Entradas de la categoría 'Boletines Comcosur'

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2255 / miércoles 24.06.2020 Hoy:

1) Uruguay: Tribunal de Apelaciones confirmó condena al coronel José Puigvert por el homicidio de Aldo “Chiquito” Perrini /La Diaria
2) Uruguay: El Ministerio de Ambiente nace con menores facultades /Víctor L. Bacchetta
3) Uruguay: Vecinos defraudados en las ciudades por donde pasaría el tren de UPM /Víctor L. Bacchetta
4) La OPS, Unicef y la FAO también respaldan etiquetado obligatorio de alimentos /Sudestada
5) Europa: Resurge con energía el combate antirracista /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: TRIBUNAL DE APELACIONES CONFIRMÓ CONDENA AL CORONEL JOSÉ PUIGVERT POR EL HOMICIDIO DE ALDO “CHIQUITO” PERRINI

El militar fue condenado a 22 años de prisión; es el único de los imputados que sigue con vida.

La Diaria, 22 de junio de 2020

Aldo Chiquito Perrini tenía una heladería en Carmelo cuando en 1974 fue sacado de su casa, encapuchado y trasladado al Batallón 4, donde fue torturado hasta la muerte. Según la Justicia Militar, al frente de dicho destacamento de Colonia del Sacramento estaban en el lugar el general Pedro Barneix y los oficiales José Bardeau y José Puigvert.
La causa judicial por el caso Perrini comenzó en 2010 por una denuncia de Piero Perrini presentada por intermedio de su abogado, Oscar López Goldaracena. En 2012 falleció Bardeau y en setiembre de 2015 fueron procesados Barneix, quien se suicidó cuando se lo fue a detener, y Puigvert, que está en prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena desde ese entonces.

En febrero de 2019, el juez Tabaré Erramuspe aceptó el pedido del titular de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, que había pedido una condena de 22 años de prisión para Puigvert como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Perrini.

La defensa apeló aquel fallo pero ahora el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, a cargo de la doctora Graciela Gatti, confirmó la condena para Puigvert, según informaron este lunes desde Crysol y confirmaron a la diaria desde la Suprema Corte de Justicia.

En la sentencia de Gatti se recuerdan detalles del trágico episodio. Por ejemplo, que el operativo militar del 26 de febrero de 1974 que derivó en la detención de Perrini abarcaba a un número mayor de personas, sobre todo jóvenes de entre 18 y 25 años, oriundos de Carmelo y opositores al régimen militar. El mismo día que Perrini fueron detenidos José Antonio Valente, Carlos Alberto Pereyra, Román Alfredo Chipolini, Margarita Noemí Castillo, Daniel Gastián Conde y Jorge Raúl Ferrari.

También se revelan detalles de la autopsia histórica, que llevan “ineludiblemente a concluir” que luego de días de “torturas y tratos inhumanos” y al ser llevado a un nuevo interrogatorio en el que participó Puigvert, Perrini “terminó inconsciente, y falleció poco tiempo después al ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo”.

Mientras estaba preso, sufrió plantones sin agua ni alimento, golpizas, submarinos y picanas eléctricas. Perrini, se decía en la petición fiscal, “fue sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos” pero sobre él “recayó especial consideración” porque en varias ocasiones intentó interceder, utilizando su voz, para que las mujeres detenidas “no fueran objeto de tratos degradantes” y hasta violaciones.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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2) URUGUAY: EL MINISTERIO DE AMBIENTE NACE CON MENORES FACULTADES

Gobierno y oposición coinciden en la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente reducido a una instancia burocrática más, sin atribuciones como para enfrentar los problemas existentes

Víctor L. Bacchetta / Sudestada

El texto aprobado en la Cámara de Senadores, ahora a consideración de la Cámara de Diputados, sobre la creación de un Ministerio de Ambiente, restableció la versión inicial del proyecto de ley de urgencia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Se eliminó el Desarrollo Sostenible de su denominación y se le sacó el ordenamiento territorial, que queda en el nuevo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El organismo queda como Ministerio de Ambiente, a secas, incluyendo las actuales direcciones de medio ambiente (Dinama) y de agua (Dinagua). Sus competencias son “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente, ordenamiento ambiental y conservación y uso de los recursos naturales, así como la instrumentación de la política nacional en la materia”.

La referencia al “ordenamiento ambiental” parece adjudicar al nuevo ministerio algo relacionado con el ordenamiento territorial, pero esa expresión proviene de la Ley de Protección del Ambiente (N° 17.283) del año 2000. Los instrumentos de planificación territorial para la sustentabilidad ambiental fueron establecidos a posteriori, en 2008, por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (N° 18.308).

En la versión inicial, al enumerar las competencias del nuevo ministerio se incluía explícitamente la Ley 18.308, junto a otras leyes, pero ahora esa enumeración fue eliminada y, al quedar explícitamente Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, se configura una separación mayor que la actual entre la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial y la gestión ambiental.

La enmienda del artículo 47 de la Constitución, que fue introducida por el plebiscito nacional del año 2004, estableció que la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en “el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza”.

A su vez, para la ley 18.308 el ordenamiento territorial es “el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”.

Conceptual y prácticamente, ordenamiento territorial y gestión ambiental deben ir juntos, pero en la definición del Ministerio de Ambiente están primando intereses sectoriales o corporativos que los separan. Como ocurre también al no incorporar al nuevo organismo las secciones de otros ministerios, como es el caso de áreas de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionadas con la gestión ambiental.

Continuidad con el gobierno anterior

Por un lado, la resolución del Senado volvió a la propuesta inicial de la ley de urgente consideración presentada por el nuevo gobierno de la coalición multicolor pero, por otro lado, incluyó agregados que la emparentan con la administración anterior y explican el apoyo brindado al proyecto por los senadores del Frente Amplio.

En el inciso (I) del artículo 290 del proyecto de ley, sobre las competencias del ministerio, se agregó: “Ejecutar las políticas públicas definidas en el Gabinete Nacional Ambiental, conjuntamente con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental”. Ese Sistema Nacional Ambiental fue creado por el decreto CM/359 del gobierno de Tabaré Vázquez, el 6 de junio de 2018.

Parece paradójico mantener el Sistema Nacional Ambiental (SNA), justificado en su momento para reglamentar la “constitución, objetivo, competencias y funcionamiento” de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SAACC), cuando esta secretaría es eliminada por la misma ley de urgencia en discusión. La creación del SNA estuvo relacionada con la aprobación del Plan Nacional de Aguas.

En 2017 fue presentado el Plan Nacional de Aguas que debía ser consecuencia de la reforma del Artículo 47 en 2004 y de la Política Nacional de Aguas (Ley N° 18.610) de 2009. Sin embargo, el gobierno nunca citó al Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio previsto por la ley que debía elaborar ese plan y desvirtuó la participación social en la gestión del agua establecida en la reforma constitucional.

Al final de una consulta donde el público tuvo minutos para opinar sobre un documento de 250 páginas que insumió siete años de elaboración, el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Aguas el 31 de julio de 2018. La resolución estableció que el plan “se formulará y ejecutará a través de la nueva institucionalidad” constituida por el Sistema Nacional Ambiental, el Gabinete y la Secretaría Ejecutiva, la SAACC.

El SNA está constituido por el presidente de la República, el Gabinete Nacional Ambiental, la OSE, el Instituto de Meteorología, el Sistema de Respuesta al Cambio Climático, la SAACC y el Sistema Nacional de Emergencia. Este gabinete está integrado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Industria, de Defensa, de Salud Pública y de Economía y Finanzas.

La “nueva institucionalidad” establecida por decreto fue a contrapelo de los principios de gestión participativa y democrática contenidos en la reforma del agua de 2004 y de la ley de Política Nacional de Aguas que reglamentó el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, con la creación del nuevo Ministerio de Ambiente se consagraría ahora por ley, con el acuerdo de la coalición de gobierno y el Frente Amplio.

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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3) URUGUAY: VECINOS DEFRAUDADOS EN LAS CIUDADES POR DONDE PASARÍA EL TREN DE UPM

En Durazno y Florida reaccionaron con indignación ante la negativa del gobierno y de la empresa constructora a evitar el paso del ferrocarril por la trama urbana

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 21/06/2020

Este fin de semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó al público y a los medios de comunicación de Durazno y Florida a lo que denominó “una instancia de información e intercambio sobre las proyecciones y el estado actual de las obras” del Ferrocarril Central en esos departamentos, con la presencia de técnicos y asesores del MTOP, AFE y el Grupo Vía Central.

El origen de esta convocatoria fueron las declaraciones del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, durante la reciente interpelación en el Parlamento sobre el contrato firmado entre el gobierno y UPM. En esa ocasión, Heber dijo que le pediría a la empresa a cargo de las obras un informe sobre las consecuencias, en costos y plazos, de construir un bypass que evitara el pasaje de esa vía férrea por la zona urbana de las ciudades de Durazno y Florida.

Con una importante concurrencia de vecinos, unos 200 en Durazno y otro tanto en Florida, la respuesta de las autoridades en ambas reuniones fue similar. Salvo una diferencia de cifras, les dijeron a los vecinos que construir el bypass sería costoso y que insumiría unos tres años, con lo cual sobrepasaría febrero del año 2022, que es la fecha estipulada en el contrato ROU-UPM para tener finalizada la obra.

Las exposiciones estuvieron a cargo del publicista Andrés Capretti, asesor del ministro de Heber, el arquitecto Miguel Vaczy, actual presidente de AFE, y el ingeniero Mario Camacho, gerente general del Consorcio Vía Central. No estuvieron presentes autoridades departamentales, especialmente los intendentes involucrados, y esto motivó el malestar entre los vecinos.

La tensión fue creciendo en el transcurso de ambas reuniones como consecuencia de las respuestas a las preguntas de los presentes. Los vecinos solicitaron informes que justificaran las afirmaciones de que el bypass en Durazno costaría 70 millones y en Florida 20 millones de dólares. Los expositores respondieron que los tenían pero que no podían llevarlos a la reunión, que se los enviarían más tarde por correo.

La respuesta molestó sobremanera a los vecinos de Durazno que presentaron a la Intendencia y al MTOP una evaluación del proyecto por el ingeniero José Zorrilla. En su informe, Zorrilla sostiene que el estudio considerado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no siguió el criterio universalmente aceptado de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y propuso dos trazados alternativos.

“El ingeniero Zorrilla maneja una cifra cuatro veces menor, alguien miente”, afirmó el edil nacionalista Gabriel Díaz en la reunión de Durazno. El final se produjo con el retiro de vecinos indignados, algunos profiriendo gritos e insultos hacia los representantes oficiales. Los residentes justificaron su malestar al constatar que no existen los estudios ni la voluntad política de cambiar el trazado de la vía.

“La audiencia pública del Ministerio de Transporte terminó en payasada”, comentó en Facebook el cronista de Radio Durazno Alternativa que cubrió la reunión. “Cuando los medios de comunicación quisimos hablar con el señor Camacho del Consorcio Vía Central, se negó a hacerlo alegando que son privados. Los datos los había manejado en público, pero no se animó a enfrentar a los medios”, agregó el periodista.

El resultado no fue distinto en la reunión de Florida, realizada el día siguiente. Aquí un vecino reclamó que solo dieran una cifra, los 20 millones de dólares que costaría el bypass en esa ciudad, pero no dijeran cuánto cuesta la obra actual, para determinar cuál sería el costo adicional. “Estamos sumamente indignados, ¿cómo no vamos a estar indignados? No somos ignorantes, no nos subestimen”, dijo una vecina.

Por su parte, el presidente de AFE afirmó que, en materia de seguridad, no hay nivel de exigencia más alto que el que se estaría teniendo en esta obra. Vaczy señaló que los vecinos se han acostumbrado a un sistema ferroviario en decadencia y trajo como ejemplo la frecuencia de los ferrocarriles en la década de 1940. Pero un vecino le respondió que entonces era otra la densidad de población cerca de la vía. Como último recurso ante esta situación, los vecinos están apoyando acciones de amparo que serán presentadas en la Justicia en los próximos días.

Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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4) LA OPS, UNICEF Y LA FAO TAMBIÉN RESPALDAN ETIQUETADO OBLIGATORIO DE ALIMENTOS

El 94% de los uruguayos está de acuerdo con la medida y un 58% afirmó haber modificado su decisión de compra al ver la advertencia sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares y sal.

Sudestada, 17/06/2020

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respaldan “la pronta implementación” del decreto que establece el rotulado frontal de los alimentos envasados con etiquetas que tengan advertencias sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares y sal.

Estas tres agencias de ONU Unidas mantienen reuniones con representantes del gobierno y del Parlamento con el propósito de informar sobre los beneficios del etiquetado frontal para la salud. Y consultaron a expertos académicos, representantes de la industria alimentaria y referentes de la sociedad civil quienes marcaron sus prioridades.
El rotulado nutricional frontal es una de las políticas más apropiadas para la prevención del sobrepeso y obesidad, con resultados positivos en la salud de la población adulta e infantil. En ese sentido, se cuenta con las experiencias de su aplicación en Ecuador, Chile, Perú y México, señala un documento elaborado por la OPS, Unicef y la FAO
Un decreto firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, el 29 de agosto de 2018, fijó un plazo de 18 meses a la industria alimenticia para adaptarse a las nuevas exigencias, que se basaron en el modelo chileno, uno de los más ambiciosos en este sentido a nivel mundial.

“El diseño del decreto estuvo a cargo de un grupo interministerial liderado por el Ministerio de Salud Pública con la participación de Unicef y de la Oficina Panamericana de la Salud. El proceso se inició en el año 2016 y finalizó en agosto de 2018. Las disposiciones están basadas en evidencia científica generada a nivel nacional y tienen en consideración los comentarios recibidos de la industria de alimentos en la consulta pública nacional e internacional realizada entre junio y agosto de 2017”, señala el documento.

Pocos días después de asumir el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou elaboró un nuevo decreto que atendía un pedido del sector empresarial y postergaba por 120 días la obligatoriedad del etiquetado de alimentos con exceso de sodio, grasas o azúcares.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestó que “considera un avance significativo en términos de salud pública lo que esta reglamentación implica, para el control de la Enfermedades no Trasmisibles, en particular obesidad y diabetes” y, por esa razón, “ve con profunda preocupación el retraso en la implementación del rotulado frontal de alimentos, en tanto la evidencia científica ha demostrado sus notorios beneficios”.

Por otra parte, casi 30 sociedades médicas y científicas emitieron otro comunicado donde asegura que “esta política, junto con otras tendientes a estimular la alimentación saludable, contribuyen al control de factores de riesgo modificables que están en la base del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles con conocido impacto sobre la morbimortalidad de nuestra población”.

Ahora, el documento elaborado por la OPS, la FAO y Unicef señala que varios estudios desarrollados en Uruguay “durante los primeros días de implementación entre el 1º y el 10 de marzo de 2020, también ponen en evidencia un alto conocimiento de la medida y su aceptación por parte del 94% de la población”.

Los mismos estudios “permitieron comprobar que las personas dedican sólo algunos segundos para discernir y elegir los alimentos, y que la población ya tiene un elevado nivel de conocimiento y aprobación de la medida. El 58% de los participantes afirmó haber modificado su decisión de compra al visualizar el rotulado en un producto que iban a comprar. Son muy pocas las medidas de Salud Pública que logran un cambio del comportamiento tan extendido en tan corto tiempo. La gran mayoría de los participantes afirmó cambiar el producto por uno similar de mejor calidad nutricional. Lo cual sugiere que la medida generará efectos positivos sobre la salud”.

Para la OPS, la FA y Unicef “el hecho que las personas sustituyan un producto por otro más saludable favorece a las empresas cuyos productos tengan perfiles nutricionales más saludables. Esto podría otorgar un estímulo a la industria nacional para mejorar la calidad nutricional de los alimentos que producen y ofrecen al mercado”.

Este jueves 18, el gobierno finalmente anunció a través de los ministros Daniel Salinas (Salud) y Omar Paganini (Industria) que se aplicará la ley aprobada en el período anterior, aunque se instrumentarán algunas modificaciones. Una de ellas, dijo Salinas, es el cambio del texto de las etiquetas frontales: donde antes decía «Exceso» ahora dirá «Alto», para señalar el riesgo en los niveles de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio.

«Hemos llegado a un acuerdo para mantener el rotulado frontal de los alimentos», dijo el responsable de Salud Pública, quien recordó que el rotulado frontal de los alimentos ayuda a mejorar la prevención de las enfermedades no transmisibles, primera causa de morbimortalidad en el país.

Por su parte, Paganini dijo que Uruguay impulsará en el ámbito del Mercosur -a través de la presidencia pro-témpore que asumirá en los próximos días- que todos los países lleguen a un acuerdo para la aplicación de criterios comunes.

Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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5) EUROPA: RESURGE CON ENERGÍA EL COMBATE ANTIRRACISTA

“El racismo es una construcción histórica y social”

Sergio Ferrari*, desde Suiza

Decenas de movilizaciones antirracistas recorrieron las principales ciudades del mundo en las últimas semanas protestando contra un flagelo tan complejo como *escondido*. Miles de personas, también en Suiza, participan de estas manifestaciones a pesar de las restricciones sanitarias debidas a la pandemia.

“Esas reacciones no me sorprenden para nada ya que el movimiento de denuncia no es nuevo, existe desde hace varios años”, subraya Izabel Barros, una de las fundadoras de la organización helvética Berner Rassismus Stammtisch.

Esta dinámica de protesta tiene un doble significado: la denuncia de una realidad casi cotidiana, que padecen, aquí, muchas personas negras. Y, por otra parte, la solidaridad activa con las protestas que se dan en otras partes del mundo para denunciar brutalidades racistas, explica Izabel Barros, brasilera, *afro descendiente y de raíces indígenas* -según su propia definición-, quien llegó al país hace 15 años como parte de un intercambio universitario.

“Mi objetivo, entonces, era realizar estudios en la Universidad de Friburgo sobre la guerra de las religiones en Suiza, pero mis profesores me señalaron en ese momento que no era adecuado que en tanto extranjera me lanzara a investigar una temática tan específica de la historia nacional”, recuerda con cierta ironía.

Fue así que, para la entonces joven estudiante, la temática del colonialismo y el esclavismo, incluyendo la responsabilidad helvética en este sistema-proceso, se convirtió en tema central de análisis y guía rectora de su dedicación profesional y asociativa.

Paradójicamente, esa vivencia inicial en Suiza, “con condimentos un tanto discriminatorios a nivel académico”, la reorientaron a la problemática del colonialismo-racismo, que constituye hoy, para ella, una prioridad cotidiana.

Concluido su master en Historia y Sociología en la Universidad de Neuchâtel, Barros, junto con sus colegas de la Fundación suiza Cooperaxion lanzaron, en tanto pioneras, las visitas guiadas a través de los “vestigios del colonialismo y la esclavitud”. Las realizan en las ciudades de Berna, Friburgo y Neuchâtel, dotadas de sólidos argumentos históricos y de calidad pedagógica. Centenares de personas – especialmente estudiantes- participaron de las mismas en los últimos 7 años.

Racismo a la “helvética”

“El racismo es la continuidad de la esclavitud. Es una construcción histórica y social, en la cual Suiza, como la gran mayoría de las naciones europeas, participaron activamente, de una u otra manera”, explica Izabel Barros.

Entre el pasado colonial y la realidad actual, un puente repleto de historia, de sacrificios y de sufrimientos humanos, reflexiona. “El racismo golpea hoy a muchas personas en su día a día. Les complica la búsqueda de un empleo; su desarrollo profesional; el contar con una vivienda digna; el ejercicio de las relaciones sociales; sufrir controles de las autoridades policiales por el solo hecho de su identidad, fenómeno conocido como perfil racial”, subraya.

Según la Comisión Federal contra el Racismo, principal entidad oficial dedicada a esta temática, existen unas 100.000 personas negras en Suiza susceptibles de “vivir una situación particular”: ataques físicos y verbales, carentes de instrumentos de apoyo, con el sentimiento de sentirse desvalorizados en la propia sociedad suiza.

