POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL
REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
AÑO 14 – Nº 676/ Lunes 22 de Junio de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
HOY:
1) EE.UU. y la industria del terrorismo en Irak y Siria
2) Los niños de Fukushima se están muriendo
3) Argentina: espionaje y criminalización con la firma de las petroleras
4) Río Grande do Sul crea política para damnificados por represas
5) El Salvador en pie de lucha contra subastas para radio y TV
6) Otra vez presos políticos en España
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que
niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo
hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese
monopolio es central.” Emir Sader
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1) EE.UU. y la industria del terrorismo en Irak y Siria
Juan Francisco Coloane (Argenpress)
El ISIS, sigla de la entidad llamada en inglés Islamic State of Irak and Syria, que en castellano se traduce por algunos como Ejército o Emirato Islámico en Irak y el Levante o EIIL, es desde la Invasión a Irak 2003, la pantalla o frente, para perfeccionar y expandir el uso de la industria del terrorismo.
Los antecedentes indican que aparece como un nuevo instrumento para desestabilizar estados no aliados o antagónicos a la Alianza Transatlántica. El terrorismo no es un fenómeno de "fantasmas" o de Yihadistas posicionados en una guerra asimétrica asociado a cierto tipo de insurgencia que incomoda a la visión occidental expansiva, como propaga cierto sector del análisis. Se trata de un laberinto de construcción propia por parte de Estados Unidos y la OTAN en la lucha contra la oposición al capitalismo y el tipo de globalización que se expande sin ninguna contención.
Los focos de alta tensión bélica internacional a raíz del posicionamiento de una fuerza terrorista como ISIS en Siria, Irak y que se expande en el Medio Oriente y amenaza al Asia Menor, es el resultado de la cerrada compartimentación entre Estados Unidos y el Reino Unido para abordar problemas de dividendos no resueltos que provienen de la Segunda Guerra y que tampoco se han superado en este período post desplome soviético. Ni China, ni Rusia son una amenaza directa, hoy ni en varias décadas en el futuro, para desafiar la supremacía de la Alianza Transatlántica. Es así que frente a la actual coyuntura de una ausencia de un orden mundial pactado y reconocible por tolas las naciones, estas dos naciones que lideran la Alianza Transatlántica deben mostrar sus cartas en forma abierta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en otros foros internacionales.
La invasión a Irak en 2003 fue el elemento catalizador de la actividad terrorista, para que se convirtiera en una industria muy ligada a los dineros que fluyen en torno a la actividad del petróleo y los recursos energéticos y a los estados donde se localizan. Se calcula que el dinero utilizado para financiar la actividad terrorista en Siria bordea los 50 millones de dólares mensuales solo en gastos para pagar personal operativo en terreno, la cifra empalidece en comparación con el costo de una intervención militar en Siria y el proceso post de reconstrucción que se calcula 1.000 millones de dólares de Estados Unidos (1). Con todo, el costo de la guerra en Siria para derrocar al gobierno sirio y los dineros en ayuda humanitaria que han empezado a fluir, se acerca cada vez más a la cifra mensual anotada por Dempsey.
El antecedente más reciente y nítido del surgimiento de esta industria, se ubica en la era de Ronald Reagan, década de 1980. Para combatir la presencia militar soviética en Afganistán se incorporó en las operaciones una novedad doctrinaria y con alto impacto de penetración en el mundo islámico: Introducir en las escuelas coránicas de Afganistán (y Pakistán), adiestramiento doctrinario y prácticas para la insurgencia violenta contra los soviéticos y los afganos partidarios del gobierno laico de tipo socialista y democrático (2).
El experimento, muy en el molde del bizarro asunto Irán- Contras, esparció las semillas de la actividad terrorista que, se difunde hoy como Yihadismo, un neologismo derivado de Yihad, que significa en términos muy somero, “un compromiso con el Corán”. Término acuñado en Estados Unidos y Europa Occidental para fijar parámetros de análisis cómodo y práctico, que impide siquiera observar, menos detectar variables mas subyacentes en el fenómeno del terrorismo proveniente de circuitos de religión islámica.
Practicidad y comodidad, han sido ejes en el análisis y la conducta exterior de Estados Unidos para la zona del mundo que es aquejada por los grados de violencia más brutales y dramáticos desde la guerra en Vietnam. El “Yihadismo es supuestamente lo que ha alimentado la ocupación terrorista de varias ciudades en Irak, entre ellas, dos enclaves geoestratégicos como Mosul y Tikrit y que significa la apertura de otra crisis internacional, más allá de la que produce la guerra en Siria.
En Afganistán y Pakistán se encuentra el origen primario de las entidades terroristas formadas bajo el escudo del Islamismo radicalizado de última generación para desestabilizar estados (3). En el libro The Struggle For Afghanistán, ( Newell y Newell 1981), no hay mención del Yihadismo o de la palabra Talibán. Es un antecedente vital para tomar en cuenta de que hay un antes y un después del uso del terrorismo en Afganistán para expulsar a los soviéticos. En el archivo de ARGENPRESS, hay una nota específica sobre el tema del 13 de agosto de 2006, a raíz de los atentados en Heathrow, Londres. “No hay que creerles”, se titulaba y se refería a que tanto el Reino Unido como Estados Unidos teniendo toda la competencia para desmantelar las redes terroristas a las que supuestamente se atribuían los atentados, no anticipaban los atentados por no implementar cabalmente la resolución de la ONU 1373 de septiembre de 2001 que se aprueba con unanimidad para responder a los atentados en Nueva York.
