1) Burkina Faso: Defendiendo los derechos del colectivo LGBTI
2) El salvador: Confinadas pero no calladas: mujeres en la pandemia
3) Chile: El gobierno de Sebastián Piñera atenta contra la vida de las mujeres
4) Guinea Bissau: Radio Mujer de Bafatá La Radio hecha por Mujeres
5) Siria: Comandante Arian, feminismo en la Siria actual
6) Uruguay: Violencia de género durante la pandemia: una puesta a punto de la respuesta del Estado
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 647 – Lunes 29 de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) BURKINA FASO: DEFENDIENDO LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGBTI
“La comunidad LGBTI en Burkina Faso comienza a emerger gracias a una juventud cada vez más conocedora de sus derechos”.
Georgette o Jo, como la llaman sus allegados, no tiene miedo a hablar claro. Sus casi 40 años de edad y más de dos décadas como activista LGBTI, la han curtido frente al rechazo social. Si bien es cierto que la cautela y la desconfianza siguen formando parte de su día a día, el hecho de ser de clase media, vivir en la capital, así como tener una familia comprensiva, le ha permitido poder mostrar en su entorno cercano su identidad sexual como lesbiana. Sus pantalones vaqueros, sus camisetas de estilo occidental, su pelo corto, el hecho de no llevar nunca falda, los coloridos paños tradicionales africanos o maquillaje son factores que denotan para la sociedad burkinesa que algo en ella es diferente. Esta mujer incansable es la Presidenta de la asociación LGBTI, Association Kam Beo Nere Yigo (AKBNY) en el Antiguo Alto Volta.
Casi una decena de asociaciones LGBTI han florecido en este país en las últimas dos décadas. Estas agrupaciones realizan sesiones informativas a jóvenes para que conozcan cuáles son sus derechos y por qué deben ser respetados, algo que no resulta evidente en uno de los países más pobres del mundo. Hace tan solo 20 años los burkineses pensaban que el objetivo de los primeros reivindicadores del movimiento LGBTI, que osaban hablar sobre su orientación, era promover la prostitución o hacer ritos diabólicos.
“El peso que tienen las religiones y la tradición contribuyen a la vulneración de los derechos de este colectivo”.
Incluso en la actualidad las tradiciones animistas están aún muy arraigadas y las creencias místicas forman parte del día a día de los burkineses, quienes creen aún mayoritariamente que cuando ocurren cosas inexplicables o desgracias se deben a conjuros o malos espíritus. Por ello el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es para estas asociaciones burkinesas no solo un día de fiesta, sino principalmente un día de reivindicación dónde luchan por conseguir la justicia y la protección tan anhelada por la comunidad LGBTI. Si bien es cierto que deben hacerlo con cautela ya que en este país este tipo de asociaciones no están reconocidas ante la ley.
Esta prohibición ocurre en la mayoría de países africanos dónde o bien se penaliza la homosexualidad o bien se deja un vacío legal que no la castiga pero tampoco reconoce derechos y deja a sus ciudadanos LGBTI desprotegidos frente a ataques homófobos. La única excepción en todo el continente es Sudáfrica quién otorga a los homosexuales el derecho de poder casarse o adoptar a niños. Sin embargo, en Burkina Faso, el gobierno prefiere ser neutro por un lado para tener contentos a los numerosos donantes e instituciones internacionales que operan en el país defendiendo los derechos humanos y por otro lado complacer a una población local conservadora que no tolera en pleno siglo XXI la homosexualidad.
Esta posición del poder ejecutivo, perjudica al colectivo LGBTI que ve como sus derechos no son reconocidos ante la ley y se encuentran en una situación de total desprotección. Esto es debido a que los partidos ceden al peso que tienen las religiones y la tradición en una población altamente practicante dónde un 54,2% de la población es musulmana, un 23,9% se considera cristiana y alrededor de un 21,3% es animista. Si bien Burkina Faso es un país laico según la Constitución, la opinión pública conservadora no aceptaría el reconocimiento de los derechos de los homosexuales al considerar que iría en contra de la moral. Así pues, el peso que tienen las religiones y la tradición contribuyen a la vulneración de los derechos de este colectivo.
Como consecuencia las organizaciones no se inscriben como asociaciones defensoras de los derechos LGBTI si no que deben contornar las leyes enmascarando quién son y a qué se dedican verdaderamente. En el caso de AKBNY formada en su mayor parte por jóvenes menores de 30 años, está declarada como una asociación consagrada a las actividades sociales, educativas y culturales, de ayuda a los niños en situación de pobreza extrema y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, SIDA y paludismo. Sin embargo, principalmente se dedica a hacer de lobby para que el gobierno reconozca los derechos de la comunidad LGBTI y no consiga aprobar en el Parlamento ninguna ley fomentada por los partidos más conservadores que reclaman criminalizar la homosexualidad.
Según la presidenta de AKBNY, la situación de la comunidad LGBTI es una situación de “supervivencia” y lucha por el respeto de los derechos humanos. Si bien en Europa la lucha por la plena aceptación de la comunidad LGBTI continúa, en Burkina el colectivo se centra más en hacer respetar sus derechos básicos como el derecho a la vida, la vivienda o el trabajo. El problema reside en que la ley del talión y la justicia dictada por los líderes tradicionales sigue siendo utilizada por una gran parte de la población. Además, cuando una persona es agredida o se vulnera alguno de sus derechos y quiere recurrir a la justicia, la misma policía puede negarse a realizar los trámites necesarios si se entera de la condición sexual de la víctima. Si bien en este caso la propia policía inflige la ley por no atender a un ciudadano, el hecho de tener que declarar en público y además tener que denunciar a la propia policía hace que las víctimas prefieran no interponer una demanda y acatar las leyes tradicionales. Así pues, los burkineses homosexuales se ven coartados por la desprotección que sufren.