En su Estudio de referencia sobre la problemática, publicado a fines del 2017, donde presenta Recomendaciones sobre el tema del racismo anti-Negro en Suiza, afirma que las personas de color pueden confrontarse cotidianamente “a la discriminación sistemática y a las estigmatizaciones”. Y padecen de “numerosos prejuicios… en el sentido de que serían irracionales, emotivas, perezosas, sin pudor, violentas y tendrían comportamientos criminales”

.(www.ekr.admin.ch/pdf/Studie_AntiRassismus_F.pdf).

“El color de la piel pesa”, reflexiona Izabel Barros, subrayando, por ejemplo, los controles sistemáticos y especiales de documentación en la vía pública que sufren las personas negras y no sufren las personas blancas, subraya.

El pasado 11 de junio, en el marco de las movilizaciones de solidaridad contra el asesinato en Estados Unidos de George Floyd, una quincena de asociaciones, hizo público un comunicado que enfatiza “que la violencia policial racista también es una realidad mortífera en Suiza”. En el mismo dan los nombres de 23 personas muertas en el país, en los últimos 20 años, en hechos ligados a la intervención de fuerzas policiales o de seguridad. Todos casos debidamente registrados.

Sin llegar a la muerte han sido conocidos en los últimos años procesos jurídicos resultantes de la identificación pública exigida por policías a gente de color. Entre ellos, el de Mohamed Wa Baile, negro de nacionalidad suiza, hecho que fuera ampliamente mediatizado en el año 2018.

Brutalidad global

La salida de tanta gente a las calles para protestar, reflexiona Barros, “es el resultado de la comprensión del racismo como un sistema global y estructural, que excede las fronteras nacionales de un país en concreto”.

Muchas de estas protestas, aquí, analiza, no fueron convocadas por las organizaciones que desde años trabajan en esta temática. “Tuvieron y tienen un condimento altamente espontáneo, integrando a nuevos participantes, muchos de ellos jóvenes, analiza. Todo esto, muestra la amplitud del problema, “que está subyacente y comprueba lo fructífero del esfuerzo de concientización que sobre el tema se viene haciendo desde hace mucho tiempo”. Y que a nivel internacional implica la participación de millones de personas en Europa, Estados Unidos, América Latina y en tantas otras regiones, puntualiza.

¿El racismo es igual en todas partes?, preguntamos a la también militante feminista. “Hay particularidades específicas, por ejemplo, en América Latina”, responde. En Brasil, por ejemplo, se trató de “vender” el mito de una democracia racial, argumentando que todos somos iguales ante la ley. “En realidad se trata de un modelo impuesto por una élite blanca a la mayoría de la población que es afro descendiente, con casi cinco siglos de esclavismo por detrás. En América Latina, completa, “nuestra identidad es de asimilación, pero al mismo tiempo de mucha revuelta y violencia explosiva”.

A nivel más académico, completa, también existe una diferencia significativa entre la mirada latinoamericana, vivencial, que parte de ser “víctimas directas del racismo y la segregación” y la percepción de ciertos intelectuales -incluyendo algunos de la autodenominada izquierda europea-, que “priorizan el análisis de clases por sobre los de raza y de género. Y posponen así la solución de estos temas, “que para nosotros son esenciales y prioritarios, al cambio de sistema, estructural, futuro, a largo plazo”, afirma.

El Estado, solo asume a medias

La preocupación de la Suiza oficial ante el racismo constituye una realidad concreta en los últimos años. El Estudio que mandató la Oficina Federal contra el Racismo -dependiente del Ministerio Federal del Interior- y que realizaron investigadores de la Universidad de Zúrich enumera múltiples recomendaciones.

Entre ellas, la necesidad de una mayor apertura de la Administración Pública a las minorías; evitar estigmatizaciones y excesos verbales de parte de los responsables políticos; promover que los medios de comunicación traten de forma correcta este delicado tema. Además, urgen “a la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales y a la Conferencia de Directoras y Directores de los Departamentos Cantonales de Justicia y Policía, a asumirse garantes, incluso públicamente, del respeto a las minorías y reforzar las medidas necesarias”. Instan también a crear instancias de apoyo y sugieren al mundo académico promover la investigación necesaria en cuanto a protección contra la discriminación y el racismo”.

Buenas propuestas -aunque el Estudio tiene lagunas- pero insuficientes, reflexiona la joven activista antirracista. “Todo será limitado e incompleto en tanto el Estado no reconozca y corrija el racismo estructural existente”. Lo que explica que, a pesar de una relativa buena voluntad oficial, “muchas de estas recomendaciones hayan quedado como simples deseos, pero no sean aplicadas debidamente”, concluye.

* Sergio Ferrari en colaboración con swissinfo.ch
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sergio Ferrari (en colaboración con swissinfo.ch)
Kintto Lucas (Ecuador)
Silvio Amodei – Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza
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COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 646 /lunes 22.06.2020 – Hoy:

1) Argentina: La pandemia posterga debate parlamentario por la legalización del aborto
2) Argentina: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad responde al reclamo del movimiento de las mujeres
3) México: Mujeres del CNI expresan solidaridad al movimiento Black Lives Matter
4) Uruguay: Trabajo solidario del Colectivo feminista 33
5) Uruguay: Muñecas y Muñecos para concientizar sobre la violencia de género
6) Trabajo en tiempo de pandemia: Fernanda Bértola
7) La mitad de las niñas y los niños del mundo son víctimas de la violencia
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 646 – Lunes 22 de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: LA PANDEMIA POSTERGA EL DEBATE PARLAMENTARIO POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó este viernes que postergará la entrega en el Congreso de un proyecto de legalización del aborto debido a que la pandemia de coronavirus modificó las emergencias del gobierno.

«No he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío», explicó el mandatario en una entrevista con la cadena estatal Radio Nacional.

La pandemia, agregó, cambió la agenda, ya que si bien el país sigue teniendo las mismas carencias del 10 de diciembre, cuando él asumió como presidente, algunos problemas se complicaron mucho más a raíz del coronavirus.

«Hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tienen… (el aborto) es un tema pendiente en la Argentina y no lo he dejado de lado como algo importante a resolver», afirmó al reiterar el compromiso de que su gobierno apoyará la interrupción legal del embarazo.

Proyecto en suspenso

El pasado 1 de marzo, al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso, Fernández anunció que enviaría un proyecto de ley sobre el aborto, pero tres semanas después tuvo que declarar la cuarentena obligatoria por la pandemia que transformó por completo el panorama político.

El presidente aseguró este viernes que la iniciativa de legalización ya está terminada, pero prefiere no darla a conocer todavía porque es un tema que desatará un fuerte debate en la sociedad, y por ahora considera que la atención debe centrarse en la crisis sanitaria.

«No me siento bien sabiendo que en la Argentina mueren mujeres por un aborto», insistió al ratificar su compromiso con el movimiento de mujeres que hace dos años logró que la legalización se aprobara en la Cámara de Diputados, aunque después termino siendo rechazada en el Senado, y que sigue exigiendo que la ley se discuta este año.

Por otra parte, Fernández anticipó que, junto con la legalización del aborto también promoverá un programa denominado ‘Plan de los 1000 días’, a través del cual se garantizará la atención y el cuidado integral de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas, desde el inicio de la gestación hasta que las y los menores cumplan tres años de edad.

Expectativas

Los feminismos de Argentina están a la espera de que el gobierno haga públicas sus propuestas para evaluar cómo se diferencia del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El temor de algunos colectivos es que el presidente presente un proyecto acotado, debido a la cercana relación que mantiene con el Papa Francisco.

Ante la expectativa de que el aborto se discutiera de nuevo este año en el pleno del Congreso, se anticipaba el voto mayoritario a favor en la Cámara de Diputados, pero se mantenía la incertidumbre en el Senado.

La diferencia sustancial con respecto al trámite de hace dos años, es que ahora el gobierno pondría en marcha una estrategia política parlamentaria para impulsar la legalización, algo que no ocurrió en 2018 porque gobernaba Mauricio Macri, el presidente que habilitó el debate a pesar de que estaba en contra de otorgarle este derecho a las mujeres.

RT / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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2) ARGENTINA: EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD RESPONDE AL RECLAMO DEL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES

Gómez Alcorta en La Mosquitera: “El Ministerio obedece a un reclamo de los movimiento de mujeres”

A seis meses de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, realizó un balance de la gestión y resaltó la importancia del movimiento de mujeres y disidencias.

A seis meses de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, su titular, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó en Radio La Mosquitera, de Guaymallén (Mendoza), y destacó la importancia de la creación del Ministerio, que «obedece a un reclamo muy potente de los movimientos de mujeres y de las diversidades que es histórica, pero que se sostuvo con una enorme potencia durante los últimos años» .
En ese sentido, la ministra resaltó las movilizaciones de cada 3 de junio, con la marcha Ni Una Menos, o el 13 de junio de 2019, cuando miles de mujeres y disidencias se reunieron fuera del Congreso de la Nación – y en distintos puntos del país – para apoyar el debate por el aborto legal, seguro y gratuito que se llevó adelante en la Cámara de Diputados.

«Eso implica el reconocimiento de la violencia machista, de las desigualdades de género, que se conjugaron con la decisión política de jerarquizar muchas de las políticas que ya venían llevando adelante en la Argentina, sobre todo las vinculadas a la agenda de violencia«, agregó.

Por otro lado, la ministra se refirió a los déficits que existen en los Poderes Judiciales de las provincias sobre el «acceso a la justicia para delitos vinculados a las violencias por motivos de género». Y señaló: «Creemos que la capacitación es uno de los medios para alcanzar y poder modificar algunas de las cuestiones que hablamos».

Escuchar audio de la entrevista: agencia.farco.org.ar/noticias/gomez-alcorta-en-la-mosquitera-el-ministerio-obedece-a-un-reclamo-de-los-movimiento-de-mujeres/

COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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3) MÉXICO: MUJERES DEL CNI ENVÍAN CARTA DE SOLIDARIDAD AL MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER

Las mujeres del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) enviaron una carta al movimiento estadounidense Black Lives Matter (Las vidas negras importan) para manifestar su solidaridad en el marco de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, luego de que el pasado 25 de mayo fuera asesinado el afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

“Nuestros corazones están con ustedes en esta gran lucha contra el racismo, el poder patriarcal, clasista y todas las formas de imperialismo de los que se creen los dueños de este mundo, que violentan los derechos civiles, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos”, escribieron las mujeres del CNI-CIG en la carta.

Las defensoras indígenas de los pueblos, la tierra y el territorio lamentaron el asesinato de Floyd y relataron el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, perpetrado el 4 de mayo pasado por no usar cubrebocas, así como la violencia policial contra la joven Melanie durante una de las protestas para exigir justicia por Floyd y López en la Ciudad de México.

En la carta, también denunciaron que “el gobierno de México está aprovechando estos tiempos de pandemia para imponer, de manera totalmente antidemocrática, la militarización del país y sus megaproyectos de muerte, como son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico”.

Finalmente, las mujeres aseguraron que darán seguimiento y continuarán con todas luchas contra el sistema patriarcal, capitalista y racista desde sus territorios, incluido Black Lives Matter.

A continuación la carta completa:

Carta del Grupo de Mujeres del Congreso Nacional Indígena CNI – Concejo Indígena de Gobierno CIG a Black Lives Matter.

México, 12 de junio de 2020.

Queridas Dionne y Denise
Esperamos que en esta situación de pandemia, ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y de ánimo.

Al enterarnos del terrible asesinato del compañero George Floyd, y de los movimientos de protesta contra la violencia homicida y racista de la policía norteamericana, nos acordamos mucho de ustedes, de su movimiento “BLACK LIVES MATTER”, de su lucha por sus hijos, por la justicia y los derechos de la comunidad afroamericana, cuando nos visitaron en el encuentro que convocamos como mujeres del Congreso Nacional Indígena en la comunidad nahua de San Juan Volador, en el Sur de Veracruz, México a finales de Julio del año pasado.

Queremos que sepan que nuestros corazones están con ustedes en esta gran lucha contra el racismo, el poder patriarcal, clasista y todas las formas de imperialismo de los que se creen los dueños de este mundo, que violentan los derechos civiles, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos.

En México, recientemente también sufrimos el embate de la violencia policiaca; el 4 de mayo de este año, en el contexto de la pandemia del COVID-19, con el pretexto de no portar cubre bocas en la calle, el joven Giovanni López fue detenido ilegalmente, torturado y asesinado por policías del estado de Jalisco; y el pasado 5 de junio, la joven Melanie, de 16 años de edad, fue pateada en la cara por elementos policiales en una manifestación de protesta contra el asesinato de Giovanni en la Ciudad de México. Además de la larga historia de abuso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército mexicanos, teniendo como prácticas habituales la tortura, los feminicidios y las desapariciones forzadas.

Aunado a lo anterior, el gobierno de México está aprovechando estos tiempos de pandemia para imponer, de manera totalmente antidemocrática, la militarización del país y sus megaproyectos de muerte como son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con los que pretenden despojarnos de nuestros territorios indígenas y a destruirnos como pueblos.

Desde nuestros territorios nos unimos a ustedes, y seguiremos en la lucha del movimiento “Black Lives Matter”, junto con todas las luchas contra este sistema patriarcal, capitalista y racista.

Nos reconocemos como pueblos de todos los colores de la Tierra, la Tierra no nos pertenece, nosotras y nosotros pertenecemos a la Madre Tierra.

¡Siempre las tendremos en el corazón!

Les mandamos un fuerte abrazo colectivo a ambas, a sus familias y a todas sus compañeras y compañeros.

¡BLACK LIVES MATTER!
¡Nunca más un México sin nosotras!
¡No al Tren Maya! ¡No al Corredor Interoceánico! #El Istmo es Nuestro

Grupo de mujeres del Concejo Indígena de gobierno
Congreso nacional indígena

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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4) URUGUAY: TRABAJO SOLIDARIO DEL COLECTIVO FEMINISTA 33

“Acá en Treinta y Tres le tenían miedo a la palabra feminismo”

En la ciudad de Treinta y Tres se vienen llevando a cabo intensas tareas militantes para solucionar los problemas más urgentes de su población: aquellos vinculados a la alimentación y el abrigo. Un grupo de feministas ha venido colaborando fuertemente con estas instancias, desde hace algunas semanas, a través de trueques solidarios. Lula y Luna, dos militantes olimareñas, conversaron con Reactiva para relatarnos cómo es esa experiencia.

Contaron, en primer lugar, que el principal destino de sus actividades es el de las ollas vecinales: “Las ollas surgieron de iniciativas de los vecinos de los barrios, nosotras nos fuimos enterando y sumando”. “Al principio comenzamos a donar cosas nuestras, pero llegó un momento que nos dimos cuenta que no íbamos a poder más, salió la idea de donar ropa para hacer trueques, la gente empezó a sumarse y con eso abastecimos a 6 ollas y un merendero”, relataron.

“Lo del trueque fue una movida que llamó mucho la atención, porque alguien podía cambiar un alimento por un abrigo que no tenía, así también contribuía y todos salíamos beneficiados”, explicaron.

Ser feminista en el interior

Luna y Lula relataron sus vivencias siendo militantes y militantes feministas en una ciudad tan alejada de la capital, donde a veces se concentran las movilizaciones, relegando a las poblaciones del interior: “Nosotras organizamos el 8M acá, hacemos eventos feministas, nos movimos un montón también por el No a la Reforma”.

“Somos jóvenes pero hay de todo, está genial porque tenemos muchas perspectivas y nos da lugar a sacar muchas conclusiones”, reflexionaron. Sin embargo, contaron que se enfrentan con una resistencia muy grande de parte de sus coterráneos: “Vivimos en un pueblo re chico en el que la palabra feminismo da miedo”.

Las recientes actividades que llevaron a cabo para intentar paliar los efectos de la crisis económica fueron, sin embargo, una oportunidad para alejar muchos de esos prejuicios: “A la gente le costaba acudir a nuestras reuniones, pero con esto fue mucha gente que accedió, se dieron cuenta que no estábamos solo para lo que ellos piensan, que es salir a marchar con carteles y romper cosas, es un concepto que se tiene acá, básicamente acá le tenían miedo a la palabra feminismo, nos tenían como las locas”.

Las feministas treintaitresinas vinieron a agitar un panorama de movilización social que era muy esporádico: “Antes había un colectivo solo por el 8 de marzo, una vez por año, sin embargo con estas actividades y movilizaciones pudimos demostrar que somos un colectivo que está para ayudar, y más que nada a las mujeres”, señalaron.

“Lo que hacemos, a grandes rasgos, es abastecernos de lo que la gente va donando: ropa, libros, juguetes, lo que sea, lo organizamos y las personas se acercan”, contaron. Las actividades y convocatorias son difundidas principalmente por redes sociales, y también con la colaboración de algunos medios locales: “Mucha gente se arrima a través de las radios también, en Instagram nos difundimos en la cuenta ‘Colectivo feminista de 33’ y en Facebook ‘Alerta feminista 33’, gracias a esa difusión mucha gente ha ido y nos ayuda a que esto sea grande”.

La realidad de dicho departamento, así como en todo el resto del país, es complicada. Luna y Lula nos contaron que “hay gente que se mantiene básicamente con nuestras canastas”. Las ollas tienen una concurrencia promedio de 500 personas diarias, lo que suma un total de al menos 3.000 personas alimentándose, un número elevado para la ciudad.

El colectivo, conformado exclusivamente por mujeres militantes de la ciudad (aunque también reciben «colaboraciones» de varones allegados), va ganando visibilidad, y así lo sienten sus militantes: “Para nosotras este tipo de notas es re importante, somos un pueblo re chico que de a poco estamos haciendo ruido”. “Eso nos tiene muy contentas”, finalizaron.

Reactiva / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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5) URUGUAY: MUÑECAS Y MUÑECOS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sindicato de la Aguja elabora muñecas y muñecos de trapo que representan distintos oficios para regalar el Día del Niño y concientizar sobre la violencia de género

Sobre Río Negro entre Canelones y Maldonado, tras una puerta con rejas antiguas, está la sede del Sindicato Único de la Aguja (SUA). Todos los días, sobre las cinco de la tarde, después de la jornada laboral, un grupo de personas, sobre todo mujeres, se junta para llevar adelante varios proyectos: uno de ellos es fabricar barbijos para vender a empresas e instituciones; el otro es hacer muñecos y muñecas para repartir el Día del Niño. Además organiza una olla popular y recibe donaciones. Al entrar a la casa lo primero que se ve es una mesa con grandes bolsas con barbijos de todos los colores: violetas, estampados con flores, blancos y rojos; algunos hasta tienen logos impresos. En el primer piso está el taller. Una de las salas es ocupada por una mesa enorme, en la que los trabajadores cortan con una máquina especial varias capas de tela para confeccionar los tapabocas. A un costado, en otro cuarto, están las máquinas de coser. Con ellas arman los barbijos y las muñecas y los muñecos de trapo.

Flor de Liz Feijoo, secretaria general del SUA, contó a la diaria que en cuanto se declaró la emergencia sanitaria por el covid-19, el 13 de marzo, la Comisión de la Mujer, denominada Rosita Iglesias, decidió empezar a confeccionar tapabocas solidarios para los vecinos y para regalar en las ollas populares. Después, gracias al pedido de las empresas, los entes del Estado y la Intendencia de Montevideo (IM), encontraron la oportunidad de darles trabajo a talleristas a domicilio, monotributistas y fasoneras que estaban llegando a fin de mes sin nada de ingresos. “Resolvimos que les podíamos dar trabajo y surgió una red de trabajadoras que están en Artigas, Salto, Treinta y Tres, Paysandú, Montevideo y Canelones”, comentó. Son cerca de 60 mujeres que antes trabajaban en sus domicilios para alguna empresa, pero que, debido a la crisis, dejaron de recibir pedidos. Aseguró que están en una situación de invisibilidad y para el sindicato “es importante que a partir de esto al menos hayan sido visibilizadas en distintas instituciones”.

