1) Uruguay: La ejecución de Nelson Berreta y las preocupaciones del Poder Ejecutivo /Observatorio Luz Ibarburu
2) Se equivoca el Sr. Presidente /Crysol
3) Uruguay: Restituyeron placa que homenajeaba al comisario Víctor Castiglioni en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
4) Uruguay: Militares ganan peso en el Ministerio de Defensa y sustituyen a civiles en direcciones /Natalia Uval
5) Uruguay: La ratificación del contrato con UPM impulsa nueva expansión forestal /Víctor L. Bacchetta
6) La esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador /Silvio Amodei
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: LA EJECUCIÓN DE NELSON BERRETA Y LAS PREOCUPACIONES DEL PODER EJECUTIVO
Observatorio Luz Ibarburu /15 de junio de 2020
1.- El 15 de agosto de 2018, el Observatorio Luz Ibarburu denunció la existencia en los juzgados penales, de medio centenar de pedidos de procesamientos con prisión por parte de la fiscalía, en causas de terrorismo de Estado, sin resolver. Se señalaba la cantidad de 55 pedidos de procesamiento por responsabilidades en homicidio, tortura y violencia sexual ocurridos entre 1972 y 1983. Entre ellos se encontraba la causa 97-78/2012 en la que se procesó recientemente al militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte de Nelson Berreta Hernández ocurrida el 15 de julio de 1972.
2.- A casi dos años de aquella denuncia, sin que se adoptaran medidas legislativas, administrativas y políticas eficaces para poner fin a esa situación de impunidad, se produce la reciente resolución del Juzgado Penal de 27° turno a cargo de la jueza Silvia Urioste.
3.- Esa reclamada decisión que atenúa mínimamente las responsabilidades incumplidas por parte del Estado uruguayo ante el sistema Interamericano de defensa de los derechos humanos, en vez de ser recibida con el respaldo respetuoso y republicano que merece una decisión de un poder del Estado – al igual que el anterior procesamiento del militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales-, es cuestionada esta vez por el Ministro de Defensa invocando al propio Presidente de la Republica.
4.- El Observatorio Luz Ibarburu, compartiendo los distintos cuestionamientos formulados por organizaciones a las manifestaciones del Ministro de Defensa, desea agregar lo siguiente:
Que la omisión del Estado uruguayo ha permitido que muchos de los responsables fallecieran antes de que la justicia se expidiera, como el caso del teniente Sergio Velasco Villanueva que ordeno la ejecución de Berreta.
Que en esta causa existió por parte de las abogadas del Centro Militar diversos y abusivos recursos intentando frenar el procesamiento. Se pretendió impedir la intervención del Observatorio Luz Ibarburu patrocinante de esta denuncia; desde 2014 hasta el 2018 se recurrió en varias oportunidades ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Apelaciones alegando prescripción e inconstitucionalidades que no fueron resueltas a su favor.
5.- La obediencia debida que argumenta la defensa del procesado y a la que se adhiere el Ministro de Defensa, desde los juicios de Nuremberg no se consideran como eximentes de responsabilidad. Esto fue aceptado por la Naciones Unidas en 1950 al establecer que: el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad.
6.- Finalmente, en cuanto a que la no aplicación de la obediencia debida puede afectar el comportamiento actual de los militares en la vigilancia de fronteras y en las misiones de paz, creemos que sería saludable que así fuera, pues los militares tendrán que ajustar sus conductas teniendo en cuenta que los mandatos delictivos no son obligatorios. Esa es una buena señal democrática.
Observatorio Luz Ibarburu
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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2) SE EQUIVOCA EL SR. PRESIDENTE
Crysol/ Opinando, 15 de junio de 2020
1) Rechazamos de manera tajante las declaraciones, por boca del Ministro de Defensa, del Sr. Presidente de la República ante el reciente pronunciamiento judicial que condenó a un soldado por haber asesinado a un detenido indefenso y esposado, desesperado por huir de las salvajes torturas a que estaba siendo sometido en las dependencias militares que lo habían capturado, en julio de 1972.
Sus preocupaciones, en la misma dirección que las formuladas por el Senador Guido Manini Ríos en el pasado mes de abril, son absolutamente inapropiadas en un sistema democrático republicano en el cual el Poder Judicial es un órgano independiente y soberano.