La Presidenta de la asociación LGBTI burkinesa AKBNY, adoptando un semblante serio, afirma que la única forma de protegerse ante las amenazas y evitar correr riesgos es la actitud que cada joven adopta en su día a día. “Tu seguridad depende de tu comportamiento”, asevera. Y es que para protegerse de gran parte de la sociedad que no tolera al colectivo LGBTI, viven con la máxima de que su seguridad depende de cómo se actúa en público, ocultándose incluso dentro de sus hogares con sus familias. Si bien Jo con su imponente carácter y afán por la causa ha vencido el miedo de contárselo a su círculo más cercano, no corre riesgos, y con sus parejas nunca ha mostrado la más mínima señal de afecto en público. Incluso los heterosexuales en este país limitan a la mínima expresión los gestos de cariño o amor con el sexo opuesto en lugares públicos debido a que no está bien visto. Solamente los más jóvenes que salen a divertirse a discotecas o bares osan en ocasiones mostrar esos signos de afecto discretamente.
Existe un avance en el movimiento LGBTI en los últimos años, gracias a la lucha de miles de personas del colectivo que han permitido que por ejemplo hoy en día se puede tener una conversación sobre la homosexualidad en la terraza de un bar repleta de gente, lo cual sería impensable hace una década. Cada vez más iniciativas empiezan a surgir y a abrir el camino para proteger y empoderar a este colectivo en toda África. La organización fundada por Jo, está conectada a múltiples ONG y asociaciones LGBTI en el continente africano, especialmente con los países francófonos de África del Oeste, pero también con ONG europeas. Ello permite a estos jóvenes conocer de primera mano los problemas y los avances de otros países de su entorno y apoyarse mutuamente.
La asociación AKBNY tiene planificado abrir el primer refugio LGBTI en toda África del Oeste en 2020 gracias a la financiación de la asociación belga Midnimo que trabaja en la defensa de los derechos LGBTI. En este local con una capacidad para albergar y dar alojamiento a 30 beneficiarios se acogerá a personas homosexuales rechazadas por sus familias o sin medios para proveerse un alojamiento. El objetivo de este refugio es ayudar a los miembros de la comunidad más desprotegidos y vulnerables para que no caigan en situaciones todavía más extremas como vivir en la calle o la prostitución. No se pretende simplemente dar alojamiento temporal si no realizar un acompañamiento, reforzar los vínculos con la comunidad para evitar el aislamiento e informar a los beneficiarios sobre sus derechos.
“Cuando una persona es agredida o se vulnera alguno de sus derechos y quiere recurrir a la justicia, la misma policía puede negarse a realizar los trámites necesarios si se entera de la condición sexual de la víctima”.
Este refugio financiado por la ONG belga no podrá tener visibilidad con carteles que indiquen que es un refugio LGBTI por razones de seguridad. Otra de las iniciativas faro del colectivo LGBTI es la organización del primer festival del orgullo el 16 y 17 de diciembre de 2020 en Uagadugú cuya meta es fomentar el respeto de los derechos de este colectivo.
El Festival Internacional de las libertades de Uagadugú está enfocado a la comunidad LGBTI, pero debido a que no se pueden nombrar estas siglas para evitar el boicot del festival, se utiliza la nomenclatura de respeto de los derechos humanos de las minorías. En el programa dónde habrá danzas tradicionales, conciertos, charlas y debates no se menciona en ningún sitio que sea un festival del orgullo. Según Jo, este festival es estratégicamente necesario para poder concienciar a la población sobre el respeto de los derechos humanos principalmente del colectivo homosexual en un país desbordado por sus numerosos problemas socioeconómicos y de seguridad.
Los jóvenes de las organizaciones LGBTI luchan para que no se dejen de lado los derechos humanos de este colectivo por parte de los gobiernos. Estos últimos se focalizan en otras prioridades del país, especialmente tras el aumento del extremismo islámico que podría menoscabar aún más los derechos de los homosexuales si una parte de la población se sigue radicalizando mientras que una parte de la juventud LGBTI empieza a reivindicar justicia y protección para esta comunidad marginalizada.
El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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2) EL SALVADOR: CONFINADAS PERO NO CALLADAS: MUJERES EN LA PANDEMIA
La pandemia ha dispuesto el escenario perfecto para la violencia contra la mujer. Quienes maltratan física o emocionalmente, no necesitan ningún esfuerzo para aislar a la víctima.
“Yo creo que la vía para retomar transformaciones deben surgir desde las mujeres, cuando seamos capaces de defender nuestros cuerpos, territorios y respetar las otras formas de vida, porque desde este sistema patriarcal y capitalista es imposible”, comenta en exclusiva para teleSUR Zulma Larin, coordinadora nacional de La Red de Ambientalistas Comunitarios (RACDES- El Salvador).
A propósito, destaca a las líderes locales como Rosa Isabas, del municipio de Cuisnahuat.“Mire yo aquí estoy organizando para que levanten censo porque a este municipio no ha llegado la ayuda de los 300 dólares y las mujeres acá viven una situación dura y con esta pandemia se agrega que debemos dar atención psicológica y nos volvemos como pulpas (femenino de pulpo), para no dejar morir de hambre a los hijos/as”.
