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URUGUAY: EL CAPITÁN DE MARINA ALEX LEBEL DECLARÓ ANTE LA JUSTICIA POR EL SECUESTRO DE PEDRO RISSO Y LIDIA FERN ÁNDEZ – comcosur al día 2260 -29.07.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020 Hoy:

1) Uruguay: El capitán Alex Lebel declaró ante la Justicia por el secuestro de Pedro Risso y Lidia Fernández
2) Uruguay: Diputado impulsa desalojo de 200 familias para construir un barrio privado /Tomás Gaeta
3) Uruguay: Capataz de plantación de caña de azúcar en bella Unión agredió a rebencazos a un peón de 20 años
4) Uruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica! /Luis E. Sabini Fernández
5) Europa social y ambiental. Resurge la protesta entre virus y pausa veraniega /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: EL CAPITÁN DE MARINA ALEX LEBEL DECLARÓ ANTE LA JUSTICIA POR EL SECUESTRO DE PEDRO RISSO Y LIDIA FERNÁNDEZ

La Diaria /29 de julio de 2020

Risso estuvo preso en el FUSNA durante la dictadura y fue vigilado hasta 1994.

El capitán de navío Alex Lebel declaró este martes ante la jueza en lo penal de 23er turno Isáura Tórtora, en la causa que investiga el secuestro de Pedro Risso y su esposa Lidia Fernández.

La causa se inició el 15 de octubre de 2011 a raíz de las jornadas de denuncias de terrorismo de Estado en seccionales policiales, en la que se presentaron otros 170 casos similares.

“Mi madre presentó su denuncia y yo presenté la denuncia del secuestro de mi padre, Pedro Risso. A ellos los secuestran en el mismo operativo, se los llevan de casa a las cuatro de la mañana, cuando mi hermano y yo éramos chicos (…) tengo algunos recuerdos de esa madrugada, mi madre pedía que nos dejaran con unos vecinos, que no nos llevaran con ellos, y a la mañana siguiente esos vecinos nos entregaron a los abuelos paternos”, comentó a la diaria Mariana Risso.

En aquel momento ella tenía cuatro años, pero todavía preserva “algunos recuerdos” de la ausencia de sus padres durante los días siguientes. “Mi padre estuvo incomunicado tres meses y luego es procesado por la Justicia Militar y preso político en el carcelaje del Fusna; mi hermano y yo íbamos a las visitas de niños, cada 15 días”, agrega.

Risso y Fernández fueron secuestrados en su casa de la calle Guaraní, en Ciudad Vieja, el 4 de junio de 1975. Risso fue detenido y torturado y permaneció preso 33 meses en el FUSNA. Fernández fue liberada dos semanas después.

Risso era dirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y militante del Movimiento 26 de Marzo. Tras ser liberado permaneció en la misma casa de la calle Guaraní. Los archivos del Ministerio de Defensa, conocidos como “los archivos Berrutti”, dan cuenta de que Risso fue objeto de seguimientos en el marco de operativos de inteligencia, al menos hasta 1994.

Durante la audiencia, Alex Lebel, que era el enlace de inteligencia (S2) y figura en los interrogatorios en los expedientes militares, dijo no recordar quiénes participaron del operativo de secuestro.

Por este caso también fue convocado a declarar el ex comandante en jefe de la Armada, Tabaré Daners, pero eludió la instancia a través de un recurso presentado por su defensa, la abogada Rossana Gavazzo. Para este jueves está citado otro integrante de la Armada, Eduardo Laffite.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020
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2) URUGUAY: DIPUTADO IMPULSA DESALOJO DE 200 FAMILIAS PARA CONSTRUIR UN BARRIO PRIVADO

Aldo Lamorte, líder del sector Unión Cívica, creó una sociedad anónima para comprar cuatro terrenos en Carrasco Norte por un valor de U$S 306.850.
Tomás Gaeta /@TomiGaeta /Sudestada , 29/07/2020

A principios de 2016, todos los habitantes del asentamiento Santa María Eugenia recibieron una orden judicial de desalojo por parte de una empresa llamada Monte Platino Sociedad Anónima. El nombre de su titular –Jorge Américo Castiglia- no significaba nada para ellos, y las intenciones de qué quería hacer con los terrenos permanecieron desconocidas.

El predio en disputa, donde hoy se encuentra un asentamiento con más de 40 años, pertenece a Lamorte & Asociados, una firma de desarrollo inmobiliario presidida por el diputado suplente por el Partido Nacional, Aldo Lamorte. Si se concreta el proyecto, el terreno donde hoy se encuentra Santa María Eugenia será la base para construir el barrio semiprivado más grande de Montevideo, según los planos de la firma.

Seis años antes de que Monte Platino le iniciara un juicio a Santa María Eugenia, la empresa compró cuatro terrenos por 306.850 dólares que comprenden la totalidad del predio donde se asienta el barrio, según datos de compraventa del expediente judicial. Tal como se lo nombra en el sitio web de Lamorte & Asociados, el desarrollo “Fraccionamiento Urbano Carrasco Norte”, coincide con la ubicación del asentamiento. Los terrenos a la venta tendrán una extensión de entre 600 y 1.200 metros cuadrados y mantendrán las “preexistencias naturales” que ofrece la “vegetación” y “los cursos de agua” del lugar.

Además, el proyecto de barrio privado de Lamorte & Asociados (408.039 metros cuadrados) supera a sus semejantes en extensión (San Nicolás tiene 140 mil metros cuadrados y Los Olivos 250 mil). En Montevideo la normativa departamental no permite urbanizaciones que corten calles principales por completo, y es por eso que se les denomina barrios semiprivados y no privados, como los que existen en el resto del país.

Un asentamiento con historia

De acuerdo a los primeros habitantes, el asentamiento surgió a principios de la década de los 70’, cuando el terreno pertenecía a Andrés Deus S.A, una empresa que fabricaba ladrillos. Durante los primeros años no había muchas familias, y los relatos de los diferentes testigos que declararon en el juicio iniciado por Monte Platino S.A señalan que el trato entre los propietarios y los pobladores era pacífico.

Los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) indican que en Santa María Eugenia viven 719 personas, distribuidas en 207 familias. La población es principalmente joven, -solo el 3% tiene más de 65 años- y en su mayoría, escolarizada: el 69% de los niños entre 4 y 5 años asisten a algún centro educativo de la zona, y el porcentaje es mucho más alto para los niños que tienen entre 6 y 11 años de edad (99%) y de 12 a 14 (91%). En cuanto a los adolescentes, el panorama es distinto: solo el 56% de los adolescentes de 15 a 17 recibe algún tipo de educación formal y apenas un 3% de los mayores de edad se educan.

Si bien el asentamiento tiene más de 40 años, fue recién en 2011, tras numerosos reclamos en la Intendencia de Montevideo, que logró acceder al agua potable.
En 2003, los vecinos de Santa María Eugenia se organizaron y crearon una comisión para mejorar sus condiciones de vida. Se presentaron en la Junta Departamental de Montevideo, la Intendencia, fueron al Parlamento y lograron instalar una parada de ómnibus para el L21 y el L22; una policlínica de ASSE comenzó a visitar el barrio una vez por semana y la Dirección General de Primaria facilitó una camioneta para que los niños pudiera trasladarse hasta y desde la Escuela Nº183.

En 2019, una comisión gubernamental integrada por el Mides y la Junta Departamental de Montevideo y la excandidata a la Vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, logró firmar un convenio con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda para realojar a un primer núcleo de 50 familias. La compra del predio se llevó a cabo y el realojo no tiene fecha, porque según explicó Villar, aún no se destinaron los fondos para edificar las viviendas.

El testaferro “cuántico”

De acuerdo al expediente judicial del caso, el titular de Monte Platino, Jorge Castiglia González, vive en una casa pequeña en Flor de Maroñas. Según su perfil de LinkedIn, Castiglia se gana la vida como ilustrador, y en su perfil de Facebook y Twitter se presenta como un “psicoterapeuta cuántico”. Al hacer clic sobre su foto de perfil se reproduce un video animado: “Jorge Castiglia Cuántico. En mi consulta logramos hacer tus sueños realidad. Psicoterapia breve”.

A primera vista, Castiglia no parece estar vinculado a Lamorte & Asociados, pero las conexiones son varias. Además de ser el titular de Monte Platino, la sociedad anónima utilizada por Aldo Lamorte, Castiglia también preside una empresa llamada “Saccum Capax LTDA”, fundada en 2010 con acto notarial de Rosario Lamorte, quien, además de ser hermana de Aldo Lamorte, también hizo acto notarial en la demanda contra Santa María Eugenia.

Además, en la Lista 80 de la Unión Cívica en alianza con el sector Aire Fresco de Luis Lacalle Pou de las elecciones internas, el psicoterapeuta cuántico figuró en el séptimo lugar y Lamorte en segundo, detrás del actual presidente de la República.

Si bien no asistió a ninguna de las cuatro audiencias judiciales realizadas, a Castiglia le consta que su nombre figura en el juicio de Monte Platino S.A. Sin embargo, prefirió no hacer declaraciones para este artículo para no “enganchar la psicoterapia con la política” y recomendó hablar con José Picarelli, asistente de Aldo Lamorte.

En el edificio de la Avenida Francisco Soca 1592, ubicado en el Parque Batlle, Monte Platino comparte oficinas con “Lamorte & Asociados” y Facemill SA, que además están integradas por las mismas personas.

Facemill forma parte de un entramado de empresas, todas vinculadas a la familia de Lamorte. Esta última es una sociedad administrada por Aldo Lamorte, fundada con 2.400.000 pesos en el año 2007. A su vez, Estación del Country S.R.L, está administrada por Facemill y por Raúl Díaz Cardoso, un empresario vinculado a negocios de minería en Uruguay, según la base de datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Cardoso se desempeñó como técnico de la empresa Badaline S.A. en la búsqueda de metales preciosos en Uruguay junto al hermano de Aldo Lamorte, Sergio Javier Lamorte. Por último, en la investigación para este artículo también apareció “Proyecto Atlantis S.R.L”, una compañía fundada en 2013 con la misma escribana que Facemill S.A. Cardoso aparece en la sociedad junto a Aldo, Sergio y Rosario Lamorte.

Lamorte, a ambos lados del mostrador

En 2010, un acuerdo entre la Unión Cívica y el sector Alianza Nacional del Partido Nacional le permitió al arquitecto Aldo Lamorte reemplazar en varias ocasiones al senador nacionalista Eber da Rosa en el parlamento.

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social, un proyecto que Lamorte había apoyado ni bien puso el pie en el Senado. La ley 18.795 se aprobó el 10 de agosto de 2011 y permite, a grandes rasgos, la inversión de capitales privados con exoneraciones tributarias con el fin de promover el acceso a la vivienda a personas con sectores medios y bajos.

Según una nota de Montevideo Portal del 3 de agosto de 2010, Lamorte aseguró que buscaba “lograr exoneraciones para construcción de viviendas con destino social”. El 10 de agosto de ese año presentó el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social.

Cuatro años más tarde, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Vivienda se desmarcó públicamente en varias ocasiones de la Ley de Vivienda de Interés Social por dar demasiados beneficios al empresario y no hacer mucho por el acceso a la vivienda. En una nota de No Toquen Nada del 21 de noviembre de 2017, la exministra del Ministerio de Vivienda Eneida De León aseguró que la Ley es «una medida que se toma principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas para promover la construcción” y que “una vivienda de 150.000 dólares no puede ser de interés social”.

Lamorte no hizo aportes significativos en la Comisión Hacienda que integró en ese período: además de presentar su proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, propuso un proyecto de digitalización y automatización de trámites del Estado que nunca se aprobó. Fuera de eso, no presentó otros proyectos de ley en la legislatura como suplente del senador Da Rosa (2010-2015) o en su suplencia del diputado Richard Charamelo en el período pasado (2015–2020). Recientemente, presentó un proyecto de ley para manejar de forma responsable lo desechos médicos utilizados en el tratamiento contra el COVID-19.

Consultado por Sudestada, Lamorte negó todo vínculo con Monte Platino SA y prefirió no hacer declaraciones sobre el proyecto de barrio privado de Lamorte & Asociados.
* Esta investigación forma parte de un trabajo de Tesis de Grado para la Licenciatura de Comunicación de la Universidad ORT.

Tomás Gaeta /@TomiGaeta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020
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3) URUGUAY: CAPATAZ DE PLANTACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN BELLA UNIÓN AGREDIÓ A REBENCAZOS A UN PEÓN DE 20 AÑOS

La Diaria /22 de julio de 2020

El trabajador hizo la denuncia, se presentó en Fiscalía y este jueves presentará testigos.

Todo pasó el martes en un establecimiento que produce caña de azúcar en Bella Unión, propiedad de Boris Misena. José, un trabajador de 20 años que estaba en la zafra por primera vez, encontró lo que parecían excrementos humanos en las herramientas con las que trabajaba, optó por limpiarlas e iniciar la jornada laboral. En un momento del día el capataz le dijo que debía hacer los cortes en la caña más a ras del suelo, más tarde le pidió que le entregara el machete, y con la excusa de que le había tocado el carburador de una moto lo azotó y lo echó del establecimiento.

“Me dijo que el despunte tenía que ser perfecto. A las dos horas vino y me dijo que estaba haciendo bien el trabajo. Seguimos trabajando y después del mediodía me dijo que estaba despuntando mal. Me pidió el machete, se lo di y cuando le di el machete sacó un rebenque”, contó José a Subrayado.

Sergio Pintado, secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), contó a La Diaria que ese capataz tiene antecedentes de malos tratos, al punto de “defecar arriba de la comida [de los trabajadores] y lavarse las manos en el agua que toman los ‘peludos’. Es un tipo siniestro”, afirmó.

José relató al canal de televisión que en otra oportunidad el agresor llegó a atar su bicicleta en un cerco electrificado y cuando trató de sacarla le dio corriente: “Quedé en shock porque no sabía lo que pasaba, y me di cuenta de que tenía un alambre que iba hasta el eléctrico”, contó.

Los integrantes de UTAA se enteraron de lo que le pasó el martes a José de manera fortuita: lo encontraron caminando por la ruta rengueando –el lugar en el que se duerme está a seis kilómetros del establecimiento–, lo levantaron y les contó lo que pasó. Fueron a la pieza donde se queda, que está en pésimas condiciones puesto que no tiene ni agua ni luz, y lo llevaron a la Seccional de Policía, donde hicieron la denuncia, y después lo trasladaron al Hospital de Bella Unión.

Este miércoles a las 13.30 horas José se presentó ante la Fiscalía de Bella Unión. Si bien la UTAA se solidarizó con el trabajador y puso a su disposición a un abogado, a la instancia en Fiscalía asistió solo en calidad de denunciante.

A las 15.30 horas José se retiró de la Fiscalía, a cargo de Stella da Silva, luego de que le tomaran testimonio los adscriptos Silvia Ferreira y Andrés Pricoli. La Justicia pidió testigos, que deberán ir este jueves a declarar, y se le hizo una pericia forense que constató las heridas causadas por el rebenque.

Por su parte, Federico Davedere, director nacional de Trabajo, dijo a La Diaria que “de momento” no tiene información sobre la agresión.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que una agresión de este tipo toma estado público; en setiembre de 2017 el peón rural Hugo Leites fue agredido a rebencazos por el capataz de la estancia Flor de Ceibo. El caso se resolvió gracias a un acuerdo al que llegó Leites con los dueños del establecimiento: Ernesto Estévez y su esposa. En una audiencia en febrero de 2018 en la ciudad de Salto, ante la jueza civil Lorena García, se resolvió indemnizar a Leites por daños físicos y la pérdida de su empleo en la estancia. Tres años después de haber sido agredido, Leites no volvió a ser empleado por ninguna estancia, comentó Pintado: “Quedó en una lista negra”, dijo, y aseguró que ahora se gana la vida con un emprendimiento personal.

Desde el Parlamento

El diputado frenteamplista Felipe Carballo, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, dijo a La Diaria que este tipo de práctica no sólo tiene que ser condenada, sino también erradicada. Dijo que tanto Alur (empresa que le compra caña a la empresa) como la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo deberían pronunciarse sobre lo sucedido. Como presidente de la comisión dijo que mantendrá al resto de los diputados al tanto de lo que pase y que espera que la Justicia actúe con todo el peso de la ley.

Una de las preocupaciones del Frente Amplio con relación al trabajo rural es la falta de controles por parte del Estado. El representante dijo que los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), y de Trabajo y Seguridad Social deberían exigir, junto con los datos de trazabilidad, por ejemplo, la planilla de trabajadores. La idea fue enviada por intermedio de la Cámara de Diputados a los ministerios, pero el MGAP respondió que esos controles no son de su competencia, explicó el diputado.

Carballo aseguró también está trabajando en un proyecto de ley para bajar la cantidad de jornales exigidos para que una persona que trabaja en el campo acceda al seguro de paro. En la actualidad la exigencia es de 250, y Carballo propone que se baje a 150.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020
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4) URUGUAY ANTE LO AMBIENTAL
¡MENOS ALTIVEZ INSTITUCIONAL Y MÁS VERGÜENZA ECOLÓGICA!

Luis E. Sabini Fernández, 28 de julio de 2020
revistafuturos.noblogs.org/

Destacamos las fortalezas que tiene Uruguay: transparencia institucional, promoción de la cultura de la calidad y de la competitividad mediante el impulso del desarrollo y de la sostenibilidad, con calidad institucional y eficiencia política implementando procesos de innovación y mejora continua, empleando buenas prácticas de preservación del medio ambiente [colaje de frases extraídas de documentación y papers varios]

Decía el formidable Mahatma Gandhi, «Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos», análogamente podríamos decir que el horror desplegado es mucho menos frecuente, siendo más repulsivo que el mal que se cuela en nuestra sociedad, como dicen los gallegos, “a la chita callando”.

El horror, entonces, no de los devastadores activos, de los asesinos seriales, sino de los que dejan hacer o de los que cómodamente ignoran que la devastación es mucho más frecuente de lo que se asume.

Uruguay es visualizado desde la UE como un referente ambiental. Se le atribuye al actual presidente la tarea del cuidado ambiental regional.

¿De dónde sale tamaña idea? Del cuidadoso cultivo de mentiras y escamoteos que tantos uruguayos han hecho con la cuestión ambiental.

“Uruguay natural”

Para no remontarnos demasiado vayamos apenas a la consigna “Uruguay natural” que fue nada más que una “frase gancho” para promover turismo, a la que se le dio con el tiempo un nuevo significado de conciencia ambiental. Estupendo si fuera real, no oportunista.

Un ejemplo, apenas: la entonces ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, perorando sobre la pureza del agua corriente nuestra: “los últimos resultados de las muestras obtenidas arrojaron un porcentaje de agua potable superior al 99 %, […](1) «más que admisible» al compararlo con Europa y América Latina, donde el promedio se sitúa en el 93 % y el 76 %, respectivamente.” Una pena que De León no hubiera revelado las fuentes de semejantes afirmaciones y comparaciones. Y lo más grave, que una visión tan sesgada tuviera oídos pueriles que lo creyeran.

Que crean eso o el discurso del año pasado de la misma “ecologista”, entonces ministra del gobierno que nos ha embretado en secreto con UPM, hipotecando tierras y aguas de nuestro país; en marzo de 2019 De León hizo su speech en Nairobi,(2) en el cónclave de la UNEA4 y manifestó que, aunque usted tal vez no esté enterado, “Uruguay está profundamente comprometido con el cuidado del ambiente y la gestión de los ecosistemas” y que los desafíos correspondientes resultan “producto de un proceso de consulta ciudadana”, por el cual imagino al lector exprimiendo infructuosamente la memoria para ubicar dicho proceso, en algún lugar del país, en algún momento de su historia.

Agroindustria y contaminación

Jamás ingresó tanto en nuestro territorio la agroindustria como hoy, que hace que el campo se siga despoblando aceleradamente.

Como la agroindustria que se autocalifica de “agricultura inteligente” está a la vez contaminando a diestra y siniestra los campos, el aire y las aguas, no sólo se despuebla el campo sino que se afecta toda la biodiversidad; cada vez hay menos fauna y flora silvestres, naturales; nuestros arroyos ya casi no tienen peces; nuestras colinas y bajíos ya casi no tienen mulitas o liebres y es ya “tarea imposible” salir a cazar perdices. Pero en rigor el exterminio masivo va mucho más allá, porque la fauna menuda, de insectos −la que solía estamparse en los parabrisas y radiadores a la vista de los autos de antaño− también ha disminuido enormemente su presencia.

Jamás, tampoco, se ha cedido tanto espacio a las grandes corporaciones transnacionales, particularmente a las factorías de celulosa (de las mineras, hemos zafado no por mérito propio sino por pérdida de interés empresario, por la baja cotización). La forestación se ensancha como una mancha venenosa; con los ingresos ofrecidos por las empresas transnacionales, logran que se planten eucaliptos en todos lados, arrebatando tierras aptas para otros usos y cultivos, violentando las regulaciones públicas al respecto.

Jamás habíamos registrado tamaños índices de contaminación. Y nuestros estudios al respecto son increíblemente débiles, embrionarios.

El agua, otrora nuestro tesoro

Tenemos el agua de prácticamente todo el país comprometida con tóxicos.

El uso irrestricto, o casi, de agrotóxicos, tiene la mirada corta; su mirada comercial incluida. Toleramos “entre casa” venenos que el mercado mundial va desechando cada vez más; ¿por qué Italia rechazó naranjas uruguayas?, ¿por qué la miel, otrora orgullo de calidad uruguaya, ha sido rechazada por las autoridades bromatológicas alemanas?

Ahora se ha obtenido una nueva línea exportadora de miel, a Arabia Saudita. No conocemos sus exigencias bromatológicas, pero sí sabemos que sus pautas de calidad son más bajas que las suecas. (3) Porque hoy también en Uruguay, se coloca azúcar al lado de las colmenas debido a la pérdida de prados naturales; ¡hasta el trabajo de las abejas ha devenido trabajo esclavo!

Y con la carne, el principal destino de los últimos años ha sido China. Pero en 2016 hubo rechazo de carne considerada no apta. Ya había pasado algo similar, el año anterior, con grasa animal, evaluada como en mal estado. Y en 2019, otra vez rechazo de carne.

Hablamos de pérdida de mercados. Otra faceta relevante es la primarización de nuestra economía. Ya tenemos el caso, en plena expansión, de la forestación totalmente al servicio de pulpos celuloseros que se llevan la humedad del país y nos dejan los detritos, y todo ello casi sin pagar, usando el régimen de zonas francas, que es una reedición de la vieja extracción material que hicieron los imperios europeos en los siglos XVII, XVIII y XIX con las “economías de enclave”.

Pero hemos “avanzado” más todavía. En los ’80, Uruguay llegó a exportar ganado en pie, unas 80 mil cabezas. Si eso es negación de trabajo propio, este año la exportación de ese tipo sobrepasa las 400 mil cabezas. Cero valor agregado, cero trabajo en lechería, en carnicería, en conservación. Apenas la crianza la queda al país. Una radiografía del despojo. De otro despojo.

Cito resoluciones del MVOTMA: “acordaron garantizar una vida sana y un planeta sostenible y seguro para todos; crear conciencia sobre la urgencia de actuar sobre los productos químicos y los desechos en todos los niveles […] lograr un sólido marco propicio para la gestión para ser respaldado por órganos políticos […] a unirse a la Alianza de Alta Ambición para fortalecer la aspiración […] un marco habilitador sólido que generará beneficio

[…] y un desarrollo sostenible para todos en todas partes.” (4)

Esperemos que esta Triple A no sea tan atroz como la argentina de los ’70, pero escuchemos el eco de estos versos: “[…] no pierden ocasión / de declarar públicamente su empeño / en propiciar un diálogo de franca distensión / que les permita hallar un marco previo / que garantice unas premisas mínimas / que faciliten crear los resortes / que impulsen un punto de partida sólido y capaz / de este a oeste y de sur a norte, / donde establecer las bases de un tratado de amistad / que contribuya a poner los cimientos / de una plataforma donde edificar / un hermoso futuro de amor y paz.” Joan M. Serrat, “Entre esos tipos y yo hay algo personal“. Tal cual.

Notas:
(1) Ag. EFE, 11 mayo 2015.
(2) https: //presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/eneida-interpelacion-agua-potable, 2019.
(3) En los ’80, cadenas de comercialización suecas promovían miel uruguaya proveniente de prados, como muy superior a las mieles provenientes de apiarios que colocaban azúcar al lado de colmenas.
(4) www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10012222-uruguay-comprometido-ante-el-mundo-con-el-cuidado-del-ambiente.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020
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5) EUROPA SOCIAL Y AMBIENTAL. RESURGE LA PROTESTA ENTRE VIRUS Y PAUSA VERANIEGA

Sergio Ferrari, de Berna, Suiza

Aunque en Europa la pandemia pareciera haberle ganado, por el momento, la pulseada a la intensa movilización ciudadana previa a la crisis sanitaria, actores sociales recuperan, de a poco, la iniciativa. Luego de las extendidas protestas antirracistas de fines de mayo y junio, las reivindicaciones sociales y climáticas vuelven a ocupar un lugar principal en la agenda social del continente.

Entre las medidas de confinamiento que imperaron entre febrero y junio -con limitaciones legales para el reagrupamiento masivo de personas-, y las vacaciones del verano septentrional entre junio y agosto, el movimiento sindical, asociativo, juvenil, de mujeres y por el clima vive un momento de transición lenta para recuperar las calles.
Siguen prevaleciendo las reivindicaciones sociales que eran de actualidad antes de la pandemia; las exigencias sindicales ligadas al COVID-19 -sobre todo en defensa de los puestos de trabajo y de los independientes-; la solidaridad con los migrantes; y las iniciativas específicas del movimiento de mujeres.

Pantallazos

En España, en julio, los agricultores de Andalucía, reiniciaron las protestas anteriores al COVID-19 contra la importación descontrolada que compite con su producción local. Así mismo, en distintas ciudades del país, se hicieron manifestaciones contra los despidos masivos en la empresa europea Airbus. En tanto en León, los trabajadores de la salud ganaron las calles exigiendo mayor presupuesto para el sector.

El 19 de julio miles de personas participaron en 14 ciudades de la convocatoria de la Plataforma Estatal por la regularización de los “sin papeles”. Exigían acelerar las medidas para facilitar la potencial estadía en el país de unos 600.000 inmigrantes, tras la consigna “Regularización ya, inmediata y sin condiciones”.

Por su parte, en Francia, el 16 de junio se realizaron varias decenas de protestas a nivel nacional protagonizadas por los trabajadores de la salud exigiendo mejoras salariales y laborales. Cuatro días más tarde, los sindicatos de la cadena de comercios Castorama se lanzaron a la calle contra la reducción sustancial de la prima que recibían hasta ahora como parte de la redistribución de beneficios. La misma descendió de 3600 euros a 900.

El 11 de julio fueron los colectivos feministas de Lilles y Amiens que tomaron la iniciativa. Y el 18, los Chalecos Amarillos de Rennes, en el norte del país, convocaron a pesar de la prohibición oficial.

Durante todo junio el movimiento por el clima Extinction Rebellion Francia realizó al menos seis acciones, en su mayoría en París. El 4 de julio, un grupo de sus militantes colorearon el agua del río que atraviesa la ciudad de Estrasburgo para protestar contra una propuesta de almacenamiento de desechos químicos que contaminarán sus aguas, afluentes del Rin.

Opinión pública en la mira

También en Suiza el movimiento ambientalista dio la señal de partida. Casi dos centenares de militantes, en su mayoría de entre 20 y 30 años, de Extinction Rebellion (XR), ocuparon simbólicamente el sábado 18 de julio la Plaza Federal, la Bundesplatz, frente a la Casa de Gobierno, en la capitalina Berna.

Apenas horas antes, el viernes a la mañana, media docena de militantes del sector juvenil de la misma organización se manifestó en el pequeño aeródromo de Blécherette, de la ciudad de Lausana, capital del Cantón de Vaud. Botaron aceite rojo sobre la pista bloqueando el tráfico durante tres horas, al tiempo que reivindicaban la necesidad de una nueva política aérea post crisis. Cinco adolescentes de entre 15 y 17 años y un joven de 19, fueron interpelados por la policía luego de la acción.

Días antes, aun durante el periodo de las restricciones de manifestaciones públicas, otro grupo de activistas de XR había bloqueado un puente de la ciudad de Zúrich. Y unos ochenta profesionales del sector médico de la misma asociación protestaron en Lausana el 30 de junio tras la consigna “el planeta está enfermo”. Exigían que las autoridades reconozcan que la “desregulación climática amenaza de muerte a los pueblos” y anticipaban la organización de asambleas ciudadanas para determinar las acciones futuras concretas a emprender en el sector salud.

Cambiar el sistema para salvar el clima

Tres jóvenes con barbijos esperando sobre una improvisada tarima el momento que sea ejecutada su condena a muerte en la horca. Rodeados por un círculo de manifestantes sentados, amarrados entre ellos con tubos de plástico en sus brazos. Afiches con claras consignas anti sistémicas: “por nuestros niños”, “no retroceder” o “cambiar el sistema”. Y una escenografía de figuras mortuorias, vestidas en rojo y en violeta, circulando por la Plaza Federal, en Berna, en una danza tenebrosa.

Frente a la Casa de Gobierno y justo al costado de la sede del Banco Central de Suiza -ambos símbolos del poder helvético-, uno de los oradores explicaba la tarde del sábado 18 de julio por qué habían decidido irrespetar las prohibiciones oficiales, ocupando una plaza pública para exponer esa “escena macabra ante los ojos de todas y todos”.

“Ocupamos este lugar simbólico porque la situación planetaria lo exige”, señala a este corresponsal uno de los organizadores. Millones de personas están sufriendo las consecuencias de la desregulación climática de la cual todos, en tanto especie, somos responsables, completa.

“A nivel de emisión indirecta de CO2, Suiza figura entre los malos cumplidores entre los países desarrollados, ya que exportamos esas emisiones y consumimos mercancías que hacemos producir por otros, fuera de nuestras fronteras”. En paralelo, insiste, la plaza financiera helvética, los bancos, las aseguradoras, las cajas de pensión, se encuentran entre las peores del mundo y siguen invirtiendo masivamente en energías fósiles…Mientras tanto, enfatiza, el gobierno, hace poco o nada. “Estudia la posibilidad de introducir estímulos a las inversiones favorables al clima” (citando una fuente oficial)…realmente una posición tan lenta como ridícula”, subraya.

Ante la inoperancia del poder político y la gravedad de la crisis climática, “no nos queda más que la desobediencia civil, no violenta, para hacer escuchar nuestra voz rebelde ante las autoridades y ante el conjunto de la población”, puntualiza.

Rebelarse por el clima

La Declaración de Rebelión no-violenta, “frente a la criminal negligencia de los gobiernos del mundo al no abordar con urgencia la crisis ecológica y civilizatoria”, marcó el nacimiento de Extintiction Rebellion en Gran Bretaña en octubre del 2018. (www.extinctionrebellion.es/portal/declaracion-de-rebeldia/)

Pero fue en 2019, cuando el movimiento ocupó parte de la escena mediática continental, al ser uno de los convocantes a las masivas movilizaciones climáticas y juveniles.

Entre los fundamentos jurídicos internacionales que invoca XR, se encuentra la sentencia del Caso de Urgencia sobre el Cambio Climático del 24 de junio del 2015 contra el Gobierno holandés. Acusado por su contribución a dicho cambio, que constituye un peligro para las personas. Así como la resolución en litigio de People’s Climate Case contra el Consejo y Parlamento Europeo por su inacción y que fue admitido por el Tribunal de la Unión Europea en agosto del 2018. Retoma también el espíritu de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de la Conferencia de Naciones Unidas de 1972. Y se apropia del principio onusiano, de participación ciudadana, fundamentado en el preámbulo de la Carta de la ONU que enfatiza: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a….” (www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html).