Sólo a la IM le vendieron 120.000 barbijos y 60.000 a otras instituciones; 20.000 dieron de forma solidaria. Sobre el dinero recaudado, Feijoo dijo que ninguna de las trabajadoras que están en su casa puede ganar menos de lo que se negoció en los Consejos de Salarios: “Si una compañera maquinista gana entre 130 y 150 pesos la hora en una fábrica, la compañera que está en su casa no puede ganar menos. Sacamos la cuenta de los tiempos, y hacer diez barbijos como los nuestros lleva, como mínimo, una hora. A 15 pesos cada uno, son 150 la hora”. 98% de las personas que trabajan cosiendo son mujeres. Feijoo contó que en el sindicato pasa lo mismo que en la sociedad: “Muchas veces las compañeras son víctimas de violencia y no lo saben. Ese es uno de los problemas que existen”. Además, algunas tienen sueldos tan bajos que se ven obligadas a convivir con alguien para mantener la casa y a los hijos.

Otra dificultad que identificó Feijoo es la imposibilidad de militar: “Después del trabajo los hombres van a hacer sus cosas y muchas trabajadoras tienen que ir a cuidar a sus niños y aprontar la comida”. Por otra parte, la mayoría de las fasoneras son jefas de hogar con hijos a cargo: “En su casa viven un día a día que es muy diferente al que tenemos otras. Terminan excluidas de la vida de las organizaciones. No se organizan porque están solas y aisladas. El trabajo de la mujer costurera que tenemos en Uruguay no es muy diferente al del resto de América Latina ni al de Asia”. Muchas trabajadoras no están registradas en el Banco de Previsión Social e incluso sus empleadores cambian las reglas según la conveniencia de la empresa: “Por una prenda un día pagan 10 pesos y al otro 5. Ponen como excusa que subió el dólar, por ejemplo, cuando la persona ya hizo el trabajo. Parece increíble, pero sigue sucediendo”.

Una de las maneras de combatir la violencia basada en género que encontró la comisión del sindicato fue simbólica, por medio del juego, por eso decidieron hacer las muñecas y los muñecos, que son hombres y mujeres y tienen trajes de trabajadores; hay uniformados de la construcción, pero también tamborileros y mamas viejas. “La comisión es abierta al barrio y se nos ocurrió que podíamos hacer muñecas de trapo para regalar a los niños y las niñas de algunos de los merenderos de la zona o de las ollas. Incluso conversamos con Mundo Afro. Entendemos que los muñecos y las muñecas tienen que ser tanto para niñas como para niños. Queremos ver de qué forma podemos colaborar para combatir este flagelo que es la violencia doméstica. Que estos muñecos caigan en manos de una niña o un niño implica incidir en su juego. Los niños pueden aprender a ser papás como las niñas a ser mamás. Y si además los vestimos de uniforme, van a identificar al trabajador y aprender el respeto por todos los oficios. Si no, la sociedad sigue imponiendo roles. Si no los rompemos, seguiremos teniendo violencia doméstica y laboral”, comentó Feijoo.

El sindicato tiene alrededor de 2.000 afiliadas, pero ahora la gran mayoría está en el seguro de paro, porque un gran porcentaje son empleadas de fábricas. Feijoo dijo que es un debe del sindicato llegar a las costureras que están en sus domicilios. Comentó que en un momento de su vida le molestaba que la llamaran costurera, porque sentía que era una manera de despreciar su labor. Dijo que una parte de los trabajadores mira el oficio de la mujer que es costurera, limpiadora o cocinera como una extensión de su rol social: “En tu casa cosés, en tu casa cocinás, en tu casa limpiás. Y cuando salís a la calle a ganar un salario a partir de eso, a veces, el resto de la sociedad te discrimina. En tu casa nadie te paga. Lo hacemos las mujeres y no lo hacen los hombres. Cuando me decían ‘la costurera’, me sentía mal, mucho más después de 2008, cuando el sindicato, tras 40 años de lucha, conquistó las categorías y pasamos a ser maquinistas especializadas, modelistas o muestristas. Entonces me preguntaban cuál era mi oficio y yo decía: ‘Maquinista especializada’, porque sentía que había logrado que respetaran y reconocieran el valor de mi oficio. Ahora me volví a amigar con el término, porque al hablar de la costurera también se está hablando de estas cosas maravillosas de hacer muñecas, que implica un montón de amor para que queden lindas y que van a ser algo compartido con alguien. No es caridad, es solidaridad, y eso es parte de la vida de una costurera”.

En Río Negro 1180 el Sindicato Único de la Aguja (SUA) recibe las donaciones. Lo que más necesita es tela –en especial, polar–, puntillas, botones y lanas.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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6) TRABAJO EN TIEMPO DE PANDEMIA: FERNANDA BÉRTOLA

¿En qué rubro te desempeñás?

Me desempeño en la rama de la música, soy percusionista. En el exilio en Suecia, cuando tenía 19 años empecé con maestros de Guinea y Gambia a estudiar ritmos africanos tocando el yembé, que es un instrumento de percusión originario del Imperio Mandinga, perteneciente a las zonas entre Malí y Guinea; es un instrumento que forma parte de la música y las tradiciones de esos lugares. A la vuelta a Uruguay seguí estudiando con Nicolás Arnicho; me dediqué al toque de bata (ritmos cubanos) y, obviamente, al candombe. Actualmente integro Latasónica (percusión alternativa), Mestizo (música de Latinoamérica y el Caribe), La Melaza (comparsa de mujeres, donde toco el repique), la banda Niña Chicle, donde aporto en la percusión, y el SODRE, en la Escuela Nacional de Danza, en la división de música contemporánea, como música acompañante de las clases de danza.

¿Cómo afectó tu actividad la pandemia?
Modificó en los toques, las actuaciones en vivo, los ensayos, las grabaciones; estoy tratando de dar clases online desde mi casa, pero no es lo mismo que estar presente en una clase. Me bajó mucho el alumnado, lo que me va quedando son algunas clases a distancia, como una familia que está en Minas Gerais a la que le enseño a tocar el tambor, y con el SODRE trato de grabar algunas músicas para los docentes; todo esto, obvio, se ve reflejado en mis ingresos. El no poder visitar a mis padres, a mi abuela al comienzo, el no poder darles ese abrazo y un contacto humano mínimo, que es lo que más precisan, se siente y se extraña en la medida que el tiempo pasa.

¿Qué es lo que más te complicó y lo que te resultó más sencillo?

El adaptarse a corregir a un alumno por medio de una pantalla en plataformas modernas, en la manera de transmitir la técnica. Lo que más complicó es dar clases que sean efectivas; estás limitado en muchas cosas, por ejemplo, los audios llegan con delay, no se puede tocar al mismo tiempo, el no poder ensayar en vivo, que no es lo mismo. Lo más sencillo fue poder acomodar los horarios desde mi casa y que la gente se acomoda,
porque muchos tienen más margen de horarios libres. En esta cuarentena surgieron un montón de desafíos distintos, como grabar en algunos videos, por ejemplo, una amiga de Estocolmo me invitó a participar tocando el repique; también me invitaron en un videoclip por el Día de los Trabajadores; con Latasónica y Mestizo hacemos pequeños videítos; eso de acoplarse a los otros músicos cada uno desde su hogar, todos son desafíos difíciles, pero interesantes a la vez.

¿Qué te parece que va a pasar? ¿Podrás aprovechar algo de todo esto más adelante?

Al volver a la normalidad creo que va a haber más ganas de juntarse, de hacer muchos toques en vivo. También se va a implementar, creo, esta nueva modalidad de las plataformas online de dar clases a personas ya sea acá, en Uruguay, o en cualquier parte del mundo. Recapacitar en un montón de aspectos; en lo personal, me sirvió para poner un freno de mano al ritmo de vida que venía llevando, siempre corriendo y corriendo por temas laborales, y esta parada obligatoria, forzosa me hizo ver cómo llevaba mi vida. Parar un poco y tomar contacto realmente con lo que uno precisa y ver qué cosas estás haciendo bien y qué cosas no; veo que la vuelta a la normalidad es una vuelta más suave, priorizando cosas, con más detenimiento y conciencia de la vida.

Alessandro Maradei /La Diara / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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7) LA MITAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL MUNDO SON VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Uno de cada dos niños y niñas en el planeta, unos 1000 millones de ellos, se ven sujetos cada año a violencia física, sexual o psicológica, lo que puede causarles traumatismos, discapacidad o muerte, de acuerdo con un estudio de varios organismos de la ONU.

Unos 40 000 menores de 18 años fueron asesinados en 2017, según una de las constataciones del estudio conducido por las agencias de Naciones Unidas para la salud, la educación y la infancia, y organizaciones humanitarias aliadas.

Prácticamente todos los 155 países observados durante 2018 y 2019 reportan daños por tratos violentos a niñas, niños y adolescentes, aunque se registren con mayor frecuencia distintas formas de maltrato en naciones industrializadas y en desarrollo.

Por ejemplo, en 24 países de ingresos altos y medios, algún tipo de violencia sexual afectó a entre ocho y 31 por ciento de las niñas menores de 18 años, y entre tres y 17 por ciento de los niños y adolescentes de sexo masculino.

En 14 países de ingresos bajos que completaron la encuesta de violencia contra los niños, el porcentaje de niñas que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años es relativamente bajo en Camboya y Laos, entre tres y siete por ciento, y alto en Uganda y Zimbabwe, entre 35 y 33 por ciento.

Para los niños varones que experimentaron violencia sexual, las tasas fueron bajas en Camboya y El Salvador, tres y cuatro por ciento, y las altas, 18 y 21 por ciento, en Kenia y Haití.

La prevalencia del abuso físico fue muy alta en algunas regiones, en 60 y 51 por ciento, respectivamente, en niños y niñas de África. El abuso emocional registrado por el estudio fue similar en niños y niñas de todos los continentes, pero en Améria del Norte fue el doble sobre las niñas que sobre los niños (28 y 14 por ciento).

Cientos de millones de niños pequeños sufren castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores de manera regular, según el informe.

Esa violencia “siempre ha estado presente, y la situación podría empeorar mucho, porque el confinamiento, los cierres de escuelas y las restricciones al movimiento han dejado a demasiados niños a merced de quienes les maltratan”, dijo la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore.

El informe recordó que las medidas para combatir la pandemia covid-19 dejaron sin escuela presencial a 1500 millones de alumnos, con un incremento de la violencia contra los niños como una de sus secuelas probables.

Las restricciones de movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento y el hacinamiento han aumentado los niveles de estrés y ansiedad en padres, cuidadores y niños, según el informe, lo que erosiona la capacidad de hacer frente a las crisis en las rutinas diarias, entre ellas las que desembocan en maltrato infantil.

Se han observado incrementos en el número de llamadas a las líneas telefónicas de ayuda contra el maltrato infantil y la violencia de pareja, y en cambio disminuyeron los reportes de maestros y trabajadores sociales y de la salud que informaban de ese maltrato, porque el confinamiento disminuye su contacto con los niños.

El maltrato infantil conlleva cargas económicas, y el informe menciona que las experiencias adversas en la infancia correspondientes a 2017 acarrearían costos de por vida estimados en más de 700 000 millones de dólares para América del Norte, más de 500 000 millones para Europa y más de 26 000 millones en Sudáfrica.

Las estrategias recomendadas a los países comienzan por instrumentar y fortalecer la legislación contra el abuso y el maltrato infantil, y desarrollar contextos con normas y valores en los que la violencia contra los niños sea inaceptable, así como minimizar el matrimonio forzado de las menores de 18 años.

Igualmente, crear entornos físicos seguros para los niños, niñas y adolescentes, ofrecer apoyo a madres, padres y cuidadores, mejorar la respuesta y servicios de apoyo a las víctimas, ofrecer a los niños y niñas educación y aptitudes para la vida, y fortalecer los ingresos y la estabilidad económica de las familias.

IPS / COMCOSUR MUJER Nº 646 – 22/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020 – Hoy:

1) Uruguay: La comunicadora Laura Martínez contó por primera vez lo vivido por sus padres durante la dictadura /Gustavo Descalzi
2) Uruguay: Víctimas de la dictadura piden a Larrañaga quitar placa de la ex DNII que recuerda al inspector Víctor Castiglioni
3) Uruguay: Del puente al tobogán /José Antonio Rocca
4) El trasfondo de las protestas que sucedieron al asesinato de George Floyd en Minneapolis /Ernesto Semán
5) Cuando cooperación rima con inversión privada /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Concurso “Guitarra Negra”
II. Recital vía Streaming trio “Rocca-Morgare-Gomez”
III. Concurso nacional cortos “Tenemos que Ver”
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: LA COMUNICADORA LAURA MARTÍNEZ CONTÓ POR PRIMERA VEZ LO VIVIDO POR SUS PADRES DURANTE LA DICTADURA

«El dolor te paraliza, te hace perder la memoria, te deja en la quietud, en etapas y en años que se borran», dijo la comunicadora.

Por Gustavo Descalzi /Pantallazo.com /09.06.2020

Hace pocos días en Lax.uy, en el programa «Modo Pillo» que conducen Jimmy Castilhos y Jimena Siri, la actriz y conductora uruguaya estuvo invitada y contó una desconocida historia de vida en épocas de la dictadura.

Laura es hija de la profesora María Julia Listur, sobreviviente de la dictadura, y al ser consultada sobre esta historia desconocida dijo: «Me abro a contar esta historia por primera vez porque el dolor, el dolor te paraliza, te hace perder la memoria, te deja en la quietud, en etapas y en años que se borran, es una historia de vida que no la tengo muy clara por el dolor, porque yo era muy chica».

Los conductores fueron quedando mudos a medida que aparecían detalles desconocidos. «Fue terrible. Mis padres siempre tuvieron ideales izquierdistas, no eran tupamaros.

Hacían ollas populares como se hacen ahora, mi madre docente de historia y mi papa escritor, periodista y estanciero con buena posición económica, que siempre ayudaban a los más necesitados. Eso yo vivía en mi niñez: la lucha de mis padres ayudando a los más pobres. Hasta que un día nos entraron de noche, nos arrebatan cosas, allanamientos hacían. Entonces había mucho miedo y había mucho pánico y mis padres decidieron venirse a Montevideo. Ese día hacían una despedida a orillas del Rio Santa Lucia con sus amigos y profesores, a partir de ese día fueron presos».

«Previamente nos pusieron bombas y fue terrible, en Santa Lucia, dos bombas. El Rufo (Martínez) era chico, hemos mantenido en silencio (esta historia), por respeto a mi madre, por el dolor que sufrió. Ella nunca nos contaba nada. De pronto fue floreciendo la verdad y es difícil recordarlo».

Para hacer un corte en ese relato cargado de emociones, Jimmy le pregunto por el incidente que había contado su mamá en el programa. «Cuando explotó la bomba en la puerta principal mi padre nos agarró, Rufo era bebé, lo agarró de la cuna para salir por el fondo y otra bomba más explotó. Yo salí en ropa interior, era una niña, congelada de frio, y todo el mundo mirando esa explosión, que quedaron cenizas. En la cuadra quedaron todas las casas sin vidrios y luego no los vi más (a sus padres), y me dio pánico. Vino una vecina a traerme una manta porque estaba desnuda. Fue mi padre el que nos salvó».

Luego de una pausa, Laura continuó el relato: «Eran tantas las ansias de ver a mis padres… Mis abuelos lucharon mucho, y gracias a mi abuelo que era médico y luego de mucho logró liberarlos, porque eran inocentes. Hace más de cuarenta años que esto pasó y yo no lo hablo. Es más, ni con mis hermanos lo hablamos. Me quede sin casa y nos separaron; luego de la detención nos quedamos con mi tía, que era profesora de piano y del partido nacional, y también la llevaron».

«Un hermano quedó con mis abuelos, yo con una familia de Santa Lucía, y mi hermano con otra familia. Hasta que un día venía en el ómnibus de Canelones con una amiga de hacer deportes y veo a dos pordioseros, y veo y le digo a mi amiga: «¡Esos son mis padres! Mi madre esquelética y raquítica, los habían soltado ese día, ellos estaban parando ómnibus a ver si los llevaban a Santa Lucia y estábamos en el mismo ómnibus. Ellos con una bolsa negra, bien como los bichicomes que están en la calle, todos sucios, desgreñados.

Mi madre pesaría 20 kilos, y los abracé. Se paralizó el ómnibus, fue una cosa impresionante».

Agregó: «Teníamos por suerte un abuelo que lucho y los rastreaba, porque no se sabía dónde estaban. Eran inocentes, ellos ayudaban al pueblo haciendo ollas populares y yo me crie dando vuelta los ensopados que hacían. Ellos fueron presos por tener ideas diferentes y ayudar a los más pobres».

Haciendo un corte, Castilhos preguntó que la llevó a guardar silencio tantos años: «Ya te digo Jimmy, fue silencio. Yo no sé si los torturaron o no, o sé, más o menos, de a poco. Fijate que pasaron 40, 50 años. Cuando tenía 17 años hacía teatro con Roberto Jones y estaba en canal 12 y tenía miedo que me echaran, me daba vergüenza, miedo y vergüenza, yo siempre di otra imagen y la gente no podía asociar, creo hasta el día de hoy, no pueden asociarme porque en el canal se ignoraba que mi familia había sufrido esto».

Jimena le pregunto si su entorno sabia esta historia, a lo que Laura contestó: «Yo solo lo he hablado con una o dos amigas, y ahora con ustedes y está bien que así sea, y siento un alivio, no sé cuantos kilos menos tendré. Cacho (de la Cruz) sabia de esta historia y lo hablamos en alguna oportunidad, en esa época estaba en los programas más relevantes de canal 12».

Conto que vivió con pesadillas de militares entrando nuevamente en la casa, pero rescató: «La fuerza de mis padres, la fuerza de mi madre, que superaron y siguieron adelante. Ahora pasaron tantos años y mi madre empezó a hablar, hace dos años recién, hace dos años que yo me siento a hablar un poquito más con ella. Lo tenía muy escondido. Cada uno se protege como puede, entonces no sé cómo puede haber tanta insensibilidad cuando dicen: ‘Ya pasó’. No, no pasó».

Jimena Siri volvió sobre un tema medular y pregunto si había hablado este tema con su hijo Santiago, producto de su relación con Cacho de la Cruz. «Santiago es súper sensible, me ha preguntado y también he tenido cuidado hacia él, para que no sufra, como lo que hizo mi madre con nosotros. Él estaba a mi lado cuando le hicieron la nota a mi mamá Julia.

Ese día Santiago me abrazó (tanto) que me estrujó y me dijo: ‘Nunca se sabe nada de vos, de esa parte de tu vida y como la mantuviste en silencio, mamá. Porque nunca lo dijiste’. Yo soy la hija de mi madre, que fue presa torturada, pero ya salió. Yo soy la hija. Mi padre ya falleció y mi madre está con vida, pero hay agrupaciones de hijos que siguen buscando a sus padres. No sé si le preguntaría si fue torturada y si eso le traería nuevamente dolor, yo la adoro a mi madre, no sé si quiero remover más de lo que ella se ha animado. Hacer documentales como protagonista, ganando premios en Francia, en Lyon, sobre la memoria de Santa Lucia. No sé si me animo a ir a lo crudo, son temas que nos marcaron a fuego. Los desaparecidos, la dictadura, recuerdo y me quedo atragantada».

Gustavo Descalzi /Pantallazo.com COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020
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2) URUGUAY: VÍCTIMAS DE LA DICTADURA PIDEN A LARRAÑAGA QUITAR PLACA DE LA EX DNII QUE RECUERDA AL INSPECTOR VÍCTOR CASTIGLIONI

La Red 21 / 17.06.2020

El colectivo de denunciantes de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) solicitó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que revea la decisión de reinstalar la placa de homenaje al inspector Víctor Castiglioni en la Sala de Actos de la ex DNII, porque se trata de una afrenta a la República, a la institución policial y a la democracia.

En el año 2016 el gobierno de Tabaré Vázquez y la Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado colocaron una placa de la memoria en el edificio de la Dirección de Información e Inteligencia (DNII) Policial donde se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad y se violaron los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

En aquella oportunidad también cambiaron el nombre del salón de actos que se llamaba, Víctor Castiglioni, por Julio Guarteche. Días pasados se reinstaló en el Salón de Actos de la DNII una placa que recuerda a Castiglioni cuestionado por su participación en el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura militar y denunciado como ideólogo del secuestro de la maestra Elena Quinteros.

A raíz de ello, el colectivo de denunciantes de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en la ex DNII remitió una carta al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a través de la cual piden que revea la decisión de reinstalar la placa de homenaje Castiglioni, porque se trata de una afrenta a la República, a la institución policial y a la democracia.