Alicia Rivas, quien vive en una zona fronteriza de El Salvador, instruye a las mujeres para que el virus no llegue a su comunidad y no entiende por qué el beneficio económico ofrecido por el Gobierno no les ha salido a las mujeres: “¿No sé qué criterio ha tomado el Gobierno para no dárselos a las mujeres? (…) porque fíjate, aquí son ellas las que llevan la carga de los cuidados y se ocupan que haya alimentación en los hogares, y no es por nada, pero hay un hogar donde le salió el beneficio a los tres hijos y al hombre, y eso es injusto, pero ¿qué podemos hacer? si es una decisión del Gobierno”
Igual lucha llevan durante toda la pandemia, “doña Cristela Majano del caserío la Loma; en el municipio de Osicala Betty Claros del Rosario; la profesora Pastora Argueta del municipio de Jocoaitique; Susana Castro del caserío el Jícaro en Mercedes Umaña, departamento de Usulután; Mercedes Monge de la Esperanza en el municipio de Santiago Texacuangos y las mujeres del municipio de Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel, Marta, Dinora, Ingrid, Lucita y Milita”. Por citarnos nombres de líderes sociales salvadoreñas que luchan contra los obstáculos actuales.
“El neoliberalismo, como modelo pésimo del capitalismo salvaje, supone que la explotación de la vida es la forma de extraer mercancías, sea como sea y no respeta límites, ecosistemas, otros seres vivos. Y nunca respetará a las mujeres», afirma la líder ambientalista Zulma Larín, «porque en sí mismo se negaría”.
“Primero porque el patriarcado como sistema ha impuesto que las mujeres sólo servimos para las tareas de los cuidados, para generar vida y dar placer. Nunca nos han visto como mujeres capaces de transformar sistemas opresores, aunque está demostrado lo contrario, si las mujeres nos unimos y decodificamos esos calificativos que el modelo neoliberal ha impuesto”.
Quien ha trabajado los últimos 18 años de su vida en acciones comunitarias, Zulma Larin, máster en Gestión Ambiental y fundadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (Racdes), afirma que “la mujer salvadoreña en la actual situación tiene la necesidad de unificar todos los esfuerzos para incidir en las trasformaciones por un nuevo sistema. Ello supone los compromisos por asumir espacios de poder, que conlleve a un nuevo proyecto desde la pedagogía de la vida. Esta tarea no es nada fácil -reconoce- viene como grandes desafíos en este sistema patriarcal salvadoreño, pero no queda otro camino que empezar».
Además, refiere que «con esta vivencia de la pandemia sanitaria, aumentaron los feminicidios, se violentaron los derechos humanos de todas formas, se ha puesto en riesgo la incipiente democracia que veníamos construyendo desde Los Acuerdos de Paz. Entonces, se evidencia con mucha claridad un retroceso que impone priorizar una agenda de lucha. Ese es uno de nuestros grandes desafíos, tanto para las mujeres trabajadoras, amas de casas, profesionales, jóvenes desde una perspectiva de clase y género y desde abajo”.
Cuando ni el hogar es un lugar seguro
La pandemia ha dispuesto el escenario perfecto para la violencia contra la mujer. Quienes maltratan física o emocionalmente, no necesitan ningún esfuerzo para aislar a la víctima. El confinamiento, como la obediencia, han sido obligatorios.
Antes de declarar este tiempo “especial” de lucha contra la Covid-19 en América Latina, una de cada tres mujeres padecía violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida. Una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de encerrar a la víctima, señala la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Pensamos que esta pandemia nos encuentra en una situación grave en distintos niveles, no solamente en relación con la violencia de género, sino que también en materia económica, de instituciones, el mismo sistema de salud. Nos encuentra en una situación gravísima, ya veníamos arrastrando una situación de emergencia económica, social, en muchos aspectos y la pandemia vino a agravarlo”, profundizó Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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3) CHILE: EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA ATENTA CONTRA LA VIDA DE LAS MUJERES
Durante la crisis sanitaria que atravesamos, hemos podido ver cómo el gobierno ha actuado con desidia y negligencia respecto al bienestar de las mujeres. Hoy declaramos: la misoginia de la administración de Sebastián Piñera pone en riesgo la vida de las mujeres y niñas.
Llevamos tres meses en una crisis que no solo es sanitaria, es profundamente política y social, y en estos casi 90 días no hemos visto ninguna política pública que intente enfrentar la violencia patriarcal que en estos contextos recrudece. Las organizaciones de mujeres de Chile y de todo el mundo lo advertimos: la precariedad y el confinamiento mantienen a las mujeres y niñas de manera indefinida junto a parejas, padres, hijos, hermanos, tíos, agresores, y nos obligan a realizar labores de cuidado y de sobrevivencia económica, muchas veces ya sometidas a violencia en un mismo espacio.
El gobierno ha decidido abordar el problema con medidas superficiales, visibilizando solo los canales de denuncia, que mucho antes de la pandemia se mostraban absolutamente insuficientes. Prueba de esto es el porcentaje abrumador de víctimas de femicidio que contaban con medidas cautelares al momento de sus asesinatos: por ejemplo, 42% en 2018.
Hoy el diagnóstico es el siguiente: mujeres que se acercan a denunciar y sus denuncias son ignoradas. Regiones donde no hay disponibilidad en casas de acogida para mujeres que están en riesgo de muerte. Medidas cautelares que no sirven. Policías que no hacen las rondas diarias para salvaguardar la vida de mujeres que acudieron al Estado por protección.