En cuanto al marco político que fundamenta su acción, XR afirma que los actuales poderes políticos y económicos son conscientes de que se nos acaba el tiempo. Desde hace más de treinta años las Naciones Unidas y el mundo científico vienen advirtiendo que la especie humana se dirige hacia la catástrofe si no se eliminan de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por el contrario, estas emisiones se han incrementado en un 70% desde la primera revolución industrial, y siguen aumentando. “Esto supondría un inmenso fracaso en la historia de la humanidad, en la medida en que nos enfrenta al colapso de nuestra civilización, a la muerte de miles de millones de personas en todo el planeta y a la extinción de millones de especies, incluida la nuestra”, argumenta la Declaración de Principios de Extinction Rebellion.

Situación climática dramática

Los dos objetivos mínimos del movimiento se sintetizan en que los poderes políticos “digan la verdad acerca de lo fatídica que es nuestra situación actual”. Que reviertan todas las políticas que no estén en consonancia con esa posición y se esfuercen al máximo posible, junto con los medios de comunicación, “por transmitir a la población lo urgente del cambio, incluyendo aquí lo que cada persona, agente socioeconómico y comunidad tiene que hacer para poder participar en la transformación”.

El segundo objetivo es que se reduzcan a “cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025, a nivel global y en cada país, y que se limite la huella ecológica por debajo de la biocapacidad del territorio mediante una movilización de emergencia masiva y una transición justa”. Lo que obliga definir nuevos desafíos en la sociedad, apoyándose en valores de solidaridad y cooperación, de tal modo que no se lleguen a alcanzar condiciones climáticas incompatibles con una vida buena para todos los seres. Y que se proporcione máxima protección a todas las personas, comunidades y especies, sobre todo a las más vulnerables.

En cuanto a la metodología XR propone “asambleas regionales, nacionales e internacionales basadas en formas más robustas de democracia directa y participativa”, buscando adaptar los dos objetivos anteriores en sus contextos particulares, dando prioridad a las necesidades de las especies y personas más afectadas y al cumplimiento en la práctica de los Derechos Humanos.

Para los actores sociales europeos, que pregonan no volver a la “a-normalidad” previa la pandemia, es hora de recuperar la iniciativa. Con un ojo apuesta a volver a ganar la calle. Con el otro, observando la situación sanitaria, el rebrote del COVID-19 en algunas regiones del continente y el temor siempre vigente de la posible segunda ola.

Sergio Ferrari, Berna, Suiza
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2260 / miércoles 29.07.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, José Antonio Rocca, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR AL DÍA, ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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INFAMIA Veronika Engler – comcosur mujer 651 – 27.07.2020

COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 651 /lunes 27.07.2020 – Hoy:

1) Argentina: Sin el reconocimiento de las diversidades sexuales no hay democracia posible
2) Argentina: Se viene el 35° Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binaries
3) India: Las mujeres siempre se llevan la peor parte
4) México: Feminicidios: Falta algo más presidente
5) Paraguay: Militares secuestraron y torturaron a 35 personas, entre ellas 6 adolescentes y 3 personas trans, durante 12 horas
6) Perú: El Poder Judicial peruano dejó sin protección explícita a las personas LGBTI+
7) Uruguay: Por una ciudad feminista – ecofeminista
8) Uruguay: Brechas de género en los ingresos laborales: entre el “techo de cristal”, el “piso pegajoso” y la penalización por maternidad
9) Infamia /Veronika Engler
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 651 – Lunes 27 de julio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: SIN EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES NO HAY DEMOCRACIA POSIBLE

En medio de la cuarentena y sumando logros a su recorrido, se constituyó la Asociación Civil Mocha Celis. Se trata de una entidad sin fines de lucro, que surge como sostén y expansión de la labor del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, la primera escuela secundaria para adultes con perspectiva de género.

A pesar de la dificultad que significó para muches el aislamiento, y en particular para el colectivo travesti-trans, desde el Bachillerato Popular Mocha Celis aprovecharon este tiempo para avanzar hacia la conformación de la asociación civil que venían proyectando desde hace tiempo, con el objetivo de ampliar el horizonte y seguir profundizando el trabajo que vienen realizando hace ya 10 años. La organización recientemente constituida es, además, la primera asociación civil aprobada bajo la resolución 1/2020 de la IGJ (Inspección General de Justicia), que fue aprobada en febrero para simplificar y hacer más económico el trámite de la personería jurídica para las organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad y ligadas a la diversidad de género. «Lo que buscamos principalmente es promover la inclusión social y la participación política de la comunidad travesti-trans y de las identidades sexo-género disidentes», cuenta Manu Mireles, secretaria general de la Asociación Civil Mocha Celis, en diálogo con El Grito del Sur.

«La conformación fue a partir de una lógica participativa, colectiva, horizontal. Hoy, en la Junta Directiva de la asociación civil, hay egresades y distintos actores que formamos parte de la Mocha», describe Mireles, quien es además docente, secretaria académica y coordinadora del área de comunicación del bachi popular. Esta noticia llega una década después del nacimiento de la primera escuela secundaria para adultes con perspectiva de género. La Mocha viene contribuyendo al proceso de transformación social que se desarrolla en las últimas décadas a lo largo de todo el mundo, y en nuestro país en particular, a partir de la inclusión de las diversidades sexuales y la aprobación de leyes que acompañan ese proceso.

«La idea es crear también un espacio que tenga la posibilidad de dialogar con el arte y contener a las personas que participan del mismo, reconocer y valorar sus identidades, para ampliar justamente los derechos económicos, sociales y culturales del colectivo travesti-trans y no binarie», explica la secretaria general de la institución. El próximo paso es avanzar en la planificación y ejecución de los distintos proyectos que vienen trabajando desde hace algunos meses: propuestas editoriales, iniciativas culturales, formaciones en educación para docentes e instituciones, acompañamiento médico y jurídico y contención de compañeres en situación de emergencia, entre otras cuestiones.

Consultada por lo que significa para elles la conformación de la asociación civil, Mireles responde: «Haber logrado la constitución de la Asociación Civil Mocha Celis es un paso súper importante y nos representa un gran nivel de compromiso, porque hay muchas personas que hacemos parte del espacio y hay muchas organizaciones que acompañan la trayectoria de la Mocha, que excede lo que tiene que ver con las aulas o lo que tiene que ver solamente con un espacio educativo tradicional». «Es una apuesta a crecer colectivamente, a seguir trabajando con organizaciones sociales, a seguir vinculándonos con instituciones del Estado de una forma más profunda para garantizar que haya políticas sociales que sean capaces de reconocer y valorar a los colectivos travesti-trans, no binaries y de todas las diversidades», suma.

De este modo, la flamante asociación se inserta en el camino de las reivindicaciones y conquistas logradas por los movimientos de diversidad y de derechos humanos que la precedieron, evocando la visión de Lohana Berkins y reivindicando a la Mocha Celis, travesti tucumana asesinada por la policía, así como otres muches compañeres que históricamente sufrieron la exclusión por parte del Estado y de la sociedad hetero-cispatriarcal. «Tanto la Ley de Identidad de Género, como la Ley de Matrimonio Igualitario o el debate actual sobre el Cupo Laboral Trans son, por un lado, logros de muchos años de militancia y por otra parte mantienen integralmente activa la voz de las personas que forman parte de estos espacios. Pero además, y lo más importante, son diferentes estrategias y normas que lo que hacen es apostar a que la democracia sea más inclusiva», concluye la docente.

El Grito del Sur / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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2) ARGENTINA: SE VIENE EL 35° ENCUENTRO PLURINACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS, TRANS, INTERSEXUALES Y NO BINARIES

Dado el contexto de emergencia sanitaria, en octubre habrá una instancia virtual y se prevé un encuentro presencial que aún no tiene fecha. “No nos vamos a correr de que en San Luis haya un encuentro cara a cara, acuerpado», señaló Noelia Aguilar, una de las organizadoras.

“No hemos podido parar ni un minuto, la pandemia nos agarró de sopetón, como a todes, pero no hemos podido parar”, contó Noelia Aguilar, parte de la comisión organizadora del 35º Encuentro. En pleno contexto de contagios por Covid-19 y con diferentes reglamentaciones para las provincias o ciudades, el 35º Encuentro tuvo que reformularse. “Empezamos a organizarnos de manera virtual (…) a principio de mes tuvimos la primera asamblea semipresencial, jugando un poco con los permisos que tenemos, porque en San Luis estamos en fase 5, podemos tener reuniones presenciales de hasta 10 personas”, señaló en diálogo con Futura en casa.

El evento está siendo pensado de dos formas: “el encuentro en San Luis se va a hacer de manera virtual y no es que esa virtualidad va a reemplazar el encuentro cara a cara (…) no vamos a permitir que queden desplazadas la cantidad de encuentreres que año a año hacen muchísimos esfuerzos para llegar y que no tienen la tecnología para acceder a esa virtualidad”. Por eso habrá, además, una instancia presencial cuya fecha aún no está determinada. «Vamos a definir seguramente en nuestra próxima asamblea la fecha definitiva del encuentro cara a cara que bajo ningún concepto va a ser remplazado por esta virtualidad que estamos pensando para octubre”.

Noelia señaló que pensar la virtualidad para un Encuentro requiere de muchas articulaciones para garantizar una transmisión de calidad. “Ya empezamos a trabajar con distintas áreas del gobierno provincial para utilizar plataformas con distintas instituciones de la provincia para pensar la virtualidad y que no se nos cuelgue frente a la masividad que puede llegar a haber, pero siempre con este objetivo: empezar a definir la fecha (del encuentro presencial), remarcó.

Somos Plurinacional

“Las primeras tres asambleas del año pasado giraron todas en torno a la resignificación del nombre. De manera contundente, de manera horizontal, logramos argumentar. Todas las voces fueron escuchadas y se definió de manera ampliamente mayoritaria», explicó con respecto a que el encuentro sea llamado plurinacional y de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex y no binaries.»Dimos un debate sostenido en tres asambleas que duraban 4 o 5 horas, o más, sobre esto. Nos lo permitimos y logramos que todas las voces pudieran circular. Y que en San Luis, además de ser el primer encuentro que realizamos de estos 34 que ya se vienen sucediendo, sea el que marca un punto de inflexión en el encuentro que es la necesaria resignificación del nombre”, afirmó la encuentrera.

A su vez, Noelia destacó el trabajo que realiza la comisión plurinacional del Encuentro. “San Luis es un territorio muy complejo, los pueblos originarios en cierto modo están de manera muy institucionalizada en la provincia (…) no estamos contando con presencia de compañeres que se definan como originaries, pero está la comisión trabajando en recuperar eso. Por ejemplo, para eso han entrado en contacto con compañeras originarias de otros territorios que tienen fuerza, potencia y organización muy potente, para conocer, para indagar, para poder hacer incidencia en la provincia, porque este encuentro nos ha demostrado que es imperante, es necesario hacerlo”, afirmó.

Un Encuentro con las disidencias

En la resignificación del nombre que se da en esta edición aparecen también la disidencias en una provincia donde, durante el mes del orgullo, se quemó una bandera multicolor en el Consejo Deliberante “esta quema de la bandera nos agarró a mitad de diálogo con el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, que justo a los poquitos dias voto de manera mayoritaria que el 35 Encuentro sea declarado de interés cultural, en la ciudad”.

La provincia se define como territorio huarpe, comechingón y ranquel. Noelia señaló que “esta posibilidad de organizar el encuentro también ha dado la posibilidad de terminar de salir del closet socialmente para la comunidad LGBT en San Luis. Es muy significativo desde ya, desde ahora mismo, el paso del encuentro, porque nos habilita un montón de oportunidades que a veces dan cosita en un pueblo chico”.

FM Futura / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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3) INDIA: LAS MUJERES SIEMPRE SE LLEVAN LA PEOR PARTE

Sadhna Gupta (nombre ficticio) descubrió que estaba embarazada justo después de que las autoridades indias decretaran un duro confinamiento con el objetivo de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

La joven de 21 años, oriunda de la ciudad de Bhubaneswar, situada en el este del país, no quería seguir adelante con el embarazo. Sin transporte público disponible, con las clínicas cerradas y la ciudad paralizada, la joven compró una píldora abortiva sin consultar a un médico. Si bien lo que hizo no es inusual, la ley india exige que las píldoras sean recetadas por un profesional médico autorizado.

Gupta no estaba preparada para lo que pasó a continuación. Sangró durante horas y tuvo un intenso dolor. Muy asustada, llamó a Hidden Pockets, una plataforma de ayuda y asesoramiento en salud reproductiva.

«Fue una situación bastante angustiosa», explica la fundadora de la entidad, Jasmine Lovely George, que habló con Gupta durante el proceso. «Si sangras durante horas y nadie te ha explicado nada, sientes mucho miedo. Sientes mucho dolor y no sabes lo que te está pasando».

En los últimos tres meses, se han cuadruplicado las llamadas a este teléfono de ayuda de mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos, comprar un test de embarazo o abortar.

Un sistema sanitario contra las cuerdas

La pandemia ha puesto contra las cuerdas al sistema sanitario de India y los derechos reproductivos de las mujeres se han visto particularmente afectados. Las restricciones a los viajes, el hecho de que el sistema haya destinado la mayoría de sus recursos a frenar el avance del coronavirus, el cierre de clínicas privadas y las interrupciones en las cadenas de suministro médico han impedido que las mujeres reciban atención a tiempo.

La Fundación de Servicios de Salud Reproductiva de India (FRHS) estima que las interrupciones de los servicios durante el confinamiento podrían dejar a 25,6 millones de parejas sin acceso a métodos anticonceptivos, lo que daría lugar a otros 2,3 millones de embarazos no deseados y a 834.042 abortos inseguros. Los abortos peligrosos son la tercera causa de muerte materna en India.

Cuando el Gobierno indio decretó el confinamiento el 25 de marzo, con un aviso a la población de tan solo cuatro horas, la salud reproductiva no figuraba entre los servicios esenciales que seguían operando con normalidad. Solo después de que un grupo de médicos y activistas apelara al Ministerio de Salud, el Ejecutivo la añadió a la lista el 14 de abril.

Sin embargo, desde el confinamiento, la mayoría de los hospitales públicos se han convertido en centros que asisten a los enfermos de COVID-19, y sus limitados recursos y personal se destinan a frenar la pandemia. Muchas clínicas privadas tuvieron que cerrar debido a la escasez de transporte y la falta de equipo de protección.

Los casi 900.000 trabajadores del sector salud que hasta la llegada del virus se ocupaban de la salud reproductiva y de la distribución de anticonceptivos ahora se dedican a tareas que tienen que ver con el coronavirus.

Parivar Seva Sanstha, una organización de salud reproductiva, se vio obligada a cerrar 31 clínicas que prestaban servicios de planificación familiar y aborto. Aunque poco a poco las clínicas vuelven a funcionar, el doctor Alok Banerjee, asesor técnico de la organización, señala que «no hay transporte público». «La mayoría de nuestras clientas viajan desde zonas rurales y no pueden desplazarse hasta la clínica». Algunas mujeres que han intentado desplazarse hasta estos centros médicos se han sentido intimidadas por la policía.

«La policía solo permite desplazarse para ver a un médico a aquellas personas que parecen estar gravemente enfermas», indica Ajitha Suhalka, una comadrona que trabaja en un centro de salud comunitario en la zona rural de Rajastán. «Si una mujer tiene un aspecto normal y saludable, le resulta difícil explicar en un puesto de control policial que quiere abortar». En algunas ocasiones, los compañeros de Suhalka han recogido a mujeres en sus propias motos y las han llevado a la clínica.

Desde que se inició la fase de desescalada en el país, las clínicas rurales han registrado un aumento de visitas de mujeres que han tenido complicaciones por tomar píldoras abortivas sin supervisión médica, o por visitar a médicos no cualificados.

«Las mujeres están tomando píldoras abortivas sin entender la dosis ni el procedimiento», dice Banerjee. «Luego llegan a la clínica con abortos incompletos, con un feto muerto en su interior». Alrededor del 60% de los casos en las clínicas de Parivar Seva Sanstha están ahora relacionados con complicaciones tras el aborto.

Las cadenas de suministro médico también se han visto afectadas por la prohibición de los viajes interestatales y el cierre de fábricas que producen medicamentos para la planificación familiar.

«Las mujeres siempre se llevan la peor parte»

La interrupción de un embarazo mediante el uso de píldoras está permitida en las primeras siete semanas, después de lo cual se recomienda un procedimiento quirúrgico. Según la ley india, el aborto es legal hasta las 20 semanas, excepto en los casos relacionados con una violación, una relación incestuosa o un menor, en los que puede ampliarse hasta las 24 semanas. Después de eso se necesita un permiso especial de los tribunales. Muchas mujeres indias desconocen que el aborto dentro de las 20 semanas es legal.

«Hay mujeres con embarazos no deseados que se quedaron atrapadas en sus casas durante el confinamiento, que pensaron que irían al médico cuando las medidas se relajaran», explica la doctora Nupur Gupta, director de obstetricia y ginecología del Instituto de Investigación Fortis Memorial, en Gurugram, una de las ciudades satélites de Delhi. «Ahora, o bien tienen que hacerse un aborto quirúrgico, o si han superado esa etapa irán a un curandero, o continuarán con un embarazo no deseado».

Se prevé que las medidas adicionales que deben tomar las clínicas para protegerse frente el coronavirus harán aumentar el coste de los servicios de aborto y podrían tener un impacto sobre la decisión de las mujeres de solicitar atención médica.

«Todos estos costes adicionales tendrán que ser sufragados por la paciente en un momento en que muchas personas están perdiendo sus medios de vida», señala la doctora Suchitra Dalvie, coordinadora de Asia Safe Abortion Partnership, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos reproductivos. «Las personas que estén desesperadas probarán métodos inseguros».

George dice que en India hay «un desdén por la salud sexual y reproductiva». «La actitud es, ¿hay una crisis y quieres hablar de condones?». Y concluye: “¿Quién se lleva la peor parte? Las mujeres, siempre”.

Rebelion / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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4) MÉXICO: FEMINICIDIOS: FALTA ALGO MÁS PRESIDENTE

La incidencia delictiva se redujo 1.4% con bajas considerables en robo, en sus diversas variantes –transporte público y de vehículo, a transeúnte–, en tanto que en los delitos federales bajó 28%, al pasar de 52 mil 352 (enero-junio de 2019) a 37 mil 618 delitos en este año. Lo anterior se escuchó el lunes 20, durante la mañanera de 2.6 horas de duración.

Mas el talón de Aquiles en la inseguridad son todavía los homicidios dolosos y los feminicidios. En el primer caso el secretario Alfonso Durazo explicó que “tenemos menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Esta es la brecha entre la tendencia histórica y los resultados de junio. Es claramente perceptible que hay una línea de contención respecto de la evolución que habría tenido”. Dicho de otro modo, bajó el ritmo de crecimiento del ilícito que no cuenta con cifra negra como la mayoría de los delitos cometidos –excepto robo de vehículos, que disminuyó sustancialmente en 18 meses–, y los feminicidios.

Los homicidios dolosos están concentrados en su mayor porcentaje en una parte de Guanajuato, la sierra de Chihuahua y Ciudad Juárez; la región de Cajeme, Guaymas y Empalme, en Sonora; regiones del estado de México y una parte de Acapulco.

Bien por la focalización del grave problema y mal por los resultados que, con todo, son mejores que en el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, niñas incluidas y que al decir de la activista Frida Guerrera (Verónica Villalvazo) creció durante la pandemia, lástima que no aporta datos duros, igual que sus compañeras. Agraviante asunto que, a mi juicio, debe asumir la sociedad no sólo los tres órdenes de gobierno, si interesa construir una vía de soluciones ajenas al protagonismo y la grilla, al golpeteo al presidente Andrés Manuel que intentan capitalizar los partidos Acción, Revolucionario, Ciudadano y el hilarante PRD y sus desplantes televisivos.

El hecho es que en junio se reportaron 99 asesinatos de mujeres (3.3 cada día), muy por arriba de los 73 que se cometieron en mayo. Se trata, además, de la cifra más elevada desde noviembre de 2018, cuando fueron ejecutadas 100, y la segunda más alta desde 2015, si nos atenemos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gravísimo problema para todavía magnificarlo con que en febrero se cometían 10 asesinatos diarios –de lo cual Utopía se hizo eco– y ahora las múltiples siglas feministas mencionan 12 feminicidios diarios. Y no falta quien exija que todo asesinato de una mujer sea considerado feminicidio.

Cifras aparte, estamos ante un problema macro de derechos humanos e igualdad de género, de seguridad pública y aún nacional por lo que implica para la paz con justicia, y por ello López Obrador podría hacer un esfuerzo extraordinario para desenvolver mejores iniciativas a través de la Secretaría de Gobernación y de la misma Presidencia para avanzar con mayor consistencia en proteger la vida de las mujeres y niñas, igualmente los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y la sociedad civil. También los corporativos mediáticos que aún privilegian los estereotipos sobre las mujeres como objeto sexual, la famosa cosificación, con su fuerte dosis de misoginia; básico tema del que poco se ocupa el feminismo liberal.

Tiene razón AMLO en que (este) “Es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza, para atender las necesidades de las familias más humildes de México, y lo vamos a seguir haciendo. Es un proceso, nos va a llevar algún tiempo… me importan mucho las mujeres, su protección, el derecho a la vida.” Pero hace falta y urge algo más presidente.

Alainet / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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5) PARAGUAY: MILITARES SECUESTRARON Y TORTURARON A 35 PERSONAS, ENTRE ELLAS 6 ADOLESCENTES Y 3 PERSONAS TRANS, DURANTE 12 HORAS

Hasta hoy, no hay ningún militar imputado por el crimen.

Juliana Quintana y Maximiliano Manzoni /La Diaria, 24 de julio de 2020

Un video mudo en blanco y negro. En medio de la noche, dos militares arrastran, golpean y empujan a seis jóvenes a la carrocería de una camioneta sin identificación. El vehículo arranca y avanza hacia destino desconocido. Parece la descripción de otra época. Pero ocurrió el 17 de julio de 2020, a la 1.48 de la mañana, en Ciudad del Este, Paraguay.

Después de lo que se reportó como un tiroteo entre marinos y supuestos contrabandistas en el río Paraná, que terminó con la muerte del suboficial Marcos Agüero, militares iniciaron una redada ilegal en el barrio San Miguel Remansito y la villa Kuwait. Al mando del capitán Walter Díaz, los marinos secuestraron de sus casas y torturaron a 35 personas, entre ellas seis adolescentes y tres mujeres trans.

La Fiscalía y la Policía se enteraron de las detenciones ocho horas después. Las víctimas estuvieron 12 horas incomunicadas en la Base Naval de Ciudad del Este, antes de que pudieran hablar con un familiar o abogado. Todo –las detenciones, las torturas, las pruebas de parafina sin la presencia del Ministerio Público– fue ilegal.

A Hugo Arsenio González lo sacaron de su casa. Dijo que los militares le derramaron agua caliente y alcohol en la cabeza. Luego lo llevaron al baño y entre cuatro empezaron a golpearlo. “Se rompió mi vena adentro con el golpe, explotó”, contó. Casi muere en la patrullera. “En el hospital me salvaron la vida”, relató a una radio local.

Fernando, un adolescente, dijo que les daban golpes con cachiporra en la espalda mientras estaban con el cuerpo al suelo. Otra víctima contó: “Nos pusieron hule, nos hacían atajar la respiración, me pegaban por mi cara”.

Cris, Sadis y R, tres mujeres trans, fueron detenidas por más de una decena de militares que entraron a su casa a medianoche luego de derribar la puerta de una patada, contaron a Agencia Presentes. “Nos sacaron del cabello, a las tres. Nos metieron a una camioneta, como perros o bolsas de basura, y nos llevaron a la base naval. Ahí comenzó nuestro calvario”, dijo Sadis López, y recuerda que las trasladaron encubiertas en mercadería. “Apenas podíamos respirar. Nos torturaban, nos pegaban con cachiporras, con palos, con sogas gruesas con las que se atan barcos. Nos decían que nos iban a hacer hombres a la fuerza”, contó.

Todos usaron una palabra para describir lo que sucedió: tortura.

Los militares también le rompieron la boca a una niña de dos años con la culata de un arma cuando estaba en los brazos de su padre, que fue detenido. A Carlos Antonio López, de 69 años, le pegaron un culatazo en la cabeza. Al día siguiente, tres adolescentes, de 15, 16, y 17 años, mostraban sus espaldas con hematomas violetas a la cámara de un celular mientras la mujer que los grababa decía: “¿Esto es el Estado de derecho?”.

Sólo durante 2013 y 2016, la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga desapariciones, maltrato, tortura, persecución, espionaje y ejecuciones cometidas por funcionarios públicos, recibió 873 causas contra agentes estatales. No hay datos diferenciados de las causas, pero ninguna había tenido sentencia. Una impunidad denunciada por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en 2017.

El capitán Walter Díaz fue relevado del cargo luego de la muerte del suboficial Marcos Agüero. De los 35 detenidos ilegalmente, 25 fueron imputados por resistencia y por violar la cuarentena, y dos por homicidio doloso.

Al 21 de julio, ningún militar fue imputado por las torturas.

Juliana Quintana y Maximiliano Manzoni /La Diaria – Este artículo fue publicado originalmente por El Surtidor Alainet / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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6) PERÚ: EL PODER JUDICIAL PERUANO DEJÓ SIN PROTECCIÓN EXPLÍCITA A LAS PERSONAS LGBTI+

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú. Por Verónica Ferrari

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú.

El juez supremo Javier Arévalo Vela sustentó esta decisión señalando en su escrito que la orientación sexual, en condiciones normales, es heterosexual, y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales. En pocas palabras, llamó a las personas LGTBIQ+, anormales, enfermas mentales o con algún trauma social, lo que es un delito pues en el Código Penal peruano, desde el 2017, se sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además es anticonstitucional, pues la Constitución Política del Perú protege y garantiza la dignidad de todos y todas sus ciudadanas.

La Resolución fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esto causó conmoción en el activismo LGTBIQ+ y en algunos jueces que venían sacando adelante una serie de actividades alrededor del reconocimiento de la población LGTBIQ+. Por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizado en 2019. Este evento fue aprobado por el mismo Consejo que ahora decide retirar a la población LGTBIQ+ del acceso a justicia. Al respecto, el juez supremo provisional Carlos Calderón, organizador de este evento, señaló para Presentes que “esta resolución es un retroceso, un olvido total de las sentencias de la CorteIDH y un hecho doloroso, frustrante y triste a la vez”.

Anred / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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7) URUGUAY: POR UNA CIUDAD FEMINISTA – ECOFEMINISTA

De cara a la Asamblea Feminista de Montevideo, que realizaremos de forma presencial en el Espacio Feminista Plaza las Pioneras, queremos trabajar en 5 ejes que tienen como temas transversales el combate al racismo, la promoción de la diversidad y disidencia sexual y la accesibilidad de todos los cuerpos plenos de derechos.

Para ello convocamos a un ciclo de debates virtuales a través de Zoom, que iniciará el jueves 6 de agosto. Cada eje funcionará durante dos horas y contará con intérprete de lengua de señas:

1. Espacios para la vida – 6 de agosto, 18hs
2. Cultura de la no violencia, denuncias de las violencias patriarcales – 13 de agosto, 18hs
3. Sostenibilidad de la vida – 20 de agosto, 18hs
4. Culturas no sexistas – 27 de agosto, 18hs
5. Participación social y autogestión- 3 de setiembre, 18hs

La participación es abierta a todos los colectivos feministas formales o informales, a los colectivos artísticos feministas y a personas a nivel individual que deseen contribuir a la construcción de una agenda prioritaria para el departamento de Montevideo desde la mirada feminista, anti-racista, ecofeminista, plural y diversa.

¿Cómo imaginamos una ciudad en clave de los cuidados? ¿Una ciudad que piense en las relaciones antes que en las piezas aisladas; que piense desde la complejidad para facilitar la vida; que piense desde lo público para retejer lo social? Una ciudad que priorice el consumo y la producción sostenibles. Que responda las necesidades básicas para una vida que merece ser vivida, al mismo tiempo que minimiza el uso abusivo de la naturaleza y los materiales tóxicos y las emisiones de desechos y contaminantes para no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.

Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de producir espacios desde una lógica productivista y mercantilista y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. Que los espacios estén adaptados a las diferentes necesidades de las personas y no que las personas se adapten a las condiciones del espacio. Poner a las personas en el centro, visibilizando la diversidad de experiencias y necesidades, sin tratar de homogeneizar los usos y actividades en el espacio urbano. Por eso, frente a la ciudad funcionalista, las Smart Cities u otros paradigmas alejados de la realidad de las personas, proponemos la ciudad cuidadora. Las políticas urbanas pueden contribuir al encuentro, o la destrucción, de los espacios comunes.

Cotidiano Mujer e Intersocial Feminista/ COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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8) URUGUAY: BRECHAS DE GÉNERO EN LOS INGRESOS LABORALES: ENTRE EL “TECHO DE CRISTAL”, EL “PISO PEGAJOSO” Y LA PENALIZACIÓN POR MATERNIDAD

Un estudio de la CEPAL y ONU Mujeres evidencia que las mujeres experimentan una reducción de su salario después de tener hijas o hijos.

Los avances normativos, políticos y sociales de las últimas décadas han permitido que hoy las mujeres tengan más derechos que hace 100 años. Sin embargo, las desigualdades persisten en algunos sectores, y específicamente en el terreno económico y en el mercado laboral muchas brechas de género todavía siguen sin cerrar.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe “Brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay”, presentado este mes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres. El documento identifica las brechas de ingreso por género –es decir, las diferencias en las remuneraciones que reciben mujeres y varones en el mercado laboral– y explica cómo se miden.

También aporta información sobre el impacto de la maternidad en estas diferencias salariales. En ese sentido, un dato que revela es que la llamada “penalización de la maternidad” no se da sólo en los primeros meses de crianza de la hija o el hijo recién nacido, sino que persiste durante los años siguientes al nacimiento. La sobrecarga de las tareas de cuidados en las mujeres emerge entonces como una de las principales causas de las diferencias de ingresos.

Por otro lado, el estudio recuerda cuáles son las normas vigentes que buscan mitigar las desigualdades laborales en Uruguay y propone recomendaciones para enfrentar los desafíos presentes y futuros.

“Para comprender mejor cómo operan los nudos vinculados a la desigualdad económica y a la división sexual del trabajo e impulsar las mejores políticas para enfrentarlos, es imprescindible conocer y comprender lo que sucede en el mercado de trabajo”, dice el prólogo del informe. El objetivo general, agrega el texto, es “aportar insumos para el diseño e implementación de las mejores políticas y regulaciones que contemplen los esfuerzos realizados hasta ahora y permitan avanzar hacia un horizonte de igualdad de género en Uruguay”.

El estudio fue elaborado por las especialistas Maira Colacce, Julieta Zurbrigg y Mariana Mojica, bajo la supervisión de Verónica Amarante, directora de la CEPAL en Montevideo, y Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. Su publicación contó con el apoyo financiero del Instrumento de Asociación de la Unión Europea en el marco del programa “Ganar-ganar: la igualdad de género es un buen negocio”.

“En líneas generales, el mensaje es que las brechas salariales de género continúan siendo significativas en Uruguay, y su reversión debe ser prioridad de empleadores y de políticas públicas”, sintetizó Amarante durante la presentación del informe, que tuvo lugar en el Parlamento y fue transmitido por Zoom. “En los últimos diez años hubo avances significativos en términos de políticas”, aseguró la economista, y mencionó por ejemplo la mejora en materia de licencias parentales y servicios de cuidados que fomentan la corresponsabilidad, pero –insistió– “se tiene que continuar avanzando en el monitoreo de esas políticas y en la evaluación de su impacto para alcanzar la igualdad de género”.