La resolución, primera y única en la historia, entregaba plenos poderes a los estados para cumplir sus obligaciones respecto a desmantelar las redes terroristas desde las cúpulas en los países hasta los instrumentos más precarios. La resolución entrega poderes para monitorear e intervenir la gestación de la actividad terrorista incluyendo el aspecto financiero. Desafortunadamente en el momento no se advirtió la importancia del flujo del capital de las corporaciones transnacionales que ha gozado de cierta inmunidad respecto a las fiscalizaciones. La resolución en este sentido es débil y entrega manga ancha para que estas corporaciones protejan sus intereses con autonomía. La implementación de la resolución con sus postulados originales no sucedió y el terrorismo gradualmente se convierte en una virtual industria política y económica de alta rentabilidad. Qué mejor que alimentar sus ejércitos con poblaciones desafectadas y radicalizadas del mundo islámico en los países que menos ventajas y oportunidades han tenido de la globalización y el actual capitalismo. Debido que Estados Unidos y el Reino Unido dan esa batalla propia dentro de la égida de la lucha antiterrorista en forma unilateral y bajo el formato de compartimentos cerrados, no existe la posibilidad de la "fiscalización" de alguna contraparte, por decir de Naciones Unidas, que interceda con un punto de vista neutral y con una autoridad política diferente al sentido estratégico de esta batalla. Es decir, Estados Unidos y el Reino Unido, pueden hacer y deshacer a voluntad y es legítimo pensar que el ISIS no solo es una prolongación de Al Qaeda sino que consiste en una regeneración de esa industria terrorista gestada a o largo de los años a partir de la guerra anti soviética en Afganistán.
El ISIS y sus análogos, consiste en una versión actualizada que ha servido para enfrentar cualquier amenaza a la supremacía Transatlántica, o la composición de cualquier alianza que la conteste, como podría suceder si China y Rusia se unieran como nunca lo hicieron desde el cisma chino-soviético de fines de la década de 1950.
Notas:
1) Guerra de Afganistán (1978-1992), referida también como invasión soviética de Afganistán, consistió en un enfrentamiento entre el ejército de la recién inaugurada República Democrática de Afganistán, apoyado por el Ejército Soviético y los Muyahedines , guerrilleros afganos islámicos apoyados por Estados Unidos. En 1978 se produce una revuelta que hizo de Afganistán un Estado Socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Estados Unidos inicia la «Operación Ciclón», con armas, financiamiento y adoctrinamiento a los rebeldes islámicos, que incluye la penetración en el sistema de educación islámica. Para evitar la desintegración del estado, se inicia la intervención del Ejército Soviético a solicitud del gobierno Afgano. Para expulsar a los soviéticos se forma una alianza liderada por Estados Unidos con Pakistán, Irán, Arabia Saudí, China, Israel y el Reino Unido. El modelo es similar al de Siria 2011-2014 con la excepción de China, Irán y Pakistán. Los soviéticos se retira en 1989 y los llamados fundamentalistas, “sembrados” por la administración de Reagan, irían a establecen el Estado Islámico que es derrocado por la intervención de Estados Unidos en 2001.
2) Matin Dempsey, Comandante en Jefe de las FFAA de Estados Unidos, el 23 de julio de 2013 ante el congreso en Estados Unidos declaró que el costo de una intervención de pacificación y de reconstrucción en Siria ascendería a 1.000 millones de dólares mensuales.
3) Durante la presencia soviética en la década de los años 80, trabajaba para Naciones Unidas en India, Nueva Delhi y tuve la oportunidad de hablar con varios miembros de la oposición Afgana, la parte más sana y progresista que se oponía a lo que llamaban ocupación soviética. Ellos me manifestaron su absoluto rechazo a la estrategia de adoctrinar células terroristas en vinculación a la educación islámica.
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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2) Los niños de Fukushima se están muriendo
Harvey Wasserman (Ecowatch.com)
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Treinta y nueve meses después de las múltiples explosiones de Fukushima, las tasas de cáncer de tiroides entre los niños que viven en los alrededores se han disparado más de cuarenta veces por encima de lo normal.
Más del 48% de los 375.000 de los jóvenes –casi 200.000 niños- examinados por la Universidad Médica de Fukushima en los alrededores de los llameantes reactores sufren ahora trastornos precancerosos de tiroides, sobre todo nódulos y quistes. La tasa está acelerándose.
Se están registrando más de 120 cánceres infantiles donde antes se registraban sólo tres, dice Joseph Mangano, director ejecutivo del Proyecto Salud Pública y Radiación.
La industria nuclear y sus defensores continúan negando esta tragedia sobre la salud pública. Algunos han llegado incluso a afirmar que “ninguna persona” se ha visto afectada por las liberaciones masivas de radiación de Fukushima que, en relación con algunos isótopos, superó las de Hiroshima en un factor de casi 30.