2) En momentos en que el órgano supremo del Poder Judicial tiene a estudio la reapertura de las investigaciones del crimen del Dr. Vladimir Roslik, último asesinado en la tortura durante la dictadura cívico militar, las declaraciones del Presidente de la República, principal ordenador del gasto y promotor de la ley de presupuesto nacional, suponen un mensaje indebido, claramente direccionado hacia dicho órgano.
3) Las autoridades gubernamentales deberían expresar su sincera preocupación por la enorme demora del Poder Judicial en pronunciarse ante un asesinato flagrante, tal cual ha sido demostrado con total claridad. El adecuado funcionamiento del Poder Judicial es un pilar básico de nuestro sistema democrático republicano, conquistado por la lucha de todas y todos los uruguayos.
Al mismo tiempo, debería compartir el mensaje del Poder Judicial: los oficiales del Ejército solamente puedan dar órdenes legítimas, que estén en concordancia con las disposiciones constitucionales, con las leyes vigentes y con las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado.
4) Expresamos públicamente, además, nuestra preocupación ante el notorio deterioro de la atención en salud que estamos sufriendo todas las víctimas del terrorismo de Estado desconociendo los alcances de la Ley 18 596 y los decretos reglamentarios de la misma. Por la vía de los hechos, al no otorgar los recursos básicos e imprescindibles, se desmantela la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado, deja de operar la cooperativa de atención psiquiátrica (Cossameddhh) y los proveedores, por falta de pago, dejan de brindar los materiales indispensables.
5) La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (Inddhh), la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad son logros enormes de la sociedad uruguaya que deben contar con los apoyos y recursos humanos, materiales y financieros imprescindibles para continuar llevando adelante su encomiable labor. La ley de presupuesto nacional deberá contemplar satisfactoriamente sus necesidades.
6) Desde la ratificación por parte de Uruguay del Tratado de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, todas las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son tipificables como Crímenes de Lesa Humanidad y son por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.
Crysol/ Opinando
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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3) URUGUAY: RESTITUYERON PLACA QUE HOMENAJEABA AL COMISARIO VÍCTOR CASTIGLIONI EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
Senador del FA enviará un pedido de informes al Ministerio del Interior ante la “lamentable decisión”
La Diaria, 16 de junio de 2020
Una placa que homenajeaba al polémico comisario Víctor Castiglioni volvió a ser colocada en los últimos días en el salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), en la esquina capitalina de Maldonado y Paraguay.(1) La información fue publicada este martes por el diario El País y confirmada por la diaria, en base a fuentes del Ministerio del Interior.
Castiglioni estuvo a cargo de la inteligencia policial durante la dictadura militar (dejó su cargo en la DNII en 1982) y ha sido denunciado por su responsabilidad en los crímenes que allí se cometieron. Entre otras cosas, el inspector general planificó el secuestro de Elena Quinteros; efectivos que estaban al mando de Castiglioni secuestraron a la maestra del jardín de la embajada de Venezuela y la hicieron desaparecer.
En 1981, unos meses antes de dejar su cargo, Castiglioni informó al Ministerio del Interior que en cuatro años la DNII había investigado a 300.000 personas, que eran catalogadas en las categorías A, B y C, según su “fe democrática”, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En julio de 2016, a instancias de un colectivo de ex presos que habían sido torturados en la sede de la DNII, el Ministerio de Educación y Cultura colocó afuera de la sede una placa que dice: “Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló”.
En ese mismo acto, el entonces ministro Eduardo Bonomi leyó una resolución que ordenaba retirar la placa de Castiglioni del salón de actos de la DNII. La placa en cuestión decía: “Al señor. Insp. Gral. (R) Víctor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”. Bonomi explicó que esa placa había sido retirada “cuando era ministra del Interior Daisy Tourné, y durante ese mismo tiempo se volvió a poner sin que la ministra lo supiera”.
También se resolvió en aquel momento modificar la leyenda de los tres directores de ese organismo durante la dictadura: Castiglioni, Mario Ferreira Toma y Máximo Acosta Rocha. Los nuevos textos habían incluido la referencia a la etapa histórica como “período en que se aplicó el terrorismo de Estado”.