Carta a Larrañaga:

Sr. Ministro del Interior
Dr. Jorge Larrañaga
Presente

En el día de ayer, 16/06/20, nos enteramos de la reinstalación de la placa de homenaje al Inspector Víctor Castiglioni en la Sala de Actos de sede de la ex DNII de Maldonado y Paraguay.

Le recordamos que, en el año 2011, una cincuentena de ex presas y presos de la DNII hicimos una denuncia en la justicia penal (que aún se tramita), dando detalles de los horrores allí vividos con especial énfasis durante la gestión de Castiglioni.
Usted conoció personalmente, y de primera mano, a integrantes de este colectivo. Tal es el caso de su colega en la Cámara de Representantes, el Dr. Gonzalo Carámbula, cuya denuncia sobre los tormentos recibidos allí (en el año 1976), fue presentada en el Parlamento nacional, junto a varias otras.

Su propio Partido Nacional fue objeto de saña represiva, siendo detenidos múltiples veces sus dirigentes y militantes, encapuchados y humillados.

Con el espíritu de construir una sociedad y sus instituciones en consonancia con los valores democráticos, fue que un grupo de militantes sociales y políticos que fuimos torturados en la sede de la entonces DNII (Maldonado y Paraguay, actual DGII), solicitamos, en el año 2016 retirar de esa sala la placa que homenajeaba a Víctor Castiglioni ubicándolo como un ejemplo a las nuevas generaciones de policías que por allí pasan, trabajan y se forman.

Finalmente esto se llevó a cabo en la misma instancia en que se colocó, en el marco de la Ley 18.596, una placa recordatoria de sitio de memoria del terrorismo de Estado y del uso ilegítimo del poder del Estado uruguayo.

Es así que nos preguntamos, y le preguntamos, con dolor e indignación, Sr. Ministro, ¿por qué vuelve esta placa a homenajear a ese individuo? ¿Qué valores se transmiten a la sociedad, y a la Policía Nacional, cuando se restituye esa placa?

Y es por ello que le solicitamos, como Ministro del Interior y responsable del área, pero sobre todo como demócrata, que revea esta decisión que afrenta a la República, a la Institución Policial y a la Democracia.

Decisión que lastima, especialmente, a todos los que fueron víctimas del terrorismo de estado.

Por colectivo de denunciantes de violaciones de los DDHH durante la dictadura en la ex DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia):

Gisella Marsiglia, Enrique Rodriguez, Silvia Sena, Eduardo Macchi, Ariel Casco, Antonia Yañez, Lucía Arzuaga, Eduardo Vaz, Virginia Michoelson, Fernando Gallardo, Ademar Campos, Alma Espino y Diego Damián.

La Red21 COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020
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3) URUGUAY: DEL PUENTE AL TOBOGÁN

El menú que ofrece el gran capital y el gobierno multicolor es nítido. Descenso de salarios reales, aumento del grado de explotación a los trabajadores, concentración de capitales, mayor dependencia.

Por José Antonio Rocca /Junio, segunda quincena 2020

En el marco del descenso vigente del poder de compra de los trabajadores, los correctivos pactados para los grupos que culminan acuerdos salariales el presente año rondan el 3%. No cubrirán siquiera las pérdidas registradas en los cinco meses recorridos del 2020.

El IPC entre enero y mayo ha incrementado casi 7%, para los datos del INE y dentro de ello, rubros muy sensibles para los sectores populares como alimentos, agua potable, energía eléctrica, vienen creciendo por encima del promedio.

El descenso de las horas trabajadas ha sido muy superior, al registrado en el producto (i) por lo cual la plusvalía generada por los trabajadores ocupados, se incrementa fuertemente, como consecuencia del aumento del producto por hora trabajada, sin que derrame siquiera parcialmente sobre los salarios.

En este escenario las propuestas del Ministerio de trabajo se sintetizan en un denominado convenio “puente” que se extiende desde el primero de julio del 2020 y que se limita a un ajuste nominal de 3% el primero de enero de 2021 (ii)

Es difícil prever la inflación de los próximos meses. De todas maneras todo indica que superará los ajustes de ingresos a recibir por los trabajadores. Los precios locales dependen de un cúmulo de factores y particularmente de la evolución del dólar muy sensible al contexto regional y mundial. Todo indica que el gobierno intentará frenarla hasta las elecciones municipales de setiembre, al costo de aumentar aún más la deuda pública. Después probablemente tenderían a predominar las fuerzas que lo impulsen al alza.

Los trabajadores, que resistan hasta el 30 de junio de 2021, al salir del puente serán “premiados” con un nuevo correctivo por inflación, que, sin embargo, tendrá la reducción equivalente de los puntos de descenso del PBI. Nuevamente la mayor productividad del trabajo fruto del casi seguro menor empleo irá a parar a las cuentas bancarias de grandes capitalistas foráneos y quizás alguno local.

En suma la rentabilidad de las grandes empresas será incrementada o restaurada esencialmente mediante una transferencia de ingresos desde los trabajadores.

En el ínterin se proyectan además un presupuesto que disminuirá el gasto social, una reforma jubilatoria que elevará la edad de retiró y achicará las pasividades. Mientras proliferan zonas francas, renuncias fiscales, subsidios, extensión de plazos de deudas para grandes capitalistas urbanos y rurales.

En síntesis nubes de tormenta amenazan los bolsillos del pueblo oriental y quizás al conjunto de la economía, acompañado por el viejo mito de contraponer salarios con ocupación.

Detrás de una supuesta defensa del empleo se oculta la embestida contra los ingresos de los trabajadores, aunque la reducción de los salarios reales no garantiza mayor demanda laboral. Incluso es probable que la reduzca.

Los sectores volcados al mercado interno sufrirán los efectos del menor consumo. Los grandes exportadores incrementarán ganancias, pero difícilmente eso incentive mayor empleo y producción, ya que las cadenas de soja, carnes, eucaliptos, que representan el 60% de las ventas al exterior y demás rubros primarios dependen del clima y factores estructurales que acotan su dinámica.

El neo liberalismo ha demostrado, hasta el hartazgo, en todas partes que no tiene respuestas positivas a los problemas económicos de los pueblos. En América latina su actual empuje se encamina esencialmente a tratar de garantizar a los grandes banqueros el cobro de sus créditos e intereses y Uruguay no es excepción.

Y hasta en ese plano los resultados son dudosos. La recaudación fiscal probablemente descienda por el peso de los tributos que recaen sobre una actividad local que se verá menguada. El déficit fiscal durante 2020 será creciente. Sobre su futuro durante 2021 y años subsiguientes, “¿pos quién sabe?” como diría mi amigo el Lechuga.

Gotitas de economía

Las cifras oficiales del INE registran que el IPC acumula un incremento de 6.77 para los cinco primeros meses del 2020.

La mayor incidencia corresponde al rubro alimentos, que ha incrementado casi 20% en el último año.

La tasa de empleo que mide la demanda de fuerza de trabajo fue de 53.1% en marzo del presente año. En el mismo mes del 2019 fue de 56.2%. Las cifras no son estrictamente comparables por cambio de metodología de recolección de datos. De todas maneras la reducción se puede estimar en un rango entre 80.000 y 90.000 trabajadores.

La recaudación del IVA en los primeros 4 meses del año se redujo un 9.2% en términos reales respecto a 2019.

Las exportaciones desde Uruguay en el período enero a mayo de 2020 descendieron 18% en relación al año precedente.

El gobierno argentino planea la expropiación de la sojera Vicentín que mantiene deudas impagas con diversos organismos del sector público argentino.

El índice mensual de actividad en Chile (IMACEC) descendió 14.8% en abril respecto a 2019.

La empresa ADIDAS recibió créditos de emergencia de parte del Estado alemán. Eficiencia del mercado que le dicen.

Notas:
(i) Por ejemplo, el índice de volumen de la industria manufacturera se redujo 4%, pero las horas trabajadas cayeron 12%, situaciones similares se repiten en diversos ámbitos económicos.
(ii) Por si el mazazo contra los trabajadores no fuera lo suficientemente duro, sectores con dificultades de competitividad quizás lo puedan postergar al mes de abril.

José Antonio Rocca /La economía de a pie COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020
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4) EL TRASFONDO DE LAS PROTESTAS QUE SUCEDIERON AL ASESINATO DE GEORGE FLOYD EN MINNEAPOLIS

Ernesto Semán /La Diaria, 13 de junio de 2020

Como la imagen del sartenazo a una rata censurado en la película Sangre negra, la violencia durante las protestas que sucedieron al asesinato de George Floyd en Minneapolis genera reacciones encontradas. Pero al mismo tiempo denuncia la sensación de asfixia de amplios sectores de la comunidad negra en Estados Unidos. Se trata de las primeras manifestaciones que se producen bajo el consenso extendido de que la movilidad social ascendente es cosa del pasado y que una mayoría de negros y blancos tendrá un futuro aun peor que el presente.

En 1951, la violenta imagen de un negro matando a una rata a sartenazos fue una de las primeras tomas eliminadas por los censores norteamericanos que mutilaron Sangre negra. La película estaba basada en la exitosa novela del escritor negro Richard Wright y contaba la vida de Bigger Thomas en South Side, la zona más pobre y segregada de Chicago. Bigger no era el “negro bueno” que pobló la literatura del siglo XIX ni el héroe que redimía a su raza, sino un criminal despreciable, incapaz de meditar sobre las consecuencias de sus acciones, que primero asesina (sin querer) a la hija de su empleador blanco y luego (deliberadamente), a su propia novia negra. Además de eliminar las escenas de contacto físico entre negros y blancos, los censores suprimieron cualquier escena que pudiera evocar un vínculo entre segregación, violencia y política. Hollywood fue más tolerante con el discurso del abogado defensor de Bigger denunciando el racismo de la sociedad que con las imágenes de violencia cotidiana. La escena de la rata, y no la rata, tenía que morir.

El último fin de semana de mayo, mientras Estados Unidos se sacudía por la ola de protestas por el homicidio de George Floyd, cerca de 20 personas murieron asesinadas por disparos de bala en Chicago. La mayor parte fueron asesinadas por bandas juveniles en la misma área que Wright retrató a mediados del siglo pasado. Fueron tantos los asesinados el domingo 31 de mayo, de los cuales 80% eran negros, que la morgue debió contratar personal extra para las autopsias. Entre los crímenes en South Side y los saqueos a comercios y edificios del centro parecía disolverse una frontera, un verdadero muro interior construido por décadas a fuerza de discriminación, créditos inmobiliarios, zonificaciones, escuelas y hospitales.

Como el sartenazo de Bigger a la rata, la violencia durante las protestas de estos días es conflictiva, pero de forma evidente denuncia la sensación de asfixia de amplios sectores de la comunidad negra. La frialdad ausente con que el policía de Minneapolis Derek Chauvin asesinó a Floyd lo aleja del fanatismo asociado al ascenso de la extrema derecha junto con la llegada de Donald Trump. Parecía, más bien, el gesto disciplinado de un linaje profesional. La reacción violenta ante las protestas violentas fue mucho más que un esfuerzo por preservar la propiedad y el orden. En los años 50, el gran historiador trinitense CLR James veía en la irracionalidad criminal de Bigger el “epítome de la lucha revolucionaria de los negros”, en la medida en que su “personalidad se liberaba a través de la acción violenta contra sus tiranos”. Esa potencialidad no pasaba desapercibida entre quienes miraban con horror a jóvenes con hambre literal y simbólica arrasar supermercados, tiendas de ropa y comisarías. Por si quedaban dudas, la represión por parte de fuerzas policiales militarizadas con pertrechos de las guerras de Vietnam y Afganistán confirmaba de forma menos simbólica la transformación de la protesta en “enemigo interno” y el compromiso institucional con una nación anclada en la violencia extrema contra los negros como el pivote desde el cual garantizar el orden social.

En los segundos antes de morir, Floyd repitió un par de veces “I can’t breathe” (“No puedo respirar”). Repetía lo que dijo en 2014, entre súplica y denuncia, Eric Garner, cuando un policía lo asfixió en una calle de Nueva York. Desde ese momento, la frase se convirtió en el eslogan de Black Lives Matter, probablemente el movimiento negro más grande surgido en este siglo en Estados Unidos. “I can’t breathe” pasaba de ser una expresión literal de lo que vivieron Garner y Floyd a convertirse en una denuncia convocante contra la sociedad en la que ocurren estos crímenes.

La coyuntura de este último año agravó esa sensación de sofocación. La pandemia produjo un doble efecto: disparó la pobreza y el desempleo de forma generalizada, y castigó en particular a la población afroestadounidense. Mientras el desempleo, la pobreza y los arrestos de la población negra disminuyeron en las últimas décadas, la pandemia la castigó particularmente, con una tasa de desempleo que creció tres puntos por encima de la de los blancos y un nivel de pobreza que afecta a 20% de los negros frente a 8% de los hogares blancos. Todos estos factores contribuyen a que la tasa de mortalidad causada por la covid-19 sea tres veces más alta entre los negros que entre los blancos.

En el marco del desamparo de la pandemia y el clima abrasivo generalizado de la era Trump, aquella muralla que separa a la comunidad afroamericana del resto del mundo se disolvió en algunos sentidos para hacerse aun más visible en otros. La combinación, en todo caso, hizo más relevante una transformación de décadas: estas son las primeras manifestaciones que se producen bajo el consenso extendido de que la movilidad social ascendente es cosa del pasado y que una mayoría de negros y blancos tendrá un futuro aun peor que el presente. Para un país cuya expansión externa y legitimación interna se basaron en la ilusión de un progreso perpetuo, el cambio no podría ser más significativo. Quizá esto explique no sólo la polarización, sino el hecho de que la mayoría de los estadounidenses, a lo mejor por primera vez, considere justificado el incendio de la comisaría de Minneapolis durante los primeros días de los disturbios.

En el universo heterogéneo de la población afroestadounidense, esta nueva realidad resaltada por la pandemia tiene diferentes efectos. Generacionalmente, son los jóvenes quienes demuestran una mayor desconfianza frente a las instituciones, desde los partidos hasta la Justicia, como herramientas de cambio. Pero aun entre esos jóvenes hay distintas formas de aprendizaje. Los activistas vinculados a Black Lives Matter y otras organizaciones grandes pidieron poner fin a los saqueos para evitar una reacción peor, y en general conciben estas protestas masivas como una acumulación de poder a largo plazo y la posibilidad de empujar reformas en lo inmediato. Pero incluso en estos grupos el incentivo que hace unos años ofrecía la decisión de no provocar destrozos a cambio de mejorar la capacidad de negociación con el Estado o la legitimidad ante (o dentro) el Partido Demócrata ya no tiene la misma relevancia. Aquellos desvinculados de toda organización, que marcharon en grupos desde zonas excluidas de Richmond o Portland a zonas habitualmente vedadas o fuertemente controladas, ¿pueden ser considerados activistas? ¿Cuál es el sentido de millones de Bigger Thomas perpetuados a lo largo del tiempo? La negativa a considerar sus acciones como políticas sería menos tajante hoy que hace un tiempo. Pero, en todo caso, las opciones que encuentran son más enérgicas e irascibles, a veces movidas por necesidades concretas o inmediatas, otras por la intuición o el aprendizaje sobre los límites de las acciones pacíficas.

Durante el siglo XX, las luchas heroicas de la comunidad negra cambiaron la vida de millones de personas. Muchas de las formas de discriminación económica y política de la época de Bigger hoy son sencillamente ilegales. La Ley de Derechos Civiles de 1964 puso fin a la segregación legal y expandió el ejercicio del voto. Los mecanismos de protección públicos hicieron posible que distintas minorías segregadas accedieran a educación, trabajos y viviendas antes inimaginables. Las formidables movilizaciones que lideró Martin Luther King en los años 60 y las que sucedieron a su asesinato –las únicas comparables con las de hoy– rompían un pasado opresivo y cifraban las transformaciones futuras. Difícilmente haya un símbolo más poderoso de esos cambios que el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Difícilmente haya una expresión más lapidaria de los límites de aquellos cambios que los ocho años de gobierno que sucedieron a su victoria.

Los saqueos e incendios y la militarización represiva reponen aquellos conflictos en un contexto en que la validez de los mecanismos republicanos está devaluada. Es evidente que es difícil llamar a la Policía para que detenga un abuso policial, pero también parece frustrante para muchos jóvenes negros reclamar a la Justicia o participar en las elecciones (no sorprende que voten mucho menos que sus mayores). El valor de la violencia reaparece dentro de la política.

Describiendo la violentísima insurrección esclava de 1791 liderada por Toussaint Louverture en Santo Domingo, que dio origen a Haití, la primera república negra que abolió la esclavitud en América, CLR James había notado que los rebeldes “buscaban su salvación en la forma más obvia, la destrucción de lo que sabían que era la causa de sus sufrimientos; y si destruyeron mucho es porque habían sufrido mucho […] de sus amos habían conocido la violación, la tortura, la degradación y, ante la mínima provocación, la muerte. Ellos respondieron con la misma lógica”. La luz de las escenas de tiendas arrasadas y comisarías incendiadas es menos la del nihilismo y más la de una búsqueda anclada en siglos de experiencia acumulada.

Es justo en el contexto de expansión del fascismo norteamericano cuando los jóvenes negros despiertan a la realidad de que el racismo no es un fenómeno de fanáticos. Estados Unidos está fundado sobre el terror a la violencia de la reacción esclava y la promesa de las élites fundadoras de contenerla. En 1799, cuando la república llevaba pocos años de vida, Thomas Jefferson le escribía a James Madison preocupado por la llegada de noticias de Santo Domingo. El comercio con Francia se había abierto, y con el comercio venían los barcos, y con los barcos, “tripulación negra, y oficiales y misioneros a los estados del sur”. El futuro tercer presidente de Estados Unidos le escribía a quien sería el cuarto que esperaba contar con la ayuda de los estados del norte contra una posible rebelión esclava en Virginia. Pero en el estado en que ambos poseían esclavos, esa unión nacional no era suficiente: “Si esa combustión [de las noticias de Santo Domingo con la explotación de esclavos en Virginia] se introduce de cualquier forma entre nosotros, tenemos que temer”.

Si la unidad de los estados que se sumaron a la revolución se dio sobre la base de expandir la esclavitud y no de abolirla, el terror a sus consecuencias le daba forma a la vida cotidiana. Al año siguiente de aquella carta, el 2 de octubre de 1800, el Norfolk Herald redoblaba una cruzada contra los fuegos artificiales. El periódico de Virginia recordaba que “el uso de fuegos artificiales es peligroso e inapropiado”. El mensaje tenía una sola lectura posible: “Aquellos que han vivido en Santo Domingo saben bien que los negros llevaban adelante su comunicación entre las plantaciones con fuegos artificiales, así que esperamos que esta práctica sea suspendida”.

Los fuegos artificiales eran las redes sociales dos siglos antes de Facebook y Youtube, un instrumento de organización colectiva difícil de controlar. Pero la violencia parecía indócil.

Aun en ese Estado parapolicial, ese mismo año Gabriel Prosser se las había ingeniado para organizar a unos 10.000 esclavos con el propósito de avanzar sobre Richmond –la capital de Virginia–, eliminar a la población blanca y abolir la esclavitud. Prosser fue perseguido, capturado y ejecutado. En sus testimonios, algunos conspiradores refirieron a la revolución haitiana y a la acción de ex esclavos de Santo Domingo como fuente de inspiración.

La violencia negra como un elemento exógeno introducido en una comunidad que, sin esa influencia, asume pacíficamente su destino es un centro vital de la identidad nacional. Una de las primeras reacciones a las revueltas de 2014 en Ferguson, Missouri, tras el asesinato de Michael Brown por parte de la Policía fue la acusación contra “agitadores ajenos a la comunidad”. La extensión nacional de los últimos saqueos despertó una carrera aun más demencial, en la que cada estado identificaba a los insurrectos como sediciosos provenientes de otro estado. Si los incendios en Seattle eran organizados por activistas de California y los de Nueva York por militantes de Illinois, ¿cómo distinguir el adentro y el afuera de cada comunidad? Agotada la narrativa de la Guerra Fría y disuelta la del terrorismo islámico, el argumento de estos días volvió sobre sí mismo: hay un “adentro” que ya no es geográfico sino espiritual, un núcleo limpio en el que las causas justas tienen sus formas pacíficas de representación y resolución. En su forma y contenido, es una narrativa nacional que excede a la ultraderecha y, al mismo tiempo, limita la capacidad de representación de la oposición. “Tenemos razones para creer”, decía en Twitter el gobernador demócrata de Minnesota, “que gente mala continúa infiltrando las protestas justas por el asesinato de George Floyd”.