Paralelamente, cientos de mujeres están quedando sin poder acceder a atención ginecobstétrica ni a anticonceptivos a lo largo del país. Organizaciones feministas denuncian que ni siquiera la insuficiente ley de aborto en tres causales está pudiendo ser llevada a cabo. La crisis terminará con un saldo de cientos de mujeres que no recibieron atención médica adecuada y con un alza aún más preocupante de embarazos no deseados, tanto de relaciones consentidas, como de violaciones a mujeres y niñas.
Campañas comunicacionales erradas, medidas sin recursos y la puerta giratoria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género confirman lo que ya sabíamos: para este gobierno el ministerio a cargo de enfrentar la violencia patriarcal es visto como un ministerio de cuarta, secundario, casi accesorio. Y, la violencia contra mujeres, como un daño colateral, como si fuera parte de las pérdidas estimadas.
Primero fue Isabel Plá y su silencio ante las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos durante la revuelta social. Luego de dos meses de subrogancia a la cabeza del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y, en medio de una crisis sin precedentes cercanos, asume Macarena Santelices, desprovista de experiencia en la materia y reconocida por sus dichos racistas y por defender a criminales de lesa humanidad. Como una burda provocación, un mes más tarde, nombró como parte de la División de Estudios de Género a Jorge Ruz, ex productor de eventos del medio de comunicación La Cuarta, quien no solo no tiene ningún tipo de preparación para el cargo, sino que ostenta una larga trayectoria en un medio que se ha destacado por banalizar la violencia patriarcal y posicionar a las mujeres como objetos hipersexualizados y de consumo.
Luego de este espectáculo, entra a presidir el ministerio Mónica Zalaquett, siendo parte de la tradición que ha asentado este gobierno: poner a personas que no están capacitadas y que exhiben como parte de sus currículos demostraciones de misoginia. En este caso, la romantización del embarazo producto de violación de una niña de 11 años, que la nueva ministra calificó en su momento como un acto “valiente” y la oposición al aborto y al proyecto postnatal de seis meses, que tuvo lugar en 2011 durante el primer mandato de Piñera.
El gobierno exhibe sin pudores sus posiciones ideológicas, donde las mujeres quedamos siempre relegadas, escondidas, subsumidas. Prueba de esto es el inexplicable rechazo del gobierno al proyecto de Postnatal de emergencia que buscaba proteger a recién nacidos, mujeres madres y a sus familias de Covid-19. O, los sesgos sexistas por parte del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) -organismo dependiente del Ministerio de Educación- que en un curso de perfeccionamiento docente enseñaba supuestas diferencias en los perfiles de alumnos y alumnas de primero a tercero básico, profundamente discriminatorias, estereotipadas y concordantes con los tradicionales roles de género que han posicionado siempre a las mujeres en roles pasivos y sin valor.
Es por eso que hoy declaramos que no solo no tenemos ministra, en este país no hay gobierno para las mujeres en su amplia diversidad: adultas, niñas y ancianas, chilenas, migrantes, indígenas, afro, con discapacidad, disidentes. El Estado de Chile carece de una mirada multidimensional que reconozca la distintas manifestaciones de violencia que vivenciamos las mujeres a lo largo de nuestras vidas, lo cual va en desmedro de la posibilidad de vivir dignamente.
Como antesala de este encierro estuvo la explosión feminista en instituciones educativas en 2018; la revuelta social de octubre de 2019 donde las mujeres tuvimos un rol central; el 8 de marzo de 2020, donde fuimos más de dos millones de feministas ocupando todos los espacios, haciendo nuestra la calle y poniendo en el centro la exigencia de una vida libre de violencia, al tiempo en que apuntábamos al Estado en su calidad de macho opresor: patriarcal, capitalista y colonial.
Las feministas llegamos articuladas a esta crisis, tejiendo vínculos de protección entre nosotras y buscando nuevos relacionamientos en la vida colectiva. Con esa misma potencia y energía hoy decimos: frente al imperio de este gobierno misógino: ¡organización feminista por la defensa de la vida y mucho más!
Red chilena contra la violencia hacia las mujeres / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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4) GUINEA BISSAU: RADIO MUJER DE BAFATÁ LA RADIO HECHA POR MUJERES
La radio hecha sólo por mujeres en uno de los países más pobres del mundo donde persiste la ablación
Una emisora gestionada por una quincena de asociaciones de mujeres de Guinea Bissau, y promovida por la ONG sevillana Periodistas Solidarios, combate la desigualdad de género en una región donde sigue muy extendida la práctica de la mutilación genital femenina
Un grupo de mujeres se han hecho fuertes entre una jungla de hombres, de desigualdad endémica y pobreza extrema. Son las integrantes de Radio Mujer de Bafatá (la segunda ciudad de Guinea Bissau), que han dado voz a la parte más castigada de un país situado, según la ONU, entre las doce naciones con menor índice de desarrollo humano del mundo, donde el Código Civil impide que las mujeres puedan iniciar una actividad comercial sin el consentimiento del marido. La ONG Periodistas Solidarios de la Asociación de la Prensa de Sevilla les dio las herramientas hace dos años y ellas han continuado el proyecto, que ya es una referencia en este rincón de África occidental.
Radio Mujer forma parte del programa Laovo Cande de ayuda a la cooperación al desarrollo que lleva el nombre de un joven muerto de sed y hambre durante la larga travesía de un cayuco hasta las costas de Canarias en el verano de 2006. El periodista sevillano José Bejarano siguió el rastro de ese migrante, cuyo cuerpo no pudo ser encontrado, hasta llegar a su aldea de origen, Candemba-Uri, a 12 kilómetros de Bafatá, donde se topó con la cruda realidad que lo mismo empujaba a cientos de jóvenes a jugarse la vida para llegar a Europa, que formaba de pronto una cola de gente esperando a que un periodista terminase de curar las heridas de una niña con un botiquín de mano para recibir la atención médica que no podían pagar en un hospital.