La decisión de restituir la placa de Castiglioni generó rápida polémica. El senador Charles Carrera (Frente Amplio) elevará un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cómo se procesó esa resolución. “Me parece realmente lamentable, creo que es un mensaje muy complicado. En ese lugar se practicaron torturas en forma sistemática y Castiglioni es un responsable. Es preocupante, a casi 47 años del golpe de Estado, tener que recordar que víctimas de terrorismo de Estado tuvimos todos los partidos políticos”, señaló Carrera.
El ex director de secretaría del MI recordó que en 2016 se redactó una resolución para retirar la placa de homenaje a Castiglioni en el marco de las leyes reparatorias: “queremos saber, y lo vamos a incluir en el pedido, si existe una resolución del ministro Larrañaga o cómo se llega a esta decisión de colocarla nuevamente”. El senador recordó además que el salón de actos se rebautizó con el nombre Julio Guarteche, que falleció en junio de 2016. “Tomamos esa decisión porque lo consideramos un gran policía, que reformuló la actividad policial. Queremos saber si con esta decisión se deja sin efecto ese homenaje”, señaló.
Nota:
(1) Sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), donde se colocó la placa que dice: “Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico-militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló. No pases indiferente. Nunca más terrorismo de Estado”. (Archivo, julio de 2016)
La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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4) URUGUAY: MILITARES GANAN PESO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUSTITUYEN A CIVILES EN DIRECCIONES
Por Natalia Uval /La Diaria, 13 de junio de 2020
El ministro Javier García remarcó que la cartera “está en manos del poder civil”; para Azucena Berrutti los cambios podrían contrariar las políticas establecidas en 2005.
Los cambios en el organigrama del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) tras la asunción del nuevo gobierno determinaron una mayor presencia de militares en lugares de decisión, si se compara con la última administración del Frente Amplio (FA). El subsecretario del ministerio, Rivera Elgue, coronel retirado e integrante de Cabildo Abierto, no es la única figura castrense en posiciones de mando en la cartera. En Defensa hay siete direcciones que dependen de la Dirección General de Secretaría. Desde la asunción del nuevo gobierno, la titularidad de más de la mitad de ellas corresponde a militares. En cambio, durante el último gobierno del FA sólo una de esas direcciones, la de Pasos de Frontera, estaba ocupada por un militar. Las direcciones de Recursos Humanos, Asuntos Sociales y Formación Militar, antes encabezadas por funcionarios civiles, ahora tienen a militares al mando.
El coronel retirado Gustavo Leonel Figueredo Cigliutti, director general de Recursos Humanos, ingresó a la Escuela Militar en 1982. Fue jefe del Batallón de Infantería Nº 5 y jefe del Estado Mayor de la División de Ejército II, y en 2017 fue designado director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Por esa época se comenzaba a discutir en el Parlamento la reforma del sistema de previsión social militar. La mayor retirada Roxana Berois, directora general de Servicios Sociales, es militar pero también dirigente de Espacio 40, la lista que lidera el ministro Javier García. En tanto, la dirección de Formación Militar está encabezada por el coronel retirado Alejandro Bordagorri, uno de los militares que se negaron a declarar ante la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el espionaje policial y militar en democracia. “No tengo nada para aportar. No tengo idea y no voy a ir a perder el tiempo y a hacerles perder el tiempo a los demás”, alegó Bordagorri, consultado por la diaria el 4 de junio de 2018. Bordagorri fue jefe del Departamento II (Inteligencia) del Ejército entre 2011 y 2013.
Azucena Berrutti, ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, dijo a la diaria que “da la impresión” de que estas y otras designaciones de militares en cargos de confianza “estarían contrariando las políticas que se constituyeron en 2005 y obstaculizando las posibilidades de que el poder civil mantenga un lugar de preponderancia en el ministerio”.
Un largo proceso
El doctor en Ciencias Políticas y experto en Defensa Julián González Guyer sostuvo que el proceso de remilitarización del MDN no comenzó con el actual gobierno, sino tras la asunción de Eleuterio Fernández Huidobro al frente de la cartera, en 2011.
En 2005, con la llegada al poder del primer gobierno del FA, se inició un proceso de creciente participación de los civiles en lugares de decisión en un ministerio comandado mayormente, hasta ese entonces, por militares. Este cambio de perspectiva se consagró con la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional en 2010, pero esta norma “perdió su verdadero sentido” durante la gestión de Fernández Huidobro, opinó González Guyer. “Se aplicaron elementos [de la ley] pero al servicio de la institución militar, hubo un reempoderamiento de los militares, a pesar de que en el Ministerio de Defensa se mantuvieron los cargos civiles”, consideró.