¿Por qué existen las brechas?

Las autoras del informe aseguran que la brecha de género en los ingresos laborales podría ser el reflejo de cinco “situaciones no excluyentes”. Las dos primeras son la existencia de discriminación o de prejuicios de género contra las mujeres en el mercado laboral, y las diferencias en sus características –como la educación y la experiencia previa– “que implican diferencias en la productividad laboral”. Otra explicación puede deberse a “diferencias culturales y/o genéticas” que son valoradas por el mercado laboral “porque se asocian con una productividad mayor”, como por ejemplo la ambición o la competitividad.

En la actualidad, estas interpretaciones “parecen haberse tornado menos relevantes por la mejora de las características vinculadas al empleo de las mujeres en relación a los varones y por el combate explícito a la discriminación a través de leyes y normativas”, plantean las especialistas. Ponen el foco entonces en las otras dos explicaciones: la segregación laboral y la penalización por maternidad.

La segregación laboral por género es “la tendencia a que las mujeres se concentren en ciertos puestos de trabajo que están asociados a menores niveles de productividad y, en general, a menores niveles salariales”, explicó Amarante. Se identifican dos tipos: la segregación horizontal –entre ocupaciones– y la vertical –respecto de la escala jerárquica o de tareas dentro de cada lugar de trabajo–. “En la medida en que las mujeres se ocupen más en trabajos peor remunerados”, dice el estudio, “sus salarios serán inferiores a los de los hombres en promedio, dado el resto de las características”.

La segregación vertical es uno de los fenómenos más considerados en la última década para explicar las brechas de género, ya que las mujeres tienen cada vez más educación y experiencia, pero aún no logran acceder a los puestos de decisión en las empresas, dice el informe. Esta ausencia de las mujeres en los puestos jerárquicos puede explicarse por dos mecanismos. El primero es el conocido “techo de cristal” y tiene que ver con que las mujeres son promovidas a un ritmo menor que los hombres, por lo que cuando finalmente acceden a los puestos jerárquicos sus ingresos no aumentan en la misma proporción que los de ellos. El segundo mecanismo es el llamado “piso pegajoso”, un “patrón de empleo que mantiene mayoritariamente a las mujeres en los puestos más bajos de la escala jerárquica y, por lo tanto, con menores ingresos y menores posibilidades de ascenso”.

Algunos estudios recogidos por el informe de la CEPAL y ONU Mujeres revelan que en Uruguay la discriminación es el factor más relevante para la explicación de la brecha salarial. De hecho, especifica el documento, esas investigaciones “determinan que, si no existiera discriminación, la brecha salarial favorecería a las mujeres, porque son más productivas que los varones”. Otros trabajos, en cambio, señalan la segregación laboral como un factor explicativo de las brechas salariales en el país.

El castigo por ser mamá

La maternidad es otra de las cuestiones que pueden incidir en la brecha salarial. El informe asegura que la evidencia encontrada a nivel internacional muestra que “las mujeres tienen una penalización salarial por ser madres, mientras que no hay modificaciones en los ingresos de los varones” que deciden ser padres. Tampoco hay modificaciones en la remuneración de mujeres de las mismas características que no decidieron ser madres.

De acuerdo con el informe, esta penalización por maternidad puede deberse a los mismos factores que se analizan para la brecha de ingresos: discriminación de los empleadores hacia las madres, diferencias en la experiencia profesional por haberse retirado del mercado laboral para la crianza, diferentes preferencias entre las mujeres que deciden ser madres y las que no, o segregación de las madres en empleos peor pagos que faciliten la compatibilización del trabajo remunerado con las tareas de cuidado.

En Uruguay, el único estudio disponible que permite identificar el impacto de la maternidad en el ingreso laboral es el de la economista Martina Querejeta, que se basa en los datos de mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015. Las mujeres tenían entre 18 y 40 años de edad y se encontraban empleadas durante el año previo al inicio del subsidio.

Con base en ese trabajo –que recoge registros administrativos del Banco de Previsión Social–, el informe de la CEPAL y ONU Mujeres analiza los efectos de la maternidad en la historia laboral de las mujeres. Uno de los principales resultados que emergen es que, durante el primer año después del nacimiento, el salario total de las madres se reduce 19% en comparación con el de mujeres con características similares que no tuvieron hijos. El estudio muestra una caída abrupta en el cuarto mes luego del nacimiento, que coincide con el fin del subsidio maternal.

Pero la penalización no logra revertirse en el mediano y largo plazo, ya que el salario mensual alcanza una reducción de 42% diez años después de la maternidad. “Esta persistencia en el tiempo nos indica que ahí está el nudo entre la carga asociada al trabajo doméstico y la inserción en el mercado de trabajo; allí hay una parte muy importante de la brecha entre hombres y mujeres”, explicó Amarante.

Parte de esta reducción en los ingresos se debe a que las mujeres que son madres trabajan 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos, en términos de horas. La otra parte, dice el informe, se explica por ingresos por hora menores que las mujeres que no son madres: al año de la maternidad, el salario por hora alcanza una reducción de 6%, que se acentúa en el largo plazo hasta alcanzar una baja de 25%.

“Esta comparación, que es bien rigurosa, entre mujeres que tuvieron y no tuvieron hijos nos muestra claramente que la penalización por maternidad existe en Uruguay, y no sólo es persistente sino que lo es durante muchos años”, señaló la representante de la CEPAL.

Buscar soluciones

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, celebró durante la presentación del informe que un “documento público” se haya “arriesgado” a hablar de la penalización por maternidad. “En un país donde siempre se nos habla de lo delicado de la situación por tener tan baja natalidad y una población avejentada, vemos que el estudio muestra claramente que tener un hijo implica un descenso salarial, un castigo que además persiste a lo largo del tiempo”, cuestionó Argimón. “Cuando se habla de los avances en el ejercicio auténtico de los derechos de las mujeres, también debe tenerse en cuenta lo que implica querer desarrollar paralelamente el ejercicio del derecho laboral y el ejercicio de la maternidad. Evidentemente, hay temas que no estamos solucionando”, puntualizó.

Para la vicepresidenta, además, este fenómeno “somete” a las nuevas generaciones a la necesidad de tener que dirimir, en determinado momento de su vida, si ser madres o participar en el mercado laboral, porque no hay garantías de que se pueda hacer las dos cosas en simultáneo sin tener consecuencias.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ratificó que la penalización por maternidad es uno de los tres problemas que acentúan la brecha de género en los ingresos –junto con la poca participación de mujeres en el mercado laboral y el “techo de cristal”– y uno de los que han quedado “más en evidencia” en los últimos años. “En un país que tiene las tasas de crecimiento demográfico y de natalidad tan bajas, es tremendo que el costo de la maternidad sea un deterioro de sus condiciones de trabajo y de su remuneración”, aseguró.

Según el ministro, “es clave desarrollar modalidades que fomenten el cuidado compartido y las licencias no sólo por maternidad sino por parentalidad, es decir, de madres y de padres”. Reconoció que a nivel normativo Uruguay “ha avanzado algo”, pero insistió en la necesidad de “buscar la manera de que eso sea una opción mucho más prevalente en las decisiones cotidianas”, específicamente en materia de corresponsabilidad de los cuidados, un “tema cultural que está vigente desde tiempos inmemoriales”.

Las autoras del informe aseguran que para reducir las brechas salariales “Uruguay no debe empezar de cero”, ya que en las últimas décadas ha adoptado medidas, normas y regulaciones que van en ese sentido. “El país se encuentra frente a la oportunidad de, entre otras cosas, realizar mayores esfuerzos”, exhortan, entonces. Y recomiendan adoptar “medidas de transparencia empresarial” –por ley o por iniciativa propia de los empleadores privados–, generar políticas que apunten a reducir la segregación ocupacional y las interrupciones laborales de las mujeres –como, por ejemplo, políticas de cuidados que permitan reducir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar– y equiparar el salario mínimo entre distintos sectores. Otra de las sugerencias del estudio es evaluar y adaptar políticas (públicas y corporativas) de licencias maternales, paternales y parentales, “de modo que permitan reducir efectivamente el impacto adverso de la maternidad sobre las trayectorias laborales”.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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9) INFAMIA

Veronika Engler /domingo, 26 de julio de 2020

Conocí desde muy pequeña a Daniel Viglietti, después vino la dictadura y con ella las distancias, pero tuve la enorme suerte de contarlo entre nuestros amigos hasta el día de su muerte. El Daniel que conocí era un hombre tremendamente solidario, un luchador por los Derechos Humanos, amigo de sus amigos, inteligente, desinteresado y talentoso. Jorge y yo compartimos muchos momentos con él, con Lourdes, con mi padre, Inger y otras/os amigos. En el acuerdo o la discrepancia siempre existió respeto y su proceder honesto amerita que se abra un espacio de duda frente a lo que hoy sucede. Lo respetamos, admiramos y queremos, por eso me duele tanto la rapidez de mucha gente en apoyar acusaciones que hasta el momento no tiene fundamentos sólidos.

Si Daniel Viglietti estuviera vivo habría cumplido 81 años el pasado 24 de julio. A raíz de la acusación del periodista Nelson Díaz, posteriormente reafirmada en un posteo por Lucía Viglietti Forner, se responsabiliza a Daniel de violar a una niña de 10 años cuando él tenía 27, o sea en 1966. 54 años más tarde y sin que él pueda defenderse, la sobrina tira una piedra y esconde la mano. No sé qué edad tenía ella en ese entonces, ni tampoco entiendo por qué casi tres años después de la muerte de su tío publica ese post y luego desaparece. Es una acusación muy seria que realizada de esta manera no le hace ningún favor a la supuesta víctima, le quita seriedad, la convierte en circo. Además pone en evidencia la responsabilidad de toda una familia por haber callado en lugar de hacer la denuncia. Intenté entrar a la página de Facebook de la denunciante, pero no lo logré, parece que la cerró. Les pido que, si no les importa la memoria de Daniel, respeten a Trilce y a Lourdes cuando suelten juicios de valor basados en lo que hasta ahora parece ser una campaña de desacreditación.

Leo con asombro que mucha gente postea afirmando: “Yo le creo a la víctima”. Les recuerdo que hasta ahora la supuesta víctima no se manifestó ni sabemos quién es, lo que resta credibilidad a todo esto. Lo que creen es lo que dice un periodista y los post de Lucía Viglietti.

Me apena reconocer entre la gente que insulta y replica la “noticia” a quienes otrora levantaron a Daniel como digno representante de la integridad y los valores morales. Resulta que ahora, en macabra fiesta de impunidad de las redes, varias personas manifiestan que lo sabían. Hipócritas y cómplices, ¿si lo sabían, por qué no hicieron nada?

El periodista no deja en ningún momento claro en que pruebas se basa para acusarlo y la sobrina tira la bomba y luego se retira. Comencemos con Nelson Diaz, que escribe en su muro de Facebook: “Sabían que este miserable, abyecto, que cantaba para el pueblo violó menores? La muerte no redime. VIglietti violador. Hablen con la familia y lo sabrán.” Al decir que “violó menores”, ¿lo acusa de más casos? No me queda claro. También publica en su muro: “Fin de la discusión. Daniel Viglietti violó una menor. En mi ética, más allá de su obra, es un miserable. Un hijo de puta. Este pedófilo podría haber violado a tu hija. Cantá a desalambrar.” Claramente induce al odio y a la violencia verbal, intenta (y en muchos casos lo logra), manejar la opinión de quien lo lee, lo hace personal: “Este pedófilo podría haber violado a tu hija.”, lo coloca en tu casa, junto a tus hijas. para despertar alarma ¿No se dan cuenta de lo tendencioso que es y cómo intenta que tomemos partido por una víctima que es hasta ahora inexistente? La ética profesional del señor Nelson Díaz ofrece serias dudas, como periodista tiene la obligación moral de investigar los hechos antes de hacerlos públicos y de presentar algo más que insultos categóricos, deslindandose de la responsabilidad con la frase: “iHablen con la familia y lo sabrán.”

Por otro lado, la sobrina escribe: “Hay mucha gente que lo sabe, de hecho quien era su esposa en ese momento lo supo por boca de él y se separó de inmediato”. Evidentemente el “periodista” no se contactó con la ex esposa para confirmarlo, pero hoy lo hizo una persona de mi total confianza y comprobó de boca de la ex esposa de Viglietti que no era cierto. Entonces, la señora Lucía miente en eso, lo que a mi entender pone en tela de juicio toda la afirmación. Lucía involucra a una persona que ni siquiera estaba enterada de lo que sucedía y que quedó muy asombrada en el momento de saber sobre la acusación.

También escribe: «Tampoco voy a aclarar y explicar más nada. Entiendo que fue una figura pública y un referente importante para muchos, pero eso no quita que, así como tuvo sus luces, tuvo sus sombras. El que quiera creerlo bien y el que no, en su derecho está». Como verán se lava las manos, tiro eso y hasta luego…

Asusta pensar que podemos escribir y acusar a cualquier persona de lo que queramos y que la opinión pública, lejos de pedir que se demuestren los hechos y analizarlos, nos va a incinerar como en tiempos de caza de brujas. Hoy somos los verdugos de las redes sociales, me tocó vivirlo con personas muy cercanas, los vi ser admirados hasta el furor y condenados tras un audio o algún disparate en redes con mentiras muy burdas y fácilmente desechables. Por eso me debo y les debo respeto antes de actuar como la inquisidora que lleva la antorcha.

Un tema tan serio no se puede manejar con supuestos. A pesar de la poca claridad de las acusaciones, arremetieron sin abrir el más mínimo paréntesis de duda. Un tema muy mal manejado y con mucha falta de respeto. No me queda duda de que quien comete una violación, en el año y en el momento que sea, debe ser repudiado y si está vivo castigado, pero no nos hagamos eco de todas las campañas de enchastre que escuchamos, hay que investigar y corroborar antes de sentenciar.

Veronika Engler/ COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
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ALEJANDRA Y ADRIÁN por Jorge Zabalza – comcosur informa 1970 – 24.07.2020

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1970 – 24.07.2020 – Hoy:

1) Alejandra y Adrián /Jorge Zabalza
2) Argentina: Disparos por la espalda, detenciones arbitrarias y desapariciones: la añeja violencia de las fuerzas de seguridad /Cecilia González
3) Uruguay: La huelga y las ocupaciones después de la LUC /Hugo Barretto Ghione
4) Uruguay: En defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo
5) Hambre creciente en un mundo que derrocha cada día más alimentos /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. “Salados” – Alegría en Las Ollas – Club Liverpool FC
II. Los Clásicos contigo (1973 – 1997)
III. Documental “Mi Querido Supermercado” Brasil DOC Montevideo
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ALEJANDRA Y ADRIÁN

En memoria de Guillermo Machado

Jorge Zabalza /Semanario Voces, 23.07.2020

Adrián y Alejandra, mis vecinos del Bajo Valencia, son un joven matrimonio sin techo. Vivían de agregados en casa de familiares. Junto a centenas de familias necesitaban una la vivienda digna, derecho con garantía constitucional que el Estado negaba.

Un buen día, espontáneamente, ocuparon el estéril baldío al norte de Santa Catalina. Se proponían poblar donde reinaba la chirca, tradición transmitida por sus padres y abuelos, fundadores de los barrios que se extienden al oeste de Camino Cibils. Una anónima obra de civilización que colonizó el espacio vacío con miles de casas.

Alejandra y Adrián se sumaron a la ocupación y levantaron su propio refugio con unas pocas tablas y chapas. Podían haberse dedicado a resolver estrictamente lo suyo, pero, inspirados en los relatos que circulan en la zona, se propusieron levantar un merendero aprovechando los restos de un tanque australiano. Seis meses después, con el auxilio solidario de sindicatos y militantes, el merendero es una realidad. El matrimonio, además, está embarcado en la formación de una cooperativa por ayuda mutua afiliada a FUCVAM. Son luchadores, quieren salir organizadamente de la agobiante situación de marginación a que han sido empujados. Sin embargo, pronto les caería encima el Estado, con una furia inaudita e injustificada.

El miércoles 15 citaron a los ocupantes para una instancia de diálogo y negociación en el Sistema de Mediación de Montevideo. Participaban la Coordinadora de Asentamientos, la Cámara de Representantes, la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal Diego Pérez, que ya llevaba “formalizados” por asociación para delinquir una quincena de ocupantes. Toda una ceremonia institucional que, se presumía, tenía la laudable intención de resolver un conflicto social. El “país de los amortiguadores” en pleno funcionamiento. Adrián concurrió como referente de una importante movilización social y fue “atendido” como si hubiera cometido un delito al luchar por viviendas dignas para todas y todos los vecinos.

El fiscal Diego Pérez, representante del gobierno nacional en la instancia, se despojó de su disfraz de amortiguador y mandó detener a Adrián Alanís. La instancia de “diálogo y negociación” se transformó en una trampa policíaco-judicial: el referente barrial resultó procesado por asociación para delinquir y usurpación, delitos que se le podrían imputar a cualquier ocupante de tierras, mujer u hombre, que angélicamente concurriera a la instancia de mediación convocada por las autoridades. Diego Pérez optó por declarar la guerra a los ocupantes y echar a andar la maquinaria represiva que reproduce sepultureros del régimen.

Sin decir diciendo, fundamentó su acto represivo en el antecedente judicial de Adrián quién, desde que fue dejado en libertad, ha trabajado en la construcción, conformado un hogar (Alejandra perdió su embarazo la noche del temporal) y, además, es conocido su largo esfuerzo en aras del bienestar colectivo. En realidad, su delito es haber nacido en la marginación y la exclusión.

Pese a todo el discurso electoral sobre la necesidad de transformar las cárceles en centros de rehabilitación, cuando un liberado demuestra fehacientemente su voluntad de salir del delito, el colérico fiscal Diego Pérez se atribuye el derecho de condenarlo a vivir en la calle. ¡Cuánta saña gratuita e injustificada! Es un nuevo disparate del sistema de “justicia”. Con sus niñas y niños, algunos de brazos todavía, las familias ocupantes continúan soportando temporales y olas de frío bajo sus techos de cartón. En el aislamiento: gobierno y parlamento los ignoran. No es que los hayan olvidado, no saben que existen. Solamente les resta la esperanza de salir adelante con su cooperativa, que les adjudiquen un terreno y un préstamo para construir por ayuda mutua las viviendas de bajo costo. Esperan que fiscalía y el gobierno no opten por empujarlos al abismo. Hay soluciones, como siempre las hubo. Basta con que haya voluntad política.

Con el relato de lo sucedido a los creadores del “Nuevo Comienzo” (así bautizaron su barrio), se pretende poner de relieve las ideas que corren por detrás del escenario de los “allanamientos nocturnos”. La cosa va mucho más allá de una simple reforma constitucional o del debate jurídico, es una tentativa de instalar la ideología de la mano dura. En realidad, hay fuertes indicios de que ya es hegemónica y cuenta con la aquiescencia de los partidos y el electorado suficientes. La violencia de la actitud del fiscal Diego Pérez frente a la marginación social, es apenas una expresión individual de esa la filosofía de la mano dura que se propaga desde el poder político. En definitiva, es el mismo espíritu con que un energúmeno intentó quemar vivo al pobre Andrés que dormía en la calle. Se promueven las ideas y luego se sufren las consecuencias prácticas. Si las cosas continúan por el mismo derrotero, tendremos que llorar muchos Guillermo Machado más.

Jorge Zabalza /Semanario Voces
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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2) ARGENTINA: DISPAROS POR LA ESPALDA, DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES: LA AÑEJA VIOLENCIA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Por Cecilia González / RT /15.07.2020

A Lucas lo asesinaron con disparos por la espalda. A Luis lo mataron y escondieron el cuerpo. A Mauro lo golpearon. A Walter lo asfixiaron. Y Facundo está desaparecido. En todos los casos hay fuerzas de Seguridad involucradas.

Estos son apenas un puñado de los nombres propios reconvertidos en las últimas semanas en emblema de la violencia institucional que Argentina arrastra desde que en 1983 terminó la última dictadura militar, y con la que ningún gobierno democrático ha podido terminar.

No importa si son fuerzas nacionales o provinciales.

Tal y como ocurre en gran parte de América Latina, muchas veces los policías argentinos inspiran más miedo que confianza. Es un desprestigio bien ganado. Y ahora encontraron en la pandemia un nuevo pretexto para cometer abusos.

Uno de los primeros casos que llamó la atención de la opinión pública fue el de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años que fue detenido el 15 de mayo por policías de la provincia de Tucumán por violar la cuarentena.

En el operativo, un policía le disparó por la espalda. Lo mató. Varios policías se complotaron para esconder el cadáver. Lo arrojaron en un barranco. Luis, casado y padre de seis hijos, estuvo desaparecido durante una semana, hasta que hallaron el cuerpo.

Antes, el 5 de abril, Florencia Magalí Morales, de 39 años, madre y abuela, fue encontrada ahorcada en una comisaría en la provincia de San Luis. Los policías la habían detenido cuando salió de su casa, en bicicleta, para comprar alimentos, pero como no llevaba identificación, la acusaron de violar la cuarentena.

El 1 de mayo, Mauro Coronel, 22 años, padre de cuatro menores, fue detenido en Santiago del Estero, acusado de violencia de género por su pareja. Los policías lo torturaron, lo golpearon. Murió a los cuatro días en un hospital.

Tres semanas más tarde, el 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado con un tiro en la espalda en la provincia de Buenos Aires. Le disparó un policía federal que, en ese momento, estaba fuera de servicio. Seis días después, también en esta provincia, un policía federal asesinó a Lucas Barrios, de 18 años, con 18 balazos. Lo acusó de haber querido robarle.

Otra historia de alta repercusión ocurrió el 26 de junio, cuando policías de Tucumán detuvieron en la calle a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, a quien una mujer acusaba de haber querido robarle. El hombre murió asfixiado por los policías que lo redujeron en el piso, de manera similar a George Floyd, el caso que conmocionó a Estados Unidos.
El viernes pasado, Lucas Nahuel Verón fue asesinado por dos policías de la provincia de Buenos Aires. Ese día cumplía 18 años. Estaba a una cuadra de su casa. Iba en una moto junto a un amigo cuando los policías le dispararon.

¿Dónde está Facundo?

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa el 30 de abril para ir a visitar a su novia. En el camino fue detenido por policías de la provincia de Buenos Aires que lo acusaron de incumplir la cuarentena. Desde entonces no se sabe nada de él.

La pregunta sobre el paradero de Facundo comenzó a replicarse de a poco en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, pero sin la magnitud esperada, dado que se trata de un nuevo caso de desaparición en democracia, en un país que todavía exige memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Se manifestaron los organismos de derechos humanos de siempre, y poco más.

Los reclamos al peronista gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, fueron más bien discretos. Parecía que las simpatías políticas se imponían. Algunos usaban el desgastado e insuficiente lugar común de mejor callarse para «no hacerle el juego a la derecha». A otros les bastaba que, a diferencia del gobierno anterior, las autoridades no culparan a las víctimas de sus tragedias ni encubrieran o negaran los casos. O explicaban que no podían salir a marchar por la cuarentena.

La coherencia de las convicciones se puso a prueba para evitar la aplicación de una doble vara marcada por la militancia. Para no repudiar solamente la violencia del Estado cuando hay un gobierno con el que no se simpatiza.

Esta semana, la desaparición de Facundo, sumada al asesinato de Lucas, ya tomó una nueva y mayor dimensión social. El caso interpela de manera directa al gobierno de Alberto Fernández y a sus promesas en materia de derechos humanos. Tanto, que Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, está promoviendo una reforma policial con miras a combatir la violencia de las fuerzas de Seguridad.

Después de múltiples demoras e irregularidades en la investigación, por fin se están haciendo rastrillajes para encontrar a Facundo. En otros de los últimos crímenes -no en todos- hay policías sancionados, separados de las fuerzas, procesados o indagados.

El presidente, Kicillof, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantienen el mismo discurso. Coinciden en la necesidad de actuar en cada caso, condenar los abusos, combatir la impunidad. En subrayar que no habrá tolerancia y que no se encubrirá a nadie. Que las familias de las víctimas serán acompañadas. El único que desentona es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, amante de hacer un show de sí mismo.

Las reacciones oficiales contrastan por completo con el amparo que el gobierno de Mauricio Macri brindó a las fuerzas de Seguridad que estuvieron involucrados en múltiples casos de «gatillo fácil», el eufemismo usado en Argentina para referirse a los asesinatos cometidos por policías. El discurso peronista es totalmente opuesto, pero no alcanza.

Indignación oportunista

Sectores antiperonistas no pierden la oportunidad de aprovechar la violencia institucional registrada durante la pandemia para usar políticamente a las víctimas.

Con una súbita, repentina y sorpresiva indignación, comenzaron a denunciar cada caso y a reclamarles al presidente y a los gobiernos provinciales peronistas. Mutaron en nuevos e inesperados militantes de derechos humanos. Qué bien que se sumen a la lucha. Nunca es tarde.

Lástima que durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri poco o nada dijeron de las 1.833 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de Seguridad, de acuerdo con los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Más allá de los números, queda en la historia la doctrina aplicada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: defender a priori, sin investigación de por medio, a gendarmes, prefectos y policías involucrados en violaciones a derechos humanos; felicitarlos por disparar incluso por la espalda; visitarlos en el hospital si estaban heridos, lo que jamás hizo con los familiares de los asesinados en casos de «gatillo fácil»; y culpar a las víctimas.

«Fue a enfrentarse con un grupo violento», dijo Bullrich para justificar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de 22 años, durante una represión en una comunidad mapuche. «Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía, que tiene todo el derecho a defenderse», afirmó para responsabilizar a Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, de haber sido ejecutado en Tucumán por un policía que le disparó en la nuca. Las pericias concluyeron que el niño no tenía armas, no había disparado. Y son sólo dos ejemplos.

El caso más emblemático de violencia institucional del macrismo fue el de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que desapareció el 1 de agosto de 2017, durante una represión de Gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia. Su cuerpo fue encontrado 78 días después.

Desde que se denunció la desaparición, Bullrich defendió a ultranza a los gendarmes y acusó a la familia de la víctima de no querer colaborar con la investigación. Funcionarios, políticos y periodistas macristas difundieron más de 30 noticias falsas para generar dudas sobre Santiago y revictimizarlo. El maltrato fue permanente. Cuando por fin el cuerpo fue hallado en un río, la conclusión oficial fue que se había ahogado por no saber nadar. Era su culpa. De la represión, se olvidaron.

El 20 de mayo del año pasado, policías bonaerenses persiguieron en sus patrullas un vehículo. Le dispararon. Hubo un choque. Murieron Aníbal Suárez, de 22 años, y los menores Gonzalo Domínguez, de 14; Camila López y Danilo Sansone, de 13. Rocío Guagliarello, también de 13 años, sobrevivió. Los policías falsificaron las actas. Hasta hoy, se desconoce por qué los perseguían. Por qué los mataron. Fue una masacre amparada en el silencio de los políticos entonces oficialistas.

Con estos antecedentes, es difícil confiar en la imprevista preocupación del macrismo por los derechos humanos ahora que son opositores.

Violencia arraigada

Según Correpi, una organización que en 1996 comenzó a documentar la violencia institucional ocurrida desde el fin de la dictadura, en los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por policías provinciales, federales o guardias de servicios penitenciarios.

De acuerdo con sus reportes, desde 1983, casi la mitad de los abusos se cometen en la provincia de Buenos Aires. De ahí que la bonaerense sea conocida como «la maldita policía». Y la mitad de las víctimas son jóvenes menores 25 años.

En un informe específico sobre la Policía Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reveló que durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner (2011-2015), elementos de esta fuerza asesinaron a 276 personas.

Luciano Arruga, Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba son apenas algunos de los nombres propios que simbolizaron la violencia policial durante el kirchnerismo.
La lista de víctimas es larga. Y del actual gobierno depende que no sea interminable.

Cecilia González /RT
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3) URUGUAY: LA HUELGA Y LAS OCUPACIONES DESPUÉS DE LA LUC

Por Hugo Barretto Ghione * /La Diaria, 22 de julio de 2020

Una vez aprobada la ley de urgente consideración (LUC), resta interpretarla. Disponemos de un texto que transitó un breve trayecto parlamentario y ahora es el tiempo del lector. Empieza una instancia enteramente distinta, que hará cobrar vida al artículo 392, que reglamenta la huelga, dispositivo que deberá probar su ductilidad para reglar un espacio tan complejo y versátil como es el conflicto social emergente de las relaciones de trabajo.

Contra esta moderna manera de concebir cómo funciona el mecanismo cultural de la interpretación y aplicación de las normas subsiste una vieja y arraigada (y agregaría: reaccionaria) idea de que es el legislador quien presta el sentido único y definitivo a las leyes. En esta línea de pensamiento, para atribuir un sentido a un texto jurídico debería acudirse a la intención que tuvo presente el parlamentario que votó la iniciativa, quien operaría como un demiurgo que fijaría de una vez y para siempre los términos de cómo deben entenderse las normas y cuáles son las finalidades que se persiguen en cada acto legislativo.

El problema está en que aun dentro de ese formalismo obsoleto, de esta abstracción insondable, la eventual “voluntad” del legislador sería igualmente materia misma de interpretación: no hay otro modo de escapar a ese círculo.

Lo cierto es que nada queda fuera del dominio del lector, que es soberano frente al texto de una ley. Aunque no totalmente, según veremos, y aquí radica lo más relevante desde nuestro punto de vista.

Es el intérprete quien completa la tarea inacabada del legislador, como ocurre con una novela o con un film: quien da vida a los signos inertes es quien lee o quien mira. En eso reside la potencia y la pertinencia que encierran las normas jurídicas, que son capaces de regular conductas humanas a través de marcos referenciales que no contemplan todas las situaciones que pueden producirse en la vida social.

Además, es decisivo incorporar otro elemento: la LUC, como cualquier otra norma, se inserta en un mundo jurídico habitado por otras normas, con las que deberá convivir, las que tienen una mayor antigüedad y se encuentran asentadas y son secularmente entendidas y aplicadas por los operadores del sistema.

Muchas de esas normas preexistentes tienen jerarquía superior al artículo 392, y por tanto, la lectura de ese dispositivo deberá moldearse a contornos férreamente determinados por el artículo 57 de la Constitución, que ordena que cualquier reglamentación de la huelga debe conducir a dotarla de efectividad, lo que supone una gran exigencia para el legislador que quiera incursionar en el tema: no puede reglar la huelga antojadizamente.

Otras normas que integran el núcleo fundamental al cual la LUC deberá acomodar el cuerpo son el Convenio Internacional del Trabajo N° 87, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en su totalidad reconocen la huelga como un derecho fundamental incondicionado.

En este terreno, el modesto artículo 392 de la LUC, que prescribe –recordémoslo– que el Estado garantizará el ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar y el derecho del titular del establecimiento a ingresar a este, no puede ser leído de cualquier forma. De esto se deriva necesariamente que el intérprete tiene cierta restricción, ya que el artículo 392 no podrá ser aplicado en el sentido de restar eficacia a la huelga. Se trata de un verdadero impedimento.

Pero hay todavía alguna consideración más sobre este novedoso artículo 392, ya que termina a nuestro juicio con una discusión sobre la ocupación como medida de ejercicio de la huelga que nos ha ocupado los últimos años.

En adelante ninguna sentencia judicial podrá determinar la desocupación de un establecimiento, ya que la LUC impone que el decisor deba limitarse a compatibilizar los derechos.