Pero la mortal epidemia de Fukushima es consistente con los impactos sufridos por los niños que se encontraban cerca de Three Miles Island cuando ocurrió el accidente de 1979, y de la explosión de Chernobil de 1986, así como respecto a lo descubierto en otros comerciales reactores.
La Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá ha confirmado la probabilidad de que la energía atómica pueda causar ese tipo de epidemias, afirmando que en caso de un desastre en un reactor se produciría “un aumento en el riesgo de cáncer de tiroides infantil”.
Al evaluar las perspectivas de construcción de un nuevo reactor en Canadá, la Comisión dice que la tasa “aumentaría en un 0,3% a una distancia de doce kilómetros” del accidente. Eso supone la distribución de pastillas protectoras de yoduro de potasio y una urgente y eficaz evacuación, nada de lo cual se produjo en los casos de Three Mile Island, Chernobil o Fukushima.
Mangano ha analizado las cifras. A partir de la década de 1980, ha venido estudiando los impactos de la radiación producida por un reactor sobre la salud humana; empezó sus trabajos con el legendario radiólogo Dr. Ernest Sternglass y el estadístico Jay Gould.
En las declaraciones hechas por Mangano para Green Power & Wellness Show en www.prn.fm, confirma también que la salud general de las poblaciones humanas situadas en la dirección del viento mejora cuando los reactores atómicos se cierran y va en declive cuando se abren o se vuelven a abrir.
Los niños de las cercanías de Fukushima no son las únicas víctimas. El operario de la planta, Masao Yoshida , murió a los 58 años de un cáncer de esófago. Masao se negó heroicamente a abandonar Fukushima en lo peor de la crisis, salvando probablemente millones de vidas. A los trabajadores del reactor empleados por contratistas independientes –muchos dominados por el crimen organizado- no se les controla en absoluto la exposición a la radiación. Y la indignación de la gente va en aumento a causa de los planes del gobierno para obligar a las familias –muchas con niños pequeños- a volver a la región fuertemente contaminada que rodea la planta.
Tras su accidente de 1979, los propietarios de Three Miles Island negaron que el reactor se hubiera fundido. Pero una cámara-robot confirmó más tarde lo contrario.
El estado de Pensilvania acabó misteriosamente con su registro de tumores, después dijo que “no había pruebas” de que nadie hubiera muerto.
Sin embargo, una amplia gama de estudios independientes confirma las aumentadas tasas de mortalidad infantil y de exceso de cánceres entre la población en general. El Departamento de Agricultura de Pensilvania y periodistas locales confirmaron también el exceso de muertes, mutaciones y enfermedades entre los animales locales.
En la década de 1980, la juez federal Silvia Rambo bloqueó una demanda colectiva presentada por 2.400 personas que vivían en zonas alcanzadas por la radiación trasladada por los vientos, afirmando que no se había liberado radiación importante como para causar daño a nadie. Y, después de 35 años, nadie sabe cuánta radiación escapó ni dónde acabó. Los propietarios de Three Mile Island han pagado calladamente millones a las víctimas a cambio del secreto de sumario.
En Chernobil, un compendio de más de 5.000 estudios ha arrojado una cifra de muertos de más de un millón de personas.
Los efectos de la radiación en los más jóvenes en las zonas situadas a favor del viento de Bielorrusia y Ucrania han sido horrendos. Según Mangano, alrededor del 80% de los “niños de Chernobil” nacidos desde el accidente en esas zonas han sufrido una amplia gama de impactos que van desde defectos congénitos y cáncer de tiroides a enfermedades coronarias, respiratorias y mentales de larga duración. Los resultados indican que sólo uno de cada cinco de los jóvenes puede ser considerado sano.
Médicos por la Responsabilidad Social y la rama alemana de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear han advertido de problemas parecidos en los alrededores de Fukushima.
El Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Atómica de las Naciones Unidas (UNSCEAR, por sus siglas en inglés) ha emitido recientemente varios informes restando importancia a los impactos humanos del desastre. El UNSCEAR está interconectado con la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU, cuyo mandato promueve la energía atómica. La AIEA tiene orden de secreto de sumario sobre los hallazgos de la ONU acerca de los impactos sobre la salud provocados por el reactor. Durante décadas, el UNSCEAR y la Organización Mundial de la Salud han impedido que se conozcan los extendidos impactos sobre la salud de la industria nuclear. Fukushima ha demostrado no ser una excepción.
Como respuesta, los Médicos por la Responsabilidad Social y la rama alemana de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear han refutado a través de diez puntos esas afirmaciones, advirtiendo al público de que la credibilidad de las Naciones Unidas ha quedado comprometida. El desastre “sigue avanzando”, dicen esos grupos y habrá que controlarlo durante décadas. “Las cosas podrían ir a peor” si los vientos que han estado soplando hacia Tokio se vuelven hacia el mar (y hacia EEUU).
Hay un riesgo en curso a partir de los productos radiados y entre los trabajadores del lugar porque no se están controlando ni las dosis de radiación ni su impacto sobre la salud. Las estimaciones de las dosis actuales no son fiables y hay que tener muy en cuenta los graves impactos de la radiación sobre el embrión humano.