De ese duro impacto originado por cifras que sitúan la esperanza de vida de Guinea Bissau en los 53 años, 30 menos que en España, que fijan la renta per cápita en una cuantía 50 veces inferior a la nuestra, de todo eso surgió la creación de Periodistas Solidarios, la organización que dejó a un lado por un momento las noticias para promover primero la construcción de un centro de salud, dos escuelas, una granja avícola y otros servicios básicos que han convertido la aldea de Candemba-Uri en la «envidia del país», y después para poner en marcha Radio Mulher de Bafatá.
El objetivo de esta emisora era dar voz a quienes no la tenían en una sociedad patriarcal, de mayoría musulmana, donde la Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres pero el Código Civil, según subraya un informe de la Comisión de Ayuda al Refugiado, establece claras diferencias discriminatorias entre uno y otro sexo, donde persiste un alto índice de práctica de la mutilación genital femenina y la carga del trabajo dentro y fuera del hogar recae en gran medida sobre las mujeres que deben encargarse del cuidado de la familia y de llevar dinero a casa para sostenerla. Cuando le presentaron el proyecto a más de una quincena de asociaciones de Bafatá, las mujeres empezaron a dar saltos de alegría. Y rápidamente crearon una coordinadora para poner en marcha la radio en un viejo edificio cedido por el gobernador de la región.
Más de treinta mujeres se presentaron a las pruebas para trabajar en la radio, recuerda Bejarano. Ninguna tenía experiencia en el medio ni en nada relacionado con el periodismo; todas eran jóvenes que habían terminado sus estudios de enseñanza secundaria y que no habían accedido a la universidad porque el techo de cristal está tan bajo en Guinea Bissau que las mujeres apenas entran en las facultades. Después del instituto, la gran mayoría se casa, tiene hijos y centra todos sus esfuerzos en la supervivencia de la familia. Tras las pruebas, fueron seleccionadas cinco, a las que se dio formación en periodismo y realización de radio y se les proporcionó equipos cedidos por RNE y Canal Sur. Luego, la ONU se sumó al proyecto y pagó sus salarios. Y en enero de 2018 empezaron a emitir.
«La radio nos da fuerza»
Lolita Aminate es, con 31 años, su actual directora. Antes colaboraba con una ONG sobre temas de salud y enfermedades de transmisión sexual. Y le encanta ser periodista, contar los problemas de la gente, las dificultades que pasan para comprar los productos que cada vez están más caros en el mercado, hablar de educación, salud y, sobre todo, dar voz a las mujeres de su ciudad, de su país. «Antes sólo hablaban hombres en la radio y las mujeres siempre acabábamos estando detrás. Y ahora podemos demostrar nuestras capacidades, todo lo que podemos hacer. Para nosotras esto significa mucho. Nos da fuerza», dice en conversación con este periódico vía internet.
Para Aminate, la radio que dirige supone un ejemplo para todas las mujeres de Guinea Bissau, de su valía y de su capacidad. El último Índice de Desarrollo Humano de la ONU, el de 2019 (), que sitúa a este país en el puesto 178, entre los 12 más bajos del mundo, tiene como uno de sus principales indicadores la desigualdad de género. Y los autores del informe señalan al respecto: «Las disparidades de género figuran entre las formas de desigualdad más arraigadas en todo el planeta. Dado que estas desventajas afectan a la mitad de la población mundial, la desigualdad de género es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo humano».
La aparición de una radio hecha sólo por mujeres ha incrementado notablemente la difusión y denuncia de temas como la mutilación genital femenina que aún está muy extendida en Guinea Bissau y del que las otras emisoras del país apenas hablaban. «Es un tema que muchos en nuestra sociedad siguen considerando tabú, un secreto, pero en nuestra radio sí que hablamos de ello, porque afecta a la salud de las niñas, a las mujeres que van a dar a luz. Tiene muchas consecuencias, y aunque es una práctica que está disminuyendo por la lucha de mucha gente, hay que seguir informando», subraya la directora de Radio Mujer.
Mariama Balde, periodista que puede informar de temas de juventud, retransmitir un partido de fútbol o hablar de cualquier tema de la actualidad, a la que siendo muy joven su familia pretendió obligarle a casarse con un primo mucho mayor que ella, tiene ahora muy claro que Radio Mujer ha supuesto una pequeña revolución en la región de Bafatá. Una revolución, sobre todo, dice, en el campo de la sensibilización acerca de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, de cuyos problemas y necesidades antes no se hablaba nada en los medios de comunicación locales.
«La desigualdad entre hombres y mujeres en Guinea Bissau es muy preocupante –señala Balde–, porque a veces las mujeres sentimos miedo o complejo para enfrentarnos a los hombres al pensar que no somos capaces de hacer lo mismo o mejor que ellos, y nos quedamos en un mundo de timidez, arrinconadas. Y otro problema es que en este país los mejores puestos, las jefaturas de la mayor parte de las instituciones públicas o privadas están ocupadas por hombres y nosotras siempre estamos detrás».