Contra la opinión de algunos legisladores y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el texto aprobado no prohíbe las ocupaciones; tanto, que ni siquiera las menciona. La prohibición de las ocupaciones ha sido una obsesión de las cámaras empresariales, que presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 para que el organismo declarara la ilegitimidad de la medida. Un objetivo imposible (alguien se lo tendría que haber avisado), ya que es sabido que el organismo internacional concibe desde siempre a las ocupaciones como una medida legítima de defensa del interés de los trabajadores en cuanto se desarrollen pacíficamente y no impidan el acceso de los no huelguistas y empresarios al establecimiento.

Como podrá observarse, las condiciones que establece la OIT para la realización de las ocupaciones de los locales de trabajo son idénticas a las previstas en el artículo 392 de la LUC para la huelga (de la cual la ocupación es parte). En consecuencia, no parece haber otro camino que deducir que, si la OIT considera legítimas las ocupaciones dentro de ciertas condiciones, del mismo modo lo hace la ley nacional, ya que estamos ante textos calcados.

Al no haber prohibición en el texto aprobado como LUC, las ocupaciones de los lugares de trabajo, como modalidad del ejercicio del derecho de huelga, se ubican en un espacio de libertad de los sujetos de las relaciones laborales: lo que no está prohibido expresamente en el plano de los derechos de las personas está permitido. Es una formulación del principio de libertad, tan caro al Poder Ejecutivo, según se encarga de recordarnos todos los días.

Las ocupaciones, al no estar prohibidas, son un comportamiento a priori permitido y únicamente podrán tener alguna cortapisa si impiden el acceso a la empresa por parte de trabajadores no huelguistas o por titulares del establecimiento.

De existir tal contradicción de derechos (el de huelga con la libertad de trabajo y de empresa), el dispositivo de la LUC proporciona una solución que, en sintonía con lo dispuesto por la OIT, dispone la compatibilización de los derechos en pugna.

Esto equivale a decir que en adelante ninguna sentencia judicial podrá determinar la desocupación de un establecimiento, ya que la LUC impone que el decisor deba limitarse a compatibilizar los derechos, o sea, a garantizar la huelga (en la modalidad ocupación) y ordenar que se permita el acceso de no huelguistas y empresarios al local de trabajo. Si un juez volviera a la práctica actual de decretar la desocupación de un local de trabajo, rompería el equilibrio de derechos que el artículo 392 de la LUC consagra.

Naturalmente que como todo conflicto de derechos, deberá dirimirse ante el Poder Judicial (no sería constitucionalmente posible interpretar que “el Estado garantizará” los derechos por la vía de la acción policíaca inmediata), y a falta de otro mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, los demandantes tendrán a disposición la acción de amparo, tal como ha venido sucediendo en los últimos diez años.

Las perplejidades de una redacción muy defectuosa del artículo 392 de la LUC, que puede dar lugar a interpretaciones lesivas de los derechos individuales y colectivos (como por ejemplo, sostener que ante una ocupación deba actuar directamente la Policía), se despejan si descartamos toda acción conculcadora –y por eso inconstitucional– de los derechos en juego.

No es un tema de guapos, sino de ciudadanía.

* Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Hugo Barretto Ghione /La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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4) URUGUAY: EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Declaración de la Red de sitios de Memoria de Uruguay (1)

Como Red de Sitios de Memoria de Uruguay cuestionamos, por su profundo sentido antidemocrático, los contenidos del editorial que el diario El País publicó el lunes 13/7/20 sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En el espacio reservado a la exclusiva opinión de la empresa, ésta sintetizó su parecer sobre la Institución titulándola: «inútil y de izquierda».

Nos preocupa que un diario de amplia circulación en nuestro país considere que la defensa de los derechos humanos sea una cuestión de «la izquierda» y más preocupante aún que cuestione a la Institución cuyo cometido es precisamente el de velar por «la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos».

Quizás valga recordarle al editor que la Institución de Derechos Humanos no es un invento frenteamplista, sino que éstas fueron creadas a partir de los Principios de Paris de las Naciones Unidas, del año 1991, como forma de proteger los derechos de los ciudadanos ante el incumplimiento y/o atropello de los Estados Nacionales. En nuestro país la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada con el voto de todos los partidos políticos representados en el Parlamento.

Somos ciudadanos con memoria y conocemos las posiciones políticas de este diario en el pasado y en el presente. Un diario que dice que en nuestro país solo hay «eventuales violaciones a los derechos humanos» o es miope o negador de evidencias. A nosotros también nos gustaría que solo fueran «eventuales» las violaciones, pero la realidad es otra.

El Alto Comisionado de NNUU le otorga a las Instituciones de DDHH el rol de observador y contralor de las políticas y acciones del Estado en su totalidad, sobre sus obligaciones para con la ciudadanía y en caso de incumplimiento, llamarle la atención y efectuar la correspondiente recomendación para que corrija la falta.

Finalmente, recogemos la propuesta del editorial que dice que «es tiempo de sincerar funciones y hablar claro» y preguntamos, ¿qué función está jugando hoy (el diario) El País con su editorial? ¿En nombre de qué intereses habla? y ¿a quienes beneficia la ausencia de un control independiente sobre el accionar del Estado?

Necesitamos aumentar y no disminuir los mecanismos democráticos. Tal como lo prescriben Los Principios de París (2), es fundamental que la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cuente con «los medios suficientes que le permita lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que puedan limitar su independencia”. Todo cuestionamiento en esta dirección es ¡un atropello a nuestros derechos ciudadanos!

Notas:
(1) Creada en setiembre de 2018 por la Ley 19641 de Sitios de Memoria Histórica de Uruguay
(2) La versión en español de los Principios de París puede consultarse en: www.ohchr.org/spanish/law/index.htm

Red de sitios de Memoria de Uruguay
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5) HAMBRE CRECIENTE EN UN MUNDO QUE DERROCHA CADA DÍA MÁS ALIMENTOS

Vergüenza planetaria
“Hambre cero”, imposible con este modelo

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

Desde años, se promete mucho y se cumple poco. El *hambre cero* se sigue posponiendo y el panorama para la próxima década no es halagüeño. Sin embargo, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia anualmente.

La brecha de riqueza-pobreza se agudiza, la sociedad planetaria se polariza, y los seres humanos insuficientemente nutridos llegan casi a los 3 mil millones. 690 millones, es decir uno cada diez habitantes del planeta Tierra, padecen hambre.

Hace cinco años las Naciones Unidas se habían propuesto terminar con este flagelo en el 2030. El horizonte se estira, las apuestas se alejan. La situación internacional lejos de mejorar, empeora. En el último quinquenio, en vez de reducirse los números, 60 millones más de personas engrosaron las filas de los desheredados de la Tierra.

Cinco de las organizaciones onusianas publicaron en la segunda semana de julio, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html).

El planeta sigue grave. Y el COVID-19 no mejora las cosas, pudiendo sumar, según estimaciones, 130 millones adicionales a la categoría de insuficientemente alimentados.
Derecho humano esencial

Tal como lo define el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el DESC) en su documento de mayo de 1999, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medidas para obtenerla” (conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12)

Tres años antes, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma, se había acordado dar un contenido más concreto y operacional a dicho derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y consagrado 18 años más tarde, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el 2000, la Comisión de DDHH de la ONU estableció el mandato de Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Y tres años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental que elaboró en 2004 las Directrices Voluntarias en apoyo a la Realización Progresiva del Derecho de una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. En síntesis, se trata de recomendaciones que los Estados deben cumplir coherentes con el artículo 11 del Pacto Internacional.

Los expertos en el tema subrayan tres componentes esenciales para asegurar el ejercicio de este derecho en todo el planeta. La disponibilidad de los alimentos ya sea mediante la producción directa (agricultura, ganadería etc.) o bien a través de la adquisición de los mismos en tiendas y mercados.

La accesibilidad, que implica asegurar que todo ser humano (incluyendo niños, enfermos, discapacitados o mayores) pueda tener acceso físico o condiciones para obtener o comprar los productos esenciales. Sin comprometer por ello, la satisfacción de ninguna otra necesidad básica: medicamentos, alquiler, gastos escolares, entre otras.
Y, como tercer elemento y condición absoluta, asegurarse una alimentación realmente adecuada a las necesidades, libre de sustancias contaminantes y culturalmente adaptada a las costumbres de cada grupo social determinado.

Diagnóstico preocupante

En el último lustro el “hambre aumentó al ritmo del crecimiento de la población mundial”, sostiene el estudio elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional para la Agricultura (FIDA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según su impacto regional, en Asia viven 381 millones de mal alimentados. 250 millones en África y cerca de 48 millones en América Latina y el Caribe. Si de porcentajes se trata, es África el continente más golpeado por este flagelo social, y cuenta casi con un 20 % de su población mal alimentada. 8,3 % en Asia y 7,4% en América Latina y el Caribe. De mantenerse la actual tendencia, más de la mitad de la población africana sufrirá de hambre crónica en el 2030.

El acceso a una alimentación realmente de calidad – incluyendo 2300 calorías y 69 gramos de proteínas diarias- constituye ya un sueño de ricos para casi la mitad de la población mundial. Se calcula que los alimentos sanos son cinco veces más caros si se compara con un régimen a base de carbohidratos que da respuesta solo a las necesidades energéticas.

Su precio está por encima de la noma internacional de la pobreza internacional (definida en 1.90 dólares diarios por persona). Por otra parte, los países con bajos ingresos consumen más alimentos de base y menos frutas, verduras y carnes que los países de ingresos más altos. Una gran parte de la población mundial no cuenta hoy con el mínimo de 400 gramos por persona y por día de frutas y verduras, recomendados por la OMS.

Según el informe de las cinco agencias de Naciones Unidas, las niñas y los niños se encuentran entre las principales víctimas de esta ilógica realidad mundial. El año pasado, 144 millones de menores de 5 años (21,3% del total de los infantes) padecieron un retraso en el crecimiento, 47 millones (6,9%) sufrieron emaciación es decir pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, y 38,3 millones de sobrepeso debido a la mala alimentación.

Nubarrones sobre América Latina

Para el continente las previsiones tampoco son alentadoras. Según el informe, la situación actual es peor que en el 2015. “Desde entonces nueve millones de personas más viven con hambre”, afectando a un 7,7% de la población total. En perspectiva ese porcentaje llegará al 9,5 en el 2030.

A nivel subregional, las previsiones para 2030 indican tres puntos de aumento en América Central, llegando casi a los 8 millones de víctimas del hambre. Sudamérica superaría, entonces, casi los 36 millones. El Caribe, a pesar de leves avances, no cumplirá con la meta de hambre cero y contaría con 6,6 millones de seres humanos mal alimentados al finalizar esta década.

También son preocupantes los matices intermedios. Casi un 10 % de la población actual sufre de inseguridad alimentaria grave, es decir gente que por diversas razones no cuenta regularmente con alimentos y pueden llegar a pasar uno o varios días sin comer.

Si se introduce la categoría de “inseguridad alimentaria moderada”, casi un tercio de la población latinoamericana y caribeña, es decir 205 millones de personas, la padecen. Se trata de la incertidumbre sobre la capacidad para obtener alimentos lo que las lleva a reducir la cantidad o la calidad de la comida que consumen.

En cuanto al acceso a una dieta realmente saludable, 104 millones de habitantes de la región no lo logran. El precio de 3,98 dólares por día es el más alto del mundo y es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de la pobreza puede invertir para alimentos.

Derroche criminal

Hipótesis novedosa: el informe concluye afirmando que un cambio global hacia regímenes alimentarios sanos ayudaría no solo a frenar el hambre sino también a lograr enormes ahorros en el plano internacional. Ese cambio es posible asegurando que se haga de “manera durable para las personas y el planeta”.

Las organizaciones especializadas de la ONU calculan que ese cambio de paradigma (de comida chatarra a alimentos sanos) permitiría compensar casi totalmente los costos de salud resultante de una mala alimentación -solo en Estados Unidos se calculan en 1.300 billones de dólares. Y reducir en tres cuartas partes el valor actual del costo social de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la producción de alimentos, calculado en 1700 billones de dólares estadounidenses.

Llaman a los gobiernos a integrar la nutrición en sus estrategias agrícolas y a esforzarse en reducir los factores de aumento de los costos en la producción, stock, transporte, distribución y comercialización de alimentos.

Y proponen, además, ayudar a los pequeños productores locales a cultivar y vender productos más nutritivos garantizándoles un acceso al mercado. Recomiendan favorecer el cambio de comportamientos a través de la educación y comunicación e integrar la nutrición en los sistemas de protección social y en las estrategias oficiales de inversiones.

Una reflexión esencial en las líneas de acción futura consiste en reducir gastos debido a la ineficacia, pérdidas y derroches.
La FAO calculaba ya en 2019 que 1.300 millones de toneladas de alimentos humanos producidos cada año se pierden o desperdician (www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/).

Según la ONG helvética WWF en Suiza representan 2,8 millones de toneladas. Es decir, se derrochan 330 kilos por persona y por año.

En Francia al igual que en México se botan 10 millones de toneladas anuales. En Argentina 16 millones y en Brasil 41 millones de toneladas. La población de Estados Unidos tira a la basura un 30% de los alimentos producidos (unos 400 gramos por día y por persona), en tanto en Europa, como promedio, representa el 20%.

Sergio Ferrari /Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. “SALADOS” – ALEGRÍA EN LAS OLLAS – CLUB LIVERPOOL FC
Sábado 25 de julio – Olla Popular de Liverpool Fútbol Club a las 19 hs Agraciada 4186

“Salados” es una banda de la zona oeste de Montevideo, Llevan la bandera del barrio, la calle, la esquina y el bar, de corte fiestero, con paisaje cotillón, con derroche de colores, energía y alegría. Con ritmos bailables, estribillos pegadizos y alma fresca. Un show intenso, interactivo e inolvidable. Se llaman “Salados”, nacieron en 2005 como banda, sus fundadores son tres hermanos Cabrera. Han girado más de una vez por Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay y el interior de nuestro país. Se han presentado en los escenarios y salas más representativas junto a bandas reconocidas de nuestro país.

En 2015 editaron de forma independiente su primer disco: El mejor disco del año. Este disco cuenta con la participación especial de Pablo Silvera (cantante de Once Tiros) y Álvaro “Apagón” Piñeyro (cantante de Congo) entre otros. Cerraron el 2015 con 60 conciertos presentándose para 50 mil personas y compartieron escenarios entre otros con: León Gieco, Mala Tuya, Pecho E´ Fierro, Jorge Nasser y Trotsky. A fines de febrero de este año vuelven a presentarse en La Fiesta del Río compartiendo escenario con Rubén Rada, Mandrake Wolf y Riki Musso entre otros.

Durante el 2017 se presentaron en diversos festivales tales como la Fiesta del Rio por 3er año consecutivo y Polo Prado en La noche de la nostalgia entre otros. En la recta final del año los encontró siendo convocados por la UNASEV para realizar su campaña de fin de año denominada «Nos une la vida». Actualmente se encuentran produciendo su segundo disco con la participación de Alfredo «Chole» Giannotti (Abuela coca, Congo)

Seguimos llevando “Alegría en las Ollas”, Próximo sábado estaremos en la Olla Popular de Liverpool Fútbol Club a las 19 hs en Agraciada 4186.
Trae un alimento no perecedero o un abrigo. Entre todos ¡se puede!
Apoyan – Bizarro Uruguay y Aje Estampados – Taller

www.facebook.com/pg/saladosrock/about/?ref=page_internal
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II. LOS CLÁSICOS CONTIGO (1973 – 1997)
Centro Cultural de España – Los viernes 24 y 31 de julio: Cine en línea

Hay películas que se quedan fijadas en la memoria con la firmeza de una grapa. Van acompañando a sus espectadores a través de sus imágenes, de sus sonidos, de momentos precisos en los que parece reducirse toda la sabiduría o la idoneidad para expresar una idea, una emoción, un sentimiento… Sin duda, las cinco películas que constituyen este programa bien pueden ejemplificar esa adhesión a la imaginación y al recuerdo. Además, fueron también emblemas para la memoria colectiva, pues consiguieron conectar con sus espectadores contemporáneos y devolverles un imaginario más rico y complejo, donde repensarse y atesorar una memoria sobre el pasado y sobre su contexto. Hoy en día, no cabe duda de que son títulos que siguen hablando a un gran número de espectadores.

Aparece uno de los directores llamados a fortalecer la idea de un cine elaborado desde el matiz de la narración y el trabajo delicadísimo con la imagen. Víctor Erice es, sin duda, uno de los maestros en los que se han venido a mirar las tres generaciones posteriores a su debut. La progresión como autor desde un cine de ficción, respaldado en la crítica y la cinefilia, hasta otras formas de documental o, incluso, de ensayo fílmico o videoarte, hacen de su trayectoria meditada un camino por el que repensar constantemente la naturaleza del cine. Las dos películas del programa, El espíritu de la colmena y El sur, abundan en la genialidad de su tacto fílmico y la demora en la descripción de un paisaje humano y visual que, sin duda, siguen conmoviendo hoy.

Junto a él, el otro autor que ya había aparecido en la primera parte del programa y que siguió ofreciendo su genialidad es Luis G. Berlanga, del que se propone aquí La vaquilla, verdadera sátira, demasiado humana, de la Guerra civil española. En un tiempo en el que el cine que recuperaba la guerra y la posguerra era una obligación con la memoria histórica y con el necesario alivio después de casi medio siglo de dictadura, Berlanga y Azcona proponen una mirada corrosiva hacia la contienda presentando la lucha por la vida a través de una peripecia que, en su falta de épica, define la humanidad de la que son verdaderos portadores los pobres soldados, ajena a lo que implica el horror y el sinsentido de la guerra.

Los santos inocentes fue una película crucial en el advenimiento de las políticas dirigidas a afianzar el cine de calidad en la década de los ochenta. El recurso a las obras literarias referenciales de la tradición literaria del siglo XX fue una de las vertientes a las que se recurrió para hacer un cine que también forjara nuevas lecturas sobre el eterno diálogo entre el cine y el libro con el fin de evidenciar los principales temas y preocupaciones de la cultura española.

Finalmente, la obra más reciente presentada es la penúltima obra de Ricardo Franco: La buena estrella, que se organiza en torno a un drama a tres voces; las de sus tres personajes principales, interpretados por Maribel Verdú, Antonio Resines y Jordi Mollá, que protagonizan una historia sin aliento. Desde la mirada hacia la marginalidad, otro de los temas recurrentes en el cine de los ochenta y posterior, hasta la reflexión sobre la existencia pensada como una constante conexión con la vida de los otros -y la entrega a ellos y ellas-, el triángulo amoroso de estos tres personajes recuerda la claustrofobia de los entornos cerrados, donde la vida de la familia y su destrucción permea una cotidianidad imposible, cuando la pulsión por la vida y la muerte es más fuerte que la supervivencia de los propios individuos.

24 de julio: La buena estrella (Ricardo Franco, 1997)
31 de julio: La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985)

cce.org.uy/evento/clasicos-contigo-1973-1997/
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III. DOCUMENTAL “MI QUERIDO SUPERMERCADO” BRASIL DOC MONTEVIDEO

Sinopsis:
Mientras realizan actividades extremadamente repetitivas, los trabajadores de un supermercado encuentran espacio para expresar sus dudas y sus afectos, sus miedos y sus sueños improbables. Humor, drama, misterio, romance y física cuántica conviven con cajas de leche, cortes de carne, códigos de barras y cámaras de seguridad. en el espacio confinado de un supermercado, los trabajadores no permiten que una rutina encierre su espíritu.

Dirección: Tali Yankelevich / Producción: Minom Pinho / Empresa productora: Casa Redonda / Producción ejecutiva: Minom Pinho / Dirección de fotografía: Gustavo Almeida / Edición: Marco korodi / Sonido: INPUT I arte sonora / Música: André de Cillo, Alex Buck.
País: Brasil, Dinamarca / Año: 2019 / Duración: 80´

Premios y festivales:
IDFA, VIsions du Réel, Thessaloniki, Moma Doc Fortnight, Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Tali Yankelevich

Tali es directora y editora de documentales en São Paulo. Realizó una maestría en dirección de documentales en la Edinburgh College of Art. Su primer corto, “The Perfect Fit”, sobre una bailarina de ballet y su zapatero, ganó el premio SXGlobal en SXSW (2012). Otros trabajos como directora incluyen el corto “A Girl´s Day” (2014) para la serie internacional de documentales “Why Poverty?”, patrocinada por The Why Foundation. Su trabajo más reciente como editora es el documental “Cravos” dirigido por Marco Del Fiol. “Mi querido supermercado” es su ópera prima en largo y fue seleccionado en IDFA, Visions Du Réel, Thessaloniki, Moma Doc Fortnight y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

www.docmontevideo.com/peliculas_semana_doc/mi-querido-supermercado/

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1970 – 24.07.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Gustavo González, Jorge Marrero, José Antonio Rocca, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook

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ALEMANIA DEBE CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD Y LLEVAR AL EX MILITAR ARGENTINO LUIS ESTEBAN KYBURG ANTE LA JUSTICIA – comcosur al día 2259 – 22.07.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 Hoy:

1) Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar al ex militar argentino Luis Esteban Kyburg ante la Justicia /Deutsche Welle
2) Argentina: Los evangélicos: entre los barrios y las urnas /Nicolás Iglesias Schneider
3) Uruguay: Usurpando el derecho a la vivienda /La senda
4) Uruguay: La era digital y la hegemonía del capital /Silvio Amodei
5) «Si quieres la paz, prepara la guerra»/Jorge Marrero
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ALEMANIA DEBE CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD Y LLEVAR AL EX MILITAR ARGENTINO LUIS ESTEBAN KYBURG ANTE LA JUSTICIA

Deutsche Welle /17.07.2020

El exmilitar argentino Luis Esteban Kyburg, sospechoso de crímenes contra la humanidad durante la dictadura, debe ser juzgado por ellos en Alemania, dijo a DW Wolfgang Kaleck, abogado de la Coalición contra la Impunidad.

Alemania despertó este viernes (17.07.2020) con la noticia de que un argentino acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983) había sido localizado en Berlín. Se trata de Luis Esteban Kyburg, de 72 años de edad, sobre quien pesan órdenes de arresto nacionales e internacionales desde 2012. Está acusado de haber participado en el secuestro y el asesinato de 152 personas en 1976, cuando era comandante de la unidad de élite Agrupación de Buzos Tácticos U.T. 6.1.2 de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2015, la Justicia argentina solicitó a Alemania que extraditara a Kyburg. Sobre los pormenores y perspectivas actuales del caso, DW entrevistó a Wolfgang Kaleck, abogado especialista en Derecho Internacional y secretario general del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, (ECCHR), con sede en Berlín.

Kaleck forma parte de la Coalición contra la Impunidad, que acompaña desde 1998 la lucha de las víctimas y familiares de las víctimas de crímenes perpetrados por los responsables civiles y militares de la dictadura argentina.

Deutsche Welle: ¿Cuál es la importancia de que Alemania haya localizado a Luis Esteban Kyburg en Berlín, y qué significado tiene esto para el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar durante la dictadura argentina?

Wolfgang Kaleck: El caso Kyburg es muy importante para continuar con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura argentina. Inmediatamente después del fin de la dictadura, en Argentina comenzó el megajuicio contra la Junta Militar. Luego pasaron varios años en los que reinó la impunidad debido a las leyes de amnistía. Pero las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos en ese país lograron, en la década del 2000, durante los gobiernos de los Kirchner, que se retomaran los juicios contra los militares por crímenes como la tortura, la desaparición y los asesinatos. Desde entonces, en Argentina se lleva a cabo una de las mayores series de persecuciones penales a nivel nacional contra sospechosos de crímenes de lesa humanidad en el mundo. En ese sentido, la Justicia argentina ha realizado un trabajo magnífico.

En 2012, Argentina emitió una serie de denuncias contra militares en Mar del Plata, y llevó a juicio a algunos de ellos. Entre esos militares acusados y buscados está Luis Esteban Kyburg, que prestó servicio en una unidad de élite como buzo táctico en la Marina argentina en 1976. Casi todos los compañeros de Kyburg en Mar del Plata ya han sido juzgados.

Al enterarse de que estaba siendo buscado por la Justicia argentina, Kyburg se estableció hace unos siete años en Berlín. Argentina solicitó a Alemania su extradición, pero como es ciudadano alemán, Alemania no lo puede extraditar. Por eso, la Fiscalía general de Berlín inició una investigación en su contra y está en comunicación y cooperación con los fiscales en Mar del Plata y Buenos Aires. Las pesquisas continúan a toda marcha.

¿Cómo se logró localizar a Kyburg en Alemania? ¿Él vive como cualquier otro ciudadano, en libertad, en Berlín?

Kyburg vive hasta hoy como un ciudadano común en Berlín, y la Fiscalía de Mar del Plata lo sabía. Un periodista argentino-alemán, Toni Hervida, se enteró de eso y se lo dijo a Anahí Marocchi, la hermana de Omar Marocchi, un hombre detenido ilegalmente y desaparecido durante la dictadura, que nos encomendó investigar su caso, y desde ese momento lo estamos haciendo. Omar Marocchi es solo una de las miles de personas que fueron secuestradas, abusadas y asesinadas en Argentina. Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar a Luis Esteban Kyburg ante la Justicia. Exigimos que se emita una orden de arresto en Alemania contra Luis Esteban Kyburg para que sea detenido y acusado formalmente aquí en Berlín.

¿Qué posibilidades ve usted de que estas investigaciones desemboquen en un juicio contra Kyburg?

Como se puede imaginar, para la Fiscalía general de Berlín no es fácil esclarecer un crimen ocurrido en Mar del Plata en 1976. Eso seguramente demorará, pero esperamos que al final de las investigaciones, la Justicia en Berlín emita una acusación formal y se dé inicio al proceso con una vista principal.

¿El juicio tendría lugar entonces en Berlín?

Sí, porque el sospechoso es ciudadano alemán.

¿Qué fallo podría, en su opinión, emitir la Justicia alemana en este caso?

La Justicia alemana actuaría en el caso de Kyburg según el principio jurídico de “personalidad activa”, ya que él es alemán. Sin embargo, el único delito por el cual la Justicia de este país puede proseguir las investigaciones en contra de Kyburg es homicidio, dado que los otros cargos ya prescribieron. Eso hace que este caso sea un poco más complicado desde el punto de vista jurídico. Según el derecho actual, diríamos claramente que Kyburg es sospechoso, junto con su unidad de élite de la Armada de 1976, de haber participado en crímenes de lesa humanidad. Según la ley actual, hay que comprobar que el sospechoso estuvo implicado en un homicidio.

Considerando que esos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados en Argentina, ¿cómo funcionaría el proceso en Alemania, si se llevara a cabo?

Lo que se debe hacer es esclarecer en un juicio los sucesos en Argentina en 1976. Eso no es tan fácil. No se puede juzgar simplemente a Kyburg por el estado actual del expediente. Para juzgarlo sería necesario que viajasen testigos, peritos y fiscales argentinos a Alemania, para poder declarar aquí, y así poder integrar esas declaraciones al proceso.

¿En qué etapa están ahora las investigaciones?

En este momento tiene lugar un arduo proceso de investigación, y cuando este finalice, la Fiscalía alemana debe decidir si existe o no una sospecha urgente de homicidio en su contra, y si formula una acusación formal contra Kyburg o no. Si considerase que es así, entonces presenta esa sospecha por delito de homicidio ante un tribunal, y el tribunal la examina y decide si emite o no una orden de detención.

¿Si ese tribunal decidiese que no existe una sospecha por homicidio, y no emitiera una orden de detención, entonces Kyburg podría seguir viviendo en libertad dentro de territorio alemán? ¿Ni la Justicia argentina ni la Justicia alemana podrían hacer nada más?

La Justicia alemana está trabajando en el caso, y sí puede hacer algo, que es lo siguiente: primero, decidir si habrá o no una acusación formal, y de acuerdo con eso, decidir si emite una orden de detención. Argentina está cooperando con la Fiscalía alemana para esclarecer el caso. La Justicia alemana depende de la cooperación con la Justicia argentina en el caso Kyburg. Como él no puede ser extraditado, entonces la Justicia alemana asume el caso.

Usted cuenta con una larga trayectoria como abogado especialista en derechos humanos en la difícil tarea de esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. ¿Qué significa para usted en lo personal que se haya localizado a Kyburg en Alemania?

La Coalición contra la Impunidad empezó a esclarecer casos de desapariciones de ciudadanos argentino-alemanes ya en 1998, presentándolos ante la Fiscalía de Núremberg. Logramos que en 2003 la Justicia alemana emitiera órdenes de detención contra los generales, entonces todavía vivos, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Al mismo tiempo, se emitieron órdenes de detención contra ellos en España.

Luego de eso, Argentina se hizo cargo de esos dos casos, y la Justicia alemana ya no tuvo que ocuparse activamente. También hubo casos similares de este tipo en Francia e Italia, y cuando los sospechosos viajan a países europeos y no pueden ser extraditados, entonces debe intervenir la Justicia europea, y eso es lo que está haciendo también en el caso de Kyburg.

Para mí no fue una sorpresa que un militar argentino sospechoso de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad se fuera de su país para establecerse en Europa. Ya estábamos preparados para esto desde hace años. Cuando nos enteramos, nos pusimos en contacto con la Fiscalía y supimos que las investigaciones ya estaban en marcha. Nos reunimos con los fiscales, y tratamos de llevar adelante el proceso por nuestra parte, justamente porque estamos trabajando activamente desde hace 22 años conjuntamente con Argentina y tenemos nuestros canales propios. Estamos en una muy buena posición para poder comentar e interpretar los resultados de las investigaciones, y por eso hemos impulsado que se emita una orden de detención contra Luis Esteban Kyburg en Alemania, porque consideramos que existe una sospecha urgente contra él. Pero ahora la que tiene que decidir sobre esa orden de detención es, naturalmente, la Fiscalía general alemana.

Nota final:

Wolfgang Kaleck es un abogado alemán, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Trabaja desde 1998 en la Coalición contra la Impunidad (Koalition gegen Straflosigkeit), que lucha para esclarecer los asesinatos y desapariciones de ciudadanos argentinos y alemanes durante la dictadura argentina (1976-1983), así como el rol de Alemania en esos crímenes, y de investigar y llevar ante la Justicia a los militares y colaboradores civiles que perpetraron crímenes contra la humanidad. Kaleck fundó en 2007, junto con otros renombrados juristas, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), en Berlín, y es secretario general y director legal de esa organización. Entre 2004 y 2008 trabajó con el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR) para la prosecución de crímenes cometidos por el Ejército de EE. UU. Ganó en 2014 el premio «Hermann Kesten Award», del Centro PEN de Alemania, entre otros, y en 2019 obtuvo el «Bassiouni Justice Award», del Centro Internacional de Investigación Legal y Política.

Deutsche Welle
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2) ARGENTINA: LOS EVANGÉLICOS: ENTRE LOS BARRIOS Y LAS URNAS

En un país donde el catolicismo sigue manteniendo un vínculo privilegiado con la estructura de poder, en los barrios el pentecostalismo juega un papel fundamental en la construcción de la subjetividad y la mediación de las políticas públicas.

Por Nicolás Iglesias Schneider / La Diaria /18 de julio de 2020

La encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, elaborada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) el año pasado, sostiene que “el catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada” de 62,9%, que 18,9% de los encuestados se declaran “sin religión” y que los evangélicos llegan a 15,3% y su número está “en crecimiento”.

Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, publicó el libro Los evangélicos en la política argentina. Crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas, y habló con la diaria al respecto.

¿Cuáles son los rostros evangélicos en Argentina?