Los estudios del UNSCEAR sobre la radiación de fondo son también “engañosos”, dicen los grupos, y deben llevarse a cabo nuevos estudios sobre los efectos de la radiación en la genética así como en las “enfermedades no cancerosas”. La afirmación de la ONU de que “no se esperan efectos discernibles sobre la salud relacionados con la radiación entre las personas expuestas” es “cínica”, aseguran los grupos. Añaden que las cosas pueden ir a peor por la negativa oficial a distribuir yoduro de potasio, que podrían haber protegido a las personas de los impactos en el tiroides de las liberaciones masivas del radioactivo I-131.
Además, las horribles noticias de Fukushima sólo pueden ir a peor. La radiación de los tres núcleos perdidos está aún vertiéndose en el Pacífico. El control de las barras de combustible gastadas en las piscinas suspendidas en el aire y esparcidas alrededor del lugar sigue siendo muy peligroso.
El régimen pronuclear de Shinzo Abe quiere reabrir los 48 reactores que quedan en Japón. Está presionando duramente a las familias que huyeron del desastre para que vuelvan a ocupar sus casas y ciudades irradiadas.
Pero Three Mile Island, Chernobil y la plaga de muerte y enfermedad que está surgiendo cerca de Fukushima dejan muy claro que el coste humano de esas decisiones sigue incrementándose y que son nuestros niños los que sufren primero y los que sufren lo peor.
Harvey Franklin Wasserman (1945) es periodista, escritor, activista por la democracia y defensor de las energías renovables. Ha sido uno de los estrategas y organizadores del movimiento antinuclear en Estados Unidos. Es editor de Nukefree.org y autor del libro Solartopia! Our Green-Powered Eart.
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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3) Argentina: espionaje y criminalización con la firma de las petroleras
(lavaca.org)
En 2013, en Comodoro Rivadavia, una lucha docente llevó reclamos educativos y salariales a las calles y las rutas de Chubut. Duró 76 días y se plegaron padres, madres, estudiantes y trabajadores petroleros. Pan American Energy y British Petroleum, entre otras, denunciaron el entorpecimiento de la producción y motivaron una serie de causas que apuntan a padres y sindicalistas. Tres de ellos fueron procesados gracias a informes policiales durante las manifestaciones.
Asambleas, discusiones, 70 días sin respuestas, agosto, setiembre, octubre, salgamos a las calles, los papás y las mamás nos apoyan, el estudiantado también, aumento salarial, el gobierno quiere desgastarnos, busquemos el apoyo de los petroleros, 1500 docentes aguantando, pidamos también mejoras edilicias, la policía parece que nos va a reprimir, no, al final no porque los trabajadores de los yacimientos nos apoyaron, parece que el gobierno provincial va a convocar a una reunión, ¿vos decís?, ya van casi tres meses en estado de asamblea, sí, mañana firmamos el acuerdo.
Ni el viento inconmensurable de Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de Chubut, pudo disipar la sucesión de imágenes que cruzaron por la cabeza de Carlos Magno. El secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) pudo respirar tranquilo cuando el gobierno de Martín Buzzi se comprometió a firmar el acuerdo que reconocía las reivindicaciones gremiales y educativas sostenidas durante casi 80 días.
No había margen. El gobierno provincial dio lugar al reclamo de aumento salarial y la devolución de los descuentos por los días de paro. Pero los trabajadores, además, subrayaron otros dos puntos que consideraban claves. Las autoridades chubutenses debían comprometerse a no iniciar medidas judiciales ni administrativas a los trabajadores que desde agosto se mantenían en estado de asamblea permanente. Lo consiguieron. El acuerdo se firmó el 6 de noviembre.
Pero en diciembre llegó la sorpresa. Tres gremialistas fueron notificados de un llamado a declaración indagatoria. Las denuncias, se enteraron entonces, habían comenzado en octubre, y ellos ya estaban procesados.
Docentes piqueteros
Carlos Magno, 41 años, fue uno de los nominados. Los otros fueron el secretario gremial de ATECH Sur, Eduardo Humeres, y el delegado Daniel Murphy. ¿Por qué? La jueza federal Eva Parcio apeló a la figura de entorpecimiento de servicios públicos para dictar el procesamiento, basada en el artículo 194 del Código Penal. La norma, básicamente, establece que será “reprimido con prisión de tres a dos años el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. En síntesis, la jueza los acusó por cortar las rutas chubutenses.
La eclosión
Si bien el conflicto docente que derivó en los procesamientos de los tres gremialistas tuvo como punto de partida el 22 de agosto de 2013, las batallas venían con anterioridad. Los planteos de apertura de paritarias y los pedidos de las asambleas de reunión con las autoridades chubutenses encontraban la resistencia de la conducción provincial del sindicato. “Tomamos la decisión de hacer de la nuestra una regional importante, porque es la mayor concentración de trabajadores de la educación en zona urbana de Chubut”, explica Magno a lavaca.
Así comenzaron una serie de protestas en los colegios que luego se trasladaron a las calles y derivaron en paros. “Estábamos planteando quejas por el alto costo de vida que no es reconocido en Comodoro, más los problemas de infraestructuras en las escuelas a los que nadie les prestaba atención”, apunta.