González Guyer opinó que incluso los directores generales nombrados durante la gestión de Azucena Berrutti “nunca tuvieron efectivamente esas potestades” de mando, ya que “no existía una inserción clara desde el punto de vista orgánico” de sus cargos, y al mismo tiempo “los comandantes en jefe y el director del Servicio de Retiros y Pensiones, entre otros, mantuvieron la autonomía que tuvieron toda la vida”. “Esos directores generales nunca tuvieron una inserción real, nunca fueron dirección real, porque el ministerio nunca fue una dirección real de las Fuerzas Armadas”, afirmó el experto.
Durante la gestión de Fernández Huidobro, en tanto, hubo “un fuerte empoderamiento de las Fuerzas Armadas, con [Guido] Manini a la cabeza”. Y en los últimos años, “los militares se levantan”.
En cuanto a la posición del gobierno actual, el experto consideró que la administración de Luis Lacalle Pou “expresa las opiniones de la corporación militar”, y en ese marco, “lo de los directores [la designación de militares en esos cargos] es lo de menos”.
De primera y de segunda
“El Ministerio de Defensa Nacional está en manos del poder civil. El que discuta eso está en otro país”, dijo a la diaria el ministro Javier García. Aseguró que Cabildo Abierto nombró solamente a los directores de Formación Militar y de Recursos Humanos, y que en el resto de los cargos fueron designadas personas de confianza del ministro. Por ejemplo, Roxana Berois, si bien es militar, fue odontóloga en el Hospital Militar y “es una persona con la que he trabajado personalmente, es compañera de trabajo político hace añares”, dijo García.
Se preguntó por qué es legítimo discriminar entre militares y civiles en el MDN, y en cambio no se hace lo propio en otros ministerios, como en el de Salud o en el de Transporte y Obras Públicas. García recordó por otra parte que el FA fue fundado por militares y apuntó que un militar, Jaime Igorra, fue subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente durante el primer gobierno del FA. Además, sostuvo que “nadie cuestiona que en el Ministerio de Economía [y Finanzas] haya economistas” y en cambio sí se critica la presencia de militares en el MDN. “¿Por qué se cuestiona una profesión? No encuentro justificación. Si no, partimos de la base de que hay profesiones de primera y profesiones de segunda”, manifestó.
La Comisión de Defensa del FA está analizando este tema y el próximo jueves mantendrá una reunión con el ministro Javier García, informó a la diaria su presidente, Gustavo Scaron, quien no quiso hacer declaraciones hasta que el encuentro se concrete.
Natalia Uval /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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5) URUGUAY: LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO CON UPM IMPULSA NUEVA EXPANSIÓN FORESTAL
La reafirmación del proyecto de la finlandesa por el gobierno de Lacalle Pou actúa como estímulo para las plantaciones de eucaliptos. Anuncian nuevas inversiones y dos plantas de celulosa más.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada 11/06/2020
El Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno de la coalición multicolor y la empresa UPM, que ratificó con creces el acuerdo del antecesor con la multinacional finlandesa, está abriendo las puertas a una nueva ola de inversiones en el sector forestal para la producción de celulosa. Obviamente, ningún inversor que ingrese al país va a aceptar peores condiciones que los extraordinarios beneficios otorgados a UPM.
El nuevo gobierno está dando señales inequívocas en esa dirección. Por un lado, en medio de la reciente interpelación parlamentaria sobre los acuerdos con UPM por la nueva planta en el río Negro, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó enfáticamente que el contrato firmado por el gobierno anterior es constitucional, siendo este uno de los principales cuestionamientos a ese acuerdo.
Arbeleche se refirió sobre el inciso 7° del artículo 85 de la Constitución que, al definir las competencias de la Asamblea General, incluye la de “decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”.
“Ese artículo viene de la Constitución de 1830, en aquella época potencias extranjeras eran los reinos monárquicos, Gran Bretaña y otros. Pero después la palabra potencia fue adquiriendo otro sentido”, explicó el profesor Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, quien tuvo a su cargo la interpelación. “En la doctrina moderna se la asimiló con estados y se admite que algunos países invaden a otros por medio de empresas multinacionales”, agregó.