El mundo evangélico es más plural de lo que sus propios voceros, medios de comunicación o la academia admiten. 90% del universo evangélico es pentecostal o está pentecostalizado, es decir que muchas iglesias cambiaron su manera tradicional de celebrar la fe en función de una “modernización” de la iglesia que le permita sobrevivir. Otro rostro son las iglesias protestantes históricas, que son una minoría pero han construido un capital simbólico debido a la lucha en diferentes reivindicaciones. A principios del siglo XX, por ejemplo, por la laicidad del Estado y la igualdad religiosa. Un poco más adelante se articulan en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, con pastores que protagonizaron la defensa de los derechos humanos y resistencia a la dictadura, como el obispo metodista Federico Pagura. Estas iglesias están en crisis. Uno de los síntomas de esto es la disolución de su facultad de teología Isedet [Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos], que era una gran usina de pensamiento crítico. Aunque sean muy poquitos, logran desarticular la voz que se presenta como “única voz del mundo evangélico”, la de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina [ACIERA]. La ACIERA quiso que el Estado tuviera un tipo de tutela de los valores tradicionales, se pronunció en contra de la salud y la educación sexual integral y el matrimonio igualitario, y ha buscado ser mediadora de políticas sociales. Incluso, en este contexto de pandemia, construyó una plataforma llamada Seamos uno, donde judíos, católicos y evangélicos distribuyen asistencia social. Durante el kirchnerismo hubo tensión entre la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno, lo que llevó a la organización de un Tedeum que incorporó a actores evangélicos. Tedeum es una celebración de acción de gracias por la patria. En la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño del Pro [Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri], ha participado en otro Tedeum evangélico organizado por la ACIERA.

Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos construida desde abajo, y luego la clase política los suma a su aparato.

¿Cómo se da la presencia evangélica en los barrios?

El anclaje de los evangélicos en los barrios es profundo y cotidiano. La iglesia evangélica de barrio es un punto de la red que conforma la estrategia de supervivencia para muchas personas de las villas o los asentamientos. Allí se da un proceso de autoidentificación entre las personas y el referente religioso, que es un hijo de esos barrios. Es un proceso de reconocimiento que se ha dado durante muchos años de una forma autogestiva. Por un lado, han desarrollado una teología muy cercana a los problemas del creyente, con un milagro más vinculado a la cotidianidad, que incluye tener trabajo y mejorar la vida afectiva. De los evangélicos, 40% son conversos del catolicismo. Una de las razones de su éxito es la legitimidad social que tienen en el territorio. Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos construida desde abajo, y luego la clase política los suma a su aparato.

Las políticas públicas son el gran capital del mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y el territorio.

¿Cómo se ha desarrollado el vínculo entre el kirchnerismo y los evangélicos?

Cuando asume el gobierno kirchnerista, los partidos políticos y los sindicatos habían perdido llegada en los barrios, por lo que busca interlocutores en las bases y se encuentra con los evangélicos. Por ejemplo, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, abierta a que la sociedad civil gestione políticas públicas, con una mirada muy pragmática, encontró en los pastores pentecostales cercanía territorial; los evangélicos son muy autónomos para construir acuerdos. Las políticas públicas son el gran capital del mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y el territorio. Hay una debilidad estructural de la política pública del Estado y su capacidad de llegar al territorio, por eso precisa ruedas de auxilio para ser eficaz. Por esto se ha recurrido progresivamente a los evangélicos, especialmente en temas en que tienen experiencia: lo social, las cárceles y la drogadicción.

¿Podría decirse que los pastores se volvieron los nuevos punteros en los barrios?

Quitándole al puntero la dimensión más negativa, vinculada a lo clientelar, entonces sí. Los pastores están haciendo el mismo trabajo que los punteros, incluso su lugar religioso les da una permanencia en el tiempo, que no los ata a lo que suceda con la suerte de su referente político del momento. La gran mayoría de los pastores pentecostales se identifica con el peronismo, aunque su lugar religioso les permite a ellos coquetear con varios actores políticos al mismo tiempo, porque allí se amalgaman dos identidades que tienen mucho diálogo. Con una fuerte identificación de clase, la idea peronista de justicia social y restauración material se vincula con la prédica pentecostal de mejora social en los barrios.

El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares en Argentina.

¿Cómo se da el diálogo entre religiosidad y feminismo en los barrios?

El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares de Argentina. Por ejemplo, un pastor en Lomas de Zamora, que es un barrio extremadamente pobre, se identifica como tercermundista en memoria de los sacerdotes de los años 70 y considera al sacerdote Carlos Mugica (mártir de la resistencia a la dictadura) como ejemplo de hombre religioso en los barrios.

En el muro del patio de su organización, Sal de la Tierra, hay una pintura de Perón, Evita y Néstor Kirchner. Este pastor, comprometido con las luchas sociales y los sectores populares, dijo: “Yo, como el Padre Mugica, estoy en contra del aborto”. Se puede estar en contra del gatillo fácil y defender a los jóvenes de la represión policial en los barrios y estar en contra del aborto. Y una vez más comprobamos que las categorías de conservadores y progresistas en estos campos son insuficientes. Otro ejemplo es el del dirigente popular católico peronista Juan Grabois, que desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos [MTE] trabaja en los sectores populares pero no se ha pronunciado a favor de la ley del aborto. Él sostiene que en los barrios hay una concepción casi sagrada de la maternidad. El feminismo, desde su perspectiva, no logra ingresar porque tiene una idea autonomista sobre el cuerpo (“mi cuerpo, mi decisión”) que está muy lejos de la comprensión comunitaria del cuerpo de los sectores populares. Un tercer ejemplo es la marcha organizada por el movimiento popular Evita en el día de san Cayetano. Durante los cuatro años del gobierno de Macri fue una marcha muy crítica y con una impronta religiosa fuerte, porque san Cayetano es el santo del pan y el trabajo. La última marcha se dio en medio del debate del aborto y generó discusión interna, por temor a que se llenara de pañuelos verdes y eso mostrara división y no unión en rechazo al macrismo, algo muy propio de la lógica peronista. Un cuarto ejemplo: Esteban Castro es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular [CTEP], modelo de dirigente barrial que comprende cómo han cambiado la religiosidad y la politicidad popular y sus vasos comunicantes. Él tiene una postura más favorable a la ley del aborto porque está menos atado a la iglesia católica como institución. Las tres organizaciones, la CTEP, el Movimiento Evita y el MTE, son espacios políticos fuertemente ligados al peronismo católico y la figura del papa Francisco.

No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos (aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política todavía tiene al mundo católico como referente.

En tu libro sostenés que no existe un voto confesional. ¿Por qué el crecimiento evangélico no se tradujo en los cargos de gobierno?

No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos (aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política todavía tiene al mundo católico como referente. Hubo intentos fallidos en los años 80 y 90 con un partido político confesional evangélico para replicar la experiencia de Brasil. En la década de 2000 hubo trayectorias de pastores que se contactaron con el peronismo y trazaron sus candidaturas a nivel de gobierno municipal, pero que finalmente fueron instrumentalizados por dirigentes peronistas con más experiencia política. A finales de esos años hubo dos diputados evangélicos, Hugo Acuña y Cynthia Hotton, y un vicegobernador pastor bautista, Paul Trschich. La mayor exposición pública la tuvo Hotton, quien fracasó en diversos intentos de llevar al Pro a posturas más tradicionales en temas de familia, de armar su propio sector y en el debate por la ley de libertad religiosa. Su última estrategia fue la del Frente Nos, con su grupo “Valores para mi país” tratando de apelar a los valores “judeocristianos”. En las elecciones de 2019 ella fue candidata a vicepresidenta de este frente, junto con el militar retirado Gómez Centurión, un candidato a la presidencia que estaba a la derecha del macrismo.

Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las iglesias evangélicas y católicas de clases medias y altas hacia el Pro.

¿Cómo se da el vínculo de partidos e iglesias?

Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, como ya vimos, pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las iglesias evangélicas y católicas de clases medias y altas hacia el Pro. El discurso que generó el Pro vinculado al voluntariado –“hacemos actividades, no política”– fue de simpatía para determinados sectores. Podemos mencionar a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, vinculada a Cáritas, y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti como devotas católicas, y también a muchos líderes evangélicos de megaiglesias de clases medias y altas muy afines. En los debates sobre matrimonio igualitario, educación y salud sexual hay cada vez más presencia evangélica. Por un lado se alinean los sectores más conservadores evangélicos con los conservadores católicos; por otro lado, los sectores progresistas protestantes con los sacerdotes de la opción por los pobres. Es un proceso en el que se van agrietando las subjetividades de los evangélicos en diferentes temas. No se puede hablar de “los evangélicos” porque no actúan como masas. Viven un proceso de individuación religiosa, de creer a su manera, no actúan como rebaño.

Pastores, narcos y militares

El pastor Eduardo Trasante, ex concejal por el partido de izquierda Ciudad Futura de Rosario, fue asesinado el 15 de julio. En 2012 fue asesinado su hijo Jeremías, de 17 años, en un triple asesinato de militantes del Movimiento 26 de Junio, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán. En 2014 también fue asesinado su otro hijo, Jairo. Ambas muertes estuvieron vinculadas con el narcotráfico, contra el que su padre había luchado.

Por otra parte, en junio un importante grupo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas varias ligadas al cristianismo progresista de Argentina, solicitaron al gobierno el cierre de la Capellanía Castrense, que da asistencia espiritual católica en las tres fuerzas armadas. Este obispado, que es financiado por el Estado, fue cómplice en la dictadura de la desaparición de personas y entregó a militantes cristianos.

Nicolás Iglesias Schneider /La Diaria
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3) URUGUAY: USURPANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA

La senda /17 de julio de 2020

El miércoles 15 de julio fue detenido un referente de la ocupación del barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina. El compañero asistió de buena fe a una convocatoria realizada por el Sistema de Mediación de Montevideo en el edificio oficial del IMPO. La convocatoria fue realizada para iniciar un: “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” que sería “dirigido por terceros imparciales expertos en manejo de conflictos que facilitarán el diálogo”. Entre esos expertos se destaca la figura de Leonel Groisman, quien comandó la instancia de “negociación” a la que estaban convocados, además del compañero detenido, abogados de familias asentadas, la Coordinadora de Asentamientos, la Comisión de Vivienda Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal que lleva la causa de la ocupación, entre otros.

Mientras Groisman exponía las características del “proceso de diálogo”, el fiscal se comunicaba con la policía para que llegara a la sede del IMPO y se llevara detenido al compañero. En ese contexto, y enterados de la situación, un grupo de militantes del Nuevo Comienzo y de diversas organizaciones sociales que han apoyado la ocupación se acercaron a la sede del IMPO para solidarizarse. Ante la concentración de militantes el proceso de detención pasó por una instancia de negociación que de todas formas derivó en que Adrián quedara detenido en zona 4 y el jueves fuera trasladado a jefatura. Ante todo eso, quienes convocaron a la “negociación” que terminó siendo una “cama” al compañero, no aportaron nada concreto para evitar la detención.

El jueves a la mañana Adrián fue trasladado a fiscalía, en donde nuevamente recibió la solidaridad y el apoyo de decenas de vecinos, vecinas y militantes, aunque ningún “negociador” se hizo presente. El delito de Adrián: “asociarse” para “usurpar” terrenos baldíos y construir en ellos su vivienda. Nuevamente quedaban enfrentados propiedad privada y derecho a la vivienda, nuevamente prima el derecho a ser dueño de un terreno abandonado que el de tener un lugar en donde vivir. La fiscalía este jueves pidió una nueva prórroga, y recién mañana sabremos qué pasará con el compañero. Lo cierto es que la justicia “legal” desprotege cada día más a los más débiles, cada día defiende más la propiedad privada, y las leyes, para los pobres, se transforman en un cerco que los encierra en un espacio cada vez más miserable.
Ante esa situación no hay resignación.

Además de denunciar falsas negociaciones y manejos legales habrá que dar la pelea para que el derecho a vida digna esté antes que el derecho al terreno baldío. Adrián no está solo. El Nuevo Comienzo sigue pariendo rebeldía. Los únicos usurpadores son quienes defienden la tierra baldía antes que la vivienda digna.

La senda
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4) URUGUAY: LA ERA DIGITAL Y LA HEGEMONÍA DEL CAPITAL

La crisis del capitalismo no significa su derrota.
Consideraciones acerca del proyecto del Partido Colorado sobre teletrabajo en Uruguay

Por Silvio Amodei /08.07.2020

Poco tiempo atrás, precisamente, el 20 de abril de este año, en medio de la pandemia, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley para regular el teletrabajo.

Sin diferenciar entre Smart working y teletrabajo, ya que la senadora no lo hace, me limitaré a comentar algunos de los 13 artículos que lo componen, y ciertas consideraciones que están presentes en la exposición de motivos.

La senadora toma un viejo dato (100 mil en Uruguay según datos INE 2016) y afirma que seguramente, las cifras de personas que realizan teletrabajo han aumentado en manera exponencial en los cuatro años posteriores a dicha encuesta. Resulta interesante ver que 500 mil uruguayos han respondido fuera de su horario de trabajo a correos electrónicos que tenían que ver con el trabajo que desempeñan (1). Aumenta de ese modo el horario de trabajo de forma gratuita y sin recibir ningún tipo de compensación. Por otro lado, podemos sostener que cada uno de nosotros es un usuario-trabajador-cliente de las grandes plataformas digitales, enviando información gratuita en forma constante y continua a las grandes corporaciones virtuales tales como, Facebook, Google, Instagram, etc (2)

La actual situación sanitaria (Covid-19) cayó como anillo al dedo para que el capitalismo global se restructurara a partir de una diferente realidad.

Las nuevas tecnologías ocupan un lugar importante y funcional a las necesidades hegemónicas de esta fase de crisis capitalista.

Una nueva revolución digital está en marcha. El capitalismo global tratará de imponer sus condiciones. Nada será ya como antes repiten, entre otros y al unísono ciertos políticos, tecnócratas, economistas y la prensa mundial.

Desde hace más de 20 años muchos pensadores advierten sobre los nuevos fenómenos emergentes (inteligencia artificial, robótica, Internet, App etc.), y los impactos que conllevan en la economía global.

Basta con ser un simple observador para constatar que la regularización del trabajo a distancia y las nuevas formas de control social, incluyendo el distanciamiento social, son vitales para el desarrollo de las nuevas formas que asume el capitalismo del siglo XXI.

Es necesario por lo tanto, aprobar leyes regulatorias en aquellos países que aún no reconocen institucionalmente el fenómeno de la era digital. En ese contexto, la senadora Carmen Sanguinetti intenta articular una ley sobre el tema en cuestión.

Algunos países europeos en plena pandemia han aplicado decretos que refieren a Smart working, Argentina, por ejemplo, se encuentra en plena discusión para la aprobación en el Parlamento de leyes que regulen las nuevas formas del trabajo.

En la exposición de motivos del Proyecto, la Senadora afirma: “las condiciones que posibilitan el teletrabajo están dadas por la flexibilidad, la organización en red, la globalización, y la denominada revolución tecnológica”. Agrega además, tomando las recomendaciones de la OMS:

“(…) la modalidad de teletrabajo representa una importante beneficio para las familias que -en la etapa de crianza de niños pequeños- opten por la lactancia materna según las…”, y más adelante dice: …”hecho que impacta de forma directa en el presentismo, el desempeño, y la disponibilidad real de los miembros de la familia en sus trabajos…”.
Parecería que nos encontramos ante una disposición de barrer las conquistas obtenidas, los derechos de madres o padres en los períodos de lactancia de sus hijos. Sin ninguna duda la OMS demuestra, una vez más, su escasa determinación a defender la salud física y psicológica de los habitantes del planeta, y sí su convicción de defender el interés del capital a escala global.

Sigamos el razonamiento de la senadora: “Con la llegada del coronavirus al territorio uruguayo son varias las decisiones y precauciones que debemos tomar, entre ellas el aislamiento social.” Carmen Sanguinetti se convence e intenta convencernos de que debemos recurrir al trabajo a distancia tomando como un hecho que esta nueva modalidad de trabajo trae aparejada ventajas para los trabajadores y la empresa. Donde mayores son las ventajas para las empresas que para el “nuevo trabajador reciclado” como veremos más adelante.

El hombre es un ser social, por lo que la opción de soledad del aislamiento de cada ser humano es sana, sólo y exclusivamente, a partir de la decisión libre y consciente de cada cual.

En el caso del teletrabajo son las condiciones nuevas del reacomodo capitalista las que imponen una nueva forma en las relaciones laborales, donde el trabajador y la trabajadora individualmente se encuentran en una posición de debilidad ante la empresa. Es decir no es una opción de libertad, sino una de las tantas imposiciones que el sistema capitalista ha encontrado para sortear sus necesidades económicas a partir del uso de las nuevas tecnologías digitales.

Continúa la exposición de motivos: “Los aspectos fundamentales que recoge esta modalidad de trabajo a distancia son los horarios de trabajo, el equilibrio personal-profesional y la productividad”. Afirmar que esta modalidad de trabajo a distancia genera el equilibrio personal-profesional, no es demostrable científicamente, el distanciamiento social, el aislamiento y el desarrollo del trabajo en el ámbito del hogar probablemente tenderá al aumento del estrés, condicionando la salud mental.

Algunos artículos del Proyecto:

“Art 1) (…) entiéndase por teletrabajo la prestación del trabajo total o parcial, mediante la utilización de tecnologías de la información (…)”
“Art 2) [se refiere] (…) solo y exclusivamente al sector de los trabajadores del sector privado y que se desempeñen en régimen de subordinación y dependencia”.

Abarca por lo tanto el sector de las empresas de salud privada, de la enseñanza privada, y otros sectores de trabajo en el ámbito privado (vendedores, sector de la comunicación, bancos, seguros, etc.). Tomemos por ejemplo las mutualistas, las empresas de salud, amparándose en el articulado de esta ley, lograrían recurrir a una cierta cantidad de sus médicos los cuales realizarán consultas bajo forma de teletrabajo y por lo tanto los usuarios serán atendidos no ya en los locales de la empresa mutual, sino a través de video llamadas. Caerá inexorablemente la calidad de la atención médica y las empresas dispondrán de mayores espacios físicos para eventualmente contratar actividades privadas más lucrativas en los espacios liberados. Es evidente, que aumentará la productividad del profesional médico en desmedro de la atención del paciente disminuyendo a su vez la fuente laboral de los trabajadores no médicos (limpiadores, enfermeros, asistentes).

En el ámbito de la enseñanza sucederá algo similar al sustituir ciertas clases presenciales por cualquier medio digital. Por su parte los profesores y personal de apoyo (adscriptos, limpieza, etc.) disminuirán en cantidad, como también disminuirán los espacios y lugares físicos desde donde hoy se imparte la enseñanza. Es fácil constatar que la socialización del alumno será afectada, como asimismo la calidad de la enseñanza, producto del intercambio de conocimientos que se produce en el aula.

Solamente tomando estos dos ejemplos podemos avizorar el futuro: caída brusca de la calidad de los servicios y aumento exponencial de la desocupación. Esta simple ecuación permite afirmar que las empresas encuentran una situación favorable para aumentar sus ganancias al disminuir la calidad del servicio y la consiguiente reducción del personal.

El desafío es arduo. Si no analizamos con seriedad y contextualizando la situación y sus consecuencias será difícil no quedar atrapados en la hegemonía del capital. El miedo y la violencia que en los últimos meses venimos sufriendo, son las herramientas que este nuevo colonialismo cultural nos propone. Los trabajadores comienzan a visualizarlo y se están preparando y serán ellos quienes confronten y busquen soluciones nuevas, no solo en defensa del salario y del empleo.

Tampoco el proyecto en cuestión se expide o regula otro tipo de contrato de trabajo (como son las empresas unipersonales). Es decir que el trabajador debe proveer a costo suyo del lugar físico desde donde realizar la tarea asignada.

“Art 5) (…) en ningún caso el teletrabajador podrá exigir al empleador que sea éste quien le proporcione el lugar donde se preste el teletrabajo.”

Sigamos viendo:
“Art 7) (…) el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria”… y más adelante: “no podrá superar el límite máximo de 44 a 48 horas semanales”.
“Art 10) (…) será de cargo del empleador proveer las tecnologías…” y más adelante aclara:”… que determine el Poder Ejecutivo en su reglamentación”.

Las plataformas digitales no siempre proveen las herramientas de trabajo a sus colaboradores (ver: Uber, Pedidos ya! y otros). Deja fuera todo aquello que sustenta y permite el funcionamiento de la tecnología: luz, agua, costos de conexión, mobiliario, etc.

Se desconoce el tipo de reglamentación que debe aprobar el Poder Ejecutivo. La reglamentación queda a la absoluta discrecionalidad del gobierno.

“Art 12) (…) Todo trabajador tendrá derecho a desconectarse…” a fin de garantizar su tiempo de descanso”.

El teletrabajo y los beneficios para la empresa:

Reduce costos de alquiler, materiales de oficina, gas, luz, agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado, limpieza, seguridad, conexiones a internet y telefonía, mobiliario, seguros, transportes, y posibles daños a las instalaciones. En algunos casos reduce primas por presentismo, costos de instalaciones como comedor, tickets alimentación (3) y sus variables: viáticos etc.

Es posible que las empresas puedan optar, como parte de su negocio el subcontratar sus instalaciones a nuevos o diferentes servicios acordes a su actividad “primaria”.

El teletrabajo y los beneficios para el trabajador:

Trabaja desde su casa con un ahorro de transporte y tiempo de traslado desde la residencia del trabajador a su lugar de trabajo. Puede estar más horas al cuidado de sus hijos y familiares. Este supuesto beneficio conlleva a una mayor disposición en el caso de los padres a realizar el cuidado de los hijos en horas que las escuelas o colegios tanto públicos o privados no brinden o suspendan servicios y actividades programadas. Seguramente las mujeres serán mayormente afectadas al asumir las carencias que generarán los servicios educativos, sanitario etc.

Es evidente que si tomamos globalmente los beneficios mencionados, el saldo desde el punto de vista económico es mayor para el empleador que para el trabajador. Los beneficios que obtiene la empresa con el régimen de teletrabajo (Smart working) indudablemente representan costos fijos que pasan a ser asumidos por el trabajador.

Otras consideraciones:

El trabajador podrá ser inducido por parte del empleador a pasar del régimen de subordinación a la creación de una empresa unipersonal, para de esa forma conservar su relación laboral. En este caso y de aceptar nuevas formas de contrato (temporario, flexible, por proyecto, etc.) dejará de percibir diferentes beneficios tales como salarios vacacionales, seguros de paro, seguros de enfermedad, asignaciones familiares, despido, y se verán modificados los aportes jubilatorios. Con contratos individuales se abrirán nuevos escenarios para el “trabajador-empresario” y en ese caso cabe la posibilidad de que otra persona asuma para continuar el emprendimiento. La facturación correrá por su cuenta con los costos y obligaciones que trae aparejadas.

El aislamiento social tiende de esta forma a aumentar. El asalariado deviene en los hechos en pequeño empresario con las consecuencias políticas, económicas y sociales que impone el sistema. Quebrará los sindicatos. El drama de muchos será sobrevivir, sea como sea.

Crecerán a millones los nuevos marginales, éxodos de inmigrantes, nuevos pobres confinados en sus propios territorios, desprotegidos y aislados. Sin embargo no todos dispuestos a aceptar la nueva era del capitalismo, que puede parecer incuestionable y todopoderosa.

Desde fines de la década de los ochenta esta realidad se asomaba en el mundo de las nuevas relaciones de trabajo en todos los continentes. La regularización del teletrabajo es hoy un hecho. Es indudable que abre por lo tanto un nuevo escenario no solo a escala nacional sino mundial.

Las izquierdas políticas y sus derivaciones lavadas aún siguen en letargo hablando de gloriosos tiempos pasados. En tanto aparece una nueva economía, nuevos consumos, nuevos actores. La nueva clase trabajadora se encuentra ante un escenario diferente, ¿pueden estos nuevos trabajadores ser los promotores de nuevas formas de organización política y sindical?

Seguramente sí, y la propia situación social determinará el rol a asumir. Desde el aislamiento social y político al que son sometidos será necesario avanzar. El momento ha llegado; impone repensarse como clase y repensar la nueva realidad sin miedos a derribar viejos mitos que la fuerza de los hechos está procediendo a sepultar. (4)

Notas:
(1) Instituto Nacional de Estadística y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESI) realizan la Encuesta de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Uruguay según la exposición de motivos de motivos presentada por la Senadora Carmen Sanguinetti
(2) La esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador. “Trabajador en la era digital”. Comcosur y Semanario Voces N 700.
(3) Las voces que no comprenden parte del salario tales como alimentación y presentismo están siendo excluidas de los acuerdos sobre teletrabajo a nivel global.
(4) No hacemos referencia en esta nota a condiciones de trabajo que se desarrollan en forma remota entre trabajadores y empresas dislocadas fuera de Uruguay.

Silvio Amodei
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020
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5) «SI QUIERES LA PAZ, PREPARA LA GUERRA»

Por Jorge Marrero, Santa Rosa, Canelones

El «Destino Manifiesto» que impulsa a la clase dominante norteamericana, relanzado con su «Guerra Preventiva», no difiere de otros dogmas paradigmáticos como “Pueblo elegido» “Raza superior» o “Espacio vital».

Son todos soportes de nacionalismos totalitarios en su manifestación política, fundamentalistas en su expresión cultural y capitalista en su organización económica. El actual sistema imperial no es original, aunque logró ser el más inhumano.

La centralización del poder siempre trae consigo los privilegios y las injusticias. Su decadencia se manifiesta cuando la democracia formal es insuficiente para controlar las masas y ceden paso al autoritarismo; así la represión ahoga la libertad, poco importan las formalidades.

«Si vis pacem, para bellum” (1) y «Divide et impera» (2) son máximas que respaldaron todos los imperios de nuestra civilización occidental judeo cristiana. Buscar la paz preparándose para la guerra y dividiendo para imperar, es hoy aplicado por este Imperio Oligopólico supranacional, que nuevamente en épocas de crisis recurre a sus mercenarios.

Este estadío de dominación capitalista es multipolar en lo cultural; tripolar en lo económico y unipolar para imponer sus políticas. Por esto el camino a la unificación general sigue basándose en la conquista y la rapiña.

El control social continúa basándose en los autoatentados y el terror selectivo que impone el miedo generalizado, diseminado desde los medios masivos de comunicación. En definitiva, con este ordenamiento el soporte último de la ley sigue siendo la represión policial y militar. Por ello los Estados Unidos en su competencia unificadora contra Europa y Japón, pueden sacar ventaja.

En estas condiciones paz es sinónimo de sometimiento; o “la paz de los cementerios» para aquel que osa enfrentar el garrote que manejan los lacayos del que manda. Estas “paces» no tienen nada que ver con la libertad; la justicia; la igualdad; en definitiva: nada que ver con la paz.

El dogma tecnocrático de este neocolonialismo viene en ancas del atavismo modernizador, se lo arropa con sucesivos “aggiornamientos” que ocultan las ideas más retrógradas del capitalismo especulativo. Los técnicos y los intelectuales son su clero secular y nos adoctrinan utilizando los medios masivos que monopoliza el imperio. Son soporte del control económico (“no hay opción”) y de la dictadura política (“nuestras nobles ideas democráticas” “nos metemos en la globalización o perecemos” “su poder militar es incontrastable”)

Es a través de los “mass-media” (3) que se cimentó, y se desarrolla, la obsesión popular por la celebridad instantánea; el dinero fácil, status y fama. Fomentan la fantasía de la riqueza rápida y el desprecio por el trabajo; el esfuerzo; el talento y la solidaridad.

Esa fantasía es un imposible para la gran mayoría, esto genera mucha frustración. Esa frustración masiva hace renegar de los viejos valores y de la propia identidad cultural. Porque si “ellos” son triunfadores y lo tienen todo; nosotros somos perdedores. Así: “Soy culpable por no ser como ellos no hay que renegar, debo esforzarme para ser como ellos”. Inferimos que somos inferiores, entonces está bien que ellos manden. Creo que aquí se manifiesta lo nefasto del monopolio sobre los medios de comunicación.

El imperio es rapaz, cruel e impío (aunque su alcohólico conductor sea un religioso fundamentalista) No duda en utilizar torturas; armas químicas, bacteriológicas, napalm, bombas trazadoras o de fragmentación. No dudó de utilizar bombas atómicas contra civiles indefensos. No duda en intentar genocidios, como en Vietnam, Guatemala o Irak, No dudó en intentar derrocar gobiernos que no se sometan, no importa si son democráticos como el de Hugo Chávez en Venezuela, como tampoco dudó en atacar a todos los que derrocó en nuestra América, desde Jacobo Árbenz y aún antes.

No existe coexistencia pacífica con los halcones del imperio; es imposible persuadirlos para que cesen sus agresiones y renuncien a la explotación. Rebelarse o doblegarse, no dejan otra opción.
La Agencia Central de Información gbringa (en inglés, Central Intelligence Agency; CIA) tiene un presupuesto muchísimo mayor que el presupuesto diplomático; y lo utilizan comprando prensa, políticos, intelectuales, organizaciones e infiltrando ejércitos y policías alrededor del mundo.

Conocemos hoy como actuaron en Guatemala en 1954 o en Brasil contra Joâo Goulart; en Argentina contra Arturo Frondizi… y podríamos llenar la hoja con ejemplos similares, por eso sabemos cómo actúan hoy, no les importa si eres “radical” o te gusta que te llamen “moderado”, si no estás con ellos te consideran enemigo. Incluso sus socios deben cuidarse, recuerden a Manuel Antonio Noriega; Sadam Husein y Osama bin Laden, entre otros muchos. Pero, a pesar de todo, no son invencibles, eso ya ha sido demostrado.

La experiencia mundial y nuestra experiencia particular, contemporánea, nos dice que no es procurando “hacer buena letra” que los persuadiremos de no intervenir. Admitiendo ceder cada día un poco no lograremos hacernos libres; bien decía uno de ellos: “Quien renuncia a la libertad en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad” Querer convencernos que, con una explotación con rostro humano, el imperio será menos rapaz o menos injusto, es querer seguir vendiendo espejitos coloridos, quizá dejen una “comisión” por eso valdría la pena seguir insistiendo.

Pedir la aprobación del imperio financiero, para acceder al Poder Ejecutivo, sólo puede ser a cambio de renunciar a los cambios que mejoren la situación del pueblo.
¿Nos comprometeremos a ser mejores administradores de la explotación? ¿Impulsaremos la zanahoria Reaganómica del «volcán económico» que criollamente se conoce como «hacer crecer la torta?” Entreveran esto con el aserto de que en el comercio no hay ideología, ¿y el bloqueo a Cuba, o a Irak? ¿Qué hacíamos durante la pasada dictadura recorriendo el mundo tratando de aislarla comercialmente por ilegal y terrorista?

No queremos «gatopardismos a la uruguaya»; el Frente Amplio (FA) llegó al Poder Ejecutivo por el apoyo popular, porque la gente quiere mejoras. Para lograrlas deberemos terminar con las políticas neoconservadoras de los rosados, aunque el imperio se moleste y quiera derrocarnos. No siempre triunfan, vean su intento de golpe en Venezuela. Esperar conseguir un mundo más justo sin eliminar las causas de la injusticia no es esperanza; es voluntarismo o sólo ilusión.

La lucha por el control de los elementos naturales utilizables para hacer la vida sustentable; es decir la lucha por el control de la Tierra, es la causa de todas las guerras. Esto es así desde el momento que se admite que la tierra puede ser propiedad privada (y seguirá provocando guerras hasta tanto esta falsa premisa sea eliminada)
Han sumado otra premisa nefasta: sostienen que la moneda es riqueza en sí misma. Esta infausta dupla parió este sistema que prioriza la especulación y prescinde del trabajo de miles. Pueden eliminar pueblos enteros de «gente superflua; desechable». Esta es la causa que se esconde en el fondo de todos los conflictos y se traduce en armas y ejércitos para lograr el control o para mantenerlo.