Fue en una reunión con el cuerpo de delegados cuando llegó la noticia que hizo eclosión. “A nivel provincial le negaron el ascenso a un grupo de supervisores que aceptaban las asambleas escolares como una práctica democrática. Les armaron un presumario”, contextualiza Eduardo Humeres, 63 años, otro de los procesados. Los delegados no dudaron: declararon las escuelas en estado de asamblea permanente.
Quién manda en la ciudad
Las huelgas se hicieron en los propios lugares de trabajo. “Fuimos a las escuelas, cumplimos el horario y a los padres se les pidió que no enviaran a sus hijos hasta que el Gobierno no respondiera los problemas que estábamos planteando”, sostiene Magno. El conflicto fue gradual: primero el paro fue por 24 horas, luego por 48, luego se extendió indefinidamente. La protesta tuvo tal magnitud que hubo escuelas tomadas por los propios padres de los alumnos. “El Gobierno respondió con cartas documentos y amenazas de sanciones y sumarios”, dice.
Las manifestaciones comenzaron a sucederse en las calles con marchas, pintadas, panfleteadas y viajes a la capital provincial. El reclamo trascendió: comenzaron a cuestionar el presupuesto chubutense. “Decían que no había para salarios ni infraestructura, pero la conclusión siempre era la misma: mientras los generadores de la riqueza son los trabajadores, los que se la llevan son las empresas petroleras que tienen muy bajas cargas impositivas en cuanto a regalías”, destaca el secretario general de Atech Sur.
Magno introduce un nuevo cuerpo a la discusión: las petroleras. Comodoro Rivadavia es una ciudad con un fuerte contraste social y económico a partir de la actividad extractiva. Un ejemplo son los sueldos docentes: 3500 pesos era el básico de los trabajadores al comienzo del conflicto. “No se puede entender cómo una ciudad con tantas falencias es productora de tanta plata”, dice Magno. “Los primeros que sufrimos eso somos nosotros, que vivimos supeditados a los altos costos que genera la actividad petrolera”.
Solidaridad petrolera
Las asambleas resolvieron salir a la ruta. “Hubo 1500 compañeros distribuidos en distintos puntos”, recuerda Humeres. Sin embargo, la decisión tenía un objetivo claro: conseguir la solidaridad de los trabajadores petroleros con la lucha docente. “Fuimos a las entradas de los yacimientos. Eso fue lo que denominaron cortes de ruta”, dice Magno. “Y los trabajadores dijeron que no iban a pasar hasta que nos den respuesta. Ese fue el mayor éxito”.
Magno destaca que una de las actas policiales de esas jornadas describe que las fuerzas de seguridad iban a desalojar con personal de infantería. “Pero fue desactivado. Los trabajadores petroleros dijeron que querían pasar, que los traían para pasarnos por encima, y cuando llegaron al corte, se bajaron de las camionetas y se plegaron en solidaridad. Fue una de las fechas más conmovedoras. Fue muy fuerte que se sumen a la lucha docente”, reseña el sindicalista.
El acuerdo con el Gobierno, finalmente, fue firmado el 6 de noviembre con el entonces Ministro de Educación, Guillermo Firmenich (que había reemplazado al renunciante Luis Zaffaroni, famoso por haberse escapado por los techos de una escuela de Comodoro Rivadavia tras negarse a discutir los reclamos gremiales, de los padres y del estudiantado). El acuerdo tenía una serie de puntos que debían cumplirse: aumento salarial, la devolución de las sumas quitadas por los días de paro y el compromiso de mantener indemne a los manifestantes tanto de la justicia provincial como de la federal. El final es conocido.
El espionaje: quién manda en la justicia
Las denuncias fueron promovidas por las empresas petroleras subcontratistas de Pan American Energy y British Petroleum, que denunciaron el entorpecimiento de la producción. Los trabajadores, que realizaron un listado, también mencionan a Tecpetrol (Grupo Techint) y Clear (Grupo Indalo), entre otras. Hay tres causas abiertas por el mismo delito (entorpecimiento del espacio público) en tres períodos distintos de los casi 80 días que duró la huelga, que involucran a los tres trabajadores mencionados y a padres de alumnos.
Los sindicalistas, representados por la abogada Silvia de los Santos, denunciaron espionaje. “Cuando comienza a aparecer la policía provincial en las huelgas, los trabajadores presentaron un habeas corpus preventivo porque no sabíamos cuál era la orden judicial. Pero lo rechazan diciendo que la policía estaba en actividad preventiva, cuando en realidad ya se habían iniciado las acciones penales”, explica la abogada Santos.
Es decir, las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en las manifestaciones cuando ya había causas abiertas a espaldas de los gremialistas. “La actividad de la policía, entonces, no era preventiva, sino represiva, porque estaban en el marco de una actuación penal, tenían instrucciones precisas y la actividad que estaban haciendo era de supuesta recolección de pruebas”, dice Santos. “Eso es ilegal porque no estaban notificados de que habían sido imputados y, además, porque no había defensa”.