Cambios en las emisoras de la competencia
Pero la irrupción de Radio Mujer ya ha producido algunos cambios. La competencia ya se ha movido. La emisora más importante de Bafatá, RCB, muy vinculada a la religión musulmana, ya contrató el año pasado a tres mujeres para incluir también voces femeninas en su programación, antes masculinas todas. «Radio Mulher de Bafatá se ha convertido en un referente en todo el país, incluso en toda África, donde según la ONU sólo hay tres o cuatro emisoras de este tipo», asegura Bejarano. La plantilla se ha duplicado, de cinco a diez trabajadoras, y Naciones Unidas pretende que la emisora sea también una productora de programas de género para todas las radios comunitarias de Guinea Bissau. Y más. Hasta se plantean crear una escuela de periodistas.
Radio Mujer emite diariamente, con varios boletines horarios, y en España se puede escuchar a través de este enlace entre las 20 y las 22 horas, pero su programación se amplía en días especiales como el de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina que se celebra cada 6 de febrero o el de las Mujeres del 8 de marzo. Aunque todo eso depende también de la luz, porque en Bafatá, como en la mayoría de Guinea Bissau, el suministro eléctrico público es casi un lujo y sólo cubre algunas horas de la noche. El resto, hay que procurárselo a través de paneles solares y generadores alimentados con gasolina. Si el sol no luce, si el combustible falta, la conexión radiofónica puede verse truncada. Nada es fácil en ese rincón de África, como en tantas partes del continente más castigado por la pobreza y la desigualdad.
Rugui Balde, otra de las profesionales de esta radio, especializada en temas de infancia y educación, asegura que su familia está muy contenta con su trabajo y la labor que lleva a cabo. Rugui, cada vez que se pone ante el micrófono, es muy consciente de las grandes dificultades que afrontan las mujeres de su país desde que se levantan muy temprano para ir a buscar el agua para la cocina y el aseo, para a continuación ir al mercado a vender los productos del campo con cuyos escasos ingresos se mantiene toda la familia. «Las mujeres aquí son las que más se esfuerzan. Todo el día están trabajando, con los niños, con la casa, y los hombres son los que tienen más derechos», se lamenta esta joven periodista, que ahora puede transmitir toda esa injusticia a la audiencia cada vez mayor de Radio Mulher de Bafatá, un proyecto que desde España ayudan a sostener la Diputación Provincial de Sevilla y la Mancomunidad de Municipios de Écija.
La directora de la emisora, que reconoce que al principio sentía mucha vergüenza al ponerse delante del micrófono, avisa que los cambios seguirán: «Un día las mujeres gobernaremos este país», anuncia.
Publico / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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5) SIRIA: COMANDANTE ARIAN, FEMINISMO EN LA SIRIA ACTUAL
La película documental ‘Comandante Arian. Una historia de mujeres, guerra y libertad’ habla de guerrilleras kurdas que luchan por la libertad, pero también habla de la Siria de la igualdad, del feminismo y de la sororidad.
El documental Comandante Arian. Una historia de mujeres, guerra y libertad pone voz a las guerrilleras kurdas que luchan por liberar su territorio del terrorismo de Daesh, pero, en primer lugar y por encima de todo lo demás, luchan por liberar a las mujeres sirias.
Tras dos intentos fallidos, conseguí hacerme con una entrada antes del confinamiento para verlo en uno de los pases-coloquio con su directora, Alba Sotorra, en Barcelona. En las dos ocasiones anteriores me había encontrado con una larga fila y un ‘entradas agotadas’ en las narices. Por eso, ahora no puedo dejar de recomendar que aprovechéis que su directora ha puesto el film en abierto para que podáis verlo de forma gratuita mientras dure el estado de alarma.
En la película, estrenada en octubre de 2018 y que fue candidata a los Premios Goya 2020 como mejor película documental, la directora catalana sigue a la comandante Arian y su grupo de las YPJ (las Unidades de Protección de las Mujeres) en el campo de batalla entre el año 2015 y 2017 en la región de Rojava, al norte de Siria. Poco después de que la guerra estallara en el país ya hace más de nueve años, en 2011, grupos de mujeres kurdas iniciaron una resistencia armada.
En principio iba a ver un documental sobre un grupo de combatientes kurdas en el Norte de Siria contra Daesh (autoproclamado Estado Islámico). Pero, en realidad, vi un pedacito muy desconocido para mí de Siria: la Siria de la igualdad, del feminismo y de la sororidad.
Para ser sincera, cuando pienso en Oriente Medio por lo que respecta a cuestiones de género, se me mezclan muchas cosas por puro desconocimiento. De hecho, me vienen a la cabeza los feminicidios mal llamados “crímenes de honor”, el esclavismo de las mujeres, la violencia sexual, la ablación, etc. En cambio, muy pocas veces pienso en el empoderamiento de las mujeres en estos países, muy pocas veces escuchamos los testimonios de ellas. Bien, pues esta es una película para reflexionar sobre esta cuestión en concreto.
Nada más entrar en la sala de cine, Alba Sotorra nos advirtió: “Esta es una película sobre mujeres que luchan por todas”. Y es que, a diferencia de otras películas sobre milicias kurdas aquí el foco no es la liberación del territorio si no los motivos que llevan a estas mujeres a formar parte de las YPJ; y sus objetivos, que están directamente ligados con la liberación de las mujeres.
El trauma por el asesinato de niñas, compañeras y amigas durante la adolescencia y niñez de las milicianas, la violencia sexual que se ensaña con las mujeres durante las guerras, el matrimonio y la maternidad como única vía posible o los feminicidios de compañeras y hermanas están entre las historias de vida que acarrean las combatientes del grupo liderado por Arian Afrín.
Así lo explica la comandante: “Daesh quiere una sociedad y una vida sin mujeres, para ellos un pedazo de tela vale más que una mujer. Luchamos para que Daesh deje de ser una amenaza para las mujeres (…) Lucho para liberar mis pensamientos, mi sociedad y mi género”.