El ideal del “buen negro” perpetúa la idea del “buen esclavo”, en una reinterpretación de la visión paternalista específica del sur sobre la esclavitud en clave moderna y nacional, pero igualmente prescriptiva. En Virginia, un libro escolar de séptimo grado mostraba un cuadro de Washington supervisando a sus esclavos con un epígrafe que señalaba que el estado “ofrecía una vida mejor para los negros que África”.

Protegidos de la influencia de Santo Domingo, razonaba el autor en otra página, los esclavos en Estados Unidos valoraban “el sistema esclavista que demandaba que el amo cuidara del esclavo en su infancia, enfermedad y vejez. El cuidado que el amo y el esclavo tenían entre sí hacía que la vida en la plantación fuera próspera y feliz”. El libro se editó en 1951, el mismo año en que Hollywood censuraba Sangre negra, y se siguió utilizando en el sistema educativo de Virginia hasta mediados de los años 70.

Claro que para entonces la evangelización sobre el buen esclavo llevaba una década chocando con la radicalización del movimiento negro. Contra aquel mito, los militantes de la Liga Revolucionaria de Trabajadores Negros de Detroit viajaban en 1964 a La Habana para conversar sobre estrategias, violencia política y, otra vez, el peso legendario de Louverture en la materialización de la idea misma de derechos universales. La verdadera “latinoamericanización” estadounidense tenía poco que ver con la influencia externa, y menos aún con el despótico vernáculo que encarnaría Trump más tarde. Más bien, era la percepción común de largo aliento de que, en el continente, la violencia de abajo no sólo no era enemiga de la democracia sino que, muchas veces, era el único medio para realizarla.

Cargando sobre sus espaldas con la estabilidad de todo un orden, la manifestación pública de los afroaestadounidenses se resuelve en un espacio sin salida. Como con el sartenazo de Bigger, en los saqueos e incendios el grito último de Floyd y Garner va y viene entre su sentido literal y su efecto retórico. Y en esa oscilación violenta se juega la apuesta por destinos más igualitarios, con el fondo de un horizonte cada vez más ensombrecido.

* Ernesto Semán es escritor y profesor de Historia en la Universidad de Bergen, en Noruega. Antes vivió en Estados Unidos y fue docente en la Universidad de Richmond. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.

Ernesto Semán /La Diaria COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020
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5) CUANDO COOPERACIÓN RIMA CON INVERSIÓN PRIVADA

No a la deuda del Sur con la banca privada suiza

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

A partir del año próximo la cooperación oficial suiza, que se retira progresivamente de América Latina, apunta a aumentar su presupuesto para proyectos ejecutados por empresas privadas. La sociedad civil protesta y denuncia y, al mismo tiempo, exige a los grandes bancos helvéticos la anulación de la deuda de los países “pobres”.

La deuda pública de 86 de los países más empobrecidos del planeta con 40 bancos suizos equivale a 5.700 millones de francos -cifra casi idéntica en dólares estadounidenses. La crisis generada por la pandemia exige medidas urgentes y excepcionales. Once de las más activas organizaciones no gubernamentales helvéticas (ONG) activas en la cooperación con África, Asia y América Latina, solicitaron al gobierno convocar a una mesa de discusión para negociar las modalidades de esa condonación.

Exigen participar en ese espacio donde deben estar presentes, también, delegados gubernamentales, de los bancos prestamistas y de los gobiernos endeudados. “Los bancos privados helvéticos juegan un rol clave en tanto acreedores privados de esos Estados… Deben asegurar la transparencia pública sobre sus préstamos, las condiciones y las modalidades de pago”, señala un documento público difundido la primera semana de junio por Alianza Sur, plataforma que reúne a seis de esas once ONG.

Se trata, según los firmantes, de “deudas públicas” y por lo tanto las cifras y datos deben ser claros y transparentes. Y recuerdan que en muchos de esos 86 países la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría de Economía (SECO) sostienen proyectos e iniciativas en el marco de su cooperación internacional. Y, por lo tanto, es fundamental contar con una política oficial coherente, subrayan las ONG.

¿Cooperación privatizada?

Si hace una decena de años la participación privada en la cooperación suiza era casi nula, en la actualidad se eleva al 5% del paquete total, proyectando hasta un 27 % para la próxima década. En 2019 el monto de la misma fue de un poco más de 3.000 millones de francos.

A partir del 2021, la cooperación oficial concentrará su presencia en cuatro regiones del planeta: África subsahariana; África del Norte – Medio Oriente; Asia; y Europa del Este. Reducirá el número de países “beneficiarios” de 46 a 35. Y como explica su publicación Un solo mundo, del mes de junio, priorizará sus propios intereses a largo plazo; las necesidades de las poblaciones en los países en desarrollo; y sus competencias técnicas acumuladas, a las que denomina “valor agregado”, en el marco internacional.

Crítica de la sociedad civil

Public Eye (Mirada Pública, antes denominada Declaración de Berna), uno de los movimientos ciudadanos más importantes de Suiza se pregunta en un documento dado a conocer en mayo pasado “¿Subvenciones para las multinacionales?». Y afirma que la estrategia anticipada por Ignazio Cassis, Ministro de Relaciones Exteriores, “interpela no solo en razón de los millones en juego – fondos públicos-, sino también, y sobre todo, por la problemática política que plantea: ¿qué tipo de desarrollo quiere promover Suiza (ndr. en el mundo) y qué modelo de cooperación defiende en el plano internacional?”.

Según el gobierno, el sector privado cuenta con una gran experiencia y conocimiento en sectores tales como agua, agricultura, alimentos y salud. Public Eye, contraataca y destapa un proyecto “público-privado” impulsado por la cooperación suiza, por 5,6 millones de francos a tres años, para promover el “Water Stewardship 2030” (Administración del Agua 2030).

Los cuatro ilustres socios en dicho proyecto son nombres famosos en la escena multinacional. El Water Resources Group 2030 -que reúne a Coca Cola, Pepsico y la Nestlé. La Alliance for Water Stewardship, de dudosa reputación según el periódico suizo Beobachter. La WEF Water initiative, es decir, la iniciativa del Foro Económico Mundial de Davos en la dirección de privatizar el sector público. Y la CEO Water Mandate, que en 2010 había recibido un premio otorgado por la sociedad civil mundial a la empresa menos seria y menos creíble en lo social y en lo ecológico.

(www.publiceye.ch/…/des-subventions-de-la-ddc-pour-l…).

Christa Luginbühl, una de las expertas de Public Eye, en una reciente entrevista publicada en el cotidiano Le Courrier, señala que mientras el objetivo de las ONG es “contribuir al desarrollo y luchar contra la pobreza, el de las empresas es el beneficio”

(lecourrier.ch/2020/05/28/privatiser-la-cooperation/).

Objetivo que muchas veces conlleva a conflictos de intereses con las comunidades locales y a violaciones de derechos humanos.

Implicar a las grandes empresas en la cooperación crea problemas con las ONG. Ya que, sigue analizando, “las multinacionales son conocidas, sobre todo, por favorecer la privatización de los bienes comunes como el agua, promover una agricultura basada en semillas caras y pesticidas tóxicos, o bien hacer trabajar a los obreros en condiciones deplorables”.

La designación en octubre pasado de Christian Frutiger como subdirector de COSUDE creó un significativo malestar asociativo. Durante años se había desempeñado como cuadro de dirección de la Nestlé con la responsabilidad de dirigir los Asuntos Públicos de la trasnacional. Una campaña de firmas solicitó en ese momento, sin resultado, su impugnación para su nuevo puesto gubernamental.

Glencore, ninguna autocrítica

El 9 de enero del año pasado, durante un viaje oficial a Zambia, el canciller Cassis, que pregona hoy intensificar la cooperación suiza a través de las grandes empresas, visitó la Mopani Cooper Mines, sucursal de la trasnacional helvética Glencore cuya sede central está en el cantón de Zug.

Duramente criticado por medios de prensa, parlamentarios progresistas y por numerosas ONG suizas, el ministro había expresado luego de esa visita, munida de un fuerte contenido simbólico, estar positivamente sorprendido por los aportes considerables que la firma realiza en la formación de jóvenes y en la modernización de las instalaciones.

Glencore, principal empresa privada a escala mundial dedicada a la compraventa y producción tanto de materias primas como de alimentos, desde años está en la mira de organizaciones helvéticas ecológicas, de derechos humanos y de apoyo al desarrollo, que ven en ella la encarnación de la prepotencia transnacional suiza en el mundo.

“Cero. Es el número de incidentes graves en materia de derechos humanos que Glencore contabiliza en el 2019 en el marco de sus actividades en 35 países”. En todo caso, es lo que señala el Informe de durabilidad que la empresa acaba de distribuir entre inversionistas y accionistas que se reunieron el primer martes de junio en su asamblea general anual.

Con cierto tono irónico Pan para el Prójimo, la organización de cooperación de las iglesias protestantes suizas, se pronuncia críticamente a través de un comunicado común firmado ese mismo día junto con su par Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, y con diez ONG internacionales, del Congo, Chad, Gran Bretaña y Estados Unidos.

(painpourleprochain.ch/glencore-bericht-verschweigt…/)

Fundamentando sus críticas los firmantes señalan, a nivel de ejemplo, dos hechos graves que involucraron a Glencore en la República Democrática del Congo el año pasado. En febrero, el accidente de un camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico hacia una filial, con el correlato de 21 personas muertas y 8 con quemaduras graves. En junio del 2019 otro accidente en una excavación de la firma KCC, filial de la misma trasnacional suiza, que produjo 30 muertos y numerosos heridos.

Si Glencore habla de “cero incidentes” es porque emplean sus propios criterios, poco transparentes, para considerar lo que son incidentes graves a nivel de derechos humanos, enfatiza Pan para el Prójimo. “El Informe de Glencore calla los hechos de corrupción y de trabajo infantil” y no habla sobre las medidas concretas que la empresa prevé para minimizar los riesgos de impacto negativo en materia de derechos humanos y ambientales, subraya. Y concluye que ese tipo de informe carece de transparencia, “miente a los inversores y accionistas y no responde a los estándares internacionales”.

No al 0.7%, sí al capital privado

La tendencia a privatizar cada vez más la cooperación internacional contrasta, además, con una deuda significativa de Suiza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según las cifras actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, la Confederación Helvética destinó un 0,44% de su Ingreso Nacional Bruto para la ayuda pública al desarrollo. No cumple así, ni siquiera, el mandato del 0.5% definido por el Parlamento. Y mucho menos con el 0.7% exigido por la sociedad civil.

La cooperación internacional en general y la suiza en particular viven tiempos tumultuosos, que se agravarán aun más como consecuencia de la pandemia y su corolario de crisis económico-financiera.

En esa encrucijada, los tiempos de una cooperación humanista, asociada casi a una visión planetaria solidaria, parecen cosas del pasado. Definir como prioridad los propios intereses helvéticos como objetivo esencial de la futura ayuda internacional, implica también reorientar la chequera. Y en esa nueva concepción, cooperación e inversión -privada, multinacional- se dan la mano, a pesar de la crítica acusadora de la sociedad civil que exige una mayor coherencia y la condonación de la deuda del “Sur” a los bancos privados de bandera nacional.

Sergio Ferrari (Suiza) COMCOSUR INFORMA AÑO 20 No. 1965 – 19.06.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. CONCURSO “GUITARRA NEGRA”

Llamado a inscripciones para participar en la edición 2020

La Sala Zitarrosa es una sala pública de espectáculos gestionada por la Intendencia de Montevideo. Es una sala que ofrece espectáculos musicales en vivo y programa cine contemporáneo de autor. Un espacio donde el público puede disfrutar de una experiencia cultural de diversidad y calidad.

Tiene una capacidad de 531 butacas distribuidas 391 para la platea y 140 en la tertulia. El 3 de noviembre de 1999, abre sus puertas con el cometido de presentar espectáculos musicales de alto nivel. Se encuentra ubicada en el emblemático edificio Rex (1928) en donde supo funcionar el Cine Rex Theatre hasta 1980.

Guitarra Negra es un programa del Departamento de Cultura de la IdeM, que tiene por cometido fomentar el encuentro y desarrollo musical de artistas emergentes de todo el país, vinculados a la canción de raíz folclórica nacional y latinoamericana. Es coordinado y ejecutado por la Sala Zitarrosa, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura.

Las Bases del Concurso:
salazitarrosa.montevideo.gub.uy/…/Bases-Guitarra-Ne…
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II. RECITAL VÍA STREAMING TRIO “ROCCA-MORGARE-GOMEZ”

Sábado 20 de junio – 21 horas

Gabriela Morgare nace en Montevideo. Ha estudiado canto en el Taller de Música Popular Uruguaya y con la profesora Sara Dufau. En 1998 luego de haber transitado otros géneros musicales, comenzó a dedicarse al tango con exclusividad.
Fue solista del Cuarteto Ciudad Vieja dirigido por Carlos Morales (guitarrista de Alfredo Zitarrosa) y participó como invitada del primer trabajo discográfico del grupo: Rioplata

Es la voz del grupo Fugata Tango dirigido por Juan Schellemberg, participando de los discos “Sin Tregua” y “Ácrata “editados por Perro Andaluz. En el mes de mayo del 2007 representan a Uruguay en el Festival de Música “Cubadisco” en la ciudad de La Habana, Cuba, y al año siguiente presentan varios conciertos en teatros de las ciudades de San Leopoldo, Pelotas, Río Grande, Santa María, Caxias do Sul y Porto Alegre.

Como solista se presenta con el dúo “Las criollas guitarras” integrado por Andrés “Poly” Rodríguez y Gabriel Federico.
En varias oportunidades ha sido acompañada por el Maestro Julio Cobelli (guitarrista de Alfredo Zitarrosa) y por la Yunta Trío.

El sábado 20/6 a partir de las 21 horas, y gracias a la invitación de Diego Janssen nos juntamos con Gabriela Morgare y Carlos Gómez a despuntar uno de los vicios que más nos gustan: un pequeño ritual de música.

Tangos, valses y milongas desde la intimidad virtual, en un show exclusivo y de alta calidad sonora y visual, directa a la pantalla de tu casa.

Se parte de esta experiencia, y ayúdanos a continuar con esta experiencia de llevar la música hasta tu hogar.

Entras al link, llenas los datos y participas del evento.
bit.ly/RoccaMorgareGomez
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III. CONCURSO NACIONAL CORTOS “TENEMOS QUE VER”

Convocatoria Abierta: 30 de junio 2020

Detour es una comunidad y una plataforma para el incentivo y la exhibición de cine y audiovisual emergente. Desde su comienzo, en el 2013, ha fomentado la producción de casi 50 obras a través de premios y desafíos. En la competencia oficial de su festival se han exhibido casi 300 obras de uruguayos: largos, medios, cortos, videoclips y nuevos formatos de video.

Se trata de un espacio que tiende puentes entre los creadores, la prensa y sus audiencias. Además de un festival con cinco ediciones, nuclea durante todo el año a realizadores nóveles, estimulando la creación y complementando la exhibición de películas con actividades formativas, charlas y encuentros de intercambio entre actores de la industria, las instituciones culturales, los medios y el público.

Convocatoria abierta para el concurso nacional de cortometrajes “1 Minuto 1 Derecho” del “9° Tenemos Que Ver” hasta el 30 de junio del 2020

Este año con nuevas categorías: niños y niñas, adolescentes, jóvenes y cine

Bases
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020 Hoy:

1) Uruguay: La ejecución de Nelson Berreta y las preocupaciones del Poder Ejecutivo /Observatorio Luz Ibarburu
2) Se equivoca el Sr. Presidente /Crysol
3) Uruguay: Restituyeron placa que homenajeaba al comisario Víctor Castiglioni en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia
4) Uruguay: Militares ganan peso en el Ministerio de Defensa y sustituyen a civiles en direcciones /Natalia Uval
5) Uruguay: La ratificación del contrato con UPM impulsa nueva expansión forestal /Víctor L. Bacchetta
6) La esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador /Silvio Amodei
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: LA EJECUCIÓN DE NELSON BERRETA Y LAS PREOCUPACIONES DEL PODER EJECUTIVO

Observatorio Luz Ibarburu /15 de junio de 2020

1.- El 15 de agosto de 2018, el Observatorio Luz Ibarburu denunció la existencia en los juzgados penales, de medio centenar de pedidos de procesamientos con prisión por parte de la fiscalía, en causas de terrorismo de Estado, sin resolver. Se señalaba la cantidad de 55 pedidos de procesamiento por responsabilidades en homicidio, tortura y violencia sexual ocurridos entre 1972 y 1983. Entre ellos se encontraba la causa 97-78/2012 en la que se procesó recientemente al militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte de Nelson Berreta Hernández ocurrida el 15 de julio de 1972.

2.- A casi dos años de aquella denuncia, sin que se adoptaran medidas legislativas, administrativas y políticas eficaces para poner fin a esa situación de impunidad, se produce la reciente resolución del Juzgado Penal de 27° turno a cargo de la jueza Silvia Urioste.

3.- Esa reclamada decisión que atenúa mínimamente las responsabilidades incumplidas por parte del Estado uruguayo ante el sistema Interamericano de defensa de los derechos humanos, en vez de ser recibida con el respaldo respetuoso y republicano que merece una decisión de un poder del Estado – al igual que el anterior procesamiento del militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales-, es cuestionada esta vez por el Ministro de Defensa invocando al propio Presidente de la Republica.

4.- El Observatorio Luz Ibarburu, compartiendo los distintos cuestionamientos formulados por organizaciones a las manifestaciones del Ministro de Defensa, desea agregar lo siguiente:
Que la omisión del Estado uruguayo ha permitido que muchos de los responsables fallecieran antes de que la justicia se expidiera, como el caso del teniente Sergio Velasco Villanueva que ordeno la ejecución de Berreta.
Que en esta causa existió por parte de las abogadas del Centro Militar diversos y abusivos recursos intentando frenar el procesamiento. Se pretendió impedir la intervención del Observatorio Luz Ibarburu patrocinante de esta denuncia; desde 2014 hasta el 2018 se recurrió en varias oportunidades ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Apelaciones alegando prescripción e inconstitucionalidades que no fueron resueltas a su favor.

5.- La obediencia debida que argumenta la defensa del procesado y a la que se adhiere el Ministro de Defensa, desde los juicios de Nuremberg no se consideran como eximentes de responsabilidad. Esto fue aceptado por la Naciones Unidas en 1950 al establecer que: el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad.

6.- Finalmente, en cuanto a que la no aplicación de la obediencia debida puede afectar el comportamiento actual de los militares en la vigilancia de fronteras y en las misiones de paz, creemos que sería saludable que así fuera, pues los militares tendrán que ajustar sus conductas teniendo en cuenta que los mandatos delictivos no son obligatorios. Esa es una buena señal democrática.

Observatorio Luz Ibarburu
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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2) SE EQUIVOCA EL SR. PRESIDENTE

Crysol/ Opinando, 15 de junio de 2020

1) Rechazamos de manera tajante las declaraciones, por boca del Ministro de Defensa, del Sr. Presidente de la República ante el reciente pronunciamiento judicial que condenó a un soldado por haber asesinado a un detenido indefenso y esposado, desesperado por huir de las salvajes torturas a que estaba siendo sometido en las dependencias militares que lo habían capturado, en julio de 1972.
Sus preocupaciones, en la misma dirección que las formuladas por el Senador Guido Manini Ríos en el pasado mes de abril, son absolutamente inapropiadas en un sistema democrático republicano en el cual el Poder Judicial es un órgano independiente y soberano.

2) En momentos en que el órgano supremo del Poder Judicial tiene a estudio la reapertura de las investigaciones del crimen del Dr. Vladimir Roslik, último asesinado en la tortura durante la dictadura cívico militar, las declaraciones del Presidente de la República, principal ordenador del gasto y promotor de la ley de presupuesto nacional, suponen un mensaje indebido, claramente direccionado hacia dicho órgano.