¿Por qué hablan de espionaje? “Lo basamos en el hecho de que nunca hubo defensa pública y siempre estuvieron identificadas las personas que teóricamente pudieron haber cometido un ilícito”, sostiene la abogada. “Cuando el delito se comete en flagrancia, inmediatamente se inicia el proceso. Si Magno estaba identificado desde el primer día, tendría que haber sido llevado ante la jueza para indagatoria. Ese es el procedimiento previsto. ¿Qué pasó? No iba a ser socialmente bien vista, por eso esperó más de dos meses”.
Esta fue una de las irregularidades sobre las que la defensa montó el pedido de nulidad de la primera causa. La otra tiene que ver con la forma de llevar adelante la instrucción por parte de la jueza Eva de Parcio que, además, desacreditó la actividad profesional de la abogada. Los requerimientos fueron rebotados en primera instancia, la defensa apeló y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia separó a la jueza y dejó sin efecto los procesamientos y las indagatorias. “Sólo queda la prueba incorporada”, dice Santos.
Por esa razón, la Cámara convocó para mediados de julio una audiencia pública en la que expondrán las partes y los trabajadores. La jueza también fue apartada de la segunda causa, aunque el tercer proceso (iniciado este año) todavía la tiene como principal magistrada, aunque aún hay pendiente un pedido de recusación de la defensa.
El legado
Los trabajadores destacan la importancia de la lucha docente del año pasado, que generó una conciencia colectiva que se constituyó en el principal motor del reclamo. “Aún quedaron conformados como grupos los alumnos organizados, a pesar de que hay un trabajo de desmovilización para que los chicos no conformen centros de estudiantes”, describe Humeres. “Ellos hicieron vigilias en las distintas escuelas, y los medios locales, que tienen una incidencia muy directa de la parte política por la pauta que reciben, desdibujaron la situación. Decían que ponían candados e impedían el ingreso”.
Magno resalta la importancia de que la herramienta gremial esté en manos de los trabajadores. “La lucha generó en la provincia una lectura de que, con una organización adecuada y con una real democracia a la hora de tomar decisiones, se puede llevar adelante la lucha para conseguir reivindicaciones para todo el conjunto de la educación pública”, sostiene. “Generó un grado de unidad que hacía muchos años no veíamos, y eso es un paso que, creemos, va a seguir trayendo frutos”.
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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4) Conquista histórica: Gobierno de Río Grande do Sul crea política para damnificados por represas
(Adital)
Este lunes, 23 de junio, los damnificados por represas en el Estado de Río Grande do Sul celebrarán una gran conquista: la firma del decreto que instituye la Política Estadual de Damnificados por Emprendimientos Hidroeléctricos. La firma será realizada por el gobernador del Estado, Tarso Genro, en el Palacio Piratini, en Porto Alegre.
De acuerdo con el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB), en Río Grande do Sul, 50 mil familias han sido damnificadas en los últimos 30 años por las represas, perdiendo sus tierras, sus trabajos y vínculos familiares y comunitarios. En todo ese período, la mayoría de esas personas no tuvo ningún tipo de reparación.
Será el primer estado brasilero en crear un marco legal a través de un decreto firmado por el gobernador. Entre los principales avances de esa política está la definición de un concepto legal de damnificado por represa, el reconocimiento de que "toda la región” es afectada, el reconocimiento legal de varios derechos conquistados históricamente por el MAB y la creación de un órgano del Estado con la participación de los damnificados para monitorear la implementación de la política, entre otros.
Según el abogado y militante del MAB Leandro Scalabrin, la política de derechos de los damnificados en Río Grande do Sul, al ser instituida por marco legal, es más que una conquista: "Genera y reconoce derechos para todos los damnificados del Estado”, afirma. Hoy no es así; y continúa: "Los derechos de las familias y el concepto de damnificado fue diferente en cada obra construida hasta ahora, basta comparar: en Itá, Machadinho, Barra Grande, Foz do Chapecó y Dona Francisca, nunca los derechos fueron los mismos, siempre dependió de la lucha”.
La recurrente violación de los derechos humanos
En 2010, el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) reconoció que la garantía de los derechos "solamente ha ocurrido debido a la presión ejercida por los movimientos sociales”, pues "el patrón vigente de implantación de represas ha propiciado de manera recurrente graves violaciones de derechos humanos, cuyas consecuencias terminan acentuando las ya graves desigualdades sociales, traduciéndose en situaciones de miseria y desestructuración social, familiar e individual”.
Según el MAB, esas violaciones ocurren principalmente cuando la población damnificada no está organizada para reclamar y exigir derechos, y también porque no existe un "marco legal” que reconozca el "concepto de damnificado” defendido por el movimiento.
Otra causa de las violaciones de derechos está en el hecho de que no existe un órgano de gobierno que sea responsable de los damnificados. "Los órganos que autorizan las licencias son negligentes en la mayoría de los casos o poco efectivos. Las empresas son las que tienen el poder de decidir quién es el damnificado y cuáles son sus derechos”, denuncian los líderes del Movimiento.