Una inconstitucionalidad del contrato con UPM se basa, precisamente, en que no fue sometido al Parlamento. Pero para Arbeleche, la expresión “potencias extranjeras” se refiere sólo a Estados o países y no a empresas. Esta interpretación de la ministra, cuestionada por distintos juristas, está dando a entender que podrán venir nuevos contratos y que seguirán siendo negociados en solitario por el gobierno.
En la misma dirección van las últimas declaraciones del secretario de Presidencia. Álvaro Delgado. Al ser consultado sobre la actitud del gobierno ante la posibilidad de la construcción de una cuarta planta de celulosa señaló que “hay que estar abierto, con las garantías ambientales correspondientes, productivas, el país está abierto. Estamos recibiendo en estos días una cantidad de interesados en invertir en Uruguay”.
Ya había trascendido de la Presidencia anterior que se estaba negociando una nueva planta de celulosa. La posibilidad de una cuarta y una quinta planta ha sido confirmada ahora por el ex director forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP), Pedro Soust, y por el senador Guido Manini Ríos del nuevo gobierno. Intentando frenar este proceso, legisladores de Cabildo Abierto acaban de presentar un proyecto de ley para limitar las áreas de forestación.
La propuesta de diputados de Canelones, Cerro Largo, Montevideo, Tacuarembó y Salto, limita las plantaciones a las áreas de prioridad forestal, en suelos de índice de productividad Coneat inferior a 76. Aunque significaría una reducción real, difícilmente se apruebe mientras subsista el pacto entre los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio que ha sostenido el modelo forestal celulósico hasta el presente.
La forestación en el contrato con UPM
En los últimos 12 meses, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se ha publicado la puesta de manifiesto de 25 proyectos de forestación abarcando casi 9 mil hectáreas, de los cuales 16 corresponden a Forestal Oriental SA (UPM) y 6 a Eufores SA (Montes del Plata). El contrato ROU UPM de noviembre de 2017 dedicó una sección especial a definir las condiciones futuras de los proyectos forestales.
Dentro de la estrategia nacional de desarrollo definida por el Poder Ejecutivo, el documento destaca “la importancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo económico nacional, al haberse constituido en uno de los principales complejos agroindustriales impulsores del crecimiento ROU, con un papel sustantivo en la dinamización y diversificación de las exportaciones” (SIC).
El contrato establece que el plazo de validez de las Autorizaciones Ambientales Previas para los nuevos proyectos forestales presentados por UPM o por terceros asociados a su programa de fomento será de hasta tres ciclos forestales. Un ciclo forestal significa el periodo entre la plantación del bosque y su cosecha (siendo un periodo de no menos de nueve años. Es decir, una validez por 30 años.
Tras declarar que “las partes reconocen la importancia que se le otorgue máxima prioridad a los procesos y trámites para obtener las autorizaciones y permisos que fueren necesarios para las plantaciones forestales”, el contrato define los plazos dentro de los cuales deben ser otorgadas las autorizaciones ambientales previas de los proyectos, que el gobierno uruguayo se compromete a cumplir.
Para los proyectos forestales caracterizados como de “Categoría A”, que no requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el plazo fijado para conceder la autorización no puede ser mayor de dos meses. Para los proyectos de “Categoría B”, aquellos que requieren un EIA, el plazo no puede ser mayor de seis meses posteriores a que la comunicación de cada proyecto a la Dinama, según el documento.
El contrato se ocupa después de los requisitos para “optimizar los procedimientos administrativos y cumplir con los plazos referidos anteriormente”. Y luego afirma que Uruguay “fortalecerá la organización interna de la Dinama” con el fin, que reitera, de cumplir el compromiso del gobierno con los plazos para emitir las autorizaciones de los proyectos presentados por UPM o sus asociados.
La insistencia del documento más adelante en que la Dinama “se compromete a asegurar disponibilidad de personal técnico (…) para analizar sin demoras (SIC), aproximadamente 30 (treinta) proyectos por semestre”, contrasta con el reclamo de más de 100 funcionarios de la Dinama en riesgo de perder el contrato de trabajo. ¿Cómo se compatibiliza esto con los compromisos del contrato?