Este documental contribuye si no a liberar, al menos, a mostrar al mundo sus historias, sus motivos y sus vivencias.
Marina García Blanes / Pikara Magazine / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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6) URUGUAY: VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA: UNA PUESTA A PUNTO DE LA RESPUESTA DEL ESTADO
Entre abril y mayo, el servicio de atención telefónica del Inmujeres recibió un promedio de 64 llamadas por día.
La declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo para evitar la propagación del coronavirus en Uruguay se basó, entre otras medidas, en la exhortación al confinamiento voluntario y el distanciamiento social. Quedarse en casa aparecía, así, como una de las principales recomendaciones para mantenerse a salvo del virus. Pero la experiencia de otros países que ya vivían la crisis de covid-19 mostraba que, justamente, quedarse en casa era la opción menos segura para muchas niñas, adolescentes y mujeres que convivían con varones violentos. Por eso, apenas se decretó la emergencia, organizaciones y colectivos feministas alertaron sobre los riesgos de un incremento de la violencia de género también en Uruguay.
Los mecanismos estatales encargados del abordaje de la problemática emprendieron acciones para hacerle frente en este contexto. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –organismo rector de las políticas de género– reforzó a los pocos días el sistema de respuesta telefónica para asesorar a mujeres en situación de violencia (0800 4141) y lanzó una campaña de difusión para que este servicio llegue tanto a las víctimas como a su entorno familiar y comunitario.
El Ministerio del Interior (MI), a través de la División Políticas de Género, también tomó medidas para dar respuesta a la violencia de género durante el confinamiento. Al igual que el Inmujeres, la cartera apuntó al fortalecimiento de la estrategia de difusión de todas las vías disponibles para que, entre otras cosas, las mujeres puedan denunciar.
103 días después de la declaración de la emergencia, quedó demostrado –por si había alguna duda– que la violencia hacia las mujeres es “la otra pandemia”, como aseguran en estos días distintas voces de la sociedad civil. En una primera evaluación, el Inmujeres advirtió que el número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario, a la vez que el MI aseguró que las denuncias policiales bajaron. Los dos fenómenos no son contradictorios: dejan en evidencia que hubo un aumento de las situaciones de violencia en los hogares, pero que, en un contexto de encierro y aislamiento social, las mujeres se enfrentan a más obstáculos a la hora de denunciar.
Representantes del Inmujeres y de la División Políticas de Género del MI expusieron sobre el trabajo que realizaron desde que llegó la pandemia a Uruguay, en un seminario web organizado la semana pasada por ONU Mujeres. El intercambio sirvió para analizar los datos de la violencia de género, compartir experiencias y hacer una evaluación sobre la situación actual.
Inmujeres: asesoramiento y contención
El Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género del Inmujeres abarca una serie de servicios que, en líneas generales, busca atender, asesorar y proteger a las mujeres en situación de violencia. El más conocido es el 0800 4141, pero el sistema incluye también centros de breve estadía para mujeres que corren un riesgo de vida inminente o los de estadía transitoria para aquellas que transitan un proceso de salida de la situación de violencia. Ninguno de estos servicios dejó de funcionar durante la emergencia sanitaria, e incluso algunos se reforzaron, pero el instituto evaluó poner el foco en la atención telefónica.
“Sabíamos que seguramente las mujeres iban a enfrentar barreras para concurrir a los servicios o solicitar apoyo en forma presencial por el propio aislamiento, entonces pensamos en el servicio telefónico a nivel interinstitucional como una respuesta que se ubicara en primera línea como recurso para acercarnos a las mujeres y a sus necesidades”, explicó la coordinadora del Sistema de Repuesta, Adriana Fontán, en la actividad virtual de ONU Mujeres. “Es un servicio que realmente ha tomado un rol protagónico y muy activo para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria”, agregó. Por eso, y porque se esperaba un aumento de las llamadas, la primera medida fue sumar nuevas operadoras telefónicas.
El segundo paso, definido por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, fue lanzar la campaña de difusión “colocando el 0800 4141 como un recurso accesible, tanto para las mujeres que podían estar viviendo las situaciones, como para familiares, personas del entorno de la mujer, que junto con el recurso del 911 para las emergencias se constituyera en una respuesta disponible para el acercamiento a una atención”, dijo Fontán.
La coordinadora aseguró que a partir del 13 de marzo hubo “un aumento bien significativo de las llamadas”. Según los datos disponibles, entre abril y mayo el número de llamadas para atención y asesoramiento alcanzó las 64 por día. El pico se registró en abril, mes en que se atendieron 2.231 consultas, es decir, cerca de tres llamadas por hora o una cada 20 minutos.
Fontán detalló que “un alto porcentaje” de las llamadas “fueron de familiares o de terceras personas del entorno de la mujer preocupadas por la situación que esa mujer y sus hijas o hijos podían estar viviendo”. Este dato, a su entender, muestra “el impacto de las campañas públicas, pero también el involucramiento que como comunidad ha crecido muy fuertemente respecto a esta problemática”.
Por otro lado, la coordinadora dijo que, si bien el servicio telefónico del Inmujeres no está orientado para las emergencias, la atención a situaciones “de riesgo alto” se quintuplicó durante la pandemia respecto de los meses anteriores. “Fueron muchas situaciones en que constatamos gravedad y que requirieron una coordinación activa con el 911 para garantizar la protección”, explicó Fontán.