Por ello el Consenso de Washington, sus vías rápidas con tratados y acuerdos que siguen aportando sangre nuestra para la elaboración de sus morcillas. Someterse al imperio servirá para remachar las cadenas y hará indigna la sobrevivencia.

La libertad y el crecimiento productivo sólo son posibles con una organización social democrática, sin explotados ni explotadores, donde la Tierra sea libre, el trabajo sea la base de la riqueza y la justicia nos considere como iguales. En estas condiciones puede florecer la paz y la prosperidad para las grandes mayorías. Aunque no sea idílica ni perfecta sólo es posible contra los intereses del imperio y los de la oligarquía criolla, con su séquito de técnicos e intelectuales alcahuetes.

Notas:

(1) Máxima latina que significa: «Si quieres la paz, prepara la guerra». Aunque a veces se atribuye erróneamente a Julio César, en realidad deriva de un pasaje del escritor romano de temas militares Vegecio.
(2) “Divide y vencerás”
(3) Medios de comunicación de masas, como cine, radio o prensa.

Jorge Marrero /Instituto de capacitación económica
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 Hoy:
1) Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar al ex militar argentino Luis Esteban Kyburg ante la Justicia /Deutsche Welle
2) Argentina: Los evangélicos: entre los barrios y las urnas /Nicolás Iglesias Schneider
3) Uruguay: Usurpando el derecho a la vivienda /La senda
4) Uruguay: La era digital y la hegemonía del capital /Silvio Amodei
5) Una visita diabólica… /Jorge Marrero
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ALEMANIA DEBE CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD Y LLEVAR AL EX MILITAR ARGENTINO LUIS ESTEBAN KYBURG ANTE LA JUSTICIA
Deutsche Welle /17.07.2020
El exmilitar argentino Luis Esteban Kyburg, sospechoso de crímenes contra la humanidad durante la dictadura, debe ser juzgado por ellos en Alemania, dijo a DW Wolfgang Kaleck, abogado de la Coalición contra la Impunidad.
Alemania despertó este viernes (17.07.2020) con la noticia de que un argentino acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-1983) había sido localizado en Berlín. Se trata de Luis Esteban Kyburg, de 72 años de edad, sobre quien pesan órdenes de arresto nacionales e internacionales desde 2012. Está acusado de haber participado en el secuestro y el asesinato de 152 personas en 1976, cuando era comandante de la unidad de élite Agrupación de Buzos Tácticos U.T. 6.1.2 de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2015, la Justicia argentina solicitó a Alemania que extraditara a Kyburg. Sobre los pormenores y perspectivas actuales del caso, DW entrevistó a Wolfgang Kaleck, abogado especialista en Derecho Internacional y secretario general del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, (ECCHR), con sede en Berlín.
Kaleck forma parte de la Coalición contra la Impunidad, que acompaña desde 1998 la lucha de las víctimas y familiares de las víctimas de crímenes perpetrados por los responsables civiles y militares de la dictadura argentina.
Deutsche Welle: ¿Cuál es la importancia de que Alemania haya localizado a Luis Esteban Kyburg en Berlín, y qué significado tiene esto para el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar durante la dictadura argentina?
Wolfgang Kaleck: El caso Kyburg es muy importante para continuar con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura argentina. Inmediatamente después del fin de la dictadura, en Argentina comenzó el megajuicio contra la Junta Militar. Luego pasaron varios años en los que reinó la impunidad debido a las leyes de amnistía. Pero las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos en ese país lograron, en la década del 2000, durante los gobiernos de los Kirchner, que se retomaran los juicios contra los militares por crímenes como la tortura, la desaparición y los asesinatos. Desde entonces, en Argentina se lleva a cabo una de las mayores series de persecuciones penales a nivel nacional contra sospechosos de crímenes de lesa humanidad en el mundo. En ese sentido, la Justicia argentina ha realizado un trabajo magnífico.
En 2012, Argentina emitió una serie de denuncias contra militares en Mar del Plata, y llevó a juicio a algunos de ellos. Entre esos militares acusados y buscados está Luis Esteban Kyburg, que prestó servicio en una unidad de élite como buzo táctico en la Marina argentina en 1976. Casi todos los compañeros de Kyburg en Mar del Plata ya han sido juzgados.
Al enterarse de que estaba siendo buscado por la Justicia argentina, Kyburg se estableció hace unos siete años en Berlín. Argentina solicitó a Alemania su extradición, pero como es ciudadano alemán, Alemania no lo puede extraditar. Por eso, la Fiscalía general de Berlín inició una investigación en su contra y está en comunicación y cooperación con los fiscales en Mar del Plata y Buenos Aires. Las pesquisas continúan a toda marcha.
¿Cómo se logró localizar a Kyburg en Alemania? ¿Él vive como cualquier otro ciudadano, en libertad, en Berlín?
Kyburg vive hasta hoy como un ciudadano común en Berlín, y la Fiscalía de Mar del Plata lo sabía. Un periodista argentino-alemán, Toni Hervida, se enteró de eso y se lo dijo a Anahí Marocchi, la hermana de Omar Marocchi, un hombre detenido ilegalmente y desaparecido durante la dictadura, que nos encomendó investigar su caso, y desde ese momento lo estamos haciendo. Omar Marocchi es solo una de las miles de personas que fueron secuestradas, abusadas y asesinadas en Argentina. Alemania debe cumplir con su responsabilidad y llevar a Luis Esteban Kyburg ante la Justicia. Exigimos que se emita una orden de arresto en Alemania contra Luis Esteban Kyburg para que sea detenido y acusado formalmente aquí en Berlín.
¿Qué posibilidades ve usted de que estas investigaciones desemboquen en un juicio contra Kyburg?
Como se puede imaginar, para la Fiscalía general de Berlín no es fácil esclarecer un crimen ocurrido en Mar del Plata en 1976. Eso seguramente demorará, pero esperamos que al final de las investigaciones, la Justicia en Berlín emita una acusación formal y se dé inicio al proceso con una vista principal.
¿El juicio tendría lugar entonces en Berlín?
Sí, porque el sospechoso es ciudadano alemán.
¿Qué fallo podría, en su opinión, emitir la Justicia alemana en este caso?
La Justicia alemana actuaría en el caso de Kyburg según el principio jurídico de “personalidad activa”, ya que él es alemán. Sin embargo, el único delito por el cual la Justicia de este país puede proseguir las investigaciones en contra de Kyburg es homicidio, dado que los otros cargos ya prescribieron. Eso hace que este caso sea un poco más complicado desde el punto de vista jurídico. Según el derecho actual, diríamos claramente que Kyburg es sospechoso, junto con su unidad de élite de la Armada de 1976, de haber participado en crímenes de lesa humanidad. Según la ley actual, hay que comprobar que el sospechoso estuvo implicado en un homicidio.
Considerando que esos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados en Argentina, ¿cómo funcionaría el proceso en Alemania, si se llevara a cabo?
Lo que se debe hacer es esclarecer en un juicio los sucesos en Argentina en 1976. Eso no es tan fácil. No se puede juzgar simplemente a Kyburg por el estado actual del expediente. Para juzgarlo sería necesario que viajasen testigos, peritos y fiscales argentinos a Alemania, para poder declarar aquí, y así poder integrar esas declaraciones al proceso.
¿En qué etapa están ahora las investigaciones?
En este momento tiene lugar un arduo proceso de investigación, y cuando este finalice, la Fiscalía alemana debe decidir si existe o no una sospecha urgente de homicidio en su contra, y si formula una acusación formal contra Kyburg o no. Si considerase que es así, entonces presenta esa sospecha por delito de homicidio ante un tribunal, y el tribunal la examina y decide si emite o no una orden de detención.
¿Si ese tribunal decidiese que no existe una sospecha por homicidio, y no emitiera una orden de detención, entonces Kyburg podría seguir viviendo en libertad dentro de territorio alemán? ¿Ni la Justicia argentina ni la Justicia alemana podrían hacer nada más?
La Justicia alemana está trabajando en el caso, y sí puede hacer algo, que es lo siguiente: primero, decidir si habrá o no una acusación formal, y de acuerdo con eso, decidir si emite una orden de detención. Argentina está cooperando con la Fiscalía alemana para esclarecer el caso. La Justicia alemana depende de la cooperación con la Justicia argentina en el caso Kyburg. Como él no puede ser extraditado, entonces la Justicia alemana asume el caso.
Usted cuenta con una larga trayectoria como abogado especialista en derechos humanos en la difícil tarea de esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. ¿Qué significa para usted en lo personal que se haya localizado a Kyburg en Alemania?
La Coalición contra la Impunidad empezó a esclarecer casos de desapariciones de ciudadanos argentino-alemanes ya en 1998, presentándolos ante la Fiscalía de Núremberg. Logramos que en 2003 la Justicia alemana emitiera órdenes de detención contra los generales, entonces todavía vivos, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Al mismo tiempo, se emitieron órdenes de detención contra ellos en España.
Luego de eso, Argentina se hizo cargo de esos dos casos, y la Justicia alemana ya no tuvo que ocuparse activamente. También hubo casos similares de este tipo en Francia e Italia, y cuando los sospechosos viajan a países europeos y no pueden ser extraditados, entonces debe intervenir la Justicia europea, y eso es lo que está haciendo también en el caso de Kyburg.
Para mí no fue una sorpresa que un militar argentino sospechoso de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad se fuera de su país para establecerse en Europa. Ya estábamos preparados para esto desde hace años. Cuando nos enteramos, nos pusimos en contacto con la Fiscalía y supimos que las investigaciones ya estaban en marcha. Nos reunimos con los fiscales, y tratamos de llevar adelante el proceso por nuestra parte, justamente porque estamos trabajando activamente desde hace 22 años conjuntamente con Argentina y tenemos nuestros canales propios. Estamos en una muy buena posición para poder comentar e interpretar los resultados de las investigaciones, y por eso hemos impulsado que se emita una orden de detención contra Luis Esteban Kyburg en Alemania, porque consideramos que existe una sospecha urgente contra él. Pero ahora la que tiene que decidir sobre esa orden de detención es, naturalmente, la Fiscalía general alemana.
Nota final:
Wolfgang Kaleck es un abogado alemán, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Trabaja desde 1998 en la Coalición contra la Impunidad (Koalition gegen Straflosigkeit), que lucha para esclarecer los asesinatos y desapariciones de ciudadanos argentinos y alemanes durante la dictadura argentina (1976-1983), así como el rol de Alemania en esos crímenes, y de investigar y llevar ante la Justicia a los militares y colaboradores civiles que perpetraron crímenes contra la humanidad. Kaleck fundó en 2007, junto con otros renombrados juristas, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), en Berlín, y es secretario general y director legal de esa organización. Entre 2004 y 2008 trabajó con el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR) para la prosecución de crímenes cometidos por el Ejército de EE. UU. Ganó en 2014 el premio «Hermann Kesten Award», del Centro PEN de Alemania, entre otros, y en 2019 obtuvo el «Bassiouni Justice Award», del Centro Internacional de Investigación Legal y Política.
Deutsche Welle COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 _______
2) ARGENTINA: LOS EVANGÉLICOS: ENTRE LOS BARRIOS Y LAS URNAS
En un país donde el catolicismo sigue manteniendo un vínculo privilegiado con la estructura de poder, en los barrios el pentecostalismo juega un papel fundamental en la construcción de la subjetividad y la mediación de las políticas públicas.
Por Nicolás Iglesias Schneider / La Diaria /18 de julio de 2020
La encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, elaborada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) el año pasado, sostiene que “el catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada” de 62,9%, que 18,9% de los encuestados se declaran “sin religión” y que los evangélicos llegan a 15,3% y su número está “en crecimiento”.
Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, publicó el libro Los evangélicos en la política argentina. Crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas, y habló con la diaria al respecto.
¿Cuáles son los rostros evangélicos en Argentina?
El mundo evangélico es más plural de lo que sus propios voceros, medios de comunicación o la academia admiten. 90% del universo evangélico es pentecostal o está pentecostalizado, es decir que muchas iglesias cambiaron su manera tradicional de celebrar la fe en función de una “modernización” de la iglesia que le permita sobrevivir. Otro rostro son las iglesias protestantes históricas, que son una minoría pero han construido un capital simbólico debido a la lucha en diferentes reivindicaciones. A principios del siglo XX, por ejemplo, por la laicidad del Estado y la igualdad religiosa. Un poco más adelante se articulan en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, con pastores que protagonizaron la defensa de los derechos humanos y resistencia a la dictadura, como el obispo metodista Federico Pagura. Estas iglesias están en crisis. Uno de los síntomas de esto es la disolución de su facultad de teología Isedet [Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos], que era una gran usina de pensamiento crítico. Aunque sean muy poquitos, logran desarticular la voz que se presenta como “única voz del mundo evangélico”, la de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina [ACIERA]. La ACIERA quiso que el Estado tuviera un tipo de tutela de los valores tradicionales, se pronunció en contra de la salud y la educación sexual integral y el matrimonio igualitario, y ha buscado ser mediadora de políticas sociales. Incluso, en este contexto de pandemia, construyó una plataforma llamada Seamos uno, donde judíos, católicos y evangélicos distribuyen asistencia social. Durante el kirchnerismo hubo tensión entre la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno, lo que llevó a la organización de un Tedeum que incorporó a actores evangélicos. Tedeum es una celebración de acción de gracias por la patria. En la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño del Pro [Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri], ha participado en otro Tedeum evangélico organizado por la ACIERA.
Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos construida desde abajo, y luego la clase política los suma a su aparato.
¿Cómo se da la presencia evangélica en los barrios?
El anclaje de los evangélicos en los barrios es profundo y cotidiano. La iglesia evangélica de barrio es un punto de la red que conforma la estrategia de supervivencia para muchas personas de las villas o los asentamientos. Allí se da un proceso de autoidentificación entre las personas y el referente religioso, que es un hijo de esos barrios. Es un proceso de reconocimiento que se ha dado durante muchos años de una forma autogestiva. Por un lado, han desarrollado una teología muy cercana a los problemas del creyente, con un milagro más vinculado a la cotidianidad, que incluye tener trabajo y mejorar la vida afectiva. De los evangélicos, 40% son conversos del catolicismo. Una de las razones de su éxito es la legitimidad social que tienen en el territorio. Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos construida desde abajo, y luego la clase política los suma a su aparato.
Las políticas públicas son el gran capital del mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y el territorio.
¿Cómo se ha desarrollado el vínculo entre el kirchnerismo y los evangélicos?
Cuando asume el gobierno kirchnerista, los partidos políticos y los sindicatos habían perdido llegada en los barrios, por lo que busca interlocutores en las bases y se encuentra con los evangélicos. Por ejemplo, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, abierta a que la sociedad civil gestione políticas públicas, con una mirada muy pragmática, encontró en los pastores pentecostales cercanía territorial; los evangélicos son muy autónomos para construir acuerdos. Las políticas públicas son el gran capital del mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y el territorio. Hay una debilidad estructural de la política pública del Estado y su capacidad de llegar al territorio, por eso precisa ruedas de auxilio para ser eficaz. Por esto se ha recurrido progresivamente a los evangélicos, especialmente en temas en que tienen experiencia: lo social, las cárceles y la drogadicción.
¿Podría decirse que los pastores se volvieron los nuevos punteros en los barrios?
Quitándole al puntero la dimensión más negativa, vinculada a lo clientelar, entonces sí. Los pastores están haciendo el mismo trabajo que los punteros, incluso su lugar religioso les da una permanencia en el tiempo, que no los ata a lo que suceda con la suerte de su referente político del momento. La gran mayoría de los pastores pentecostales se identifica con el peronismo, aunque su lugar religioso les permite a ellos coquetear con varios actores políticos al mismo tiempo, porque allí se amalgaman dos identidades que tienen mucho diálogo. Con una fuerte identificación de clase, la idea peronista de justicia social y restauración material se vincula con la prédica pentecostal de mejora social en los barrios.
El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares en Argentina.
¿Cómo se da el diálogo entre religiosidad y feminismo en los barrios?
El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares de Argentina. Por ejemplo, un pastor en Lomas de Zamora, que es un barrio extremadamente pobre, se identifica como tercermundista en memoria de los sacerdotes de los años 70 y considera al sacerdote Carlos Mugica (mártir de la resistencia a la dictadura) como ejemplo de hombre religioso en los barrios. En el muro del patio de su organización, Sal de la Tierra, hay una pintura de Perón, Evita y Néstor Kirchner. Este pastor, comprometido con las luchas sociales y los sectores populares, dijo: “Yo, como el Padre Mugica, estoy en contra del aborto”. Se puede estar en contra del gatillo fácil y defender a los jóvenes de la represión policial en los barrios y estar en contra del aborto. Y una vez más comprobamos que las categorías de conservadores y progresistas en estos campos son insuficientes. Otro ejemplo es el del dirigente popular católico peronista Juan Grabois, que desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos [MTE] trabaja en los sectores populares pero no se ha pronunciado a favor de la ley del aborto. Él sostiene que en los barrios hay una concepción casi sagrada de la maternidad. El feminismo, desde su perspectiva, no logra ingresar porque tiene una idea autonomista sobre el cuerpo (“mi cuerpo, mi decisión”) que está muy lejos de la comprensión comunitaria del cuerpo de los sectores populares. Un tercer ejemplo es la marcha organizada por el movimiento popular Evita en el día de san Cayetano. Durante los cuatro años del gobierno de Macri fue una marcha muy crítica y con una impronta religiosa fuerte, porque san Cayetano es el santo del pan y el trabajo. La última marcha se dio en medio del debate del aborto y generó discusión interna, por temor a que se llenara de pañuelos verdes y eso mostrara división y no unión en rechazo al macrismo, algo muy propio de la lógica peronista. Un cuarto ejemplo: Esteban Castro es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular [CTEP], modelo de dirigente barrial que comprende cómo han cambiado la religiosidad y la politicidad popular y sus vasos comunicantes. Él tiene una postura más favorable a la ley del aborto porque está menos atado a la iglesia católica como institución. Las tres organizaciones, la CTEP, el Movimiento Evita y el MTE, son espacios políticos fuertemente ligados al peronismo católico y la figura del papa Francisco.
No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos (aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política todavía tiene al mundo católico como referente.
En tu libro sostenés que no existe un voto confesional. ¿Por qué el crecimiento evangélico no se tradujo en los cargos de gobierno?
No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos (aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política todavía tiene al mundo católico como referente. Hubo intentos fallidos en los años 80 y 90 con un partido político confesional evangélico para replicar la experiencia de Brasil. En la década de 2000 hubo trayectorias de pastores que se contactaron con el peronismo y trazaron sus candidaturas a nivel de gobierno municipal, pero que finalmente fueron instrumentalizados por dirigentes peronistas con más experiencia política. A finales de esos años hubo dos diputados evangélicos, Hugo Acuña y Cynthia Hotton, y un vicegobernador pastor bautista, Paul Trschich. La mayor exposición pública la tuvo Hotton, quien fracasó en diversos intentos de llevar al Pro a posturas más tradicionales en temas de familia, de armar su propio sector y en el debate por la ley de libertad religiosa. Su última estrategia fue la del Frente Nos, con su grupo “Valores para mi país” tratando de apelar a los valores “judeocristianos”. En las elecciones de 2019 ella fue candidata a vicepresidenta de este frente, junto con el militar retirado Gómez Centurión, un candidato a la presidencia que estaba a la derecha del macrismo.
Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las iglesias evangélicas y católicas de clases medias y altas hacia el Pro.
¿Cómo se da el vínculo de partidos e iglesias?
Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, como ya vimos, pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las iglesias evangélicas y católicas de clases medias y altas hacia el Pro. El discurso que generó el Pro vinculado al voluntariado –“hacemos actividades, no política”– fue de simpatía para determinados sectores. Podemos mencionar a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, vinculada a Cáritas, y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti como devotas católicas, y también a muchos líderes evangélicos de megaiglesias de clases medias y altas muy afines. En los debates sobre matrimonio igualitario, educación y salud sexual hay cada vez más presencia evangélica. Por un lado se alinean los sectores más conservadores evangélicos con los conservadores católicos; por otro lado, los sectores progresistas protestantes con los sacerdotes de la opción por los pobres. Es un proceso en el que se van agrietando las subjetividades de los evangélicos en diferentes temas. No se puede hablar de “los evangélicos” porque no actúan como masas. Viven un proceso de individuación religiosa, de creer a su manera, no actúan como rebaño.
Pastores, narcos y militares
El pastor Eduardo Trasante, ex concejal por el partido de izquierda Ciudad Futura de Rosario, fue asesinado el 15 de julio. En 2012 fue asesinado su hijo Jeremías, de 17 años, en un triple asesinato de militantes del Movimiento 26 de Junio, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán. En 2014 también fue asesinado su otro hijo, Jairo. Ambas muertes estuvieron vinculadas con el narcotráfico, contra el que su padre había luchado.
Por otra parte, en junio un importante grupo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas varias ligadas al cristianismo progresista de Argentina, solicitaron al gobierno el cierre de la Capellanía Castrense, que da asistencia espiritual católica en las tres fuerzas armadas. Este obispado, que es financiado por el Estado, fue cómplice en la dictadura de la desaparición de personas y entregó a militantes cristianos.
Nicolás Iglesias Schneider /La Diaria COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 _______
3) URUGUAY: USURPANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA
La senda /17 de julio de 2020
El miércoles 15 de julio fue detenido un referente de la ocupación del barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina. El compañero asistió de buena fe a una convocatoria realizada por el Sistema de Mediación de Montevideo en el edificio oficial del IMPO. La convocatoria fue realizada para iniciar un: “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” que sería “dirigido por terceros imparciales expertos en manejo de conflictos que facilitarán el diálogo”. Entre esos expertos se destaca la figura de Leonel Groisman, quien comandó la instancia de “negociación” a la que estaban convocados, además del compañero detenido, abogados de familias asentadas, la Coordinadora de Asentamientos, la Comisión de Vivienda Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal que lleva la causa de la ocupación, entre otros.
Mientras Groisman exponía las características del “proceso de diálogo”, el fiscal se comunicaba con la policía para que llegara a la sede del IMPO y se llevara detenido al compañero. En ese contexto, y enterados de la situación, un grupo de militantes del Nuevo Comienzo y de diversas organizaciones sociales que han apoyado la ocupación se acercaron a la sede del IMPO para solidarizarse. Ante la concentración de militantes el proceso de detención pasó por una instancia de negociación que de todas formas derivó en que Adrián quedara detenido en zona 4 y el jueves fuera trasladado a jefatura. Ante todo eso, quienes convocaron a la “negociación” que terminó siendo una “cama” al compañero, no aportaron nada concreto para evitar la detención.
El jueves a la mañana Adrián fue trasladado a fiscalía, en donde nuevamente recibió la solidaridad y el apoyo de decenas de vecinos, vecinas y militantes, aunque ningún “negociador” se hizo presente. El delito de Adrián: “asociarse” para “usurpar” terrenos baldíos y construir en ellos su vivienda. Nuevamente quedaban enfrentados propiedad privada y derecho a la vivienda, nuevamente prima el derecho a ser dueño de un terreno abandonado que el de tener un lugar en donde vivir. La fiscalía este jueves pidió una nueva prórroga, y recién mañana sabremos qué pasará con el compañero. Lo cierto es que la justicia “legal” desprotege cada día más a los más débiles, cada día defiende más la propiedad privada, y las leyes, para los pobres, se transforman en un cerco que los encierra en un espacio cada vez más miserable.
Ante esa situación no hay resignación.
Además de denunciar falsas negociaciones y manejos legales habrá que dar la pelea para que el derecho a vida digna esté antes que el derecho al terreno baldío. Adrián no está solo. El Nuevo Comienzo sigue pariendo rebeldía. Los únicos usurpadores son quienes defienden la tierra baldía antes que la vivienda digna.
La senda COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 _______
4) URUGUAY: LA ERA DIGITAL Y LA HEGEMONÍA DEL CAPITAL
La crisis del capitalismo no significa su derrota.
Consideraciones acerca del proyecto del Partido Colorado sobre teletrabajo en Uruguay
Por Silvio Amodei /08.07.2020
Poco tiempo atrás, precisamente, el 20 de abril de este año, en medio de la pandemia, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley para regular el teletrabajo.
Sin diferenciar entre Smart working y teletrabajo, ya que la senadora no lo hace, me limitaré a comentar algunos de los 13 artículos que lo componen, y ciertas consideraciones que están presentes en la exposición de motivos.
La senadora toma un viejo dato (100 mil en Uruguay según datos INE 2016) y afirma que seguramente, las cifras de personas que realizan teletrabajo han aumentado en manera exponencial en los cuatro años posteriores a dicha encuesta. Resulta interesante ver que 500 mil uruguayos han respondido fuera de su horario de trabajo a correos electrónicos que tenían que ver con el trabajo que desempeñan (1). Aumenta de ese modo el horario de trabajo de forma gratuita y sin recibir ningún tipo de compensación. Por otro lado, podemos sostener que cada uno de nosotros es un usuario-trabajador-cliente de las grandes plataformas digitales, enviando información gratuita en forma constante y continua a las grandes corporaciones virtuales tales como, Facebook, Google, Instagram, etc (2)
La actual situación sanitaria (Covid-19) cayó como anillo al dedo para que el capitalismo global se restructurara a partir de una diferente realidad.
Las nuevas tecnologías ocupan un lugar importante y funcional a las necesidades hegemónicas de esta fase de crisis capitalista.
Una nueva revolución digital está en marcha. El capitalismo global tratará de imponer sus condiciones. Nada será ya como antes repiten, entre otros y al unísono ciertos políticos, tecnócratas, economistas y la prensa mundial.
Desde hace más de 20 años muchos pensadores advierten sobre los nuevos fenómenos emergentes (inteligencia artificial, robótica, Internet, App etc.), y los impactos que conllevan en la economía global.
Basta con ser un simple observador para constatar que la regularización del trabajo a distancia y las nuevas formas de control social, incluyendo el distanciamiento social, son vitales para el desarrollo de las nuevas formas que asume el capitalismo del siglo XXI.
Es necesario por lo tanto, aprobar leyes regulatorias en aquellos países que aún no reconocen institucionalmente el fenómeno de la era digital. En ese contexto, la senadora Carmen Sanguinetti intenta articular una ley sobre el tema en cuestión.
Algunos países europeos en plena pandemia han aplicado decretos que refieren a Smart working, Argentina, por ejemplo, se encuentra en plena discusión para la aprobación en el Parlamento de leyes que regulen las nuevas formas del trabajo.
En la exposición de motivos del Proyecto, la Senadora afirma: “las condiciones que posibilitan el teletrabajo están dadas por la flexibilidad, la organización en red, la globalización, y la denominada revolución tecnológica”. Agrega además, tomando las recomendaciones de la OMS:
“(…) la modalidad de teletrabajo representa una importante beneficio para las familias que -en la etapa de crianza de niños pequeños- opten por la lactancia materna según las…”, y más adelante dice: …”hecho que impacta de forma directa en el presentismo, el desempeño, y la disponibilidad real de los miembros de la familia en sus trabajos…”.
Parecería que nos encontramos ante una disposición de barrer las conquistas obtenidas, los derechos de madres o padres en los períodos de lactancia de sus hijos. Sin ninguna duda la OMS demuestra, una vez más, su escasa determinación a defender la salud física y psicológica de los habitantes del planeta, y sí su convicción de defender el interés del capital a escala global.
Sigamos el razonamiento de la senadora: “Con la llegada del coronavirus al territorio uruguayo son varias las decisiones y precauciones que debemos tomar, entre ellas el aislamiento social.” Carmen Sanguinetti se convence e intenta convencernos de que debemos recurrir al trabajo a distancia tomando como un hecho que esta nueva modalidad de trabajo trae aparejada ventajas para los trabajadores y la empresa. Donde mayores son las ventajas para las empresas que para el “nuevo trabajador reciclado” como veremos más adelante.
El hombre es un ser social, por lo que la opción de soledad del aislamiento de cada ser humano es sana, sólo y exclusivamente, a partir de la decisión libre y consciente de cada cual.
En el caso del teletrabajo son las condiciones nuevas del reacomodo capitalista las que imponen una nueva forma en las relaciones laborales, donde el trabajador y la trabajadora individualmente se encuentran en una posición de debilidad ante la empresa. Es decir no es una opción de libertad, sino una de las tantas imposiciones que el sistema capitalista ha encontrado para sortear sus necesidades económicas a partir del uso de las nuevas tecnologías digitales.
Continúa la exposición de motivos: “Los aspectos fundamentales que recoge esta modalidad de trabajo a distancia son los horarios de trabajo, el equilibrio personal-profesional y la productividad”. Afirmar que esta modalidad de trabajo a distancia genera el equilibrio personal-profesional, no es demostrable científicamente, el distanciamiento social, el aislamiento y el desarrollo del trabajo en el ámbito del hogar probablemente tenderá al aumento del estrés, condicionando la salud mental.
Algunos artículos del Proyecto:
“Art 1) (…) entiéndase por teletrabajo la prestación del trabajo total o parcial, mediante la utilización de tecnologías de la información (…)”
“Art 2) [se refiere] (…) solo y exclusivamente al sector de los trabajadores del sector privado y que se desempeñen en régimen de subordinación y dependencia”.
Abarca por lo tanto el sector de las empresas de salud privada, de la enseñanza privada, y otros sectores de trabajo en el ámbito privado (vendedores, sector de la comunicación, bancos, seguros, etc.). Tomemos por ejemplo las mutualistas, las empresas de salud, amparándose en el articulado de esta ley, lograrían recurrir a una cierta cantidad de sus médicos los cuales realizarán consultas bajo forma de teletrabajo y por lo tanto los usuarios serán atendidos no ya en los locales de la empresa mutual, sino a través de video llamadas. Caerá inexorablemente la calidad de la atención médica y las empresas dispondrán de mayores espacios físicos para eventualmente contratar actividades privadas más lucrativas en los espacios liberados. Es evidente, que aumentará la productividad del profesional médico en desmedro de la atención del paciente disminuyendo a su vez la fuente laboral de los trabajadores no médicos (limpiadores, enfermeros, asistentes).
En el ámbito de la enseñanza sucederá algo similar al sustituir ciertas clases presenciales por cualquier medio digital. Por su parte los profesores y personal de apoyo (adscriptos, limpieza, etc.) disminuirán en cantidad, como también disminuirán los espacios y lugares físicos desde donde hoy se imparte la enseñanza. Es fácil constatar que la socialización del alumno será afectada, como asimismo la calidad de la enseñanza, producto del intercambio de conocimientos que se produce en el aula.
Solamente tomando estos dos ejemplos podemos avizorar el futuro: caída brusca de la calidad de los servicios y aumento exponencial de la desocupación. Esta simple ecuación permite afirmar que las empresas encuentran una situación favorable para aumentar sus ganancias al disminuir la calidad del servicio y la consiguiente reducción del personal.
El desafío es arduo. Si no analizamos con seriedad y contextualizando la situación y sus consecuencias será difícil no quedar atrapados en la hegemonía del capital. El miedo y la violencia que en los últimos meses venimos sufriendo, son las herramientas que este nuevo colonialismo cultural nos propone. Los trabajadores comienzan a visualizarlo y se están preparando y serán ellos quienes confronten y busquen soluciones nuevas, no solo en defensa del salario y del empleo.
Tampoco el proyecto en cuestión se expide o regula otro tipo de contrato de trabajo (como son las empresas unipersonales). Es decir que el trabajador debe proveer a costo suyo del lugar físico desde donde realizar la tarea asignada.
“Art 5) (…) en ningún caso el teletrabajador podrá exigir al empleador que sea éste quien le proporcione el lugar donde se preste el teletrabajo.”
Sigamos viendo:
“Art 7) (…) el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria”… y más adelante: “no podrá superar el límite máximo de 44 a 48 horas semanales”.
“Art 10) (…) será de cargo del empleador proveer las tecnologías…” y más adelante aclara:”… que determine el Poder Ejecutivo en su reglamentación”.
Las plataformas digitales no siempre proveen las herramientas de trabajo a sus colaboradores (ver: Uber, Pedidos ya! y otros). Deja fuera todo aquello que sustenta y permite el funcionamiento de la tecnología: luz, agua, costos de conexión, mobiliario, etc.
Se desconoce el tipo de reglamentación que debe aprobar el Poder Ejecutivo. La reglamentación queda a la absoluta discrecionalidad del gobierno.
“Art 12) (…) Todo trabajador tendrá derecho a desconectarse…” a fin de garantizar su tiempo de descanso”.
El teletrabajo y los beneficios para la empresa:
Reduce costos de alquiler, materiales de oficina, gas, luz, agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado, limpieza, seguridad, conexiones a internet y telefonía, mobiliario, seguros, transportes, y posibles daños a las instalaciones. En algunos casos reduce primas por presentismo, costos de instalaciones como comedor, tickets alimentación (3) y sus variables: viáticos etc.
Es posible que las empresas puedan optar, como parte de su negocio el subcontratar sus instalaciones a nuevos o diferentes servicios acordes a su actividad “primaria”.
El teletrabajo y los beneficios para el trabajador:
Trabaja desde su casa con un ahorro de transporte y tiempo de traslado desde la residencia del trabajador a su lugar de trabajo. Puede estar más horas al cuidado de sus hijos y familiares. Este supuesto beneficio conlleva a una mayor disposición en el caso de los padres a realizar el cuidado de los hijos en horas que las escuelas o colegios tanto públicos o privados no brinden o suspendan servicios y actividades programadas. Seguramente las mujeres serán mayormente afectadas al asumir las carencias que generarán los servicios educativos, sanitario etc.
Es evidente que si tomamos globalmente los beneficios mencionados, el saldo desde el punto de vista económico es mayor para el empleador que para el trabajador. Los beneficios que obtiene la empresa con el régimen de teletrabajo (Smart working) indudablemente representan costos fijos que pasan a ser asumidos por el trabajador.
Otras consideraciones:
El trabajador podrá ser inducido por parte del empleador a pasar del régimen de subordinación a la creación de una empresa unipersonal, para de esa forma conservar su relación laboral. En este caso y de aceptar nuevas formas de contrato (temporario, flexible, por proyecto, etc.) dejará de percibir diferentes beneficios tales como salarios vacacionales, seguros de paro, seguros de enfermedad, asignaciones familiares, despido, y se verán modificados los aportes jubilatorios. Con contratos individuales se abrirán nuevos escenarios para el “trabajador-empresario” y en ese caso cabe la posibilidad de que otra persona asuma para continuar el emprendimiento. La facturación correrá por su cuenta con los costos y obligaciones que trae aparejadas.
El aislamiento social tiende de esta forma a aumentar. El asalariado deviene en los hechos en pequeño empresario con las consecuencias políticas, económicas y sociales que impone el sistema. Quebrará los sindicatos. El drama de muchos será sobrevivir, sea como sea.
Crecerán a millones los nuevos marginales, éxodos de inmigrantes, nuevos pobres confinados en sus propios territorios, desprotegidos y aislados. Sin embargo no todos dispuestos a aceptar la nueva era del capitalismo, que puede parecer incuestionable y todopoderosa.
Desde fines de la década de los ochenta esta realidad se asomaba en el mundo de las nuevas relaciones de trabajo en todos los continentes. La regularización del teletrabajo es hoy un hecho. Es indudable que abre por lo tanto un nuevo escenario no solo a escala nacional sino mundial.
Las izquierdas políticas y sus derivaciones lavadas aún siguen en letargo hablando de gloriosos tiempos pasados. En tanto aparece una nueva economía, nuevos consumos, nuevos actores. La nueva clase trabajadora se encuentra ante un escenario diferente, ¿pueden estos nuevos trabajadores ser los promotores de nuevas formas de organización política y sindical?
Seguramente sí, y la propia situación social determinará el rol a asumir. Desde el aislamiento social y político al que son sometidos será necesario avanzar. El momento ha llegado; impone repensarse como clase y repensar la nueva realidad sin miedos a derribar viejos mitos que la fuerza de los hechos está procediendo a sepultar. (4)
Notas:
(1) Instituto Nacional de Estadística y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESI) realizan la Encuesta de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Uruguay según la exposición de motivos de motivos presentada por la Senadora Carmen Sanguinetti
(2) La esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador. “Trabajador en la era digital”. Comcosur y Semanario Voces N 700.
(3) Las voces que no comprenden parte del salario tales como alimentación y presentismo están siendo excluidas de los acuerdos sobre teletrabajo a nivel global.
(4) No hacemos referencia en esta nota a condiciones de trabajo que se desarrollan en forma remota entre trabajadores y empresas dislocadas fuera de Uruguay.
Silvio Amodei COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 _______
5) UNA VISITA DIABÓLICA…
Por Jorge Marrero, Santa Rosa, Canelones
El «Destino Manifiesto» que impulsa a la clase dominante norteamericana, relanzado con su «Guerra Preventiva», no difiere de otros dogmas paradigmáticos como “Pueblo elegido» “Raza superior» o “Espacio vital».
Son todos soportes de nacionalismos totalitarios en su manifestación política, fundamentalistas en su expresión cultural y capitalista en su organización económica. El actual sistema imperial no es original, aunque logró ser el más inhumano.
La centralización del poder siempre trae consigo los privilegios y las injusticias. Su decadencia se manifiesta cuando la democracia formal es insuficiente para controlar las masas y ceden paso al autoritarismo; así la represión ahoga la libertad, poco importan las formalidades.
«Si vis pacem, para bellum” (1) y «Divide et impera» (2) son máximas que respaldaron todos los imperios de nuestra civilización occidental judeo cristiana. Buscar la paz preparándose para la guerra y dividiendo para imperar, es hoy aplicado por este Imperio Oligopólico supranacional, que nuevamente en épocas de crisis recurre a sus mercenarios.
Este estadío de dominación capitalista es multipolar en lo cultural; tripolar en lo económico y unipolar para imponer sus políticas. Por esto el camino a la unificación general sigue basándose en la conquista y la rapiña.