La planta de celulosa de UPM proporcionó un ejemplo del significado del compromiso de plazos en el contrato para otorgarle autorizaciones ambientales a la empresa. Se cumplió el plazo pero se postergó la definición de características clave del proyecto, como el sistema de dilución de los efluentes, la planta química y el destino de los desechos sólidos. ¿Ocurrirá lo mismo con las autorizaciones pendientes?
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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6) LA ESENCIA DEL CAPITALISMO NO SE HA MODIFICADO, SOLO CAMBIA SU CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJADOR
Un avance sobre las nuevas condiciones del trabajador en la era digital
Por Silvio Amodei /20 de mayo de 2020
“Con la aplicación de las tecnologías digitales en el mundo del trabajo han llegado diferentes transformaciones simultaneas. Brevemente: el modo de producción capitalista se concentra, los grandes grupos industriales más fuertes se consolidan; las figuras tradicionales del trabajo, a cualquier nivel, sufren cambios radicales; la productividad por cada uno de los trabajadores aumenta, el control a distancia del ciclo productivo se intensifica permanentemente”. (1)
Con mucha simplicidad podemos constatar a nuestro alrededor que más allá del lugar físico o país donde habitamos comprobamos en esta cita una verdad que salta a nuestros ojos diariamente. Vayamos por partes, bastaría mirar alrededor de nosotros para preguntarnos cuáles y cuántos han sido los cambios que, en cada uno de nuestros trabajos, hemos visto asomarse en los últimos treinta años.
Es un hecho indiscutible que aproximadamente los grandes grupos industriales hoy transnacionales, desde la industria automotriz, transportes, cadenas de supermercados, el sector de las finanzas y tantos otros han concentrado sus fuerzas, es decir su capital, más allá de los países de origen de las marcas, para expandirse en intercambios comerciales acordes a sus planes de negocios.
Hasta acá nada de original, pero, quizás lo nuevo que ha llegado implica en su esencia un salto cíclico y el reacomodo del sistema capitalista. La fábrica como productora de bienes ha tenido un notorio cambio en su forma de producción con la llegada de la robótica y la informática permitiendo un aumento de la producción, el traslado de sus fábricas a países periféricos, disminuyendo el empleo de mano de obra y localizado los stocks de mercaderías en polos logísticos ubicados en zonas francas diseminadas en diferentes regiones geográficas. (2)
Por otra parte, cada uno de nosotros ofrece gratuitamente a Google, Facebook, Amazon, una enorme cantidad de datos que son transformados en “mercancía” y hace de nosotros clientes potenciales, y son utilizados por parte de las transnacionales para aumentar el consumo y el comercio de bienes y servicios. Solo me interesa hacer notar que en este momento, y así salta a la vista de manera desfachatada, cómo la llegada de internet y de las grandes empresas que se mueven en ese sector son hoy las grandes beneficiarias y de alguna manera las grandes transformadoras de este ciclo histórico. Las empresas digitales juegan a su vez un rol hegemónico en la conformación de las nuevas tendencias económicas y culturales que se manifiestan a partir del fin del siglo XX y reposicionan el capitalismo global del siglo XXI.
Es evidente que en este contexto el proletariado industrial, como lo conocíamos, ha sufrido cambios con la llegada de nuevas máquinas creándose empleos acordes a las nuevas y diferentes necesidades que tiene el capital tanto sea en la producción de bienes como en el stock y distribución de mercaderías y servicios. Las multinacionales realizan el diseño y el posicionamiento de marca, generalmente en las economías de altos ingresos, y en muchos casos dislocan geográficamente la producción de bienes y su logística en economías de bajos ingresos. Mientras que sus sedes legales se encuentran en los estados que les abren sus puertas bajo el amparo de la exoneración fiscal y las rebajas de impuestos. (3)
Por otro lado en los diferentes continentes millones de trabajadores, han debido abrir sus propias empresas unipersonales (cuentapropistas) para lograr trabajar, pagando impuestos cada vez más altos, y que generalmente están ajenos a organizaciones sindicales y por lo tanto de convenios colectivos. En pocas palabras la flexibilización laboral conlleva dentro de sí misma la pérdida o recorte de beneficios que aun hoy conservan los trabajadores sindicalizados. Por un lado encontramos entonces a una masa importante de trabajadores públicos y fabriles sindicalizados (con ciertas garantías y derechos) a las mayores centrales sindicales de sus países, por otro lado crece la masa de trabajadores sin organización sindical (trabajadores geográficamente dislocados, cuentapropistas, precarios con contratos a término, trabajadores de la cultura, del sector turístico, choferes, etc.) los cuales prácticamente no poseen derechos laborales y sindicales. A su vez, crece mundialmente en forma continua, el ejército de desocupados.