3) Las autoridades gubernamentales deberían expresar su sincera preocupación por la enorme demora del Poder Judicial en pronunciarse ante un asesinato flagrante, tal cual ha sido demostrado con total claridad. El adecuado funcionamiento del Poder Judicial es un pilar básico de nuestro sistema democrático republicano, conquistado por la lucha de todas y todos los uruguayos.

Al mismo tiempo, debería compartir el mensaje del Poder Judicial: los oficiales del Ejército solamente puedan dar órdenes legítimas, que estén en concordancia con las disposiciones constitucionales, con las leyes vigentes y con las normas de DDHH que Uruguay ha ratificado.

4) Expresamos públicamente, además, nuestra preocupación ante el notorio deterioro de la atención en salud que estamos sufriendo todas las víctimas del terrorismo de Estado desconociendo los alcances de la Ley 18 596 y los decretos reglamentarios de la misma. Por la vía de los hechos, al no otorgar los recursos básicos e imprescindibles, se desmantela la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado, deja de operar la cooperativa de atención psiquiátrica (Cossameddhh) y los proveedores, por falta de pago, dejan de brindar los materiales indispensables.

5) La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (Inddhh), la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad son logros enormes de la sociedad uruguaya que deben contar con los apoyos y recursos humanos, materiales y financieros imprescindibles para continuar llevando adelante su encomiable labor. La ley de presupuesto nacional deberá contemplar satisfactoriamente sus necesidades.

6) Desde la ratificación por parte de Uruguay del Tratado de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, todas las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son tipificables como Crímenes de Lesa Humanidad y son por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.

Crysol/ Opinando
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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3) URUGUAY: RESTITUYERON PLACA QUE HOMENAJEABA AL COMISARIO VÍCTOR CASTIGLIONI EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Senador del FA enviará un pedido de informes al Ministerio del Interior ante la “lamentable decisión”

La Diaria, 16 de junio de 2020

Una placa que homenajeaba al polémico comisario Víctor Castiglioni volvió a ser colocada en los últimos días en el salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), en la esquina capitalina de Maldonado y Paraguay.(1) La información fue publicada este martes por el diario El País y confirmada por la diaria, en base a fuentes del Ministerio del Interior.

Castiglioni estuvo a cargo de la inteligencia policial durante la dictadura militar (dejó su cargo en la DNII en 1982) y ha sido denunciado por su responsabilidad en los crímenes que allí se cometieron. Entre otras cosas, el inspector general planificó el secuestro de Elena Quinteros; efectivos que estaban al mando de Castiglioni secuestraron a la maestra del jardín de la embajada de Venezuela y la hicieron desaparecer.

En 1981, unos meses antes de dejar su cargo, Castiglioni informó al Ministerio del Interior que en cuatro años la DNII había investigado a 300.000 personas, que eran catalogadas en las categorías A, B y C, según su “fe democrática”, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En julio de 2016, a instancias de un colectivo de ex presos que habían sido torturados en la sede de la DNII, el Ministerio de Educación y Cultura colocó afuera de la sede una placa que dice: “Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló”.

En ese mismo acto, el entonces ministro Eduardo Bonomi leyó una resolución que ordenaba retirar la placa de Castiglioni del salón de actos de la DNII. La placa en cuestión decía: “Al señor. Insp. Gral. (R) Víctor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”. Bonomi explicó que esa placa había sido retirada “cuando era ministra del Interior Daisy Tourné, y durante ese mismo tiempo se volvió a poner sin que la ministra lo supiera”.
También se resolvió en aquel momento modificar la leyenda de los tres directores de ese organismo durante la dictadura: Castiglioni, Mario Ferreira Toma y Máximo Acosta Rocha. Los nuevos textos habían incluido la referencia a la etapa histórica como “período en que se aplicó el terrorismo de Estado”.

La decisión de restituir la placa de Castiglioni generó rápida polémica. El senador Charles Carrera (Frente Amplio) elevará un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cómo se procesó esa resolución. “Me parece realmente lamentable, creo que es un mensaje muy complicado. En ese lugar se practicaron torturas en forma sistemática y Castiglioni es un responsable. Es preocupante, a casi 47 años del golpe de Estado, tener que recordar que víctimas de terrorismo de Estado tuvimos todos los partidos políticos”, señaló Carrera.

El ex director de secretaría del MI recordó que en 2016 se redactó una resolución para retirar la placa de homenaje a Castiglioni en el marco de las leyes reparatorias: “queremos saber, y lo vamos a incluir en el pedido, si existe una resolución del ministro Larrañaga o cómo se llega a esta decisión de colocarla nuevamente”. El senador recordó además que el salón de actos se rebautizó con el nombre Julio Guarteche, que falleció en junio de 2016. “Tomamos esa decisión porque lo consideramos un gran policía, que reformuló la actividad policial. Queremos saber si con esta decisión se deja sin efecto ese homenaje”, señaló.

Nota:
(1) Sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), donde se colocó la placa que dice: “Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico-militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló. No pases indiferente. Nunca más terrorismo de Estado”. (Archivo, julio de 2016)

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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4) URUGUAY: MILITARES GANAN PESO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUSTITUYEN A CIVILES EN DIRECCIONES

Por Natalia Uval /La Diaria, 13 de junio de 2020

El ministro Javier García remarcó que la cartera “está en manos del poder civil”; para Azucena Berrutti los cambios podrían contrariar las políticas establecidas en 2005.
Los cambios en el organigrama del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) tras la asunción del nuevo gobierno determinaron una mayor presencia de militares en lugares de decisión, si se compara con la última administración del Frente Amplio (FA). El subsecretario del ministerio, Rivera Elgue, coronel retirado e integrante de Cabildo Abierto, no es la única figura castrense en posiciones de mando en la cartera. En Defensa hay siete direcciones que dependen de la Dirección General de Secretaría. Desde la asunción del nuevo gobierno, la titularidad de más de la mitad de ellas corresponde a militares. En cambio, durante el último gobierno del FA sólo una de esas direcciones, la de Pasos de Frontera, estaba ocupada por un militar. Las direcciones de Recursos Humanos, Asuntos Sociales y Formación Militar, antes encabezadas por funcionarios civiles, ahora tienen a militares al mando.

El coronel retirado Gustavo Leonel Figueredo Cigliutti, director general de Recursos Humanos, ingresó a la Escuela Militar en 1982. Fue jefe del Batallón de Infantería Nº 5 y jefe del Estado Mayor de la División de Ejército II, y en 2017 fue designado director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Por esa época se comenzaba a discutir en el Parlamento la reforma del sistema de previsión social militar. La mayor retirada Roxana Berois, directora general de Servicios Sociales, es militar pero también dirigente de Espacio 40, la lista que lidera el ministro Javier García. En tanto, la dirección de Formación Militar está encabezada por el coronel retirado Alejandro Bordagorri, uno de los militares que se negaron a declarar ante la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el espionaje policial y militar en democracia. “No tengo nada para aportar. No tengo idea y no voy a ir a perder el tiempo y a hacerles perder el tiempo a los demás”, alegó Bordagorri, consultado por la diaria el 4 de junio de 2018. Bordagorri fue jefe del Departamento II (Inteligencia) del Ejército entre 2011 y 2013.
Azucena Berrutti, ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, dijo a la diaria que “da la impresión” de que estas y otras designaciones de militares en cargos de confianza “estarían contrariando las políticas que se constituyeron en 2005 y obstaculizando las posibilidades de que el poder civil mantenga un lugar de preponderancia en el ministerio”.

Un largo proceso

El doctor en Ciencias Políticas y experto en Defensa Julián González Guyer sostuvo que el proceso de remilitarización del MDN no comenzó con el actual gobierno, sino tras la asunción de Eleuterio Fernández Huidobro al frente de la cartera, en 2011.

En 2005, con la llegada al poder del primer gobierno del FA, se inició un proceso de creciente participación de los civiles en lugares de decisión en un ministerio comandado mayormente, hasta ese entonces, por militares. Este cambio de perspectiva se consagró con la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional en 2010, pero esta norma “perdió su verdadero sentido” durante la gestión de Fernández Huidobro, opinó González Guyer. “Se aplicaron elementos [de la ley] pero al servicio de la institución militar, hubo un reempoderamiento de los militares, a pesar de que en el Ministerio de Defensa se mantuvieron los cargos civiles”, consideró.

González Guyer opinó que incluso los directores generales nombrados durante la gestión de Azucena Berrutti “nunca tuvieron efectivamente esas potestades” de mando, ya que “no existía una inserción clara desde el punto de vista orgánico” de sus cargos, y al mismo tiempo “los comandantes en jefe y el director del Servicio de Retiros y Pensiones, entre otros, mantuvieron la autonomía que tuvieron toda la vida”. “Esos directores generales nunca tuvieron una inserción real, nunca fueron dirección real, porque el ministerio nunca fue una dirección real de las Fuerzas Armadas”, afirmó el experto.

Durante la gestión de Fernández Huidobro, en tanto, hubo “un fuerte empoderamiento de las Fuerzas Armadas, con [Guido] Manini a la cabeza”. Y en los últimos años, “los militares se levantan”.

En cuanto a la posición del gobierno actual, el experto consideró que la administración de Luis Lacalle Pou “expresa las opiniones de la corporación militar”, y en ese marco, “lo de los directores [la designación de militares en esos cargos] es lo de menos”.

De primera y de segunda

“El Ministerio de Defensa Nacional está en manos del poder civil. El que discuta eso está en otro país”, dijo a la diaria el ministro Javier García. Aseguró que Cabildo Abierto nombró solamente a los directores de Formación Militar y de Recursos Humanos, y que en el resto de los cargos fueron designadas personas de confianza del ministro. Por ejemplo, Roxana Berois, si bien es militar, fue odontóloga en el Hospital Militar y “es una persona con la que he trabajado personalmente, es compañera de trabajo político hace añares”, dijo García.

Se preguntó por qué es legítimo discriminar entre militares y civiles en el MDN, y en cambio no se hace lo propio en otros ministerios, como en el de Salud o en el de Transporte y Obras Públicas. García recordó por otra parte que el FA fue fundado por militares y apuntó que un militar, Jaime Igorra, fue subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente durante el primer gobierno del FA. Además, sostuvo que “nadie cuestiona que en el Ministerio de Economía [y Finanzas] haya economistas” y en cambio sí se critica la presencia de militares en el MDN. “¿Por qué se cuestiona una profesión? No encuentro justificación. Si no, partimos de la base de que hay profesiones de primera y profesiones de segunda”, manifestó.

La Comisión de Defensa del FA está analizando este tema y el próximo jueves mantendrá una reunión con el ministro Javier García, informó a la diaria su presidente, Gustavo Scaron, quien no quiso hacer declaraciones hasta que el encuentro se concrete.

Natalia Uval /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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5) URUGUAY: LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO CON UPM IMPULSA NUEVA EXPANSIÓN FORESTAL

La reafirmación del proyecto de la finlandesa por el gobierno de Lacalle Pou actúa como estímulo para las plantaciones de eucaliptos. Anuncian nuevas inversiones y dos plantas de celulosa más.

Víctor L. Bacchetta /Sudestada 11/06/2020

El Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno de la coalición multicolor y la empresa UPM, que ratificó con creces el acuerdo del antecesor con la multinacional finlandesa, está abriendo las puertas a una nueva ola de inversiones en el sector forestal para la producción de celulosa. Obviamente, ningún inversor que ingrese al país va a aceptar peores condiciones que los extraordinarios beneficios otorgados a UPM.

El nuevo gobierno está dando señales inequívocas en esa dirección. Por un lado, en medio de la reciente interpelación parlamentaria sobre los acuerdos con UPM por la nueva planta en el río Negro, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó enfáticamente que el contrato firmado por el gobierno anterior es constitucional, siendo este uno de los principales cuestionamientos a ese acuerdo.

Arbeleche se refirió sobre el inciso 7° del artículo 85 de la Constitución que, al definir las competencias de la Asamblea General, incluye la de “decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”.

“Ese artículo viene de la Constitución de 1830, en aquella época potencias extranjeras eran los reinos monárquicos, Gran Bretaña y otros. Pero después la palabra potencia fue adquiriendo otro sentido”, explicó el profesor Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, quien tuvo a su cargo la interpelación. “En la doctrina moderna se la asimiló con estados y se admite que algunos países invaden a otros por medio de empresas multinacionales”, agregó.

Una inconstitucionalidad del contrato con UPM se basa, precisamente, en que no fue sometido al Parlamento. Pero para Arbeleche, la expresión “potencias extranjeras” se refiere sólo a Estados o países y no a empresas. Esta interpretación de la ministra, cuestionada por distintos juristas, está dando a entender que podrán venir nuevos contratos y que seguirán siendo negociados en solitario por el gobierno.

En la misma dirección van las últimas declaraciones del secretario de Presidencia. Álvaro Delgado. Al ser consultado sobre la actitud del gobierno ante la posibilidad de la construcción de una cuarta planta de celulosa señaló que “hay que estar abierto, con las garantías ambientales correspondientes, productivas, el país está abierto. Estamos recibiendo en estos días una cantidad de interesados en invertir en Uruguay”.

Ya había trascendido de la Presidencia anterior que se estaba negociando una nueva planta de celulosa. La posibilidad de una cuarta y una quinta planta ha sido confirmada ahora por el ex director forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP), Pedro Soust, y por el senador Guido Manini Ríos del nuevo gobierno. Intentando frenar este proceso, legisladores de Cabildo Abierto acaban de presentar un proyecto de ley para limitar las áreas de forestación.

La propuesta de diputados de Canelones, Cerro Largo, Montevideo, Tacuarembó y Salto, limita las plantaciones a las áreas de prioridad forestal, en suelos de índice de productividad Coneat inferior a 76. Aunque significaría una reducción real, difícilmente se apruebe mientras subsista el pacto entre los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio que ha sostenido el modelo forestal celulósico hasta el presente.

La forestación en el contrato con UPM

En los últimos 12 meses, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se ha publicado la puesta de manifiesto de 25 proyectos de forestación abarcando casi 9 mil hectáreas, de los cuales 16 corresponden a Forestal Oriental SA (UPM) y 6 a Eufores SA (Montes del Plata). El contrato ROU UPM de noviembre de 2017 dedicó una sección especial a definir las condiciones futuras de los proyectos forestales.

Dentro de la estrategia nacional de desarrollo definida por el Poder Ejecutivo, el documento destaca “la importancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo económico nacional, al haberse constituido en uno de los principales complejos agroindustriales impulsores del crecimiento ROU, con un papel sustantivo en la dinamización y diversificación de las exportaciones” (SIC).

El contrato establece que el plazo de validez de las Autorizaciones Ambientales Previas para los nuevos proyectos forestales presentados por UPM o por terceros asociados a su programa de fomento será de hasta tres ciclos forestales. Un ciclo forestal significa el periodo entre la plantación del bosque y su cosecha (siendo un periodo de no menos de nueve años. Es decir, una validez por 30 años.

Tras declarar que “las partes reconocen la importancia que se le otorgue máxima prioridad a los procesos y trámites para obtener las autorizaciones y permisos que fueren necesarios para las plantaciones forestales”, el contrato define los plazos dentro de los cuales deben ser otorgadas las autorizaciones ambientales previas de los proyectos, que el gobierno uruguayo se compromete a cumplir.

Para los proyectos forestales caracterizados como de “Categoría A”, que no requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el plazo fijado para conceder la autorización no puede ser mayor de dos meses. Para los proyectos de “Categoría B”, aquellos que requieren un EIA, el plazo no puede ser mayor de seis meses posteriores a que la comunicación de cada proyecto a la Dinama, según el documento.

El contrato se ocupa después de los requisitos para “optimizar los procedimientos administrativos y cumplir con los plazos referidos anteriormente”. Y luego afirma que Uruguay “fortalecerá la organización interna de la Dinama” con el fin, que reitera, de cumplir el compromiso del gobierno con los plazos para emitir las autorizaciones de los proyectos presentados por UPM o sus asociados.

La insistencia del documento más adelante en que la Dinama “se compromete a asegurar disponibilidad de personal técnico (…) para analizar sin demoras (SIC), aproximadamente 30 (treinta) proyectos por semestre”, contrasta con el reclamo de más de 100 funcionarios de la Dinama en riesgo de perder el contrato de trabajo. ¿Cómo se compatibiliza esto con los compromisos del contrato?

La planta de celulosa de UPM proporcionó un ejemplo del significado del compromiso de plazos en el contrato para otorgarle autorizaciones ambientales a la empresa. Se cumplió el plazo pero se postergó la definición de características clave del proyecto, como el sistema de dilución de los efluentes, la planta química y el destino de los desechos sólidos. ¿Ocurrirá lo mismo con las autorizaciones pendientes?

Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020
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6) LA ESENCIA DEL CAPITALISMO NO SE HA MODIFICADO, SOLO CAMBIA SU CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJADOR

Un avance sobre las nuevas condiciones del trabajador en la era digital

Por Silvio Amodei /20 de mayo de 2020

“Con la aplicación de las tecnologías digitales en el mundo del trabajo han llegado diferentes transformaciones simultaneas. Brevemente: el modo de producción capitalista se concentra, los grandes grupos industriales más fuertes se consolidan; las figuras tradicionales del trabajo, a cualquier nivel, sufren cambios radicales; la productividad por cada uno de los trabajadores aumenta, el control a distancia del ciclo productivo se intensifica permanentemente”. (1)

Con mucha simplicidad podemos constatar a nuestro alrededor que más allá del lugar físico o país donde habitamos comprobamos en esta cita una verdad que salta a nuestros ojos diariamente. Vayamos por partes, bastaría mirar alrededor de nosotros para preguntarnos cuáles y cuántos han sido los cambios que, en cada uno de nuestros trabajos, hemos visto asomarse en los últimos treinta años.

Es un hecho indiscutible que aproximadamente los grandes grupos industriales hoy transnacionales, desde la industria automotriz, transportes, cadenas de supermercados, el sector de las finanzas y tantos otros han concentrado sus fuerzas, es decir su capital, más allá de los países de origen de las marcas, para expandirse en intercambios comerciales acordes a sus planes de negocios.

Hasta acá nada de original, pero, quizás lo nuevo que ha llegado implica en su esencia un salto cíclico y el reacomodo del sistema capitalista. La fábrica como productora de bienes ha tenido un notorio cambio en su forma de producción con la llegada de la robótica y la informática permitiendo un aumento de la producción, el traslado de sus fábricas a países periféricos, disminuyendo el empleo de mano de obra y localizado los stocks de mercaderías en polos logísticos ubicados en zonas francas diseminadas en diferentes regiones geográficas. (2)

Por otra parte, cada uno de nosotros ofrece gratuitamente a Google, Facebook, Amazon, una enorme cantidad de datos que son transformados en “mercancía” y hace de nosotros clientes potenciales, y son utilizados por parte de las transnacionales para aumentar el consumo y el comercio de bienes y servicios. Solo me interesa hacer notar que en este momento, y así salta a la vista de manera desfachatada, cómo la llegada de internet y de las grandes empresas que se mueven en ese sector son hoy las grandes beneficiarias y de alguna manera las grandes transformadoras de este ciclo histórico. Las empresas digitales juegan a su vez un rol hegemónico en la conformación de las nuevas tendencias económicas y culturales que se manifiestan a partir del fin del siglo XX y reposicionan el capitalismo global del siglo XXI.