El 0800 4141 es gratuito, confidencial, de alcance nacional y funciona los 365 días del año. Fontán recordó que el servicio –gestionado en convenio con la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay– “brinda orientación, contención y asesoramiento a las mujeres que se encuentren en situación de violencia doméstica y que llamen a este teléfono, pero también a familiares o técnicos que puedan estar referenciando las situaciones de estas mujeres”.
Y explicó cómo funciona: “Trabajamos con un equipo de orientadoras que son especializadas, formadas en la temática de violencia de género, que buscan generar una escucha activa para estas mujeres que llaman, establecer una comunicación que esté basada en la empatía y que pueda realmente conectar con sus situaciones”. A lo largo de la llamada, dijo Fontán, las operadoras identifican las necesidades que plantea la mujer para realizar un diagnóstico de su situación que logre determinar el grado de gravedad. En base a eso, le sugieren qué pasos puede dar y hacen una “derivación responsable” hacia otros servicios que estén presentes en territorio “para que sigan trabajando con ella en una clave de proceso de salida de esa situación de violencia”.
MI: registro, monitoreo y estrategia comunicacional
Como dice en el comienzo de la nota, al mismo tiempo que hubo un aumento de llamadas al número del Inmujeres, se registró un descenso de las denuncias policiales. En concreto, el licenciado Christian Gularte, encargado de procesar los datos de violencia de género en la División Políticas de Género del MI, dijo durante el seminario que del 13 de marzo al 31 de mayo hubo una disminución de 5% de las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. Precisó, además, que el período en que más se marcó esta baja fue durante la primera quincena de abril.
Por otro lado, Gularte dijo que desde el 1º de enero al 31 de mayo el MI contabilizó siete femicidios, en su mayoría íntimos, es decir, “que se enmarcan en un vínculo de pareja, ex pareja o afectivo-sexual entre la víctima y su femicida”. En comparación con los datos del año anterior, hubo un incremento de este tipo de crímenes en los meses de marzo y mayo. Este último fue el mes con más femicidios y tentativas de femicidio desde el comienzo de la emergencia sanitaria.
Gularte recordó que para contabilizar los femicidios el ministerio tiene en cuenta la normativa uruguaya –en particular la Ley 19.538, que crea el agravante de femicidio– y “otros elementos que hacen presumir la existencia de odio, desprecio o menosprecio hacia una mujer por su condición de tal”. Aclaró, además, que el vínculo entre víctima y agresor “no siempre determina que se trate de un femicidio”, sino que también entran en juego otros indicadores como el motivo o la intención del delito.
La División Políticas de Género del MI está actualmente encabezada por Angelina Ferreira, quien durante la conferencia virtual explicó algunas de las acciones que ha realizado el ministerio en estos meses para dar respuesta a la violencia de género en el contexto de covid-19. En ese sentido, dijo que se llevó adelante una estrategia comunicacional dirigida a “la sociedad en general” para “informar y reiterar los diferentes canales en que se pueden realizar las denuncias policiales específicamente ante situaciones de violencia basada en género”. La medida más novedosa en ese marco fue la implementación de una ventana emergente en el sitio web del MI con las diferentes vías para denunciar.
Ferreira recordó que las denuncias se pueden hacer de forma presencial en las seccionales policiales y las unidades especializadas en violencia doméstica y de género. En tanto, a la distancia, los canales de denuncia son el servicio del 0800 5000 –gestionado por la Dirección de Asuntos Internos del MI–, la denuncia en línea a través de la página web, y el 911 para casos de emergencia, que si se utiliza desde la aplicación móvil tiene un botón de pánico específico para las situaciones de violencia de género.
La estrategia comunicacional durante el confinamiento también incluyó que “la unidad aérea y los móviles policiales de respuesta en todo el país agregaran en su exhorto de quedarse en casa la advertencia de que ante una situación de violencia doméstica las personas se comuniquen con el 911”, mencionó Ferreira. La misma información fue incorporada en las pantallas colocadas en rutas nacionales.
A la vez, puntualizó que, pese a las medidas sanitarias decretadas, la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe), donde funciona el centro de control de las tobilleras electrónicas, siguió trabajando “de tal forma que permitió una respuesta eficaz a las alertas del monitoreo para garantizar la protección de las víctimas”.
La funcionaria recordó que la División Políticas de Género continúa atendiendo de forma presencial y no presencial todas las consultas que se realizan, “principalmente por parte de víctimas que quieren hacer seguimiento de denuncias o manifestar inquietudes por incumplimiento de medidas de protección”.
Una mirada desde la sociedad civil
¿Cuáles son para la sociedad civil los desafíos que deja planteados la emergencia sanitaria en materia de violencia de género? Durante la actividad de ONU Mujeres, Andrea Tuana, directora de la organización civil El Paso, integrante de la Intersocial Feminista y representante de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, mencionó siete:
Garantizar los estándares de atención de violencia basada en género establecidos en los compromisos internacionales ratificados por el Estado uruguayo.
Fortalecer los servicios de respuesta a las situaciones de emergencia para que estén disponibles las 24 horas e incluso en localidades pequeñas o rurales.
Trabajar de manera interinstitucional en las respuestas específicas para las mujeres que están en situación de pobreza.
Generar estrategias articuladas para el abordaje de las mujeres con hijas e hijos.
Garantizar el derecho a la atención especializada de las víctimas de trata y explotación sexual.
Abordar de manera integral la situación de las trabajadoras sexuales para dar respuesta a los múltiples niveles de violencia que atraviesan, y mejorar tanto las condiciones de vida como las del ejercicio del trabajo.
Generar estrategias de prevención de embarazos forzados en niñas y adolescentes.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 647 – 29/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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