La nueva clase trabajadora explotada y desprotegida se ve obligada a aceptar una nueva cultura de trabajo cada vez más alienante. Entre otras cosas asume que el actual distanciamiento social por el Covid 19 que obliga al teletrabajo tendrá mayores y mejores márgenes de libertad. El smart working (trabajo inteligente) parecería ser ya una realidad, y lo que se discute en ámbitos empresariales es regular las diferentes problemáticas de organización del trabajo entre la empresa y el trabajador desregulado, (privacidad, horarios de trabajo o proyectos, tiempos y métodos de organización laboral). Para el capitalismo se hace imprescindible, necesario, obtener el consenso de masas y convencer al trabajador de que la moderna tecnología (aséptica y sin patrones es, además, democrática) a través de nuestro celular y de los instrumentos digitales nos brinda un futuro de nuevas oportunidades y mayores espacios de libertad.
Esta fantástica ilusión, es una nueva forma de colonización cultural a la que nos vemos sometidos y bombardeados por toda clase de medios de comunicación, fieles servidores de una nueva cultura del trabajo que hoy nos viene impuesta globalmente.
Creer que Internet es democrática y plural, es solo una triste ilusión. Basta solo ver las enormes ganancias que las corporaciones digitales acumulan día tras día. Las grandes corporaciones digitales se encuentran ligadas profundamente a la empresa manufacturera y a su vez a los estados poderosos como a sus servicios de inteligencia y represión.
Es de hacer notar que en este marco, y ya desde hace varios años, muchos pensadores han dado por muerta la lucha de clases. Olvidan que el aumento de la desigualdad social la genera el gran capital y el capitalismo global. Este ha generado con mucha rapidez una enorme concentración de riquezas en primer lugar hacia las multinacionales las cuales aplican sus políticas globales regionalmente de acuerdo a la situación concreta de cada estado.
La contradicción fundamental, continúa siendo entre capital y trabajo. Entre los asalariados más allá de la forma del contrato de trabajo que el trabajador haya suscripto –individual o colectivo– y aquel o aquellos poseedores de los medios de producción cuya última finalidad es la producción y comercialización de los bienes o servicios que produce en mayores cantidades y a un menor costo. En definitiva, la esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador, la voracidad en el desarrollo del aumento de producción y por consiguiente la necesidad de aumentar la demanda del consumo. La sociedad es impulsada a través de las necesidades intrínsecas del capital al aumento del consumo, independientemente de los problemas que ello traerá aparejado al planeta tierra y a las especies que lo habitan.
Esta nueva fase histórica del capitalismo del siglo XXI nos impone una nueva mercancía: la acumulación de datos que proporcionamos en forma gratuita a través de las múltiples plataformas digitales. Cada uno de nosotros produce, por lo tanto, consciente o inconscientemente una nueva mercadería: los datos, que son utilizados por el sistema para el desarrollo de nuevos bienes y servicios que serán “colocados”; es decir vendidos a cada uno de nosotros trabajadores/consumidores y a su vez los productores de la mercadería.
Es posible afirmar que jamás en la historia de la humanidad, a excepción quizás, de la época de la esclavitud, que desde la aparición de las plataformas digitales cada uno de nosotros ha proporcionado tanta materia prima (datos, que serán elaborados y sistematizados por las empresas del sector digital para ser transformados y comercializados como una valiosa mercancía) en forma de trabajo gratuito a quienes poseen la propiedad de los medios de producción.
El nuevo trabajador/a, aislado, distanciado socialmente, dislocado geográficamente, prestador de servicios es consumidor al mismo tiempo. Solo/a, en su casa, en muchos casos cuidando hijos, con contratos de trabajo flexibles, precarios, sin asistencia o con mínima asistencia social. Sin horario de trabajo, siempre pronto a responder a las necesidades de su líder o jefe.