El control social continúa basándose en los autoatentados y el terror selectivo que impone el miedo generalizado, diseminado desde los medios masivos de comunicación. En definitiva, con este ordenamiento el soporte último de la ley sigue siendo la represión policial y militar. Por ello los Estados Unidos en su competencia unificadora contra Europa y Japón, pueden sacar ventaja.

En estas condiciones paz es sinónimo de sometimiento; o “la paz de los cementerios» para aquel que osa enfrentar el garrote que manejan los lacayos del que manda. Estas “paces» no tienen nada que ver con la libertad; la justicia; la igualdad; en definitiva: nada que ver con la paz.
El dogma tecnocrático de este neocolonialismo viene en ancas del atavismo modernizador, se lo arropa con sucesivos “aggiornamientos” que ocultan las ideas más retrógradas del capitalismo especulativo. Los técnicos y los intelectuales son su clero secular y nos adoctrinan utilizando los medios masivos que monopoliza el imperio. Son soporte del control económico (“no hay opción”) y de la dictadura política (“nuestras nobles ideas democráticas” “nos metemos en la globalización o perecemos” “su poder militar es incontrastable”)
Es a través de los “mass-media” (3) que se cimentó, y se desarrolla, la obsesión popular por la celebridad instantánea; el dinero fácil, status y fama. Fomentan la fantasía de la riqueza rápida y el desprecio por el trabajo; el esfuerzo; el talento y la solidaridad.
Esa fantasía es un imposible para la gran mayoría, esto genera mucha frustración. Esa frustración masiva hace renegar de los viejos valores y de la propia identidad cultural. Porque si “ellos” son triunfadores y lo tienen todo; nosotros somos perdedores. Así: “Soy culpable por no ser como ellos no hay que renegar, debo esforzarme para ser como ellos”. Inferimos que somos inferiores, entonces está bien que ellos manden. Creo que aquí se manifiesta lo nefasto del monopolio sobre los medios de comunicación.
El imperio es rapaz, cruel e impío (aunque su alcohólico conductor sea un religioso fundamentalista) No duda en utilizar torturas; armas químicas, bacteriológicas, napalm, bombas trazadoras o de fragmentación. No dudó de utilizar bombas atómicas contra civiles indefensos. No duda en intentar genocidios, como en Vietnam, Guatemala o Irak, No dudó en intentar derrocar gobiernos que no se sometan, no importa si son democráticos como el de Hugo Chávez en Venezuela, como tampoco dudó en atacar a todos los que derrocó en nuestra América, desde Jacobo Árbenz y aún antes.
No existe coexistencia pacífica con los halcones del imperio; es imposible persuadirlos para que cesen sus agresiones y renuncien a la explotación. Rebelarse o doblegarse, no dejan otra opción.
La Agencia Central de Información gbringa (en inglés, Central Intelligence Agency; CIA) tiene un presupuesto muchísimo mayor que el presupuesto diplomático; y lo utilizan comprando prensa, políticos, intelectuales, organizaciones e infiltrando ejércitos y policías alrededor del mundo.
Conocemos hoy como actuaron en Guatemala en 1954 o en Brasil contra Joâo Goulart; en Argentina contra Arturo Frondizi… y podríamos llenar la hoja con ejemplos similares, por eso sabemos cómo actúan hoy, no les importa si eres “radical” o te gusta que te llamen “moderado”, si no estás con ellos te consideran enemigo. Incluso sus socios deben cuidarse, recuerden a Manuel Antonio Noriega; Sadam Husein y Osama bin Laden, entre otros muchos. Pero, a pesar de todo, no son invencibles, eso ya ha sido demostrado.
La experiencia mundial y nuestra experiencia particular, contemporánea, nos dice que no es procurando “hacer buena letra” que los persuadiremos de no intervenir. Admitiendo ceder cada día un poco no lograremos hacernos libres; bien decía uno de ellos: “Quien renuncia a la libertad en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad” Querer convencernos que, con una explotación con rostro humano, el imperio será menos rapaz o menos injusto, es querer seguir vendiendo espejitos coloridos, quizá dejen una “comisión” por eso valdría la pena seguir insistiendo.
Pedir la aprobación del imperio financiero, para acceder al Poder Ejecutivo, sólo puede ser a cambio de renunciar a los cambios que mejoren la situación del pueblo.
¿Nos comprometeremos a ser mejores administradores de la explotación? ¿Impulsaremos la zanahoria Reaganómica del «volcán económico» que criollamente se conoce como «hacer crecer la torta?” Entreveran esto con el aserto de que en el comercio no hay ideología, ¿y el bloqueo a Cuba, o a Irak? ¿Qué hacíamos durante la pasada dictadura recorriendo el mundo tratando de aislarla comercialmente por ilegal y terrorista?
No queremos «gatopardismos a la uruguaya»; el Frente Amplio (FA) llegó al Poder Ejecutivo por el apoyo popular, porque la gente quiere mejoras. Para lograrlas deberemos terminar con las políticas neoconservadoras de los rosados, aunque el imperio se moleste y quiera derrocarnos. No siempre triunfan, vean su intento de golpe en Venezuela. Esperar conseguir un mundo más justo sin eliminar las causas de la injusticia no es esperanza; es voluntarismo o sólo ilusión.
La lucha por el control de los elementos naturales utilizables para hacer la vida sustentable; es decir la lucha por el control de la Tierra, es la causa de todas las guerras. Esto es así desde el momento que se admite que la tierra puede ser propiedad privada (y seguirá provocando guerras hasta tanto esta falsa premisa sea eliminada)
Han sumado otra premisa nefasta: sostienen que la moneda es riqueza en sí misma. Esta infausta dupla parió este sistema que prioriza la especulación y prescinde del trabajo de miles. Pueden eliminar pueblos enteros de «gente superflua; desechable». Esta es la causa que se esconde en el fondo de todos los conflictos y se traduce en armas y ejércitos para lograr el control o para mantenerlo.
Por ello el Consenso de Washington, sus vías rápidas con tratados y acuerdos que siguen aportando sangre nuestra para la elaboración de sus morcillas. Someterse al imperio servirá para remachar las cadenas y hará indigna la sobrevivencia.
La libertad y el crecimiento productivo sólo son posibles con una organización social democrática, sin explotados ni explotadores, donde la Tierra sea libre, el trabajo sea la base de la riqueza y la justicia nos considere como iguales. En estas condiciones puede florecer la paz y la prosperidad para las grandes mayorías. Aunque no sea idílica ni perfecta sólo es posible contra los intereses del imperio y los de la oligarquía criolla, con su séquito de técnicos e intelectuales alcahuetes.
Notas:
(1) Máxima latina que significa: «Si quieres la paz, prepara la guerra». Aunque a veces se atribuye erróneamente a Julio César, en realidad deriva de un pasaje del escritor romano de temas militares Vegecio.
(2) “Divide y vencerás”
(3) Medios de comunicación de masas, como cine, radio o prensa.
Jorge Marrero /Instituto de capacitación económica COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2259 / miércoles 22.07.2020 _______
“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
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ARGENTINA: EL GOBIERNO PRESENTÓ SU PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS -comcosur mujer 650 – 20 .07.2020

COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 650 /lunes 20.07.2020 – Hoy:

1) Argentina: El gobierno presentó su plan de acción integral contra las violencias machistas para los próximos dos años
2) Argentina: 10 años de Matrimonio Igualitario
3) Costa Rica: El Congreso aprueba ley contra el acoso callejero
4) Chile: Astrid González, activista afrocolombiana y migrante: “Hablar de racismo en Chile era imposible”
5) México: Mujeres con amplio trabajo comunitario
6) Uruguay: Red de Abogadas Feministas: “cara a cara con la violencia machista”
7) Uruguay: El Estado es responsable de proteger y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes de una vida libre de violencia
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 650 – Lunes 20 de julio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: EL GOBIERNO PRESENTÓ SU PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

La estrategia, que abarca a mujeres y personas LGBTI, incluye 15 acciones principales de prevención, atención, reparación y protección.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que aplicará durante los próximos dos años, “para la prevención, asistencia y erradicación de todas las violencias basadas en género”. El plan abarca a las mujeres y a la población LGBTI. Prioriza tres cuestiones principales: las violencias extremas (femicidios, travesticidios, transfemicidios), la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y la dimensión cultural y estructural de la violencia de género.

Durante la presentación oficial, que estuvo encabezada por el presidente argentino, Alberto Fernández, y la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, las autoridades destacaron que el plan ya tiene presupuesto asignado: están estipulados 18.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 260.000 dólares, de acuerdo al cambio oficial) para su implementación entre junio de 2020 y junio de 2022.

El plan introduce un cambio de paradigma en el abordaje de las situaciones de violencia hacia las mujeres y personas LGBTI respecto de las estrategias de gobiernos anteriores. En primer lugar, porque propone pasar de un abordaje individual a uno integral e interseccional. “Esto quiere decir que estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”, explica la ministra Gómez Alcorta en el documento que presenta las líneas estratégicas. “El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo”, puntualiza, “forma parte de esta definición de políticas de protección integral”.

Por otro lado, se aleja del abordaje centrado sólo en la atención de la emergencia para acercarse a uno que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencia por motivos de género. Busca además reforzar la presencia del Estado en los territorios, y para eso propone la creación de Centros de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en las provincias y el fortalecimiento de las redes territoriales locales y regionales ya existentes.

La estrategia 2020-2022 también plantea no reproducir esquemas de revictimización de las mujeres y disidencias sexuales, y hacer foco en el trabajo con los agresores. “No pensamos en las personas en situación de violencias por motivos de género como víctimas pasivas. Nuestra apuesta es otra: nos importa reconocer su agencia política, su trayectoria y redes de pertenencia, sabiendo que no hay salida individual para las situaciones de violencia de género, sino posibilidades abiertas por un Estado presente con políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje estructural de las condiciones que hacen posible cada nuevo hecho de violencia”, asegura Gómez Alcorta.

El plan argentino establece cuatro ejes estratégicos para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al abordaje integral de las violencias por razones de género:

Prevención. Este eje está basado en un sistema de alertas tempranas para actuar a tiempo ante las situaciones de violencia de género. Está integrado además por un Programa Nacional de Prevención para trabajar en el mediano y largo plazo los mandatos y patrones socioculturales “que moldean los estereotipos, las identidades y las relaciones entre los géneros, las cuales constituyen la matriz sobre la que se reproducen las violencias por motivos de género”.

Asistencia y abordaje integral. El segundo eje se sustenta en un cambio de paradigma en materia de asistencia: de una estrategia de abordaje individual a una integral e intersectorial. En ese sentido, apunta a la promoción de intervenciones que no se concentren sólo en la atención de la emergencia, sino que apunten a la modificación de las condiciones estructurales que reproducen las violencias. Para eso, el plan propone políticas que tiendan a la autonomía económica y al autovalimiento de las mujeres y personas LGBTI. Una de las medidas centrales de este eje es la creación de un Programa de Transferencia Monetaria para personas en situación de violencia de género.

Protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia. Incluye todas las acciones que supongan el resguardo de la integridad física y emocional de las mujeres y las personas LGBTI, y el fortalecimiento de las redes territoriales y comunitarias frente a situaciones de riesgo. En esa línea, el ministerio propone impulsar acciones que garanticen el acceso a la vivienda, a casas de medio camino y otros dispositivos que articularán coordinadamente con los hogares y refugios ya existentes. “El objetivo más importante es el desarrollo de proyectos de vida autónomos y libre de violencias”, señala el documento. Este eje también contempla medidas para promover un mayor acceso de mujeres y personas LGBTI a la Justicia, en condiciones de igualdad, sin discriminación ni violencia, desde una perspectiva de género, derechos humanos y diversidad.

Gestión de la información, transparencia y monitoreo. Este eje incluye medidas que tiendan a producir diagnósticos, información y estadísticas, así como a la creación de herramientas y dispositivos que permitan visibilizar las situaciones de violencia por motivos de género. Las principales medidas en este sentido tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de consultas y denuncias (en sede policial o judicial), y la integración de los registros sobre causas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. También propone medidas de producción de información sobre violencia de género para el diseño de políticas preventivas, el fortalecimiento del sistema de indicadores de género y la creación de observatorios sobre violencias y desigualdades por motivos de género provinciales y municipales.

Los cuatro ejes suponen la puesta en marcha de un total de 27 medidas y 144 acciones estratégicas.

Desde el 1º de enero al 30 de junio se registraron 162 femicidios en Argentina, de acuerdo con los datos del Observatorio “Ahora que sí nos ven”. Es decir que, en promedio, una mujer fue asesinada por razones de género cada 27 horas. De ese total de femicidios, 81 se produjeron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno argentino a raíz de la pandemia de coronavirus.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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2) ARGENTINA: 10 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO: “SIGNIFICA QUE POR PRIMERA VEZ EL ESTADO NOS RECONOCIÓ COMO IGUALES”

La presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, destacó para el Informativo FARCO la importancia de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario hace diez años. «Provocó un efecto dominó en la región», señaló.

Se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. En la madrugada del jueves 15 de julio de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara de Senadores aprobó la ley por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.

Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), destacó para el Informativo FARCO esta fecha conmemorativa y aseguró que la ley significa que, por primera vez, el Estado «nos reconoce como iguales» :»Reconoce nuestro derecho a acceder al matrimonio igualitario en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. A diez años hacemos un balance y entendemos sin dudas todo lo que ha significado para Argentina» .

También sostuvo que la Ley de Matrimonio Igualitario provocó un «efecto dominó» en la región y «generó otras leyes más«. «Hoy podríamos hablar de un bloque legislativo de igualdad en Argentina gracias a esta ley«, agregó.

La sanción de la norma hace diez años ubicó al país como el primer Estado de América Latina y el segundo en todo el continente, detrás de Canadá, en reconocer que dos personas del mismo sexo accedan a casarse.

Massenzio explicó que está pendiente superar la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real: «Hemos alcanzado igualdad jurídica en la comunidad LGTBI+, pero todavía hay una brecha muy grande entre la igualdad jurídica alcanzada y la igualdad real, la que necesitamos, la de todos los días: de no sentirte mirada, discriminada cada vez que caminas de la mano o que te das un beso, o que dos mamás llevan a su hija a la escuela».

«Por eso hablamos que hay una batalla importante que hay que dar que es más grande, la batalla cultural. Para que podamos sentir que vivimos en un país con igualdad real» ,ratificó.

Consultada sobre si la sociedad comprendió el respeto hacia la diversidad sostuvo que «hay un mapa muy diverso«, remarcando que «siempre hay sectores reaccionarios y violentos«. A su vez, apuntó que el respeto hacia la diversidad se promueve a través de legislaciones y «mensajes claros que tienen que traducirse desde el Estado y desde una política pública».

En ese sentido, Massenzio señala que las organizaciones trabajan contra la discriminación y la violencia que sufre la comunidad LGTBI+. En esta ocasión, explicó que buscan la reforma integral de la Ley Antidiscriminatoria y apuntan a una Ley Integral Trans. La primera, sostiene la presidenta de la FALBGT, «es muy vieja, del año ’88, y necesita implementarse de otra manera. No estamos contemplados en la ley antidiscriminatoria. Por eso, pedimos y exigimos su reforma» . La segunda «es entendida como una batería de políticas públicas destinada a la comunidad trans desde infancias, adolescencias, adultez y adultez mayor de la población trans«, describió.

«Necesitamos revertir esa expectativa tan baja de vida que tiene la población trans en nuestro país y en la región. Para eso, se necesita una política pública integral».

Agencia Farco / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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3) COSTA RICA: EL CONGRESO APRUEBA LEY CONTRA EL ACOSO CALLEJERO

Tras años de discusión legislativa y de un incansable trabajo por parte de las organizaciones de mujeres, feministas, instituciones públicas y diputadas que han insistido en la urgencia de legislar sobre el acoso sexual callejero, este martes, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el proyecto de “Ley contra el acoso sexual callejero”.

La aprobación por el Congreso se da después del voto también unánime de la Sala Constitucional respecto a la solidez jurídica de la propuesta que fue aprobada con el voto de los 48 diputados y diputadas presentes en el Plenario.

La Ley contra el acoso sexual callejero para cumplir con las sanciones a estas conductas agrega tres delitos y una contravención al Código Penal y justifica que las mujeres jóvenes menores de 15 años y las niñas, han sido y son las más afectadas con este tipo de violencia, pero no las únicas.

La legisladora Nielsen Pérez (PAC) quien preside la Comisión de la Mujer, dijo que “es un paso fundamental en derechos humanos” que da nuestro país.

“Las 26 diputadas que conformamos este parlamento asumimos este compromiso como parte de nuestra agenda de proyectos priorizada, esfuerzo y compromiso en el que se sumaron compañeros legisladores. Damos hoy el mensaje de que este país considera inaceptable el acoso sexual y lo define como un delito” dijo la diputada Pérez.

Agregó que “se trata de un paso hacia la construcción de una nueva normalidad, en la cual se prioriza la seguridad, integridad y libertad de las personas, especialmente de las mujeres más jóvenes y niñas. Ellas han sido las principales víctimas de una conducta que nuestra sociedad ha aceptado como normal y cotidiana”, expresó la diputada Nielsen Pérez.

En la justificación se detalla que son actos que causan molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo, ofensa y agresión de parte de una persona desconocida, en la mayoría de los casos, y tiene lugar en espacios públicos como calles, aceras, parques, plazas, terminales o paradas de transporte público, o espacios de acceso público, como trenes y buses, entre otros.

Para cumplir con el objetivo de sancionar estas conductas, el proyecto agrega tres tipos penales de delito al Código Penal, con una descripción de la conducta a sancionar; normas específicas sobre agravantes y penas accesorias.

También adiciona una sección en la parte de contravenciones, para agregar una única figura contravencional para las conductas de acoso sexual callejero menos gravosas, que serían sancionadas con pena de multa. Además, establece las obligaciones que tendría la Fuerza Pública de intervenir y de apoyar a las víctimas.

“Aprobar una ley que prohíba y sancione el acoso sexual callejero brinda herramientas al Estado, para que este pueda cumplir su rol de garante del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo la diputada Pérez.

El proyecto define que el acoso sexual callejero es una conducta con connotación sexual inaceptable, sin consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida, es decir, la víctima. Por estas razones celebramos haber saldado una deuda del país con todas las personas, en particular las mujeres– principales víctimas del acoso sexual callejero– que ahora podrán transitar libres y seguras en todos los espacios así como en los medios de transporte público sabiendo que una ley las protege de este tipo de delito.

Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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4) CHILE: ASTRID GONZÁLEZ, ACTIVISTA AFROCOLOMBIANA Y MIGRANTE: “HABLAR DE RACISMO EN CHILE ERA IMPOSIBLE”

Astrid González es una joven afrocolombiana que vive en Chile desde hace cuatro años. Empapada de las diversidades ancestrales y el feminismo negro decolonial, se aleja del feminismo “blanco de academia”. Es maestra en Artes Plásticas y trabaja en este país como artista y docente en proyectos educativos y creativos. Lo suyo es la calle y la necesidad de conectar su experiencia con la de otras mujeres como ella y también con las afrochilenas o las de pueblos originarios. Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile para Agencia Presentes

En 2019 publicó Ombligo Cimarrón, un libro de investigación en artes con el que recorre la historia de los territorios y pueblos afrodescendientes en Colombia desde sus propias vivencias. Ella nació y creció en Medellín, una ciudad con profundas bases coloniales, pero que siente más conexión con el pacífico colombiano, donde nacieron sus padres y abuelos.

Es parte de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas, una comunidad creada para visibilizar, difundir y reconocer las experiencias de mujeres negras descendientes de la diáspora africana en Chile. Acá, la mayoría de sus habitantes se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos” y muchxs creen que las personas migrantes son “más sucias”, según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Astrid tiene 25 años pero no le sorprenden los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense, porque sabe que responden a una violencia sustentada por décadas de racismo, discriminación y segregación. Lo que le parece valioso es que con estos hechos y con la cruzada transversal del “Black Lives Matter”, al menos en Chile se empieza a hablar de racismo con todas sus letras. Sobre esto, su experiencia como migrante y otros abusos conversó con Presentes.

-¿Cómo te pilla la revuelta mundial y el levantamiento de tantas voces en el mundo en contra del racismo?

-Lo que está pasando es algo que hace años muchas personas vienen escribiendo, denunciando, activando y estudiando. Las manifestaciones en la calle por actos de racismo policial no son novedad, mucho menos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante, además de la magnitud en que se ha esparcido el mensaje de protesta, es que ya no haya tanto temor en nombrar al racismo. En Chile, por ejemplo, hablar de esto era prácticamente imposible hasta hace poco, ni siquiera porque a las comunidades mapuche se les viene sometiendo desde hace años. Eso está bien documentado desde sus colectivos, organizaciones y desde su propia construcción histórica. Nadie que no fuera racializado llamaba a eso racismo. Por eso me parece importante que en este momento la gente deje de tenerle tanto escozor al concepto y ya no lo camuflen bajo la discriminación o xenofobia, que son conceptos completamente diferentes pero que coexisten con el racismo.

-¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Chile? ¿Te sentiste bienvenida?

-Apenas llegué, el primer choque fue entender que pasé a estar dentro del censo de la población migrante y por ende tenía que enfrentarme a un proceso infinitamente burocrático para poder andar en la calle con regularidad y tranquilidad. Es un proceso muy largo del que todavía estoy aprendiendo. Sobre todo porque dentro del imaginario social soy parte de un grupo que desde hace algunos años es visto como un fenómeno que viene a ‘perturbar’, a ‘molestar’: una migración racializada, empobrecida, donde la gran mayoría de las personas no llega por decisión propia, sino a raíz de problemas en sus países de origen, también denominada como migración forzada.

-¿Cómo te posicionas políticamente y como una mujer negra frente a esa realidad?

-En Colombia ya me relacionaba con un grupo de jóvenes afrodescendientes y desde una apuesta política, cultural, estética y desde la biografía. Cuando llegué a Chile, una de mis primeras intenciones fue construir o acercarme a redes de mujeres migrantes, específicamente mujeres negras o afrochilenas que estuvieran en un proceso similar al mío, así que busqué posicionarme como sujeta política desde esa esquina y desde el reconocimiento de la existencia de otras experiencias afro en el país. Esto es básicamente porque yo vengo de Medellín, un territorio donde lo negro es ajeno y se asocia sólo al pacífico y la costa de Colombia, que es donde nacieron mis ancestros más recientes, aunque actualmente un gran número de afrodescendientes se ha ido asentando en las principales ciudades del país y hemos aportado en la construcción de su historia.

-¿Qué cosas descubriste como migrante y como investigadora desde las artes?

-Como migrante entendí que existen otras experiencias negras y otras formas de pensar la migración, debido a que las instituciones exponen burocráticamente de manera diferenciada a los grupos migrantes, lo que es una muestra del racismo institucional. Y como artista, debo decir que en Colombia me movía en espacios de arte no hegemónico ni elitistas, que se piensan muy al margen de lo institucional. Cuando llegué a Chile me di cuenta que también existen estos espacios pero yo no los conocía. Entonces me acerqué a un grupo de artistas mapuche, que a partir de su ser en las periferias de Santiago y desde su herencia de pueblos originarios, construyen arte no solamente desde lo plástico y lo visual sino también desde la poesía y el performance. Me empiezo a interesar en el trabajo de estas personas porque apuntan precisamente hacia donde van mis intereses investigativos y formales.

-¿Te toca de cerca ese racismo que describes?

-Constantemente, dentro de mi casa y fuera de ella. Por ejemplo, una vez en el aeropuerto de Arica, regresando de un foro al que fui invitada a exponer, la Policía de Investigaciones decidió sacar de la fila a dos mujeres negras que estábamos allí. Nos llevaron a una habitación a revisar nuestros pasaportes, sólo a nosotras y no a las demás personas. Pasó hace varios años pero es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir acá. Y como esa, muchas otras. En este país la migración se piensa y se asume como un agente patógeno, como algo que llega a contaminar. También hay una diferencia de cuáles son esos cuerpos que vienen a contaminar, porque no son todos: son los cuerpos negros y de Abya Yala (pueblos indígenas en América). Los cuerpos europeos, por ejemplo, sí son bien vistos. Todo esto está basado en la construcción histórica de la pureza eurocentrista y la noción de desarrollo colonial y de modernidad.

-A propósito de eso, ¿qué opinión tienes del trato que han recibido los migrantes en medio de la pandemia? Muchísimos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y haitianos quedaron sin trabajo y sin casa en Santiago y hasta principios de junio seguían en campamentos afuera de los consulados de sus países esperando alguna ayuda.

-Con esa situación me hace mucho sentido lo que plantea el teórico camerunés Achille Mbembe. Él habla de la necropolítica como concepto, entendida como la forma en que los Estados y los gobiernos están diseñados para decidir quiénes viven y quiénes no. Esos que viven son personas que están en el poder o que pertenecen a élites y deciden cómo mueren las personas que ni consumen ni producen, que en este caso serían los migrantes durante la pandemia y los grupos racializados. Creo que estamos a merced de la necropolítica y de un racismo estructural cimentado desde la época de la colonia, que se ha naturalizado y sofisticado. Es muy preocupante.

-Y sobre el feminismo chileno, ¿qué tienes que decir?