Es evidente que en este contexto el proletariado industrial, como lo conocíamos, ha sufrido cambios con la llegada de nuevas máquinas creándose empleos acordes a las nuevas y diferentes necesidades que tiene el capital tanto sea en la producción de bienes como en el stock y distribución de mercaderías y servicios. Las multinacionales realizan el diseño y el posicionamiento de marca, generalmente en las economías de altos ingresos, y en muchos casos dislocan geográficamente la producción de bienes y su logística en economías de bajos ingresos. Mientras que sus sedes legales se encuentran en los estados que les abren sus puertas bajo el amparo de la exoneración fiscal y las rebajas de impuestos. (3)

Por otro lado en los diferentes continentes millones de trabajadores, han debido abrir sus propias empresas unipersonales (cuentapropistas) para lograr trabajar, pagando impuestos cada vez más altos, y que generalmente están ajenos a organizaciones sindicales y por lo tanto de convenios colectivos. En pocas palabras la flexibilización laboral conlleva dentro de sí misma la pérdida o recorte de beneficios que aun hoy conservan los trabajadores sindicalizados. Por un lado encontramos entonces a una masa importante de trabajadores públicos y fabriles sindicalizados (con ciertas garantías y derechos) a las mayores centrales sindicales de sus países, por otro lado crece la masa de trabajadores sin organización sindical (trabajadores geográficamente dislocados, cuentapropistas, precarios con contratos a término, trabajadores de la cultura, del sector turístico, choferes, etc.) los cuales prácticamente no poseen derechos laborales y sindicales. A su vez, crece mundialmente en forma continua, el ejército de desocupados.

La nueva clase trabajadora explotada y desprotegida se ve obligada a aceptar una nueva cultura de trabajo cada vez más alienante. Entre otras cosas asume que el actual distanciamiento social por el Covid 19 que obliga al teletrabajo tendrá mayores y mejores márgenes de libertad. El smart working (trabajo inteligente) parecería ser ya una realidad, y lo que se discute en ámbitos empresariales es regular las diferentes problemáticas de organización del trabajo entre la empresa y el trabajador desregulado, (privacidad, horarios de trabajo o proyectos, tiempos y métodos de organización laboral). Para el capitalismo se hace imprescindible, necesario, obtener el consenso de masas y convencer al trabajador de que la moderna tecnología (aséptica y sin patrones es, además, democrática) a través de nuestro celular y de los instrumentos digitales nos brinda un futuro de nuevas oportunidades y mayores espacios de libertad.

Esta fantástica ilusión, es una nueva forma de colonización cultural a la que nos vemos sometidos y bombardeados por toda clase de medios de comunicación, fieles servidores de una nueva cultura del trabajo que hoy nos viene impuesta globalmente.

Creer que Internet es democrática y plural, es solo una triste ilusión. Basta solo ver las enormes ganancias que las corporaciones digitales acumulan día tras día. Las grandes corporaciones digitales se encuentran ligadas profundamente a la empresa manufacturera y a su vez a los estados poderosos como a sus servicios de inteligencia y represión.

Es de hacer notar que en este marco, y ya desde hace varios años, muchos pensadores han dado por muerta la lucha de clases. Olvidan que el aumento de la desigualdad social la genera el gran capital y el capitalismo global. Este ha generado con mucha rapidez una enorme concentración de riquezas en primer lugar hacia las multinacionales las cuales aplican sus políticas globales regionalmente de acuerdo a la situación concreta de cada estado.

La contradicción fundamental, continúa siendo entre capital y trabajo. Entre los asalariados más allá de la forma del contrato de trabajo que el trabajador haya suscripto –individual o colectivo– y aquel o aquellos poseedores de los medios de producción cuya última finalidad es la producción y comercialización de los bienes o servicios que produce en mayores cantidades y a un menor costo. En definitiva, la esencia del capitalismo no se ha modificado, solo cambia su capacidad de explotación del trabajador, la voracidad en el desarrollo del aumento de producción y por consiguiente la necesidad de aumentar la demanda del consumo. La sociedad es impulsada a través de las necesidades intrínsecas del capital al aumento del consumo, independientemente de los problemas que ello traerá aparejado al planeta tierra y a las especies que lo habitan.

Esta nueva fase histórica del capitalismo del siglo XXI nos impone una nueva mercancía: la acumulación de datos que proporcionamos en forma gratuita a través de las múltiples plataformas digitales. Cada uno de nosotros produce, por lo tanto, consciente o inconscientemente una nueva mercadería: los datos, que son utilizados por el sistema para el desarrollo de nuevos bienes y servicios que serán “colocados”; es decir vendidos a cada uno de nosotros trabajadores/consumidores y a su vez los productores de la mercadería.

Es posible afirmar que jamás en la historia de la humanidad, a excepción quizás, de la época de la esclavitud, que desde la aparición de las plataformas digitales cada uno de nosotros ha proporcionado tanta materia prima (datos, que serán elaborados y sistematizados por las empresas del sector digital para ser transformados y comercializados como una valiosa mercancía) en forma de trabajo gratuito a quienes poseen la propiedad de los medios de producción.

El nuevo trabajador/a, aislado, distanciado socialmente, dislocado geográficamente, prestador de servicios es consumidor al mismo tiempo. Solo/a, en su casa, en muchos casos cuidando hijos, con contratos de trabajo flexibles, precarios, sin asistencia o con mínima asistencia social. Sin horario de trabajo, siempre pronto a responder a las necesidades de su líder o jefe.

Noticias de prensa informaban días atrás que mitad de sus 48 mil empleados de Facebook en EEUU ya están trabajando en sus casas (remoto) y prevén que de ahora en adelante sus nuevos empleados serán asumidos a condición de trabajar desde sus hogares. (4)

La llegada del Covid 19 permite a las grandes corporaciones de la información, de los servicios, etc., impulsar modificaciones a las ya precarias relaciones laborales, dislocar geográficamente el personal, etc. Cambiar la organización de trabajo, conlleva indudablemente al cambio en las relaciones políticas, sociales y culturales de la sociedad en su conjunto y obviamente a un nuevo y diferente contrato social que el capitalismo intentará imponer acorde a esta fase histórica.

Romper el aislamiento social, tanto material como cultural es central para lograr buscar formas múltiples, diferentes y concretas para defender y conquistar espacios nuevos de libertad y conciencia social.

Capítulo aparte merecen los científicos o parte de ellos (para nada neutrales o imparciales), en sus idas y venidas sobre el Covid 19. Han proclamado como verdades “todo y el contrario de todo” o si lo queremos decir con más claridad: “como te digo una cosa te digo la otra”. Nos han culpabilizado y han dado la motivación para que los gobiernos de turno nos recluyeran en nuestras casas avalando de esa forma la ruptura de todo tipo de sociabilidad. Cerradas empresas, escuelas, clubes deportivos; patrulladas las calles con drones, helicópteros, etc.; policías y militares se han apropiado del espacio colectivo de las ciudades y pueblos. Países enteros en estado de emergencia, multas, etc. ¡Represión y violencia en nombre de la salud! Todo impuesto desde la autoridad y avalado por muchos “científicos”, aceptados y consensuados por la sociedad en su conjunto. Asistimos impasibles a un avance del control social, más desbastador, ideológicamente totalizante, que abarca geográficamente las poblaciones de todos los continentes en un mismo segmento de tiempo.

El impacto de estas políticas hace que recién ahora comienza a abrirse el debate y lentamente el periodismo, parte de la academia y una porción de hombres y mujeres comiencen a dudar de los protocolos, noticias y verdades absolutas a las que nos vimos sometidos con el constante bombardeo mediático de los últimos meses.

Los medios repiten diariamente que, “nada será ya como antes”. El mercado global indudablemente es quien en este momento impone las reglas entre el capital y el trabajo.

La pregunta que salta a la vista, es: ¿cómo y qué formas de organización política y social asumirá esta nueva clase trabajadora para no solo defender sus intereses, sino además pensar qué sociedad queremos?

Conocer y analizar colectivamente la realidad es el primer paso que el trabajador del siglo XXI deberá dar para encontrar instrumentos que le permitan luchar por una nueva sociedad más justa y equitativa.

Notas:
(1) La Societa Artificiale Renato Curcio Sensibili alle foglie 2017.
(2) “El capitalismo cuando una crisis golpea, tiende a ser restructurado. Nuevas tecnologías, nuevas formas organizacionales, nuevos modos de explotación, nuevos tipos de trabajo y nuevos mercados emergen para crear una nueva manera de acumular capital.” Nick Srrnicek Capitalismo de Plataformas Ed. Caja Negra.
(3) “Al uso de deuda corporativa por parte de estas empresas se lo debe ubicar por lo tanto en el contexto de una estrategia de evasión fiscal. Esto también es parte de una tendencia más amplia hacia el uso creciente de paraísos fiscales”. Países como Holanda e Irlanda alojan sedes legales de varias corporaciones multinacionales.
Reservas en el país y en exterior.

Reservas (miles de millones de dólares ) Monto en el exterior (miles de millones de dólares) Monto en el exterior (porcentaje)
Apple 215.700 200.100 92,8
Microsoft 102.600 96.300 93,9
Google 73.100 42.900 58,7
Cisco 60.400 56.500 93,5
Oracle 50.800 46.800 92,1
Amazon 49.600 18.300 36,9
Facebook 15.800 1.800 11,4
Total 568.000 462.700 81,5

Fuente: 10-Q o10-KSecurites and Exchange Commission archivos marzo 2016
Nick Srnicek. Capitalismo de Plataformas. Ed. Caja Negra.
(4) Mark Zuckeberg declaro últimamente en diferentes medios: “vamos a ser la compañía más avanzada también en el trabajo remoto a nuestra escala” – 20 minutos Editora SRL.

Silvio Amodei (Uruguay) COMCOSUR AL DÍA / AÑO 21 / Nº 2254 / miércoles 17.06.2020 _______

“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
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COMCOSUR MUJER / AÑO 17 /No. 645 /lunes 15.06.2020 – Hoy:

1) Brasil: Excluye del informe anual sobre violaciones a los Derechos Humanos los datos de violencia policial
2) El Salvador: organizaciones feministas exigen liberación de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas
3) Chile: “El nombramiento de Mónica Zalaquett es otro reflejo de esta sociedad patriarcal”
4) Estados Unidos: Angela Davis: las protestas antirracistas en EEUU: «Me siento agradecida por estar viva y poder presenciarlo»
5) Uruguay: La crisis del covid-19 acentúa la brecha de género en la academia
6) Uruguay: Estudio “Violencia en casa”
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 645 – Lunes 15 de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) BRASIL: EXCLUYE DEL INFORME ANUAL SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS LOS DATOS DE VIOLENCIA POLICIAL

El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos argumentó que “hay inconsistencias en los registros” y hace falta un “estudio más profundo”

La Diaria, 13 de junio de 2020

La línea telefónica Disque 100 fue creada en Brasil en 1997 para atender denuncias de violencia y violaciones a los derechos humanos, y desde 2003 depende del gobierno federal, actualmente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Entre las denuncias se incluyen las de violencia doméstica y de género, y también la ejercida por policías contra civiles. A partir de esos datos, se elabora un informe anual.

Pero esta vez el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro omitió dar información sobre las denuncias contra la Policía. Los números sobre violencia policial, según informó la agencia de noticias Reuters, figuran en los informes de los años 2017 y 2018, pero en el de 2019, divulgado en mayo y que recoge las denuncias que se hicieron durante el primer año de gobierno de Bolsonaro, ni siquiera se menciona la denominación “violencia policial”.

En los informes más recientes, este tipo de violencia venía en aumento. En 2016 las denuncias de abusos policiales fueron 1.009, en 2017 aumentaron a 1.319 y en 2018 llegaron a 1.637.

En un comunicado, el ministerio que encabeza la pastora evangélica Damares Alves dijo que los datos sobre violencia policial no fueron divulgados “porque fueron indentificadas inconsistencias en estos registros”. La cartera agregó que estas denuncias serán analizadas en un “estudio más profundo” antes de su difusión.

Desde los tiempos en que fue diputado, el ultraderechista Jair Bolsonaro siempre fue un firme defensor del Ejército y la Policía, y varias veces se manifestó a favor de lo que él llama “exclusión de ilícito”, mecanismo por el cual no se aplicaría sanción alguna contra integrantes de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el ejercicio de su función. Entidades dedicadas a los derechos humanos entienden que esta idea de Bolsonaro constituye una especie de carta blanca para los abusos por parte de los efectivos policiales.

Para la fiscal del Ministerio Público de Río de Janeiro, Andrea Amin, que investiga asesinatos cometidos por policías en ese estado, la omisión de información sobre la violencia policial en el informe “era esperable”. Según dijo a Reuters Amin, Bolsonaro “no cree que la violencia policial sea una violación a los derechos humanos. Para él toda acción policial es legal, legítima y necesaria, y todos los que se oponen a esta son delincuentes”. Agregó: “Así de básico es nuestro presidente”.

“El Ministerio Público Federal tiene un área de derechos humanos y ellos deberían cuestionar, aunque sea mínimamente, este cambio de criterio en el informe. La omisión de estos datos debe ser justificada”, dijo Amin.

Por su parte, Ariel de Castro Alves, abogado e integrante del grupo Tortura Nunca Más, dijo a Folha de São Paulo que la decisión de no difundir estos datos en el informe parece haber sido tomada debido a “alguna orden”, pensando en las bases de Bolsonaro, “que tiene su principal apoyo en las policías estaduales” y “especialmente en los policías militares, que son los principales denunciados”. Para Alves, “es inaceptable e inusitado no tener el registro de violencia policial dentro de las violaciones a los derechos humanos, más aun teniendo en cuenta los antecedentes históricos de este ítem”.

“Si hablamos de violación a los derechos humanos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violencia policial. Esta omisión es hacer de cuenta que la violencia policial no existe en Brasil”, agregó.

Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Hélio Leitão, la exclusión de estos datos por parte de la administración de Bolsonaro no es sorpresiva, debido a la falta de transparencia que a su entender hay en el actual Ejecutivo. “Parece que hay algo que esconder”, dijo Leitão, y agregó que “todos los indicios apuntan a un aumento notorio de la violencia y de la letalidad policial en todo el país”.

“Hay datos –para hablar de sólo un estado donde esa cuestión es crónica– de que durante el año 2019 la letalidad policial aumentó 92% en el estado de Río de Janeiro. Nada más ni nada menos que 92%”, agregó. Según Leitão, existe un vínculo directo entre el aumento de la violencia policial y los discursos de los altos funcionarios, en este caso del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, abogado y ex marino, que llegó al cargo con un perfil político agresivo y proclive al uso de la fuerza. “Vemos un vínculo directo de las señales dadas por el representante más alto del gobierno en relación con un incentivo real a la violencia y la letalidad policial”, agregó Leitão.

En su opinión, este fenómeno surge también desde el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “Cuando tenemos un presidente de la República que fomenta este discurso de violencia y de eliminación del otro, ese reflejo es inevitable”, concluyó.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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2) EL SALVADOR: ORGANIZACIONES FEMINISTAS EXIGEN LIBERACIÓN DE MUJERES ENCARCELADAS POR EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS

En El Salvador la población carcelaria hasta diciembre de 2018 era de 39,642; de estos, 27,719 eran condenados y 11,923 tenían calidad de procesados. En cuanto a sexo 3,490 son mujeres (8.80%) y 36,152 son hombres (91.20%), según el portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales. Datos de World Prison Brief, indican que en El Salvador hay 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes, y lo ubican como tercer país con mayor hacinamiento carcelario.

Ante la pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados conceder libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo “vale la pena señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido” manifiestan en el comunicado.

Ese organismo ha señalado que las medidas de descongestión carcelaria deben ser transparentes y aplicadas sin criterio de discriminación alguna.

En marzo de este año el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en el país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas.

“El marco normativo salvadoreño es discriminatorio pues restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres al criminalizar el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud, esa situación se agrava mucho más en el contexto de la pandemia por COVID-19 pues las mujeres detenidas de manera arbitraria se exponen al contagio del virus como un riesgo adicional” explican en el comunicado.

Asimismo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido que durante la crisis sanitaria se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19.

“La Alta Comisionada dejó claro que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la población carcelaria evitando amenazas de salud pública y para ello reiteró que deberían adelantarse medidas de descongestión poniendo en libertad reclusos y reclusas que están detenidos y detenidas sin motivos jurídicos suficientes. Ese es el caso de las mujeres que están encarceladas arbitrariamente en El Salvador”.

Experiencia en otros países

A nivel mundial muchos países han acatado las recomendaciones de la ONU al respecto de la reducción de población penitenciaria para mitigar la pandemia. En América Latina varios Estados se han alineado en ese mismo sentido y les han permitido la libertad a poblaciones en contextos de vulnerabilidad buscando contener la transmisión del COVID-19.

En Chile se ha otorgado la libertad a mujeres que hayan cumplido un tercio de la condena; les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses; y estuvieren embarazadas o tuvieren un hijo o hija menor 2 años que resida en la unidad penal.

En Colombia se le ha dado el beneficio de detención domiciliaria a mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, dentro de los establecimientos penitenciarios, o también a personas con medidas de detención preventiva por delitos culposos.

En México se ha concedido la libertad a mujeres acusadas del supuesto delito de aborto, y por extensión a personal de salud que haya llevado a cabo el procedimiento sin violencia y con consentimiento de dicha mujer.

En Brasil se ha recomendado la revisión de detenciones provisionales para liberar a mujeres gestantes, lactantes o madres o personas responsables de niños de hasta 12 años o de personas con discapacidad, así como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o personas en grupo de riesgo.

En Nicaragua fueron excarceladas 1,700 personas que no tenían antecedentes penales y que eran acusada de delitos por los cuales se aceptaban fianza de algún tipo.

“Es claro que los países de la región han dejado en libertad a un gran número de mujeres tenido en cuenta condiciones similares como ser madres, ya sea ya sea que sus hijos o hijas menores de edad se encuentren dentro o fuera de la prisión; estar detenidas de manera preventiva; o haber cumplido una porción considerable de la pena que les fue impuesta. De ese modo,

Las organizaciones recuerdan a El Salvador, que como Estado integrante de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, debe alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y debe seguir el ejemplo de las naciones que han dado pasos para reducir la población penitenciaria como medida para contener la expansión del COVID-19.

“Urge otorgar libertad a las personas que cumplan con los requisitos señalados, permitiéndoles buscar un lugar que garantice las condiciones adecuadas de salud para prevenir el contagio”, expresan en el comunicado.

En medio de una de las peores crisis de salubridad que ha sufrido la humanidad, muchas mujeres en El Salvador siguen en prisión de manera indebida: ya sea porque fueron detenidas de manera arbitraria o porque les fueron impuestas condenas inmerecidas por un delito que no cometieron.

Las organizaciones enfatizan que las salvadoreñas encarceladas de manera injusta por haber tenido una emergencia obstétrica son mujeres que hace mucho debieron gozar de la libertad y, hoy, ante la crisis por COVID-19 no merecen estar expuestas a un riesgo mayor.

Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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3) CHILE: ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y SERNAMEG: “EL NOMBRAMIENTO DE MÓNICA ZALAQUETT ES OTRO REFLEJO DE ESTA SOCIEDAD PATRIARCAL”

El día de ayer el presidente Sebastián Piñera tomó el juramento de Monica Zalaquett en el cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tras la sorpresiva renuncia de Macarena Santelices en un fugaz paso por la cartera. Sin embargo, la militante UDI que se encontraba en Subsecretaría de Turismo fue duramente criticada a las horas después de asumir el puesto.

Al igual que su antecesora, las organizaciones feministas la calificaron como una mujer no capacitada en materias de género traduciendo este cambio como “más de lo mismo” y que vendría a sustentar otra vez la precariedad en la que encuentran las políticas y mecanismos de protección del ministerio hacia las mujeres.

Al respecto se refirió la vocera del Movimiento 8M de Concepción, Francisca Rubio: “Ninguna está dando el ancho, se encuentran con un movimiento concreto y contundente donde estamos mucho más organizadas que otros años, con unas demandas claras. Si ponen a una mujer que no comparte las exigencias ni los ideales que estamos pidiendo, no sentirá nunca el respaldo desde las organizaciones feministas”.

En su cuestionada trayectoria, se encuentran unos polémicos dichos y opiniones, puesto a la luz gracias a los cibernautas. Entre ellos, su calificación de “valiente” a una niña de 11 años que decidió tener a su hijo luego de quedar embarazada tras ser abusada por su padrastro. También su postura contra el postnatal extendido calificándolo como una “guillotina laboral” para las mujeres en su votación del 2010. Esto sumado a su postura contraria contra la adopción homoparental y matrimonio igualitario, haciendo énfasis en la idea de “hombre y mujer” para la realización de ambos.

Monica Zalaquett también participó de un lobby aprobando solicitudes formuladas por Casinos Marina del Sol empresa representada por Triangular Integración Estratégica, la firma de lobby fundada por ella misma y que ahora está en manos de su hermano Pablo Zalaquett, quien está siendo investigado por lavado de dinero.