La lucha por la creación de la política nacional de derechos
Desde 2010, el MAB está realizando luchas nacionales y en todas las regiones del país para la creación de una política nacional de derechos de los damnificados y, en marzo de 2012, durante un proceso de movilizaciones, el ministro Gilberto Carvalho firmó un acuerdo con el Movimiento, asumiendo varios compromisos para la marcha de la pauta de los damnificados, entre ellos la firma por parte de la presidenta Dilma del decreto de Política Nacional de Derechos de Damnificados por Represas (PNAB).
Se realizaron muchas reuniones y acuerdos y se establecieron plazos. Pero los militantes del MAB se quejan de la demora del gobierno federal. "Lamentablemente, uno de nuestros principales puntos de reivindicación no se concretó hasta el momento”, afirma Joceli Andrioli, de la coordinadora nacional del MAB, que muestra preocupación por las negociaciones en el ámbito federal, ya que los plazos asumidos por el gobierno pasan y las acciones no se concretan. "¿Por qué demora años en atender la pauta de los damnificados y no se resuelve, pero cuando las empresas de energía presionan al gobierno, de inmediato se liberan millones de reales?”, pregunta el coordinador.
El MAB espera que con la iniciativa del Gobierno de Río Grande do Sul, el gobierno federal cree las condiciones materiales y objetivas para la firma de la política nacional, ampliando ese derecho a todos los damnificados por represas de Brasil, cumpliendo así una promesa hecha en 2009 por el entonces presidente Lula al decir que "el Estado Brasilero tiene que pagar la deuda histórica con la población damnificada por represas”.
"El próximo 23 haremos un gran acto político en Porto Alegre, del tamaño de esta conquista, y que ese acto político tenga eco también en Brasilia”, anuncian los líderes del MAB.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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5) El Salvador en pie de lucha contra subastas para radio y TV
Edgardo Ayala (IPS)
La presión de las organizaciones sociales frenó temporalmente la concesión de frecuencias de televisión en El Salvador, un país donde la lucha por el espectro radioeléctrico tiene connotaciones no solo económicas, sino también políticas e ideológicas.
“Paramos el proceso de subasta, pero es un triunfo parcial, porque no es una resolución definitiva”, señaló a IPS el director de Radio Victoria, Oscar Beltrán. Esta estación comunitaria opera desde el poblado de Victoria, en el central departamento de Cabañas.
Beltrán se refería al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 16 de mayo detuvo temporalmente el proceso de subasta iniciado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), el organismo estatal que regula el sector.
La Siget abrió el 5 de mayo el proceso para que empresas o personas participaran en la subasta de seis canales de televisión de señal abierta, los 7, 13, 14, 16, 18 y 20. Se desconoce cuando el máximo tribunal salvadoreño dará su dictamen definitivo.
El fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema acogió parcialmente una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por varias organizaciones que en agosto de 2012 ya impugnaron seis artículos de la Ley de Telecomunicaciones. Esos artículos establecen la subasta como el único mecanismo para obtener una frecuencia de radio y televisión.
La demanda de esa parte de la norma, aprobada en 1997, fue interpuesta por varias organizaciones de radios comunitarias, de abogados y de periodistas, que después confluyeron en la Red por el Derecho a la Comunicación (Redco). La red presiona para que la Corte Suprema resuelva definitivamente la inconstitucionalidad de los seis artículos.
Los demandantes sostienen que la subasta no permite a sectores como las radios comunitarias competir en igualdad de condiciones por una frecuencia. En este tipo de mecanismo, las adjudicaciones las ganan habitualmente grupos económicos poderosos.
Además, al imposibilitar el acceso a otros sectores a tener participación en el espectro radioeléctrico fuera de la subasta, se violentan los principios constitucionales de igualdad ante la ley y el de libertad de expresión, entre otros aseguran representantes de la red.
“Los canales y frecuencias que la Siget pretende entregar al mejor postor, deberían ser utilizados para promover más medios públicos y comunitarios”, dijo a IPS el activista Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), una de las organizaciones fundadoras de Redco.
La red empuja desde el 2013 dos proyectos de ley, uno sobre medios comunitarios y otro sobre medios públicos, que buscan democratizar las comunicaciones en el país, una meta que requiere modificar los mecanismos para conceder frecuencias de radio y televisión.
Datos de la Siget precisan que en este pequeño país centroamericano de tan solo 20.000 kilómetros cuadrados y 6,2 millones de habitantes, hay 51 canales de televisión, de señal abierta o de suscripción, ente los que destacan cuatro en manos de la privada Telecorporación Salvadoreña (TCS).
También operan 210 radios comerciales, a las que se suman 18 comunitarias. Estas funcionan en una sola frecuencia, la 92.1 de frecuencia modulada, que tienen que fraccionar para emitir conjuntamente. La Siget convocó a la subasta de los seis canales televisivos ante una solicitud de la empresa Autoconsa, del sector electrónico. Posteriormente se sumaron las empresas Tecnovisión y Movi y José Saúl Galdámez Ábrego, Luis Alonso Avela y Henri Milton Morales.
Es común en El Salvador que las frecuencias, sobre todo de radio, las adquieran “prestanombres”, como se llaman aquí los testaferros. Se trata de personas que gestionan la concesión que interesa a medios de comunicación hegemónicos para utilizarla o para impedir que se amplíe la competencia. De esa manera, los grandes grupos comunicacionales evitan que se les señale de concentración excesiva.
