causaron sensación. Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo por Los funerales de mamá, sobre la muerte materna-infantil y el Premio Internacional de Periodismo por la Tolerancia. The National Academy of Television Arts & Sciences la reconoció públicamente.
Laura Castellanos confía en que el periodismo crítico contribuya a forjar otro mundo. Hostigada, intimidada y amenazada por sus artículos sobre el dolor y la impotencia del México violento, en 2010 denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas la intromisión en su departamento de un grupo de hombres que sustrajo su información. A raíz de esta denuncia intervinieron sus teléfonos y correos electrónicos pero también recibió reconocimientos.
A Anabel Hernández, la vi en un excelente programa de Virgilio Caballero, México, ahora o nunca, y me impresionó su inteligencia y su valentía para denunciar a los narcotraficantes, dentro y fuera del gobierno. Me impactó su inteligencia y su coherencia. Su vocación por el periodismo de investigación es extraordinaria. En 2013, sufrió el allanamiento de su hogar –no sabe si por la policía o los narcotraficantes. En su oficio de periodista, Anabel va más allá y ayuda a quienes lo necesitan. Según ella, su compromiso con el periodismo la ha cambiado.
Es gratificante pensar que estas 10 grandes periodistas pertenecen de un modo u otro a La Jornada. Chomsky las abrazaría como ya abrazó a Blanche Petrich. Diez valientes mujeres, son ante todo el meollo de nuestra resistencia. Sin ellas viviríamos a la deriva, ciegos y sordos ante la atroz realidad mexicana. Es grande el acierto de Rocío Estrada y de la revista Líderes mexicanos al reconocerlas y un orgullo para todos nosotros, el tributo que hoy se les rinde.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2014/08/17/opinion
COMCOSUR MUJER No. 427 – 27/08/2014
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de
quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
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