“Estamos viendo que hay una mujer que no está entendiendo el mensaje de las feministas, sigue trasformando el mensaje en términos economicistas. Desde el gobierno se siguen normalizando acciones que violentan estructuralmente” enfatiza Rubio.

Asimismo, se menciona la disconformidad en la que se encuentran las organizaciones de mujeres con el gobierno y su gestión, apuntando que las estrategias empleadas solo se han preocupado de hacer negocios de la pandemia lucrando con la incertidumbre y posponiendo todo lo que respecta a las políticas en un contexto que ahonda aún más las crisis de género generando más violaciones, abusos, violencia y femicidios.

Finalmente, la campaña #NotenemosMinistra sigue en pie por parte del Movimiento 8M y coordinadoras feministas, quienes se encuentran firmes en la crítica enfatizando en el compromiso que requiere el cargo, el que debe estar sujeto con una mujer capacitada en políticas de género y con una perspectiva afín a las demandas de mujeres y niñas.

Valentina Luza/ Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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4) ESTADOS UNIDOS: ANGELA DAVIS: LAS PROTESTAS ANTIRRACISTAS EN EEUU: «ME SIENTO AGRADECIDA POR ESTAR VIVA Y PODER PRESENCIARLO»

La histórica filósofa y activista afroamericana participó el pasado sábado en un debate y compartió sus reflexiones sobre la ola de protestas antirracistas que atraviesa Estados Unidos.

Para Angela Davis no hay duda. Las dos semanas de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial son un momento histórico. En concreto, considera que es la expresión «más intensa» del antirracismo que ha vivido nunca el país, algo que achaca en buena medida a años de trabajo activista que ha logrado cambiar la mentalidad de buena parte de la población. Hablar de racismo sistémico o estructural, a juicio de la prominente activista feminista afroamericana, ya no es algo minoritario, empieza a ser parte de la cultura dominante.

Estas fueron algunas de las reflexiones que compartió Davis el pasado sábado en un debate online organizado por los colectivos Rising Majority y el Movimiento por las Vidas Negras. A lo largo de la charla, en la que participaron varios activistas antirracistas, la célebre filósofa compartió su punto de vista sobre las causas que han confluido hasta el actual estallido social, el papel del activismo o las demandas del movimiento en estos momentos que, según aseguró la mujer de 76 años, se siente afortunada de poder presenciar tras toda una vida dedicada a la lucha por los derechos civiles. «Sigo aprendiendo de las generaciones más jóvenes de activistas que están haciendo todo esto posible, permitiéndonos imaginarnos realmente lo que, como dijo Nina Simone, se puede sentir al ser libre», apuntó.

Son varios los factores que, en su opinión, explican las protestas que han llenado las calles de más de 100 ciudades estadounidenses tras el caso de George Floyd, asfixiado por un policía en Minneapolis. «La confluencia de la pandemia de COVID-19, la presidencia actual por supuesto, la increíble organización del feminismo antirracista durante la pasada década, especialmente desde la revuelta de Ferguson [protestas de 2014] y los recientes asesinatos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Tony McDade y George Floyd han creado esta combinación única», afirmó Davis. Que todo el mundo pudiera ver sus últimos nueve minutos de vida, dijo por videoconferencia, fue la «chispa» que prendió la llama.

«La organización antirracista que ha habido durante este periodo reciente, incluso cuando parecía que no había nadie escuchando fuera de las comunidades negras, ha marcado una gran diferencia. Lo destaco porque no siempre tenemos la oportunidad de ser testigos de los resultados, de forma tan espectacular, del activismo y su trabajo intelectual, que cambian la mentalidad de la gente y comienzan a modificar las narrativas de la cultura dominante en muy poco tiempo», agregó. «Ahora, dentro de la cultura dominante, escuchamos comentarios sobre el racismo sistémico, el racismo estructural, el racismo institucional».

Estados Unidos, prosiguió la teórica antirracista durante el debate, tampoco había vivido nunca manifestaciones «tan masivas y sostenidas» tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeños. «A la vez, es importante reconocer que esta conciencia del racismo es global. Nuestras hermanas y hermanos en el continente africano, en Sudamérica….», aseguró Davis, que mencionó en concreto el ejemplo de Brasil: «Sufren los mismos problemas [de violencia policial] que nosotros en este país y con frecuencia con mayor intensidad». Para ella, el papel de los activistas en este momento, sostuvo una vez más, «debe ser demostrar las conexiones entre el capitalismo mundial y el racismo globalizado, el capitalismo racial desde la época de la esclavitud hasta el presente».

«La pregunta va a ser qué hacemos después»

«Diría que estamos en medio de la más intensa expresión de sentimiento colectivo antirracista que este país nunca ha visto», agregó Davis en otra de sus intervenciones. Sin embargo, opina que, después de más de 10 días de protestas, los esfuerzos deben concentrarse en el «ahora qué».

«Hemos visto 11 días de manifestaciones masivas y marchas de todo tipo. Pero esto pasará. Las manifestaciones no continuarán para siempre y creo que es nuestra responsabilidad como organizadores y activistas», aseveró, como involucrar a «aquellos que han sentido que participar en las manifestaciones es un primer paso para hablar en contra de los sistemas racistas de siglos de antigüedad en este país». «Hay mucha gente nueva ahí fuera», añadió Davis, quien puso el ejemplo de su joven sobrina, que ha sido hasta ahora «bastante apolítica». «Nos escribió hace poco una carta a mis hermanos y a mí agradeciéndonos el trabajo que hemos hecho y ahora está ahí, en las manifestaciones (…) Tenemos que prepararnos para una organización tan intensa como lo han sido estas esperadas manifestaciones».

«Así que la pregunta va a ser qué hacemos después. ¿Cómo aprovechar este momento? Porque todos conocemos el trabajo real, no importa cuán impresionantes sean las manifestaciones, el trabajo real no está grabado en video, no sale en televisión, es el trabajo que todos vosotros habéis estado haciendo día a día organizando y concienciando, así que la pregunta es cómo pasamos de este momento al siguiente», señaló. También subrayó el papel del arte y la cultura, así como de la música, en el cambio de mentalidad y «la globalización de la conciencia antirracista».

A diferencia del resto de participantes, que hasta entonces no habían sacado el tema, Davis se refirió a las próximas elecciones presidenciales de noviembre. «Con el candidato demócrata siendo quien es [Joe Biden], no creo que haya mucha inclinación hacia este debate, pero tenemos que tenerlo: hablar de cómo utilizar la política electoral de forma que nos ayude a ampliar la arena para organizarnos. Así que no se trata de elegir a alguien que creemos que nos va a representar, sino de elegir a alguien sobre el que podamos ejercer el tipo de presión que amplíe el terreno de la política radical», opinó.

«Se arresta a policías, pero la estructura es aún racista»

La temática del debate era cómo forjar una «estrategia abolicionista para la defensa de las comunidades negras». Davis, férrea crítica del sistema penitenciario que apoya abiertamente la abolición de las cárceles, volvió a pronunciarse sobre esta cuestión y enmarcó en este movimiento algunas de las demandas que están cobrando fuerza en las actuales protestas, como la desfinanciación de la policía. «Lo que para mí es más emocionante de este momento es la forma en que los jóvenes están construyendo sobre las luchas que tuvieron lugar antes y llevándolas mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado», recalcó. «Me siento muy agradecida de seguir viva en este momento para presenciar, en nombre de todos mis camaradas que han caído, cómo todos vosotros nos estáis haciendo avanzar».

«Hace muchos años, cuando empezamos a hablar de la abolición, la gente pensaba que estábamos completamente locos. ¿Qué quiere decir abolir nuestras prisiones, qué vamos a hacer con todos los asesinos y los violadores? ¿Qué quiere decir controlar la policía? Toda esa demanda de control comunitario de la Policía se ha movido hacia una posición de cuestionar por qué las estructuras de la policía tienen que estar tan saturadas de racismo y capitalismo», prosiguió.

«Por supuesto, seguimos viendo que el impulso inmediato es pedir al sistema penal, al sistema legal, que trate a los policías como a toda la gente que comete delitos. Pero hemos hecho eso durante décadas y cada vez que un policía es arrestado y juzgado, o incluso condenado en algunos casos, las estructuras policiales siguen siendo tan violentas, tan represivas, tan racistas, tan misóginas, como lo eran antes», aseguró la histórica activista. «Cuando miramos la historia del sistema penitenciario de este país nos damos cuenta de que siempre se han pedido reformas y estas se han instituido, pero la institución se ha vuelto aún más violenta, aún más represiva, aún más racista», enfatizó.

En este sentido, Davis defendió que «uno de los aspectos críticos del complejo industrial penitenciario» hoy en día es la detención de inmigrantes. «No solo en EEUU, sino en Europa, Australia, en todo el mundo». «Cuando decimos que queremos abolir la policía, tenemos que señalar también que queremos abolir el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). ¿Hemos reformulado la pregunta, no sobre hacer las prisiones más humanas o la Policía más eficaz? ¿Qué pasa si nos preguntamos qué aspecto tendría nuestro mundo si no existieran tales instituciones? Necesitaríamos mejores escuelas, mejor atención médica, desprivatizar la asistencia sanitaria, la vivienda y la comida. Si miramos estos temas a través de una lente abolicionista, también nos exigiría usar enfoques feministas, porque el feminismo antirracista y anticapitalista nos ayuda a mantener todos estos temas en tensión», subrayó.

«Demandemos la reducción de la Policía, pero al mismo tiempo tenemos que imaginar nuevas formas de seguridad. ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitaria, trabajo y cultura?», zanjó.

Icíar Gutiérrez /Resumen Latinoamericano/ COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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5) URUGUAY: LA CRISIS DEL COVID-19 ACENTÚA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA ACADEMIA

Un estudio impulsado por dos investigadoras de la Universitat de València (UV) profundiza en la desigualdad de género derivada del trabajo y la docencia telemáticas y apremia a una regularización del teletrabajo que tenga en cuenta aspectos como la conciliación y la brecha digital.

Isabel Pla y Mar Moncho, investigadoras de la Unidad de investigación de Economía Feminista de la Facultad de Economía de la Universitat de València, sintieron la necesidad de iniciar una investigación para conocer cómo estaba afectando la crisis provocada por el covid-19 a la comunidad universitaria desde el principio del confinamiento por sus propias circunstancias. “Se suponía que estaba todo parado, pero yo estaba trabajando casi las 24 horas”, explica Pla. Fue, cuenta, la observación participante lo que le motivó a impulsar la investigación, pero no solo: como profesora, narra la economista, sentía la necesidad de saber qué estaba ocurriendo y cómo lo vivían todos los tres colectivos que componen la universidad —estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS)—.

A nivel académico, con la crisis sanitaria llegaron las cancelaciones de clases presenciales, de congresos u otras actividades investigadoras, al tiempo que se hubo de incrementar el tiempo dedicado a los cuidados de menores y otras personas dependientes por el cierre de instituciones educativas y centros de día. Todo ello hacía difícil, explican Pla y Mocho, mantener un horario estable de trabajo y la concentración.

Los datos demuestran que el PDI de la UV destaca haber intensificado su carga de trabajo pero que, en cambio, su productividad ha disminuido
Las autoras adelantan que entre los resultados provisionales de la investigación —integrada en el proyecto Work-Life Balance y covid-19 en la UVEG para estudiar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus sobre la comunidad universitaria—, los datos demuestran que el personal docente e investigador de la UV destaca haber intensificado su carga de trabajo pero que, en cambio, su productividad ha disminuido, algo que achacan fundamentalmente a las interrupciones constantes, la necesidad de realizar tareas presenciales para poder desarrollar sus funciones, las dificultades derivadas de haber perdido la comunicación cara a cara con compañeros y compañeras, el no disponer de un espacio adecuado para trabajar o el haberse encontrado con problemas informáticos, entre otros motivos.

En los últimos años, varias investigaciones se han enfocado en la desigualdad de género en la academia, profundizando en algunos aspectos como los vinculados al rol social de la maternidad, los liderazgos internos o las “jornadas interminables de las mujeres” de las que hablan autoras como Brigid Schulte. La pandemia y el teletrabajo impuesto por la situación sanitaria, explican las investigadoras, ha acentuado algunas de estas cuestiones y, lo que es peor, ha resultado en la paralización de desarrollos profesionales: “Existe un peligro de que se amplíe la brecha de género en la academia”, advierte Pla. De hecho, un estudio de 2010 revelaba que las científicas asumían en un 54% de tareas como la cocina o la limpieza, mientras que los científicos llevaron solo el 28% de la carga.

Un estudio de 2010 revelaba que las científicas asociadas hicieron el 54% de la cocina, la limpieza y la lavandería, mientras que los científicos masculinos asociados llevaron solo el 28% de la carga.

Pla explica que, durante la pandemia, tanto hombres como mujeres de los colectivos remunerados —personal de administración y servicios y docente o investigador— afirman haber aumentado su dedicación a las tareas del hogar y a los cuidados de personas dependientes, pero son ellas quienes se encargan en mayor medida: ellas manifiestan más dificultades para hacer su jornada con personas dependientes, “puesto que a todas horas se requiere su atención y se dificulta su trabajo por el riesgo de interrupción”, y reseñan tener menos tiempo libre para sí mismas.

Por eso, las investigadoras creen que el impacto de esta realidad va a perjudicar más a determinados perfiles: “Ha empezado una carrera y quienes tengan a cargo personas dependientes salen perdiendo”, afirma Pla. La economista hace referencia a la dificultad que muchas investigadoras están teniendo para terminar artículos académicos que enviar a revistas de impacto, que son los que más se valoran de cara al currículo investigador.

Recientemente, la directora asistente en una revista científica británica comentaba en sus redes sociales cómo había disminuido el envío de artículos a la publicación por parte de mujeres.

Hace unas semanas, Elizabeth Hannon, directora asistente en la revista científica The British Journal for the Philosophy of Science, comentaba en sus redes sociales cómo había disminuido el envío de artículos a su revista por parte de mujeres el mes de marzo, haciendo referencia al “insignificante número de propuestas” y asegurando que “nunca había visto nada así”, algo a lo que respondió el coeditor de la Comparative Political Studies afirmando que, aunque en su caso las propuestas de artículos de mujeres no habían variado con respecto al mismo mes del año anterior, las de hombres se habían incrementado en un 50%.

Todo apunta también, explican las investigadoras, a que la crisis del covid-19 agravará la ya de por sí importante brecha de género que existe en la actualidad en los denominados sexenios de investigación y transferencia —que permiten avanzar en una carrera académica—, pues las mujeres encuentran más dificultades para desarrollar su currículo al ser quienes más asumen los permisos por maternidad y cuidados. Recientemente, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) denunciaba “la escasa participación de mujeres investigadoras en la convocatoria” para obtener los mencionados sexenios e invitaba a “estudiar en profundidad la posible existencia de sesgos de género tanto en la convocatoria como en la actuación de las comisiones”.

Mujeres en la Universidad: más estudiantes, no tantas profesoras y pocos altos cargos

Pero el personal docente o investigador no es el único que afronta situaciones complicadas derivadas del confinamiento. Los estudiantes también remiten una mayor sobrecarga como consecuencia de la docencia telemática, a lo que se suma que en muchas familias han debido compartir los recursos digitales entre dos o más personas. Moncho expone que aproximadamente siete de cada diez estudiantes encuestados considera que el cambio de evaluación no les ha beneficiado: “Las consecuencias del coronavirus en el ámbito académico han cuestionado la calidad de la docencia”, exponen las investigadoras.

Moncho expone que aproximadamente siete de cada diez estudiantes encuestados considera que el cambio de evaluación no les ha beneficiado. “Las consecuencias del coronavirus en el ámbito académico han cuestionado la calidad de la docencia”

A ello se suma que en este grupo el estudio registra una diferencia sustancial entre mujeres y hombres en lo que se refiere a tareas del hogar y cuidados: “Mientras la mayoría de las mujeres afirma haber aumentado o mantenido la dedicación a estas tareas, los hombres indican que su tiempo no ha variado, o directamente, no dedican tiempo ni a los cuidados ni al hogar”, explican las investigadoras.

Aunque el personal de administración y servicios (PAS) es el grupo que “ve más deseable el teletrabajo que el resto de la comunidad universitaria”, también este colectivo, como los otros dos, percibe que las relaciones de poder se diluyen y advierten de una menor falta de participación en la toma de decisiones. “No es algo premeditado, es una cuestión de que el tiempo apremiaba”, afirma Pla. Sin embargo, considera, los resultados del estudio se deben tener en cuenta de cara a una necesaria regularización del teletrabajo y de la educación online.

Una revisión necesaria

La Generalitat Valenciana ya advirtió de que la docencia universitaria del primer cuatrimestre será semipresencial. El análisis que están llevando a cabo las investigadoras de la UV ni se enfoca solo en un colectivo —veían imprescindible, explican, analizar a toda la comunidad universitaria ya que los colectivos se interrelacionan— ni se focalizan solo en el ámbito laboral: la encuesta contempla cuestiones como la sostenibilidad, la salud mental o los autocuidados. Entre los resultados que presentarán próximamente de manera detallada, las investigadoras ya han percibido que las mujeres remiten más estrés y que todos los colectivos se sienten perjudicados porque el espacio de trabajo no esté diferenciado del resto, además de registrar, los tres grupos, problemas para conciliar el sueño o concentrarse.

El objetivo del estudio, explican las investigadoras, es exponer los datos del estudio de la UV —cuyas conclusiones creen que serán extrapolables a otras comunidades universitarias— para que sean tenidos en cuenta de cara a lo que consideran una obligatoria regularización del teletrabajo.

La adopción de la “nueva normalidad”, insisten, debe ir unida a la regulación de las nuevas formas de trabajo y de estudio, “abordando las desigualdades existentes en los tres colectivos universitarios sin incurrir en sesgos de género”

“El fin es sensibilizar, que estas cuestiones no se queden en una burbuja invisible, que se tengan en cuenta las necesidades concretas de los diferentes grupos y los condicionantes de las personas”, resume Pla. La adopción de la “nueva normalidad”, insisten, debe ir unida a la regulación de las nuevas formas de trabajo y de estudio, “abordando las desigualdades existentes en los tres colectivos universitarios sin incurrir en sesgos de género”.

“Desde la economía feminista planteamos un enfoque global mediante el cual se ponga la vida en el centro y se desarrollen políticas diseñadas para el buen vivir, la conciliación y la corresponsabilidad”, explican las investigadoras. Por eso, y a tenor de los resultados, ven imprescindible la búsqueda de soluciones institucionales que garanticen unas condiciones laborales y de estudio “de calidad y en igualdad” y que faciliten “la conciliación entre esferas y la corresponsabilidad de los géneros sin perjudicar las carreras profesionales”. La conclusión para ellas es clara: el covid-19 ha sacado a la luz todas estas desigualdades, “por lo que es necesario regular teniendo en cuenta a todos los colectivos”, finaliza Pla.

El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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6) URUGUAY: ESTUDIO “VIOLENCIA EN CASA” ENCUESTÓ A MÁS DE 1800 MUJERES DE UNOS 40-45 AÑOS

Durante el confinamiento, siete de cada diez mujeres declararon que la principal violencia que sufrían era la psicológica. Así lo señala el estudio Violencia en casa, por el cual se entrevistaron a mujeres en el contexto de pandemia.

La medición fue realizada por Nómade Consultora para la Intersocial Feminista en abril. La politóloga Florencia Roldán, integrante del equipo coordinador del estudio, agregó en Puntos de vista que aunque ocho de cada diez mujeres conoce los servicios especializados para atender violencia doméstica, solo una de cada cuatro recurre a ellos.

“Una de cada dos pide ayuda a familiares o amigos antes de ir a un servicio especializado”, añadió.

Un 15% no quiso responder el cuestionario, aclaró.

Escuchar la entrevista en:
radiouruguay.uy/siete-de-cada-10-encuestadas-advierten-violencia-psicologica-en-el-hogar/?fbclid=IwAR3eBp9AHl3wTmMCtw9kN-_hdfqRhyjo_dYfTniQ_EQS9BCVLJgrj7s2QWw

COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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