El proceso de la subasta despertó sospechas desde un principio, porque se dio inmediatamente después de la salida de la jefatura de la Siget de Luis Méndez, el 31 de marzo, sin explicar si se le defenestró o renunció. El entonces presidente Mauricio Funes, cuyo mandato culminó el 1 de junio, puso en el cargo para los últimos dos meses de su mandato al abogado Ástor Escalante.
El nuevo superintendente abrió inmediatamente el proceso de subasta, alegando que la ley le obligaba a realizar la subasta al existir una solicitud. IPS intentó sin éxito obtener una entrevista con ejecutivos de Autoconsa, la solicitante.
Escalante no aclaró la razón de desconocer una resolución emitida por su antecesor, de septiembre del 2012, que dejaba en suspenso la concesión de frecuencias hasta que se produzca en el país la digitalización del espectro radioeléctrico. A solicitud de las organizaciones sociales, el fiscal general, Luis Martínez, abrió una investigación sobre la actuación del exsuperintendente. “No entiendo qué es lo que el fiscal tiene que investigar, si no hay ninguna irregularidad que se haya cometido”, dijo Escalante a IPS.
Otro punto que el fiscal podría investigar es el cambio que el exsuperintendente hizo con el Canal 37, una estación que era propiedad de la Universidad Francisco Gavidia y que, según denunció el medio digital salvadoreño Diario1, fue vendido ya el magnate mexicano del sector de la comunicación, Ángel González.
El mexicano es propietario de un multimillonario consorcio de 30 estaciones de televisión y 80 emisoras de radio en América Latina. Cuenta con canales de televisión y emisoras radiales en Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, además de México, según distintas fuentes.
Escalante también cambió la televisora del canal 37 en banda UHF al canal 11 en la VHF, lo que amplió su calidad y su alcance. IPS no pudo confirmar si tal como se asegura, el canal ya lo maneja el grupo de González, apodado como “el fantasma” por lo poco que se sabe de sus operaciones.
El señalado desembarco de González al mercado salvadoreño preocuparía mucho a los tradicionales grupos mediáticos del país, porque el empresario mexicano tendría, se asegura, aliados en el gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder desde 2009.
Diario1 asegura que el partido estaría interesado en romper, mediante la presencia del grupo mexicano, la férrea hegemonía de la derecha en los medios del país, cercanos a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país entre 1989 y 2009.
Voceros del FMLN y del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que comenzó el 1 de este mes, desestimaron comentar a IPS sobre el asunto. Los activistas también solicitaron al fiscal que investiga también frecuencias otorgadas en el pasado, porque no se siguieron los procedimientos legales.
Un caso representativo es el del abogado Luis Francisco Pinto, que en marzo de 2009, al final del último gobierno de Arena, obtuvo en forma opaca ocho frecuencias de televisión por las que pagó más de 300.000 dólares y que siguen inoperativas, pese a que la ley indica que toda concesión se revoca tras un año sin utilizarse.
“Es preocupante que las actuaciones en la Siget no hayan sido del todo transparentes”, afirmó a IPS el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, José Luis Benítez.
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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6) Otra vez presos políticos en España
Xavier Caño Tamayo (Alai)
Represión en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de fuerza, impunidad policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta… En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos y no están dispuestos a tolerarlo. Y el Gobierno responde con más violaciones.
ATTAC España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular de las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”. También Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica (…) El Gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión; una rebaja contraria a las normas de derechos humanos que España ha firmado y obligaciones internacionales que ha contraído”. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.
Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión. Legal, la de la policía en la calle. Burocrática, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión. Y sucia, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para “prevenir” manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.
En los dos últimos años se han impuesto más de 1.100 multas, pero aún es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, identificados aleatoriamente por la policía. Se va a la cárcel solo por participar en manifestaciones o piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía.
Por su parte ATTAC España expone que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir las leyes, pues disponen de margen para aplicarlas y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que campa la impunidad entre poderosos, policías, aparato del gobierno y del Partido Popular. Y, si hay alguna condena, el gobierno indulta veloz sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores y defraudadores de impuestos.
ATTAC España considera presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.
Cuando se escriben estas líneas, el nuevo rey de España, Felipe VI, ha asumido la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial desde la mañana hasta primera hora de la tarde. El centro de Madrid ha sido tomado por 7.000 policías y guardias civiles, de los que más de 2.000 son antidisturbios, y 120 francotiradores han tomado los tejados de la zona centro. Además han sido cerrados once aparcamientos públicos y la entrada y salida de varias estaciones de metro. El gobierno también ha prohibido la exhibición de banderas y símbolos republicanos en Madrid y durante toda la jornada y las manifestaciones en favor de la República. Aires oscuros de tiempos pasados que creíamos haber superado.
Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen”. Lo mismo ha expresado con lucidez y humor El Roto en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son!”
Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.
Xavier Caño Tamayo
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
LUNES 22 DE JUNIO DE 2014 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas
dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en
la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la
clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que
en general las ideas de los que no disponen de medios de producción
intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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