–La verdad es que soy muy partidaria de pensarse desde lo decolonial o desde otro feminismo que no sea el blanco. La escritora Bell Hooks habla de cómo la presencia de las mujeres negras dentro de la existencia del mundo no puede homogeneizarse como igual a las otras. Yo comparto eso plenamente. Siento que muchas de las ideas del feminismo blanco están basadas en que todas las mujeres somos iguales y padecemos de igual manera, sin interceptar la pertenencia étnica y la cultura junto con la clase y el género. Entonces obviamente muchas de las consignas e ideas de ese feminismo blanco, muchas veces académico que anula la agencia histórica de los pueblos afro y originarios, no me hacen sentido porque no responden a mis demandas, ni a mi realidad, ni a mi lugar de enunciación.

Agencia Presentes / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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5) MÉXICO: “NO SOMOS UNA SIMULACIÓN, SOMOS MUJERES CON AMPLIO TRABAJO COMUNITARIO”

Desde hace dos años la zapoteca, Arcelia García Santiago, coordina la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, un espacio donde ha promovido el derecho de las indígenas a la participación política, económica y social y una experiencia que le gustaría trasladar a un organismo público como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Desde el 16 de junio, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas para encabezar este organismo, las mujeres organizadas comenzaron a sugerir a las líderes tomar la palabra. Una de las que se animó a alzar la mano fue Arcelia García, originaria de Capulálpam de Méndez, en el estado de Oaxaca.

Las indígenas tienen una cosmovisión propia: protegen la vida, defienden el agua, los bienes comunes, el cuerpo y sus territorios, pero también suman saberes que aportan a la construcción de la democracia, por eso Arcelia se presentó como aspirante, en un proceso donde quien tiene la última palabra es el presidente y la Secretaría de Gobernación, dirigida por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

García Santiago es respaldada por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y su nombre está junto al de otras nueve mujeres que integran la lista de perfiles impulsados por el Frente Plural Mujeres Indígenas por la Titularidad del Conapred, una red creada por diversas organizaciones el pasado 21 de junio, con la convicción de marcar la diferencia en esta designación presidencial y acompañar a las postulantes.

“No somos una simulación”

Arcelia ha trabajado en su comunidad promoviendo la preseservación del zapoteco y la medicina tradicional, pero también ha sido delegada ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Cuenta con dos licenciaturas, una en Psicología Social y otra en Derecho, por eso ahora considera que en caso de llegar al Conapred su objetivo será promover la igualdad de oportunidades y de trato. Así lo comentó a Cimacnoticias.

“Todas las mujeres indígenas que integramos el frente plural de mujeres indígenas, estamos capacitadas para ocupar la titularidad del la Conapred, somos mujeres con amplia experiencia en el trabajo comunitario, profesionistas, que conocemos las necesidades de la población discriminada. No somos una simulación como lo declaró la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, somos sujetas de derechos, somos mujeres comprometidas en proponer y ejecutar acciones que disminuyan la discriminación”.

– Anayeli García Martínez (AGM): ¿Arcelia, por qué te presentas como aspirante a dirigir el Conapred después de que el presidente dejó ver que podría desaparecerlo?

– Arcelia García Santiago (AGS): El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es una institución primordial para el ejercicio de los derechos de los y las mexicanas, en la vida pública, social y económica. Constituye y representa un avance fundamental en la construcción de la democracia en México, al ser una institución diseñada ex profeso para contribuir a la generación de condiciones de igualdad y justicia para la población, toda vez que la discriminación racial, de género, sexual, religiosa, entre otras, ha sido uno de los grandes obstáculos que no ha permitido el desarrollo y crecimiento de todos y todas en nuestro país.

“Desde esta perspectiva, el Conapred es una institución medular que debe continuar existiendo. Si bien en sus 17 años de operación se han logrado avances que no podemos desestimar, ciertamente se requiere de un diagnóstico en los ámbitos en los que no ha logrado hacer una diferencia sustancial, un replanteamiento de sus facultades que la doten de mayores capacidades jurídicas y de acción, así como una mayor sensibilidad para promover políticas públicas que le permitan alcanzar a todos los grupos en situación de vulnerabilidad y hacer un cambio en las actitudes y comportamientos de todos los mexicanos. En este sentido, el Conapred necesita posicionarse no sólo como una institución que defiende a las personas en situación de vulnerabilidad, sino como una organización que concientice esa mentalidad discriminatoria de todos los habitantes.

“Tu, yo, y las personas que en este momento están leyendo esta nota hemos sido discriminadas. Sin embargo, no todos conocemos que existe una institución donde puedas emitir una queja en torno al tema, muchas personas no conocen las funciones del Consejo, los mecanismos, los procedimientos de formulación para emitir una queja e incluso las recomendaciones que ha dado a las diferentes instancias gubernamentales y a las y los particulares que han sido usuarios o coparte en un proceso administrativo de esta institución. Si nuestro país fuera garante de los derechos, si la sociedad tomara conciencia en el tema, no existirían las discriminaciones multifactoriales, cuya naturaleza es la creación del Conapred.

“Busco encabezar el Conapred, primero porque como mujer indígena tengo las habilidades técnicas, profesionales, de gestión, inclusión y experiencia para realizar las funciones de presidenta del Conapred. Asimismo, desde un marco legal, postulo a este espacio para promover la igualdad de oportunidades y de trato de las personas en situación de vulnerabilidad, formulando acciones en conjunto con la sociedad civil, el poder legislativo federal, y la armonización con los Congresos estatales en torno a la discriminación.

– AGM: Actualmente, una gran parte de las población enfrentan prejuicios y estereotipos discriminatorios; mientras que otra parte niega discriminar o ser responsable de la exclusión, ¿Qué plan tienes para hacer frente a esta situación tan compleja en caso de ser titular de esta institución?

– AGS: Primero, mantener una campaña permanente en contra de la discriminación, concientizando a funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno, y a la sociedad en general sobre los diversos procesos colectivos e individuales que nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Es necesario informar a todas las personas sobre la existencia del Conapred, a través de todos los medios de comunicación: los masivos y tradicionales, las redes sociales, pero también a los locales, los que están en contacto directo con las comunidades urbanas y rurales.

“Todas y todos los mexicanos tienen que estar conscientes de cuáles son los actos que discriminan y que vulneran a otros y a nosotros mismos, que demandan un cambio en el lenguaje, en la interacción con los otros y en el acceso a las oportunidades. Necesitamos visibilizar el problema de discriminación que padecemos en México y a partir de ello contribuir a construir una ciudadanía respetuosa, consciente y participativa.

“Por otra parte, es urgente que la gente conozca qué hace el Conapred y de qué forma puede apoyarlos. Si no contamos con la información necesaria en el ejercicio de nuestros derechos, si no nos informamos, pero, sobre todo, si no hay una conciencia colectiva seguiremos discriminando e incluso seguirán existiendo delitos donde la discriminación es el germen de esas conductas. Todas y todos los mexicanos debemos saber que contamos con el Conapred para poder denunciar actos de discriminación entre particulares o de parte de las autoridades. Además de saberlo, es necesario que podamos contar con su apoyo y asesoría de una manera directa, ágil y eficaz; para ello planeo establecer módulos de atención en puntos estratégicos del territorio nacional, para que la gente con toda la confianza y las facilidades necesarias pueda acudir a hacer sus denuncias y a solicitar asesoría. Incluso planteo aprovechar la infraestructura de los gobiernos federal, estatales y municipales para establecer estas oficinas de representación.

“Para ello, el Conapred requiere incrementar sus recursos financieros que le permitan llegar a los oídos de todos y todas, en el caso de las campañas para combatir la discriminación, y que también le permitan estar al alcance de la mano de quienes necesitan su apoyo. La próxima titular del Conapred deberá hacer las gestiones necesarias para lograr incrementar el presupuesto de la institución, el cual le permita llegar a la gente que requiere su apoyo en todos los rincones del país.

“En este sentido, considero que el Conapred debe convertirse en una caja de resonancia de las comunidades en situación de vulnerabilidad. Propongo actuar como un defensor de sus derechos, pero también como un intermediario entre el poder público, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general, para tejer las sinergias que se requieren para combatir la discriminación y construir un México más igualitario y respetuoso de los otros.

“En materia jurídica, planeo trabajar con cada una de las legislaturas de los estados para incidir en la gestión de leyes para prevenir y eliminar la discriminación, en espejo con la ley federal.

“Además, no podemos dejar de observar que el Conapred necesita facultades vinculatorias para que sus resoluciones sean atendidas de forma obligatoria, tanto con los funcionarios públicos infractores a través de sanciones administrativas, como con los particulares mediante la reparación del daño.

Parte del problema radica en quienes discriminan

– AGM: Sobre la urgencia de conocer las funciones de este organismo, hay casos documentados de mujeres que se han acercado a esta institución alegando que fueron discriminadas, pero el Conapred las envía a otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a presentar demandas laborales o quejas administrativas, incluso las canaliza a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ¿Cómo hacer para definir sus tareas y atribuciones?

-AGS: Es importante destacar la naturaleza jurídica de cada una de estas instituciones y del compromiso de realizar acciones transversales para prevenir la discriminación, fortaleciendo el acompañamiento legal a cada una de las quejas de las y los usuarios de la Conapred.

“Desde la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su articulo 17, establece las funciones propias del Conapred, afirmando (que son) coordinar acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Sin embargo, es primordial que este Consejo realice los trabajos que le corresponden conforme a la ley, sin descuidar la comunicación interinstitucional, en pro de los derechos de todos y todas las mexicanas.

– AGM: En días recientes el Conapred fue blanco de críticas y hubo gente que preguntó para qué sirve un organismo. ¿En qué crees que radica el valor de esta institución en México?

– AGS: Como ya lo mencioné, si bien es cierto que el Conapred requiere de mayores facultades vinculatorias, el máximo valor de la institución radica en su capacidad para trabajar específicamente en el combate a la discriminación, de una manera focalizada y a profundidad no sólo con los grupos en situación de vulnerabilidad, sino con la población en general, porque ahí es donde radica gran parte del problema, en quienes discriminan.

“El Conapred, no sólo debe verse como una institución coercitiva, sino también con una gran posibilidad de persuasión en la toma de conciencia para generar un cambio profundo. Otro gran valor del Conapred radica en la posibilidad de tejer sinergias con los poderes públicos y la sociedad civil, para ser al mismo tiempo líder e intermediario de canalizar todos los esfuerzos que se realizan desde diferentes esferas para combatir la discriminación.

Arcelia García Santiago finalizó diciendo que, a través del Frente, las mujeres indígenas han mostrado la gran capacidad que tienen para actuar de forma colaborativa y consensuada, sin competencias, sino con acuerdos y cooperación, “lo cual sienta un precedente de la manera en que nos conduciremos en el caso de que cualquiera de nosotras sea designada como titular de la institución”.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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URUGUAY: RED DE ABOGADAS FEMINISTAS: “NUESTRO TRABAJO IMPLICA ESTAR CARA A CARA CON LA VIOLENCIA MACHISTA”

Las profesionales promueven el fortalecimiento del acceso de las mujeres a la Justicia y la incorporación de una perspectiva de género en el abordaje jurídico.

El primer paso surgió hace como un año. Todas integraban el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y crearon un grupo de Whatsapp para empezar a compartir ideas. Hablaron de objetivos, actividades e incluso dibujaron el boceto de un posible estatuto. Las unía la profesión: eran todas abogadas. Pero también el interés común de trabajar específicamente en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Hace menos de dos meses decidieron hacer público el intercambio virtual y crearon las redes sociales de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay, donde se presentan como “un equipo de profesionales del derecho, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos integrando la perspectiva de género y generaciones”. Entre otras cosas, difunden información acerca de leyes y servicios que amparan a mujeres e infancias, noticias, fechas especiales, y también atienden consultas.

“La red surgió más que nada de la necesidad de encontrarnos, porque nuestro trabajo, litigar, es muy solitario”, contaron Ivana Manzolido y Virginia Cáceres, dos de las siete integrantes de la red, a la diaria. Tender puentes entre ellas, sí, pero también incorporar en el ejercicio del derecho un enfoque de género y derechos humanos que no se aprende en la facultad. “Nuestro trabajo, específicamente, implica estar cara a cara con la violencia machista; acompañar cuerpo a cuerpo”, aseguraron las abogadas feministas. Pero no solamente, porque, como ellas mismas señalan en esta entrevista, la defensa de los derechos de las mujeres abarca muchos más frentes que el de las violencias.

¿Por qué es necesaria una Red de Abogadas Feministas?

Ivana Manzolido (IM): Es inexorablemente necesaria porque, en lo personal, una puede sostener un litigio o una opinión, pero hace falta la colectividad para lograr un cambio social. El ámbito judicial es un ámbito muy duro, y estoy segura de que a todas mis colegas mujeres nos ha pasado de enfrentarnos a cuestiones que no están buenas, pero que hemos podido colectivizar y ahora ya no las pasamos. Se trata de generar un espacio de encuentro y de poder lograr un cambio a partir de nuestra profesión, que muestre que las mujeres tienen necesidades específicas por ser mujeres y que esas necesidades tienen que ser cubiertas desde el ámbito judicial. Que si una mujer necesita acceder a la Justicia, se tiene que hacer oír su voz sin que sea tergiversada y sin discriminación. Por otro lado, la red es necesaria para entender que la perspectiva de género y la de derechos humanos atraviesan toda nuestra vida, y que la sumisión histórica que han tenido las mujeres sigue afectando hasta el día de hoy la vida de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Yo lo veo ahora con el tema de la emergencia sanitaria y de los cuidados exclusivos, que pesan de manera desigual sobre las mujeres, por ejemplo. Cada cambio histórico, económico y social implica un movimiento en la vida de esas mujeres, y nosotras queremos que eso se refleje en la Justicia.

“El derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social”. Ivana Manzolido.

¿Cuáles son los objetivos específicos?

IM: El objetivo general es hacer entender que el derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social. Porque el derecho no es estático, y a partir de los propios litigios podemos construir y cambiar realidades en las personas individuales. Después tenemos varios objetivos específicos que durante las reuniones semanales tratamos de bajar a tierra. Sin dudas, uno de los principales es colaborar en fortalecer el acceso a la Justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, entendiendo el acceso a la Justicia no sólo como la posibilidad de ir a denunciar a los tribunales, sino que de alguna manera ese pasaje por el sistema de Justicia y el sistema policial sea respetuoso de los derechos de estas poblaciones y además sea justo y no discriminatorio.

¿También atienden consultas?

IM: Sí, hemos recibido un montón de consultas desde el primer día. No todas las colegas que integran el colectivo pueden ejercer, porque algunas forman parte de determinadas instituciones. Lo que hacemos es recibir las consultas desde la red y derivar los casos entre las que sí ejercemos. Se tiende a pensar que las abogadas feministas sólo vamos a estar en los juzgados de familia o en los juzgados de violencia, pero no pretendemos ni queremos eso. Nosotras vamos a estar en derecho penal, en derecho civil, en derecho comercial. Claro que reconocemos que las mujeres donde más se ven afectadas es en materia de violencia, pero el derecho a vivir una vida libre de violencia no es el único derecho fundamental de las mujeres que hay que proteger. Las mujeres tienen derecho a tener bienes, a proyectarse, a decidir si quieren formar o no una familia, y nosotras como red pretendemos no sólo acompañar en derechos sociales, sino también económicos. La idea es ser lo más integral posible.

¿Qué tipo de consultas han atendido en este tiempo?

IM: La mayoría son situaciones en el ámbito penal y vinculadas al abuso sexual. Muchas de las consultas son porque las mujeres hicieron una denuncia hace años, consideran que el proceso está paralizado y nos preguntan a nosotras por qué. Por otro lado, hemos recibido consultas civiles –como, por ejemplo, desalojos– y también de familia.

¿Qué repercusiones ha tenido la creación de la red?

IM: Tuvo repercusiones buenas y malas. Las malas tienen que ver con que nosotras no somos ajenas a la violencia; al contrario. Nos ha pasado de tener que presentar denuncias en Fiscalía o Delitos Informáticos por amenazas hasta de muerte. A mí me ha pasado y he tenido que denunciar. Nosotras ponemos la cara delante de un tipo que muchas veces es capaz hasta de matar, lo cual hace que tengamos que rever las estrategias de cuidado para con nosotras, porque la violencia está recrudeciendo. Incluso está pasando mucho que en el propio ámbito de la Justicia los ofensores realizan acciones contra las profesionales que intervienen en el proceso, ya sea la abogada o la psicóloga que presentó el informe. Otras repercusiones malas han surgido en las redes sociales. Por ejemplo, hemos visto a uno decir “miren esta red que se formó, que atenta contra los derechos de los varones”. Son integrantes de organizaciones del estilo Stop Abuso y nosotras ya conocemos esa cuestión. No nos va a ser ajeno y sabemos que, cuanta más visibilidad tenga la red, más intenso va a ser. Ya sabíamos y sabemos a lo que nos enfrentamos. Incluso tuvimos una reunión hace unos días con las colegas de la Red de Psicólogas Feministas, porque la idea es trabajar en conjunto con ellas, y precisamente lo que nos comentaban era que de alguna manera vamos a tener que encarar con estrategias de cuidado.

Una de las cosas que sostienen es que falta incorporar la perspectiva de género en el análisis legal y en el ejercicio del derecho. En parte, por eso es que surgió esta red. ¿Cómo ven la situación en el sistema de Justicia uruguayo?

Virginia Cáceres (VC): Con el tema de la violencia basada en género partimos de la base de que es un tema económico, porque el Poder Judicial, en general, hoy tiene un déficit de atención a las víctimas que tiene que ver con falta de presupuesto. El Poder Judicial tiene el mismo presupuesto hace muchísimos años y la demanda crece, pero esa demanda no se acompaña con un aumento presupuestal, entonces es muy difícil también porque tiene que ir tapando agujeros, sacando de un lado y poniendo en otro. En lo que tiene que ver con la atención de las situaciones de violencia basada en género esto se multiplica, porque si tuviéramos que armar una pirámide de importancia, este tema es el que está casi en la base, entonces los recursos son los que menos llegan, y eso se siente en la atención. Se han creado más juzgados de violencia doméstica en un esfuerzo monumental que ha hecho el Poder Judicial, que cerró algunos juzgados de familia común para crear otros. A esto se suma que los equipos técnicos no crecen. Entonces hay una demanda tremenda y hacer una pericia para ver si hay una situación de riesgo puede llegar a demorar cinco meses. El otro gran problema es la falta de capacitación y de perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Esto hace, por ejemplo, que cuando te inician un juicio de visitas parentales vos partís de la base de que el criterio general es que no importa lo que hizo el padre, porque igual tiene derecho a ver a su hijo. Entonces vos ya llegás al juicio con esa mochila y es re difícil revertir determinadas situaciones como, por ejemplo, probar que una situación de violencia que vivió una mujer también impacta en sus hijos, por más que no haya violencia directa física contra ellos.

¿Y en cuanto a la formación específica de las juezas y los jueces? ¿En el Uruguay de 2020 todavía hay magistrados que culpan a las mujeres de las situaciones de violencia de género que atraviesan?

IM: Sí, pasa bastante. A la mujer se la juzga como madre, como empleada, como hija, como todo. Y sí, falta capacitación en las juezas y los jueces, sin lugar a duda. Se está haciendo algún esfuerzo y hoy en día se nota que hay un cambio, pero no es suficiente. En Uruguay no es obligatorio que las juezas y los jueces estén capacitados en género y eso de alguna manera se nota. El tema es que esto implica un esfuerzo y un desgaste impresionante para nosotras, que ya sabemos que partimos de una base que nos va a contradecir o que no nos va a acompañar. La realidad es que no siempre una mujer está acompañada por una abogada o abogado que tenga perspectiva de género. Si bien hay servicios especializados y hay abogadas particulares que nos dedicamos a eso, somos las menos, y eso se nota en los procesos, porque muchas veces vienen ya con un choclazo de expediente mal encarado y nosotras la tenemos que remar, lo cual es muy complejo y desgastante. Todo parte de no tener capacitación en género.

VC: Eso es en términos generales, pero es justo decir también que hay varios jueces y sobre todo juezas que se están capacitando, no desde la estructura del Poder Judicial sino por voluntad propia. En el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay hay un módulo sobre género, pero obviamente no es suficiente, porque no debería ser un módulo, sino que debería haber una transversalidad en todas las materias.

¿Alcanza con promover talleres de capacitación o guías de buenas prácticas?

IM: Por supuesto que con el librito no alcanza, por eso es tan importante el cambio estructural, cultural y social, que va a ayudar, pero por ahí tampoco va a ser suficiente. Quizás empezando por la educación desde la primera infancia podemos lograr algo.

VC: El Poder Judicial no es una isla, forma parte de la sociedad, entonces evidentemente que la capacitación ayuda, es necesaria, pero todo esto es un proceso cultural que tenemos que ir transitando desde muchas trincheras al mismo tiempo. El Poder Judicial es una de las trincheras desde donde dar la lucha. Creo que el objetivo tampoco es que cada jueza o juez deje de creer en lo que cree, porque en realidad esto se trata de respetar que haya una persona que tenga una creencia religiosa y que tenga la libertad de expresar esa creencia religiosa, pero que eso no vaya en perjuicio de los derechos de otros. Me parece que ese es el nudo de todo este lío: entender que tener perspectiva de género no es estar “en contra de” sino a favor. Lo que hay que entender es que mis creencias personales no tienen por qué invadir o desestimar los derechos de otro. Está buenísimo que cada uno pueda creer en lo que quiere. Lo que no podemos hacer es utilizar esa creencia para desvalorizar otro derecho.

El Parlamento es otra trinchera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a diputadas decir que los hombres matan a las mujeres “por exceso de amor”?

VC: Creo que representan a una parte de la sociedad que cree eso y me parece que eso es lo más grave. A mí no me preocupa el mensajero, me preocupa el mensaje. Y esa mujer está sentada ahí porque hay una parte de la población que la votó para estar sentada ahí, y el problema ni siquiera es ella, es lo que ella representa. Entonces ahí es cuando yo digo que la capacitación obligatoria no funciona, porque hay gente que piensa así y, por más que vos digas que ella es una ignorante en materia de género, no vas a convencer a los que piensan igual que ella de que hay algo distinto que se puede cambiar. A veces las estrategias tienen que adaptarse a lo que uno quiere cambiar y al público objetivo con el que uno va a tratar. Por supuesto que creo que cuando se dicen ese tipo de expresiones, sobre todo viniendo de gente que ostenta lugares de poder, hay que marcarlo, porque el discurso es importante, porque son discursos que llegan a mucha gente y hay que salir a dejar claro que eso no es así. Pero, por otro lado, hay que buscar cuál es la estrategia que tenemos que utilizar quienes trabajamos en esta temática para llegarle a toda esa gente que piensa igual que esta diputada y para que entienda que eso no es así.

“Todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente”. Virginia Cáceres

¿Cómo creen que se está trabajando en el marco de la Operación Océano y cómo evalúan el impacto que tuvo el hecho de que involucre a varones vinculados al poder político, judicial y empresarial, a un arquitecto e incluso a personas que trabajan en la educación, entre otros?

VC: Creo que la Operación Océano marca un quiebre por varias cosas. Primero, porque es la primera vez que judicialmente se puede tener algún tipo de castigo o por lo menos formalizar e individualizar a personas que cometieron un delito de explotación sexual. Segundo, porque se cae el mito que tenemos en el inconsciente colectivo de que estas cosas pasan en determinados estratos sociales, ya que acá estamos hablando de gente de clase media para arriba y profesionales. Creo que lo que impactó es que la que puede estar siendo víctima de una situación así puede ser mi prima, mi hermana o mi sobrina, que va al colegio y tiene a ese profesor, y eso acerca. Cuando vos sentís que algo es muy lejano y que a ti nunca te va a pasar, no te genera interés. Por otro lado, especialmente al principio, al ser hombres de clase media y con determinado perfil se generó una ola muy grande de apoyo. Yo escuché comentarios del estilo: “¿Pero vos viste la foto de las chiquilinas?” o “¿Vos viste cómo se vestían?”. Al principio hubo mucho de eso. Creo que la Fiscalía está trabajando muy bien, de forma muy seria, muy minuciosa, y no ha dejado ningún detalle librado al azar. Por lo tanto, me parece que judicialmente no van a quedar impunes, pero creo que hay un castigo social que es el que nos falta trabajar. Es que todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente. Tampoco se entiende que atrás de una chiquilina que llegó a esa situación hay toda otra situación de vulneración de derechos. Creo que la Operación Océano demostró que todas aquellas campañas que se habían hecho y con las que creímos que había temas que ya estaban saldados no están nada saldados. Hay gente que no entendió nada y creo que eso es lo más grave que nos deja esta situación.

¿En qué consiste el asesoramiento y acompañamiento con perspectiva de género y generaciones a las víctimas de explotación sexual?

IM: La existencia de servicios estatales que aborden abusos sexuales es un gran debe. Para darte un ejemplo, el otro día me llamó una psicóloga porque en Montevideo una adolescente ciega había sido violada en la calle. Otra chiquilina la encontró, se la llevó para su casa unos días, pudieron hacer la denuncia y siguieron todo el protocolo, pero en realidad faltó un servicio que pudiera darle acompañamiento a esa muchacha ciega que sufrió un abuso sexual. No existe. Ni a ella ni a ninguna. Lo más parecido es la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que brinda un acompañamiento más psicosocial, pero no es algo integral. No es fácil acompañar a una mujer víctima de abuso sexual. En lo legal, no solamente es necesario experticia en la temática, sino que también es fundamental la empatía. No es para nada fácil e incluso no puede sostenerlo solamente una profesional del derecho, es necesario un abordaje integral.

¿Qué diferencias hay entre el acompañamiento a una víctima de explotación sexual y el que se hace a una víctima de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo?

VC: El abordaje tiene que ser completamente distinto. Primero, llegar a las niñas o adolescentes que están siendo explotadas sexualmente es mucho más difícil que llegar a una persona que sufre un abuso intrafamiliar, porque esta última en algún momento y de alguna manera trata de romper con ese silencio. Capaz que no viene y te lo dice, pero da señales. La explotada no siempre da señales, porque a veces naturaliza la situación. Cuando se destapó la Operación Océano, yo escuchaba la entrevista a una amiga de una de las víctimas que contaba que a ella uno de los explotadores le pagaba la facultad, por ejemplo. Es mucho más difícil llegar a ellas. Primero, porque son más difíciles de ubicar. Segundo, porque ni siquiera ellas tienen intenciones de que las ubiques, porque en algún punto lo tienen naturalizado. Y, tercero, porque los explotadores son personas que tienen determinado nivel social y la explotación forma parte de una vida oculta, no se hace de una manera tan evidente como puede ser el caso del abusador intrafamiliar. Es mucho más difícil el abordaje; cuando viene una chiquilina que es víctima de una explotación de ese tipo, necesariamente tiene que haber una intervención de otra naturaleza. Yo, sola, como abogada, estoy absolutamente incapacitada para encarar un caso así. Tenés que tener una red inmensa, que por lo general tenés que buscar en la sociedad civil, de gente que pueda darle protección a esa chiquilina para que el explotador no pueda tomar represalias contra ella cuando haga la denuncia ni contra su familia. Se tiene que desplegar una actividad que es mucho más grande que cuando estás frente al caso de un abusador intrafamiliar, en la que cortar con esa situación, en principio, implica sacar a esa persona de la familia. En la explotación es mucho más complejo.

Para contactarte con la Red de Abogadas Feministas del Uruguay podés enviar un correo electrónico a redabogadasfeministas.uruguay@gmail.com o un mensaje directo a través de su página de Facebook.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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7) URUGUAY: EL ESTADO ES RESPONSABLE DE PROTEGER Y GARANTIZAR A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Intersocial Feminista /17 de julio de 2020

Las organizaciones firmantes hemos expresado nuestra preocupación por la situación de las niñas que como consecuencia de violencia sexual y violación, resultan embarazadas y a quienes se les debe asegurar la interrupción del embarazo en forma inmediata y segura.

Como Estado parte de la Convención de Belem do Pará el Estado uruguayo, es responsable de proteger y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes de una vida libre de violencia. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que tiene como cometido el análisis y evaluación del proceso de la implementación de la Convención de Belém do Pará en la región, considera los informes país y los efectuados por las organizaciones de la sociedad civil y formula periódicamente recomendaciones a los Estados.

En el Informe de Implementación de Recomendaciones del CEVI, el Comité recomendó a Uruguay “asegurar que los embarazos de niñas menores de 14 1 años sean considerados de alto riesgo”, reiterando las razones para ello. El 10 de julio de 2020 expresó su preocupación por los casos de violencia sexual y embarazo en niñas que han sucedido en la región durante los últimos meses, señalando a Uruguay como uno de los países que no están garantizando adecuadamente su protección. Como ejemplo, el Comité se refirió a la niña de 12 años de edad (Departamento de Rocha) a quién se le detectó tardíamente un embarazo producto de violación sexual intrafamiliar a pesar de haber concurrido en etapas más tempranas a su centro de salud para consulta.

El CEVI le recuerda a Uruguay que “(…) su obligación de adecuar sus estructuras, procesos y procedimientos a la Convención de Belém do Pará, para garantizar así la protección a niñas y adolescentes contra la violencia de género, previniendo, investigando y castigando los actos de violencia en su contra y respondiéndole a las víctimas, asegurando un acceso sencillo y eficaz a la justicia que, además, brinde una reparación integral”.

El Comité destaca además, que los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho a decidir el número de hijos y espaciamiento, son derechos que integran el catálogo de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Estos derechos incluyen “el derecho a la integridad personal y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, a tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia y a contar con información y los medios para hacerlo. Nos preocupa que las últimas informaciones difundidas sobre la niña de 12 años (Rocha) indiquen que “está bien”, que es acompañada y asistida por un equipo integrado por una ginecóloga y una psicóloga, así como aparentemente, su voluntad de continuar el embarazo.

Esta niña y su familia tienen derecho a ser informadas de sus derechos, de los riesgos de un embarazo y a la asistencia letrada inmediata, puesto que claramente sus derechos han sido vulnerados y su integridad física y psíquica se encuentran claramente en riesgo. Para garantizar en forma efectiva los derechos de la niña, los técnicos intervinientes deben contar con especialización y formación en la temática, con el marco normativo y conceptual de la Convención de derechos del niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará (art. 125, Ley 19.747 Código de la Niñez y la Adolescencia).

El Estado uruguayo ha fallado en su deber de protección desde el primer momento al no seguir el protocolo de atención y el Mapa de ruta para niñas embarazadas, menores de 15 años a pesar de que, según el Código de la Niñez, está obligado a prestarle atención inmediata y a la reparación del daño, debiendo asegurar, como mínimo, los tratamientos necesarios, intervenciones psicosociales y abordajes psicoterapéuticos.

Uruguay es responsable de la violencia institucional que está ejerciendo sobre la niña y su familia al dejarla continuar un embarazo de alto riesgo, y de investigación en el centro asistencial, para determinar la responsabilidad en las omisiones, negligencia e imprudencia, cometidas por el personal del equipo de salud que atendió a la niña y a su madre.

La investigación, identificación y sanción penal del agresor, es una parte de las obligaciones del Estado uruguayo, pero el centro de la atención del Estado de acuerdo con el interés superior del niño, debe ser la niña y su integridad física y emocional.

FIRMAN:
CLADEM Uruguay Asoc. Civil El Paso Aire.UY Cotidiano Mujer Colectiva Mujeres Colectivo La Pitanga Centro Interdisciplinario Caminos DIMAFRU Diálogo político Grupo por la humanización del parto Instituto Mujer y Sociedad Intersocial Feminista El Abrojo Las Puñadito Mujer y Salud Uruguay (Mysu) Mujer Ahora Mujeres en el Horno Mujeres Afro Mujeres de Negro Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS) Red Pro Cuidados SUMEFAC Plemuu PIT CNT UAFRO SUA

Intersocial Feminista /COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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