Noticias de prensa informaban días atrás que mitad de sus 48 mil empleados de Facebook en EEUU ya están trabajando en sus casas (remoto) y prevén que de ahora en adelante sus nuevos empleados serán asumidos a condición de trabajar desde sus hogares. (4)
La llegada del Covid 19 permite a las grandes corporaciones de la información, de los servicios, etc., impulsar modificaciones a las ya precarias relaciones laborales, dislocar geográficamente el personal, etc. Cambiar la organización de trabajo, conlleva indudablemente al cambio en las relaciones políticas, sociales y culturales de la sociedad en su conjunto y obviamente a un nuevo y diferente contrato social que el capitalismo intentará imponer acorde a esta fase histórica.
Romper el aislamiento social, tanto material como cultural es central para lograr buscar formas múltiples, diferentes y concretas para defender y conquistar espacios nuevos de libertad y conciencia social.
Capítulo aparte merecen los científicos o parte de ellos (para nada neutrales o imparciales), en sus idas y venidas sobre el Covid 19. Han proclamado como verdades “todo y el contrario de todo” o si lo queremos decir con más claridad: “como te digo una cosa te digo la otra”. Nos han culpabilizado y han dado la motivación para que los gobiernos de turno nos recluyeran en nuestras casas avalando de esa forma la ruptura de todo tipo de sociabilidad. Cerradas empresas, escuelas, clubes deportivos; patrulladas las calles con drones, helicópteros, etc.; policías y militares se han apropiado del espacio colectivo de las ciudades y pueblos. Países enteros en estado de emergencia, multas, etc. ¡Represión y violencia en nombre de la salud! Todo impuesto desde la autoridad y avalado por muchos “científicos”, aceptados y consensuados por la sociedad en su conjunto. Asistimos impasibles a un avance del control social, más desbastador, ideológicamente totalizante, que abarca geográficamente las poblaciones de todos los continentes en un mismo segmento de tiempo.
El impacto de estas políticas hace que recién ahora comienza a abrirse el debate y lentamente el periodismo, parte de la academia y una porción de hombres y mujeres comiencen a dudar de los protocolos, noticias y verdades absolutas a las que nos vimos sometidos con el constante bombardeo mediático de los últimos meses.
Los medios repiten diariamente que, “nada será ya como antes”. El mercado global indudablemente es quien en este momento impone las reglas entre el capital y el trabajo.
La pregunta que salta a la vista, es: ¿cómo y qué formas de organización política y social asumirá esta nueva clase trabajadora para no solo defender sus intereses, sino además pensar qué sociedad queremos?
Conocer y analizar colectivamente la realidad es el primer paso que el trabajador del siglo XXI deberá dar para encontrar instrumentos que le permitan luchar por una nueva sociedad más justa y equitativa.
Notas:
(1) La Societa Artificiale Renato Curcio Sensibili alle foglie 2017.
(2) “El capitalismo cuando una crisis golpea, tiende a ser restructurado. Nuevas tecnologías, nuevas formas organizacionales, nuevos modos de explotación, nuevos tipos de trabajo y nuevos mercados emergen para crear una nueva manera de acumular capital.” Nick Srrnicek Capitalismo de Plataformas Ed. Caja Negra.
(3) “Al uso de deuda corporativa por parte de estas empresas se lo debe ubicar por lo tanto en el contexto de una estrategia de evasión fiscal. Esto también es parte de una tendencia más amplia hacia el uso creciente de paraísos fiscales”. Países como Holanda e Irlanda alojan sedes legales de varias corporaciones multinacionales.
Reservas en el país y en exterior.
Reservas (miles de millones de dólares ) Monto en el exterior (miles de millones de dólares) Monto en el exterior (porcentaje)
Apple 215.700 200.100 92,8
Microsoft 102.600 96.300 93,9
Google 73.100 42.900 58,7
Cisco 60.400 56.500 93,5
Oracle 50.800 46.800 92,1
Amazon 49.600 18.300 36,9
Facebook 15.800 1.800 11,4
Total 568.000 462.700 81,5
Fuente: 10-Q o10-KSecurites and Exchange Commission archivos marzo 2016
Nick Srnicek. Capitalismo de Plataformas. Ed. Caja Negra.
(4) Mark Zuckeberg declaro últimamente en diferentes medios: “vamos a ser la compañía más avanzada también en el trabajo remoto a nuestra escala” – 20 minutos Editora SRL.
Silvio Amodei (Uruguay) COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020 _______
“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
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Kintto Lucas (Ecuador)
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